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COMUNICACIÓN PÚBLICA AL DR. MAURICIO SANTAMARÍA,
MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA
Bogotá, 09 de agosto de 2010
Doctor
MAURICIO SANTAMARÍA SALAMANCA
Ministro de la Protección Social
Ministerio de la Protección Social
Bogotá
Cordial y respetuoso saludo.
Quienes firmamos este documento en nombre de las instituciones y
organizaciones que representamos, queremos pedirle que acepte compartirle
nuestros puntos de vista acerca de temas relativos al Ministerio que Usted
conduce. Lo hacemos precisamente apenas comienza su gestión, con la expresa
intención de que podamos mantener permanentemente un diálogo fructífero sobre
temas que nos comprometen mutuamente con la población del país.
Los ciudadanos colombianos han identificado que los asuntos relativos al sistema
de salud constituyen una de sus más importantes preocupaciones, al lado de los
problemas relativos al empleo. No nos cabe duda de que el nuevo gobierno
nacional comprende bien este sentir ciudadano y que actuará en consecuencia.
Así las cosas, el Ministerio de la Protección Social tiene por delante la altísima
responsabilidad de orientar la formación y el desarrollo de las políticas que
superen los altos niveles de desempleo, los elevados índices de empleo informal,
la progresiva precarización de las condiciones laborales y salariales, así como la
gravísima y prolongada crisis de la salud pública y del sistema de seguridad social
en salud.
La amplia discusión pública producida con motivo de la declaración por parte del
Gobierno Nacional de la “Emergencia Social en Salud” en diciembre del año 2009
y que finalmente fue considerada inconstitucional por la Corte Constitucional,
evidenció posturas significativas de instituciones académicas, de grupos de
investigación, de gerentes y juntas directivas de hospitales públicos y privados, de
organizaciones de la sociedad civil y especialmente de los pacientes y afiliados al
Sistema de Seguridad Social en Salud, que a nuestro juicio deben ser tenidas en
consideración con todo cuidado por el Gobierno y por Usted como Ministro.
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Sin ninguna duda, este conjunto de voces expresó su gran insatisfacción con la
evidente acumulación de dificultades derivadas de aspectos como los siguientes:
 Debilitamiento de la función rectora del Estado sobre el sistema de salud y
en consecuencia la generación de una alta permisividad para que las
Entidades Promotoras de Salud hayan asumido un poder dominante en
detrimento de los intereses y necesidades de los demás actores del
sistema.
 Persistencia de altos niveles de corrupción, evasión y elusión, sin que la
Superintendencia Nacional de Salud haya tenido la capacidad para
interponer efectivos frenos a estos desbordamientos.
 Pérdida de la convicción de que el país requiere planes de salud para el
mediano y largo plazo, con definición de metas y objetivos de salud y
bienestar para la población.
 Debilitamiento de las políticas de salud pública, en correspondencia con un
énfasis casi total en los aspectos financieros y asistencialistas del sistema,
que ha impedido planificar e implementar acciones con metas de largo
plazo para el efectivo control de problemas prioritarios de salud pública y
para el desarrollo en la población colombiana de una cultura de la salud.
 Segmentación desigual e injusta de la población en multiplicidad de planes
de beneficio, con el establecimiento de derechos diferentes para cada
segmento, que desdice de la convicción universal y de la doctrina
constitucional de que la salud es un derecho fundamental y en
consecuencia igual para todas las personas sin distingos étnicos,
regionales, económicos, políticos o ideológicos.
 Fragmentación de la prestación de atención en salud a los pacientes,
afectándose el principio de su manejo integral, oportuno y digno, y
produciendo la insatisfacción de la población dados los riesgos para la
salud y la vida que esto ha producido.
 Debilitamiento de la red hospitalaria pública, especialmente en su
capacidad resolutiva y en sus posibilidades de supervivencia, al
sometérsele permanentemente a amenazas y presiones financieras que
contradicen la esencia de servicio público que ellas deben tener.
 Retrocesos en la descentralización pactada en la ley 100 de 1993,
reflejados en leyes o decretos expedidos por el gobierno nacional que van
en detrimento de la autonomía municipal, disminuyendo la capacidad de
gestión frente a las competencias que como autoridad pública tiene para
desempeñar una adecuada función en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
 Interferencias indebidas en la autonomía intelectual de los profesionales de
la salud y vulneración de su derecho al ejercicio ético de la profesión.
 Debilidad de las políticas orientadas a la planeación, desarrollo y
cualificación del talento humano necesario para la adecuada atención de
los pacientes de acuerdo con el marco teórico de promoción de la salud e
incorporación de los avances científicos y tecnológicos de las disciplinas de
la salud.
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 Desequilibrios financieros originados en la desviación y sustracción de
recursos por vía de la corrupción, en los altos costos de la intermediación,
en la reducción de transferencias de la nación a los entes territoriales, en la
utilización de recursos del FOSYGA en Títulos de Tesorería por parte del
gobierno nacional y en el incumplimiento de pagos por parte de las
Entidades Promotoras de Salud a las Empresas Sociales del Estado e IPS.
 Desviación por parte de las entidades recaudadoras y administradoras de
los recursos del sector, de los dineros recibidos por concepto de
cotizaciones, confundiendo los recaudos parafiscales con ingresos propios,
dando destinación indebida a dineros del Estado en contravía con la
Constitución, la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina.
Consideramos que el país debe abocar colectivamente el diseño de un sistema de
salud que no solamente resuelva las grandes falencias identificadas, sino también
que consiga el apoyo y la aceptación de los ciudadanos como garantía para
avanzar consistentemente en el mejoramiento de las condiciones de bienestar y
de salud de la población.
Este ultimo propósito no parece posible si el Gobierno Nacional y el Congreso de
la República se empeñaran en hacer retoques precipitados -y con la exclusiva
discusión en círculos cerrados- a la normatividad actual del sistema,
desconociendo el reclamo ciudadano de que se avance en discusiones amplias
conducentes a la realización de transformaciones fundamentales a la filosofía y a
la arquitectura del modelo de salud que se instituyó bajo la normatividad de la ley
100 de1993.
Nuestra propuesta es que el alto gobierno y el Ministerio que Usted preside
organicen un amplio proceso de discusión, en el que participen vivamente la
academia, la sociedad civil, los pacientes y afiliados al Sistema de Seguridad
Social en Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las IPS privadas, las
Empresas Sociales del Estado, los gobiernos departamentales y municipales, el
Congreso de la República y el Gobierno Nacional, para la realización de un
proceso de Concertación Social que defina los fundamentos conceptuales que
deben presidir el sistema de salud, redefina los roles de cada uno de los actores y
acuerde los elementos sustanciales de la arquitectura del sistema en estos
aspectos: i. Regulación del sistema; ii. Financiación del sistema; iii. Gestión del
sistema; iv. Prestación, acceso y uso de los servicios de salud.
Consideramos que un plausible punto de partida para iniciar la discusión y el
proceso de concertación social que sugerimos, es la adopción de los siguientes
tres principios como fundamentos conceptuales del sistema de salud:
1. La salud es un derecho humano fundamental directamente vinculado
con la dignidad de las personas y debe presidir la organización del
sistema de salud y la disposición de los servicios.
2. El Estado es el responsable de la gobernabilidad del sistema de salud y
debe interponer las acciones positivas necesarias para que la
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representación del interés colectivo que él significa no sea derivado a
ninguno de los actores del sistema.
3. El concepto de sistema de salud trasciende la sola disposición de
servicios asistenciales y comprende la adecuada formación y desarrollo
de políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de bienestar
y de salud de los colectivos poblacionales.
Augurando que su gestión sea muy exitosa, esperamos que se den adecuadas
respuestas a nuestros puntos de vista y a los de otras organizaciones y personas
que igualmente pueden aportar significativamente al objetivo de diseñar
instituciones que respondan al clamor democrático de superar las iniquidades y
que contribuyan al logro de las metas del desarrollo social con justicia y
empoderamiento de los sectores sociales aún postergados.
Atentamente,
ALVARO CARDONA
Decano
Facultad Nacional de Salud Pública
Universidad de Antioquia
OLGA LUCÍA ZULUAGA R.
Directora Ejecutiva
Asociación Colombiana Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos,
ACESI
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YESID HERNANDO CAMACHO J.
Presidente
Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC)
OLGA LUCIA VASQUEZ
Directora Ejecutiva
Corporación Colombiana de secretarios municipales y Distritales de salud - COSESAM
ALDO ENRIQUE CADENA ROJAS
Presidente
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social “SINDESS”
NESTOR ALVARES LARA
Presidente
Asociación de Pacientes de enfermedades de alto costo.
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JOSE VILLAMIL
Director Ejecutivo
Veeduría Nacional de Salud
SERGIO ISAZZA
Presidente
Federación Medica Colombiana
MIGUEL ANGEL RENDÓN MONCADA
Director Ejecutivo Alianza Cooperativas de Hospitales Públicos
Copias:
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Comisión VII del Senado de la República
Comisión VII de la Cámara de Representantes
Corte Constitucional de Colombia
Representación OPS/OMS en Colombia.
Instituciones académicas
Grupos de Investigación
Organizaciones sociales
Medios de comunicación
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