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Aproximaciones a
una nueva
constitución
Principios y artículos de Carta Magna para un
Chile justo, libre y fraterno
Esteban Valenzuela (editor), Octavio Avendaño, Daniel Bello, Fabiola Berríos,
Isaac Caro, Luis Clavería, Cristopher Colombo, Felipe Crowhurst, Gloria de la
Fuente, Benoït Delooz, Armando Di Filippo, Camila Galván, María Cosette
Godoy, Shirley Götz, Sofía Larrazábal, Camila Leiva, Pamela Mancilla, José
Marimán, Cecilia Osorio, Héctor Oyarce, Francesco Penaglia, Paz Ponce de
León, Catalina Portales, Fabián Pressacco, Sebastián Rivera, Rodrigo Ruiz,
Eduardo Saffirio, Pablo Salvat, Sergio Valdés, Ana Videla y Paolo Yévenes.
1
Presentación
Aristóteles fue un estudioso en profundidad de las decenas de Constituciones
experimentadas por las ciudades griegas y del Mediterráneo en el siglo V antes
de Cristo. El capítulo segundo de su obra maestra, La Política, se titula
“Examen crítico de las teorías anteriores y de las principales Constituciones”:
debatió el Tratado de las Leyes de Platón, examinó la propuesta de Fáleas
para una Constitución de Calcedonia, la ideada por Hipódamo de Mileto, las de
Creta y Cártago, concluyendo que la mejor Constitución daba soluciones
mixtas entre modelos democráticos y realistas. Si examinamos sus ideas con
los ojos de hoy, nos parecerán adecuados muchos de sus preceptos –como la
valoración del mérito y elementos democráticos–, pero nos horroriza su modelo
político, que aceptaba la esclavitud, excluía el derecho de los extranjeros y
omitía la participación ciudadana de las mujeres. Se pensaba que la
Constitución ateniense era ejemplar y adelantada para su época, signada por
déspotas y dictadores. Es un debate abierto.
En el esbozo de Constitución que aquí se propone, el último artículo habla de
los derechos de los emigrantes, de la paridad de género y del fundamento del
entramado legal en los valores democráticos y los Derechos Humanos. Con
dolor y luchas, retrocesos y esperanzas, la humanidad ha ido avanzando. En
ese horizonte, Chile ha quedado condicionado por el influjo neoliberal,
autoritario y centralista, por lo cual la mayoría del país clama por una nueva
Constitución, por otras reglas de juego y jerarquía de valores, que es aquello
que está detrás de toda Carta Magna.
Chile no ha tenido nunca una Constitución de consenso duradera. La reacción
conservadora destruyó los modelos liberales-federalistas de la pos
independencia con la rígida Constitución de 1833. La crisis social llevó a dictar
la Constitución de 1925 que tuvo una muy elitista comisión de debate y
redacción, y que no obstante duró medio siglo, dejando inconclusas cuestiones
esenciales como la reglamentación de la promesa de provincias autónomas.
Huelgan los comentarios sobre la Constitución pinochetista de 1980, su
autoritarismo y problemas de legitimidad, así como la sobreprivatización de los
bienes sociales.
Las críticas al ordenamiento constitucional de 1980, ya presentes en el marco
del proceso de transición, no se resolvieron con las sucesivas reformas, sino,
muy por el contrario, se acrecentaron. Los movimientos sociales, que se han
intensificado desde el año 2010, pusieron en jaque dicho marco legal. La débil
protección de los derechos sociales, el lucro en la educación, la privatización
de los recursos naturales, la falta de autonomía de las regiones y del pueblo
mapuche, el sistema electoral binominal, son solo algunos de los asuntos sobre
los cuales la sociedad ha levantado profundas críticas.
2
Estamos viviendo un momento para transformar y re-constituir las reglas de
convivencia que encarnen sin miedo los valores de libertad, igualdad y
fraternidad en nuestro país.
Como contribución al debate constituyente que vive Chile, desde el
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Alberto Hurtado, un grupo de académicos y estudiantes
redactamos un esbozo integral de nueva Constitución. Por cierto, no
compromete la opinión de la comunidad universitaria ni busca ser un modelo
perfecto. Los diversos autores de esta propuesta son responsables de sus
capítulos y no necesariamente comparten otras dimensiones y articulado del
texto que se propone para el debate.
Así como debatimos entre nosotros, y descubrimos disensos, esperamos que
este aporte parcial al debate anime positivamente el proceso participativo
constituyente que ha anunciado la Presidenta Bachelet y quienes han pedido
un proceso de Asamblea Constituyente.
Se consideran numerosos temas. Algunos novísimos y otros de eterna
controversia en Chile: federalismo, ley de cuotas, derechos de los animales,
economía social, democracia directa, voto obligatorio, ciudadanía a los 16
años, derechos de los emigrantes y voto en el extranjero, autonomías
indígenas, tipos de matrimonio, legalización de drogas, Congreso unicameral,
entre tantos que se abordan en el texto. Para quienes desean profundizar
conceptos y ver fuentes del articulado, se consideraron algunas notas
explicativas y referencias.
El siguiente esbozo está situado en los albores del siglo XXI, por lo que valora
constituciones en boga que asumen las nuevas tendencias universales de
modelos avanzados donde los actores sociales se han fortalecido:
complementación de la democracia representativa con modelos de democracia
directa, solidaridad estructural con derechos garantizados y, a su vez, deberes
para la co-responsabilidad. Pero igualmente, intentando identificar los deseos
ciudadanos por aportar a la construcción de una sociedad más justa y
democrática. No solo la valoración del humanismo cristiano y del pensamiento
laico atraviesan estás páginas, también el ideario socialista, republicano,
feminista, ecologista y el aporte del movimiento indígena del continente con el
valor de la reciprocidad en el buen vivir, que los mapuches llaman Küme
Mongen.
Un especial agradecimiento a Camila Galván, egresada de nuestra carrera,
quien lidió con manuscritos y ayudó en la edición final, así como a los
estudiantes que han participado como colaboradores. Y, por cierto, a Rodrigo
Ruiz, director de El Desconcierto, quien aceptó esta propuesta con entusiasmo
3
y aportó el valioso capítulo sobre bienes culturales, de investigación y
comunicacionales para enriquecer el país que soñamos.
Esteban Valenzuela Van Treek
Verano de 2014.
4
Sobre los autores
Octavio Avendaño. Doctor en Ciencias Políticas, Università degli Studi di
Firenze, Italia. Sociólogo, Universidad de Chile.
Daniel Bello. Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos,
Universidad Alberto Hurtado. Licenciado en Educación, Universidad Mayor.
Fabiola Berríos. Magíster © en Relaciones Internacionales, Universidad de
Chile. Licenciada en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Isaac Caro. Doctor en Estudios Americanos, USACH. Magíster en Estudios
Sociales y Políticos, Universidad Alberto Hurtado.
Benoït Delooz. Doctor © en Derecho por l’Université de Toulouse 1 Capitole
(France) Doctor © en Derecho por la Universidad de Chile. Profesor de la
Universidad Alberto Hurtado.
Armando Di Filippo. Magíster en Ciencias Económicas, Escolatina, Universidad
de Chile. Economista CEPAL.
Gloria de la Fuente. Magíster en Ciencia Política mención Instituciones y
Procesos Políticos, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada en
Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Camila Galván Suazo. Licenciada de Ciencia Política y RR.II. de la Universidad
Alberto Hurtado, donde ha sido ayudante de los cursos de Historia de América
Latina, Política Contemporánea, Partidos y Sistema Electoral.
María Cosette Godoy. Doctora en Ciencia Política, Universidad Grenoble 2,
Francia. Magíster en Ciencia Política, Instituto de Asuntos Públicos Universidad
de Chile. Abogada Universidad de Chile.
Shirley Götz. Magíster en Ciencia Política, mención Relaciones Internacionales,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada en Ciencia Política,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada en Educación, Universidad
de Concepción.
José Marimán. Doctor en Ciencia Política, Universidad de Santiago de
Compostela. Historiador e intelectual mapuche, profesor de la Universidad de
Colorado, historiador de la Universidad de La Frontera.
Cecilia Osorio. Doctora © en Ciencias Políticas y Sociales, Universitat Pompeu
Fabra. Master en Políticas Sociales, London School of Economics and Political
Science, Inglaterra. Licenciada en Historia y Cientista Política, Pontificia
5
Universidad Católica de Chile. Directora de Carrera de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la UAH.
Héctor Oyarce. Master en Sociología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales, París, Francia. Sociólogo, Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales, París, Francia. Teólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Francesco Penaglia. Magíster en Estudios Sociales y Políticos
Latinoamericanos, Universidad Alberto Hurtado. Administrador Público,
Universidad de Santiago.
Rodrigo Ruiz, Antropólogo. Magíster © en Estudios Culturales, doctorando en
Filosofía con Mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile.
Director editorial de El Desconcierto.
Fabián Pressacco. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad de
Deusto, España. Magíster en Ciencias Sociales, ILADES.
Eduardo Saffirio. Magíster en Ciencia Política, Instituto de Ciencias Políticas,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado, Universidad de Chile.
Candidato a Doctor en Filosofía. Presidente del Directorio del Centro de
Estudios del Desarrollo, CED. Como diputado fue miembro del Congreso
Nacional entre 2001 y 2010.
Pablo Salvat. Doctor en Filosofía Política, Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica. Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Sergio Valdés. Master of Science in Public Policy and Administration
(Research). London School of Economics and Political Science (LSE).
Licenciado en Sociología, Universidad de Artes y Ciencias Sociales.
Esteban Valenzuela. Doctor en Historia, Universidad de Valencia. Magíster en
Desarrollo, Wisconsin-Madison University. Magíster en Ciencia Política,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Director Departamento de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la UAH. Fue alcalde y diputado por
Rancagua.
Colaboradores estudiantes y egresados de Ciencia Política y RR.II.
Luis Clavería, Felipe Crowhurst, Cristopher Colombo, Sofía Larrazábal, Camila
Leiva, Pamela Mancilla, Paz Ponce de León, Catalina Portales, Sebastián
Rivera, Ana Videla y Paolo Yévenes.
6
Capítulos
1. Valores fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad
Pablo Salvat y Esteban Valenzuela
2. Organización política democrática sustantiva: semi-presidencialismo y
Congreso unicameral proporcional
Eduardo Saffirio y Camila Galván
3. Administración de la Justicia para la paz y la convivencia
Esteban Valenzuela
4. Economía solidaria y fiscalidad justa para una democracia con desarrollo
integral
Armando Di Filippo, Esteban Valenzuela y Pamela Mancilla
5. Estado al servicio del ciudadano: derechos sociales y
multidimensionales garantizados
Octavio Avendaño, Héctor Oyarce, Camila Leiva y Esteban
Valenzuela
6. Reconocimiento y autonomía para los pueblos originarios
José Marimán
7. Descentralizado, regionalista y con poder local
Fabián Pressacco, Benoït Delooz y Sebastián Rivera
8. Igualdad de género y derechos
María Cosette Godoy y Sofía Larrazábal
9. Sistema electoral democrático: elecciones, partidos políticos y
plebiscito
Fabiola Berríos
10. Con deliberación y participación social
7
Gloria de la Fuente y Catalina Portales
11. Con poder social y sindical
Francesco Penaglia
12. Control social del poder y democracia directa
Cecilia Osorio y Paolo Yévenes
13. País amable, multicultural y sin discriminación
Isaac Caro y Paz Ponce de León
14. Hacia un mundo pacífico, solidario y cooperativo
Daniel Bello, Felipe Crowhurst y Shirley Götz
15. Política exterior y toma de decisiones
Shirley Götz, Daniel Bello y Luis Clavería
16. Garantías en la época del conocimiento
Sergio Valdés, Ana Videla y Cristopher Colombo
17. Cultura, investigación y medios abiertos
Rodrigo Ruiz
18. Corresponsabilidad para el buen vivir
Esteban Valenzuela y Camila Galván
8
Capítulo I
Valores fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad
Esteban Valenzuela y Pablo Salvat
Artículo 1º. Principios para el buen vivir: de toda familia, comunidad y
nación
Chile es una sociedad que busca construir los valores de libertad, igualdad y
fraternidad como destino universal para el buen vivir de todas las naciones, y
en particular, por nuestra posición geográfica y cultural, aquellas que forman
parte del continente latinoamericano. Desde sus raíces en las familias, con toda
su heterogeneidad1 y las comunidades que fundan la convivencia social y son
superiores al Estado y al Mercado.2
Todos sus habitantes, nacionales o extranjeros, se reconocen iguales en
dignidad y derechos, y no pueden ser discriminados en razón de su origen,
sexo, raza, color, posición social o proveniencia.
Chile es una república democrática3 que promueve la conformación de una
comunidad política basada en una convivencia plural, respetuosa con la
diversidad cultural y que tiene al diálogo y la igualdad en el acceso y ejercicio
de la palabra pública como su principal elemento articulador en su quehacer.4
Artículo 2º. Estado democrático, soberano y social de derecho
La soberanía emana del pueblo de Chile en su diversidad y expresa sus
grandes consensos en su Constitución, la que debe ser aprobada por
plebiscito.
La cohesión social y el valor de las familias y las comunidades siguen siendo claves, pero con un explícito
reconocimiento a su diversidad, sin discriminación.
2 Recientes Constituciones han incorporado en América Latina este concepto, destacándose entre ellas la
ecuatoriana.
3 En consonancia con los principios enunciados, Chile se organiza como una república democrática que
tiene como ideario una sociedad justa y como norte de su accionar, una ética del bien común.
4 Cfr. R. Gargarella, Los fundamentos legales de la desigualdad. El constitucionalismo en América (17761860). Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. Véase la Carta Internacional de Derechos humanos, Ginebra, 1996.
P. Rosanvallon, La sociedad de Iguales. Buenos Aires: Manantial, 2012. E. Gudynas y A. Acosta, “La
renovación de la crítica del desarrollo y el buen vivir como alternativa”, en Utopía y Praxis Latinoamericana
16 (53): 71-83, 2011.
1
9
Chile es una República democrática plena, con separación de poderes y aspira
a ser un Estado social de derecho, donde se respeten los derechos
humanos de todas las personas y se garanticen los derechos sociales.5
Artículo 3º. Plurinacionalidad y poder territorial
Se organiza bajo un Estado democrático, regionalizado y plurinacional, que
respeta su diversidad, valora sus pueblos originarios, promueve el desarrollo
comunitario y las autonomías territoriales.6
Artículo 4º. Diverso y sin discriminación
Chile ama su diversidad. Es un Estado pluralista, con libertad religiosa, sin
discriminación social, étnica, nacional, de raza, de género, orientación sexual ni
de ninguna especie. Promueve leyes de cuotas para incentivar la inserción de
minorías en su sistema socioeconómico y político.
Artículo 5º. Régimen político democrático-representativo
Su sistema político es democrático representativo y semi-presidencial, en el
que la soberanía recae en el pueblo y se expresa tanto en el Presidente de la
República electo, como en la Cámara de Representantes que pacta el Primer
Ministro, y en los gobiernos regionales y municipales.
Artículo 6º. Poder participativo y Defensor del Pueblo
La democracia chilena es también participativa, donde el poder es controlado
por la ciudadanía, ejercida por partidos, organizaciones sociales, cooperativas,
sindicatos y por formas directas de consulta, creación de leyes, revocatoria de
cargos y plebiscitos.7
La democracia chilena combina los tradicionales poderes del Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, con el poder ciudadano, el de los pueblos originarios y la
Nuestro país es un suscriptor de los dos pactos, el de derechos cívico-políticos y el de derechos
económicos, sociales y culturales, y está consciente que no habrá república sin la promoción y respeto
conjunto de esos derechos.
Cfr. VV.AA., Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Barcelona: Serbal/Unesco, 1985. Puede
verse de V. Abramovich y C. Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Trotta, 2012.
6 Véase de J. Rubio Carracedo, José María Rosales, Manuel Toscano M., Ciudadanía, nacionalismo y
derechos humanos. Madrid: Trotta, 2000. De J. Marimán, Autonomías. Santiago: LOM. De S. Benhabib, Los
derechos de los otros. Barcelona: Gedisa, 2005.
7 Cfr. B. de Sousa Santos (coord.), Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa.
México: FCE, 2004.
5
10
figura del Defensor del Pueblo (Ombudsman 8), que permita el debido
contrapeso entre instituciones estatales, mercado y sociedad civil.9
Artículo 7º. Pacifismo
Chile es un país pacífico, latinoamericanista y fraterno que promueve el
diálogo, la cooperación internacional y la integración cultural, social, económica
y política.
Artículo 8º. Economía solidaria
El país promueve una economía solidaria con diversas formas de propiedad
donde prima el bien común y que todas las personas tengan un empleo útil e
ingresos para su vivir digno. Se combina el emprendimiento con un Estado con
democracia tributaria redistributiva, control de los recursos naturales y
sindicalización obligatoria.10
Artículo 9º. Sustentabilidad ambiental
Su modelo social y económico busca la plena sustentabilidad, en armonía con
el medio ambiente, con respeto por la vida vegetal y animal, asegurando la
proyección de los recursos entre generaciones y el uso racional de los mismos,
con energías renovables y alimentación sana.
Artículo 10. Corresponsabilidad
La corresponsabilidad para construir una sociedad de vida buena implica
derechos y responsabilidades de todos sus habitantes: cumplir las leyes, pagar
impuestos, votar, respetar los derechos humanos del otro, realizar trabajo
El Ombudsman es un aporte universal de los países nórdicos (Escandinavia), que coloca a este defensor
de la sociedad o del pueblo frente a las instituciones. Tiene su origen en el modelo de elección sueco, el
cual se utilizó para designar a un funcionario público a cargo de examinar las quejas de los ciudadanos
contra las organizaciones del sector público. También conocido como un mediador o tercera parte neutral
que presta servicios o ayuda para dar soluciones a los conflictos. Más información en
http://www.un.org/es/ombudsman/faqs.shtml
9 La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), agrupación constituida en Cartagena de Indias en
1995, tiene como finalidad proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a la Administración
Pública de los países respectivos de Iberoamérica en ámbitos nacionales, estatales, regionales y
provinciales. http://www.portalfio.org/inicio/pagina-principal/que-es-la-fio.html
10 Además, la sociedad chilena, junto a los emprendimientos de tipo privado, promueve el desarrollo de una
democracia económica, en la cual jueguen un rol muy importante los propios trabajadores en la gestión y
administración de empresas.
C. Fortín,–A. Varas,–M. Mella, Los desafíos del progresismo. Europa. América Latina y Chile. Santiago:
Centro de Estudios Enzo Faletto-RIL editores, 2013. También, R. González M.–H. Richards, Hacia otras
economías. Crítica al paradigma dominante. Caritas-Universidad Academia de Humanismo CristianoUniversidad Católica del Maule, 2012.
8
11
voluntario, cuidar el medio ambiente y a los animales, participar en el cuidado
de niños y ancianos, ser protagonistas de la sociedad.11
Artículo 11. Derechos cosmocéntricos12
En el territorio de Chile tienen derechos tanto las personas como los animales y
el medio ambiente. Animales, árboles y plantas, el aire, la tierra y el agua,
como sujetos de la creación, no son subordinados de la acción humana, la que
tiene que respetar la diversidad de la vida.
Artículo 12. Ciudadanía abierta13
En Chile son ciudadanos con derecho y obligación a votar todos los chilenos y
residentes con más de cinco años en el país durante la última década; mayores
de 16 años, que vivan en el territorio nacional o en el extranjero.
Artículo 13. Los recursos naturales y minerales son del Estado
La totalidad de los recursos naturales y minerales (metálicos y no metálicos)
pertenecen al Estado, estando prohibida su privatización. El agua es un bien
público en toda su fase, siendo controlada por el Estado y su uso público
regulado por ley, privilegiando a las comunidades vulnerables para asegurar su
sustentabilidad. La minería es de todos los chilenos y todo yacimiento de
grandes proporciones será explotado por el Estado y sus empresas, pudiendo
concesionar o asociarse con privados hasta un máximo del 49% de las
mismas.
Véase de G. Pisarello, Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Madrid:
Trotta, 2011.
12 La propuesta rompe el pensamiento antropocéntrico y evoluciona hasta la mirada integradora que coloca
al ser humano como parte y no el dominador del mundo sin límites.
13 En Argentina, que innovó en esta dimensión, hace optativo para los adolescentes el votar desde los 16
años. Aquí se propone el derecho y la obligatoriedad, lo que nos hará priorizar a la juventud y la educación
cívica como cuestión esencial de la sociedad.
11
12
Capítulo II
Organización política democrática y sustantiva: semi-presidencialismo y
Congreso Unicameral proporcional
Eduardo Saffirio y Camila Galván
Artículo 14. El Poder Ejecutivo dual
El Presidente de la República es el Jefe de Estado y el Primer Ministro es el
Jefe de Gobierno, quien determina y dirige la política de la República.14
Artículo 15. Elección del Presidente de la República
El Presidente de la República es elegido por cuatro años directamente por el
pueblo y puede ser reelegido por un segundo mandato consecutivo. Será
elegido por mayoría absoluta de los votos emitidos. Si en la primera votación
ninguno de los candidatos obtiene dicha mayoría, se realizará una segunda
votación al vigésimo octavo día entre los candidatos que hubieren obtenido las
dos primeras mayorías relativas, excepto cuando existan más de veinte puntos
de diferencia entre un candidato y el segundo, que permitirá la elección
inmediata.15
Artículo 16. Elección de ministros
El Presidente de la República nombrará al Primer Ministro.
A propuesta de este último nombrará a los demás Ministros.
El Consejo de Ministros será presidido por el Presidente de la República.
Artículo 17. Ejercicio del Presidente de la República
El Presidente de la República resguarda, mediante su arbitraje, el
funcionamiento de los poderes públicos y garantiza el respeto a la Constitución,
la integridad territorial y el respeto a los tratados.
Adaptado del modelo francés de semi-presidencialismo, con una presidencia fuerte, pero con la gestión
de gobierno según la mayoría en el Parlamento, lo que da poder a los partidos y sus agendas como
requisito básico para evitar el autoritarismo y la dictadura mediática. Fueron pioneros en este debate, Óscar
Godoy, Arturo Valenzuela y Eugenio Ortega a inicios de la transición en los años 1990-91. También se debe
valorar el acuerdo DC-RN que propicia dicha idea en el año 2012. El continente americano es marcadamente
presidencialista, lo que explica su tendencia al caudillismo, las dictaduras y los líderes populistascarismáticos. Los modelos parlamentarista o semi-parlamentarista obligan a los pactos a buscar mayorías
estables.
15 Destaca el caso argentino desde 1994: si en primera vuelta un candidato obtiene más del 45% y una
diferencia del 10% respecto del segundo, no se aplica la segunda vuelta electoral.
14
13
Promulgará las leyes dentro de los siete días siguientes a la creación de la
comunicación por parte del Primer Ministro de la ley aprobada.
Antes del vencimiento de este plazo el Presidente de la República podrá pedir
a la Cámara de Representantes una nueva deliberación sobre la totalidad o
parte de la ley. Esta deliberación será obligatoria para la Cámara de
Representantes.
El Presidente de la República, por sí o a propuesta del Jefe de Gobierno
convocará a reformular para las materias previstas en el artículo.
Por una única vez durante su mandato y previa consulta al Primer Ministro,
puede acordar la disolución de la Cámara de Representantes para realizar una
nueva elección. Las nuevas elecciones se realizarán dentro de 30 días
siguientes a la disolución de la Cámara
Nombrará a los embajadores, es el Jefe de las Fuerzas Armadas. y preside el
Consejo de Seguridad Nacional.
Artículo 18. Dirección de la política de la República
El Jefe de Gobierno determina y dirige la política de la República. Para ello
dispondrá de la administración y de las Fuerzas Armadas. También ejercerá la
potestad reglamentaria, autónoma y delegada. El Jefe de Gobierno será
responsable ante la Cámara de Representantes.
Artículo 19. Facultades de la Cámara de Representantes
La Cámara de Representantes votará las leyes y controlará los actos del
Gobierno.
Estará compuesta por 150 miembros elegidos en forma proporcional, a través
del sufragio directo. Los representantes podrán ser reelegidos por una sola vez
consecutiva.
Artículo 20. Ejercicio del Primer Ministro
La iniciativa legislativa corresponde al Primer Ministro y a los miembros de la
Cámara de Representantes.
Al Primer Ministro corresponde la iniciativa exclusiva en materias de ley que
puedan disminuir los ingresos públicos, crear o aumentar el gasto público.
También ejercerá dicha iniciativa en materias vinculadas a la división política y
administrativa del Estado.
14
Artículo 21. Aprobación de leyes y reformas de la Constitución
Las leyes se aprueban por mayoría de los representantes presentes, salvo los
casos en que la Constitución exige el quórum de la mayoría de los
representantes en ejercicio.16
Artículo 22. Sobre el reemplazo de las autoridades ejecutivas que no
terminen mandato
En caso de muerte, revocatoria o impedimento –al igual que con toda autoridad
electa–, si ocurriese antes de la mitad del mandato se llamará a elecciones por
el tiempo restante de mandato. Si quedase menos de la mitad del mandato,
será la Asamblea de Representantes, el Consejo Regional o el Municipio
respectivo, quien elegirá por mayoría simple al reemplazante hasta terminar el
mandato, y en caso de no existir acuerdo tras tres votaciones, asumirá la
persona con más votos según regulará la ley.17
Al exigir la mayoría de todos los diputados, es decir, 61 hoy o 76 en la propuesta de Congreso Unicameral
de 150, se considera “calificado”, a diferencia de la simple mayoría de los presentes al momento de votar (N.
del E.). Esta fue la norma de la Constitución de 1925. Eventualmente, como en el caso alemán, se puede
elevar el quórum o poner una claúsula de intangibilidad (prohibición de cambiar) a la definición democrática
del régimen político (Saffirio).
17 Complemento del editor.
16
15