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Aproximaciones a una nueva constitución Principios y artículos de Carta Magna para un Chile justo, libre y fraterno Esteban Valenzuela (editor), Octavio Avendaño, Daniel Bello, Fabiola Berríos, Isaac Caro, Luis Clavería, Cristopher Colombo, Felipe Crowhurst, Gloria de la Fuente, Benoït Delooz, Armando Di Filippo, Camila Galván, María Cosette Godoy, Shirley Götz, Sofía Larrazábal, Camila Leiva, Pamela Mancilla, José Marimán, Cecilia Osorio, Héctor Oyarce, Francesco Penaglia, Paz Ponce de León, Catalina Portales, Fabián Pressacco, Sebastián Rivera, Rodrigo Ruiz, Eduardo Saffirio, Pablo Salvat, Sergio Valdés, Ana Videla y Paolo Yévenes. 1 Presentación Aristóteles fue un estudioso en profundidad de las decenas de Constituciones experimentadas por las ciudades griegas y del Mediterráneo en el siglo V antes de Cristo. El capítulo segundo de su obra maestra, La Política, se titula “Examen crítico de las teorías anteriores y de las principales Constituciones”: debatió el Tratado de las Leyes de Platón, examinó la propuesta de Fáleas para una Constitución de Calcedonia, la ideada por Hipódamo de Mileto, las de Creta y Cártago, concluyendo que la mejor Constitución daba soluciones mixtas entre modelos democráticos y realistas. Si examinamos sus ideas con los ojos de hoy, nos parecerán adecuados muchos de sus preceptos –como la valoración del mérito y elementos democráticos–, pero nos horroriza su modelo político, que aceptaba la esclavitud, excluía el derecho de los extranjeros y omitía la participación ciudadana de las mujeres. Se pensaba que la Constitución ateniense era ejemplar y adelantada para su época, signada por déspotas y dictadores. Es un debate abierto. En el esbozo de Constitución que aquí se propone, el último artículo habla de los derechos de los emigrantes, de la paridad de género y del fundamento del entramado legal en los valores democráticos y los Derechos Humanos. Con dolor y luchas, retrocesos y esperanzas, la humanidad ha ido avanzando. En ese horizonte, Chile ha quedado condicionado por el influjo neoliberal, autoritario y centralista, por lo cual la mayoría del país clama por una nueva Constitución, por otras reglas de juego y jerarquía de valores, que es aquello que está detrás de toda Carta Magna. Chile no ha tenido nunca una Constitución de consenso duradera. La reacción conservadora destruyó los modelos liberales-federalistas de la pos independencia con la rígida Constitución de 1833. La crisis social llevó a dictar la Constitución de 1925 que tuvo una muy elitista comisión de debate y redacción, y que no obstante duró medio siglo, dejando inconclusas cuestiones esenciales como la reglamentación de la promesa de provincias autónomas. Huelgan los comentarios sobre la Constitución pinochetista de 1980, su autoritarismo y problemas de legitimidad, así como la sobreprivatización de los bienes sociales. Las críticas al ordenamiento constitucional de 1980, ya presentes en el marco del proceso de transición, no se resolvieron con las sucesivas reformas, sino, muy por el contrario, se acrecentaron. Los movimientos sociales, que se han intensificado desde el año 2010, pusieron en jaque dicho marco legal. La débil protección de los derechos sociales, el lucro en la educación, la privatización de los recursos naturales, la falta de autonomía de las regiones y del pueblo mapuche, el sistema electoral binominal, son solo algunos de los asuntos sobre los cuales la sociedad ha levantado profundas críticas. 2 Estamos viviendo un momento para transformar y re-constituir las reglas de convivencia que encarnen sin miedo los valores de libertad, igualdad y fraternidad en nuestro país. Como contribución al debate constituyente que vive Chile, desde el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado, un grupo de académicos y estudiantes redactamos un esbozo integral de nueva Constitución. Por cierto, no compromete la opinión de la comunidad universitaria ni busca ser un modelo perfecto. Los diversos autores de esta propuesta son responsables de sus capítulos y no necesariamente comparten otras dimensiones y articulado del texto que se propone para el debate. Así como debatimos entre nosotros, y descubrimos disensos, esperamos que este aporte parcial al debate anime positivamente el proceso participativo constituyente que ha anunciado la Presidenta Bachelet y quienes han pedido un proceso de Asamblea Constituyente. Se consideran numerosos temas. Algunos novísimos y otros de eterna controversia en Chile: federalismo, ley de cuotas, derechos de los animales, economía social, democracia directa, voto obligatorio, ciudadanía a los 16 años, derechos de los emigrantes y voto en el extranjero, autonomías indígenas, tipos de matrimonio, legalización de drogas, Congreso unicameral, entre tantos que se abordan en el texto. Para quienes desean profundizar conceptos y ver fuentes del articulado, se consideraron algunas notas explicativas y referencias. El siguiente esbozo está situado en los albores del siglo XXI, por lo que valora constituciones en boga que asumen las nuevas tendencias universales de modelos avanzados donde los actores sociales se han fortalecido: complementación de la democracia representativa con modelos de democracia directa, solidaridad estructural con derechos garantizados y, a su vez, deberes para la co-responsabilidad. Pero igualmente, intentando identificar los deseos ciudadanos por aportar a la construcción de una sociedad más justa y democrática. No solo la valoración del humanismo cristiano y del pensamiento laico atraviesan estás páginas, también el ideario socialista, republicano, feminista, ecologista y el aporte del movimiento indígena del continente con el valor de la reciprocidad en el buen vivir, que los mapuches llaman Küme Mongen. Un especial agradecimiento a Camila Galván, egresada de nuestra carrera, quien lidió con manuscritos y ayudó en la edición final, así como a los estudiantes que han participado como colaboradores. Y, por cierto, a Rodrigo Ruiz, director de El Desconcierto, quien aceptó esta propuesta con entusiasmo 3 y aportó el valioso capítulo sobre bienes culturales, de investigación y comunicacionales para enriquecer el país que soñamos. Esteban Valenzuela Van Treek Verano de 2014. 4 Sobre los autores Octavio Avendaño. Doctor en Ciencias Políticas, Università degli Studi di Firenze, Italia. Sociólogo, Universidad de Chile. Daniel Bello. Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, Universidad Alberto Hurtado. Licenciado en Educación, Universidad Mayor. Fabiola Berríos. Magíster © en Relaciones Internacionales, Universidad de Chile. Licenciada en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Isaac Caro. Doctor en Estudios Americanos, USACH. Magíster en Estudios Sociales y Políticos, Universidad Alberto Hurtado. Benoït Delooz. Doctor © en Derecho por l’Université de Toulouse 1 Capitole (France) Doctor © en Derecho por la Universidad de Chile. Profesor de la Universidad Alberto Hurtado. Armando Di Filippo. Magíster en Ciencias Económicas, Escolatina, Universidad de Chile. Economista CEPAL. Gloria de la Fuente. Magíster en Ciencia Política mención Instituciones y Procesos Políticos, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Camila Galván Suazo. Licenciada de Ciencia Política y RR.II. de la Universidad Alberto Hurtado, donde ha sido ayudante de los cursos de Historia de América Latina, Política Contemporánea, Partidos y Sistema Electoral. María Cosette Godoy. Doctora en Ciencia Política, Universidad Grenoble 2, Francia. Magíster en Ciencia Política, Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile. Abogada Universidad de Chile. Shirley Götz. Magíster en Ciencia Política, mención Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada en Educación, Universidad de Concepción. José Marimán. Doctor en Ciencia Política, Universidad de Santiago de Compostela. Historiador e intelectual mapuche, profesor de la Universidad de Colorado, historiador de la Universidad de La Frontera. Cecilia Osorio. Doctora © en Ciencias Políticas y Sociales, Universitat Pompeu Fabra. Master en Políticas Sociales, London School of Economics and Political Science, Inglaterra. Licenciada en Historia y Cientista Política, Pontificia 5 Universidad Católica de Chile. Directora de Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAH. Héctor Oyarce. Master en Sociología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia. Sociólogo, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia. Teólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Francesco Penaglia. Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, Universidad Alberto Hurtado. Administrador Público, Universidad de Santiago. Rodrigo Ruiz, Antropólogo. Magíster © en Estudios Culturales, doctorando en Filosofía con Mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile. Director editorial de El Desconcierto. Fabián Pressacco. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad de Deusto, España. Magíster en Ciencias Sociales, ILADES. Eduardo Saffirio. Magíster en Ciencia Política, Instituto de Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado, Universidad de Chile. Candidato a Doctor en Filosofía. Presidente del Directorio del Centro de Estudios del Desarrollo, CED. Como diputado fue miembro del Congreso Nacional entre 2001 y 2010. Pablo Salvat. Doctor en Filosofía Política, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile. Sergio Valdés. Master of Science in Public Policy and Administration (Research). London School of Economics and Political Science (LSE). Licenciado en Sociología, Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Esteban Valenzuela. Doctor en Historia, Universidad de Valencia. Magíster en Desarrollo, Wisconsin-Madison University. Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Director Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAH. Fue alcalde y diputado por Rancagua. Colaboradores estudiantes y egresados de Ciencia Política y RR.II. Luis Clavería, Felipe Crowhurst, Cristopher Colombo, Sofía Larrazábal, Camila Leiva, Pamela Mancilla, Paz Ponce de León, Catalina Portales, Sebastián Rivera, Ana Videla y Paolo Yévenes. 6 Capítulos 1. Valores fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad Pablo Salvat y Esteban Valenzuela 2. Organización política democrática sustantiva: semi-presidencialismo y Congreso unicameral proporcional Eduardo Saffirio y Camila Galván 3. Administración de la Justicia para la paz y la convivencia Esteban Valenzuela 4. Economía solidaria y fiscalidad justa para una democracia con desarrollo integral Armando Di Filippo, Esteban Valenzuela y Pamela Mancilla 5. Estado al servicio del ciudadano: derechos sociales y multidimensionales garantizados Octavio Avendaño, Héctor Oyarce, Camila Leiva y Esteban Valenzuela 6. Reconocimiento y autonomía para los pueblos originarios José Marimán 7. Descentralizado, regionalista y con poder local Fabián Pressacco, Benoït Delooz y Sebastián Rivera 8. Igualdad de género y derechos María Cosette Godoy y Sofía Larrazábal 9. Sistema electoral democrático: elecciones, partidos políticos y plebiscito Fabiola Berríos 10. Con deliberación y participación social 7 Gloria de la Fuente y Catalina Portales 11. Con poder social y sindical Francesco Penaglia 12. Control social del poder y democracia directa Cecilia Osorio y Paolo Yévenes 13. País amable, multicultural y sin discriminación Isaac Caro y Paz Ponce de León 14. Hacia un mundo pacífico, solidario y cooperativo Daniel Bello, Felipe Crowhurst y Shirley Götz 15. Política exterior y toma de decisiones Shirley Götz, Daniel Bello y Luis Clavería 16. Garantías en la época del conocimiento Sergio Valdés, Ana Videla y Cristopher Colombo 17. Cultura, investigación y medios abiertos Rodrigo Ruiz 18. Corresponsabilidad para el buen vivir Esteban Valenzuela y Camila Galván 8 Capítulo I Valores fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad Esteban Valenzuela y Pablo Salvat Artículo 1º. Principios para el buen vivir: de toda familia, comunidad y nación Chile es una sociedad que busca construir los valores de libertad, igualdad y fraternidad como destino universal para el buen vivir de todas las naciones, y en particular, por nuestra posición geográfica y cultural, aquellas que forman parte del continente latinoamericano. Desde sus raíces en las familias, con toda su heterogeneidad1 y las comunidades que fundan la convivencia social y son superiores al Estado y al Mercado.2 Todos sus habitantes, nacionales o extranjeros, se reconocen iguales en dignidad y derechos, y no pueden ser discriminados en razón de su origen, sexo, raza, color, posición social o proveniencia. Chile es una república democrática3 que promueve la conformación de una comunidad política basada en una convivencia plural, respetuosa con la diversidad cultural y que tiene al diálogo y la igualdad en el acceso y ejercicio de la palabra pública como su principal elemento articulador en su quehacer.4 Artículo 2º. Estado democrático, soberano y social de derecho La soberanía emana del pueblo de Chile en su diversidad y expresa sus grandes consensos en su Constitución, la que debe ser aprobada por plebiscito. La cohesión social y el valor de las familias y las comunidades siguen siendo claves, pero con un explícito reconocimiento a su diversidad, sin discriminación. 2 Recientes Constituciones han incorporado en América Latina este concepto, destacándose entre ellas la ecuatoriana. 3 En consonancia con los principios enunciados, Chile se organiza como una república democrática que tiene como ideario una sociedad justa y como norte de su accionar, una ética del bien común. 4 Cfr. R. Gargarella, Los fundamentos legales de la desigualdad. El constitucionalismo en América (17761860). Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. Véase la Carta Internacional de Derechos humanos, Ginebra, 1996. P. Rosanvallon, La sociedad de Iguales. Buenos Aires: Manantial, 2012. E. Gudynas y A. Acosta, “La renovación de la crítica del desarrollo y el buen vivir como alternativa”, en Utopía y Praxis Latinoamericana 16 (53): 71-83, 2011. 1 9 Chile es una República democrática plena, con separación de poderes y aspira a ser un Estado social de derecho, donde se respeten los derechos humanos de todas las personas y se garanticen los derechos sociales.5 Artículo 3º. Plurinacionalidad y poder territorial Se organiza bajo un Estado democrático, regionalizado y plurinacional, que respeta su diversidad, valora sus pueblos originarios, promueve el desarrollo comunitario y las autonomías territoriales.6 Artículo 4º. Diverso y sin discriminación Chile ama su diversidad. Es un Estado pluralista, con libertad religiosa, sin discriminación social, étnica, nacional, de raza, de género, orientación sexual ni de ninguna especie. Promueve leyes de cuotas para incentivar la inserción de minorías en su sistema socioeconómico y político. Artículo 5º. Régimen político democrático-representativo Su sistema político es democrático representativo y semi-presidencial, en el que la soberanía recae en el pueblo y se expresa tanto en el Presidente de la República electo, como en la Cámara de Representantes que pacta el Primer Ministro, y en los gobiernos regionales y municipales. Artículo 6º. Poder participativo y Defensor del Pueblo La democracia chilena es también participativa, donde el poder es controlado por la ciudadanía, ejercida por partidos, organizaciones sociales, cooperativas, sindicatos y por formas directas de consulta, creación de leyes, revocatoria de cargos y plebiscitos.7 La democracia chilena combina los tradicionales poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el poder ciudadano, el de los pueblos originarios y la Nuestro país es un suscriptor de los dos pactos, el de derechos cívico-políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, y está consciente que no habrá república sin la promoción y respeto conjunto de esos derechos. Cfr. VV.AA., Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Barcelona: Serbal/Unesco, 1985. Puede verse de V. Abramovich y C. Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Trotta, 2012. 6 Véase de J. Rubio Carracedo, José María Rosales, Manuel Toscano M., Ciudadanía, nacionalismo y derechos humanos. Madrid: Trotta, 2000. De J. Marimán, Autonomías. Santiago: LOM. De S. Benhabib, Los derechos de los otros. Barcelona: Gedisa, 2005. 7 Cfr. B. de Sousa Santos (coord.), Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa. México: FCE, 2004. 5 10 figura del Defensor del Pueblo (Ombudsman 8), que permita el debido contrapeso entre instituciones estatales, mercado y sociedad civil.9 Artículo 7º. Pacifismo Chile es un país pacífico, latinoamericanista y fraterno que promueve el diálogo, la cooperación internacional y la integración cultural, social, económica y política. Artículo 8º. Economía solidaria El país promueve una economía solidaria con diversas formas de propiedad donde prima el bien común y que todas las personas tengan un empleo útil e ingresos para su vivir digno. Se combina el emprendimiento con un Estado con democracia tributaria redistributiva, control de los recursos naturales y sindicalización obligatoria.10 Artículo 9º. Sustentabilidad ambiental Su modelo social y económico busca la plena sustentabilidad, en armonía con el medio ambiente, con respeto por la vida vegetal y animal, asegurando la proyección de los recursos entre generaciones y el uso racional de los mismos, con energías renovables y alimentación sana. Artículo 10. Corresponsabilidad La corresponsabilidad para construir una sociedad de vida buena implica derechos y responsabilidades de todos sus habitantes: cumplir las leyes, pagar impuestos, votar, respetar los derechos humanos del otro, realizar trabajo El Ombudsman es un aporte universal de los países nórdicos (Escandinavia), que coloca a este defensor de la sociedad o del pueblo frente a las instituciones. Tiene su origen en el modelo de elección sueco, el cual se utilizó para designar a un funcionario público a cargo de examinar las quejas de los ciudadanos contra las organizaciones del sector público. También conocido como un mediador o tercera parte neutral que presta servicios o ayuda para dar soluciones a los conflictos. Más información en http://www.un.org/es/ombudsman/faqs.shtml 9 La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), agrupación constituida en Cartagena de Indias en 1995, tiene como finalidad proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a la Administración Pública de los países respectivos de Iberoamérica en ámbitos nacionales, estatales, regionales y provinciales. http://www.portalfio.org/inicio/pagina-principal/que-es-la-fio.html 10 Además, la sociedad chilena, junto a los emprendimientos de tipo privado, promueve el desarrollo de una democracia económica, en la cual jueguen un rol muy importante los propios trabajadores en la gestión y administración de empresas. C. Fortín,–A. Varas,–M. Mella, Los desafíos del progresismo. Europa. América Latina y Chile. Santiago: Centro de Estudios Enzo Faletto-RIL editores, 2013. También, R. González M.–H. Richards, Hacia otras economías. Crítica al paradigma dominante. Caritas-Universidad Academia de Humanismo CristianoUniversidad Católica del Maule, 2012. 8 11 voluntario, cuidar el medio ambiente y a los animales, participar en el cuidado de niños y ancianos, ser protagonistas de la sociedad.11 Artículo 11. Derechos cosmocéntricos12 En el territorio de Chile tienen derechos tanto las personas como los animales y el medio ambiente. Animales, árboles y plantas, el aire, la tierra y el agua, como sujetos de la creación, no son subordinados de la acción humana, la que tiene que respetar la diversidad de la vida. Artículo 12. Ciudadanía abierta13 En Chile son ciudadanos con derecho y obligación a votar todos los chilenos y residentes con más de cinco años en el país durante la última década; mayores de 16 años, que vivan en el territorio nacional o en el extranjero. Artículo 13. Los recursos naturales y minerales son del Estado La totalidad de los recursos naturales y minerales (metálicos y no metálicos) pertenecen al Estado, estando prohibida su privatización. El agua es un bien público en toda su fase, siendo controlada por el Estado y su uso público regulado por ley, privilegiando a las comunidades vulnerables para asegurar su sustentabilidad. La minería es de todos los chilenos y todo yacimiento de grandes proporciones será explotado por el Estado y sus empresas, pudiendo concesionar o asociarse con privados hasta un máximo del 49% de las mismas. Véase de G. Pisarello, Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Madrid: Trotta, 2011. 12 La propuesta rompe el pensamiento antropocéntrico y evoluciona hasta la mirada integradora que coloca al ser humano como parte y no el dominador del mundo sin límites. 13 En Argentina, que innovó en esta dimensión, hace optativo para los adolescentes el votar desde los 16 años. Aquí se propone el derecho y la obligatoriedad, lo que nos hará priorizar a la juventud y la educación cívica como cuestión esencial de la sociedad. 11 12 Capítulo II Organización política democrática y sustantiva: semi-presidencialismo y Congreso Unicameral proporcional Eduardo Saffirio y Camila Galván Artículo 14. El Poder Ejecutivo dual El Presidente de la República es el Jefe de Estado y el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, quien determina y dirige la política de la República.14 Artículo 15. Elección del Presidente de la República El Presidente de la República es elegido por cuatro años directamente por el pueblo y puede ser reelegido por un segundo mandato consecutivo. Será elegido por mayoría absoluta de los votos emitidos. Si en la primera votación ninguno de los candidatos obtiene dicha mayoría, se realizará una segunda votación al vigésimo octavo día entre los candidatos que hubieren obtenido las dos primeras mayorías relativas, excepto cuando existan más de veinte puntos de diferencia entre un candidato y el segundo, que permitirá la elección inmediata.15 Artículo 16. Elección de ministros El Presidente de la República nombrará al Primer Ministro. A propuesta de este último nombrará a los demás Ministros. El Consejo de Ministros será presidido por el Presidente de la República. Artículo 17. Ejercicio del Presidente de la República El Presidente de la República resguarda, mediante su arbitraje, el funcionamiento de los poderes públicos y garantiza el respeto a la Constitución, la integridad territorial y el respeto a los tratados. Adaptado del modelo francés de semi-presidencialismo, con una presidencia fuerte, pero con la gestión de gobierno según la mayoría en el Parlamento, lo que da poder a los partidos y sus agendas como requisito básico para evitar el autoritarismo y la dictadura mediática. Fueron pioneros en este debate, Óscar Godoy, Arturo Valenzuela y Eugenio Ortega a inicios de la transición en los años 1990-91. También se debe valorar el acuerdo DC-RN que propicia dicha idea en el año 2012. El continente americano es marcadamente presidencialista, lo que explica su tendencia al caudillismo, las dictaduras y los líderes populistascarismáticos. Los modelos parlamentarista o semi-parlamentarista obligan a los pactos a buscar mayorías estables. 15 Destaca el caso argentino desde 1994: si en primera vuelta un candidato obtiene más del 45% y una diferencia del 10% respecto del segundo, no se aplica la segunda vuelta electoral. 14 13 Promulgará las leyes dentro de los siete días siguientes a la creación de la comunicación por parte del Primer Ministro de la ley aprobada. Antes del vencimiento de este plazo el Presidente de la República podrá pedir a la Cámara de Representantes una nueva deliberación sobre la totalidad o parte de la ley. Esta deliberación será obligatoria para la Cámara de Representantes. El Presidente de la República, por sí o a propuesta del Jefe de Gobierno convocará a reformular para las materias previstas en el artículo. Por una única vez durante su mandato y previa consulta al Primer Ministro, puede acordar la disolución de la Cámara de Representantes para realizar una nueva elección. Las nuevas elecciones se realizarán dentro de 30 días siguientes a la disolución de la Cámara Nombrará a los embajadores, es el Jefe de las Fuerzas Armadas. y preside el Consejo de Seguridad Nacional. Artículo 18. Dirección de la política de la República El Jefe de Gobierno determina y dirige la política de la República. Para ello dispondrá de la administración y de las Fuerzas Armadas. También ejercerá la potestad reglamentaria, autónoma y delegada. El Jefe de Gobierno será responsable ante la Cámara de Representantes. Artículo 19. Facultades de la Cámara de Representantes La Cámara de Representantes votará las leyes y controlará los actos del Gobierno. Estará compuesta por 150 miembros elegidos en forma proporcional, a través del sufragio directo. Los representantes podrán ser reelegidos por una sola vez consecutiva. Artículo 20. Ejercicio del Primer Ministro La iniciativa legislativa corresponde al Primer Ministro y a los miembros de la Cámara de Representantes. Al Primer Ministro corresponde la iniciativa exclusiva en materias de ley que puedan disminuir los ingresos públicos, crear o aumentar el gasto público. También ejercerá dicha iniciativa en materias vinculadas a la división política y administrativa del Estado. 14 Artículo 21. Aprobación de leyes y reformas de la Constitución Las leyes se aprueban por mayoría de los representantes presentes, salvo los casos en que la Constitución exige el quórum de la mayoría de los representantes en ejercicio.16 Artículo 22. Sobre el reemplazo de las autoridades ejecutivas que no terminen mandato En caso de muerte, revocatoria o impedimento –al igual que con toda autoridad electa–, si ocurriese antes de la mitad del mandato se llamará a elecciones por el tiempo restante de mandato. Si quedase menos de la mitad del mandato, será la Asamblea de Representantes, el Consejo Regional o el Municipio respectivo, quien elegirá por mayoría simple al reemplazante hasta terminar el mandato, y en caso de no existir acuerdo tras tres votaciones, asumirá la persona con más votos según regulará la ley.17 Al exigir la mayoría de todos los diputados, es decir, 61 hoy o 76 en la propuesta de Congreso Unicameral de 150, se considera “calificado”, a diferencia de la simple mayoría de los presentes al momento de votar (N. del E.). Esta fue la norma de la Constitución de 1925. Eventualmente, como en el caso alemán, se puede elevar el quórum o poner una claúsula de intangibilidad (prohibición de cambiar) a la definición democrática del régimen político (Saffirio). 17 Complemento del editor. 16 15