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Revista BCV Revista BCV Vol. XIV, N° 1, 2000 Comité de Publicaciones Manuel Lago Rodríguez (Presidente) Mary Batista Rafael J. Crazut Carlos Hernández Delfino Armando León Angelo Lucenti Domingo Maza Zavala Luisa F. Coronil D. (Secretaria Técnica) © Banco Central de Venezuela Hecho el depósito de Ley Depósito Legal 88-00-86 ISSN: 005-4720 Concepción gráfica: Ingard Gherembeck Diseño de carátula: Luis Giraldo Diagramación: Elena Roosen Corrección: Alberto Márquez Impresión: Fundación La Casa de Bello Los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen al Banco Central de Venezuela ni a su directorio. Índice Índice Artículos 9 La posibilidad de la elección social Amartya Sen 61 La renta petrolera y el crecimiento económico de Venezuela: análisis del período 1913-1995 Reinier Schliesser José Ignacio Silva 103 La evolución macroeconómica en Venezuela y Colombia en los 90: algunos retos para la armonización Leonardo Vera Documentos 151 La constitución económica de Venezuela Rafael Badell 195 Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas: Paz y trabajo Hoja ocasional, 1904-1908 Ramón Rivas Recensiones 225 Luis Mata Mollejas Economía alternativa José Tomás Estévez 229 Victor Bulmer-Thomas The economic history of Latin America since independence José Tomás Estévez Índice Índice La coyuntura económica 253 Domingo Fontiveros Indicadores económicos 263 Artículos Artículos La posibilidad de la elección social* Sen Amartya Sen** Se ha dicho que “Un camello es un caballo diseñado por un comité”. Esto podría parecer un ejemplo revelador de las terribles deficiencias de las decisiones que toman los comités, pero realmente es una acusación demasiado suave. Es posible que un camello no tenga la velocidad de un caballo, pero es un animal muy útil y armonioso –bien coordinado para recorrer largas distancias sin alimento ni agua. Un comité que, al diseñar un caballo, trate de reflejar los variados deseos de sus diferentes miembros podría muy fácilmente terminar con algo mucho menos congruente que un camello: quizás un centauro de la mitología griega, mitad caballo y mitad algo más –una creación mercurial que combine el salvajismo y la confusión. La dificultad que un pequeño comité experimenta es necesariamente mayor cuando se trata de decisiones de una sociedad de tamaño considerable, que reflejen las opciones “del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”. Éste, en términos generales, es el tema de la “elección social”, e incluye dentro de su espaciosa estructura diversos problemas que tienen el rasgo común de relacionar los juicios o dictáme- * Este artículo es la disertación que Amartya Sen presentó en Estocolmo, Suecia, el 8 de diciembre de 1998, cuando recibió el Premio Nóbel en Ciencias Económicas. Se traduce y publica aquí con autorización de la Nobel Foundation. ** The Master´s Lodge, Trinity College, Cambridge, CB2 1TQ, England. Por sus útiles comentarios y sugerencias, estoy sumamente agradecido con Sudhir Anand, Kenneth Arrow, Tony Atkinson, Emma Rothschild y Kotaro Suzumura. También he sacado provecho de las conversaciones con Amiya Bagchi, Pranab Bardhan, Kaushik Basu, Angus Deaton, Rajat Deb, Jean Drèze, Bhaskar Dutta, Jean-Paul Fitoussi, James Foster, Siddiq Osmani, Prasanta Pattanaik y Tony Shorrocks. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 10 nes sociales y las decisiones colectivas con las opiniones y los intereses de los individuos que conforman la sociedad o el grupo. Si existe una interrogante central que pueda considerarse el tema de inspiración de la teoría de la elección social, es justamente ésta: ¿Cómo es posible llegar a dictámenes agregativos convincentes sobre la sociedad (por ejemplo, sobre el “bienestar social” o el “interés público” o la “pobreza agregada”), dada la diversidad de preferencias, inquietudes y situaciones difíciles de los diferentes individuos en el seno de la sociedad? ¿Cómo podemos encontrar alguna base racional para tomar tales decisiones agregativas como “la sociedad prefiere esto o aquello”, o “la sociedad debe escoger esto en vez de aquello”, o “esto es socialmente correcto”? ¿Es posible la elección social razonable, especialmente en vista de que, como Horacio acotó hace mucho tiempo, pueden existir “tantas preferencias como personas”? Teoría de la elección social En esta disertación, trataré de analizar algunos desafíos y problemas fundamentales que enfrenta la teoría de la elección social como disciplina1. La ocasión inmediata para esta ponencia es, por supuesto, una premiación, y estoy consciente de que se espera que analice, de una forma u otra, mi propio trabajo relacionado con este evento (por presuntuoso que ese intento pudiera haber sido en otras circunstancias). Trataré de hacerlo, pero creo que también es una ocasión admisible para abordar algunos asuntos generales sobre la elección social como disciplina –su contenido, relevancia y alcance– y pretendo aprovechar esta oportunidad. La Real Academia Sueca de las Ciencias se refirió a la “economía del bienestar” como el campo general de mi trabajo por el cual fue adjudicado el premio, y diferenció tres áreas específicas: elección social, distribución y pobreza. Aun cuando en efecto me he dedicado, de diversas maneras, a estos diferentes temas, es la teoría de la elección social, formulada por primera vez en su forma moderna por Arrow (1951)2, la que ofrece un enfoque general para la evaluación de, y la selección entre, posibilidades sociales alternas (inclusive entre otros la evaluación del bienestar social, de la desigualdad y de la pobreza). Esto es para mi razón suficiente para concentrarme principalmente en la teoría de la elección social en esta disertación con motivo de la entrega de los premios Nobel. 1 Esto obviamente no es un estudio sobre la teoría de la elección social y no se intenta en modo alguno revisar la literatura relevante. Pueden encontrarse perspectivas generales en Alan M. Feldman (1980), Prasanta K. Pattanaik y Maurice Salles (1983), Kotaro Suzumura (1983), Peter J. Hammond (1985), Jon Elster y Aanund Hylland (1986), Sen (1986a), David Starrett (1988), Dennis C. Mueller (1989) y más ampliamente en Kenneth J. Arrow et al. (1997). 2 Véase también Arrow (1950, 1951, 1963). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 11 La teoría de la elección social es una disciplina sumamente amplia, que abarca una diversidad de asuntos claramente diferenciados, y puede resultar útil mencionar algunos de los problemas como ilustraciones de su materia de estudio (en relación con muchos de los cuales he tenido el privilegio de trabajar). ¿Cuándo el gobierno de la mayoría produce decisiones inequívocas y consistentes? ¿Cómo podemos determinar cuán bien está funcionando una sociedad en su conjunto a la luz de los diferentes intereses de sus distintos miembros? ¿Cómo medimos la pobreza agregada en vista de las diversas situaciones difíciles y miserias de las distintas personas que integran la sociedad? ¿Cómo podemos reconciliar los derechos y las libertades de las personas, al tiempo que reconocemos sus preferencias de manera adecuada? ¿Cómo evaluamos las valoraciones sociales de los bienes públicos tales como el ambiente natural o la seguridad epidemiológica? Asimismo, algunas investigaciones, aunque no son directamente parte de la teoría de la elección social, se han visto favorecidas gracias a la compresión que se ha derivado del estudio de las decisiones colectivas (como, por ejemplo, las circunstancias causantes y la prevención de las hambrunas y del hambre, o las formas y consecuencias de la desigualdad entre los géneros, o las exigencias de libertad individual concebida como un “compromiso social”). El alcance y la aplicabilidad de la teoría de la elección social pueden ser de hecho sumamente amplios. Orígenes de la teoría de la elección social y el pesimismo constructivo ¿Cómo se originó el tema de la teoría de la elección social? Los desafíos que plantean las decisiones sociales que implican intereses y preocupaciones divergentes se han estudiado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Aristóteles en la antigua Grecia y Kautilya en la antigua India, quienes vivieron en el cuarto siglo antes de Jesucristo, examinaron en sus libros titulados Politics y Economics3 respectivamente varias posibilidades constructivas respecto de la elección social. Sin embargo, la teoría de la elección social como disciplina sistemática fue reconocida cerca de la época de la Revolución Francesa. A finales del siglo dieciocho, los matemáticos franceses fueron los primeros en explorar el tema. Entre ellos se encuentran J. C. Borda (1781) y el Marqués de Condorcet (1785), quienes abordaron estos problemas en términos más bien matemáticos e iniciaron la disciplina formal de la elección social en términos de los procedimientos de votación y 3 La palabra sánscrita “Arthashastra” (título del libro de Kautilya) se traduce mejor literalmente en inglés como “Economics”, aun cuando el autor dedicó mucho espacio a investigar las exigencias del arte de gobernar en una sociedad conflictual. Las traducciones al inglés de las obras Politics de Aristóteles y Arthashastra de Kautilya pueden encontrarse respectivamente en E. Barker (1958) y L.N. Rangarajan (1987). Sobre los interesantes escritos europeos medievales relacionados con estos temas véase, por ejemplo, Ian McLean (1990). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 12 afines. El clima intelectual de ese período estaba marcado en gran medida por la influencia de la Ilustración europea, con su interés en la construcción razonada del orden social. En efecto, algunos de los primeros teóricos de la elección social, el más destacado Condorcet, fueron también líderes intelectuales de la Revolución Francesa. Sin embargo, la Revolución Francesa no introdujo en Francia un orden social pacífico. A pesar de sus logros trascendentales al cambiar la agenda política en todo el mundo, en Francia misma no sólo causó demasiado conflicto y derramamiento de sangre, sino que también desencadenó lo que a menudo se denomina, con bastante precisión, un “reino de terror”. De hecho, muchos de los teóricos de la coordinación social, que habían contribuido a concebir las ideas que sustentaron la Revolución, perecieron en las llamas de la discordia que la misma Revolución desencadenó (esto incluyó a Condorcet que se suicidó cuando ya era bastante probable que otros lo asesinarían). Los problemas de la elección social, que estaban siendo estudiados a nivel de la teoría y del análisis, no esperaron, en este caso, una solución intelectual pacífica. La motivación que inspiró a los primeros teóricos de la elección social fue evitar tanto la inestabilidad como la arbitrariedad en los arreglos relacionados con la elección social. Las aspiraciones de su trabajo se concentraron en la creación de un marco para la toma de decisiones racionales y democráticas dirigidas a un grupo, en la que se prestara adecuada atención a las preferencias y los intereses de todos sus miembros. Sin embargo, incluso las investigaciones teóricas comúnmente arrojaron resultados más bien pesimistas. Señalaron, entre otras cosas, que el gobierno de la mayoría puede ser completamente inconsistente, como por ejemplo: A vence a B por mayoría, B vence a C también por mayoría y C a su vez vence a A también por mayoría.4 Durante el siglo diecienueve, continuó en Europa una cantidad considerable de trabajo exploratorio (a menudo, nuevamente, con resultados pesimistas). En efecto, algunas personas muy creativas trabajaron en esta área y lidiaron con las dificultades de la elección social, entre ellas Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas (bajo su nombre real, C. L. Dodgson, 1874, 1884). Cuando Arrow (1951) revivió el tema de la elección social en el siglo veinte, también estaba preocupado por las dificultades de las decisiones colectivas y las inconsistencias a las que pueden conducir. Aun cuando Arrow colocó la disciplina de la elección social en un marco estructurado –y axiomático– (dando origen 4 Véase Condorcet (1785). Existen muchos comentarios sobre estos análisis, inclusive Arrow (1951), Duncan Black (1958), William V. Gehrlein (1983), H. Peyton Young (1988) y McLean (1990). Sobre la posible ubicuidad de la inconsistencia en la votación mayoritaria, véase Richard D. McKelvey (1979) y Norman J. Schofield (1983). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 13 de esta manera a la teoría de la elección social en su forma moderna), profundizó la penumbra o el desaliento preexistente al establecer un resultado sorprendente –y aparentemente pesimista– de alcance ubicuo. El “teorema de la imposibilidad” (formalmente el “General Possibility Theorem” – Teorema General de la Posibilidad) de Arrow (1950, 1951, 1963) es un resultado de una elegancia y energía asombrosas, que mostró que ningún procedimiento de elección social en una familia muy amplia podría satisfacer simultáneamente ni siquiera algunas condiciones muy suaves de racionalidad. Sólo una dictadura evitaría inconsistencias, pero eso por supuesto supondría: (1) en la política, un sacrificio extremo de las decisiones participativas, y (2) en la economía del bienestar, una gran incapacidad para ser sensibles a los intereses heterogéneos de una variada población. Dos siglos después del florecimiento de las ambiciones de la racionalidad social, en el pensamiento de la Ilustración y en los escritos de los teóricos de la Revolución Francesa, el tema parecía estar ineludiblemente predestinado al fracaso. Parecía que las evaluaciones sociales, los cálculos económicos del bienestar y la estadística evaluativa tenían que ser inevitablemente arbitrarios o irremediablemente despóticos. El “teorema de la imposibilidad” de Arrow suscitó un interés inmediato e intenso (y generó en respuesta una cantidad impresionante de literatura, incluidos muchos otros resultados de imposibilidad)5. También dio lugar al diagnóstico de una profunda vulnerabilidad en el tema que ensombreció el programa constructivo inmensamente importante de Arrow que consistía en formular una teoría sistemática de la elección social que pudiera realmente funcionar. Economía del bienestar y esquelas mortuorias Las dificultades de la elección social se aplican en sumo grado a la economía del bienestar. Para mediados de los 60, William Baumol (1965) acotó de manera 5 Al variar la estructura axiomática, pueden también obtenerse resultados de imposibilidad afines. Pueden encontrarse ejemplos en Arrow (1950, 1951, 1952, 1963), Julian H. Blau (1957, 1972, 1979), Bengt Hansson (1969a, b, 1976), Tapas Majumdar (1969, 1973), Sen (1969, 1970a, 1986b, 1993a, 1995a), Pattanaik (1971, 1973, 1978), Andreu Mas-Collel y Hugo Sonnenschein (1972), Thomas Schwartz (1972, 1986), Peter C. Fishburn (1973, 1974), Allan F. Gibbard (1973), Donald J. Brown (1974, 1975), Ken Binmore (1975, 1994), Salles (1975), Mark A. Satterthwaite (1975), Robert Wilson (1975), Rajat Deb (1976, 1977), Suzumura (1976a, b, 1983), Blau y Deb (1977), Jerry S. Kelly (1978, 1987), Douglas H. Blair y Robert A. Pollak (1979, 1982), Jean-Jacques Laffont (1979), Bhaskar Dutta (1980), Graciela Chichilnisky (1982a, b), David M. Grether y Charles R. Plott (1982), Chichilnisky y Geoffrey Heal (1983), Hervé Moulin (1983), Pattanaik y Salles (1983), David Kelsey (1984a, b), Bezalel Peleg (1984), Hammond (1985, 1997), Mark A. Aizerman y Fuad T. Aleskerov (1986), Schofield (1996) y Aleskerov (1997), entre muchas otras contribuciones. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 14 juiciosa que “los pronunciamientos relacionados con la importancia de la economía del bienestar” habían comenzado a tener “una similitud mal disimulada con las esquelas mortuorias” (p. 2). Ésta era ciertamente la interpretación correcta de los puntos de vista dominantes. Pero, como el mismo Baumol indicó, debemos evaluar cuán acertados eran estos puntos de vista. Debemos analizar especialmente si el pesimismo asociado con las estructuras de Arrow en la teoría de la elección social deben considerarse devastadoras para la economía del bienestar como disciplina. Da la casualidad de que la economía tradicional del bienestar, que había sido concebida por los economistas utilitaristas (tales como Francis T. Edgeworth, 1881; Alfred Marshall, 1890; Arthur C. Pigou, 1920), había tomado un camino muy diferente al de la teoría de la elección social orientada hacia la votación. Se inspiró no en Borda (1781) ni en Condorcet (1785), sino en su contemporáneo Jeremy Bentham (1789). Bentham fue el precursor del uso del cálculo utilitarista para obtener decisiones sobre el interés social, al agregar los intereses personales de los distintos individuos en la forma de sus utilidades respectivas. La inquietud de Bentham –y la del utilitarismo en general– tenía que ver con la utilidad total de una comunidad, independientemente de la distribución de ese total, y en esto existe una limitación informativa de considerable importancia ética y política. Por ejemplo, una persona que es lo suficientemente desafortunada como para tener una capacidad uniformemente inferior de generar disfrute y utilidad del ingreso (digamos, debido a un impedimento físico o mental) también recibiría, en el mundo ideal utilitarista, una porción menor de un total dado. Esto es consecuencia de la búsqueda encaminada únicamente a maximizar la suma total de utilidades (sobre las consecuencias peculiares de esta prioridad unifocal, véase Sen, 1970a, 1973a; John Rawls, 1971; Claude d´Aspremont y Louis Gevers, 1977). No obstante, el interés utilitarista de comparar las ganancias y las pérdidas de diferentes personas no es en sí una inquietud insignificante. Y esta inquietud hace que la economía utilitarista del bienestar se interese profundamente en el uso de una clase de información –en forma de comparación de las ganancias y pérdidas de utilidad de las diferentes personas– con la que no trabajaron directamente ni Condorcet ni Borda. El utilitarismo ha tenido gran influencia en el desarrollo de la economía del bienestar, que durante mucho tiempo estuvo dominada por una fidelidad casi incuestionable al cálculo utilitarista. Pero en la década de los 30, la economía utilitarista del bienestar comenzó a ser duramente criticada. Habría sido bastante natural cuestionar (como lo hiciera magistralmente Rawls [1971] al formular su teoría de la justicia) la manera como el utilitarismo obviaba los asuntos distributivos y se concentraba únicamente en las sumas totales de las utilidades, sin tomar en cuen- Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 15 ta la distribución. Sin embargo, ésta no fue la dirección que tomaron las críticas antiutilitaristas en los 30 y las décadas siguientes. Los economistas se dejaron más bien persuadir por los argumentos presentados por Lionel Robbins y otros (influidos profundamente por la filosofía “positivista lógica”) en el sentido de que las comparaciones interpersonales de la utilidad no tenían bases científicas: “Cada mente es inescrutable para cualquier otra mente y no es posible que exista un denominador común respecto a los sentimientos” (Robbins, 1938 p. 636). Por ende, las bases epistémicas de la economía utilitarista del bienestar se consideraron incurablemente defectuosas. Siguieron intentos de hacer economía del bienestar sobre la base de los ordenamientos respectivos de la situación social de las diferentes personas, sin ninguna comparación interpersonal de las ganancias y pérdidas de utilidad (y, por supuesto, sin ninguna comparación de las utilidades totales de las diferentes personas, que los utilitaristas también pasan por alto). A pesar de que el utilitarismo y la economía utilitarista del bienestar son bastante indiferentes a la distribución de las utilidades entre diferentes personas (y más bien se concentran únicamente en la suma total de las utilidades), el nuevo régimen sin ningún tipo de comparación interpersonal redujo aún más la base informativa de la cual podría servirse la elección social. La base informativa ya limitada del cálculo de Bentham se redujo aún más respecto del de Borda y Condorcet, puesto que el uso de ordenamientos de utilidad de las diferentes personas sin ninguna comparación interpersonal es analíticamente bastante similar al uso de la información de votación a la hora de hacer una elección social. Frente a esta restricción informativa, la economía utilitarista del bienestar dio paso, desde los 40 en adelante, a la llamada “nueva economía del bienestar”, que usaba solamente un criterio básico de mejoramiento social, a saber, la “comparación de Pareto”. Este criterio sostiene únicamente que una situación alterna sería definitivamente mejor si el cambio aumenta la utilidad de todos6. Una buena parte de la economía del bienestar posterior limita su atención solamente a la “eficiencia de Pareto” (es decir, sólo a asegurarse de que no sea posible ninguna otra mejora de Pareto). Este criterio no presta atención alguna a los asuntos distributivos, que no pueden abordarse sin considerar los conflictos de intereses y de preferencias. Se necesita obviamente algún otro criterio para tomar decisiones relativas al bienestar social con un mayor alcance, y esto lo estudiaron con gran agudeza Abram Bergson (1938) y Paul A. Samuelson (1947). Esta exigencia condujo directamente a la formulación pionera de Arrow (1950, 1951) de la teoría de la elección social, 6 O, por lo menos, si mejora la utilidad de por lo menos una persona sin dañar el interés de nadie. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 16 en la cual se relaciona la preferencia (o las decisiones) social(es) con el conjunto de preferencias individuales, y esta relación se denomina “función de bienestar social”. Arrow (1951, 1963) consideró un grupo de condiciones que parecían bastante moderadas: (1) eficiencia de Pareto, (2) no dictadura, (3) independencia (con el requisito de que la elección social en relación con cualquier grupo de alternativas debe depender de las preferencias únicamente en relación con esas alternativas), y (4) dominio ilimitado (con el requisito de que la preferencia social debe ser un ordenamiento completo, con transitividad total, y que esto debe funcionar para cada grupo concebible de preferencias individuales). El teorema de la imposibilidad de Arrow demostró que es imposible satisfacer estas condiciones simultáneamente7. A fin de evitar este resultado de imposibilidad, se intentaron en la literatura subsiguiente diferentes maneras de modificar los requisitos de Arrow, pero continuaron apareciendo otras dificultades8. La fuerza y la presencia generalizada de los resultados de imposibilidad generaron un sentimiento consolidado de pesimismo, y éste se convirtió en un tema predominante en la economía del bienestar y la teoría de la elección social en general. ¿Se justificaba esta interpretación? Complementariedad de los métodos formales y el razonamiento informal Antes de proseguir ahondando en materias substantivas, puede resultar útil comentar brevemente sobre la naturaleza del razonamiento utilizado al responder ésta y otras preguntas afines. La teoría de la elección social es un tema en el que se han utilizado ampliamente las técnicas formales y matemáticas. Los que desconfían de los modos formales de razonamiento (y especialmente de los modos matemáticos) se muestran a menudo escépticos de la utilidad de analizar de esta manera problemas del mundo real. Su desconfianza es comprensible, pero en 7 También existe el supuesto estructural de que hay por lo menos dos individuos diferentes (pero no infinitamente muchos) y por lo menos tres condiciones sociales diferentes (probablemente no son los supuestos más irrealistas que hayan hecho alguna vez los economistas). Los axiomas que se mencionan aquí son los de la versión más reciente del teorema de Arrow: Arrow (1963). Puesto que esta presentación es informal, permite algunas ambigüedades técnicas; las personas que estén interesadas en los conceptos exactos pueden consultar los enunciados formales en Arrow (1963), Sen (1970a), Fishburn (1973) o Kelly (1978). En relación con las comprobaciones, existen varias versiones, incluida por supuesto la de Arrow (1963). En Sen (1995a) se da una comprobación muy breve –y elemental. Véase también Sen (1970a, 1979b), Blau (1972), Robert Wilson (1975), Kelly (1978), Salvador Barberá (1980, 1983), Binmore (1994) y John Geanakopolous (1996), entre otras variantes. 8 Sobre reseñas críticas de la literatura, véase Kelly (1978), Feldman (1980), Pattanaik y Salles (1983), Suzumura (1983), Hammond (1985), Walter P. Heller et al. (1986), Sen (1986a, b), Mueller (1989), y Arrow et al. (1977). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 17 definitiva está fuera de lugar. El ejercicio de tratar de obtener un panorama integrado de las preferencias o los intereses diversos de diferentes personas sí supone numerosos problemas complejos, con respecto a los cuales uno podría tomar la dirección equivocada en ausencia de un examen profundo formal. En efecto, el teorema de la imposibilidad de Arrow (1950, 1951, 1963) –de muchas maneras, el locus classicus en este campo– difícilmente puede preverse sobre la base del sentido común o el razonamiento informal. Esto también es válido en el caso de las extensiones de este resultado, por ejemplo en el caso de la demostración de que se mantiene una imposibilidad exactamente similar a la de Arrow incluso sin ningún requisito impuesto de consistencia interna de la elección social (véase Sen, 1993a Teorema 3). Cuando analicemos algunos aspectos sustantivos de la teoría de la elección social, tendré la oportunidad de considerar varios resultados que tampoco pueden preverse fácilmente sin el razonamiento formal. El discernimiento informal, sin dejar de ser importante, no puede reemplazar las investigaciones formales que son necesarias para examinar la congruencia y la eficacia de las combinaciones de valores y de exigencias aparentemente plausibles. Con esto no pretendo negar que la tarea de la comunicación pública generalizada es crucial para el uso de la teoría de la elección social. Es fundamentalmente importante para la teoría de la elección social que se relacione el análisis formal con el examen informal y transparente. Debo confesar que, en mi caso personal, esta combinación ha sido de hecho una especie de obsesión, y algunas de las ideas formales con las que me he involucrado más (tales como un marco adecuado para la ampliación informativa, el uso de la comparabilidad parcial y de los ordenamientos parciales, y el debilitamiento de las condiciones de consistencia que se exigen de las relaciones binarias y de las funciones de elección) exigen simultáneamente la investigación formal y la explicación informal y el estudio minucioso accesible9. Nuestras preocupaciones profundamente sentidas del mundo real deben integrarse de manera sustantiva con el uso analítico del razonamiento formal y matemático. Proximidad de la posibilidad y la imposibilidad La relación general entre los resultados de posibilidad y de imposibilidad también merece algo de atención, a fin de comprender la naturaleza y la función de los teoremas de imposibilidad. Cuando pueden satisfacerse simultáneamente un grupo de axiomas relativos a la elección social, pueden existir varios procedimientos 9 En efecto, en mi monografía principal sobre la teoría de la elección social – Collective Choice and Social Welfare (Sen, 1970a), los capítulos con análisis formal (los capítulos marcados con asterisco) alternan con los capítulos que se limitan al análisis informal (los capítulos que no están identificados con asterisco). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 18 posibles que funcionen, entre los cuales debemos seleccionar. Para escoger entre las diferentes posibilidades mediante el uso de axiomas discriminatorios, debemos introducir más axiomas, hasta que quede sólo un procedimiento posible. Esto es en cierta forma un ejercicio de audacia. Debemos ir reduciendo las opciones posibles, moviéndonos –implícitamente– hacia una imposibilidad, pero luego detenernos justo antes de que se hayan eliminado todas las posibilidades, es decir, cuando quede una y sólo una opción. Por consiguiente, debe quedar claro que una determinación completamente axiomática de un método específico de elección social debe encontrarse ineludiblemente al lado de una imposibilidad –en efecto a muy corta distancia. Si se encuentra lejos de una imposibilidad (con varias posibilidades positivas), entonces no puede darnos una derivación axiomática de ningún método específico de elección social. Por lo tanto, debe esperarse que las vías constructivas en la teoría de la elección social, derivadas del razonamiento axiomático, tiendan a estar cubiertas por un lado de resultados de imposibilidad (frente al lado de las múltiples posibilidades). De esta proximidad no surge ninguna conclusión en relación con la fragilidad de la teoría de la elección social (o su materia de estudio). De hecho, la literatura posterior al trabajo de Arrow ha mostrado clases de teoremas de imposibilidad y de resultados de posibilidades positivas, que se encuentran bastante cerca las unas de las otras10. El problema real no es, por ende, la ubicuidad de la imposibilidad (siempre se encontrará cerca de la derivación axiomática de cualquier norma específica de elección social), sino más bien el alcance y la racionalidad de los axiomas que se usen. Debemos proseguir con la tarea básica de obtener normas prácticas que satisfagan requisitos razonables. Decisiones de la mayoría y coherencia En el análisis expuesto hasta ahora, no he tratado de concentrar la atención en configuraciones particulares de preferencias individuales, pasando por alto otras. 10 Véase Hansson (1968, 1969a, 1969b, 1976), Sen (1969, 1970a, 1977a, 1993a), Schwartz (1970, 1972, 1986), Pattanaik (1971, 1973), Alan P. Kirman y Dieter Sondermann (1972), Mas-Colell y Sonnenschein (1972), Wilson (1972, 1975), Fishburn (1973, 1974), Plott (1973, 1976), Brown (1974, 1975), John A. Ferejohn y Grether (1974), Binmore (1975, 1994), Salles (1975), Blair et al. (1976), Georges A. Bordes (1976, 1979), Donald E. Campbell (1976), Deb (1976, 1977), Parks (1976a, b), Suzumura (1976a, b, 1983), Blau y Deb (1977), Kelly (1978), Peleg (1978, 1984), Blair y Pollak (1979, 1982), Blau (1979), Bernard Monjardet (1979, 1983), Barberá (1980, 1983), Chichilnisky (1982a, b), Chichilnisky y Heal (1983), Moulin (1983), Kelsey (1984, 1985), Vincenzo Denicolò (1985), Yasumi Matsumoto (1985), Aizerman y Aleskerov (1986), Taradas Bandyopadhyay (1986), Isaac Levi (1986), y Campbell y Kelly (1997), entre muchas otras contribuciones. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 19 Formalmente, esto es una exigencia de la condición de Arrow de “dominio ilimitado”, que insiste en que el procedimiento de la elección social debe funcionar para cualquier grupo concebible de preferencias individuales. No obstante, debe ser obvio que, para cualquier procedimiento de decisión, algunos perfiles de preferencias generarán inconsistencias e incoherencia de las decisiones sociales, mientras que otros perfiles no producirán estos resultados. El mismo Arrow (1951) había iniciado, junto con Black (1948, 1958), la búsqueda de restricciones adecuadas que garantizaran decisiones mayoritarias consistentes. En efecto, pueden identificarse las condiciones necesarias y suficientes para llegar a decisiones mayoritarias consistentes (véase Sen y Pattanaik, 1969)11. Aunque mucho menos restrictivas que las condiciones anteriores que habían sido identificadas, siguen siendo bastante exigentes; de hecho, se demuestra que se violarían fácilmente en muchas situaciones reales. Los resultados formales en relación con las condiciones necesarias o de suficiencia de las decisiones mayoritarias sólo pueden dar tanta esperanza –o generar tanta decepción– respecto de la elección social basada en la votación como lo permitan la magnitud de la cohesión y la confrontación sociales (en los patrones reales de preferencias individuales). Los problemas de elección para la sociedad vienen en muchas formas y tamaños, y puede haber menos alivio en estos resultados para algunos tipos de problemas de elección social que para otros. Cuando predominan los asuntos distributivos y cuando las personas buscan maximizar su propia “cuota” o participación sin preocuparse por los demás (como, por ejemplo, en un problema de “división de torta”, en el que cada quien prefiere cualquier división que aumente su propia porción, sin importar lo que ocurra a los demás), entonces el gobierno de la mayoría tenderá a ser absolutamente inconsistente. Pero cuando se trata de un asunto de afrenta nacional (por ejemplo, en respuesta a la incapacidad de un gobierno democrático de evitar una hambruna), el electorado puede ser razonablemente unívoco y completamente consistente12. 11 Véase también Ken-ichi Inada (1969, 1970), quien ha contribuido de manera significativa con esta literatura. Véase también William S. Vickrey (1960), Benjamin Ward (1965), Sen (1966, 1969), Sen y Pattanaik (1969) y Pattanaik (1971). También se ha considerado que otros tipos de restricciones producen decisiones mayoritarias consistentes; véase Michael B. Nicholson (1965), Plott (1967), Gordon Tullock (1967), Inada (1970), Pattanaik (1971), Otto A. Davis et al. (1972), Fishburn (1973), Kelly (1974a, b, 1978), Pattanaik y Sengupta (1974), Eric S. Maskin (1976a, b, 1995), Jean-Michel Grandmont (1978), Peleg (1978, 1984), Wulf Gaertner (1979), Dutta (1980), Chichilnisky y Heal (1983) y Suzumura (1983), entre otras contribuciones. Las restricciones de dominio para una clase más amplia de normas de votación han sido investigadas por Pattanaik (1970), Maskin (1976a, b, 1995), y Ehud Kalai y E. Muller (1977). La vasta literatura ha sido estudiada definitivamente por Gaertner (1998). 12 Ésta es una razón por la cual nunca ha ocurrido hambruna en un país independiente y democrático (que no esté gobernado por mandatarios alienados, ni por un dictador, ni por Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 20 Igualmente, cuando las personas se agrupan en partidos, con diálogos y programas complejos, que supongan concesiones mutuas y algunas actitudes generales con respecto a los valores como equidad y justicia, las inconsistencias ubicuas pueden ceder terreno a decisiones más congruentes13. Con respecto a la economía del bienestar, el gobierno de la mayoría y los procedimientos de votación son especialmente propensos a la inconsistencia, teniendo en cuenta la posición central que ocupan los asuntos distributivos en los problemas de la economía del bienestar. Sin embargo, una de las interrogantes básicas que debe plantearse es si las normas de votación (a las cuales los procedimientos de elección social están efectivamente restringidos en el marco definido por Arrow) brindan un enfoque razonable para la elección social en el campo de la economía del bienestar. ¿Nos encontramos en el territorio correcto al tratar de tomar decisiones relativas al bienestar social a través de variantes de sistemas de votación? Ampliación informativa y economía del bienestar Los procedimientos basados en la votación son completamente naturales para algunos tipos de problemas de elección social, tales como elecciones, referendos o decisiones de comité14. Sin embargo, son por completo inadecuados para muun estado de un solo partido). Véase Sen (1984), Drèze y Sen (1989), Frances D’Souza (1990), Human Rights Watch (1992), y Red Cross Society (Sociedad de la Cruz Roja) y Red Crescent Society (Sociedad de la Media Luna Roja) (1994). 13 Sobre diferentes aspectos de este asunto político general, véase Arrow (1951), James M. Buchanan (1954a, b), Buchanan y Tullock (1962), Sen (1970a, 1973c, 1974, 1977d, 1984), Suzumura (1983), Hammond (1985), Pattanaik y Salles (1985), Andrew Caplin y Barry Nalebuff (1988, 1991), Young (1988) y Guinier (1991), entre otros escritos, y también el “Symposium” sobre procedimientos de votación en el Journal of Economic Perspectives (Winter 1995), con contribuciones de Jonathan Levin y Nalebuff (1995), Douglas W. Rae (1995), Nicolaus Tideman (1995), Robert J. Weber (1995), Michel Le Breton y John Weymark (1996) y Suzumura (1999), entre otros. 14 Existen, sin embargo, algunos problemas graves que surgen a raíz de una posible falta de correspondencia entre los votos y las preferencias reales, que podrían discrepar como resultado del voto estratégico orientado a manipular los resultados de la votación. Sobre esto, véase el extraordinario teorema de la imposibilidad de Gibbard (1973) y Satterthwaite (1975). Existe una amplia literatura sobre la manipulación y los desafíos de la aplicación; sobre esto, véase también Pattanaik (1973, 1978), Steven J. Brams (1975), Ted Groves y John Ledyard (1977), Barberá y Sonnenschein (1978), Dutta y Pattanaik (1978), Peleg (1978, 1984), Schmeidler y Sonnenschein (1978), Dasgupta et al. (1979), Green y Laffont (1979), Laffont (1979), Dutta (1980, 1997), Pattanaik y Sengupta (1980), Sengupta (1980a, b), Laffont y Maskin (1982), Moulin (1983, 1995), y Leo Hurwicz et al. (1985), entre otras contribuciones. Existe también una imposibilidad no estratégica al establecer una correspondencia exacta uno a uno entre: (1) preferir, (2) no preferir y (3) ser indiferente, por un lado, y (1*) votar por, (2*) votar contra y (3*) abstenerse, por otro lado, independientemente de que acudir a votar sea costoso, o ameno, o ninguno de los dos (véase Sen, 1964). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 21 chos otros problemas de elección social15. Cuando, por ejemplo, queremos obtener algún tipo de índice agregativo del bienestar social, no podemos confiar en tales procedimientos al menos por dos razones diferentes. En primer lugar, la votación requiere la participación activa, y si alguien decide no ejercer su derecho al voto, su preferencia no encontraría representación directa en las decisiones sociales. (En efecto, debido a una baja participación, los intereses de grupos importantes –por ejemplo, los afroamericanos en Estados Unidos– no tienen una adecuada representación en la política nacional.) Por oposición, al tomar decisiones razonables en materia de bienestar social, los intereses de los que menos participan no pueden simplemente ignorarse. En segundo lugar, incluso con la participación activa de todos en los ejercicios de votación, siempre faltará información importante que es necesaria para la evaluación económica del bienestar (sobre esto, véase Sen, 1970a, 1973a). A través de la votación, cada persona puede jerarquizar u ordenar diferentes alternativas. Pero no existe una manera directa de obtener comparaciones interpersonales del bienestar de las diferentes personas a partir de la información del voto. Debemos ir más allá de la clase de normas de votación (estudiadas por Borda y Condorcet, así como por Arrow) para poder abordar los aspectos distributivos. Arrow había descartado el uso de comparaciones interpersonales, puesto que había seguido el consenso general que había surgido en los 40 en el sentido de que (en los términos de Arrow) “la comparación interpersonal de las utilidades no tiene significado” (Arrow, 1951 p. 9). La totalidad de la combinación de axiomas empleada por Arrow tuvo el efecto de limitar los procedimientos de elección social a normas que son, en términos generales, del tipo de las normas de votación16. Su resultado de imposibilidad se refiere, por lo tanto, a esta clase de normas. 15 16 Sobre esto, véase Sen (1970a, 1977a). Debe explicarse que la restricción de los procedimientos de elección social a las normas de votación no es un supuesto que invoque Arrow (1951, 1963); forma parte del teorema de imposibilidad que él estableció. Es una consecuencia analítica del conjunto de axiomas aparentemente razonables postulados para la elección social razonada. La comparación interpersonal de las utilidades queda, por supuesto, excluida explícitamente, pero la comprobación del teorema de Arrow muestra que un grupo de otros supuestos con admisibilidad considerable, tomados en su conjunto, también implican lógicamente otras características de las normas de votación (un resultado analítico sorprendente en sí mismo). Las características derivadas incluyen, especialmente, el exigente requisito de que no se tome en cuenta efectivamente la naturaleza de las condiciones sociales: sólo los votos que se depositen respectivamente a favor –y en contra– de las mismas (una propiedad que a menudo se denomina “neutralidad” –un nombre algo halagador para lo que después de todo no es más que una restricción informativa). A pesar de que evitar las comparaciones interpersonales de las utilidades elimina la posibilidad de tomar en cuenta la desigualdad de las utilidades (y las diferencias en términos de ganancias y pérdidas de las utilidades), el componente deri- Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 22 Para sentar las bases de una teoría de la elección social constructiva, si deseamos rechazar el consenso histórico contra el uso de las comparaciones interpersonales en la elección social, debemos abordar dos preguntas importantes –y difíciles. En primer lugar, ¿podemos incorporar y usar sistemáticamente algo tan complejo como las comparaciones interpersonales que involucren a muchas personas? ¿Será éste un territorio de análisis disciplinado, en lugar de un desorden de ideas que causen confusión (y posiblemente confusas)? En segundo lugar, ¿cómo pueden integrarse los resultados analíticos al uso práctico? ¿En qué tipo de información podemos basar razonablemente las comparaciones interpersonales? ¿La información relevante estará realmente disponible para ser usada? La primera pregunta se refiere principalmente a la construcción del sistema analítico, y la segunda tiene que ver con la epistemología así como también con la razón práctica. Este último aspecto requiere que se vuelva a examinar la base informativa de las comparaciones interpersonales, y actualmente yo sostengo que debe dársele una respuesta inevitablemente restringida o condicionada. Pero la primera pregunta puede responderse de manera más definitiva mediante el análisis constructivo. Sin ahondar en los tecnicismos de la literatura que se ha publicado, desearía informar que las comparaciones interpersonales de diversos tipos pueden axiomatizarse completamente e incorporarse de manera exacta en los procedimientos de la elección social (a través del uso de las “condiciones de invariancia” en un marco generalizado, construido formalmente como “funcionales de bienestar social”, sobre los cuales véase Sen, 1970a, 1977c)17. En efecto, las comparaciones interpersonales ni siquiera tienen que estar limitadas a dicotomías de “todos o ninguno”. Podemos estar en capacidad de hacer comparaciones interpersonales hasta cierto punto, pero no en cada comparación, no de todo tipo, no con extraordinaria exactitud (véase Sen, 1970a, c). Podemos, por ejemplo, no tener gran dificultad en aceptar que la ganancia de utilidad que el Emperador Nerón obtuvo al quemar Roma fue menor que la suma total de la pérdida de utilidades de todos los demás romanos que sufrieron con el incendio. Pero no por esto debemos estar seguros de que podemos colocar las utilidades de cada persona en una correspondencia uno a uno exacta entre sí. Por vado de la “neutralidad” evita que se preste atención indirectamente a los asuntos distributivos mediante la consideración explícita de la naturaleza de las respectivas condiciones sociales (por ejemplo, de las desigualdades en términos de ingresos en las diferentes condiciones sociales). El papel que desempeñan las limitaciones informativas inducidas en la generación de resultados de imposibilidad se analiza en Sen (1977c, 1979b). 17 Véase también Patrick Suppes (1966), Hammond (1976, 1977, 1985), Stephen Strasnick (1976), Arrow (1977), d’Aspremont y Gevers (1977), Maskin (1978, 1979), Gevers (1979), Kevin W. S. Roberts (1980a, b), Suzumura (1983, 1997), Charles Blackorby et al. (1984), d’Aspremont (1985), y d’Aspremont y Philippe Mongin (1998), entre otros escritos. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 23 consiguiente, puede haber posibilidad de exigir “comparabilidad parcial” –y negar ambos extremos: comparabilidad total y ninguna comparabilidad en lo absoluto. Puede darse a los diferentes alcances de la comparabilidad parcial formas matemáticamente exactas (articulando con precisión el alcance exacto de la inexactitud)18. También puede demostrarse que es posible que no exista una necesidad general de comparaciones interpersonales terriblemente refinadas para llegar a decisiones sociales definitivas. Muy a menudo, serán adecuados niveles bastante limitados de comparabilidad parcial para tomar decisiones sociales19. Por ende, el ejercicio empírico no tiene que ser tan ambicioso como a veces se teme. Antes de pasar a abordar el tema de la base informativa de las comparaciones interpersonales, permítanme hacer una importante pregunta analítica: ¿Cuánto cambio ocasiona en la posibilidad de la elección social el uso sistemático de las comparaciones interpersonales? ¿El resultado de imposibilidad de Arrow, y los resultados conexos, desaparecen con el uso de las comparaciones interpersonales en los dictámenes relativos al bienestar social? La respuesta en una palabra es, sí. La disponibilidad de información adicional garantiza suficiente discriminación para escapar de este tipo de imposibilidades. Existe un interesante contraste aquí. Puede demostrarse que admitir la cardinalidad de las utilidades sin comparaciones interpersonales no cambia en lo absoluto el teorema de la imposibilidad de Arrow, lo cual puede extenderse fácilmente a la mensurabilidad cardinal de las utilidades (véase Teorema 8*2 en Sen, 1970a). Por oposición, incluso las comparaciones interpersonales ordinales son adecuadas para romper la imposibilidad exacta. Sabíamos, por supuesto, que con algunos tipos de comparaciones interpersonales exigidas en una forma completa (inclusive la comparabilidad interpersonal cardinal), podemos utilizar el enfoque utilitarista clásico20. Pero resulta que incluso las formas más débiles de comparabilidad todavía permitirían tomar decisiones consistentes en materia de bienestar social, satisfaciendo todos los requisitos de Arrow, además de ser sensibles a las inquietudes distributivas (aun cuando las normas posibles estarán limitadas a una clase relativamente pequeña)21. 18 Véase Sen (1970a, c), Blackorby (1975), Ben J. Fine (1975a), Kaushik Basu (1980), T. Bezembinder y P. van Acker (1980) y Levi (1986). El estudio de la inexactitud también puede ampliarse a caracterizaciones “difusas”. 19 Véase también Anthony B. Atkinson (1970), Sen (1970a, c, 1973a), Dasgupta et al. (1973), y Michael Rothschild y Joseph E. Stiglitz (1973). 20 Sobre esto, véase especialmente la disertación clásica de John C. Harsanyi‘s (1955), que se opuso a la literatura pesimista que siguió al teorema de la imposibilidad de Arrow (1951). Véase también James A. Mirrlees (1982). 21 Véase Sen (1970a, 1977c), Rawls (1971), Edmund S. Phelps (1973), Hammond (1976), Strasnick (1976), Arrow (1977), d’Aspremont y Gevers (1977), Gevers (1979), Roberts (1980a,b), Suzumura (1983, 1997), Blackorby et al. (1984), y d’Aspremont (1985), entre otros escritos. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 24 El asunto distributivo está, de hecho, íntimamente ligado a la necesidad de ir más allá de las normas de votación como la base para las decisiones en materia de bienestar social. Como analizamos antes, el utilitarismo también es en un sentido importante indiferente a la distribución: su programa consiste en maximizar la suma total de las utilidades, sin importar cuán desigualmente pueda ser distribuido ese total (las amplias implicaciones de esta indiferencia frente a los asuntos distributivos se examina en Sen, 1973a). Pero el uso de comparaciones interpersonales también puede asumir otras formas y permitir que las decisiones públicas sean sensibles a las desigualdades en cuanto al bienestar y a las oportunidades. El enfoque amplio de los funcionales del bienestar social abre la posibilidad de usar numerosos tipos diferentes de normas de bienestar social, que difieren en cuanto al tratamiento de la equidad y la eficiencia, así como también en cuanto a sus requisitos informativos22. Además, con la eliminación de la barrera artificial que había prohibido las comparaciones interpersonales, también se han investigado muchos otros campos de medición normativa, con el enfoque axiomático del análisis del bienestar social. En mis esfuerzos personales, en campos tales como la evaluación y la medición de la desigualdad (Sen, 1973a, 1992a, 1997b), la pobreza (Sen, 1976b, 1983b, 1985a, 1992a), la renta nacional ajustada en función de la distribución (Sen, 1973b, 1976a, 1979a) y la evaluación ambiental (Sen, 1995a), he recurrido sin reservas al marco informativo ampliado de la reciente teoría de la elección social23. Base informativa de las comparaciones interpersonales Aunque en general los problemas analíticos de incorporar las comparaciones interpersonales han sido bien resueltos, todavía queda el asunto práctico importante de encontrar un enfoque adecuado para la disciplina empírica de hacer comparaciones interpersonales y luego usarlas en la práctica. La interrogante principal que debe abordarse es ésta: ¿comparación interpersonal de qué ? 22 Sobre éste y temas conexos, véase Sen (1970a, 1977c), Hammond (1976), d’Aspremont y Gevers (1977), Robert Deschamps y Gevers (1978), Maskin (1978, 1979), Gevers (1979), Roberts (1980a), Siddiqur R. Osmani (1982), Blackorby et al. (1984), d’Aspremont (1985), T. Coulhon y Mongin (1989), Nick Baigent (1994), y d’Aspremont y Mongin (1998), entre muchos otros escritos. Véase también Harsanyi (1955) y Suppes (1966) sobre los primeros análisis de los usos de las comparaciones interpersonales. Elster y John Roemer (1991) han proporcionado excelentes reseñas críticas de la vasta literatura que existe sobre este tema. 23 Mi trabajo sobre la desigualdad (comenzando con Sen, 1973a) ha recibido especialmente la influencia de los escritos precursores de Atkinson (1970, 1983, 1989). La literatura sobre este tema ha crecido muy rápidamente en los años recientes; para un examen profundo y crítico, así como referencias de la literatura contemporánea, véase James Foster y Sen (1997). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 25 Las estructuras formales de las funciones del bienestar social no son, en ningún sentido, específicas de las comparaciones de utilidad únicamente, y puede incorporar también otros tipos de comparaciones interpersonales. El asunto principal es la elección de algún tipo de estimación de la ventaja individual, que no necesarimente debe tomar la forma de comparaciones de estados mentales de felicidad, y podría más bien concentrarse en alguna otra manera de ver el bienestar, la libertad o las oportunidades sustantivas del individuo (vista desde la perspectiva de una disciplina de evaluación correspondiente). El rechazo de las comparaciones interpersonales de las utilidades en la economía del bienestar y en la teoría de la elección social que siguió a la crítica positivista (como la de Robbins, 1938) se basaba firmemente en su interpretación como comparaciones de estados mentales. Da la casualidad que, incluso con estas comparaciones de estados mentales, el caso del rechazo sin salvedades ni limitaciones es difícil de defender24. En efecto, como lo ha sostenido enérgicamente el filósofo Donald Davidson (1986), es difícil imaginarse cómo las personas pueden comprender la mente y los sentimientos de los demás, sin hacer alguna comparación con su propia mente y sus sentimientos. Es posible que estas comparaciones no sean extremadamente precisas, pero de nuevo las investigaciones analíticas confirman que pueden no necesitarse comparaciones interpersonales muy precisas para utilizar de manera sistemática las comparaciones interpersonales en la elección social (sobre éste y temas conexos, véase Sen, 1970a, c, 1997b; Blackorby, 1975). Por lo tanto, el panorama no es tan pesimista incluso en el antiguo territorio natal de las comparaciones de estados mentales. Pero, más importante aún, las comparaciones interpersonales del bienestar personal, o de la ventaja individual, no tienen que basarse únicamente en comparaciones de estados mentales. De hecho, puede haber buenas razones éticas para no concentrarse demasiado en las comparaciones de estados mentales –ya sea de placeres o de deseos. Las utilida- 24 Si las comparaciones interpersonales se toman como si fueran completamente un asunto de opiniones o de juicios de valor, entonces también puede plantearse la interrogante de cómo pueden combinarse las opiniones divergentes o las valoraciones de diferentes personas (esto parece ser un ejercicio de elección social en sí mismo). Roberts (1995) ha investigado ampliamente esta formulación específica, tomando la comparación interpersonal como un ejercicio de agregación de opiniones. No obstante, si se toman las comparaciones interpersonales como si tuvieran una base fáctica más sólida (por ejemplo, algunas personas que sean objetivamente más miserables que otras), entonces el uso de las comparaciones interpersonales requeriría un grupo diferente de exigencias axiomáticas –más apropiadas para la epistemología que para la ética. Sobre las perspectivas contrastantes relativas a las comparaciones interpersonales del bienestar, véase Ian Little (1957), Sen (1970a, 1985b), Tibor Scitovsky (1976), Donald Davidson (1986) y Gibbard (1986); véanse también estudios empíricos sobre miseria observada (por ejemplo, Drèze y Sen, 1989, 1990, 1995, 1997; Erik Schokkaert y Luc Van Ootegem, 1990; Robert M. Solow, 1995). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 26 des pueden a veces ser muy maleables en respuesta a la privación persistente. Un indigente desesperanzado con tanta pobreza, un trabajador esclavizado que vive sometido a acuerdos económicos explotadores, un ama de casa subyugada en una sociedad con una arraigada desigualdad entre los géneros, o un ciudadano tiranizado en un autoritarismo brutal puede llegar a aceptar o adaptarse a su privación. Puede obtener cualquier disfrute que pueda de los pequeños logros y ajustar sus deseos para convencerse de que está en capacidad de lograrlos (y, por ende, ayudar al cumplimiento de sus deseos ajustados). Pero su éxito en este ajuste no hará que su privación desaparezca. La métrica del placer o del deseo puede a veces ser bastante inadecuada a la hora de reflejar la magnitud de la privación sustantiva de una persona25. En efecto, puede haber argumentos para considerar los ingresos, los grupos de productos básicos, o los recursos en términos más generales, de interés directo al establecer la ventaja de una persona, y esto puede ser así por varias razones –no simplemente por los estados mentales que pueden ayudar a generar26. En efecto, el Principio de Diferencia (Difference Principle) en la teoría de Rawls (1971) de “justicia como equidad” (“justice as fairness”) se basa en establecer la ventaja individual en términos del dominio o control de una persona sobre lo que Rawls denomina “bienes primarios”, que son recursos de uso general cuya posesión es útil para cualquiera, independientemente de sus objetivos exactos. Este procedimiento puede mejorarse tomando nota no sólo de la propiedad de los recursos y bienes primarios, sino también de las diferencias interpersonales a la hora de convertirlos en la capacidad para vivir bien. En efecto, yo he tratado de argumentar a favor de establecer la ventaja individual en términos de las respectivas capacidades que la persona posee para vivir la vida que tiene razones para valorar27. Este enfoque se concentra en las libertades sustantivas que tienen las 25 Este tema y sus trascendentales implicaciones éticas y económicas se examinan en Sen (1980, 1985a, b). Véase también Basu et al. (1995). 26 La relevancia de las comparaciones del ingreso real en términos del bienestar pueden disociarse de sus estados mentales correlativos; véase Sen (1979a). Véase también la literatura relacionada sobre “equidad” (fairness), vista en términos de no envidia; por ejemplo, Duncan Foley (1967), Serge-Christophe Kolm (1969), Elisha A. Pazner y David Schmeidler (1974), Hal R. Varian (1974, 1975), Lars-Gunnar Svensson (1977, 1980), Ronald Dworkin (1981), Suzumura (1983), Young (1985), Campbell (1992), y Moulin y William Thomson (1997). Franklin M. Fisher (1956) ha analizado los juicios sociales directos sobre las distribuciones interpersonales en relación con productos básicos. 27 Véase Sen (1980, 1985a, b, 1992a), Drèze y Sen (1989, 1995), y Martha Nussbaum y Sen (1993). Véase también Roemer (1982, 1996), Basu (1987), Nussbaum (1988), Richard J. Arneson (1989), Atkinson (1989, 1995), G. A. Cohen (1989, 1990), F. Bourguignon y G. Fields (1990), Keith Griffin y John Knight (1990), David Crocker (1992), Sudhir Anand y Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 27 personas, en lugar de considerar solamente los resultados específicos que obtienen. Para los adultos responsables, la concentración en las libertades, en lugar de sólo en los logros, tiene algún mértito, y puede ofrecer un marco general para analizar la ventaja y la privación individual en una sociedad contemporánea. El alcance de las comparaciones interpersonales solamente puede ser parcial –a menudo basado en la intersección de diferentes puntos de vista28. Pero el uso de esta comparabilidad parcial puede hacer una gran diferencia en cuanto a la base informativa de los dictámenes sociales razonados. No obstante, dada la naturaleza del tema y las dificultades prácticas de la disponibilidad y la evaluación de la información, sería muy ambicioso adoptar una posición severamente excluyente al quedarnos sólo con un enfoque informativo y rechazar todos los demás. En la literatura reciente sobre economía del bienestar aplicada, han surgido diversas maneras de hacer comparaciones interpersonales razonables del bienestar. Algunas se han basado en el estudio de los patrones de gasto, usándolos para conjeturar respecto del bienestar comparativo de diferentes personas (véase Pollak y Terence J. Wales, 1979; Dale W. Jorgenson et al., 1980; Jorgenson, 1990; Daniel T. Slesnik, 1998), mientras que otras han combinado esto con otros insumos informativos (véase Angus S. Deaton y John Muellbauer, 1980; Atkinson y Francois Bourguignon, 1982, 1987; Fisher, 1987, 1990; Pollak, 1991; Deaton, 1995)29. Otras han tratado de usar cuestionarios y han buscado regularidades en las respuestas de las personas a la preguntas sobre el bienestar (véase, por ejemplo, Arie Kapteyn y Bernard M. S. Van Praag, 1976). También se han presentado trabajos esclarecedores en los que se han observado importantes características de las condiciones de vida y se han obtenido conclusiones sobre la calidad de vida y los niveles de vida comparativos sobre esa base; en efecto, existe una tradición bien establecida de estudios escandinavos en esta área (véase, por ejemplo, Allardt et al. [1981], y Robert Erikson y Rune Aberg [1987]). La literatura sobre “necesidades básicas” y su satisfacción también ha Martin Ravallion (1993), Arrow (1995), Meghnad Desai (1995) y Pattanaik (1997), entre otros escritos. También se han realizado varios simposios importantes sobre la perspectiva de la capacidad, tales como Giornale degli Economisti e Annali di Economia (1994) y Notizie di Politeia (1996, volumen especial), incluidos escritos de Alessandro Balestrino (1994, 1996), Giovanni Andrea Cornia (1994), Elena Granaglia (1994, 1996), Enrica Chiappero Martinetti (1994, 1996), Sebastiano Bavetta (1996), Ian Carter (1996), Leonardo Casini y Iacopo Bernetti (1996) y Shahrashoub Razavi (1996); véase también Sen (1994, 1996b) donde presento mis respuestas a estos escritos. 28 Sobre esto, véase Sen (1970a, c, 1985b, 1992a, 1999a, b). 29 Véase también Slesnick (1998). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 28 brindado un enfoque empírico para comprender las privaciones comparativas30. Asimismo, bajo el liderazgo intelectual de Mahbub ul Haq (1995), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha usado de manera sistemática un tipo específico de ampliación informativa para hacer comparaciones basadas en características observadas de las condiciones de vida (presentado en PNUD [UNDP por sus siglas en inglés], Human Development Reports)31. Es sumamente fácil encontrar vacíos en cada una de estas metodologías y criticar la métrica relacionada de las comparaciones interpersonales. Pero, no puede haber dudas en cuanto al interés de la economía del bienestar en los usos de largo alcance de la información empírica que han surgido a partir de estos trabajos. Han ampliado considerablemente nuestra comprensión sobre las ventajas individuales y sus conceptos correlativos. Cada una de estas metodologías tiene claramente algunas limitaciones así como virtudes, y nuestra evaluación de sus méritos relativos bien puede divergir, dependiendo de nuestras prioridades respectivas. Yo he tenido la oportunidad de argumentar en otras ocasiones (y brevemente también antes en esta disertación) a favor de las comparabilidades parciales basadas en la evaluación de las capacidades32, pero más allá de este asunto específico (sobre el cual otros pueden tener un punto de vista distinto), desearía hacer hincapié aquí en el punto más general de que las posibilidades de la elección social y la economía del bienestar prácticas se han ampliado inmensamente por medio de estos trabajos empíricos innovadores. En efecto, a pesar de sus diferencias, en general siguen el patrón global de la ampliación informativa que ha señalado enérgicamente el trabajo analítico reciente sobre la teoría de la elección social. Los sistemas analíticos que explora la literatura reciente sobre economía del bienestar y elección social son más amplios que los del modelo de Arrow (y correspondientemente menos rígidos y menos 30 En Paul Streeten et al. (1981) puede encontrarse una buena introducción al enfoque de las necesidades básicas. Véase también Irma Adelman (1975), Dharam Ghai et al. (1977), James P. Grant (1978), Morris D. Morris (1979), Chichilnisky (1980), Nanak Kakwani (1981, 1984), Paul Streeten (1984), Frances Stewart (1985), Robert Goodin (1988), y Alan Hamlin y Phillip Pettit (1989), entre otros escritos. Pigou (1920) se concentró en la satisfacción de las “necesidades mínimas”. 31 Véase, por ejemplo, en Human Development Reports (1990) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations Development Programme) y los informes subsiguientes anuales del mismo título. Véase también Sen (1973b, 1985a), Adelman (1975), Grant (1978), Morris (1979), Streeten et al. (1981), Desai (1995), y Anand y Sen (1997) sobre temas conexos. 32 Véase especialmente Sen (1992a). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 29 “imposibles”, sobre lo cual véase Sen, 1970a, 1977c)33. También son lo suficientemente generales desde el punto de vista analítico para permitir diferentes interpretaciones empíricas y bases informativas alternas para la elección social. Todas las diferentes metodologías empíricas que se consideran en la presente disertación pueden verse desde esta perspectiva analítica más amplia. En este sentido, los movimientos en el ámbito de la “alta teoría” han estado vinculados estrechamente con los avances en la “economía práctica”. Es la exploración sostenida de las posibilidades constructivas –en los niveles tanto analítico como práctico– lo que ha ayudado a disipar algo de la penumbra que se asociaba antes con la elección social y la economía del bienestar. Pobreza y hambruna La variedad de información de la cual puede servirse el análisis del bienestar social puede ilustrarse bien mediante el estudio de la pobreza. Por lo general, la pobreza se reconoce en términos de bajos ingresos, y de manera tradicional se ha medido simplemente contando el número de personas que se encuentran por debajo del nivel de ingresos de pobreza, que a veces se denomina la medición por “conteo de cabezas” (head-count measure). El estudio profundo de este enfoque presenta dos tipos de interrogantes. En primer lugar, ¿acaso está bien vista la pobreza como equivalente a un bajo ingreso? En segundo lugar, incluso si se equipara la pobreza con bajos ingresos, ¿la mejor manera de caracterizar la pobreza agregada de una sociedad es el índice de la medición del “conteo de cabezas”? Voy a abordar estas preguntas una a la vez. ¿Obtenemos un diagnóstico suficiente de la pobreza individual al comparar el ingreso de un individuo con un nivel de ingresos de pobreza establecido socialmente? ¿Qué puede decirse de la persona que tiene un ingreso bien por encima del nivel de ingreso de pobreza, pero que sufre una enfermedad costosa (que requiere, por ejemplo, diálisis renal)? ¿Acaso la privación no es en última instancia una falta de oportunidad de llevar una vida mínimamente aceptable, que puede verse influida por una serie de consideraciones, inclusive por supuesto el ingreso personal, pero también las características físicas y ambientales, y otras variables (tales como la disponibilidad y los costos de servicios médicos, entre otros)? La motivación de un ejercicio de este tipo guarda una estrecha relación con el reconocimiento de la pobreza como una privación grave de ciertas capacidades básicas. Este enfoque alterno conduce a 33 La literatura sobre la “aplicación” también ha evolucionado en la dirección de la aplicación práctica; para revisar análisis de algunos de los asuntos en cuestión, véase Laffont (1979), Maskin (1985), Moulin (1995), Suzumura (1995), Dutta (1997), y Maskin y Tomas Sjöström (1999). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 30 un diagnóstico bastante diferente de la pobreza en comparación con los que pueden obtenerse a partir de un análisis basado puramente en el nivel de ingresos34. Esto no significa que neguemos que un bajo nivel de ingresos pueda ser muy importante en muchos contextos, puesto que las oportunidades que una persona disfruta en una economía de mercado pueden verse severamente limitadas por su nivel de ingreso real. No obstante, varias contingencias pueden conducir a variaciones en la “conversión” del ingreso en la capacidad para llevar una vida mínimamente aceptable, y si eso es lo que nos interesa, puede haber buenas razones para ver más allá de la pobreza en términos del ingreso. Existen por lo menos cuatro fuentes diferentes de variación: (1) heterogeneidades personales (por ejemplo, tendencia a enfermarse), (2) diversidades ambientales (por ejemplo, vivir en un área con tendencia a las tormentas o a las inundaciones), (3) variaciones en el clima social (por ejemplo, el predominio del crimen o de vectores epidemiológicos), y (4) diferencias en cuanto a la privación relativa vinculada con patrones de consumo habituales en sociedades específicas (por ejemplo, ser relativamente pobre en una sociedad opulenta, que puede ocasionar la privación de la capacidad absoluta para participar en la vida de la comunidad)35. Por consiguiente, en el análisis de la pobreza existe una importante necesidad de ir más allá de la información del ingreso, en particular reconocer la pobreza como una privación de capacidades. No obstante (como analizamos anteriormente), la elección de la base informativa para el análisis de la pobreza no puede realmente disociarse de consideraciones pragmáticas, especialmente la disponibilidad infor- 34 Véase Sen (1980, 1983b, 1985a, 1992a, 1993b, 1999a), Kakwani (1984), Nussbaum (1988), Drèze y Sen (1989, 1995), Griffin y Knight (1990), Iftekhar Hossain (1990), Schokkaert y Van Ootegem (1990), Nussbaum y Sen (1993), Anand y Sen (1997), y Foster y Sen (1997), entre otros escritos. 35 Sobre esto, véase Sen (1992a), y Foster y Sen (1997). La última inquietud que se menciona –que una privación relativa en términos de ingresos puede ocasionar una privación absoluta de una capacidad básica– fue analizada por primera vez por Adam Smith (1776). La aseveración de Adam Smith en el sentido de que los “bienes necesarios” (y, por consiguiente, el ingreso mínimo necesario para evitar la privación básica) deben definirse de manera diferente para sociedades diferentes también propone un enfoque general de utilizar un “nivel de ingreso de pobreza” paramétricamente variable. Estas variaciones pueden usarse para reflejar las condiciones desiguales de las diferentes personas (inclusive, por ejemplo, la tendencia a enfermarse). Sobre estos temas, véase Deaton y Muellbauer (1980, 1986), Jorgenson (1990), Pollak (1991), Deaton (1995) y Slesnick (1998), entre otros escritos. En ciertas condiciones, la definición de la pobreza como disponer de un ingreso por debajo del “nivel de ingreso de pobreza” determinado paramétricamente concordaría con la caracterización de la pobreza como la privación de capacidades (si las variaciones paramétricas están firmemente ligadas al ingreso necesario para evitar niveles específicos de privación de capacidad). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 31 mativa. Es improbable que pueda prescindirse de la perspectiva de la pobreza como privación de ingresos en la literatura empírica sobre la pobreza, incluso cuando las limitaciones de esa perspectiva sean totalmente evidentes. En efecto, en numerosos contextos, la manera rudimentaria de utilizar la información del ingreso puede ofrecer el enfoque más inmediato para el estudio de la privación grave36. Por ejemplo, las circunstancias causantes de las hambrunas con frecuencia se analizan mejor en términos de una reducción radical del ingreso real de un sector de la problación, que conduce a la inanición y a la muerte (sobre esto, véase Sen, (1976d, 1981)37. La dinámica de la obtención de ingresos y del poder adquisitivo puede en efecto ser el componente más importante de una investigación sobre hambruna. Este enfoque, en el cual desempeña un papel central el estudio de las influencias causales en la determinación de los ingresos respectivos de los diferentes grupos, contrasta con un enfoque exclusivo en la producción agrícola y el suministro o la oferta de alimentos, que se encuentra a menudo en la literatura sobre este tema. El cambio del enfoque informativo del suministro de alimentos a los derechos que establecen las personas a una cantidad adecuada de alimento (y que guardan relación tanto con los ingresos como con el suministro, y los precios relativos resultantes) puede hacer una diferencia radical, puesto que las hambrunas pueden ocurrir incluso sin ninguna disminución importante –posiblemente sin ninguna disminución en lo absoluto– de la producción o el suministro de alimentos38. Si, por ejemplo, los ingresos de los trabajadores asalariados rurales, de los proveedores de servicios o de los artesanos colapsan debido al desempleo, una caída de los salarios reales o la reducción de la demanda de servicios relevantes o productos de artesanía, los grupos afectados pueden tener que morir de hambre, incluso si el suministro global de alimentos en la economía no ha disminuido. La inanición ocurre cuando un grupo de personas no puede establecer su derecho a una cantidad adecuada de alimento, mediante la compra o la producción de alimentos, y el suministro general de alimentos es sólo una influencia entre mu- 36 Estos aspectos son examinados a fondo y con gran agudeza por Philippe Van Parijs (1995). 37 Sobre asuntos conexos, véase también Mohiuddin Alamgir (1980), Ravallion (1987), Drèze y Sen (1989, 1990), Jeffrey L. Coles y Hammond (1995), Desai (1995), Osmani (1995) y Peter Svedberg (1999). 38 Como resaltan estudios empíricos de hambrunas, algunas hambrunas han ocurrido con una leve o ninguna disminución de la producción de alimentos (tales como la hambruna de Bengala de 1943, la de Etiopía de 1973 y la de Bangladesh de 1974), mientras que en otros casos la influencia de la disminución de la producción de alimentos ha sido sustancial (sobre esto, véase Sen, 1981). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 32 chas en la determinación de este derecho de los grupos de personas respectivos en la economía. Por ende, un enfoque basado en los derechos que establecen las personas al alimento y que sea sensible respecto de los ingresos puede ofrecer una mejor explicación de las hambrunas que la que puede obtenerse a través de una visión orientada exclusivamente hacia la producción. También puede brindar un enfoque más eficaz para remediar la inanición y el hambre (sobre esto, véase especialmente Drèze y Sen, 1989). La naturaleza del problema tiende a identificar el “espacio” particular en el que tiene que concentrarse el análisis. Sigue siendo cierto que al explicar los patrones exactos de los padecimientos y las muertes por hambruna, podemos lograr una mejor comprensión al complementar el análisis basado en el ingreso con la información sobre la conversión de los ingresos en alimentación, que dependerá de otras influencias diversas tales como el metabolismo, la tendencia a enfermarse, el tamaño corporal, etc.39 Estos aspectos son indudablemente importantes para investigar la incidencia de las deficiencias nutricionales, la morbilidad y la mortalidad. Sin embargo, en un análisis general de la ocurrencia y las circunstancias causantes de las hambrunas, que afectan grupos de gran tamaño, estos asuntos adicionales pueden ser de importancia secundaria. A pesar de que no ahondaré en la literatura existente sobre las hambrunas, desearía resaltar que las exigencias informativas del análisis de las hambrunas otorgan un lugar importante a la privación de ingresos que tiene más inmediatez y utilidad directa que las distinciones más sutiles –y en última instancia más fundamentadas– que se basan en las comparaciones de capacidad (sobre esto, véase Sen [1981], y Drèze y Sen [1989]). Ahora paso a abordar la segunda interrogante. La medida más común y tradicional de la pobreza había tendido a concentrarse en el conteo de individuos o de “cabezas”. Pero también debe establecerse una diferencia en relación con cuánto por debajo del nivel de ingresos de pobreza se encuentran los pobres individualmente y, más aún, cómo se comparte y distribuye la privación entre los pobres. La información social sobre las privaciones respectivas de los individuos que integran la clase pobre en una sociedad debe agregarse, a fin de llegar a medidas informativas y utilizables de pobreza agregada. Éste es un problema de elección 39 Otro asunto importante es la distribución de los alimentos en el seno de la familia, que puede depender de varios factores distintos al ingreso familiar. Asuntos relacionados con la desigualdad entre géneros y el tratamiento de los niños y los ancianos pueden ser importantes en este contexto. El análisis de los derechos que pueden establecer las personas al alimento puede ampliarse en estas direcciones al ir más allá del ingreso familiar y adentrarse en las convenciones y normas de la división intrafamiliar. Sobre estos aspectos, véase Sen (1983b, 1984, 1990), Vaughan (1987), Drèze y Sen (1989), Barbara Harriss (1990), Bina Agarwal (1994), Nancy Folbre (1995), Kanbur (1995), y Nussbaum y Jonathan Glover (1995), entre otros escritos. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 33 social, y en efecto pueden proponerse axiomas que intenten captar nuestras inquietudes distributivas en este ejercicio constructivo (sobre esto, véase Sen, 1976b)40. En la literatura reciente sobre elección social, se han derivado axiomáticamente varias medidas de pobreza con sensibilidad distributiva, y se han analizado diversas propuestas alternas. En esta disertación, no expondré una evaluación comparativa de estas medidas (así como tampoco plantearé los requisitos axiomáticos que pueden usarse para distinguirlas); he tratado de abordar este asunto en otro escrito, conjuntamente con James Foster (Foster y Sen, 1997)41. No obstante, desearía señalar el hecho de que enfrentamos en este caso un exceso de riquezas (lo opuesto de un punto muerto, un “impasse” o una imposibilidad), una vez que se ha ampliado de manera apropiada la base informativa de los dictámenes sociales. Para axiomatizar con exactitud una medida de pobreza específica, tendremos que dar rienda suelta a la “audacia” de la que hablé antes (Sección V), incorporando otras exigencias axiomáticas hasta que estemos cerca de una imposibilidad, con solamente una medida de pobreza sobreviviente. Privación comparativa y desigualdad entre géneros En un nivel, la pobreza no puede disociarse de la miseria que ella ocasiona y, en este sentido, la perspectiva clásica de la utilidad también puede invocarse en este análisis. Sin embargo, la maleabilidad de las actitudes mentales, sobre la cual comenté anteriormente, puede tender a esconder y amortiguar en muchos casos el alcance de la privación. El campesino indigente que logra construir algo de alegría en su vida no debe considerarse como “no pobre” sobre la base de su logro mental. 40 La denominada “medida de la pobreza de Sen” puede, de hecho, mejorarse mediante una variación importante aunque simple propuesta reveladoramente por Anthony F. Shorrocks (1995). Debo confesar que prefiero la “medición de Sen-Shorrocks” (1995) que el “índice de Sen”. 41 James Foster es un colaborador importante en relación con la literatura sobre la pobreza; véase, por ejemplo, Foster (1984), Foster et al. (1984), y Foster y Shorrocks (1988). Sobre el análisis de algunos asuntos importantes en cuanto a la elección de una medida agregativa de la pobreza, véase también Anand (1977, 1983), Blackorby y Donaldson (1978, 1980), Kanbur (1984), Atkinson (1987, 1989), Christian Seidl (1988), Satya R. Chakravarty (1990), Camilo Dagum y Michele Zenga (1990), Ravallion (1994), Frank A. Cowell (1995) y Shorrocks (1995), entre muchos otros colaboradores (en Foster y Sen, 1997, se presenta una extensa bibliografía de esta amplia literatura). Uno de los asuntos importantes que deben abordarse es la necesidad –y las limitaciones– de la “descomponibilidad” (y el requisito más débil de la “consistencia de subgrupo”; sobre esto, véase también Shorrocks, 1984). Foster (1984) argumenta a favor de la descomponibilidad (como lo hiciera Anand, 1977, 1983), mientras que Sen (1973a, 1977c) presenta argumentos en contra. En Foster y Sen (1977), se presenta un intento serio de evaluar tanto las ventajas como las desventajas de la descomponibilidad y la consistencia de subgrupo. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 34 Esta adaptabilidad puede ser especialmente importante al tratar con la desigualdad entre géneros y la privación de las mujeres en sociedades tradicionalmente desiguales. Esto se debe en parte a que las percepciones tienen un papel decisivo que desempeñar en la cohesión de la vida familiar, y la cultura de la vida familiar tiende a dar mucha importancia a hacer aliados de los maltratados. Las mujeres pueden –con bastante frecuencia– trabajar más arduamente que los hombres (gracias a los rigores de las labores domésticas), y también recibir menos atención en lo que respecta el cuidado de la salud y la nutrición; y, sin embargo, es posible que la percepción de que existe una desigualdad incorregible en su caso esté ausente en una sociedad en la que las normas asimétricas son discretamente dominantes42. En estas circunstancias, este tipo de desigualdad y privación puede no aflorar de manera adecuada en la escala de la métrica mental de la insatisfacción y el descontento. El sentido socialmente cultivado de satisfacción y serenidad puede incluso afectar la percepción de la morbilidad y la enfermedad. Cuando, hace muchos años, estaba trabajando en un estudio relacionado con la hambruna en Bengala en 1944, después de que este mal había azotado este país, me sorprendió bastante el hecho curioso que las viudas escuestadas rara vez indicaron alguna incidencia de encontrarse en un estado de “salud regular”, mientras que los viudos se quejaban enormemente de justamente eso (Sen, 1985a Apéndice B). De modo similar, en comparaciones interestatales en la India se revela que los estados peor provistos en educación e instalaciones de atención de salud normalmente notifican los niveles más bajos de morbilidad percibida, mientras que los estados con buena atención de salud y educación escolar indican una autopercepción más elevada de las enfermedades (y los informes de mayor morbilidad provienen de los estados mejor dotados, tales como Kerala)43. Las reacciones mentales, el pilar de la utilidad clásica, pueden ser una base muy defectuosa para el análisis de la privación. Por consiguiente, en el proceso de comprender la pobreza y la desigualdad, existen argumentos sólidos para considerar la privación real y no simplemente las reacciones mentales frente a esta privación. Recientemente, se han realizado numerosas investigaciones sobre la desigualdad entre los géneros y la privación de las mujeres en términos de desnutrición, morbilidad diagnosticada clínicamente, analfabetismo observado, e incluso mortalidad inesperadamente elevada (en com- 42 43 Sobre esto, véase Sen (1984, 1990, 1993c) y la literatura citada aquí. El asunto metodológico implícito en este problema tiene que ver con la “objetividad posicional” –lo que es objetivo observacionalmente desde una posición dada, pero puede no ser sostenible en comparaciones interposicionales. Este contraste y su relevancia trascendental se analiza en Sen (1993c). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 35 paración con las expectativas fisiológicamente justificadas)44. Estas comparaciones interpersonales pueden ser fácilmente una base significativa de los estudios de pobreza y desigualdad entre los sexos. Pueden adaptarse en un marco amplio de economía del bienestar y elección social (mejoradas como resultado de la eliminación de las restricciones informativas que descartarían el uso de este tipo de información). La paradoja liberal En esta disertación, he analizado por qué y cómo los resultados de imposibilidad en la elección social pueden superarse mediante la ampliación informativa. La ampliación informativa que se ha considerado hasta ahora guarda relación principalmente con el uso de comparaciones interpersonales. Pero ésta no tiene que ser la única forma de ampliar la información necesaria para resolver un ‘impasse’ o un punto muerto en la elección social. Consideremos, por ejemplo, un teorema de imposibilidad que a veces se denomina “la paradoja liberal” o “la imposibilidad del liberal paretiano” (Sen, 1970a, b, 1976c). Este teorema muestra la imposibilidad de satisfacer incluso una exigencia sumamente mínima de libertad cuando se combina con la insistencia en la eficiencia de Pareto (dado el dominio ilimitado)45. Puesto que en la literatura reciente se ha debatido sobre el contenido de la libertad (véase, por ejemplo, Nozick, 1974; Peter Gärdenfors, 1981; Robert Sugden, 1981, 1985, 1993; Hillel Steiner, 1990; Gaertner et al., 1992; Deb, 1994; Marc Fleurbaey y Gaertner, 1996; Pattanaik, 1996; Suzumura, 1996), es posible que sea útil una rápida observación explicativa. La libertad tiene numerosos aspectos, inclusive dos características bastante diferentes: (1) puede ayudarnos a lograr lo que decidamos alcanzar en nuestros respectivos dominios privados, por ejemplo, en nuestra vida personal (éste es su “aspecto de oportunidad”), y (2) puede dejarnos directamente a cargo de elecciones en relación con dominios privados, independientemente de lo que podamos lograr o no (éste es su “aspecto de proceso”). En la teoría de la elección social, la formulación de la libertad se ha referido princi- 44 La literatura sobre “mujeres desaparecidas” (en comparación con el número esperado de mujeres en ausencia de tasas de mortalidad femenina inusualmente elevadas que se registran en algunas sociedades) es un ejemplo de este análisis empírico; sobre esto, véase Sen (1984, 1992c), Vaughan (1987), Drèze y Sen (1989, 1990), Ansley J. Coale (1991) y Stephan Klasen (1994). Véase también Jocelyn Kynch y Sen (1983); Harriss (1990); Ravi Kanbur y Lawrence Haddad (1990); Agarwal (1994); Folbre (1995); Nussbaum y Glover (1995), entre otros escritos. 45 También existe cierto interés analítico en el “origen” del resultado de imposibilidad involucrado en este caso, especialmente en vista de que tanto la “eficiencia de Pareto” como la “libertad mínima” se caracterizan en términos del mismo conjunto de preferencias de los mismos individuos. Sobre esto, véase Sen (1976c, 1992b). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 36 palmente al primer aspecto, es decir, el aspecto de oportunidad. Esto puede haber sido adecuado para demostrar el conflicto posible entre el principio de Pareto y el aspecto de oportunidad de la libertad (en el cual se concentró Sen [1970a, b]), pero concentrarse exclusivamente en el aspecto de oportunidad no puede proporcionar una comprensión adecuada de las exigencias de libertad (en este sentido, Sugden [1981,1993] y Gaertner et al. [1992] tenían ciertamente razón al rechazar la suficiencia de la formulación centrada en la oportunidad en la teoría convencional de la elección social)46. No obstante, también puede hacerse que la teoría de la elección social se adecúe al aspecto de proceso de la libertad, mediante una recaracterización apropiada, y especialmente a través de la valorización del proceso debido además de las oportunidades sustantivas (sobre esto, véase Sen, 1982b, 1997a, 1999b; Stig Kanger, 1985; Deb, 1994; Hammond, 1997; Suzumura, 1996; Martin van Hees, 1996). Igualmente, es importante evitar la estrechez opuesta de concentrarse exclusivamente en el aspecto de proceso de la libertad, como algunos escritores recientes han optado por hacer. Por muy importantes que sean los procesos, esto no puede eliminar la relevancia del aspecto de oportunidad que también debe tomarse en cuenta. En efecto, se ha reconocido durante mucho tiempo que la eficacia en el logro de la libertad en la vida personal tiene igual importancia –incluso por parte de escritores profundamente interesados en los procesos, desde John Stuart Mill (1859) hasta Frank Knight (1947), Friedrich A. Hayek (1960) y Buchanan (1986). Las dificultades de tener que sopesar la equidad del proceso y la eficacia de los resultados no pueden evitarse simplemente ignorando el aspecto de oportunidad de la libertad y concentrándose exclusivamente en el aspecto de proceso47. ¿Cómo podría resolverse el conflicto del liberal paretiano en particular? Se han explorado en la literatura diversas maneras de manejar esta fricción48. Sin embar- 46 Sin embargo, la “imposibilidad del liberal paretiano” no se resuelve simplemente concentrándose en el aspecto de proceso de la libertad, sobre lo cual véase Friedrich Breyer (1977), Breyer y Gardner (1980), Sen (1983b, 1992b), Basu (1984), Gaertner et al. (1992), Deb (1994), Binmore (1996), Mueller (1996), Pattanaik (1996) y Suzumura (1996). 47 Sobre estos temas, véase Hammond (1997) y también Seidl (1975, 1997), Breyer (1977), Kanger (1985), Levi (1986), Charles K. Rowley (1993), Deb (1994), Suzumura (1996), y Pattanaik (1997). 48 Véase, por ejemplo, Seidl (1975, 1997), Suzumura (1976b, 1983, 1999), Gaertner y Lorenz Krüger (1981, 1983), Hammond (1982, 1997), John L. Wriglesworth (1985), Levi (1986) y Jonathan Riley (1987), entre otros. Véase también el simposio sobre la “Paradoja liberal” en Analyse & Kritik (septiembre 1996), incluidos: Binmore (1996), Breyer (1996), Buchanan (1996), Fleurbaey y Gaertner (1996), Anthony de Jasay y Hartmut Kliemt (1996), Kliemt (1996), Mueller (1996), Suzumura (1996) y van Hees (1996). Mis propias sugerencias se presentan en Sen (1983a, 1992b, 1996a). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 37 go, es importante observar que a diferencia del resultado de imposibilidad de Arrow, la paradoja liberal no puede resolverse de manera satisfactoria mediante el uso de comparaciones interpersonales. En efecto, ni las exigencias de libertad, ni las de eficiencia de Pareto, necesitan depender significativamente de las comparaciones interpersonales. La fuerza de nuestras propias exigencias respecto de nuestro dominio privado reside en la naturaleza personal de esa elección –no en las intensidades relativas de las preferencias de diferentes personas en relación con la vida privada de una persona específica. Asimismo, la eficiencia de Pareto depende de la congruencia de las preferencias de diferentes personas respecto de una elección de pares– y no de la fuerza comparativa de esas preferencias. La resolución de este problema radica más bien en otra parte, específicamente en la necesidad de ver cada una de estas reinvindicaciones o exigencias condicionadas o modificadas por la importancia de las demás –una vez que se reconoce que pueden estar en conflicto entre sí (en efecto, el punto principal de la paradoja liberal fue precisamente identificar ese posible conflicto). El reconocimiento de la importancia de la libertad eficaz en el dominio privado propio (precisamente respecto de elecciones particulares) puede coexistir con el reconocimiento de la relevancia de la unanimidad paretiana respecto de cualquier par (respecto de todas las elecciones –ya sea en el propio dominio privado o no). Una resolución satisfactoria de esta imposibilidad debe incluir una consideración que evalúe las prioridades aceptables entre la libertad personal y el logro general de los deseos, y debe ser sensible frente a la información relacionada con las concesiones recíprocas o las soluciones de compromiso a este respecto que las personas mismas pueden respaldar. Esto también exige un enriquecimiento informativo (tomando en cuenta los valores políticos de las personas, así como los deseos individuales), pero este enriquecimiento es más bien de naturaleza diferente al que se basa en usar las comparaciones interpersonales del bienestar o de la ventaja general49. Observación final Los resultados de imposibilidad en la teoría de la elección social –impulsados por el trabajo precursor de Arrow (1951)– se han interpretado a menudo como completamente destructivos de la posibilidad de la elección social razonada y democrática, incluida la economía del bienestar (Secciones I-III, XI). Yo he argumentado en contra de este punto de vista. En efecto, el poderoso “teorema de la imposibilidad” de Arrow invita al compromiso y no a la resignación (Secciones IV-V). 49 Esto puede requerir formalmente un ejercicio de elección social por fases sucesivas para determinar estas prioridades, seguido del uso de estas prioridades en la elección respecto de situaciones sociales amplias (sobre estos aspectos, véase Pattanaik, 1971; Sen, 1982b, 1992b, 1996, 1997a; Suzumura, 1996, 1999). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 38 Nosotros sabemos, por supuesto, que las decisiones democráticas algunas veces pueden conducir a inconsistencias. En la medida que esto sea una característica del mundo real, su existencia y alcance son asuntos para el reconocimiento objetivo. Las inconsistencias surgen más fácilmente en algunas situaciones que en otras, y es posible identificar las diferencias situacionales y caracterizar los procesos a través del consenso, para que surjan decisiones compatibles (Secciones VI-VIII). Es cierto que los resultados de imposibilidad merecen un estudio serio. A menudo tienen un alcance amplio –en efecto, generalizado– que no cubre simplemente la política del día a día (donde podemos estar más bien acostumbrados a la incongruencia), sino que también cuestiona la posibilidad de cualquier marco seguro para tomar decisiones relativas al bienestar social para la sociedad en su conjunto. Las imposibilidades que se identifican de este modo también van en contra de la posibilidad general de un marco ordenado y sistemático para valorar la desigualdad de manera normativa, para evaluar la pobreza o para identificar la tiranía intolerable y las violaciones de la libertad. No estar en capacidad de disponer de un marco coherente para estas evaluaciones o valoraciones sería en efecto sumamente dañino para la toma sistemática de decisiones políticas, sociales y económicas. No sería posible hablar de injusticia y falta de equidad sin tener que enfrentar la acusación de que tales diagnósticos deben ser inevitablemente arbitrarios o intelectualmente despóticos. Sin embargo, estas conclusiones poco prometedoras no resisten un examen profundo y escrutador, y pueden identificarse claramente procedimientos fructíferos que van en contra de este pesimismo. De hecho, esta disertación ha sido en gran medida una conferencia esperanzadora –que persigue resaltar la posibilidad de la teoría de la elección social constructiva, y argumentar a favor de la interpretación productiva de los resultados de imposibilidad. En efecto, estos resultados aparentemente negativos pueden considerarse insumos útiles en el desarrollo de un marco adecuado para la elección social, puesto que la derivación axiomática de un procedimiento de elección social específico debe encontrarse entre –y cerca de– una imposibilidad, por un lado, y un exceso de riquezas, por el otro (véase Sección V). La posibilidad de la elección social y la economía del bienestar constructivas (y su uso al tomar decisiones relativas al bienestar social y al concebir medidas prácticas con significado normativo) da lugar a la necesidad de ampliar la base informativa de tal elección. Se han considerado en la literatura diferentes tipos de enriquecimientos informativos. Un elemento crucial en esta ampliación es el uso de las comparaciones interpersonales del bienestar y de la ventaja individual. No es sorprendente que el rechazo de las comparaciones interpersonales cause dificultades a la hora de tomar decisiones sociales razonadas, puesto que las exigen- Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 39 cias de las diferentes personas que componen la sociedad tienen que ser evaluadas unas por oposición a otras. Ni siquiera podemos comprender la fuerza de las preocupaciones públicas en relación con la pobreza, el hambre, la desigualdad o la tiranía, sin introducir las comparaciones interpersonales de una forma u otra. La información de la que dependen nuestras decisiones informales respecto de estos asuntos es precisamente el tipo de información que debe –y puede– incorporarse en el análisis formal de la elección social sistemática (Secciones VII-XI). El pesimismo sobre la posibilidad de las comparaciones interpersonales que motivó las “esquelas mortuorias” de la economía del bienestar (y alimentaron sustancialmente el temor de la imposibilidad en la teoría de la elección social) fue en última instancia engañoso por dos razones diferentes. En primer lugar, restringió la atención a una base informativa demasiado reducida, pasando por alto las diferentes maneras como pueden hacerse enunciados interpersonalmente comparativos de manera razonable y pueden usarse para enriquecer el análisis de los dictámenes sobre el bienestar y la elección social. Una excesiva concentración en las comparaciones de estados mentales desplazó una plétora de información que puede dar a conocer las ventajas y desventajas reales de diferentes personas, en relación con su bienestar, sus libertades y sus oportunidades sustantivas. En segundo lugar, el pesimismo también surgió al exigir demasiada precisión en estas comparaciones, ignorando el hecho de que incluso las comparaciones parciales pueden servir para ilustrar la base razonada de la economía del bienestar, la ética social y la política responsable50. Al abordar estos problemas estaremos contribuyendo con el programa general de fortalecer la teoría de la elección social (y la economía del bienestar sin “esquelas mortuorias”). En general, la ampliación informativa, de una forma u otra, es una manera eficaz de superar el pesimismo que ensombrece la elección social y de evitar las imposibilidades, y conduce directamente a enfoques cosntructivos con viabilidad y alcance. El razonamiento formal sobre axiomas postulados (incluidas su compatibilidad y coherencia), así como la comprensión informal de los valores y las normas (incluidas su relevancia y admisibilidad), apuntan ambos hacia esa dirección productiva. En efecto, la profunda complementariedad entre el razonamiento formal y el informal –tan fundamental para las ciencias sociales– ha sido bien ilustrada por los avances en la teoría de la elección social moderna. 50 Existen dos asuntos diferentes en este caso. En primer lugar, la comparabilidad parcial puede ser muy eficaz para generar una elección óptima (Sen, 1970a, c). En segundo lugar, incluso cuando no surge una alternativa óptima, puede ayudar a reducir el grupo máximo de alternativas no dominadas al cual puede limitarse una elección maximizadora (Sen 1973a, 1993a, 1997a). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 40 Bibliografía Adelman, Irma. “Development Economics – A Reassessment of Goals”. American Economic Review, mayo 1975 (Papers and Proceedings), 65(2), pp. 302-09. Agarwal, Bina. A field of one’s own: Gerder and land rights in South Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Aizerman, Mark A. y Aleskerov, Fuad T. “Voting Operators in the Space of Choice Functions”. Mathematical Social Sciences, junio 1986, 11(3), pp. 201-42; Corrigendum, junio 1988, 13 (3), p. 305. Alamgir, Mohiuddin. Famine in South Asia. Boston: Oelgeschlager, Gunn & Hain, 1980. Aleskerov, Fuad T. “Voting Models in the Arrovian Framework”, en Kenneth J. Arrow, Amartya K. Sen y Kotaro Suzumura, eds., Social choice re-examined, Vol. 1. Nueva York: St. Martin’s Press, 1997, pp. 47-67. Allardt, Erik; Andrén, Nils; Friis, Erik J.; Gíslason, Gylfi I.; Nilson, Sten Sparre; Valen, Henry; Wendt, Frantz y Wisti, Folmer, eds. Nordic democracy: Ideas, issues, and institutions in politics, economy, education, social and cultural affairs of Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Copenhagen: Det Danske Selksab, 1981. Anand, Sudhir. “Aspects of Poverty in Malaysia”. Review of Income and Wealth, marzo 1977, 23(1), pp. 1-16. _____ . Inequality and poverty in Malaysia: Measurement and decomposition. Nueva York: Oxford University Press, 1983. Anand, Sudhir y Ravallion, Martin. “Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services”. Journal of Economic Perspectives, invierno 1993, 7(1), pp. 133-50. Anand, Sudhir y Sen, Amartya K. “Concepts of Human Development and Poverty: A Multidimensional Perspective”, en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations Development Programme), Poverty and human development: Human development papers 1997. Nueva York: Naciones Unidas (United Nations), 1997, pp. 1-20. Arneson, Richard J. “Equality and Equal Opportunity for Welfare”. Philosophical Studies, mayo 1989, 56(1), pp. 77-93. Arrow, Kenneth J. “A Difficulty in the Concept of Social Welfare”. Journal of Political Economy, agosto 1950, 58(4), pp. 328-46. _____ . Social choice and individual values. Nueva York: Wiley, 1951. _____ . “Le Principe de Rationalité dans les Décisions Collectives”. Économie Appliquée, octubre-diciembre 1952, 5(4), pp. 469-84. _____ . Social choice and individual values, 2a ed. Nueva York: Wiley, 1963. _____ . “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice”. American Economic Review, febrero 1977 (Papers and Proceedings), 67(1), pp. 219-25. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 41 _____ . “A Note on Freedom and Flexibility”, en Kaushik Basu, Prasanta K, Pattanaik y Kotaro Suzumura, eds., Choice, welfare, and development: A festschrift in honour of Amartya K. Sen. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 7-16. Arrow, Kenneth J.; Sen, Amartya K. y Suzumura, Kotaro, Social choice re-examined, Vols. 1 y 2. Nueva York: St. Martin’s Press, 1997. Atkinson, Anthony B. “On the Measurement of Inequality”. Journal of Economic Theory, septiembre 1970. 2(3), pp. 244-63. _____ . Social justice and public policy. Cambridge, MA: MIT Press, 1983. _____ . “On the Measurement of Poverty”. Econometrica, julio 1987, 55(4), pp. 749-64. _____ . Poverty and social security. Nueva York: Wheatsheaf, 1989. _____ . “Capabilities, Exclusion, and the Supply of Goods”, en Kaushik Basu, Prasanta K. Pattanaik y Kotaro Suzumura, eds., Choice, welfare, and development: A festschrift in honour of Amartya K. Sen. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 17-31. Atkinson, Anthony B. y Bourguignon, Francois. “The Comparison of Multidimensional Distributions of Economic Status”. Review of Economic Studies, abril 1982, 49(2), pp. 183-201. _____ . “Income Distribution and Differences in Needs”, en G. R. Feiwel, ed., Arrow and the foundation of economic policy. Londres: Macmillan, 1987, pp. 350-70. Baigent, Nick. “Norms, Choice and Preferences”. Mimeografía, Institute of Public Economics, University of Graz, Austria, Research Memorandum N° 9306, 1994. Balestrino, Alessandro. “Poverty and Functionings: Issues in Measurement and Public Action”. Giornale degli Economisti e Annali di Economia, julio – septiembre 1994, 53(7-9), pp. 389-406. _____ . “A Note on Functioning-Poverty in Affluent Societies”. Notizie di Politeia, 1996, 12(4344), pp. 97-105. Bandyopadhyay, Taradas. “Rationality, Path Independence, and the Power Structure”. Journal of Economic Theory, diciembre 1986, 40(2), pp. 338-48. Barberá, Salvador. “Pivotal Voters: A New Proof of Arrow’s Theorem”. Economics Letters, 1980, 6, pp. 13-16. _____ . “Pivotal Voters: A Simple Proof of Arrow’s Theorem”, en Prasanta K. Pattanaik y Maurice Salles, eds., Social choice and welfare. Amsterdam: North-Holland, 1983, pp. 31-35. Barberá, Salvador y Sonnenschein, Hugo F. “Preference Aggregation with Randomized Social Orderings”. Journal of Economic Theory, agosto 1978, 18(2), pp. 244-54. Barker, E. The politics of Aristotle. Londres: Oxford University Press, 1958. Basu, Kaushik, Revealed preference of government. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. _____ . “The Right to Give Up Rights”. Economica, noviembre 1984, 51(204), pp. 413-22. _____ . “Achievements, Capabilities and the Concept of Well-Being: A Review of Commodities and Capabilities by Amartya Sen”. Social Choice and Welfare, marzo 1987, 4(1), pp. 69-76. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 42 Basu, Kaushik; Pattanaik, Prasanta K. y Suzumura, Kotaro, eds. Choice, welfare, and development: A festschrift in honour of Amartya K. Sen. Oxford: Oxford University Press, 1995. Baumol, William. Welfare economics and the theory of the state, 2ª ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1952, 1965. Bavetta, Sebastiano. “Individual Liberty, Control and the ‘Freedom of Choice Literature”. Notizie di Politeia, 1996, 12(43-44), pp. 23-29. Bentham, Jeremy. An introduction to the principles of morals and legislation. Londres: Payne, 1789; reimpreso, Oxford: Clarendon Press, 1907. Bergson, Abram. “A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics”. Quarterly Journal of Economics, febrero 1938, 52(1), pp. 310-34. Bezembinder, T. y van Acker, P. “Intransitivity in Individual and Group Choice”, en E. D. Lantermann y H. Feger, eds., Similarity and choice: Essays in honor of Clyde Coombs. Nueva York: Wiley, 1980, pp. 208-33. Binmore, Ken. “An Example in Group Preference”. Journal of Economic Theory, junio 1975, 10(3), pp. 377-85. _____ . Playing fair: Game theory and the social contract, Vol. I. Cambridge, MA: MIT Press: 1994. _____ . “Right or Seemly?” Analyse & Kritik, septiembre 1996, 18(1), pp. 67-80. Black, Duncan. “The Decisions of a Committee Using a Special Majority”. Econometrica, julio 1948, 16(3), pp. 245-61. _____ . The theory of committees and elections. Londres: Cambridge University Press. 1958. Blackorby, Charles. “Degrees of Cardinality and Aggregate Partial Orderings”. Econometrica, septiembre-noviembre 1975, 43(5-6), pp. 845-52. Blackorby, Charles y Donaldson, David. “Measures of Relative Equality and Their Meaning in Terms of Social Welfare”. Journal of Economic Theory, junio 1978, 18(1), pp. 59-80. _____ . “Ethical Indices for the Measurement of Poverty”. Econometrica, mayo 1980, 48(4), pp. 1053-60. Blackorby, Charles; Donaldson, David y Weymark, John A. “Social Choice with Interpersonal Utility Comparisons: A Diagrammatic Introduction”. International Economic Review, junio 1984, 25(2), pp. 325-56. Blair, Douglas H.; Bordes, Georges A.; Kelly, Jerry S. y Suzumura, Kotaro. “Impossibility Theorems without Collective Rationality”. Journal of Economic Theory, diciembre 1976. 13(3), pp. 361-79. Blair, Douglas H. y Pollak, Robert A. “Collective Rationality and Dictatorship: The Scope of the Arrow Theorem”. Journal of Economic Theory, agosto 1979, 21(1), pp. 186-94. _____ . “Acyclic Collective Choice Rules”. Econometrica, julio 1982, 50(4), pp. 931-44. Blau, Julian H. “The Existence of Social Welfare Funtions”. Econometrica, abril 1957, 25(2), pp. 302-13. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 43 _____ . “A Direct Proof of Arrow’s Theorem”. Econometrica, enero 1972, 40(1), pp. 61-67. _____ . “Semiorders and Collective Choice”. Journal of Economic Theory, agosto 1979, 21(1), pp. 195-206. Blau, Julian H. and Deb, Rajat. “Social Decision Functions and Veto”. Econometrica, mayo 1977, 45(4), pp. 871-79. Borda, J. C. “Mémoire sur les Élections au Scrutin”. Histoire de l’Académie Royale des Sciences (París), 1781. [Traducido por Alfred de Grazia, “Mathematical Derivation of an Election System”. Isis, junio 1953, 44(1-2), pp. 42-51.] Bordes, Georges A. “Consistency, Rationality, and Collective Choice”. Review of Economic Studies, octubre 1976, 43(3), pp. 447-57. _____ . “Some More Results on Consistency, Rationality and Collective Choice”, en Jean-Jacques Laffont, ed., Aggregation and revelation of preferences. Amsterdam: North-Holland, 1979, pp. 175-97. Bourguignon, F. y Fields, G. “Poverty Measures and Anti-poverty Policy”. Récherches Economiques de Louvain, 1990, 56(3-4), pp. 409-27. Brams, Steven J. Game theory and politics. Nueva York: Free Press. 1975. Breyer, Friedrich. “The Liberal Paradox, Decisiveness over Issues and Domain Restrictions”. Zeitschrift für Nationalökonomie, 1977, 37(1-2), pp. 45-60. _____ . “Comment on the Papers by Buchanan and by de Jasay and Kliemt”. Analyse & Kritik, septiembre 1996, 18(1), pp. 148-57. Breyer, Friedrich y Gardner, Roy. “Liberal Paradox, Game Equilibrium, and Gibbard Optimum”. 1980, Public Choice, 35(4), pp. 469-81. Brown, Donald J. “An Approximate Solution to Arrow’s Problem”. Journal of Economic Theory, diciembre 1974, 9(4), pp. 375-83. _____ . “Acyclic Aggregation over a Finite Set of Alternatives”. Cowles Foundation Discussion Paper N° 391, Yale University, 1975. Buchanan, James M. “Social Choice, Democracy, and Free Markets”. Journal of Political Economy, abril 1954a, 62(2), pp. 114-23. _____ . “Individual Choice in Voting and Market”. Journal of Political Economy, agosto 1954b, 62(3), pp. 334-43. _____ . Liberty, market and state. Brighton, Reino Unido: Wheatsheaf, 1986. _____ . “An Ambiguity in Sen’s Alleged Proof of the Impossibility of a Pareto Libertarian”. Analyse & Kritik, septiembre 1996, 18(1), 118-25. Buchanan, James M. y Tullock, Gordon. The calculus of consent. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1962. Campbell, Donald E. “Democratic Preference Functions”. Journal of Economic Theory, abril 1976, 12(2), pp. 259-72. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 44 _____ . Equity, efficiency, and social choice. Oxford: Oxford University Press, 1992. Campbell, Donald E. y Kelly, Jerry S. “The Possibility-Impossibility Boundary in Social Choice”, en Kenneth J. Arrow, Amartya K. Sen y Kotaro Suzumura, eds., Social choice re-examined, Vol. 1. Nueva York: St. Martin´s Press, 1997, pp. 179-204. Caplin, Andrew y Nalebuff, Barry, “On 64% Majority Rule”. Econometrica, julio 1988, 56(4), pp. 787-814. _____ . “Aggregation and Social Choice: A Mean Voter Theorem”. Econometrica, enero 1991. 59(1), pp. 1-24. Carter, Ian. “The Concept of Freedom in the Work of Amartya Sen: An Alternative Analysis Consistent with Freedom’s Independent Value”. Notizie di Politeia, 1996, 12(43-44), pp. 7-22. Casini, Leonardo y Bernetti, Iacopo. “Public Project Evaluation, Environment and Sen’s Theory”. Notizie di Politeia, 1996, 12(43-44), pp. 55-78. Chakravarty, Satya R. Ethical social index numbers. Berlín: Springer-Verlag, 1990. Chichilnisky, Graciela. “Basic Needs and Global Models”. Alternatives, 1980, 6. _____ . “Topological Equivalence of the Pareto Condition and the Existence of a Dictator”. Journal of Mathematical Economics, marzo 1982a, 9(3), pp. 223-34. _____ . “Social Aggregation Rules and Continuity”. Quarterly Journal of Economics, mayo 1982b, 97(2), pp. 337-52. Chichilnisky, Graciela y Heal, Geoffrey. “Necessary and Sufficient Conditions for Resolution of the Social Choice Paradox”. Journal of Economic Theory, octubre 1983, 31(1), pp. 68-87. Coale, Ansley J. “Excess Female Mortality and the Balance of Sexes: An Estimate of the Number of ‘Missing Females’”. Population and Development Review, septiembre 1991, 17(3), pp. 51723. Cohen, G. A. “On the Currency of Egalitarian Justice”. Ethics, julio 1989, 99(4), pp. 906-44. _____. “Equality of What? On Welfare, Goods and Capabilities”. Récherches Economiques de Louvain, 1990, 56(3-4), pp. 357-82. Coles, Jeffrey L. y Hammond, Peter J. “Walrasian Equilibrium without Survival: Existence, Efficiency, and Remedial Policy”, en Kaushiuk Basu, Prasanta K. Pattanaik y Kotaro Suzumura, eds., Choice, welfare, and development: A festschrift in honour of Amartya K. Sen. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 32-64. Condorcet, Marqués de, Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. París: L’Imprimerie Royale, 1785. Cornia, Giovanni Andrea. “Poverty in Latin America in the Eighties: Extent, Causes and Possible Remedies”. Giornale degli Economisti e Annali di Economia, julio-septiembre 1994, 53(7-9), pp. 407-34. Coulhon, T. y Mongin, Philippe. “Social Choice Theory in the Case of von Neumann-Morgenstern Utilities”. Social Choice and Welfare, julio 1989, 6(3), pp. 175-87. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 45 Cowell, Frank A. Measuring inequality, 2ª ed. Londres: Harvester Wheatsheaf, 1995. Crocker, David, “Functioning and Capability: The Foundations of Sen’s and Nussbaum’s Development Ethic”. Political Theory, noviembre 1992, 20(4), pp. 584-612. Dagum, Camilo y Zenga, Michele. Income and wealth distribution, inequality and poverty. Berlín: Springer-Verlag, 1990. Dasgupta, Partha; Hammond, Peter J. y Maskin, Eric S. “Implementation of Social Choice Rules”. Review of Economic Studies, abril 1979, 46(2), pp. 181-216. Dasgupta, Partha; Sen, Amartya K. y Starrett, David. “Notes on the Measurement of Inequality”. Journal of Economic Theory, abril 1973, 6(2), pp. 180-87. d’Aspremont, Claude. “Axioms for Social Welfare Ordering”, en Leonid Hurwicz, David Schmeidler y Hugo Sonnenschein, eds., Social goals and social organization. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, pp. 19-76. d’Aspremont, Claude y Gevers, Louis. “Equity and Informational Basis of Collective Choice”. Review of Economic Studies, junio 1977, 44(2), pp. 199-209. d’Aspremont, Claude y Mongin, Philippe. “A Welfarist Version of Harsanyi’s Aggregation Theorem”. Center for Operations Research and Econometrics Discussion Paper N° 9763, Universite Catholique de Louvain. 1997. Davidson, Donald. “Judging Interpersonal Interests”, en Jon Elster y Aanund Hylland, eds., Foundations of social choice theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, pp. 195-211. Davis, Otto A.; DeGroot, Morris H. y Hinich, Melvin J. “Social Preference Orderings and Majority Rule”. Econometrica, enero 1972, 40(1), pp. 147-57. Deaton, Angus S. Microeconometric analysis for development policy: An approach from household surveys. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press (para el Banco Mundial), 1995. Deaton, Angus S. y Muellbauer, John. Economics and consumer behaviour. Cambridge: Cambridge University Press. 1980. _____ . “On Measuring Child Costs: With Applications to Poor Countries”. Journal of Political Economy, agosto 1986, 94(4), pp. 720-44. Deb, Rajat. “On Constructing Generalized Voting Paradoxes”. Review of Economic Studies, junio 1976, 43(2), pp. 347-51. _____ . “On Schwartz’s Rule”. Journal of Economic Theory, octubre 1977, 16(1), pp. 103-10. _____ . “Waiver, Effectivity and Rights as Game Forms”. Economica, mayo 1994, 16(242), pp. 167-78. de Jasay, Anthony y Kliemt, Hartmut. “The Paretian Liberal, His Liberties and His Contracts”. Analyse & Kritik, septiembre 1996, 18(1), pp. 126-47. Denicolò, Vincenzo. “Independent Social Choice Correspondences Are Dictarorial”. Economics Letters, 1985, 19, pp. 9-12. Desai, Meghnad. Poverty, famine and economic development. Aldershort, Reino Unido: Elgar, 1995. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 46 Deschamps, Robert y Gevers, Louis. “Leximin and Unilitarian Rules: A Joint Characterization”. Journal or Economic Theory, abril 1978, 17(2), pp. 143-63. Dodgson, C.L. (Carroll, Lewis). Facts, figures, and fancies, relating to the elections to the Hebdomadal Council, the offer of the Clarendon Trustees, and the proposal to convert the parks into cricket grounds. Oxford: Parker, 1874. _____ . The principles of parliamentary representation. Londres: Harrison and Sons, 1884. Drèze, Jean y Sen, Amartya. Hunger and public action. Oxford: Oxford University Press. 1989. _____ . Economic development and social opportunity. Delhi; Nueva York: Oxford University Press. 1995. _____ , eds. Political economy of hunger, Vols. 1-3. Oxford: Oxford University Press. 1990. _____ . Indian development: Selected regional perspectives. Delhi; Nueva York: Oxford University Press, 1997. D’Souza, Frances, ed. Starving in silence: A report on famine and censorship. Londres: International Centre on Censorship, 1990. Dutta, Bhaskar. “On the Possibility of Consistent Voting Procedures”. Review of Economic Studies, abril 1980, 47(3), pp. 603-16. _____ . “Reasonable Mechanisms and Nash Implementation”, en Kenneth J. Arrow, Amartya K. Sen y Kotaro Suzumura, eds., Social choice re-examined, Vol. 2. Nueva York: St. Martin´s Press, 1997, pp. 3-23. Dutta, Bhaskar y Pattanaik, Prasanta K. “On Nicely Consistent Voting Systems”. Econometrica, enero 1978, 46(1), pp. 163-70. Dworkin, Ronald. “What Is Equality? Part 1: Equality of Welfare” y “What Is Equality? Part 2: Equality of Resources”. Philosophy and Public Affairs, otoño 1981, 10(4), pp. 283-345. Edgeworth, Francis T. Mathematical psychics: An essay on the application of mathematics to the moral sciences. Londres: Kegan Paul, 1881. Elster, Jon y Hylland, Aanund, eds. Foundations of social choice theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Elster, Jon y Roemer, John. eds. Interpersonal comparisons of well-being. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. Erikson, Robert y Aberg, Rune. Welfare in transition: A survey of living conditions in Sweden, 1968-1981. Oxford: Oxford University Press. 1987. Feldman, Alan M. Welfare economics and social choice theory. Boston: Martinus Nijhoff, 1980. Ferejohn, John A. y Grether, David M. “On a Class of Rational Social Decision Procedures”. Journal of Economic Theory, agosto 1974, 8(4), pp. 471-82. Fine, Ben J. “A Note on ‘Interpersonal Aggregation and Partial Comparability’”. Econometrica, enero 1975a, 43(1), pp. 173-74. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 47 _____ . “Individual Liberalism in a Paretian Society”. Journal of Political Economy, diciembre 1975b, 83(6), pp. 1277-81. Fishburn, Peter C. The theory of social choice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973. _____ . “On Collective Rationality and a Generalized Impossibility Theorem”. Review of Economic Studies, octubre 1974, 41(4), pp. 445-57. Fisher, Franklin M. “Income Distribution, Value Judgments and Welfare”. Quarterly Journal of Economics, agosto 1956, 70, pp. 380-424. _____ . “Household Equivalence Scales and Interpersonal Comparisons”. Review of Economic Studies, julio 1987, 54(3), pp. 519-24. _____ . “Household Equivalence Scales: Reply”. Review of Economic Studies, abril 1990, 57(2), pp. 329-30. Fleurbaey, Marc y Gaertner, Wulf. “Admissibility and Feasibility in Game Form”. Analyse & Kritik, septiembre 1996, 18(1), pp. 54-66. Folbre, Nancy. Who pays for the kids: Gender and the structure of constraint. Nueva York, Routledge, 1995. Foley, Duncan. “Resource Allocation and the Public Sector”. Yale Economic Essays, primavera 1967, 7(1), pp. 73-76. Foster, James. “On Economic Poverty: A Survey of Aggregate Measures”. Advances in Econometics, 1984, 3, pp. 215-51. Foster, James; Greer, Joel y Thorbecke, Erik. “A Class of Decomposable Poverty Measures”. Econometrica, mayo 1984, 52(3), pp. 761-66. Foster, James y Sen, Amartya K. “On Economic Inequality After a Quarter Century”; anexo en Sen (1997c). Foster, James y Shorrocks, Anthony F. “Poverty Orderings”. Econometrica, enero 1988, 56(1), pp. 173-77. Gaertner, Wulf. “An Analysis and Comparison of Several Necessary and Sufficient Conditions for Transitivity Under the Majority Decision Rule”, en Jean Jacques Laffont, ed., Aggregation and revelation of preferences. Amsterdam: North-Holland, 1979, pp. 91-112. _____ . “Equity- and Inequity-type Borda Rules”. Mathematical Social Sciences, abril 1983, 4(2), pp. 137-54. _____ . “Domain Conditions in Social Choice Theory”. Mimeografía, University of Osnabruck, Alemania, 1998. Gaertner, Wulf y Krüger, Lorenz. “Self-Supporting Preferences and Individual Rights: The Possibility of a Paretian Libertarianism”. Economica, febrero 1981, 48(189), pp. 17-28. _____ . “Alternative Libertarian Claims and Sen’s Paradox”. Theory and Decision, 1983, 15, pp. 211-30. Gaertner, Wulf; Pattanaik, Prasanta K. y Suzumura, Kotaro. “Individual Rights Revisited”. Economica, mayo 1992, 59(234), pp. 161-78. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 48 Gärdenfors, Peter. “Rights, Games and Social Choice”. Noûs, septiembre 1981, 15(3), pp. 341-56. Geanakopolous, John. “Three Brief Proofs of Arrow’s Impossibility Theorem”. Cowles Foundation Discussion Paper N° 1128, Yale University, 1996. Gehrlein, William V. “Condorcet’s Paradox”. Theory and Decision, junio 1983, 15(2), pp. 161-97. Gevers, Louis. “On Interpersonal Comparability and Social Welfare Orderings”. Econometrica, enero 1979, 47(1), pp. 75-89. Ghai, Dharam; Khan, Azizur R.; Lee, E. y Alfthan, T.A. The basic needs approach to development. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization), 1977. Gibbard, Allan F. “Manipulation of Voting Schemes: A General Result”. Econometrica, julio 1973, 41(4), pp. 587-601. _____ . “Interpersonal Comparisons: Preference, Good, and the Intrinsic Reward of a Life”, en Jon Elster y Aanund Hylland, eds., Foundations of social choice theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, pp. 165-93. Goodin, Robert. Reasons for welfare. Princeton: Princeton University Press, 1988. Granaglia, Elena. “Piu o Meno Equaglianza di Risorse? Un Falso Problema per le Politiche Sociali”. Giornale degli Economisti e Annali di Economia, julio-septiembre 1994, 53(7-9), pp. 349-66. _____ . “Two Questions to Amartya Sen”. Notizie di Politeia, 1996, 12(43-44), pp. 31-35. Grandmont, Jean-Michel. “Intermediate Preferences and the Majority Rule”. Econometrica, marzo 1978, 46(2), pp. 317-30. Grant, James P. Disparity reduction rates in social indicators. Washington. DC: Overseas Development Council, 1978. Green, Jerry y Laffont, Jean-Jacques. Incentives in public decision-making. Amsterdam, NorthHolland, 1979. Grether, David M. y Plott, Charles R. “Nonbinary Social Choice: An Impossibility Theorem”. Review of Economic Studies, enero 1982, 49(1), pp. 143-50. Griffin, Keith y Knight, John, eds. Human development and international development strategy for the 1990s. Londres: Macmillan, 1990. Groves, Ted y Ledyard, John. “Optimal Allocation of Public Goods: A Solution to the ‘Free Rider’ Problem”. Econometrica, julio 1977, 45(4), pp. 783-809. Guinier, Lani. The tyranny of the majority: Fundamental fairness in representative democracy. Nueva York: Free Press. 1991. Hamlin, Alan y Pettit, Phillip, eds. The good polity: Normative analysis of the state. Oxford: Blackwell, 1989. Hammond, Peter J. “Equity, Arrow’s Conditions, and Rawls’ Difference Principle”. Econometrica, julio 1976, 44(4), pp. 793-804. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 49 _____ . “Dual Interpersonal Comparisons of Utility and the Welfare Economics of Income Distribution”. Journal of Public Economics, febrero 1977, 7 (1), pp. 51-71. _____ . “Liberalism, Independent Rights, and the Pareto Principle”, en L. J. Cohen. J. Los, H. Pfeiffer y K.P. Podewski, eds., Logic, methodology, and the philosophy of science, Vol. 6. Amsterdam: North-Holland, 1982, pp. 217-43. _____ . “Welfare Economics”, en George R. Feiwel, ed., Issues in contemporary microeconomics and welfare. Albany: State University of New York Press, 1985, pp. 405-34. _____ . “Game Forms versus Social Choice Rules as Models of Rights”, en Kenneth J, Arrow, Amartya K. Sen y Kotaro Suzumura, eds., Social choice re-examined, Vol. 2. Nueva York: St Martin’s Press, 1997, pp. 82-95. Hansson, Bengt. “Choice Structures and Preference Relations”. Synthese, octubre 1968. 18(4). pp. 443-58. _____ . “Group Preferences”. Econometrica, enero 1969a, 37(1), pp. 50-54. _____ . “Voting and Group Decision Functions”. Synthese, diciembre 1969b, 20(4), pp. 526-37. _____ . “The Existence of Group Preferences”. Public Choice, invierno 1976, 28(28), pp. 89-98. Haq, Mahbubul. Reflections on human development. Nueva York: Oxford University Press, 1995. Harriss, Barbara. “The Intrafamily Distribution of Hunger in South Asia”, en Jean Drèze y Amartya Sen, eds., The political economy of hunger. Oxford: Oxford University Press, 1990, pp. 351-424. Harsanyi, John C. “Cardinal Welfare, Individualist Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility”. Journal of Political Economy, agosto 1955, 63(3), pp. 309-21. Hayek, Friedrich A. The constitution of liberty. Londres: Routledge, 1960. Heller, Walter P.; Starr, Ross M. y Starrett, David A., eds., Social choice and public decision making: Essays in honor of Kenneth J. Arrow, Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Hossain, Iftekhar. Poverty as capability failure. Helsinki: Swedish School of Economics, 1990. Human Rights Watch. Indivisible human rights: The relationship between political and civil rights to survival, subsistence, and poverty. Nueva York: Human Rights Watch, 1992. Hurwicz, Leo; Schmeidler, David y Sonnenschein, Hugo, eds. Social goals and social organization. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. Inada, Ken-ichi. “The Simple Majority Decision Rule”. Econometrica, julio 1969, 37(3), pp. 490506. _____ . Majority Rule and Rationality”. Journal of Economic Theory, marzo 1970, 2(1), pp. 27-40. Jorgenson, Dale W. “Aggregate Consumer Behavior and the Measurement of Social Welfare”. Econometrica, septiembre 1990, 58(5), pp. 1007-40. Jorgenson, Dale W.; Lau, Lawrence y Stoker, Thomas. “Welfare Comparison under Exact Aggregation”. American Economic Review, mayo 1980 (Papers and Proceedings), 70(2), pp. 268-72. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 50 Kakwani, Nanak. “Welfare Measures: An International Comparison”. Journal of Development Economics, February 1981, 8(1), pp. 21-45. _____ . “Issues in Measuring Poverty”. Advances in Econometrics, 1984, 3, pp. 253-82. Kalai, Ehud y Muller, E. “Characterization of Domains Admitting Nondictatorial Social Welfare Functions and Nonmanipulable Voting Rules”. Journal of Economic Theory, diciembre 1977, 16(2), pp. 457-69. Kanbur, Ravi. “The Measurement and Decomposition of Inequality and Poverty”, en Frederick van der Ploeg, ed., Mathematical methods in economics. Nueva York: Wiley, 1984. pp. 403-32. _____ . “Children and Intra-Household Inequality: A Theoretical Analysis”, en Kaushik Basu, Prasanta K. Pattanaik y Kotaro Suzumura, eds., Choice, welfare, and development: A festschrift in honour of Amartya K. Sen. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 242-52. Kanbur, Ravi y Haddad, Lawrence. “How Serious Is the Neglect of Intrahousehold Inequality?” Economic journal, septiembre 1990, 100(402), pp. 866-81. Kanger, Stig. “On Realization of Human Rights”. Acta Philosophica Fennica, mayo 1985, 38, pp. 71-78. Kapteyn, Arie y van Praag, Bernard M. S. “A New Approach to the Construction of Family Equivalent Scales”. European Economic Review, mayo 1976, 7(4), pp. 313-35. Kelly, Jerry S. “Voting Anomalies, the Number of Voters, and the Number of Alternatives”. Econometrica, marzo 1974a, 42(2), pp. 239-51. _____ . “Necessity Conditions in Voting Theory”. Journal of Economic Theory, junio 1974b, 8(2), pp. 149-60. _____ . Arrow impossibility theorems. Nueva York: Academic Press, 1978. _____ . Social choice theory: An introduction. Berlín: Springer-Verlag, 1987. Kelsey, David. “Acyclic Choice without the Pareto Principle”. Review of Economic Studies, octubre 1984a, 51(4), pp. 693-99. _____ . “The Structure of Social Decision Functions”. Mathematical Social Sciences, diciembre 1984b, 8(3), pp. 241-52. Kirman, Alan P. y Sondermann, Dieter. “Arrow’s Theorem, Many Agents, and Invisible Dictators”. Journal of Economic Theory, octubre 1972, 5(2), pp. 267-77. Klasen, Stephan. “Missing Women Reconsidered”. Wold Development, julio 1994, 22(7), pp. 1061-71. Kliemt, Hartmut. “Das Paradox des Liberalismus – eine Einführung”. Analyse & Kritik, septiembre 1996, 18(1), pp. 1-19. Knight, Frank. Freedom and reform: Essays in economic and social philosophy. Nueva York: Harper, 1947; reimpreso, Indianápolis, IN: Liberty, 1982. Kolm, Serge-Christophe. “The Optimum Production of Social Justice”, en J. Margolis y H. Guitton, eds., Public economics. Nueva York: Macmillan, 1969, pp. 145-200. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 51 Kynch, Jocelyn y Sen, Amartya K. “Indian Women: Well-Being and Survival”. Cambridge Journal of Economics, septiembre-diciembre 1983, 7(3-4). pp. 363-80. Laffont, Jean-Jacques, ed, Aggregation and revelation of preference. Amsterdam: North-Holland, 1979. Laffont, Jean-Jacques y Maskin, Eric. “The Theory of Incentives: An Overview”, en Werner Hildenbrand, ed., Advances in economic theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp. 31-94. Le Breton, Michel y Weymark, John. “An Introduction to Arrovian Social Welfare Functions in the Economic and Political Domains”, en Norman Schofield, ed., Collective decision-making: Social choice and political economy. Boston: Kluwer, 1996. Levi, Isaac. Hard choices. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Levin, Jonathan y Nalebuff, Barry. “An Introduction to Vote-Counting Schemes”. Journal of Economic Perspectives, invierno 1995, 9(1), pp. 3-26. Little, Ian. A critique of welfare economics, 2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 1957. Majumdar, Tapas. “A Note on Arrow’s Postulates for Social Welfare Function – A Comment”. Journal of Political Economy, julio/agosto 1969, Pt. I, 77(4), pp. 528-31. _____ . “Amartya Sen’s Algebra of Collective Choice”. Sankhya, diciembre 1973, Series B, 35(4), pp. 533-42. Marshall, Alfred. Principles of economics. Londres: Macmillan. 1890; 9ª ed., 1961. Martinetti, Enrica Chiappero. “A New Approach to Evaluation of Well-Being and Poverty by Fuzzy Set Theory”. Giornale degli Economisti e Annali di Economia, julio-septiembre 1994, 53(7-9), pp. 367-88. _____ . “Standard of Living Evaluation Based on Sen’s Approach: Some Methodological Suggestions”. Notizie di Politeia, 1996, 12(43-44), pp. 37-53. Mas-Colell, Andreu y Sonnenschein, Hugo. “General Possibility Theorems for Group Decisions”. Review of Economic Studies, abril 1972, 39(2), pp. 185-92. Maskin, Eric S. “Social Welfare Functions on Restricted Domain”. Mimeografía, Harvard University, 1976a. _____ . “On Strategyproofness and Social Welfare Functions When Preferences Are Restricted”. Mimeografía, Darwin College, y Harvard University, 1976b. _____ . “A Theorem on Utiliatarianism”. Review of Economic Studies, febrero 1978, 45(1), pp. 93-96. _____ . “Decision-Making Under Ignorance with Implications for Social Choice”. Theory and Decision, septiembre 1979, 11(3), pp. 319-37. _____ . “The Theory of Implementation in Nash Equilibrium: A Survey”, en Leonid Hurwicz, David Schmeidler y Hugo Sonnenschein, eds., Social goals and social organization: Essays in memory of Elisha Pazner. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, pp. 173-204. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 52 _____ . “Majority Rule, Social Welfare Functions, and Game Forms”, en Kaushik Basu, Prasanta K. Pattanaik y Kotaro Suzumura, eds., Choice, welfare, and development: A festschrift in honour of Amartya K. Sen. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 100-09. Maskin, Eric y Sjöström, Tomas. “Implementation Theory”. Mimeografía, Harvard University, 1999. Matsumoto, Yasumi. “Non-binary Social Choice: Revealed Preference Interpretation”. Economica, mayo 1985, 52(26), pp. 185-94. McKelvey, Richard D. “General Conditions for Global Intransitivities in Formal Voting Models”. Econometrica, septiembre 1979, 47(5), pp. 1085-112. McLean, Ian. “The Borda and Condorcet Principles: Three Medieval Applications”. Social Choice and Welfare, 1990, 7(2), pp. 99-108. Mill, John Stuart. On liberty. Londres: Parker, 1859; reimpreso, Londres: Harmondsworth, 1974. Mirrlees, James A. “The Economic Uses of Utilitarianism”, en Amartya K. Sen y Bernard Williams, eds., Utilitarianism and beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp. 63-84. Monjardet, Bernard. “Duality in the Theory of Social Choice”, en Jean-Jacques Laffont, ed., Aggregation and revelation of preferences. Amsterdam: North-Holland, 1979, pp. 131-43. _____ . “On the Use of Ultrafilters in Social Choice Theory”, en Prasanta K. Pattanaik y Maurice Salles, eds., Social choice and welfare. Amsterdam: North-Holland, 1983. Morris, Morris D. Measuring the conditions of the world’s poor. Oxford: Pergamon Press, 1979. Moulin, Hervé. The strategy of social choice. Amsterdam: North-Holland, 1983. _____ . Cooperative microeconomics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995. Moulin, Hervé y Thomson, William. “Axiomatic Analyses of Resource Allocation Problems”, en Kenneth J. Arrow, Amartya K. Sen y Kotaro Suzumura, eds., Social choice re-examined, Vol. 1. Nueva York: St. Martin’s Press, 1997, pp. 101-20. Mueller, Dennis C. Public Choice II. Cambridge: Cambridge University Press. 1989. _____ . “Constitutional and Liberal Rights”. Analyse & Kritik, septiembre 1996, 18(1), pp. 96-117. Nehring, Klaus y Puppe, Clemens. “On the Multipreference Approach to Evaluating Opportunities”. Social Choice and Welfare, 1999, 16(1), pp. 41-64. Nicholson, Michael B. “Conditions for the ‘Voting Paradox’ in Committee Decisions”. Metroeconomica, enero-agosto 1965, 17(1-2), pp. 29-44. Nozick, Robert. Anarchy, state and utopia. Nueva York: Basic Books, 1974. Nussbaum, Martha. “Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political Distribution”. Oxford Studies in Ancient Philosophy, 1988, Sup., pp. 145-84. Nussbaum, Martha y Glover, Jonathan, eds. Women, culture, and development: A study of human capabilities. Oxford: Clarendon Press, 1995. Nussbaum, Martha y Sen, Amartya K., eds. The quality of life. Oxford: Oxford University Press, 1993. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 53 Osmani, Siddiqur R. Economic inequality and group welfare. Oxford: Oxford University Press, 1982. _____ . “The Entitlement Approach to Famine; An Assessment”, en Kaushik Basu, Prasanta K. Pattanaik y Kotaro Suzumura, eds., Choice, welfare, and development: A festschrift in honour of Amartya K. Sen. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 253-94. Parks, Robert P. “Further Results on Path Independence, Quasitransitivity, and Social Choice”. Public Choice, verano 1976a, 26(26), pp. 75-87. _____ . “An Impossibility Theorem for Fixed Preferences: A Dictatorial Bergson-Samuelson Welfare Function”. Review of Economic Studies, octubre 1976b, 43(3), pp. 447-50. Pattanaik, Prasanta K. Voting and collective choice. Londres: Cambridge University Press, 1971. _____ . “On the Stability of Sincere Voting Situations”. Journal of Economic Theory, diciembre 1973, 6(6), pp. 558-74. _____ . Strategy and group choice. Amsterdam: North-Holland, 1978. _____ . “The Liberal Paradox: Some Interpretations When Rights Are Represented as Game Forms”. Analyse & Kritik, septiembre 1996, 18(1), pp. 38-53. _____ . “On Modelling Individual Rights: Some Conceptual Issues”, en Kenneth J. Arrow, Amartya K. Sen y Kotaro Suzumura, eds., Social choice re-examined, Vol. 2. Nueva York: St. Martin’s Press, 1997, pp. 100-28. Pattanaik, Prasanta K. y Salles, Maurice, eds. Social choice and welfare. Amsterdam: NorthHolland, 1983. Pattanaik, Prasanta K. y Sengupta, Manimay. “Conditions for Transitive and Quasi-Transitive Majority Decisions”. Economica, noviembre 1974, 41(164), pp. 414-23. _____ . “Restricted Preferences and Strategy-Proofness of a Class of Group Decision Functions”. Review of Economic Studies, octubre 1980, 47(5), pp. 965-73. Pazner, Elisha A. y Schmeidler, David. “A Difficulty in the Concept of Fairness”. Review of Economic Studies, julio 1974, 41(3), pp. 441-43. Peleg, Bezalel. “Consistent Voting Systems”. Econometrica, enero 1978, 46(1), pp. 153-62. _____ . Game theoretic analysis of voting in committees. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. Phelps, Edmund S., ed. Economic justice. Harmondsworth, Reino Unido: Penguin, 1973. Pigou, Arthur C. The economics of welfare. Londres: Macmillan, 1920. Plott, Charles R. “A Notion of Equilibrium and Its Possibility under Majority Rule”. American Economic Review, septiembre 1967, 57(4), pp. 787-806. _____ . “Path Independence, Rationality, and Social Choice”. Econometrica, noviembre 1973, 41(6), pp. 1075-91. _____ . “Axiomatic Social Choice Theory: An Overview and Interpretation”. American Journal of Political Science, agosto 1976, 20(3), pp. 511-96. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 54 Pollak, Robert A. “Welfare Comparisons and Situation Comparison”. Journal of Econometrics, octubre-noviembre 1991, 50(1-2), pp. 31-48. Pollak, Robert y Wales, Terence J. “Welfare Comparisons and Equivalence Scales”. American Economic Review, mayo 1979 (Papers and Proceedings), 69(2), pp. 216-21. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations Development Programme. [PNUD-UNDP]). Human development report 1990. Nueva York: Oxford University Press. 1990. Rae, Douglas W. “Using District Magnitude to Regulate Political Party Competition”. Journal of Economic Perspectives, invierno 1995, 9(1), pp. 65-75. Rangarajan, L. N., ed. The Arthasastra. Nueva Delhi, India: Penguin Books, 1987. Ravallion, Martin. Markets and famines. Oxford: Oxford University Press, 1987. _____ . Poverty comparisons. Chur, Suiza: Harwood, 1994. _____ . “Household Vulnerability to Aggregate Shocks: Differing Fortunes of the Poor in Bangladesh and Indonesia”, en Kaushik Basu, Prasanta K. Pattanaik y Kotaro Suzumura, eds., Choice, welfare, and development: A festschrift in honour of Amartya K. Sen. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 295-312. Rawls, John. A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971. Razavi, Shahrashoub. “Excess Female Mortality: An Indicator of Female Subordination? A Note Drawing on Village-Level Evidence from South-eastern Iran”. Notizie di Politeia, 1996, 12(4344), pp. 79-95. Riley, Jonathan. Liberal utilitarianism: Social choice theory and J. S. Mill’s philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. 1987. Robbins, Lionel. “Interpersonal Comparisons of Utility: A Comment”. Economic Journal, diciembre 1938, 48(192), pp. 635-41. Roberts, Kevin W. S. “Possibility Theorems with Interpersonally Comparable Welfare Levels”. Review of Economic Studies, enero 1980a, 47(2), pp. 409-20. _____ . “Interpersonal Comparability and Social Choice Theory”. Review of Economic Studies, enero 1980b, 47(2), pp. 421-39. _____ . “Valued Opinions or Opiniated Values: The Double Aggregation Problem”, en Kaushik Basu, Prasanta K. Pattanaik y Kotaro Suzumura, eds., Choice, welfare, and development: A festschrift in honour of Amartya K. Sen. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 141-67. Roemer, John. A general theory of exploitation and class. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982. _____ . Theories of distributive justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. Rothschild, Michael y Stiglitz, Joseph E. “Some Further Results on the Measurement of Inequality”. Journal of Economic Theory, abril 1973, 6(2), pp. 188-204. Rowley, Charles K. Liberty and the state. Aldershot, Reino Unido: Elgar, 1993. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 55 Salles, Maurice. “A General Possibility Theorem for Group Decision Rules with Pareto-Transitivity”. Journal of Economic Theory, agosto 1975, 11(1), pp. 110-18. Samuelson, Paul A. Foundations of economic analysis. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1947. Satterthwaite, Mark A. “Strategy-Proofness and Arrow’s Conditions: Existence and Correspondence Theorems for Voting Procedures and Social Welfare Functions”. Journal of Economic Theory, abril 1975, 10(2), pp. 187-217. Schmeidler, David y Sonnenschein, Hugo F. “Two Proofs of the Gibbard-Satterthwaite Theorem on the Possibility of a Strategy-Proof Social Choice Function”, en H. W. Gottinger y W. Leinfeller, eds., Decision theory and social ethics: Issues in social choice. Dordrecht: Reidel, 1978. pp. 227-34. Schofield, Norman J. “General Instability of Majority Rule”. Review of Economic Studies, octubre 1983, 50(4), pp. 695-705. _____ , ed. Collective decision-making: Social choice and political economy. Boston: Kluwer, 1996. Schokkaert, Erik y Van Ootegem, Luc. “Sen’s Concept of the Living Standard Applied to the Belgian Unemployed”. Récherches Economiques de Louvain, 1990, 56(3-4), pp. 429-50. Schwartz, Thomas. “On the Possibility of Rational Policy Evaluation”. Theory and Decision, octubre 1970, 1(1), pp. 89-106. _____ . “Rationality and the Myth of the Maximum”. Noûs, mayo 1972, 6(2), pp. 97-117. _____ . The logic of collective choice. Nueva York. Columbia University Press, 1986. Scitovsky, Tibor. The joyless economy. Oxford: Oxford University Press, 1976. Seidl, Christian. “On Liberal Values”. Zeitschrift für Nationalökonomie, mayo 1975, 35(3-4), pp. 257-92. _____ . “Poverty Measurement: A Survey”, en Dieter Bos, Manfred Rose y Christian Seidl, eds., Welfare and efficiency in public economics. Berlín: Springer-Verlag, 1988, pp. 71-147. _____ . “Foundations and Implications of Rights”, en Kenneth J. Arrow, Amartya K. Sen, y Kotaro Suzumura, eds., Social choice re-examined, Vol. 2. Nueva York: St. Martin’s Press, 1997, pp. 53-77. Sen, Amartya K. “Preferences, Votes and the Transitivity of Majority Decisions”. Review of Economic Studies, abril 1964, 31(2), pp. 163-65. _____ . “A Possibility Theorem on Majority Decisions”. Econometrica, abril 1966, 34(2), pp. 491-09. _____ . “Quasi-Transitivity, Rational Choice and Collective Decisions”. Review of Economic Studies, julio 1969, 36(3), pp. 381-93. _____ . Collective choice and social welfare. San Francisco, CA: Holden-Day, 1970a. _____ . “The Impossibility of a Paretian Liberal”. Journal of Political Economy, enero-febrero 1970b, 78(1), pp. 152-57; reimpreso en Sen (1982a). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 56 _____ . “Interpersonal Aggregation and Partial Comparability”. Econometrica, mayo 1970c, 38(3), pp. 393-409; reimpreso en Sen (1982a). _____ . On economic inequality. Oxford: Oxford University Press. 1973a; ed. ampliada, 1997c. _____ . “On the Development of Basic Income Indicators to Supplement the GNP Measure”. United Nations Economic Bultetin for Asia and the Far East, septiembre-diciembre 1973b, 24(23), pp. 1-11. _____ . “Behaviour and the Concept of Preference”. Economica, 1973c, 40(159), pp. 241-59; reimpreso en Sen (1982a). _____ . “Choice, Orderings, and Morality”, en S. Korner, ed., Practical reason. Oxford: Blackwell, 1974; reimpreso en Sen (1982a). _____ . “Real National Income”. Review of Economic Studies, febrero 1976a, 43(1), pp. 19-39; reimpreso en Sen (1982a). _____ . “Poverty: An Ordinal Approach to Measurement”. Econometrica, marzo 1976b, 44(2), pp. 219-23; reimpreso en Sen (1982a). _____ . “Liberty, Unanimity and Rights”. Economica, agosto 1976c, 43(171), pp. 217-45; reimpreso en Sen (1982a). _____ . “Social Choice Theory: A Re-examination”. Econometrica, enero 1977a, 45(1), pp. 5389; reimpreso en Sen (1982a). _____ . “Starvation an Exchange Entitlements: A General Approach and Its Application to the Great Bengal Famine”. Cambridge Journal of Economics, marzo 1977b, 1(1), pp. 33-59. _____ . “On Weights and Measures: Informational Constraints in Social Welfare Analysis”. Econometrica, octubre 1977c, 45(7), pp. 1539-72; reimpreso en Sen (1982a). _____ . “Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory”. Philosophy and Public Affairs, verano 1977d, 6(4), pp. 317-44; reimpreso en Sen (1982a). _____ . “The Welfare Basis of Real Income Comparisons: A Survey”. Journal of Economic Literature, marzo 1979a, 17(1), pp. 1-45; reimpreso en Sen (1984). _____ . “Personal Utilities and Public Judgements: Or What’s Wrong with Welfare Economics”. Economic Journal, septiembre 1979b, 89(355), pp. 537-58; reimpreso en Sen (1982a). _____ . “Equality of What?” en S. McMurrin, ed., Tanner lectures on human values, Vol. 1. Salt Lake City, UT: University of Utah, 1980, pp. 195-220; reimpreso en Sen (1982a). _____ . Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. Oxford: Oxford University Press, 1981. _____ . Choice, welfare and measurement. Oxford: Blackwell, 1982a; Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997. _____ . “Rights and Agency”. Philosophy and Public Affairs, primavera 1982b, 11(2), pp. 113-32. _____ . “Liberty and Social Choice”. Journal of Philosophy, enero 1983a, 80(1), pp. 5-28. _____ . “Poor, Relatively Speaking”. Oxford Economic Papers, julio 1983b, 35(2), pp. 153-69. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 57 _____ . Resources, values and development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984. _____ . Commodities and capabilities. Amsterdam: North-Holland, 1985a. _____ . “Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984”. Journal of Philosophy, abril 1985b, 82(4), pp. 169-221. _____ . “Social Choice Theory”, en Kenneth J. Arrow y Michael Intriligator, eds., Handbook of mathematical economics, Vol. III. Amsterdam: North-Holland, 1986a, pp. 1073-181. _____ . “Information and Invariance in Normative Choice”, en Walter P. Heller, Ross M. Starr y David A. Starrett, eds., Essays in honor of Kenneth J. Arrow, Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1986b, pp. 29-55. _____ . “Gender and Cooperative Conflict”, en Irene Tinker, ed., Persistent inequalities. Nueva York: Oxford University Press, 1990, pp. 123-49. _____ . Inequality reexamined. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992a. _____ . “Minimal Liberty”. Economica, mayo 1992b, 59(234), pp. 139-60. _____ . “Missing Women”. British Medical Journal, marzo 1992c, 304(6827), pp. 587-88. _____ . “Internal Consistency of Choice”. Econometrica, mayo 1993a, 61(3), pp. 495-521. _____ . “Capability and Well-being”, en Martha Nussbaum y Amartya Sen, eds., The quality of life. Oxford: Oxford University Press, 1993b, pp. 30-53. _____ . “Positional Objectivity”. Philosophy and Public Affairs, primavera 1993c, 22(2), pp. 83-135. _____ . “Well-Being, Capability and Public Policy”, Giornale degli Economisti e Annali di Economia, julio-septiembre 1994, 53(7-9), pp. 333-47. _____ . “Rationality and Social Choice”. American Economic Review, marzo 1995a, 85(1), pp. 1-24. _____ . “Environmental Evaluation and Social Choice: Contingent Valuation and the Market Analogy”. Japanese Economic Review, marzo 1995b, 46(1), pp. 23-37. _____ . “Rights: Formulation and Consequences”. Analyse & Kritik, septiembre 1996a, 18, pp. 53-70. _____ . “Feedom, Capabilities and Public Action: A Response”. Notizie di Politeia, 1996b, 12(43-44), pp. 105-25. _____ . “Maximization and the Act of Choice”. Econometrica, julio 1997a, 65(4), pp. 745-80. _____ . “Individual Preference as the Basis of Social Choice”, en Kenneth J. Arrow, Amartya K. Sen y Kotaro Suzumura, eds., Social choice re-examined, Vol. 2. Nueva York: St. Martin’s Press, 1997b. _____ . On economic inequality [ed. ampliada, con un importante anexo conjuntamente con James Foster]. Oxford: Oxford University Press. 1997c. _____ . Development as freedom [mimeografía]; 1999a (próximo). _____ . Freedom, rationality and social choice: Arrow lectures and other essays [mimeografía]; 1999b (próximo). Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 58 Sen, Amartya K. y Pattanaik, Prasanta K. “Necessary and Sufficient Conditions for Rational Choice under Majority Decision”. Journal of Economic Theory, agosto 1969, 1(2), pp. 178-202. Sengupta, Manimay. “Monotonicity, Independence of Irrelevant Alternatives and StrategyProofness of Social Decision Functions”. Review of Economic Studies, enero 1980a, 47(2), pp. 393-407. _____ . “The Knowledge Assumption in the Theory of Strategic Voting”. Econometrica, julio 1980b, 48(5), pp. 1301-04. Shorrocks, Anthony F. “Inequality Decomposition by Population Subgroups”. Econometrica, noviembre 1984, 52(6), pp. 1369-85. _____ . “Revisiting the Sen Poverty Index”. Econometrica, septiembre 1995, 63(5), pp. 1225-30. Slesnick, Daniel T. “Empirical Approaches to the Measurement of Welfare”. Journal of Economic Literature, diciembre 1998, 36(4). pp. 2108-65. Smith, Adam. An inquiry into the wealth of nations. Londres: W. Strahan y T. Cadell, 1776; reimpreso, Londres: Home University, 1910. Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Federación Internacional de las (Red Cross and Red Crescent Societies, International Federation of). World disasters report 1994. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1994. Solow, Robert M. “Mass Unemployment as a Social Problem”, en Kaushik Basu, Prasanta K. Pattanaik y Kotaro Suzumura, eds., Choice, welfare, and development: A festschrift in honour of Amartya K. Sen. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 313-21. Starret, David. Foundations of public economics. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Steiner, Hillel. “Putting Rights in Their Place: An Appraisal of A. Sen’s Work on Rights”. Récherches Economiques de Louvain, 1990, 56(3-4), pp. 391-408. Stewart, Frances. Planning to meet basic needs. Londres: Macmillan, 1985. Strasnick, Stephen. “Social Choice and the Derivation of Rawls’s Difference Principle”. Journal of Philosophy, febrero 1976, 73(4), pp. 85-99. Streeten, Paul. “Basic Needs: Some Unsettled Questions”. World Development, septiembre 1984, 12(9), pp. 973-78. Streeten, Paul (con Burki, S. J.; Haq, Mahbub ul; Hicks, Norman y Stewart, Frances). First things first: Meeting basic needs in developing countries. Londres: Oxford University Press, 1981. Sugden, Robert. The political economy of public choice. Nueva York: Wiley, 1981. _____ . “Liberty, Preference, and Choice”. Economics and Philosophy, octubre 1985, 1(2), pp. 213-29. _____ . “Welfare, Resources, and Capabilities: A Review of Inequality Reexamined by Amartya Sen”. Journal of Economic Literature, diciembre 1993, 31(4), pp. 1947-62. Suppes, Patrick. “Some Formal Models of Grading Principles”. Synthese, diciembre 1966, 16(3/ 4), pp. 284-106. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 59 Suzumura, Kotaro. “Rational Choice and Revealed Preference”. Review of Economic Studies, febrero 1976a, 43(1), pp. 149-58. _____ . “Remarks on the Theory of Collective Choice”. Economica, noviembre 1976b, 43(172), pp. 381-90. _____ . Rational choice, collective decisions, and social welfare. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. _____ . Competition, commitment, and welfare. Oxford: Oxford University Press, 1995. _____ . “Welfare, Rights, and Social Choice Procedure: A Perspective”. Analyse & Kritik, septiembre 1996, 18(1), pp. 20-37. _____ . “Interpersonal Comparisons of the Extended Sympathy Type and the Possibility of Social Choice”, en Kenneth J. Arrow, Amartya K. Sen y Kotaro Suzumura, eds., Social choice reexamined, Vol. 2. Nueva York: St. Martin’s Press, 1997, pp. 202-29. _____ . “Consequences, Opportunities, and Procedures”. Social Choice and Welfare, 1999, 16(1), pp. 17-40. Svedberg, Peter. Poverty and undernutrition: Theory and measurement. Mimeografía (estudio para WIDER); 1999 (próximo). Svensson, Lars-Gunnar. “Social Justice and Fair Distributions”. Lund Economic Studies, 1977, 15. _____ . “Equity Among Generations”. Econometrica, julio 1980, 48(5), pp. 1251-56. Tideman, Nicolaus. “The Single Transferable Vote”. Journal of Economic Perspectives, invierno 1995, 9 (1), pp. 27-38. Tullock, Gordon. “The General Irrelevance of the General Possibility Theorem”. Quarterly Journal of Economics, mayo 1967, 81(2), pp. 256-70. van Hees, Martin. “Individual Rights and Legal Validity”. Analyse & Kritik, septiembre 1996, 18(1), pp. 81-95. Van Parijs, Philippe. Real freedom for all: What (if anything) can justify capitalism? Oxford: Oxford University Press, 1995. Varian, Hal. “Equity, Envy, and Efficiency”, Journal of Economic Theory, septiembre 1974, 9(1), pp. 63-91. _____ . “Distributive Justice, Welfare Economics and a Theory of Justice”. Philosophy and Public Affairs, primavera 1975, 4(3), pp. 223-47. Vaughan, Megan. The story of an African famine: Gender and famine in twentieth century Malawi. Cambridge: Cambridge University Press. 1987. Vickrey, William S. “Utility, Strategy, and Social Decision Rules”. Quarterly Journal of Economics, noviembre 1960, 74, pp. 507-35. Ward, Benjamin. “Majority Voting and Alternative Forms of Public Enterprise”, en Julius Margolis, ed., The public economy of urban communities. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1965, pp. 112-26. Amartya Sen / La posibilidad de la elección social 60 Weber, Robert J. “Approval Voting”. Journal of Economic Perspectives, invierno 1995, 9(1), pp. 39-49. Wilson, Robert. “Social Choice Without the Pareto Principle”. Journal of Economic Theory, diciembre 1972, 5(3), pp. 478-86. _____ . “On the Theory of Aggregation”. Journal of Economic Theory, febrero 1975, 10(1), pp. 89-99. Wriglesworth, John L. Libertarian conflicts in social choice. Cambridge: Cambridge University Press. 1985. Young, H. Peyton. “Condorcet’s Theory of Voting”. American Political Science Review, diciembre 1988, 82(4), pp. 1231-44. _____ . “Optimal Voting Rules”. Journal of Economic Perspectives, invierno 1995, 9(1), pp. 51-64. _____ , ed. Fair allocation. Providence, RI: American Mathematical Society, 1985. La renta petrolera y el crecimiento económico de Venezuela. Análisis del período 1913-1995 Schliesser Silva Reinier Schliesser* José Ignacio Silva* Introducción El crecimiento del ingreso y su distribución son, sin lugar a dudas, los indicadores más importantes del bienestar de una economía. Si ambos son satisfactorios no hay razón para preocuparse, pero si no lo son, seguramente todo va mal. Es fácil darse cuenta de cómo pequeñas diferencias en las tasas de crecimiento, sostenidas durante un largo período de tiempo, pueden dar lugar a importantes diferencias en los niveles de bienestar de la población. A manera de ejemplo, la tasa de crecimiento promedio de la producción per cápita en Venezuela fue de 0,5% entre 1950 y 1995, con lo cual, el PIB per cápita de la economía se incrementó en 25% durante ese lapso. Si la tasa de crecimiento promedio hubiese sido apenas un 1% mayor, el PIB por habitante de 1995 casi hubiese duplicado al de 1950. De modo que el número de bienes y servicios disponible por habitante sería 95% y no 25% más alto. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el crecimiento económico de Venezuela entre 1913 y 1995. Para ello, en la primera sección se realiza un breve análisis del crecimiento económico a nivel mundial y de algunas influencias causales que determinaron su trayectoria. Todo esto con el fin de resaltar los elementos * Funcionarios del Banco Central de Venezuela. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 62 comunes y específicos que ha tenido el crecimiento del ingreso por habitante de Venezuela respecto a las distintas regiones y países, elementos que son destacados, a través de una primera aproximación, en la segunda parte. Mucho se ha discutido acerca de si la existencia de recursos naturales fomenta el crecimiento económico o si por el contrario lo frena. Un estudio realizado recientemente, muestra que mayor participación de recursos naturales en las exportaciones de un país está asociada con menores tasas de crecimiento económico a largo plazo1. Estos hallazgos podrían identificarse con el caso específico de Venezuela, país cuyo crecimiento ha sido impulsado por la presencia del petróleo. Así, durante los ochenta años bajo análisis se ha detectado una desaceleración en el ritmo de crecimiento del PIB per cápita en los diferentes subperíodos (1913-1950, 1950-1973, 1973-1995)2, que coincide con el menor dinamismo mostrado por las exportaciones petroleras por habitante. Esta correlación es explicada a través de la presencia de distintos mecanismos por medio de los cuales el Estado, como propietario del recurso natural, ha impulsado un proceso de acumulación de capital, y con ello, un determinado patrón de crecimiento económico ausente de progreso tecnológico. Así, en la tercera parte del trabajo se destaca el papel del petróleo y, más específicamente, de la renta petrolera, en el crecimiento económico de Venezuela. La mencionada desaceleración observada en el crecimiento económico del país se ha visto acentuada en los últimos 20 años del período bajo estudio, la cual coincide con la aparición de importantes desequilibrios macroeconómicos3. Desequilibrios que se asocian con el intento del Estado de mantener, e incluso incrementar, los niveles de absorción bajo una situación de reducción de la renta petrolera. Este hecho obliga a destacar, en la cuarta sección del presente trabajo, la vinculación existente entre la caída de la renta petrolera, la aparición de los desequilibrios macroeconómicos y el decrecimiento del ingreso por habitante observado en el último subperíodo (1973-1995). En definitiva, el presente trabajo busca explicar la desaceleración y posterior caída de la tasa de crecimiento de la economía venezolana en el período 1913-1995. En 1 Sachs y Warner (1995) 2 Tales subperíodos corresponden a las “fases del desarrollo” identificadas por Maddison (1997) a nivel mundial. De acuerdo al autor: “cada fase debe tener un impulso diferente y distintivo, en dimensiones que sean analíticamente significativas; tales cambios deben extenderse a una mayoría sustancial de los países bajo estudio y deben tener una incidencia más larga que un ciclo económico”, pág. 85. En el presente estudio, dichas “fases del desarrollo” fueron seleccionadas para poder comparar el crecimiento económico de Venezuela con la tendencia observada en la mayoría de los países del mundo. 3 Siendo la expresión más clara de tales desequilibrios la cada vez mayor y más variable tasa de inflación. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 63 tal sentido, los resultados arrojados por la quinta y última sección de la presente investigación muestran que son dos las influencias causales que explican, en gran medida, el comportamiento evidenciado en el ritmo de crecimiento económico. En primer lugar, destaca la dinámica mostrada por la renta petrolera como fuente importante de acumulación de capital y, en segundo lugar, la aceleración inflacionaria ocurrida a partir de la disminución experimentada por la renta petrolera. El crecimiento económico mundial en el período 1913-1992 (un breve análisis) En ochenta años (1913-1992), el mundo ha experimentado importantes cambios a nivel económico. En efecto, durante dicho lapso la producción total se multiplicó por diez, la producción por habitante aumentó en tres veces y media, mientras que el comercio lo hizo en dieciséis veces. Todo esto es la continuación de un proceso de expansión económica iniciado, con fuerza, a principios del siglo XIX. Tal expansión económica, sin embargo, ha sido desigual a lo largo del período mencionado. Así, el incremento del ingreso por habitante ha diferido de manera importante entre los países y regiones, mientras que el ritmo de crecimiento ha variado apreciablemente en el tiempo. La evidencia cuantitativa utilizada en el presente trabajo4 muestra que, a nivel global, el período de mejor desempeño fue la llamada edad de oro de la posguerra 1950-1973, cuando el ingreso por habitante mejoró de manera considerable en todas las regiones. Por su parte, el lapso de peor desempeño fue el comprendido entre 1913 y 1950, siendo éste el período de los desastres (dos guerras mundiales, la gran depresión, etc.). El cuadro N° 1 permite observar la evolución del PIB por habitante en las distintas regiones5. Del mismo se desprende una importante consideración: el ritmo de crecimiento y los patrones de convergencia o divergencia, respecto a la región líder (Nuevos Países Occidentales), han cambiado en forma importante en el lapso bajo consideración. Así, mientras que el subperíodo de los desastres (19131950) se caracterizó por un lento crecimiento y una clara divergencia entre las regiones seguidoras y la región líder, en la edad de oro de la posguerra (19501973), destaca un importante dinamismo y un acercamiento entre las distintas regiones (a excepción de África), proceso que fue menos generalizado e intenso después de la crisis energética de 1973. 4 Maddison (1997). 5 Esta clasificación regional es presentada por Maddison (1997). Ver anexo. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 64 Cuadro N° 1 Evolución del PIB per cápita: 1913-1992 (US$ de 1990) Regiones Europa Occidental Nuevos Países Occidentales Europa Meridional Europa Oriental América Latina Asia y Oceanía África Media 1913 3.704 US$ de 1990 1950 1973 5.126 12.289 Tasa media de crecimiento anual (%) 1992 1950/13 1973/50 1992/73 1992/13 17.387 0,9 3,9 1,8 2,0 5.237 1.750 1.690 1.439 742 575 1.539 9.255 2.021 2.631 2.487 765 830 2.138 20.850 8.287 4.665 4.820 3.252 1.284 5.145 16.075 6.015 5.745 4.387 1.801 1.311 4.123 1,6 0,4 1,2 1,5 0,1 1,0 0,9 2,4 4,9 3,5 2,5 3,8 2,0 2,9 1,4 1,7 -1,1 0,5 3,2 -0,1 1,2 1,8 2,0 1,3 1,5 1,9 1,0 1,5 Fuente: Maddison (1997). Si bien es cierto que la expansión económica y los patrones de convergencia y/o divergencia han sido desiguales en el presente siglo, un hecho que ha permanecido a través del tiempo es que las regiones con mayor prosperidad han mantenido su posición privilegiada, mientras que las regiones pobres continúan siendo relativamente pobres. Tal es el caso de África, región cuyo PIB por habitante pasó de representar el 9,0 % del PIB per cápita de los Nuevos Países Occidentales en 1913, a un 6,2 % en 1992. Para comprender el desempeño del crecimiento a largo plazo en términos per cápita de cada una de estas regiones o de los distintos países, es necesario remitirse a las influencias causales que han sido identificadas en la literatura del crecimiento. Cuatro de estas influencias son mencionadas a continuación: a) la acumulación de capital físico; b) el mejoramiento del capital humano; c) el progreso tecnológico y d) el comercio internacional. Los tres primeros factores actúan de manera directa sobre el crecimiento, mientras que el cuarto lo hace de forma indirecta potenciando la capacidad de expansión de las distintas economías, principalmente las pequeñas. La acumulación de capital físico Parece no existir duda de que la elevada acumulación de capital físico y los mayores niveles de capital por trabajador fueron una condición necesaria para el R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 65 crecimiento de la producción. Según la teoría neoclásica del crecimiento6, un incremento en la tasa de inversión se traduce en un incremento en el stock de capital por trabajador, lo cual permite un mayor nivel de ingreso por habitante en el largo plazo. De tal forma que si un país dedica una elevada proporción de su ingreso a la inversión tendrá un elevado stock de capital y un elevado nivel de ingreso en el futuro. De manera que las diferencias en las tasas de inversión entre los distintos países pueden contribuir a explicar las diferencias entre los niveles de bienestar. Al observar el gráfico N° 1 se aprecia la existencia de una correlación positiva, aunque no perfecta, entre la proporción de la producción que se dedica a la inversión y el nivel de ingreso per cápita. Así, tal como lo predice la teoría neoclásica del crecimiento, aquellos países que tienes una tasa de inversión más alta, gozan, en general, de un mayor ingreso por habitante7. Gráfico N° 1 Tasa de inversión y PIB per cápita (US$ de 1985) Tasa inversión 1960-1988 (%) 40 30 20 10 14970 11982 12360 9412 11201 5717 5163 4629 4099 3569 2847 2376 2228 1947 1615 924 1265 877 715 608 501 332 0 PIB per cápita 1988 Fuente: Mankiw, Romer y Weil (1992) A lo largo del período comprendido entre 1913 y 1992, el stock de capital no residencial por habitante en los países que tuvieron un buen desempeño económico aumentó considerablemente, tanto en lo que se refiere a las estructuras como a las máquinas y equipos (ver cuadro N° 2). El caso japonés es un ejemplo de un mayor crecimiento económico impulsado por el importante incremento del 6 7 Solow (1956). En Sala-i-Martín (1994), se encuentra evidencia acerca de la importancia de la tasa de ahorro e inversión en el crecimiento económico. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 66 stock de capital por trabajador. En efecto, en el período mencionado, su nivel de capital no residencial se multiplicó por casi 50 veces, mientras que su ingreso por habitante lo hizo por 15 veces. Por su parte, el líder del actual siglo (EE.UU.), vivió su mayor período de acumulación de capital en el siglo pasado, multiplicando su inventario de capital bruto no residencial por más de siete veces entre 1820 y 1890. Sin embargo, para poder mantener su condición de liderazgo en el siglo XX, requirió no solamente reponer su stock de capital existente, sino que fue necesaria la profundización de stock a través de la incorporación de nueva tecnología con el fin de producir productos nuevos y mejorados, lo cual, a su vez, constituyó un incentivo para seguir acumulando8. De forma tal que la continua acumulación de capital físico se ha presentado como una condición indispensable para lograr y mantener altos niveles de bienestar. Cuadro N° 2 Evolución del PIB y del stock de capital físico no residencial per cápita: 1913-1992 (US$ de 1990) 1913 Inventario bruto de maquinarias y equipos EE.UU. 2.760 Reino Unido 906 Japón 334 Inventario bruto de estructuras no residenciales EE.UU. 14.753 Reino Unido 3.321 Japón 854 Inventario total de capital EE.UU. 17.513 Reino Unido 4.227 Japón 1.188 PIB per cápita EE.UU. 5.307 Reino Unido 5.032 Japón 1.334 Fuente: Maddison (1997) 8 Maddison (1997). 1950 1973 1992 1950/13 1973/50 1992/73 1992/13 6.127 2.123 1.386 10.795 6.236 6.390 18.540 10.230 20.785 2,2 2,3 3,9 2,5 4,8 6,9 2,9 2,6 6,4 2,4 3,1 4,5 17.327 3.424 1.929 24.412 9.594 12.780 33.846 18.413 37.879 0,4 0,1 2,2 1,5 4,6 8,6 1,7 3,5 5,9 1,1 2,2 4,9 23.454 5.547 3.315 35.207 15.830 19.170 52.386 28.643 58.664 0,8 0,7 2,8 1,8 4,7 7,9 2,1 3,2 6,1 1,4 2,5 5,1 9.573 6.847 1.873 16.607 11.992 11.017 21.558 15.738 19.425 1,6 0,8 0,9 2,4 2,5 8,0 1,4 1,4 3,0 1,8 1,5 3,5 R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 67 Mejoramiento del capital humano El incremento en el nivel de educación de la población en edad de trabajar es un rasgo característico del siglo XX. Dicho rasgo no ha sido dejado a un lado por la teoría del crecimiento económico. Ya en la década de los setenta algunos autores9 señalaron que el progreso técnico presentaba un comportamiento endógeno motivado por los efectos que sobre el mismo generaba un mayor y mejor conocimiento adquirido por la masa trabajadora. Más recientemente, estas ideas fueron tomadas y refinadas en la llamada “teoría del crecimiento endógeno”, cuyos trabajos pioneros fueron los de Romer (1986, 1990) y Lucas (1988). Al margen de la discusión planteada por las distintas teorías del crecimiento, es un hecho que el mejoramiento del capital humano puede dar lugar a unos niveles más altos del ingreso por habitante en el largo plazo. Gráfico N° 2 Años de educación promedio ponderado y PIB per cápita Años de educación 1992 20 18 16 14 12 10 8 6 21558 19425 19351 17959 17165 16927 16898 16229 15738 12498 11130 11590 9163 11010 7616 7238 5025 4637 2854 1348 4 PIB per cápita 1992 (US$: 1990) Fuente: Maddison (1997) El gráfico N° 2 permite destacar el papel del factor educativo sobre el capital humano y por tanto sobre los niveles de ingreso. En él se observa que aquellos países cuyas poblaciones tienen un nivel educativo promedio superior gozan, en general, de un mayor nivel de ingreso por habitante hoy en día. Un caso importante de crecimiento favorecido por el mejoramiento del capital humano es el de Japón. En 1950 el PIB per cápita japonés representaba tan sólo el 20 % del PIB por 9 Arrow (1962) y Levhari (1966). R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 68 habitante del país líder (EE.UU.), no obstante, para ese entonces su población gozaba de un nivel educativo relativamente alto (siendo un 19% más bajo que el de EE.UU.). Tal madurez en el capital humano de esa nación asiática, favoreció el importante crecimiento de la producción ocurrido a partir de entonces y un importante acercamiento con la nación líder. En 1992, su PIB por habitante representó el 90% del de Estados Unidos de América. El progreso tecnológico El progreso tecnológico ha sido el principal motor del crecimiento de muchas naciones que hoy en día pueden ser consideradas como prósperas. De acuerdo a Maddison (1997), una de las razones fundamentalmente por la cual la economía mundial pudo crecer con mayor rapidez en el siglo XX que en el siglo XIX, es que la frontera tecnológica se estuvo desplazando con mayor velocidad en el actual siglo. Este hecho se debe, principalmente, a que el margen de liderazgo de los Estados Unidos sobre otros países en la primera mitad del presente siglo, fue mucho más importante que el que tuvo el Reino Unido en el siglo pasado, tanto en la productividad del trabajo como en la productividad general de los factores. Otro aspecto que favoreció el ritmo de crecimiento fue la mayor integración tecnológica ocurrida una vez finalizado el período de los desastres (1913-1950), de modo que las naciones seguidoras pudieron beneficiarse del desempeño del líder (EE.UU.). Así, el proceso de reducción en la brecha tecnológica de los países seguidores respecto a los Estados Unidos junto a la mayor acumulación de capital ocurrida, permitió la convergencia observada entre las principales naciones seguidoras y el líder. Los gráficos N°s 3 y 4 dan prueba de lo anteriormente mencionado. El primero de éstos muestra el ritmo de reducción y/o ampliación de la brecha tecnológica de los distintos grupos de países respecto a los Estados Unidos. El segundo presenta la velocidad de convergencia del ingreso per cápita hacia la nación líder y la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo. Las principales conclusiones que se desprenden de estos dos gráficos son: a) aquellos países que tuvieron un mayor crecimiento en la productividad del trabajo tuvieron mayores tasas de crecimiento en su ingreso por habitante; y b) aquellos países que pudieron cerrar significativamente su brecha tecnológica respecto a los EE.UU. hoy en día gozan de un nivel de bienestar económico comparable con el de esa nación. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 69 Gráfico N° 3 Convergencia de la productividad del factor trabajo respecto a los EE.UU. (PIB por hora trabajada) Productividad USA=100 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1913 1950 1973 Europa Occidental EE.UU. Asia Japón 1992 América Latina Fuente: Maddison (1997) Gráfico N° 4 Tasas de convergencia hacia el nivel del PIB per cápita de los EE.UU. y crecimiento de la productividad del trabajo (1950-92) Productividad Crecimiento (%) 5 4 3 2 1 0 -1 3.7 4.18 2.05 2.02 1.71 1.09 1.01 0.85 0.59 0.47 0.27 0.2 0.1 0 -0.4 -0.9 -1.4 -2 Convergencia: Tasa de crecimiento del país seguidor - Tasa de crecimiento EE.UU. Fuente: Maddison (1997) R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 70 El comercio internacional La importancia del comercio exterior en el crecimiento depende del tamaño de una economía, siendo mucho más importante en países como Corea del Sur que en los Estados Unidos. La expansión comercial ha sido un elemento causal de importancia en el crecimiento económico de los países pequeños. Esto es, el crecimiento del comercio internacional ocurrido a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha jugado un papel importante en la expansión económica al permitir a los países especializarse en los tipos de productos en los que son relativamente más eficientes, neutralizando la desventaja de tener una dotación limitada de recursos naturales. Estudios realizados por el Banco Mundial han destacado la fuerte influencia que tienen la expansión y el fomento de las exportaciones sobre el crecimiento económico10. El gráfico N° 5 muestra la relación directa entre el crecimiento del comercio, medido a través de la tasa de crecimiento de las exportaciones per cápita, y el crecimiento del producto por persona entre 1950 y 1992. Relación que se hace más estrecha al excluir países con importantes mercados internos como EE.UU., China, Australia, India y Brasil. En general, podría decirse que aquellos países pequeños cuyo crecimiento ha sido impulsado por el crecimiento sostenido del sector exportador, han podido incrementar y mantener sus niveles de bienestar económico. Tal es el caso del crecimiento económico de los países de Europa Occidental y de algunas naciones de Asia. Gráfico N° 5 Tasas de crecimiento de las exportaciones per cápita y del PIB per cápita (1992-50) Productividad Crecimiento (%) 16 14 12 10 8 6 EE.UU. 4 China 2 India Brasil 0 Crecimiento del PIB per cápita (%) Fuente:Maddison (1997) 10 Véase Otani y Villanueva (1990), Page et al. (1993), entre otros. 5.97 4.16 3.93 3.7 3.06 2.99 2.77 2.46 2.28 2.22 2 2.11 1.95 1.54 1.29 0.64 0.5 -2 R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 71 El breve análisis realizado de la evolución del crecimiento económico mundial y de los factores que incidieron en el mismo permitirá, en las próximas páginas, darnos una primera aproximación para comprender el crecimiento económico ocurrido en Venezuela durante el siglo que está por terminar. Para ello es importante entender que cada una de las influencias causales mencionadas parecieran haber estado, de alguna manera, relacionadas entre sí, haciéndose difícil aislar el efecto de cada una por separado. Sin embargo, dada la aparente insostenibilidad del crecimiento continuo de la producción por habitante en Venezuela, es probable que dicho crecimiento haya sido impulsado, principalmente, por una sola influencia causal, la cual haya perdido fuerza motor de la expansión económica. En las siguientes secciones se busca identificar cuál ha sido esa influencia, si es que existe, y qué papel ha jugado en el bienestar de los venezolanos. El crecimiento económico de Venezuela en el período 1913-1992. Una primera aproximación En ochenta años (1913-1992), el crecimiento económico promedio de Venezuela (2,7% anual) fue superior al crecimiento promedio registrado por cada una de las distintas regiones del mundo (ver cuadro N° 1). No obstante, al igual que lo observado a nivel mundial, su ritmo de crecimiento ha variado considerablemente. Al observar el cuadro N° 3 se aprecia que el lapso de mejor desempeño económico fue el de los desastres (1913-1950), cuando el PIB por habitante creció a una tasa promedio anual de 5,3%, mientras que el período de peor evolución ha sido el último del presente siglo (1973-1992), registrándose una tasa de crecimiento promedio anual negativa (-0,8%). En el crecimiento de la economía venezolana destacan dos rasgos particulares que no han sido observados, de manera general, a nivel mundial. El primero de estos rasgos se refiere a la desaceleración en el ritmo de crecimiento del PIB per cápita período tras período. El segundo rasgo particular, es que la mayor tasa de crecimiento lograda por este país coincide con el período de peor desempeño económico a nivel mundial (1913-1950) 11. La desaceleración del crecimiento económico de Venezuela en los distintos períodos coincide con el menor dinamismo evidenciado tanto en la acumulación de capital bruto no residencial como en las exportaciones de bienes y servicios (ver cuadro N° 3). Pareciera que el ritmo de variación de la actividad económica en Venezuela ha estado muy ligado al desempeño de estas dos influencias causales. 11 Según los datos proporcionados por Maddison (1997), entre 1913 y 1950 Venezuela fue el país que tuvo la mayor tasa de crecimiento del PIB per cápita (de una muestra de más de 50 países pertenecientes a las diferentes regiones del mundo) R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 72 Cuadro N° 3 Evolución del crecimiento económico y de algunas influencias causales en Venezuela (1913-1992) 1913 Stock de capital bruto per cápita no residencial total (US$ de 1990) 2.031 Estructuras 1.789 Maquinarias y equipos 242 Exportaciones totales per cápita (US$ de 1990) 478 Petroleras (% total export.) 75,6 1/ No petroleras (% total export.) 24,4 1/ Índice de Productividad del trabajo (EE.UU.=100) n.d Años de educación formal de la población (15 a 64 años) n.d PIB per cápita (US$ de 1990) 1.104 Tasa de crecimiento promedio anual (%) 1950/13 1973/50 1992/73 1992/13 1950 1973 1992 17.732 13.779 3.952 26.676 20.311 6.365 30.688 21.822 8.867 6,0 5,7 7,8 1,8 1,7 2,1 0,7 0,4 1,8 3,5 3,2 4,7 1.931 2.017 893 3,8 0,2 -4,2 0,8 98,5 96,6 73,6 1,5 3,4 26,4 71 82 58 n.d 3,4 -0,8 n.d 2,21 4,41 10,18 7.424 10.717 9.163 5,3 1,6 -0,8 2,7 1/ Corresponde a 1925 Fuente: Maddison (1997), Baptista b/ (1997) y cálculos propios. A pesar de que el llamado “período de los desastres” se caracterizó por una menor integración mundial, tanto desde el punto de vista tecnológico como comercial12, Venezuela vio significativamente incrementado sus niveles de exportaciones, las cuales parecieran haberle dado un importante impulso al crecimiento económico. Este hecho se explica por el importante peso que tuvo y sigue teniendo el petróleo en la actividad de exportación del país. Lo anterior obliga a incorporar a este recurso natural como un factor determinante del crecimiento económico. Y es precisamente este factor el que pudiera haber acelerado el crecimiento 12 Este período se caracterizó por la instrumentación de políticas dirigidas a “empobrecer al vecino” (Maddison 1997). R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 73 de la actividad económica en un período tan accidentado, pero igualmente tan necesitado de este vital recurso natural. A su vez, el descanso posterior de las exportaciones de este recurso natural en términos per cápita, igualmente pudo haber incidido en la desaceleración del crecimiento. De esta forma, los dos rasgos particulares que han sido identificados en la dinámica del crecimiento económico venezolano (el fuerte crecimiento en el período de los desastres y la posterior desaceleración en el crecimiento del PIB por habitante) pudieran estar estrechamente ligados a la importancia del recurso natural como fuente indirecta del crecimiento económico. De hecho, la presencia del petróleo ha permitido al Estado, como propietario de la renta petrolera, dinamizar al sector no petrolero a través de la acumulación de capital13, de allí que se verifique una relación directa entre el ritmo del crecimiento de las exportaciones petroleras y el aumento del stock de capital bruto no residencial (ver gráfico N° 6). Gráfico N° 6 Exportaciones petroleras e inversión bruta no residencial (tendencia) Y2 US$ Y1 Bs.1984 3000 1000 900 2500 800 700 2000 600 500 1500 400 1000 300 200 500 100 0 1993 1989 1985 1981 1977 1973 1969 1965 1961 1957 1953 1949 1945 1941 1937 1933 1929 1925 0 Inversión no residencial per cápita (Y1) Exportaciones petroleras per cápita (Y2) Fuente: Baptista (1997) Según el modelo de Solow (1956), en ausencia de progreso tecnológico y dada la tasa de ahorro, la dinámica de la inversión en capital físico determina el nivel de ingreso por habitante a largo plazo de una economía. Siempre que la inversión 13 Ver Baptista a/ (1997). R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 74 bruta realizada supere a la “inversión” de equilibrio”14 se producirá un incremento en el stock de capital por habitante permitiendo que la economía pueda crecer transitoriamente hasta que se igualen la inversión de equilibrio y la realizada, lográndose un mayor nivel de ingreso per cápita en el futuro. De manera que la desaceleración ocurrida en el ritmo de acumulación de capital físico no residencial, asociada al aparente debilitamiento de la renta petrolera como fuente originaria del crecimiento, pudiera explicar la desaceleración y posterior caída del nivel de ingreso per cápita en Venezuela. El gráfico N° 7 parece confirmar lo mencionado. En efecto, la razón entre la inversión bruta no residencial per cápita realizada y la inversión requerida o de equilibrio15 ha disminuido período tras período, hasta el punto que en el último lapso (1973-1992) la inversión requerida estuvo, en promedio, por encima de la realizada, reduciéndose, en consecuencia, el stock de capital por habitante y con ello el ingreso per cápita. Gráfico N° 7 Tasa de crecimiento del PIB per cápita y dinámica de acumulación en Venezuela Y2 % Y1 2.5 6 5 2 4 3 1.5 2 1 1 0 0.5 -1 0 -2 1920-1950 1950-1973 1973-1992 Inversión realizada / Inversión de equilibrio (Y1) Crecimiento PIB per cápita (Y2) Fuente: Baptista b/ (1997) y cálculos propios 14 La inversión de equilibrio viene determinada por la combinación de la depreciación del stock de capital y por el crecimiento del factor trabajo. Ambas variables reducen el stock de capital por trabajador debido, en el caso de la depreciación, al desgaste por el uso de las maquinarias, equipos y estructuras y, en el caso del crecimiento de la fuerza de trabajo, a la menor disponibilidad de máquinas y equipos existentes por cada trabajador. 15 Representada por: (la tasa de crecimiento promedio de la población más la tasa de depreciación promedio del stock de capital no residencial)* el stock de capital neto no residencial por habitante. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 75 Otro elemento interesante en el desarrollo económico de Venezuela, es el aparente divorcio entre la mayor acumulación de capital humano, visto a través de una mayor educación formal, y el aumento de la productividad del trabajo. En efecto, las estadísticas disponibles (cuadro N° 3) muestran que el aumento experimentado por la productividad del trabajo entre 1950 y 1973 no fue impulsado por una población activa con alto nivel de educación formal. Más bien, el aumento en la productividad del trabajo pareciera haber estado ligado, en parte, al proceso de urbanización impulsado por la renta petrolera16, proceso en el cual un importante número de trabajadores se desplazaron de las actividades menos productivas (sector rural) a las actividades más productivas (sector urbano). Específicamente, la concentración de la población y, consecuentemente de la actividad económica en las grandes ciudades, asociada al crecimiento de la industria y de los servicios, permitió la reducción de los costos y, en consecuencia, el incremento de la producción por hora trabajada (productividad del trabajo). El gráfico N° 8 da cuenta del proceso de urbanización mencionado. Gráfico N° 8 Tasa de urbanización % 80 70 60 50 40 30 20 10 1920 1950 1973 1992 Fuente: Baptista b/ (1997) Este divorcio también se evidencia en el último período del presente siglo (19731992), en el cual, pese al importante incremento de los años de educación formal en el venezolano promedio, la producción del factor trabajo acusó una disminución. Cabe resaltar que en este período el proceso de urbanización fue menos intenso. En el gráfico N° 9 se evidencia, para el período comprendido entre 1936 16 Véase Friedmann (1962), para un análisis detallado de dicho proceso de urbanización. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 76 y 1971, la presencia de una importante correlación entre el incremento de la tasa de urbanización y el crecimiento de la productividad laboral a nivel de las distintas entidades federales (0,58), correlación que prácticamente desaparece entre 1971 y 1990 con la menor intensidad observada en el proceso de urbanización (0,14). Gráfico N° 9 Proceso de urbanización y crecimiento de la productividad laboral media del sector no petrolero (estados de Venezuela) 1936-1971 1971-1990 Aumento de la tasa de urbanización (%) Aumento de la tasa de urbanización (%) 50.00 20.00 40.00 15.00 30.00 10.00 20.00 5.00 10.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0.00 3.00 Tasa de crecimiento anual de la productividad laboral (%) 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 Tasa de crecimiento anual de la productividad laboral (%) Fuente: Valecillos H. (1993, 1998) y cálculos propios La primera aproximación sobre el desempeño económico de Venezuela permite inferir que el crecimiento del PIB per cápita fue impulsado, principalmente, por una influencia causal (la renta petrolera), la cual pareciera haber perdido fuerza como motor de la expresión económica en las últimas décadas, hecho que se tradujo en un menor ritmo de acumulación de capital y, en consecuencia, en una desaceleración del ritmo de crecimiento del ingreso por habitante. Desaceleración que, aparentemente, se vio agudizada por el intento del Estado de mantener, e incluso incrementar, los niveles de gasto y del stock de capital en ausencia de un nuevo modelo de crecimiento. En efecto, ante la disminución del principal factor de financiamiento del gasto público (la renta petrolera), el Estado recurrió a distintas políticas, como la devaluación cambiaria, con la finalidad de contrarrestar la reducción ocurrida en los ingresos externos de origen petrolero, lo cual se tradujo en la aparición de importantes desequilibrios macroeconómicos expresados, por ejemplo, en altas tasas de inflación. Desequilibrios que terminaron convirtiéndose en una nueva influencia causal perjudicial para el crecimiento de la producción. Específicamente, la inestabilidad económica provocada por el infructuoso intento de mantener los R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 77 niveles de bienestar bajo un modelo de crecimiento aparentemente colapsado, pareciera haber introducido un alto grado de incertidumbre en los agentes económicos, viéndose deprimida la tasa de inversión del sector privado y la productividad factorial. El gráfico N° 10 muestra la importante caída en la tasa de inversión del sector privado a partir de los años ochenta, período en el que los desequilibrios macroeconómicos se vieron agudizados, viéndose reflejados a través de una mayor y más variable inflación. Por su parte, en el cuadro N° 3 se observa la importante caída de la productividad del trabajo ocurrida en el último subperíodo del estudio (1973-1992). Gráfico N° 10 Tasa de inflación e inversión bruta fija privada 30 25 20 15 10 5 0 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1992 Tasa de inversión (% del PIB) Tasa de inflación (%) Fuente: Baptista b/ (1997) Petróleo y crecimiento económico en Venezuela En la generalidad de los casos, los países favorecidos han recibido con mucho optimismo los “booms” de recursos naturales; sin embargo, tal como se mencionó en la introducción, estudios realizados muestran que la mayor participación de recursos naturales en las exportaciones de un país está asociada a menores tasas de crecimiento económico a largo plazo17. La importancia, a lo largo de casi todo el siglo, de la explotación petrolera en Venezuela con relación al tamaño total de la economía y el pobre desempeño 17 Sachs y Warner (1995). R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 78 económico experimentado por el país en los últimos veinte años (ver cuadro N° 3), convierten en aspecto relevante al análisis de la vinculación existente entre el fenómeno petrolero y la dinámica del crecimiento económico en Venezuela. La dinámica de la renta petrolera en Venezuela La renta es la expresión de la remuneración a los medios de producción no producidos, por su participación en la generación del producto. La condición rentista petrolera de una sociedad capitalista viene determinada por la captación de una renta internacional que no es otra cosa que un ingreso obtenido a través del intercambio con otras naciones, a cuenta de la propiedad nacional sobre unos medios de producción no producidos18. En el caso venezolano, dichos medios de producción no producidos no son otros que los yacimientos petroleros. La renta internacional de origen petrolero es captada por el propietario de ese medio de producción no producido, que es el Estado, y se distribuye de acuerdo a un arreglo institucional que responde a su propia voluntad política más que a un mecanismo económico. La distribución y utilización final de esa renta tiene efectos determinantes sobre el aparato productivo y por tanto sobre el desempeño económico de la nación. De acuerdo a Baptista (1997 a/), en Venezuela el tipo de cambio real ha constituido el instrumento fundamental para la distribución de la renta internacional de propiedad estatal. El bolívar se ha mantenido sobrevaluado sostenidamente a lo largo del presente siglo de acuerdo a la medida de la Paridad del Poder de Compra19. Esa sobrevaluación, que es consecuencia de la existencia de un sector enclave de magnitudes importantes en la economía venezolana, ha dado lugar a una abundancia relativa y temporal de divisas, presionando hacia la apreciación real de la moneda y dando lugar a una expansión del ingreso no rentístico. Así, en Venezuela la economía rentista ha encontrado en la sobrevaluación de la tasa de cambio un mecanismo eficaz para la distribución doméstica de la renta internacional, por su condición pacífica y popular. El mecanismo de distribución vía tasa de cambio opera de la siguiente manera: el Estado, propietario de la renta, recibe las divisas del resto del mundo que no atienden a un esfuerzo productivo interno, razón por la cual es de su potestad decidir su distribución. De esta manera, si la tasa de cambio real está sobrevaluada, al vender las divisas el Estado entrega una mayor capacidad de compra que la que recibe a cambio por los bolívares recibidos, transfiriendo dicha renta. Llevando más en detalle el análisis, el Estado distribuye la renta al subvencionar la adquisición de divisas que a 18 Baptista a/ (1997). 19 Ibis N° 21. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 79 su vez sirven para la adquisición de todo tipo de importaciones, tanto de bienes como de inversión, con sus implicaciones sobre la dinámica de acumulación de capital y en el crecimiento económico del país. Más aún, la política comercial del país sirvió para sesgar el uso definitivo de la renta; estimulando particularmente la adquisición de bienes de capital mediante, por una parte, exoneraciones impositivas y menores aranceles a las importaciones de bienes de capital, y por otra, cuotas y prohibiciones selectivas a la importación de bienes de consumo, durante un largo período. Sin embargo, el mecanismo de distribución a partir de la sobrevaluación de la moneda no constituyó la única vía mediante la cual se hizo circular la renta. El proceso de urbanización favorecido por el Estado a lo largo de la mayor parte del siglo XX y la industrialización pública fueron mecanismos de orientación de la renta hacia la inversión como destino final. De esta manera, los tres mecanismos básicos de distribución de la renta se conjugaron para favorecer que su utilización se concentrara en la acumulación de capital. El mecanismo de sobrevaluación, abaratando en términos tanto absolutos como relativos el costo de la maquinaria y equipos importados; la urbanización, con la inversión en infraestructura física que ésta supuso y finalmente, la industrialización pública como la forma más directa de inversión de la renta internacional en el desarrollo de áreas básicas. El crecimiento económico en presencia de la renta internacional petrolera El modelo básico de Solow (1956) explica la existencia de tres fuentes de crecimiento económico, a saber: el crecimiento de la población, la acumulación de capital y el progreso tecnológico. Dicho modelo parte de la existencia de una función de producción neoclásica que integra el factor trabajo (N) y el stock de capital (K) y que observa rendimientos constantes a escala y rendimientos marginales decrecientes para cada factor: (1) Y = f (K,N) Esta función puede ser presentada, en términos per cápita, de la siguiente manera: (2) y = f (k) ; donde y = Y/N y k = Y/N La dinámica del modelo planteado por Solow viene dada por una ecuación de acumulación que se apoya en el supuesto de que en todo momento el ahorro y la inversión se igualan. La función se define como sigue: • (3) k = sf (k) - (d + n) k R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 80 • donde k = Dk ; s la propensión marginal a consumir, d la tasa de depreciación y n tasa de crecimiento poblacional. Siendo (d + n)k la inversión requerida para mantener el stock de capital per cápita constante y sf (k) la inversión efectivamente realizada por la economía. El modelo predice un equilibrio único, definido como un estado estacionario en • • el cual k = y = 0. En el estado estacionario la tasa de ahorro permite financiar una inversión tal que contrarresta exactamente la caída en el stock de capital per cápita asociada a la depreciación y al crecimiento poblacional, manteniendo constante tanto el stock de capital per cápita como, en ausencia de progreso tecnológico, el nivel de ingreso per cápita (ver gráfico N° 11). En este modelo básico, el ingreso nacional iguala a la producción y dicha producción depende de la combinación de factores productivos. Sin embargo, la inclusión en el análisis del sector petrolero da lugar a la consideración del fenómeno de la renta analizado previamente, con consecuencias importantes sobre la formulación del modelo. Gráfico N° 11 Y/N estado estacionario t En primer lugar, ante la presencia de una renta internacional derivada de la explotación del petróleo, el ingreso nacional deja de ser igual a la producción: (4) Y = f (K,N) + Ri En este caso a la producción nacional asociada a la utilización de los factores productivos (K,N) debe agregársele el provento de la renta internacional ajena a la utilización de dichos factores Ri. La ecuación de acumulación también presenta modificaciones importantes. Aquí, el supuesto que se haga sobre el destino final de la renta reviste fundamental importancia. Si un país está en capacidad de invertir los recursos provenientes de R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 81 la renta en activos internacionales que produzcan un rendimiento anual constante y luego consume esos dividendos, no se producirá un sobredimensionamiento de su economía, pero si ese país no puede colocar dichos recursos en los mercados de capital internacionales, bien sea por restricciones políticas internas o por una preferencia por los activos nacionales, entonces serán invertidos en la economía doméstica dando lugar, en ausencia de progreso tecnológico, a expansiones no sostenibles en la producción y en el consumo. El hecho de que esa expansión sea temporal significa que en el futuro esa economía tendría que observar una reducción de su producción y consumo por causa de la propia disminución de la renta en el tiempo20 (ver gráfico N° 12). Gráfico N° 12 Y/N estado estacionario t De acuerdo a lo anteriormente expuesto, parece existir importante evidencia de la utilización interna de la renta internacional percibida por Venezuela. Esta renta internacional volcada hacia la economía doméstica fue utilizada tanto para financiar consumo como para el financiamiento de inversión, sin embargo, tal como se expresa en las páginas precedentes, la fuerte orientación de los esfuerzos del Estado para favorecer el proceso de urbanización y la industrialización por sustitución de importaciones determinó que la renta internacional fuera destinada, en gran medida, al financiamiento de la inversión. Atendiendo a estas consideraciones podemos expresar la ecuación de acumulación de la siguiente manera: (6) 20 • k = ari + sf (k) - (d + n) k donde a es la proporción de la renta internacional destinada a la inversión y ri es la renta internacional per cápita. Rodríguez y Sachs (1997) R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 82 El análisis de los mecanismos de distribución de la renta antes descritos, así como la evidencia empírica nos permiten inferir un valor para a significativamente diferente de cero. La inclusión de esta variable al modelo tiene repercusiones importantes. Analicemos dos escenarios para entender mejor esas repercusiones: Supongamos, en primer lugar, una economía con un stock de capital bajo que se • • encuentra en su estado estacionario k = y = 0 y es expuesta a un boom de recursos naturales que da lugar a la captación de una renta internacional. En este escenario, con un a>0, se producirá un proceso de acumulación de capital que dará lugar a un crecimiento económico. A medida que se avanza en el proceso de acumulación, el stock de capital crece, dando lugar a una mayor depreciación y necesitándose niveles crecientes de inversión para mantener el crecimiento económico. Si la renta internacional en un momento dado comienza a reducirse, dado el elevado stock de capital alcanzado, la inversión bruta no será suficiente para contrarrestar la depreciación dando lugar a un proceso de desacumulación y contracción económica. Es así como la tendencia que siga la renta internacional será determinante en el proceso de crecimiento del país que la percibe. Las industrias de recursos naturales no renovables, puesto que usan intensivamente factores de producción no tienen posibilidades de expandirse a la misma velocidad que otras industrias. A medida que el recurso natural se agota físicamente o que el crecimiento de la población reduce su disponibilidad per cápita, su producción se reduce, corriendo igual suerte la renta internacional percibida. En el estado estacionario la producción de la industria de recursos naturales, y también su renta, tenderían a cero21. En el caso venezolano puede observarse una tendencia decreciente de la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones petroleras por habitante, período tras período, y con ello de la renta, exhibiendo también una tendencia a la reducción durante los últimos 20 años (ver cuadro N° 3). Son tres los factores que permiten explicar esta tendencia decreciente de la renta en términos per cápita. La primera es el crecimiento de la población que reduce los volúmenes de exportaciones petroleras en términos per cápita; en segundo lugar, el agotamiento de los yacimientos petroleros de más fácil acceso, luego de setenta años de explotación intensiva; y en tercer lugar, la tendencia a la reducción de la renta por barril de petróleo, asociada a la utilización de nuevas fuentes de energía y al desarrollo de nuevas técnicas que han permitido la explotación de yacimientos petroleros en todo el mundo, antes no considerados comerciales por los altos costos que implicaba su explotación, haciendo al petróleo un recurso relativamente menos esca- 21 Ibis N° 23. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 83 so. La conjunción de esos factores ha determinado una reducción de la renta petrolera per cápita venezolana que por su carácter estructural inducen a pensar que dicha tendencia decreciente podría continuar en el futuro, más allá de algunos cambios de corto plazo asociados fundamentalmente a la inestabilidad de los precios petroleros.22 Inversión y renta petrolera. Impacto sobre el progreso tecnológico Si bien los planteamientos teóricos tradicionales identifican la acumulación y el progreso tecnológico como fuentes independientes del crecimiento económico, en la práctica ambas fuentes no tiene una clara separación, más aún en países en desarrollo, donde el progreso tecnológico tiene lugar en términos de la reducción de una brecha existente con las economías líderes. En efecto, la acumulación de capital trae consigo la sustitución de maquinarias y equipos obsoletos por otros más productivos, dando lugar a una mejora tecnológica. Sin embargo, un proceso de acumulación de capital puede tener menor o mayor efecto sobre el progreso tecnológico, de acuerdo a las características que tenga dicho proceso. La discusión de la importancia relativa de la acumulación “per se” versus el progreso tecnológico como fuentes de crecimiento es relevante, puesto que ambas posibilidades acarrean consecuencias completamente diferentes. La hipótesis de crecimiento impulsado por la acumulación supone un esfuerzo en términos de sacrificio de consumo presente con el propósito de financiar la inversión, mientras que la hipótesis de crecimiento conducido por el progreso tecnológico (asimilación), que implica la reducción de una brecha para los países en desarrollo, tiene un mensaje mucho más optimista: no es necesario incurrir en un costo de oportunidad para reducir la brecha tecnológica y generar crecimiento económico23. Venezuela parece formar parte del grupo de países que han basado su crecimiento económico, cuando éste se ha registrado, en la acumulación de capital más que en el proceso de asimilación (proceso tecnológico) y esto puede entenderse cuando se analiza la manera en que se ha dado el proceso de acumulación en Venezuela, financiado en gran medida por la renta petrolera y conducido por el Estado. La utilización de la renta en el financiamiento de la industrialización por sustitución de importaciones, proceso que en muchos casos dio lugar a la adquisición de tecnologías no adecuadas, y el desarrollo de proyectos de inversión atendiendo a criterios políticos, sin mayores consideraciones económicas, con el solo propósito de utilizarlos como mecanismos de distribución de la renta24, pudieron haber 22 Los “shocks” petroleros evidenciados en la década de los setenta constituyen ejemplos de estos cambios de corto plazo. 23 Collins y Bosworth (1996). 24 Tornell y Lane (1997), y cálculos propios. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 84 influido en que el proceso de acumulación venezolano fuera poco generador de progreso tecnológico25. Tal afirmación se sustenta en los resultados obtenidos a partir de la descomposición de las fuentes de crecimiento económico de Venezuela y EE.UU, utilizando la metodología de Solow (ver gráfico N° 13). Gráfico N° 13 Fuentes del crecimiento económico (1950-1995) Participación porcentual 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 Trabajo Capital Productividad total Venezuela EE.UU. Fuente: Mankiw (1997), Baptista b/ (1997) y cálculos propios Acumulación, caída de la renta petrolera y desequilibrios macroeconómicos Como se planteó anteriormente, a partir de la segunda mitad de la década de los setenta se verifica una tendencia paulatina a la reducción de la renta petrolera en términos per cápita. Es también a partir de ese momento que se hace notoria la pérdida de la estabilidad de la economía venezolana, expresada en la volatilidad de sus variables macroeconómicas y en el incremento de la inflación y del tipo de cambio nominal. Surge inmediatamente la incógnita acerca de la existencia de una vinculación estrecha de ambos fenómenos. Si la respuesta es positiva, está presente otra interrogante: ¿cuál es el mecanismo que vincula la caída de la renta petrolera con el incremento de la inestabilidad económica en Venezuela? En este apartado, a la luz de lo señalado a lo largo del documento, pretendemos asomar algunas ideas que permitan dilucidar la interrogante planteada. 25 Para un análisis más detallado de la ausencia de progreso tecnológico en Venezuela, véase Viana H. et al. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 85 Es casi un consenso que el desequilibrio macroeconómico en que se ha desenvuelto la economía venezolana a partir de la segunda mitad de la década de los setenta esté asociado, de alguna manera, al sobredimensionamiento de la economía en medio del boom petrolero y al posterior agotamiento de un esquema económico basado en la distribución de la renta petrolera. La caída de la renta petrolera per cápita socavó las bases de un esquema económico, basado en la distribución de la renta internacional más que en la organización de la actividad productiva, que tenía como eje central al Estado venezolano. A medida que la renta petrolera percibida por el Estado tiende a reducirse, éste ve disminuido su papel preponderante en la conducción de la economía de acuerdo al proyecto político establecido. El financiamiento de la inversión, que potencia el crecimiento económico a partir de la renta petrolera, comienza a dificultarse. En este escenario, el Estado busca mecanismos que le permitan mantener su estímulo a la inversión so pena de ver reducido el dinamismo de la economía. En ausencia de una renta creciente, entran en juego conflictos distributivos entre el sector público y el privado. El sector público, líder del proceso de acumulación, favorece una redistribución de recursos a su favor con el propósito de garantizar la continuidad de dicho proceso, y el mecanismo a partir del cual opera dicha distribución vuelve a ser el tipo de cambio, una vez que se reducen las posibilidades de financiamiento externo vía endeudamiento. La posición externa superavitaria del sector público le permite hacerse de recursos al operar una depreciación nominal de la moneda. Este mecanismo es utilizado para generar los recursos necesarios para mantener la inversión pública, así como las transferencias destinadas al financiamiento de la inversión privada, ante la rigidez del resto de las partidas del gasto reflejadas en el presupuesto público. La discusión y análisis de los mecanismos a través de los cuales consecutivas depreciaciones nominales, que generan variabilidad en el tipo de cambio real y expansión monetaria significativas, afectan la estabilidad de la economía no son objeto central de este estudio, en el cual nos limitamos a plantear este mecanismo como generador de inestabilidad. El proceso redistributivo que opera con la depreciación de la moneda, permite al estado compensar parcialmente la reducción de las fuentes de financiamiento de la inversión pública. Sin embargo, este proceso tiene importantes consecuencias en la dinámica de acumulación, que van más allá de la sola reducción del ingreso privado disponible por los efectos de la redistribución. La inestabilidad económica que este proceso genera termina afectando el clima para la inversión y la asignación eficiente de los recursos, resultando en una caída de la inversión privada y en la productividad de los factores, efecto que termina siendo superior al R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 86 impacto positivo que la redistribución pudiera tener sobre la inversión pública, dando lugar en el agregado, a una reducción en el gasto de inversión, tal cual se ha observado en Venezuela durante los últimos quince años (gráfico N° 14). En el cuadro N° 4 se evidencia la menor contribución de la acumulación de capital y el efecto negativo de la productividad total de los factores sobre el crecimiento económico en el período de retroceso económico (1977-1995), lo cual pudiera ser explicado, en parte, por la presencia de significativos desequilibrios macroeconómicos que introdujeron importantes distorsiones en la actividad económica, viéndose afectada la dinámica de acumulación y la eficiencia en la asignación de los recursos con sus consecuentes efectos sobre la productividad factorial (progreso tecnológico)26. Gráfico N°14 Tasa de inversión bruta total (% del PIB) (%) 40 35 30 25 20 1936-1950 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1995 Fuente: Baptista b/ (1997) 26 De hecho, un número importante de investigaciones han destacado los efectos adversos que las altas tasas de inflación, medida ésta de los desequilibrios macroeconómicos, tiene sobre la inversión y la productividad de los factores. Véase Fischer (1993) y De Gregorio (1993). En el caso específico de Venezuela, la evidencia empírica presentada por Guerra y Dorta (1999), encuentra que los altos niveles de inflación han tenido un impacto adverso y significativo sobre la inversión del sector privado. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 87 Cuadro N° 4 El crecimiento económico y sus fuentes Crecimiento económico y sus fuentes Crecimiento del PIB Factor Trabajo Factor Capital Progreso Tecnológico (residuo de solow) 1950-1977 5.97 1.65 3.02 1.31 1978-1995 0.81 1.65 1.91 1950-1995 3.87 1.65 2.59 -2.75 -0.37 Fuente: Baptista b/ (1997) y cálculos propios. La dinámica petrolera y la estabilidad económica como factores determinantes del crecimiento económico A lo largo del presente trabajo ha sido destacado el papel que tanto la renta petrolera como la estabilidad económica han jugado en el crecimiento económico. Específicamente, se mencionó que una economía cuya dinámica de acumulación viene determinada por la renta petrolera, experimentará una sobreacumulación de capital que, en ausencia de progreso tecnológico, ocasionará una reducción en su ingreso hasta alcanzar su estado estacionario original. A su vez, se comentó que si la política económica le introduce una importante inestabilidad a esa economía, buscando evitar el mencionado ajuste hacia abajo, se producirá una nueva influencia causal adversa sobre el nivel de ingreso por habitante de largo plazo (estado estacionario), ya que la inversión y la productividad factorial se verán deprimidas por las distorsiones que la propia inestabilidad causa. La evolución mostrada por el crecimiento económico de Venezuela parece identificarse con lo expresado en el párrafo anterior: el crecimiento del ingreso por habitante se caracterizó por una desaceleración y posterior reducción a lo largo de los tres períodos considerados (1913-1950, 1950-1973, 1973-1995), con lo cual, el nivel del ingreso per cápita mostró un incremento cada vez menor para luego retroceder continuamente y ubicarse, en el último año bajo análisis (1995), en 30,5% por debajo del nivel alcanzado en 1977. La presente sección tiene dos objetivos: el primero, destacar la importancia que tuvo la renta petrolera y la estabilidad económica en el crecimiento observado por la economía venezolana; el segundo, identificar qué parte del retroceso expe- R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 88 rimentado en el ingreso por habitante se explica por la dinámica de la renta petrolera y qué parte se explica por la aparición de los desequilibrios macroeconómicos. Estimación de la importancia de la renta petrolera y de la estabilidad económica en el crecimiento del ingreso per cápita (1940-1995) Tal como fue mencionado anteriormente, en una economía rentística el ingreso nacional se constituye de un ingreso no rentístico asociado a la utilización de los factores productivos capital (K) y trabajo (N), y en un ingreso rentístico determinado internacionalmente y ajeno a la utilización de los mencionados factores. Así retomando la ecuación N° 4 de la p. 80 se tiene: Yt = f (K,N) + Ri (4) Supóngase que el ingreso nacional Yt consta de dos corrientes de gasto como componentes: consumo Ct , e inversión It . Incorporando la renta petrolera a tales componentes y utilizando el modelo clásico de interacción de Samuelson (1939), se obtiene el proceso dinámico de determinación del ingreso cuando operan conjuntamente el principio del acelerador y el principio del multiplicador. Así, se asume que una parte de Ct corresponde al gasto de los consumidores, el cual es estrictamente proporcional a Yt-1. La otra parte de Ct corresponde a la proporción de la renta petrolera que el gobierno, como propietario, destina al consumo dRi. A su vez, una fracción de It mantiene una relación fija con respecto al incremento del consumo (Ct - Ct-1 ), mientras que la otra fracción corresponde a la proporción de la renta que el gobierno destina a dicho componente (1-d)Ri. Estos supuestos pueden traducirse en el siguiente conjunto de ecuaciones: Yt = Ct +It Ct = gYt-1 +dRi (6) donde 0<g<1 y 0<b<1 It = a (Ct - Ct-1) + (1 - d)Ri + sp, donde (7) a>0 y s<0 (8) La ecuación (8) incorpora a la inflación y/o a la aceleración inflacionaria. De acuerdo a Corbo (1998), las tasas de inflación altas se asocian con la inestabilidad macroeconómica y esta incertidumbre tiende a reducir la tasa de inversión porque los inversionistas potenciales esperan que termine la incertidumbre antes de comprometerse27. En el caso de la economía venezolana, se argumentó que los desequilibrios macroeconómicos evidenciados en los últimos años son la conse- 27 Algunos estudios de la inversión a nivel microeconómico y agregado confirman la importancia del valor de esperar. Véase Serven y Solimano (1993). R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 89 cuencia de un mecanismo redistributivo impulsado por el Estado para intentar mantener el financiamiento de su gasto ante la disminución de la renta petrolera, habiéndose alcanzado un resultado opuesto al esperado, debido a los efectos perniciosos de la inestabilidad sobre la inversión. En el sistema de ecuaciones presentado los coeficientes g y a representan la propensión marginal al consumo y el acelerador de la inversión, respectivamente. Sustituyendo (7) en (8) y expresando It en términos del ingreso se tiene: It = ag (Yt-1 - Yt-2) + ad (Rit - Rit-1) + (1-d) Rit + spt (9) Luego, reemplazando (9) y (7) en (6) se obtiene: Yt = g (1 + a)Yt-1 - gaYt-2 + (1 +ab) Rit - adRit-1 + spt (10) La ecuación (10) muestra la dinámica del ingreso. Así, incorporando la constante y el término de perturbación, la ecuación de crecimiento del ingreso per cápita a estimar es: Yt Rit Yt-1 (11) + b2pt + et = m + b1Dln + b2Dln Dln Nt Nt Nt-1 ( ) ( ) ( ) con b1 > 0; b2 > 0; b3 < 0 La regresión recoge al modelo acelerador de la inversión y multiplicador del consumo en b1, asociado a la dinámica de la renta petrolera en períodos previos. En cuanto al comportamiento contemporáneo de la renta, el coeficiente b2 recoge tanto el efecto directo (asociado a la participación en el ingreso), como el indirecto (por la vía del gasto). Finalmente, el efecto adverso de la inflación o su aceleración se expresa en b3. Como paso previo a la estimación, en el cuadro N° 5 se analizan las propiedades de las series involucradas en la investigación con el objeto de evitar el problema de las regresiones espurias que se obtienen al correr modelos con variables no estacionarias. Los resultados arrojados por el test de Dickey Fuller aumentado destacan el carácter no estacionario de todas las series en niveles y la transformación en estacionaria para el (Ln) del ingreso total per cápita real a precios de 1984 (Yt /Nt ) y para el (Ln) de la renta petrolera per cápita a precios constantes de 1984 (Rit /Nt ) una vez tomada la primera diferencia. Por su parte, el (Ln) del IPC (pt) promedio anual resultó estacionario en segunda diferencia. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 90 Cuadro N° 5 Test de Dickey Fuller aumentado Variable ln(Yt / Nt) ln(Rit / Nt) lnpt Valor estimado nivel -2.57 -2.23 4.01 Valor estimado en primera diferencia -4.75 -7.06 -0.68 Valor estimado en Valor crítico de segunda diferencia Mackinnon (1%) -9.11 -3.54 -10.66 -3.54 -6.41 -3.54 Nota: Las series estadísticas fueron tomadas de Baptista b/ (1997). Cabe resaltar que en el caso del IPC, su estacionaridad contrasta con las pruebas realizadas por Guerra y Dorta (1999), quienes encuentran a dicha variable estacionaria en primera diferencia. Quizás el hecho incorporar, en el presente trabajo, un período más largo y al IPC promedio y no puntual como variable podría explicar las divergencias encontradas en las propiedades estadísticas de la serie. Por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios se procedió a la estimación de la regresión N° 11 para el caso venezolano, considerando el período comprendido entre 1940 y 1995, con periodicidad anual. El cuadro N° 6 presenta los resultados. En primer lugar, de acuerdo al Fstatistic las regresiones son globalmente significativas con un margen de confianza de 99%. A su vez, las mismas explicaron entre un 73% y un 80% del crecimiento observado en el ingreso total per cápita. Se identifica, de acuerdo al modelo teórico, un efecto rezagado de la renta petrolera sobre el crecimiento del ingreso a través del acelerador de la inversión y el multiplicador del consumo. Así, el coeficiente b1>0 resultó estadísticamente significativo, con un grado de confianza de 99%, en todas las regresiones realizadas. Por su parte, el crecimiento contemporáneo de la renta petrolera per cápita afectó positivamente al crecimiento del ingreso total. Al igual que en el caso de b1, el coeficiente b2 se presenta significativo en cada una de estas regresiones con una probabilidad de 1% de no ser estadísticamente significativo. En tal coeficiente pueden identificarse dos efectos de la renta petrolera sobre el crecimiento: uno directo, asociado a la participación de la renta en el ingreso total; y otro indirecto, vinculado al efecto de la renta petrolera sobre la dinámica del ingreso del sector no petrolero. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 91 Cuadro N° 6 Regresiones para la tasa de crecimiento del ingreso per cápita total Variables m Dln(Yt-1 / Nt-1) Dln(Rit / Nt ) (1) 0.009 (1.71)c 0.366 (5.72)a 0.257 (12.80)a (2) 0.017 (2.35)b 0.336 (4.80)a 0.243 (11.34)a (3) 0.011 (1.98)c 0.357 (5.61)a 0.254 (12.94)a (4) 0.011 (1.59)d 0.343 (5.20)a 0.244 (12.25)a Dln(Rit / Nt )*D1 0.272 (12.63)a 0.158 (3.03)a Dln(Rit / Nt )*(1-D1) Dlnpt D2lnpt -0.098 (-2.28)b -0.283 (-4.08)a 0.007 (0.13)d -0.191 (-2.13)b D2ln(pt )*D1 -0.181 (-1.30)d -0.267 (-3.32)a D2ln(pt )*(1- D1) Dsalto R 2ajustado Fstatistic (5) 0.007 (1.32)c 0.365 (5.85)a 0.77 0.73 -0.191 (-2.13)b 0.80 62.91a 50.20a 50.57a -0.103 (-3.47)a 0.78 0.79 45.42a 40.81a Nota: Los estadísticos t están en paréntesis en donde: a coeficiente significativo al 1%; b coeficiente significativo al 5%; c coeficiente significativo al 10%; d coeficiente no significativo. Según los contrastes convencionales, no hay indicios de violación de los supuestos fundamentales del modelo de regresión lineal; estos contrates no se incorporan para facilitar la presentación. En cuanto a la estabilidad económica, las regresiones N° 1 y N° 2 resaltan la mayor significancia estadística de la aceleración inflacionaria (D2lnpt ) para explicar el crecimiento del ingreso per cápita. Así, al ser sustituida la misma por la inflación (Dlnpt ) en la segunda regresión, se evidencia una desmejora del poder explicativo del modelo, mientras que la significancia estadística del coeficiente se ve redu- R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 92 cida, tal como lo revela el estadístico t. No obstante, el signo para ambos coeficientes es el esperado, sugiriendo un efecto adverso de la inflación, y más específicamente de su aceleración, sobre el crecimiento económico. Cabe resaltar que al incorporar la variable Dsalto, la cual toma un valor de uno en los años donde la aceleración de la inflación superó dos veces su desviación estándar (años 1989 y 1994) y cero en el resto, el coeficiente de la inflación deja de ser estadísticamente significativo (regresión N° 4), mientras que el coeficiente de la aceleración lo sigue siendo, aunque a un menor nivel de significancia estadística (ver regresión N° 3). Al respecto, el gráfico N° 15 destaca la importante aceleración experimentada por la inflación en los últimos nueve años más que el incremento de su tasa media, lo cual podría sugerir que la tasa de espera de los inversionistas se encuentra asociada con la variabilidad más que con el nivel mismo de inflación28. Gráfico N° 15 La dinámica inflacionaria Tasa y aceleración de la inflación (%) (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1995 Tasa media de inflación (%) Tasa de media de aceleración de la inflación Fuente: Baptista b/ (1997) 28 No obstante, podría esperarse que mientras mayor sea el nivel de inflación mayor sea su varianza. Al respecto, Fischer (1993), encontró, debido a la correlación mencionada, dificultades a la hora de distinguir sus efectos por separado. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 93 La regresión N° 5 incorpora una variable “dummy” D129 con la finalidad de identificar si la dinámica rentística y la aceleración inflacionaria ha impactado a la actividad económica tanto en el período de crecimiento (1935-1977), como en el período de decrecimiento del ingreso total per cápita (1978-1995). En tal sentido, los resultados arrojados por esta regresión permiten destacar un menor impacto y una pérdida de significancia de la renta petrolera sobre el crecimiento económico a partir de 1978. Con esta evidencia, pareciera que perdió eficacia, a partir de los ochenta, el patrón de crecimiento observado en Venezuela durante la mayor parte del siglo XX. Patrón expresado en la inducción del crecimiento a través del impulso fiscal y financiado en importante medida vía renta petrolera. Estos resultados están en línea con la evidencia presentada por la Oficina de Planificación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda (1999), investigación según la cual, los agentes, al observar el diferimiento de las reformas del sector público en un contexto petrolero adverso, así como el abandono del régimen del tipo de cambio fijo en 1983, perciben las expansiones fiscales como insostenibles, por lo que prevén el uso de la devaluación y del impuesto inflacionario para la corrección de los desequilibrios fiscales, hecho que termina debilitando el impulso del gasto fiscal sobre el crecimiento económico debido a que los agentes terminan protegiéndose de los impactos esperados de las medidas de política, reflejándose dicha política fundamentalmente en los precios. Así, según Fischer (1993), las continuas depreciaciones esperadas hacen más atractivo mantener activos extranjeros, lo cual termina afectando a la inversión privada y con ello al crecimiento de la economía. Por otro lado, la mencionada regresión muestra que la incidencia de la inflación sobre el crecimiento económico no ha sido significativa en la mayor parte del período considerado. El coeficiente de la aceleración inflacionaria es estadísticamente significativo, con un grado de confianza del 99%, sólo en el lapso comprendido entre 1978 y 1995, lapso que recoge la inestabilidad económica30. Finalmente, las regresiones del cuadro N° 7 aíslan el efecto directo de la renta sobre el ingreso (su participación directa), y se concentran solamente en su efecto indirecto sobre el crecimiento del ingreso no rentístico Dln(YNRt / Nt ), vía absorción. 29 30 La misma toma el valor de 0 entre 1940 y 1977 y un valor cero para el resto del período. Estudios realizados por Bruno y Easterly (1996), Fischer (1993) y Sarel (1996), entre otros, han destacado el efecto no lineal que la inflación tiene sobre el crecimiento. Para el caso venezolano véase Guerra y Dorta (1999). R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 94 Nuevamente, el Fstatistic indica que las regresiones son globalmente significativas con un margen de confianza de 99%. A su vez, las mismas explicaron entre un 43% y un 61% del crecimiento observado en el ingreso no rentístico per cápita. En este caso, se evidencia una mayor significancia estadística y una mayor incidencia del efecto rezagado de la renta petrolera sobre el crecimiento del ingreso no rentístico, sugiriendo que el efecto acelerador de la inversión y multiplicador del consumo se expresa únicamente sobre el mencionado ingreso, lo cual es consistente con el hecho de que la renta petrolera es determinada internacionalmente. Por su parte, la menor significancia estadística e incidencia del coeficiente de la renta petrolera se debe a que solamente las regresiones consideran el efecto indirecto de la renta petrolera sobre el crecimiento del ingreso. En tal sentido, cabe resaltar en la regresión N° 5 la no-significancia estadística del coeficiente de la renta petrolera para el período 1978-1995, lo cual refuerza el argumento referido a la pérdida de eficacia, a partir de los ochenta, del impulso fiscal sobre el crecimiento, financiado por la renta petrolera. Al igual que lo mencionado para el caso del efecto acelerador-multiplicador, se tiene que el coeficiente de la inflación y su aceleración ve incrementado su significancia e incidencia sobre el crecimiento del ingreso, esto debido a la posible independencia de la renta petrolera respecto al grado de estabilidad económica existente. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 95 Cuadro N° 7 Regresiones para la tasa de crecimiento del ingreso per cápita no rentístico Variables m Dln(YNRt-1 / Nt-1) Dln(Rit / Nt ) (1) 0.007 (1.24)d 0.609 (6.95)a 0.009 (4.51)a (2) 0.015 (1.76)c 0.519 (5.17)a 0.081 (3.25)a (3) 0.010 (1.72)c 0.576 (6.62)a 0.098 (4.52)a (4) 0.009 (1.21)d 0.529 (5.81)a 0.086 (3.81)a Dln(Rit / Nt )*D1 0.114 (4.88)a -0.009 (-017)d Dln(Rit / Nt )*(1-D1) Dlnpt D2lnpt -0.090 (-1.79)c -0.360 (-4.66)a 0.031 (0.54)d -0.253 (-2.74)a D2ln(pt )*D1 -0.173 (-1.15)d -0.366 (-4.10)a D2ln(pt )*(1- D1) Dsalto R 2ajustado Fstatistic (5) 0.005 (0.88)d 0.612 (719)a 0.56 0.43 -0.063 (1.99)a 0.59 24.59a 14.32a 20.40a -0.124 (-3.68)a 0.54 0.61 16.51a 17.29a Nota: Los estadísticos t están en paréntesis en donde: a coeficiente significativo al 1%; b coeficiente significativo al 5%; c coeficiente significativo al 10%; d coeficiente no significativo. Según los contrastes convencionales, no hay indicios de violación de los supuestos fundamentales del modelo de regresión lineal; estos contrates no se incorporan para facilitar la presentación. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 96 La historia reciente: Contribución incremental de las variables explicativas en la caída del ingreso total per cápita (1978-1995) Una vez obtenida una ecuación descriptiva del crecimiento económico, a continuación se analiza la contribución que tuvieron la dinámica rentista y la inestabilidad económica en el retroceso que ha experimentado el ingreso total per cápita desde 1978, comparándolo con el período de crecimiento. En primer lugar, se estimaron dos regresiones de crecimiento del ingreso per cápita. Una para el período 1940-1977 y la otra para el lapso 1978-1995. A saber: 1) Período 1940-197731: Dln Yt ( ) Nt = 0.014+0.305Dln (1.99)a (4.19)a Yt-1 ( ) Nt-1 Rit + -0.266 Dln a ( ) + -0.286 D2lnpt d + 0.131 Dln b ( ) Rit + -0.269 D2lnpt a (11.94) Nt (-1.44) 2) Período 1978-199532: Dln Yt ( ) Nt = 0.002+0.710Dln R2ajustado = 0.58 d (0.28) a (5.44) Yt-1 ( ) Nt-1 (2.19) Nt (-8.88) Fstatistic = 7.91a Posteriormente, y aplicando la metodología sugerida por Theil (1971)33, se procedió a calcular la contribución incremental de las variables explicativas (Ver cuadro N° 8). 31 Nota: Los estadísticos t están en paréntesis en donde: a coeficiente significativo al 1%; b coeficiente significativo al 5%; c coeficiente significativo al 10%; d coeficiente no significativo. Según los contrastes convencionales, no hay indicios de violación de los supuestos fundamentales del modelo de regresión lineal; estos contrates no se incorporan para facilitar la presentación. 32 Se calcularon los estimadores Newey West consistentes de la matriz de varianzas y covarianzas con la presencia de autocorrelación. Al igual que en la regresión anterior, los estadísticos t están en paréntesis en donde: a coeficiente significativo al 1%; b coeficiente significativo al 5%; c coeficiente significativo al 10%; d coeficiente no significativo 33 pp.125. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 97 Cuadro N° 8 Contribución de las variables explicativas al incremento y a la caída del ingreso per cápita total34 Período de crecimiento 1935-1977 Contribución incremental de: 1) Dln(Yt-1 / Nt-1) 0,09 2) Dln(Rit / Nt ) 0,70 3) D2lnpt 0,01 a) Total 1+2+3 = 0,80 b) No explicado = 0,20 c) Total a+b = 1,00 Período de decrecimiento 1978-1995 Contribución incremental de: 1) Dln(Yt-1 / Nt-1) 2) Dln(Rit / Nt ) 3) D2lnpt a) Total 1+2+3 = b) No explicado = Total a+b = 0,15 0,08 0,35 0,58 0,42 1,00 Al comparar el período de crecimiento económico (1940-1977) con el período de retroceso (1978-1995), se evidencia la importante disminución de la contribución de la renta petrolera para explicar el desempeño económico. Así, se tiene que la caída de la renta petrolera contemporanea se atribuye apenas el 8% del retroceso observado en el ingreso per cápita total, lo cual contrasta con el 70% de aporte durante el período de crecimiento económico. El debilitamiento de los impulsos fiscales en la generación de crecimiento económico resultó determinante para que la renta petrolera no tuviese un mayor impacto sobre el comportamiento evidenciado en el ingreso per cápita total. Por su parte, se tiene que la aceleración inflacionaria observada entre 1978 y 1995 explicó el 35% del retroceso del ingreso total por habitante. Así, la política económica del Estado venezolano, orientada a redistribuir el ingreso entre el sector público y el privado, con el propósito de atenuar los efectos de la caída de la renta petrolera sobre el proceso de acumulación, significó un coste de tal magnitud que terminó incorporando a la inestabilidad económica como importante factor explicativo del mencionado retroceso del ingreso. 34 La contribución incremental de cada variable sin considerar el efecto multicolineal se (b1)2 calcula de la siguiente forma: 2 * (1-R2) R - R 12 = (n - k) (var(b1)) Luego de calcular la contribución incremental para todas las variables, se le sustrae el efecto multicolineal: R2-S(R2 - Ri2), y se le resta el efecto ajuste: R2 - R2adjusted . Quedando la contribución acumulada de todas las variables: R2adjusted . Finalmente, se obtienen las contribuciones incrementales de cada una de las variables, una vez excluido el efecto multicolineal y el efecto ajuste: (R2 - R12) R2adjusted * S(R2 - Ri2) ) ( ( ) R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 98 Conclusiones 1. En el lapso comprendido entre el 1913 y 1995, se ha observado una continua desaceleración en el ritmo de crecimiento del PIB por habitante de Venezuela, coincidiendo con el menor dinamismo mostrado tanto en acumulación de capital físico como en las exportaciones de bienes y servicios petroleros. Tal desaceleración en el ritmo de crecimiento del ingreso per cápita se explica, fundamentalmente, por el agotamiento progresivo de la renta petrolera, lo cual ha debilitado los distintos mecanismos impulsores de la acumulación de capital físico, siendo ésta la influencia causal más importante del crecimiento económico experimentado por el país a lo largo del período bajo estudio. 2. En el crecimiento económico de Venezuela destacan tres rasgos particulares no observados, de manera general, a nivel mundial: el primer rasgo se refiere a la mencionada desaceleración en el ritmo de crecimiento período tras período: el segundo destaca un importante crecimiento, el mayor registrado en la muestra de países presentada por Maddison (1997), en el período de peor desempeño económico a nivel mundial (1913-1950); el tercero y último rasgo particular se refiere al aparente divorcio entre la acumulación de capital humano, fuente importante del crecimiento en el mundo, y el incremento del ingreso per cápita. Estos tres rasgos particulares son la expresión de un modelo de crecimiento impulsado por la presencia de un recurso natural de naturaleza agotable incapaz de sostener, por sí solo, una tasa de crecimiento permanente del ingreso per cápita en el largo plazo. 3. La distribución de la renta petrolera en el caso venezolano se ha llevado a cabo utilizando como instrumento a la sobrevaluación del signo monetario, la política comercial, la política de industrialización y el desarrollo de infraestructuras. Esta particular distribución de la renta privilegió sensiblemente al gasto de inversión por sobre cualquier otro destino. 4. De acuerdo a la versión modificada del modelo de Solow (1956), presentada en el trabajo, la utilización de la renta petrolera en el financiamiento de la inversión doméstica da lugar, en ausencia de progreso tecnológico, a expansiones temporales en la producción y en el consumo, ubicando estas variables por encima de su estado estacionario. Esto obliga a una trayectoria posterior descendente en la medida en que la renta comienza a mermar. Venezuela parece haber registrado una sobreacumulación de capital que permitió alcanzar niveles de producción y consumo por encima del equilibrio de largo plazo, siendo parte del pobre desempeño económico observado en los últimos veinte años una consecuencia del ajuste “desde arriba” hacia el estado estacionario. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 99 5. Venezuela forma parte del grupo de países que han basado su crecimiento económico en la acumulación de capital más que en el proceso de asimilación (progreso tecnológico). En efecto, la utilización de la renta en el financiamiento de la industrialización por sustitución de importaciones implicó la adquisición de tecnologías no adecuadas y el desarrollo de proyectos de inversión que atendieron principalmente criterios políticos con el fin de profundizar los mecanismos de distribución de la renta petrolera, dejando a un lado los criterios de eficiencia. Este hecho implicó un proceso de acumulación de capital poco generador de progreso tecnológico. 6. Los desequilibrios macroeconómicos evidenciados por la economía venezolana en los últimos veinte años son la consecuencia de un mecanismo redistributivo impulsado por el Estado para intentar mantener el financiamiento de la acumulación de capital ante la disminución de la renta petrolera (siendo la devaluación una de las políticas utilizadas con ese fin) habiéndose alcanzado un resultado opuesto al esperado, debido a los efectos perniciosos de la inestabilidad sobre la inversión y la productividad de los factores. Así, las altas y variables tasas de inflación, como una expresión clara de la importante inestabilidad económica observada dentro del último subperíodo bajo análisis (1973-1995), se han presentado como una nueva influencia causal de importancia en el pobre desempeño mostrado por el ingreso per cápita de Venezuela. 7. Finalmente, los resultados arrojados a partir de las regresiones de crecimiento, muestran que la inestabilidad económica, representada por la aceleración inflacionaria, fue la influencia causal de mayor peso en el retroceso económico experimentado durante el período 1978-1995, explicando el 38% de la caída del ingreso total por habitante. Por su parte, el crecimiento contemporáneo de la renta petrolera fue responsable apenas del 8% del mencionado retroceso. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 100 Anexo Clasificación regional utilizada por Maddison de acuerdo a: a) al nivel inicial de ingreso per cápita, b) la dotación inicial de recursos en relación a la población y c) las características institucionales o sociales que con mayor probabilidad podrían incidir en el desempeño económico. A saber: 12 países de Europa Occidental: • Austria – Bélgica – Dinamarca – Finlandia – Francia – Alemania – Italia • Países Bajos – Noruega – Suecia – Suiza – Reino Unido 4 Nuevos Países Occidentales: • Australia – Canadá – Nueva Zelandia – Estados Unidos 5 países de Europa Meridional: • Grecia – Irlanda – Portugal – España – Turquía 7 países de Europa Oriental: • Bulgaria – Checoslovaquia – Hungría – Polonia – Rumania – URSS – Yugoslavia 11 países de Asia: • Bangladesh – Birmania –China – India – Indonesia – Japón – Pakistán – Filipinas – Corea del Sur – Taiwan – Tailandia 10 países de África: • Costa de Marfil – Egipto – Etiopía – Ghana – Kenia – Marruecos – Nigeria – Sudáfrica – Tanzania – Zaire R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 101 Referencias bibliográficas Arrow, J. (1962): “The economic implications of learning by doing”, Review of Economic Studies, vol. 29, p. 155-173. Baptista, A. a/ (1997): Teoría económica del capitalismo rentistíco, Ediciones IESA. ___________ b/ (1997): Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-1995. Fundación Polar. Bruno, M. y Easterly, W. (1996): “Inflación and growth: in search of a Stable Relationship, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, N° 78, vol. 3, p. 139-146. Collins, S. y Barry B. (1996): “Economic growth in East Asia: Accumulation versus Assimilation”, Brookings Papers on Economic Activity, N° 2. Corbo V. (1998): “Antiguas y nuevas teorías del crecimiento. Algunas ilustraciones para la América Latina y el Asia Oriental”, en Solimano A., “Los caminos de la prosperidad. Ensayos del crecimiento y desarrollo”, El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, México. De gregorio, J. (1993): “inflation, taxation and long-run growth”, Journal of Monetary Economics, vol. 31, p. 271-298. Fischer, S. (1993): “The role of macroeconomic factors in growth”, Journal of Monetary Economics, vol. 32, p. 485-512. Friedmann, John, (1962): “El crecimiento económico y la estructura urbana de Venezuela”. Revista de Economía Latinoamericana, N° 6. Guerra J. Y Dorta M. (1999): “Efectos de la inflación sobre el crecimiento económico”, Serie Documentos de Trabajo Gerencia de Investigaciones Económicas, septiembre, N° 20, Banco Central de Venezuela. Levahari, D. (1996): “Futher implications of learning by doing”, Review of Economic Studies, vol. 33, p. 31-39. Lucas, R. (1988): “On the Mechanisms of economic development”, Journal of Monetary Economics, vol. 22, p. 3-22. Maddison, A. (1997): La economía mundial 1820-1992: Análisis y estadísticas, OCDE. Mankiw, G. Romer, D. Y Weil, D. (1992): “A contribution to the empirics of economic growth”, Quaterly Journal of Economics, mayo, p. 408-437. Mankiw, G. (1997): Macroeconomía, Antoni Bosch Editor. Oficina de Planificación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda de Venezuela (1999): “Situación Económica y Perspectivas, Informe Final 1998”, Mimeo, Oficina de Programación y Análisis Económico. Otani, Y. y Villanueva, D. (1990): “Determinants of long-term growth performance in Developing Countries”, Word Development, vol. 18. Page, J. et al (1993): The East asian miracle: economic growth and public policy, Oxford University Press. R. Schliesser, José I. Silva / La renta petrolera y el crecimiento… 102 Rodríguez, F. y Sanchs J. (1997): “Why do resource- rich countries have low growth rates. A new explanation and an application to Venezuela”, mimeo., Harvard University. Romer, P. (1986): “Increasing returns and long run growth”, Journal of Political Economy, vol. 94, p. 1.002-1.037. ________ (1990): “Endogenous technical change”, Journal of Political Economy, vol. 98, p. 71-102. Sachs, J. y Warner (1995) “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 5398. Sala-i-Martin, X. (1994): Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch Editor. Samuelson P. (1939): “Interactions between the multiplier analysis and principle of acceleration”, Review of Economic Statistics, mayo, 1939, p. 75-78. Sarel, M. (1996): “Nonlinear efects of inflation on economic growth”, Staff Papers IMF, vol. 43, N° 1, p. 199-215. Servén L. y Solimano A. (1992): “Private investment and macroeconomic adjustment: A survey”, World Bank Research Observer 7, p. 95-114. Solow, R. (1956): “A contribution to the theory of economic growth”, Quarterly Journal of Economics, febrero, p. 65-94. Summers, R. y Heston, A. (1991): “The Penn World Table (Mark 5): An expanded set of international comparisons 1950-1988”, Quarterly Journal of Economics, mayo, p. 327-368. Theil H. (1971): Principles of Econometrics, John Wiley & Sons, INC. Tornell, A. y Philip L. (1994): “Are windfalls a curse? A non-representative agent model of the current account and fiscal policy”, National Bureau of Economic Research, Working Paper N° 4839. Valecillos, H. (1998): Impactos regionales del crecimiento y la contracción económica en Venezuela, 1936-1990, Colección Económico Financiera, BCV. Viana H. et al. (1994): “Desarrollo Tecnológico: Proyecto Venezuela Competitiva”, IESA, N°. 29. La evolución macroeconómica en Venezuela y Colombia en los 90: algunos retos para la armonización Vera Leonardo Vera* Introducción En medio de grandes vicisitudes, cambios en las voluntades políticas y algunos problemas vividos en el seno de la comunidad andina, Venezuela y Colombia han sobrevenido un proceso de integración en el marco institucional del Acuerdo de Cartagena. Colombia quien fuera uno de los suscriptores nacionales del Acuerdo en 1969, hubo de esperar por Venezuela después de largas negociaciones que culminaron en febrero de 1973 con la suscripción del “consenso de Lima”. Desde entonces, el comercio bilateral parece haber pasado por tres grandes fases. A una etapa de crecimiento en el comercio entre Venezuela y Colombia que acontece desde mediados de los años setenta, siguió una etapa de abrupta caída en los ochenta que se manifiesta en las exportaciones colombianas hacia Venezuela (como porcentaje del PIB) a partir de 1982, y en las exportaciones colombianas hacia Venezuela a partir de 1985 (ver gráfico N° 1). Durante los años ochenta la contracción de los flujos comerciales obligó a una revisión de los compromisos en búsqueda de mayor flexibilidad y metas más realistas. Una tercera fase se percibe en la década de los años noventa, notable no sólo por el crecimiento del comercio sino además por el intenso proceso de diversificación del mismo. Existe algún consenso en aceptar que el proceso de integración e interdependencia ha logrado forjarse en el marco de las reformas y la apertura económica iniciada en ambos * Universidad Central de Venezuela, FACES, Escuela de Economía. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 104 países a comienzos de los noventa, y que se consolidó con el impulso político que llevó al desgravamen casi total del comercio mutuo (a partir de enero de 1992) con la instrumentación del arancel externo común. Así, el flujo de comercio binacional ha pasado de 525 millones de US$ en 1990 a cerca de 2.500 millones en 1998. Gráfico N° 1 Exportaciones no tradicionales bilaterales como porcentajes del PIB de paridad 1974-1996 % 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 Exportaciones colombianas hacia Venezuela / PIB de paridad Exportaciones venezolanas hacia Colombia / PIB de paridad Fuente: Fernández (1997) Si bien Colombia ha pasado a ser el primer mercado para las exportaciones no tradicionales venezolanas y Venezuela el segundo mercado para las exportaciones colombianas, la evolución de las relaciones económicas entre los dos países a lo largo de la década dan muestras de que existen elementos que pueden afectar lo que hasta hace poco se creía era un proceso de integración sin obstáculos para su crecimiento. Ciertamente, cuando el flujo de comercio se ha estancado o revertido, el impacto ha revelado ser sólo transitorio, pero esa disposición de las empresas a absorber choques transitorios, no significa que el comercio bilateral pueda sostenerse y progresar con virtual independencia de lo ocurrido en el ambiente macroeconómico interno de cada país. En el fondo la acumulación de muy grandes asimetrías en el manejo de las políticas, en el establecimiento de objetivos y en la institucionalidad misma que da pie al desempeño macroeconómico, pudiera interrumpir el proceso de forma más permanente. En consecuencia, los nuevos retos no apuntan ya a grandes avances en la institucionalidad andina o de Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 105 las preferencias comerciales, las cuales poseen pocas potencialidades para seguir promoviendo la profundización del intercambio. Se trata ahora de provocar mayores avances en materia de coordinación de reglas y políticas que afectan el desempeño macroeconómico, para ulteriormente propiciar más comercio e inversión. En procesos binacionales de creciente integración, como el de Venezuela y Colombia, los efectos de interdependencia adquieren una gran importancia. Esto justifica en principio los argumentos en favor de una coordinación de políticas macroeconómicas. La heterogeneidad de las economías se pone en evidencia si no existe un mínimo flujo de consulta y coordinación. Más importante aún, cuando los grados de interdependencia son elevados, los efectos de variaciones en el tipo de cambio real bilateral pueden ser de un orden de magnitud significativo lo que hace que la integración imponga mayor nivel de coordinación macroeconómica.1 Las nuevas herramientas analíticas para estudiar la conveniencia de la cooperación han venido indicando que la coordinación de políticas puede ser provechosa porque la toma de decisiones independientes, en donde cada país actúa por su cuenta, puede conducir a resultados macroeconómicos indeseables para ambas economías. La coordinación, sin embargo, para ser efectiva, requiere de algunas presupuestos. Las economías deben como mínimo estar dotadas de una estructura institucional para el desarrollo de las políticas más o menos simétrica, no deben diferir demasiado en su estructura productiva y en la exposición a los choques, y los objetivos de política deben –así mismo– mostrar coincidencia. Estos detalles aún ignorados o dados por descontado en el plano de los modelos teóricos, constituyen una fuente de dificultades prácticas para el avance de un proceso de coordinación de políticas. Aunque la coordinación de las políticas macroeconómicas no ha estado en la agenda de las relaciones bilaterales intergubernamentales, el tema no es nuevo en el seno de la comunidad andina. Los antecedentes más importantes se remontan a la reunión presidencial de Cartagena en mayo de 1989, donde los presidentes acordaron instruir a sus ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales, y se puso en primer plano al incluirse como un asunto prioritario entre los acuerdos adoptados por los presidentes de los países andinos en el IX Consejo Presidencial Andino celebrado en la ciudad de Sucre, Bolivia, en abril de 1997. El esfuerzo de advertir las condiciones que constriñen el proceso de coordinación de políticas puede ser complejo. Si bien hemos dicho que el tipo de cambio real 1 Si la relación de intercambio se desvía en perjuicio de un país, el flujo comercial es afectado no sólo por la pérdida de competitividad que esto ocasiona, sino además por el estímulo que provoca en acciones de cabildeo en procura de protección contra las importaciones competitivas. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 106 bilateral (o la relación de intercambio), es un regulador fundamental de los flujos comerciales, esta variable encubre y es la expresión misma de un conjunto de determinantes macroeconómicos. No cabe duda que el perfil inflacionario comparado de las economías es el más visible de ellos. Pero el perfil inflacionario comparado puede ser una consecuencia clara del rumbo de la gestión fiscal y monetaria, y/o de arreglos y medidas en relación al tipo de cambio nominal y de la presión que existan en el mercado de divisas. Es de gran interés, por tanto, entender claramente la forma como se desarrolla la gestión fiscal en ambos países, el perfil de ingresos y gastos, las alternativas de ajuste y de financiamiento de los déficit. De la misma manera, la evolución de los agregados monetarios, los objetivos de política monetaria, los instrumentos de intervención y el tenor de la política ejercida por las autoridades monetarias son aspectos de gran importancia para entender el vínculo entre agregados macroeconómicos y la relación de intercambio. Así mismo, y muy ligado a los aspectos de política monetaria y fiscal, es preciso comparar los eventos que impactan el mercado de divisas y las funciones de reacción de las autoridades ante eventualidades en ese mercado. También como consecuencia de choques externos y de los arreglos cambiarios existentes, la acumulación de activos externos o su extremo, el estrangulamiento o la restricción externa, impone ajustes en la política monetaria y en la gestión fiscal de los gobiernos que eventualmente retroalimentan la relación de intercambio entre las economías. Por otro lado, el tipo de cambio nominal puede ser utilizado además como un instrumento de política, en cuyo caso la relación comercial entre los dos países queda sujeta a objetivos de política económica interna como puede ser la estabilización. Los flujos comerciales están además estrechamente relacionados al ritmo de actividad económica. Por un lado, las importaciones en cada país son sensibles al ritmo de actividad económica doméstico (esto muy especialmente en lo que toca a los bienes intermedios y de capital). Por otro lado, existe la presunción de una relación inversa entre el tamaño de los mercados y la evolución de las exportaciones. Por lo demás, no cabe duda que la demanda agregada, en su aspecto discrecional, es una variable sujeta una vez más a objetivos macroeconómicos globales de cada país y cuyas fluctuaciones pueden ser el reflejo de la fase del ciclo, de alcance del desempleo y de la orientación político-ideológica del gobierno de turno. El comportamiento de los componentes de la demanda agregada puede así mismo tener algunos efectos en la demanda de bienes y servicios entre los dos países. Mayor dinamismo en la inversión (con respecto al consumo) puede favorecer ampliamente al socio comercial si las exportaciones de éste son muy intensivas en bienes intermedios y de capital. En resumen, buena parte del éxito de la coordinación está determinado por cuán armónica es la estructura económica e institucional y los objetivos de política en Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 107 ambas economías. En ese sentido, el propósito de este trabajo no es otro que el de hacer una revisión comparada de la evolución del contexto y las decisiones de políticas macroeconómicas en ambos países en el curso de los años noventa, a fin de detectar la presencia de elementos comunes, asimetrías, y distorsiones que puedan eventualmente afectar la consolidación del proceso de integración colombovenezolano. En la sección II se analizan algunas hipótesis sobre la relación entre crecimiento del producto y el flujo comercial en ambas economías. En la sección III se evalúan la evolución del tipo de cambio real bilateral y algunos eventos que inducen en ocasiones a respuestas disímiles en el manejo de la política cambiaria. La sección IV compara el historial inflacionario reciente en ambas economías y algunos factores determinantes. La sección V pone en evidencia la naturaleza y respuesta relativamente distintas que tienen ambas economías a la exposición a los choques externos. El contraste entre instrumentos y objetivos de la política monetaria es tema de la sección VI. La estructura y la gestión de las finanzas públicas se aborda en la sección VII. Finalmente, una muy breve cuenta y contraste del arreglo institucional y del desempeño del sector financiero en cada país es el tema de la sección VIII. Algunos de los aspectos que señalaremos parecen indicar que el camino hacia la coordinación de políticas macroeconómicas entre Venezuela y Colombia no está libre de tropiezos y que requiere de esfuerzos previos muy significativos a fin de reducir algunas marcadas asimetrías. Es importante apuntar que por razones de espacio hemos dejado a un lado temas muy importantes como la evolución comparada de la productividad y de la estructura del mercado laboral, así como algún análisis sobre la evolución de los flujos de inversión directa y financiera. El producto real y el flujo comercial No cabe duda que la enorme volatilidad y el crecimiento si se quiere espasmódico que ha exhibido el producto interno bruto en Venezuela contrasta sensiblemente con la solidez con que la economía colombiana ha crecido a lo largo de la década (ver gráfico N° 2). La economía colombiana sólo ha visto mermar su ritmo de crecimiento en los últimos tres años, pero aún así, la caída en el producto no ha sido estrepitosa o inesperada. Estas marcadas diferencias en la forma como evolucionan ambas economías tienen importantes implicaciones en la realización de planes de negocios y estrategias comerciales, pues es mucho más difícil para las empresas colombianas actuar en un marco de inestabilidad y de incertidumbre que para las empresas venezolanas en escenarios muchos más previsibles y menos sensibles a las fluctuaciones como el de Colombia. A pesar de esto es curioso notar que a partir del año 1994 el crecimiento en ambas economías inflexiona en forma conjunta, pero también el dinamismo es menor y esto explica en parte el Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 108 estancamiento observado en los últimos tres años en los flujos comerciales en dólares. En la actualidad ambas economías atraviesan por las más severas recesiones registradas en décadas y en el mejor de los escenarios las estimaciones oficiales esperan que el producto caiga en el año 1999 en 3,5% en Colombia y 6,7% en Venezuela. Gráfico N° 2 Tasas de crecimiento del PIB en Colombia y Venezuela 1989-1999 % 12 8 4 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 -4 -8 -12 Colombia Venezuela Fuente: Banco Central de Venezuela y Banco de la República * Para 1999 las cifras son estimadas por el Departamento Nacional de Planeación (Colombia) y el Ministerio de Finanzas (Venezuela) Algunas hipótesis han sido señaladas para explicar los efectos que tiene el ritmo de actividad económica sobre las exportaciones de un país a otro. Cubillos (1996), por ejemplo, argumenta que hasta mediados de 1994, cuando en Venezuela se desata la crisis financiera, las exportaciones venezolanas hacia Colombia venían creciendo gracias al favorable desempeño económico de Colombia (la economía colombiana creció entre 1990 y 1994 en 4,31% en promedio), que compensaba en mucho a los productores venezolanos por la recesión económica en dicho país (1993 y 1994 fueron años recesivos para la economía venezolana).2 Clemente (1994), adicionalmente argumenta que entre 1989 y 1993 se corrobora la correlación negativa entre la tasa de crecimiento del PIB y el nivel de exportaciones no 2 Indudablemente el mantenimiento de una tasa de cambio real relativamente estable y favorable a Venezuela es un elemento de gran peso para explicar la corriente comercial. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 109 tradicionales en Venezuela. Para disponer de una explicación de este fenómeno se ha dicho que para un grupo numeroso de empresas en Venezuela las exportaciones parecen constituir una variable de ajuste cuando se contrae el mercado interno. Sin embargo, la tendencia al crecimiento que han registrado las exportaciones de Venezuela hacia Colombia parece más bien indicar que transcurridos varios años del proceso de apertura y de establecimiento de una zona de libre comercio, las empresas han comenzado una política deliberada de exportaciones, penetración, establecimiento e incremento en la participación en el mercado colombiano. El comercio de Colombia hacia Venezuela, por otro lado, parece ser sensible a las fluctuaciones en el ritmo de actividad económica en este último. Por ejemplo, el valor de las exportaciones de Colombia a Venezuela aumentó en su nivel máximo en 1991 (110%) en un año de significativo crecimiento en Venezuela (10,4%), y caen sensiblemente en 1994 (en un 22%) en un año de severa crisis y recesión (-2,8%) para luego subir nuevamente con la recuperación en Venezuela en el año 1995 (ver cuadro 1). En apoyo a esta observación un estudio reciente sobre la demanda de importaciones venezolanas (Cartaya, Paracare y Zerpa, 1998) termina confirmando la importancia que tiene el PIB (muy por encima del tipo de cambio real) como variable explicativa de las importaciones por sectores (público y privado) y por destino (consumo, bienes intermedios, capital) en Venezuela. Cuadro N° 1 Comercio Bilateral, 1991-1998 (Millones de US$) Exportaciones de Colombia Crecimiento exportaciones % Exportaciones de Venezuela Crecimiento exportaciones % Total Comercio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 204 427.3 508.5 695.6 537.2 935.6 983 989 1.145.6 110 19 36,8 -22,8 74,2 5,07 0,61 305.7 424.6 968.1 1.127.5 1.380.9 1.243 1.625.3 1.399.4 38,9 128 16,5 1.005.1 1.663.7 1664.7 22,5 2.316.5 -9,93 30,7 2.226 2.614.3 321 -4,9 733 1997 1998 15,7 -13,9 2.545 Fuente: DANE y Departamento de Planeación de Colombia Es difícil concebir que ambas economías puedan experimentar un círculo vicioso de crecimiento económico y comercial sostenido más allá de lo que permite el grado de interdependencia existente. Colombia que había mantenido una tasa de crecimiento relativamente estable hasta el año 1995 ha entrado en un proceso de Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 110 estancamiento que requerirá de un impulso importante en la confianza y en la reputación de las políticas gubernamentales, mientras que el producto en Venezuela sigue siendo arrastrado por el peso que tiene el petróleo en la estructura productiva. El manejo de la política cambiaria Para explicar la reacción del comercio bilateral los analistas usualmente ponen gran atención al manejo de la política cambiaria y la evolución del tipo de cambio real en cada país. Ninguna variable expresa mejor el carácter endémicamente conflictivo del comercio y la rivalidad comercial, y es por eso que la forma de explotar mutuamente los beneficios del comercio entre dos economías es a través de arreglos cambiarios estables. Colombia siguió desde mediados de la década de los ochenta una política deliberada de estímulo a las exportaciones y de preparación (desde 1988) para la apertura económica, aplicando para ese fin un sistema de devaluación gota a gota (crawling-peg). Para el año 1990 el índice de tipo de cambio real alcanzó un máximo y desde entonces inició un pronunciado declive (ver gráfico N° 3). La política cambiaria se orientó desde entonces a darle mayor grado de libertad a la política monetaria, y el dilema de las autoridades económicas entre competitividad cambiaria y estabilidad macroeconómica se resolvió en favor de la estabilidad. La Ley 9ª de 1991 flexibilizó, en buena parte, el flujo de transacciones y operaciones con el exterior e inició el desmonte del control cambiario. El crecimiento anormal de divisas que se produjo en 1991, obligó a las autoridades a establecer un mecanismo de certificados de cambio que tendían a aplazar la monetización de su creciente flujo, fijando plazos de redención mayores. El certificado de cambio consistía, en ese entonces, en un instrumento financiero denominado en dólares redimibles a la vista en el Banco de la República. Por decisión posterior el instrumento se hizo redimible en tres meses (y luego a un año) a la llamada “tasa de redención del certificado de cambio”. El precio de este papel en el mercado secundario formó lo que se denominó la “tasa representativa de mercado”.3 Así, el sistema de certificados de cambio se utilizó como regulador del comportamiento de la tasa de cambio nominal.4 3 Siendo negociable, el certificado de cambio tenía un precio que dependía de las tasas de interés vigentes y de la devaluación esperada por el público. Altas tasas de interés se correspondían con un menor precio del certificado y de otra parte, si la devaluación esperada era elevada, el precio subía debido a la expectativa de obtener un mejor precio de redención en la fecha de maduración. El precio del certificado de cambio era, de hecho, la tasa de cambio del mercado, es decir, la tasa a la cual el público podía cambiar dólares por pesos. 4 Esta tasa representativa de mercado, fluctuó al interior de una banda que estableció la autoridad monetaria frente a la tasa oficial de cambio y que seguía publicando el Banco de la República. Esto no era otra cosa que la tasa a la cual el emisor estaba dispuesto a redimir los certificados de cambio en su fecha de maduración. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 111 Para 1991, la mayor flexibilidad cambiaria encontró un inesperado superávit en la cuenta corriente y además un importante influjo de capitales producto de numerosos elementos, entre ellos, las condiciones de los mercados financieros internacionales, el programa de liberalización comercial, favorables expectativas alrededor de la reforma estructural, y amnistías cambiarias y fiscales. Los flujos de capital en Colombia ascendieron al 4% del PIB entre 1990 y 1992 y la inversión extranjera directa al 1,3% del PIB (Mesa y García, 1996). El esfuerzo de las autoridades por reducir la inflación y el proceso de esterilización monetaria, trajo como consecuencia inevitable la elevación de las tasas de interés domésticas, lo que incentivó aún más la entrada de capitales. Todos estos elementos coadyuvaron para que Colombia presentará entre 1990 y 1997 uno de los procesos más fuertes de apreciación real del peso de los últimos 20 años, lo que aunado a los drásticos ajustes cambiarios ocurridos en Venezuela explicaría parcialmente el mayor dinamismo que durante los primeros años de la década mostró el comercio desde Venezuela. Gráfico N° 3 Índice de tipo de cambio real en Colombia y Venezuela, 1980-1998 (base 1985=100) 180 160 140 120 100 80 60 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 Índice de tipo de cambio real de Colombia Índice de tipo de cambio real de Venezuela Fuente: Fernández Riva (1997) en base a cifras del Banco de la República y del FMI y actualización propia Venezuela por su parte, inició la década de los años noventa con un viraje estratégico de grandes dimensiones en su política económica. En forma muy rápida la economía se vio sometida a un conjunto de reformas estructurales (iniciadas a principios de 1989) que tuvieron como orientación la liberalización de los precios internos (tarifas, tipo de cambio, tasas de interés), la liberalización comercial y Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 112 financiera, y las privatizaciones. En materia cambiaria la administración entrante (en el año 1989) impulsó una maxidevaluación adoptando un tipo de cambio único y flexible que luego se transformaría en un régimen de crawling-peg siguiendo como objetivo el mantenimiento de un tipo de cambio de paridad. Desde entonces y hasta mediados de 1994, la política cambiaria privilegió la competitividad del aparato productivo en un contexto de alta inflación, lo que en principio contrasta con los objetivos cambiarios de quien para entonces se convertiría en su segundo socio comercial. De esta forma, Colombia poniendo gran acento en la estabilidad y Venezuela privilegiando la competitividad iniciaron ambos la década apuntando a una mayor flexibilidad en el tipo de cambio pero asignando objetivos económicos distintos a su política cambiaria. La tendencia a la revaluación progresiva del peso en Colombia y la ganancia de competitividad relativa del tipo de cambio en Venezuela (aun considerando las enormes fluctuaciones) dan cuenta clara de la evolución marcadamente favorable que ha tomado el tipo de cambio bilateral para este último país (ver gráfico N° 4). Gráfico N° 4 Tipo de cambio bilateral peso-bolívar, 1980-1998 1.7 y = 0.002x2 - 0.0781x + 1.4936 1.5 Tendencia Polinomial 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 Fuente: cálculos propios Cambios importantes en los regímenes cambiarios ocurren en Colombia y Venezuela en 1994. Como consecuencia de la abundante liquidez y de la presión hacia la baja en las tasas de interés, a finales del año 1993, Colombia experimentó mayores niveles de gasto público y privado y dificultades para reducir la inflación (22,6% en 1993). En enero de 1994, la Junta Directiva del Banco de la República implementa formalmente un sistema de banda cambiaria con el fin, de acuerdo a muchos, de permitir la revaluación del peso y contrarrestar los efectos inflacionarios del gasto público y de la política monetaria. Por lo demás, es bien sabido que el sistema de bandas, de un lado, garantiza una mayor flexibilidad para la política Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 113 monetaria, y de otro lado, otorga mayor estabilidad al tipo de cambio nominal en comparación con un régimen de libre flotación. La banda establecida tuvo una amplitud entre el límite superior e inferior de 15%. El límite inferior se fijó en 759 pesos por dólar y el precio techo en 873 pesos por dólar. En 1994 la tasa de cambio fluctuó alrededor de la paridad central entre enero y junio y luego cayó al piso de la banda en los últimos meses del año, por lo que hubo que revaluar nominal e instantáneamente la banda a finales del año (ver gráfico N° 5).5 Los elevados influjos de capital externo al sector privado y el menor costo de los recursos externos tuvieron mucho que ver en el virtual estancamiento del tipo de cambio nominal hasta mediados del año 1995, cuando el tipo de cambio de mercado comenzó a pegarse del techo. Las entradas de capital fueron muy apreciables a lo largo de 1996 y durante gran parte del año 1997 y el tipo de cambio una vez más se aproximó por varios meses al límite inferior. Esta situación cambiaría sustancialmente con el advenimiento de la crisis en los mercados asiáticos. El desplazamiento de la banda que se observa en la figura en la primera semana de septiembre de 1998, pareciera ser el resultado de la acción combinada del acelerado gasto agregado de la economía, de la reversión en los mercados de capitales y de la caída más acentuada de lo anticipado en los precios del café y el petróleo (que en conjunto representan más del 35% del valor de las importaciones), y de la desaceleración de las economías de países receptores de exportaciones no tradicionales como Venezuela y Ecuador. No deja de ser sorprendente que la confluencia de tantos elementos adversos para la estabilidad cambiaria produjera sólo un realineamiento de un 9% en la banda. Gráfico N° 5 El sistema de bandas cambiarias en Colombia, 1994-1999 2100 1900 1700 1500 1300 1100 900 TC de mercado Paridad Central Lim. Inf. Jul. 99 Oct. 99 Abr. 99 Jul. 98 Oct. 98 Ene. 99 Abr. 98 Jul. 97 Lim. sup. Oct. 97 Ene. 98 Abr. 97 Jul. 96 Oct. 96 Ene. 97 Abr. 96 Jul. 95 Oct. 95 Ene. 96 Abr. 95 Jul. 94 Oct. 94 Ene. 95 Abr. 94 Ene. 94 700 Fuente: Banco de la República 5 Si bien las autoridades económicas establecieron una meta de devaluación de 11% anual, los resultados mostraron que sólo fue del 2,5% anual. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 114 Venezuela ante una inminente crisis de balanza de pagos, motivada en gran parte la inestabilidad política, la creciente desconfianza en los fundamentos de la economía y la crisis financiera, experimentó un colapso en su régimen de crawlingpeg y puso en práctica una serie de intentos erráticos por consolidar un régimen cambiario óptimo durante gran parte del año 1994.6 En el curso de unos meses, Venezuela experimentó cuatro regímenes cambiarios distintos (crawling-peg, libre flotación, subasta holandesa y tipo de cambio fijo con control de cambio). A decir verdad, el severo desorden monetario y un exceso inminente de medios de pago (como reacción a la crisis financiera) condicionó la política cambiaria pues el desequilibrio en el mercado de divisas llevó a las autoridades a aplicar un estricto racionamiento. La devaluación del bolívar y el establecimiento del control de cambios en junio de 1994 tuvieron un fuerte impacto (pero transitorio) en las exportaciones colombianas hacia Venezuela (una contracción del 24,4% en dólares corrientes), aunque su impacto en las exportaciones globales apenas se hizo notar.7 Sin embargo, en un escenario de mayor interdependencia como puede fácilmente avizorarse en el futuro, la disímil situación macroeconómica y las estrategias de política económica seguidas por las autoridades de cada país, pudiera llegar a plantear acciones y repercusiones más severas para ambas economías. En 1994, Colombia –privilegiando sus objetivos anti-inflacionarios en medio de una bonanza de capitales– inducía a la revaluación del peso; Venezuela, ante la incertidumbre del público y una enorme salida de capitales buscaba solventar el desequilibrio externo. En un escenario de elevado comercio bilateral, la devaluación en Venezuela y la revaluación en Colombia pudiera afectar la solvencia externa colombiana y en consecuencia desatar nuevos sentimientos proteccionistas o “devaluaciones competitivas”.8 Los hechos ocurridos en 1994, las expectativas de una difícil posición fiscal en 1995 sin señales de solución derivó en un creciente deterioro del clima de con- 6 La poca claridad en el manejo de la política cambiaria dejó entrever la falta de experticia en el manejo de la crisis que tuvieron las autoridades venezolanas. Después de una caída en más de 2.000 millones de US$ en el nivel de reservas internacionales en el curso de tres meses, las autoridades abandonaron el sistema de deslizamientos periódicos y el tipo de cambio fue devaluado y dejado a libre flotación a fines de abril de 1994. En el mes de mayo un sistema de subasta reemplazó la flotación del tipo de cambio, pero una nueva y abrupta baja en reservas impulsó al gobierno a implementar un régimen de control de cambio unas semanas más tarde que no sería levantado sino a finales del año 1995 cuando las autoridades deciden utilizar una nueva maxidevaluación. 7 Pese al control de cambios, la decisión de canalizar el comercio, a través del convenio de pagos y créditos recíprocos de la ALADI permitieron que el intercambio con Venezuela retomase una dinámica ascendente en 1995. 8 Las devaluaciones competitivas están penalizadas por el Artículo 110 del propio Acuerdo de Cartagena. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 115 fianza en Venezuela. La creciente demanda de divisas condujo a una nueva devaluación del bolívar en diciembre de 1995 en un 70%. A mediados de 1996 Venezuela pone en práctica un estricto programa de ajustes bajo el tutelaje del FMI (la Agenda Venezuela). En ese entonces se implementa un sistema de bandas para la tasa de cambio en respuesta a severos síntomas de desequilibrio interno y externo. La banda, cuya paridad central se estableció en 470 Bs/US$ con un margen de más/menos 7,5% alrededor de la paridad, buscaba establecer una tasa de depreciación de 1,5% mensual de acuerdo con el objetivo inflacionario. Sin embargo, Venezuela hubo de experimentar acontecimientos externos favorables, al igual que Colombia cuando implementó su sistema de bandas dos años antes. El mercado petrolero registró precios más altos y los volúmenes de crudo colocados aumentaron igualmente en un 8%. Como consecuencia la cuenta corriente registró un enorme superávit (7.355 millones de US$) y la cuenta capital mejoró sustancialmente durante la segunda mitad del año 1996, por efecto de inversión extranjera directa en el área petrolera, la privatización del remanente de participaciones públicas de la compañía telefónica, CANTV, y cierto influjo de capitales de corto plazo resultado del optimismo inicial en el programa. La gran afluencia de divisas hizo que el tipo de cambio de mercado comenzara a acercarse levemente al límite inferior de la banda. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela ejerció fuertes intervenciones intramarginales con el objeto de minimizar la desviación entre la paridad central y el tipo de cambio de mercado.9 Durante el año 1997, la paridad central de la banda cambiaria en Venezuela tuvo que ser realineada hacia abajo (en el mes de enero y luego en julio) pues el país experimentaba una fuerte acumulación de reservas. De igual manera el ritmo de depreciación del tipo de cambio fue reducido (primero a 1,32% mensual en enero y luego a 1,16% mensual en julio). Aunque la magnitud de las devaluaciones de diciembre de 1995 y abril de 1996 fue considerable, para finales de 1997 la ganancia cambiaria se había erosionado por la inflación. Con un tipo de cambio virtualmente anclado, los peligros de sobrevaluación comenzaron a levantar preocupación en los productores nacionales. En enero del año 1998 la banda fue realineada hacia abajo manteniendo la misma amplitud entre los límites inferior y superior (7,5%) y un ritmo de depreciación mensual levemente mayor (1,38%). A lo largo del año 1998 y durante los primeros nueve meses del año 1999, el esquema salió bien librado a pesar de las secuelas dejadas por la crisis de los mercados asiáticos, la caída del precio del petróleo, la incertidumbre política creada por el nuevo gobierno del presidente Chávez y las crisis cambiarias de países vecinos (como Brasil, Ecuador y Colombia). 9 En ese sentido, el sistema de banda cambiaria en Venezuela pareciera simular más bien un régimen de crawling-peg que un esquema ortodoxo de bandas. El tipo de cambio de mercado ha estado la mayor parte del tiempo por debajo de la paridad central con fuertes intervenciones intramarginales por parte de la autoridad monetaria Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 116 Gráfico N° 6 El sistema de bandas cambiarias en Venezuela, Abr. 96-Dic.98 Bs./$ 750.00 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 Meses Inferior Superior Paridad Central Tipo de cambio observado A diferencia de Venezuela las autoridades monetarias colombianas después de la realineación de noviembre de 1994 y en el curso de los años 1995, 1996 y 1997 no hicieron modificaciones mayores a su sistema cambiario. Por otro lado, es importante hacer notar que la amplitud de las variaciones del tipo de cambio al interior de la banda en Colombia fueron más pronunciadas que en Venezuela, pegándose la paridad de mercado al límite superior o inferior de la banda según las circunstancias, y reaccionando además la Junta Directiva del Banco de la República no con cambios en la paridad central, sino con cambios muy ligeros en la pendiente. Desde esta perspectiva, Colombia siguió con mayor rigor las directrices conceptuales de una banda cambiaria que Venezuela.10 Desde mediados de 1997 y a lo largo de 1998 y 1999 una combinación de eventos externos y medidas de política incidieron decisivamente en el mercado cambiario revirtiendo la tendencia observada en años anteriores. Ya desde principios del año 1996 la política monetaria en Colombia se hizo más laxa. Algunas medidas para reducir las tasas de interés fueron introducidas en marzo de 1996. A la declinación de las tasas de interés se sumó la creciente preocupación de los 10 Un estudio reciente de Mesa (1997) muestra, no obstante, que al menos en el período que va entre 1994 y 1996, la distribución de probabilidades del tipo de cambio al interior de la banda no exhibe forma de “U”, como tampoco se da una correlación negativa entre el diferencial de tasas y el tipo de cambio dentro de la banda. Todo esto contradice las predicciones básicas del modelo de Krugman. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 117 mercados por la sostenibilidad de las cuentas fiscales y externas y el deterioro del mercado petrolero (desde la segunda mitad de 1997), y con ello de las expectativas generadas alrededor del sector petrolero. A pesar de la significativa intervención de las autoridades, las presiones sobre el peso se intensificaron en 1998 en respuesta a la incertidumbre política en el período inmediato a las elecciones presidenciales y a las repercusiones de la crisis asiática sobre los mercados de capitales. Para contener las presiones cambiarias el banco central apretó la política monetaria aumentando la banda de tasas de interés interbancarias e incrementando los rendimientos de las letras en el mercado abierto. En mayo de 1998 las tasas de interés interbancarias fueron liberadas y el mercado cambiario mostró una calma temporal luego de la elección de Pastrana como presidente, a finales de junio. Pero renovadas presiones aparecieron en el mes de agosto lo que llevó al Banco de la República a depreciar la banda cambiaria en un 9% en septiembre de 1998. El mercado creyó que la nueva banda era vulnerable y la continuó atacando, con lo cual se apretó aún más la política monetaria lo que hizo subir las tasas de interés de noventa días al 37%. En junio de 1999, se produce un nuevo realineamiento hacia arriba. Las presiones alcistas comenzaron con el anuncio de que el Banco Mundial bloquearía un crédito de 600 millones de dólares para el salvamento de los bancos estatales en situación de fragilidad. Tras gastar 274 millones de dólares en dos días, la Junta Directiva del Banco de la República decidió devaluar la paridad central y aumentar la amplitud de la Banda el 27 de junio. Las presiones no cesaron durante los meses de julio, agosto y septiembre. El pronóstico de un déficit en cuenta corriente de 6 puntos del PIB y de un déficit fiscal en el orden de 5 puntos del producto, puso en evidencia la situación de severos desórdenes macroeconómicos. El 25 de septiembre el presidente del Banco de la República y el ministro de Hacienda anunciaban el abandono del esquema de bandas y la adopción de un régimen de flotación tras una semana de intensos ataques donde el Banco Central perdió cerca de 470 millones en reservas internacionales. Frente a este panorama donde Venezuela persiste en la rigidez cambiaria y Colombia adopta la flotación, las posibilidades de coordinación de políticas se alejan. La complejidad del problema proviene del hecho de que existe un “trueque” entre los objetivos que pueden lograrse en esquemas cambiarios disímiles. La flotación le devuelve a Colombia soberanía monetaria y privilegia la opción de combatir la recesión, en tanto que la rigidez cambiaria en Venezuela, obliga al Banco Central a ser más conservador en su política monetaria dándole privilegio al combate de la inflación. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 118 El desempeño inflacionario Venezuela y Colombia contaban con una amplia historia inflacionaria al comenzar la década de los noventa. Colombia con un índice más estable, Venezuela con un comportamiento más errático a consecuencia de choques de oferta y demanda (ver gráfico N° 6). Dada la incidencia que los niveles de inflación relativos tienen en el tipo de cambio bilateral, es bastante evidente que de persistir un registro inflacionario mayor en Venezuela que en Colombia, la tendencia a la revaluación del peso con respecto al bolívar puede revertirse en el largo plazo. Desde 1994, Venezuela, sin embargo, ha tendido a aplicar políticas de anclaje en el tipo de cambio nominal sin ningún éxito contundente en la estabilidad de los precios.11 De esta forma se sobrevalúa su moneda en períodos relativamente cortos para luego hacer ajustes bruscos en la tasa de cambio. Los tres grandes ajustes hacia el alza en la tasa de inflación en Venezuela que pueden observarse en el gráfico N° 7 son el resultado de períodos precedentes de abierta sobrevaluación del bolívar a los que siguieron intensos ajustes en el tipo de cambio. Gráfico N° 7 Tasas de inflación anual en Venezuela y Colombia (1980-1998)* % 100 80 60 40 20 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 0 Venezuela Colombia Fuente: Banco Central de Venezuela y Banco de la República *1999 refleja la metas inflacionarias de los bancos centrales en cada país 11 Es evidente que en medio de desórdenes monetarios y fiscales el efecto estabilizador del anclaje cambiario se atenúa. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 119 Los esfuerzos por reducir la inflación en Colombia por debajo de los dos dígitos han sido infructuosos. Fuente oficiales atribuyen esta dificultad a las características inerciales de la inflación y así es confirmado en un estudio reciente por Kamas (1995). Trabajos también recientes sobre las causas de la inflación en Venezuela confirman de igual forma la importancia de la inercia (Zambrano, 1994; Guerra y Sánchez, 1996; y Dorta, et. al 1997). Los elementos inerciales indican que el público ha desarrollado mecanismos adaptativos en su conducta sobre las decisiones de precios, que los contratos se fijan de manera muy desincronizada, y/o que existen expectativas inflacionarias dada la ausencia de crediblidad del público en las políticas. En este contexto las políticas de restricción de demanda son lógicamente insuficientes. No obstante, los intentos en ambas economías por implementar políticas complementarias de ingresos han sido desalentadoras. Venezuela hizo varios intentos poco fortuitos en 1994 y 1995, cuando prevaleció en la economía un régimen de tipo de cambio fijo con controles de ciertos productos “básicos”. Colombia, por otra parte, vio fracasar su intento de poner en práctica desde 1995 un “pacto social”. Es factible, sin embargo, que las tasas de inflación en ambos países puedan converger a niveles básicos, si el riesgo de una fuerte devaluación es contenido en Venezuela, y se hace un esfuerzo en ambos países por evitar los ajustes periódicos en los precios administrados de los servicios públicos.12 En Colombia, por ejemplo, entre 1996 y 1997 los choques inflacionarios se originaron por reajustes en las tarifas de servicios públicos –en especial energía–, por el aumento del IVA (de 14% a 16%) y por sensibles aumentos en los costos de educación (Perfil de Coyuntura, Lecturas de Economía 1997).13 En Venezuela, adicionalmente al ajuste cambiario de mediados de 1996, el precio del combustible se incrementó en más de un 100% ese mismo año y la alícuota del Impuesto a las Ventas subió del 12,5% al 16,5%. En general, los aumentos recurrentes en las tarifas eléctricas, telefónicas y de transporte han venido incidiendo en los saltos discretos que experimenta la tasa de inflación mensual. Es significativo, sin embargo, que la fuerte recesión que experimentan actualmente ambas economías estén provocando una convergencia de la tasa de inflación mensual y de la tasa de inflación anualizada mes a mes (ver gráfico N° 8). 12 Los esfuerzos por consolidar una unión económica entre dos o más economías pasan por tratar de hacer converger sus tasas de inflación y de armonizar sus políticas macroeconómicas. 13 Un estudio para la economía colombiana de Correa y Escobar (1990) indica, sin embargo, que las variaciones en los precios de la gasolina y las tarifas de los servicios públicos, potencialmente no tienen un impacto directo muy fuerte sobre costos ni sobre variaciones del IPC. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 120 Gráfico N° 8 Inflación anualizada (en los últimos 12 meses) % 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Jul. 99 Sep. 99 May. 99 Mar. 99 Ene. 99 Nov. 98 Jul. 98 Sep. 98 May. 98 Mar. 98 Ene. 98 Nov. 97 Jul. 97 Sep. 97 May. 97 Mar. 97 Ene. 97 0 Venezuela Colombia Fuente: Basado en datos del BCV y del Banco de la República La evolución del sector externo y los choques en la década de los 90 Colombia como Venezuela han estado sometidos al impacto de los cambios en sus cuentas externas a lo largo de la década. Venezuela con una impactante volatilidad en su cuenta corriente, específicamente en su balanza comercial petrolera, afectando sensiblemente el desempeño fiscal. Colombia con un permanente influjo de capitales que descompone su política anti-inflacionaria, y un creciente saldo deficitario en su cuenta corriente como consecuencia de un boom de importaciones. Por otro lado, el comportamiento de los flujos de capital en Venezuela es altamente sensible a lo que acontece en la cuenta corriente, y en este sentido el comportamiento simétrico con que se comportan los flujos de bienes y los flujos capitales contrasta marcadamente con lo que sucede en Colombia. En situaciones de caída en los ingresos petroleros, por ejemplo, el público en Venezuela anticipa malos tiempos y fuertes ajustes en el tipo de cambio. Venezuela en los años 1990 y 1991 experimentó un boom petrolero (a consecuencia de la crisis del Golfo Pérsico) que mejoró sensiblemente su cuenta corriente. El impacto recesivo del programa de ajuste del año 1989 hizo en ese entonces que la reactivación de la economía tomara un carácter prioritario, aun cuando el ajuste requería de un proceso de consolidación. El crecimiento del gasto y del dinero base en los años 1991 y 1992 tuvo que ser contenido con políticas monetarias Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 121 restrictivas con costos severos para la economía y el sistema financiero. En 1992, el mercado petrolero comenzó a mostrar signos de deterioro. La cuenta corriente cerró con un saldo tremendamente deficitario (3.749 millones de US$) y el déficit fiscal del gobierno central se elevó a 3,7% del PIB. La debilidad institucional del país para aislar o mitigar el impacto de los choques externos se puso una vez más de manifiesto en esta coyuntura de principios de los años noventa. La creación de un fondo de estabilización macroeconómica si bien comenzó a ser discutido en ese entonces, quedó aplazado inexplicablemente, y en la situación actual Venezuela una vez más ha tenido que verse sometida a los rigores de un segundo ciclo de expansión (1996 y 1997) y contracción (1998) aguda de los ingresos petroleros. A mediados de 1998 el ejecutivo presentó al parlamento el proyecto de Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) contra contingencias petroleras, y éste fue aprobado pero sin condiciones para ser capitalizado. No cabe duda que este mecanismo trae beneficios adicionales para ambas economías. El Fondo anticíclico suaviza la trayectoria del gasto público en Venezuela, permitiendo un mejor desempeño de la política monetaria, contribuyendo a evitar fuertes fluctuaciones del gasto agregado, en el tipo de cambio real y eventualmente en el intercambio comercial. Es de hacer notar que el impacto que tiene la volatilidad petrolera en el producto y en el comportamiento del tipo de cambio es muy fuerte en Venezuela dada la alta dependencia que tiene el sector externo y el sector público del petróleo. No obstante, a comienzos de 1999, la administración entrante modificó sustancialmente las reglas de acumulación y de gasto del fondo de estabilización para hacerlo más discrecional pero con el riesgo de convertirlo más en un fondo de reparto que de estabilización. Cuadro N° 2 Balanza de Pagos de Venezuela 1990-1998 (Millones de US$) Descripción 1990 Cuenta Corriente 8279 Bienes 10706 Servicios -1351 Transferencias -302 Cuenta Capital -2161 Inv. Directa 76 Capital Med y LP -2237 Capital de CP Err. y Omisiones -1742 Var. De Reservas 4376 1991 1736 4900 -2202 -364 2704 1916 574 214 -1515 2952 1992 -3749 1322 -2951 374 3006 513 2383 110 -490 -1233 Fuente: Banco Central de Venezuela a/Cifras Preliminares 1993 -1993 3275 -3185 -368 2023 220 1622 181 -561 -531 1994 2450 7691 -3082 -216 -3613 656 -1919 -2350 -277 -1724 1995 1950 7123 -3426 193 -2887 860 -1429 -2318 -189 -1126 1996 7355 12204 -5082 233 -478 1575 -1810 -243 -581 6296 1997a 5999 11400 -5390 -51 -1176 4864 -1267 -4773 -1378 3445 1998a -1715 3431 -5176 30 -354 3357 123 -3834 -1349 -3418 Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 122 Colombia con un cuadro externo mucho menos volátil que el de Venezuela y con tendencias muy definidas (al menos hasta el año 1998) no presenta la misma vulnerabilidad externa que su vecino, pues su cesta exportadora es más diversificada y se distribuye entre cuatro grandes rubros (café, petróleo, minería y no tradicionales). Ciertamente la exportación petrolera ha ido ganando participación en el total de las exportaciones (llegando a representar en 1997 el 23,2% de las exportaciones totales), pero las reservas probadas no auguran el perfil petrolero de largo plazo que existe en Venezuela. Por lo demás, contra la volatilidad de sus principales productos de exportación Colombia ha diseñado el Fondo Nacional del Café y el recientemente creado Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). Llama la atención, que los superávits en cuenta corriente de comienzos de los años noventa han desaparecido gradualmente y el déficit acumulado entre 1993 y 1998 supera los 26.900 millones de dólares. Colombia, sin embargo, no ha sufrido de restricción externa pues la cuenta capital ha sido altamente superavitaria en la década de los noventa. La acumulación de reservas ha sido el fenómeno dominante a lo largo de la década y ha constituido una fuente de problemas para las autoridades económicas en su esfuerzo por reducir la inflación. Al interior de los flujos de capital, la inversión extranjera directa ha ido creciendo en forma sostenida desde el año 1992, un hecho si se quiere sorprendente en un país amenazado por los movimientos armados, la actividad ilegal y las sanciones norteamericanas. Es necesario apuntar, no obstante, que la situación de déficit crónico en la cuenta corriente es motivo de preocupación de las autoridades gubernamentales si por alguna eventualidad el influjo de capital no puede sostenerse en el futuro. El resultado externo del año 1998 y las proyecciones de un alto déficit externo para el año 1999 parecieran comenzar a indicar este fenómeno. Cuadro N° 3 Balanza de Pagos de Colombia, 1990-1998 (Millones de US$) Descripción 1990 Cuenta Corriente 543 Bienes 1971 Servicios -2454 Transferencias 1026 Cuenta Capital -2 Inv. Directa 484 Inv. de Cartera -4 Endeudamiento -284 Capital de CP -198 Err. y Omisiones 98 Var. De Reservas 639 1991 2347 2959 -2310 1697 -782 433 81 -369 -926 362 1927 1992 900 1234 -2068 1734 69 740 125 -635 -161 222 1191 1993 -2114 -1657 -1595 1138 1979 769 642 -437 1003 242 107 Fuente: Banco de la República y arreglos propios *Cifras estimadas 1994 -3051 -2286 -1627 862 3074 1515 392 1707 -541 23 1995 -4370 -2699 -2355 678 4673 1473 -559 1892 1308 -304 -1 1996 -4816 -2133 -3215 531,6 7015 3253 208 4367 814 479 2678 1997 -5522 -2603 -3511 592 6360 5437 286 2216 1581 534 1372 1998* -6030 -2691 -2288 407 3885 3337 14 2024 -1490 687 -1454 Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 123 Es muy significativo que en una situación de grandes déficit en la cuenta corriente en ambos países, éstos puedan estar asociados a variaciones de reservas muy distintas, lo que indica que la política monetaria y cambiaria no tienen el mismo tenor. Venezuela pudiera estar apretando la política monetaria (para evitar la fuga de capitales) cuando su cuenta corriente es deficitaria al tiempo que deprecia con mayor velocidad el tipo de cambio al interior de su banda, en tanto que Colombia pudiera más bien estar lidiando con presiones para la apreciación cambiaria. Naturalmente, mucho de lo que sucede en este campo tiene que ver con los objetivos e instrumentos de política monetaria de rigor. La política monetaria Colombia entró a la década del noventa con tasas de inflación elevadas (29, 1% en 1990 y 30,4% en 1991), al menos si se comparan con la inflación promedio registrada de las décadas anteriores. Parte del problema se atribuyó, en ese entonces, a las presiones por una mayor oferta monetaria que financiara mayores niveles de crédito y gasto público. Para evitar esas presiones, se le otorgó una buena dosis de independencia política al Banco de la República en la nueva constitución de 1991. Con la entrada de la década, adicionalmente, los saldos favorables en la balanza de pagos representaron una fuente de problemas para las autoridades monetarias, pues alimentaban el crecimiento de la liquidez monetaria. El crecimiento anormal de divisas que se registró desde 1991, obligó a las autoridades al establecimiento de un mecanismo de certificados de cambio, que tendía a aplazar la monetización de su creciente influjo, mediante la fijación de plazos de redención mayores. En Venezuela las autoridades monetarias se enfrentaron a dificultades similares, pues el impacto inflacionario de las medidas de ajuste del año 1989 fue notable y el boom petrolero del año 1990 se tradujo en un fuerte incremento del gasto. El Banco Central comenzó a recurrir a la esterilización monetaria masiva con títulos de su propia emisión (bonos cero cupón), una operación si se quiere novedosa en el país (no así en Colombia), pues tradicionalmente el encaje y el redescuento habían sido los instrumentos clásicos de intervención usados por el Banco Central. A la postre, el fuerte crecimiento de la liquidez y la brusca caída en la intermediación financiera incrementarían el monto de estas operaciones en niveles que comprometían la posición financiera del Banco Central. Hasta finales del año 1991, el esfuerzo de las autoridades económicas colombianas por reducir la inflación y el proceso de esterilización monetaria, trajo como consecuencia inevitable (dada la estrechez del mercado de capitales), la elevación de las tasas de interés domésticas. Esto incentivaba la entrada de capitales y Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 124 contribuía no sólo a apreciar el tipo de cambio, sino además a destruir los esfuerzos por controlar la liquidez. Las autoridades monetarias, desde finales de 1991 y durante 1992, hicieron un esfuerzo (si se quiere exitoso) por reducir las tasas de interés, dando mayor capacidad de ajuste al tipo de cambio y absorbiendo el crecimiento de los medios de pago con mayores importaciones. No en balde las exportaciones de Venezuela hacia Colombia registraron su segundo mayor incremento a lo largo de la década, en 1992, cuando pasaron de 305 a 425 millones de dólares. Esta señal, si se quiere, destaca lo importante que resultan las acciones de la política monetaria para explicar los flujos comerciales. El mayor gasto público y privado, asociado este último a las bajas en las tasas de interés y a la abundante liquidez, dificultó la reducción de la inflación a los niveles deseados, así que en 1993 se decidió establecer un encaje del 47% al endeudamiento externo entre 6 y 18 meses, ayudando a las operaciones de mercado abierto en el control de la inflación. Los certificados de cambio fueron eliminados en enero de 1994, pero nuevas resoluciones fueron expedidas por la Junta Directiva del Banco de la República en marzo y en agosto de 1994 con el objeto de controlar las entradas de capital. Se estableció la obligación de constituir depósitos en títulos denominados en dólares como requisito para recibir créditos externos con plazos menores a los 36 meses. Estas medidas no fueron del todo efectivas (Mesa y García, 1996); sin embargo, el Banco de la República insistió con la disminución del plazo máximo para realizar giros de importaciones, y aumentó los encajes sobre el crédito externo y los extendió a los créditos contratados a cinco años. Orientada a limitar las fuentes de financiamiento del sector privado y reducir el gasto agregado, la política monetaria de finales de 1994 estimuló el alza de las tasas de interés internas poniendo en evidencia sus limitaciones. Si bien por una parte al caer las tasas de interés el gasto aumenta, en el esfuerzo por controlarlo las tasas suben estimulando el endeudamiento externo y la entrada de capitales.14 Kalmanovitz (1999, p. 4) resume la política monetaria durante estos primeros años de la década de los noventa señalando que “el Banco seguía comprometido con el mantenimiento de cierto nivel de tasa de cambio lo que lo obligaba a expandir la oferta monetaria por encima de las necesidades de la economía en el caso de darse una entrada importante de capital o de superávit en la cuenta corriente y, por lo tanto, dificultaba en esos momentos reducir el nivel de inflación”. 14 Aunque en un grado menor, estas mismas dificultades en la política monetaria estarían presentes en Venezuela desde mediados del año 1996 con el registro de ciertos flujos de capitales privados a la economía. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 125 Cuadro N° 4 Liquidez y tasas de interés anual en Colombia y Venezuela, 1990-1998 (Porcentaje) Años Crecimiento de M1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 25,8 32,8 41,2 27,7 25,2 19,7 16,5 21,7 - Colombia Tasa de Interés Nominal de CDT 35,3 36,7 26,4 26,0 30,0 32,5 28,1 24,3 32,6 Tasa de Interés Real Crecimiento de M1 Venezuela Tasa de Interés Nominal Tasa de Interés Real 4,8 4,8 -0,5 2,9 5,8 9,6 7,4 6,6 15,9 41,1 51,2 8,2 10,6 130 38,6 85,1 86,7 6,58 33,4 36,1 41,9 69,4 46,7 27,8 19,9 6,84 10,25 -5,2 1,4 8,03 22,6 -8,7 -20,8 -39,9 -25,8 -16,35 Fuente: Banco de la República y Banco Central de Venezuela La iliquidez fue el signo que caracterizó el mercado monetario en Colombia en 1995 y buena parte de 1996.15 En este período el crecimiento de M1 fue el más bajo a lo largo de la década (ver cuadro 4). Las tasas de interés reales se mantuvieron en un umbral alto, lo que sumado a las necesidades del Gobierno de financiarse internamente, contribuiría a agudizar la situación fiscal colombiana. A partir del último trimestre de 1996 las autoridades monetarias adoptaron una política más laxa con el ánimo de darle mayor liquidez a la economía y por esa vía contribuir a su reactivación. Es así como el crecimiento nominal de los medios de pago pasó de 6% a mediados de 1996 a un 19,4% en los primeros meses de 1997. La situación de liquidez se modificó radicalmente a finales de 1996 y las autoridades dieron marcha atrás ante el cambio inesperado en las reservas internacionales. A comienzos de 1997 el Banco de la República estableció un mayor control al endeudamiento externo en vista de la creación de un impuesto al ingreso de 15 Kalmanovitz (1999) indica que la actuación del banco central en Colombia evidencia la existencia de dos fases: una expansionista, entre comienzos de los noventa y finales de 1994, y otra de tipo mas contractivo iniciada en 1995. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 126 divisas contemplado en el proyecto de Emergencia Económica que no fue aprobado.16 Se modificó en consecuencia el depósito de 50% que tenían los préstamos en moneda extranjera con plazos inferiores a 5 años, por un depósito del 30% generalizado a todos los créditos y por un período de 18 meses. Así mismo, el instituto emisor conservó la colocación promedio de instrumentos de mercado abierto a fin de apoyar el objetivo de mantener los agregados monetarios dentro de sus respectivos corredores. Durante 1998 las tasas de interés se elevaron significativamente como resultado de la moderación en la política monetaria pero sobre todo por el aumento en las expectativas de devaluación y el incremento del riesgo crediticio del país y el riesgo del sistema financiero. Precisamente las presiones sobre la tasa de cambio hicieron que la autoridad monetaria restringiera aún más la liquidez elevando las tasas de interés. Este peligroso mecanismo conduce a una situación en donde el riesgo del sistema financiero se eleva con el alza de las tasas, conduciendo a mayores presiones sobre el mercado cambiario y a nuevos incrementos en las tasas. Eventualmente una crisis de balanza de pagos o una crisis financiera termina rompiendo el círculo y así parece corroborarlo episodios recientes en ambas economías. Pero si algo destaca en el marco de la política monetaria en Colombia, durante el período de los años noventa, fue el manejo altamente discrecional, cierta erraticidad y cambios de rumbo, y un variado menú de instrumentos de intervención. La conjugación de altos niveles de inflación y política monetaria restrictiva presentó un escenario de altas tasas de interés (reales positivas) en Venezuela a lo largo de 1991, 1992 y 1993. La política monetaria en Venezuela al igual que en Colombia fue muy exigida, pero dado que las fuentes de crecimiento de la liquidez provenían de la conversión del superávit en cuenta corriente en gasto interno, el Banco Central no se vio en la necesidad de desarrollar instrumentos de intervención tan sofisticados como los utilizados en Colombia. Los Bonos Cero Cupón fueron exclusivamente los instrumentos utilizados. Ya para el año 1993 su uso se había hecho tan intensivo que constituían la mitad de la base monetaria. Por otro lado el crecimiento de M1 se atenuó significativamente en los años 1992 y 1993 por la caída pronunciada en la demanda de dinero que se generó por el ambiente de inestabilidad política luego de dos intentonas de golpe de Estado. Las instituciones financieras ante una ola de liquidación de pasivos elevaron sustancialmente las tasas de interés. En 1994, con el advenimiento de la crisis financiera la política monetaria perdió todo control. En un ambiente de enorme debilidad institucional y sin una estrategia definida para enfrentar la crisis, el Banco Central debió dar asistencia masiva a los bancos. La forma de recoger gran parte de esta liquidez fue 16 Ante una delicada situación fiscal y las presiones de revaluación el Gobierno comenzó el año 1997 con la declaración de emergencia económica. En marzo de ese mismo año la Corte Constitucional declaró inexequible la declaratoria de emergencia económica. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 127 utilizando los bonos cero cupón que entonces llegarían a representar más de tres veces el dinero base (ver cuadro 5).17 Eventualmente con la caída de los precios del petróleo y la desaceleración en el crecimiento de la base y de los medios de pago, la intervención del Banco Central ha sido menor, pero por otra parte, el daño que estos instrumentos causa en la situación patrimonial del Banco Central ha planteado la alternativa de sustituir estos títulos con letras del tesoro y bonos de la república. Cuadro 5 Venezuela: Bonos de Emisión del Banco Central y Base Monetaria (Millones de Bs.) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Emisión de Bonos Cero Cupón y TEM1 Base Monetaria 4.390 242.363 571.962 335.069 407.992 2.263.806 1.984.279 3.613.893 2.012.774 1.696.516 98.560 179.697 330.444 382.310 422.695 698.839 872.536 1.675.799 3.004.685 3.717.323 Razón Emisión de Bonos/Base Monetaria 0,04 1,30 1,73 0,87 0,96 3,23 2,27 2,15 0,67 0,46 Fuente: Banco Central de Venezuela 1/ Saldo al final del año Con la puesta en vigencia del programa de la Agenda Venezuela en abril de 1996, y los cambios muy favorables en el mercado petrolero, la economía venezolana experimentó el tipo de dificultades en el manejo de la entrada de divisas que Colombia ya experimentaba como crónicas desde comienzos de los noventa. Después de dos intensas devaluaciones, una en diciembre de 1995 y la segunda en abril de 1996, la política monetaria, orientada a esterilizar el volumen creciente 17 Aun representando un instrumento de inversión de cero riesgo para los bancos, los bonos cero cupón han dado pie a nuevos problemas: propician las operaciones de arbitraje internacional especialmente cuando existen expectativas de apreciación del tipo de cambio, generan pérdidas para el Banco Central y por consiguiente aumentan el déficit cuasi-fiscal, e incrementan la propensión de los bancos al racionamiento del crédito pues compiten con los préstamos productivos en la cartera de los bancos. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 128 de medios de pago, se debatió entre seguir más a fondo las pautas pre-establecidas de depreciación por la banda cambiaria y usar con intensidad la política de esterilización con operaciones de mercado abierto, o apoyar la política monetaria dando mayor flexibilidad al tipo de cambio para así inducir la revaluación. La salida a este dilema ha sido realinear periódicamente la banda cambiaria hacia abajo. A mediados de 1997 el mercado petrolero empezó a mostrar signos de debilitamiento, y los precios del crudo comenzaron a disminuir paulatinamente. Acontecimientos más recientes como la crisis del Este de Asia han dado un vuelco importante a la situación de ambos países. Dada la mayor dependencia petrolera de Venezuela y ante la evidente incapacidad de prever estos acontecimientos en las estimaciones presupuestarias, el gobierno de este país, en este caso, tuvo que enfrentar una vez más en 1998 un escenario de agudo deterioro de las finanzas públicas, y el reinicio de amenazas de salidas de capital y ajuste cambiario. Este breve historial de cómo ha evolucionado la política monetaria en ambos países no es banal. De hecho, buena parte de lo que ha acontecido en ambas economías en este ámbito permite ver claramente las bondades de la coordinación. Consideremos, por ejemplo, la situación en ambas economías en el año 1998. Ambos países tratando de reducir una tasa de inflación persistentemente elevada y las autoridades monetarias tratando de decidir el grado de austeridad monetaria a aplicar. Cada país actuando separadamente entiende que si aplica una política monetaria más contractiva (que el resto del mundo), el tipo de cambio se apreciará aunando esfuerzos para su política anti-inflacionaria. Por lo tanto, cada país tratará de aprovechar los efectos anti-inflacionarios de una política monetaria que produce una apreciación en el tipo de cambio. El problema, sin embargo, está en que una apreciación en el tipo de cambio en una economía significa una depreciación de la moneda para la otra. No es posible entonces que los dos países obtengan simultáneamente una apreciación de su moneda contra el vecino, pero ambos países pueden sufrir en el intento pues si bien no hay variación en el tipo de cambio, ambos sufrirán el impacto recesivo de las políticas monetarias altamente restrictivas. La recesión en ambas economías activa otros mecanismos de transmisión que hace que el comercio binacional disminuya y que caiga la demanda agregada. Aún más interesante es notar que la asimetría en la exposición a los choques, aun asumiendo la existencia de regímenes cambiarios similares como ocurrió con el sistema de bandas por el curso de tres años, puede poner en evidencia dificultades adicionales para emprender la coordinación monetaria. En una situación de relativa normalidad para Venezuela, Colombia se exponía a choques de entradas de capital, exigiendo una contracción del crecimiento monetario y un alza en las tasas nacionales de interés. Estas acciones perturbaban la relativa tranquilidad del Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 129 mercado de divisas en Colombia hasta el punto de poder poner en peligro la credibilidad de la banda cambiaria. En el límite inferior de la banda la política monetaria se hace más activa para defender el régimen. Así, esta política monetaria de contracción inicial y expansión ulterior no sólo destaca las situaciones de conflicto entre objetivos de política en un mismo país, sino además entre los objetivos de política de ambos países. La estructura y la gestión de las finanzas públicas La gestión fiscal puede ser un área de análisis de gran importancia en el entendimiento de los flujos reales y financieros por el impacto que ésta tiene en el producto y la evolución de los precios en la economía. Si la gestión fiscal es expansiva la presión de demanda sobre los bienes no transables induce fuertes apreciaciones en el tipo de cambio, como puede haber sido el caso de Colombia en los años 1990. Más aún, la forma de cerrar la brecha en una gestión pública deficitaria, puede también explicar la aceleración inflacionaria y los saltos repentinos en el tipo de cambio. Si el cierre es monetizando el déficit, como fue claramente la opción en Venezuela en el año 1994 –ante las dificultades de liquidez derivadas de la crisis financiera–, el aumento en los medios de pago termina traduciéndose en mayor inflación y presiones en el mercado cambiario. Eventualmente los ajustes en el tipo de cambio también pueden ser explicados por las necesidades del sector público de hacerse de mayores recursos en moneda local, de modo que la brecha fiscal puede ser parcialmente atendida por lo que algunos analistas en Venezuela han llamado “el impuesto cambiario” (Niculescu y Puente 1994).18 Otra opción es recurrir al endeudamiento interno, como lo ha hecho Colombia en los últimos años, corriendo el riesgo de elevar las tasas de interés y de impactar negativamente sobre el ritmo de actividad económica y la posición de los activos del sector financiero. La evolución de las cuentas fiscales en ambos países a nivel del Gobierno Central durante los noventa muestra claramente la tendencia creciente del déficit, con una amplitud significativa para Venezuela en los años 1994, 1995 y 1998 y rápidas recuperaciones en los años 1996 y 1997 con el fortalecimiento del mercado petrolero. Así mismo, en Venezuela, los años de bonanza petrolera 1990-1991 y 19961997 están asociados con mejoras relativas en las cuentas fiscales. 18 La balanza de pagos del sector público en Venezuela ha sido tradicionalmente superávitaria, lo que se traduce en ganancias cambiarias para la gestión fiscal cada vez que hay una devaluación. Esto naturalmente tomando en consideración sólo los efectos directos e inmediatos que una devaluación tendría sobre los ingresos por exportaciones en moneda local y sobre los egresos por importaciones y el servicio neto de la deuda externa. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 130 Gráfico N° 9 Déficit global del Gobierno Central como porcentaje del PIB, 1990-1999* 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Colombia Venezuela Fuente: Banco de la República y Banco Central de Venezuela. *Cifras de 1999 con base en estimaciones de los Ministerios de Finanzas. Pardo y Umaña (1997) han señalado que el comportamiento fiscal en Venezuela y Colombia es realmente diferente pues mientras en el primero el nivel de ingresos fiscales está correlacionado con las exportaciones y los precios del petróleo, en el segundo estos van asociados al nivel de actividad interna y la recaudación tributaria directa e indirecta. Sin embargo, esta es una afirmación que deja de ser absolutamente cierta cuando el análisis se circunscribe a la evolución del gasto y el financiamiento en ambas economías. Ciertamente, la dependencia de los ingresos en Venezuela de ciclos de carácter externo contrasta con la mayor dependencia en Colombia del ciclo interno. Sin embargo, cuando en Venezuela se hace imposible mantener los niveles de gasto, se ha decidido buscar, al igual que en Colombia, a través de la tributación directa e indirecta no petrolera, fuentes alternas de ingreso. Hasta la implementación del impuesto al valor agregado, en 1993, la tasa efectiva de tributación sobre las actividades no petroleras en Venezuela no superaba el cinco por ciento (5%) del PIB (García et al. 1997). Modificado el IVA y convertido en impuesto a las ventas al por mayor, en 1994, la recaudación no petrolera se ubicaría en años recientes alrededor de un 9 por ciento del PIB. El problema es que esto sólo llega escasamente a cubrir un 40 por ciento de los gastos del Gobierno Central y no compensa la dramática caída en los ingresos tributarios no petroleros. En Colombia, en contraste, los ingresos tributarios por concepto de IVA, renta y aduanas registraron en 1997 una cifra equivalente a 12 puntos del PIB, lo suficiente para cubrir Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 131 hasta el 66,6% de los gastos totales del Gobierno Central. Cabe destacar, que la alícuota del impuesto al valor agregado en Colombia se incrementó de 14 a 16 por ciento en diciembre de 1995 y la tasa máxima del impuesto sobre la renta fue disminuida de 37,5% al 35%, tasas que ya son muy similares a las establecidas en Venezuela. Es claro al comparar la estructura de ingresos fiscales en ambos países, que en Venezuela todavía persiste una fuerte dependencia del sector público de los recursos provenientes de la actividad petrolera, lo cual explica parte muy importante de la volatilidad de la política fiscal. Luego de un período de desajuste a mediados de los ochenta, el balance del sector público colombiano estuvo en virtual equilibrio durante la primera mitad de los noventa gracias a la contabilización de ingresos transitorios por privatizaciones y los superávits del sector descentralizado especialmente de la seguridad social. Colombia avanzó con mayor rapidez que Venezuela en el proceso de liquidación y privatización de empresas entregando a particulares servicios no fundamentales de empresas como ECOPETROL, TELECOM, y del sector eléctrico, y privatizando empresas nacionales como Puertos de Colombia, Ferrocarriles Nacionales, terminales de petróleo, zonas francas comerciales e industriales, la Corporación de Ferias y Exposiciones, Álcalis de Colombia, etc. Si bien, a partir de 1991, hubo un continuo incremento en los ingresos, desde el año 1998 el ingreso fiscal comienza a ser menor. En cualquier caso, el incremento en el gasto del sector público ha sido mayor a lo largo de la década. En tanto que lo primero ha jugado un papel importante para explicar la reciente declinación del ahorro privado, lo segundo ha ejercido una presión adicional sobre el tipo de cambio real. Por otro lado la constitución de 1991 en su objetivo de consolidar el proceso de descentralización, generó grandes compromisos de transferencias de recursos del Gobierno Central a los gobiernos locales (Cardenas y Steiner, 1997), gran parte de ellos destinados al aumento desorbitado de la nómina pública y los municipios y departamentos. Al hacerse estas transferencias con base en los ingresos totales del Gobierno Central, se ha generado una altísima carga sobre las finanzas públicas.19 De hecho, estos pagos representan hoy día el 50% de los gastos del Gobierno. Simultáneamente, el déficit se expandió como resultado del servicio de la deuda pública que registró importantes incrementos desde 1995, cuando el tenor contractivo de la política monetaria indujo a un aumento en las tasas de interés reales.20 Es 19 Dado que el incremento del servicio de la deuda pública ha venido creciendo, sería más prudente calcular dichas transferencias sobre la base de los ingresos netos del servicio de la deuda. 20 Los pagos de intereses de la deuda representaron en 1997 2,3% del PIB en tanto que para 1996 y 1995 correspondieron al 2,1% y el 1,4%, respectivamente. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 132 preciso señalar en este sentido que ya desde comienzos de los años noventa el gobierno en Colombia venía financiando buena parte del déficit público con emisiones de bonos del tesoro, pero la colocación de estos instrumentos ha crecido muy significativamente desde el año 1996 (ver cuadro 7), lo que ha implicado una importante transferencia de ahorro financiero disponible en la economía hacia el sector público. El alto nivel de endeudamiento en un entorno de restricción de financiamiento externo implica que se deben generar recursos excedentarios para servir la deuda. Esto requiere ajustes del gasto que tienen repercusiones sobre la producción. Así mismo, el superávit del sector público descentralizado y las privatizaciones, que a lo largo de la década de los noventa contribuyeron a que las necesidades de endeudamiento neto del sector público no fueran muy significativas, no mostraban el mismo vigor para el año 1997. Entidades públicas como ECOPETROL y TELECOM han reportado sólo pequeños excedentes en virtud de la fuerte expansión en proyectos de inversión. La conjugación de condiciones externas adversas y la recesión han hecho que la situación fiscal para el año 1998 y 1999 se haya deteriorado aún más. Es evidente que la economía colombiana necesita de recursos externos con el fin de evitar contracciones adicionales del gasto agregado. Desde esta perspectiva, la reciente aprobación de un acuerdo de Facilidad Ampliada con el Fondo Monetario Internacional por 2.500 millones, y el posible complemento de ayuda por parte del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo conjugado con una mayor flexibilidad cambiaria, pudieran ser una señal clara del propósito que tienen las autoridades económicas por privilegiar el objetivo de la reanimación económica. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 133 Cuadro N° 6 Colombia: Operaciones de Ingresos y Gastos del Gobierno Central (porcentaje del PIB) Ingreso Total Ingreso Corriente Tributarios Renta y Beneficios IVA Impuesto a la Gasolina Aduanas Otros Ingresos no Tributarios 1/ Transferencias Corrientes Gastos Totales y Préstamos Netos Gasto Corriente Sueldos y Salarios Bienes y Servicios Intereses Otros Gastos Transferencias Corrientes Gastos de Capital Formación de Capital Fijo Otros Gastos 2/ Transferencias de Capital Préstamos Netos Balance Global 1993 13,3 13,3 11,6 4,7 4,9 0,7 1,3 0,1 1,0 0,7 1994 13,3 13,3 11,6 4,9 4,8 0,7 1,2 0,0 1,0 0,7 1995 13 13 11,1 4,6 4,7 0,6 1,2 0,0 1,3 0,5 1996 13,5 13,4 11,4 4,3 5,3 0,7 1 0,0 1,4 0,6 1997 13,9 13,9 12 4,9 5,3 0,6 1,1 0,1 1,0 0,9 1998 11,4 11,4 10,0 4,1 4,3 0,4 1,1 0,0 1,3 - 14,5 11,7 2,7 0,9 1,3 0,1 6,7 2,3 1,2 0,0 1,0 0,5 -1,2 15,1 11,8 2.,8 0,6 1,3 0,2 6,8 3,2 1,4 0,1 1,7 0,2 -1,9 16,5 12,2 2,8 0,7 1,4 0,3 6,9 4,1 1,6 0,6 1,9 0,2 -3,5 18,2 13,3 2,6 0,8 2,1 0,2 7,6 4,5 1,8 0,4 2.3 0,5 -4,8 17,8 13,5 2,6 1,0 2,2 0,1 7,5 4,1 2,0 -0,3 2,4 0,2 -3,9 16,1 11,6 2,4 0,8 2,7 6,2 3,6 1,5 0,0 2,1 0,2 -4,7 1/ En 1998 incluye transferencias del Banco de la República. 2/ Gastos no incluidos en otras partidas. Fuente: IMF (1999) Colombia: Selected Issues and Statistical Apendix, con cifras del Ministerio de Finanzas y Crédito Público y del Informe del Banco de la República al Congreso del año 1999. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 134 Cuadro 7 Saldo de Títulos de Tesorería en Circulación, 1992-1997, TES - Clase B Fin de Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Millones de Pesos 289.754 982.130 2.091.444 3.864.314 5.897.200 9.614.123 Porcentaje del PIB 0,87 2,24 3,61 5,27 6,64 8,91 Fuente: Banco de la República Un vistazo a la evolución del gasto del gobierno central en Venezuela revela de inmediato que una de las dificultades de la política fiscal en Venezuela es que no tiene ningún carácter anti-cíclico por lo que su trayectoria no muestra ningún tipo de suavizamiento. El gasto se eleva y disminuye prociclicamente en magnitudes sorprendentes (ver cuadro 8). El gasto del gobierno central en 1993 fue de 19% del PIB y cuatro años mas tarde había subido en 10 puntos con el boom petrolero para caer en 1998 en 6 puntos porcentuales del PIB. Pero en cuanto a su estructura el gasto en Venezuela presenta tendencias muy similares a lo registrado en Colombia. La presión que ejercen las asignaciones legales destinadas a la descentralización y el servicio de la deuda pública dejan muy poca holgura para el resto de las obligaciones del gobierno central. Para 1996 las asignaciones legales absorbían cerca del 54% del presupuesto de gastos, entre los cuales destacan los conceptos por situado constitucional a las gobernaciones, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización y el servicio de la deuda. Adicionalmente, en Venezuela se ha generado una tensión muy especial entre el gasto de PDVSA (el holding petrolero estatal) y el gobierno central. PDVSA se embarcó en un ambicioso plan de expansión que estimó llevar la producción a seis millones de barriles diarios para el año 2006 en proyectos de participación mixta con el sector privado. Para tal fin la petrolera estatal ha buscado mecanismos para disminuir su contribución fiscal.21 La caída del ingreso petrolero y las necesidades de expansión de PDVSA 21 Ciertamente, el sector público petrolero experimentó una contracción una vez que los precios del petróleo cayeron marcadamente en las postrimerías de la Guerra del Golfo. Este hecho junto a la baja gradual del coeficiente (o valor de exportación) que se le aplican a los precios del petróleo en el cálculo de las obligaciones tributarias, explica en gran medida la caída en la contribución fiscal del sector, la cual fue estimada en cerca del 10% del PIB entre 1991 y 1995 (FMI, 1996) Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 135 cambiaron dramáticamente la recaudación fiscal petrolera del gobierno hasta el punto que para 1998 el impuesto sobre la renta cobrado a las actividades petroleras representó sólo 1,7% del PIB, cuando en 1991 esta llegó a ser 13,6 puntos del PIB (ver cuadro N° 8). Por otra parte, el gobierno central ante la tensión que ejercen las asignaciones legales ha visto mermar la inversión y el gasto social en términos reales per cápita.22 Moreno (1996) destaca cómo el financiamiento del déficit fiscal evidenció cambios en su estructura favoreciendo el proveniente de fuentes internas. En el curso de los años noventa, la venta de activos del sector público (privatización de la Compañía de Telecomunicaciones, CANTV, de la línea aérea del Estado, Viasa, y de la siderúrgica nacional, SIDOR), y la emisión de dinero inorgánico en 1994 como consecuencia de los auxilios financieros a los bancos, fueron hechos de particular significación. La asistencia a la banca en cerca de 13 puntos del PIB en 1994 y 4 puntos más en 1995 tuvo efectos inmediatos en el resultado financiero global del sector público, e implicó un uso muy intensivo de las operaciones de mercado abierto para controlar la liquidez. El stock de instrumentos de deuda doméstica (incluyendo bonos del Banco Central), se elevó de 7% del PIB en 1993 a 16% del PIB en 1995. Cerca de la mitad de los auxilios financieros fueron, no obstante, esterilizados por la huida del pública hacia posiciones en dólares en los primeros meses de 1994 (cuando aún prevalecía el régimen de crawling-peg y la libre convertibilidad). 22 En términos reales per cápita, los niveles presentes de inversión son sólo un tercio de lo que fueron el primer quinquenio de los setenta. La reducción real per cápita de lo gastado en el primer quinquenio de los setenta y el promedio de lo gastado en los años noventa ha sido superior al 40% en educación, y al 60% en salud pública (García et al., 1997). Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 136 Cuadro N° 8 Venezuela: Operaciones de Ingresos y Gastos del Gobierno Central (porcentaje del PIB) Ingresos Totales Corrientes Petroleros ISLR Petrolero Regalía Dividendos No Petroleros ISRL Impuesto a las Ventas Aduanas Otros impuestos Otros no tributarios Capital Gastos Totales y Préstamos Netos Gasto Corriente Remuneraciones Compras de Bienes y Servicios Intereses Deuda Pública Transferencias Corrientes Pérdidas BCV Otros Gasto de Capital Formación de Capital Transferencias de Capital Préstamos Netos 1/ Resultado Global 1991 23,3 23,3 18,3 13,6 4,7 0,0 5,0 4,8 2,0 0,8 0,3 - 1992 17,5 17,5 11,7 8,2 3,5 0,0 5,8 4,9 2,0 1,2 0,9 - 1993 16,5 16,5 9,3 6,1 3,2 0,0 7,2 6,8 0,6 1,8 1,4 0,4 - 1994 17,2 17,1 8,5 5,1 3,3 0,0 8,7 2,3 2,0 1,6 2,5 0,2 0,0 1995 16,6 16,6 7,4 4,2 3,2 0,0 9,1 2,2 4,3 1,4 1,0 0,1 0,0 1996 19,3 19,3 11,4 5,8 4,2 1,3 7,9 1,8 3,6 1,4 0,9 0,1 0,0 1997 23,4 23,4 13,5 7,4 3,7 2,3 9,9 2,1 4,4 1,6 1,7 0,1 0,0 1998* 16,6 16,6 6,3 1,8 2,4 2,0 10,3 2,1 4,5 1,7 1,5 0,3 0,0- 24,6 18,2 4,3 1,0 3,4 7,6 1,7 0,2 6,5 1,2 5,2 -1,3 21,2 15,9 4,5 1,0 3,7 6,6 0,1 5,3 1,2 4,1 -3,7 19,0 14,3 4,1 0,5 3,0 6,2 0,2 0,2 4,7 1,0 3,7 -2,5 24,0 17,4 4,2 0,9 4,0 5,4 2,0 0,7 2,3 0,7 1,6 4,2 -6,8 20,1 15,9 3,5 0,8 4,4 5,8 1,1 0,2 2,7 0,6 2,1 1,4 -3,5 18,7 15,1 2,5 0,5 3,7 7,4 0,7 0,2 2,1 0,4 1,7 1,3 0,6 21,4 16,8 3,8 0,6 2,4 10,0 0,2 0,3 11,4 0,5 2,6 0,9 2,0 23,6 19,5 4,1 0,8 5,2 8,1 0,6 0,5 3,2 0,7 2,6 0,8 -7,0 1/ Sólo se descomponen a partir de 1994 *Cifras estimadas Fuente: IMF (1996) Venezuela: Recent Economic Developments y OCEPRE. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 137 La política fiscal y específicamente el rumbo que toma el gasto público en cada país deja ver una vez más la importancia de avanzar en ejercicios de coordinación de objetivos y no sólo de políticas. Venezuela, por ejemplo, apeló en 1997 un gran incremento del gasto público mientras Colombia procuraba cierta austeridad fiscal. Visto desde el ángulo venezolano, el producto se expande en Venezuela, y el tipo de cambio se aprecia lo que favorece las exportaciones colombianas y fortalece su cuenta corriente. Ciertamente la interdependencia se manifiesta en los flujos comerciales y de acuerdo a lo esperado, el producto debería aumentar en Colombia. Sin embargo, Colombia ha apelado a la austeridad fiscal lo que provoca contracción en el producto y depreciación cambiaria reforzando los efectos negativos sobre la cuenta corriente en Venezuela. En un mundo de flexibilidad cambiaria el problema es irreal pues el tipo de cambio bilateral se ajusta para restaurar los equilibrios externos. Pero atados como estaban Venezuela y Colombia a un régimen de bandas, la flexibilidad tenía sus límites, y en consecuencia, políticas fiscales de tenor opuesto terminaban perjudicando el comercio de un país en favor del otro. La estructura y el desempeño del sector financiero Colombia y Venezuela avanzaron casi que simultáneamente en el proceso de liberalización financiera comenzando la década de los años noventa. Como parte de un ambicioso programa de reformas ortodoxas, Venezuela decidió, en 1989, liberalizar las tasas de interés de los bancos, eliminar el sistema de asignación de recursos crediticios por cuotas y privatizar algunos bancos comerciales en propiedad del Banco Central. Colombia avanzó en la reforma del sistema financiero con la aprobación de la Ley 45 de 1990, cuyo objetivo era reducir la especialización de las instituciones financieras y fomentar mayor competencia entre los segmentos. Desafortunadamente, el proceso de liberalización financiera en Venezuela, al no concentrarse en esquemas de incentivos para hacer al sector mas competitivo, produjo un soplo fatal al sistema financiero, pues además de ponerse en marcha en forma incompleta, se dio en un ambiente de profunda inestabilidad macroeconómica, de frágil arreglo institucional y en medio de tendencias muy riesgosas en el negocio bancario.23 Entre enero de 1994 y agosto de 1995 17 instituciones financieras tuvieron que ser cerradas o intervenidas. Estas representaban el 48,4% de los activos totales del sistema y cerca del 50% de los depósitos. 23 Un análisis sobre las causas que llevaron a la debacle del sector financiero en Venezuela no viene al caso para el objeto de este estudio pero dos buenos trabajos pueden encontrarse en García et al. (1998) y Vera (1997). Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 138 Lo importante a ser destacado aquí es que el impacto de una crisis sistémica puede ser devastador no sólo para los esfuerzos de lograr algún tipo de armonización de objetivos y políticas entre países, sino para la evolución misma de la economía inter-regional. Las crisis sistémicas en un país suelen venir acompañadas de fuertes caídas en la demanda de dinero, de enormes presiones sobre el mercado cambiario y de grandes esfuerzos por parte de las autoridades monetarias por doblegar el comportamiento desestabilizador del público. Eventualmente, el banco central debe revisar sus objetivos e instrumentos de política monetaria, debe tomar decisiones frente a la actitud del público de cambiar dinero local por activos externos y debe confrontar el rescate de los depositantes (de existir seguro de depósitos) con las consecuencias inflacionarias que esto pueda tener. La contracción del crédito y sus implicaciones en el ritmo de actividad económica suelen ser también secuelas de una crisis. Para el país vecino la caída en el producto y las acciones de política cambiaria de su socio afectan su posición externa pero también la evolución del producto, y esta interdependencia macroeconómica hace que los efectos se propagen de un país a otro en la medida que los lazos económicos y comerciales son más fuertes. La crisis financiera acontecida en Venezuela en 1994 y parte del año 1995 evidenció algunas de estas facetas. Siendo el riesgo de una crisis sistémica un tema tan importante, es conveniente hacerse un entendimiento de los factores fundamentales para ayudar a su prevención. La literatura reciente sobre las crisis financieras tiende ha debatirse entre las causantes macroeconómicas y los determinantes micro o institucionales. Trabajos empíricos recientes para un conjunto de países con crisis, como Demirguc-Kunt y Detragiache (1997) y Caprio y Klingebiel (1996), terminan confirmando que ambos tipos de factores son regularmente elementos causantes. Los factores macroeconómicos han sido resumidos generalmente en los efectos que altas tasas de interés y el ritmo de actividad económica tiene sobre la calidad de los activos. No cabe duda que estos elementos han venido jugando algún papel en el desenvolvimiento de la banca en tiempo muy reciente. Ambos países atraviesan una severa recesión y las amenazas de ataques especulativos o la lucha contra la inflación mantienen las tasas de interés en niveles relativamente elevados. Pero los factores institucionales dan pie a una revisión más detallada de cómo se presenta el sistema financiero en cada país. Actualmente y luego de una fase de profundos cambios, el sector financiero en Colombia y Venezuela avanza hacia una estructura bancaria muy similar. El sistema financiero venezolano, en el curso de cinco años se redujo a la mitad (ver cuadro 9), y para 1998 de un total de 43 bancos comerciales o universales, 15 estaban en manos de la banca extranjera representando el 41% del activo total. La entrada en vigencia de la nueva Ley de Bancos en 1994 y el proceso de privatización Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 139 de algunos bancos estatizados durante la crisis financiera, permitió no sólo la entrada de nuevos competidores internacionales y el desarrollo de la banca universal, sino además facilitó la reestructuración de un sector seriamente debilitado por los efectos de la crisis. Como se dijo la reestructuración del sistema financiero colombiano comenzó si se quiere una vez sancionada la Ley 45 de 1990 que entre otras cosas permitió la entrada de la inversión extranjera en el negocio bancario. Así, entre 1990 y 1994 la participación del capital extranjero en el capital total de la banca colombiana pasó de 5% a 25%. En 1996 la entrada de los bancos españoles Bilbao Vizcaya y Santander cerrarían una nueva ola de inversiones.24 Para diciembre de 1997 existían en Colombia 33 bancos comerciales que representaban cerca del 58% de los activos del sistema (ver cuadro 10). El proceso de reorganización estructural del sistema llevó a que se presentaran fusiones y adquisiciones importantes en 1998, entre las que destaca la fusión del Banco Industrial Colombiano (BIC) y el Banco de Colombia convirtiéndose en la entidad con mayores activos en el sistema (Banco de la República, 1998). Cuadro N° 9 Venezuela: Estructura del Sistema Financiero (1993-1997) Total Instituciones Bancos Comerciales Bancos Universales Bancos Hipotecarios Entidades de Ahorro Sociedades Financieras Fondos de Activos Líquidos Leasing Sociedades de Capitalización Dic. 1993 211 50 0 17 20 47 38 36 3 Dic. 1994 197 48 0 17 21 47 39 22 3 Número Dic. 1995 128 39 0 9 21 20 20 18 1 Dic. 1996 124 37 2 8 21 18 19 18 1 1997 106 30 10 5 21 15 12 12 1 Fuente: Superintendencia de Bancos y BCV 24 En un principio el mayor interés provino de inversionistas de otros países latinoamericanos, pero a comienzos de 1996 los bancos españoles lideraron la inversión extranjera en el sector financiero colombiano. El banco más grande de Colombia, el Banco Ganadero, fue parcialmente adquirido por el Banco Bilbao Vizcaya, y el sexto mayor banco del país, el Banco Comercial Antioqueño, fue adquirido por el Banco Santander. Casi paralelamente, el Bilbao Vizcaya adquirió parte del primer banco de Venezuela, el Banco Provincial; y el Santander adquirió al Banco de Venezuela. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 140 Cuadro N° 10 Colombia: Estructura del Sistema Financiero (1990-1997) Número Dic. 1990 Total Instituciones 90 Bancos 26 Instituciones de Ahorro y Vivienda 10 Corporaciones Financieras 23 Compañias Financieras Comerciales 31 Leasing 0 Dic. 1994 134 31 10 23 28 42 Participación en el Total de Activos Mar. 1997 Dic. 1997 137 126 32 33 9 8 24 22 34 30 38 33 100 57,9 23,2 12,1 3,8 3,0 Fuente: Superintendencia Bancaria y World Bank (1993) “Colombia Financial Reform” En el plano institucional existe una clara división en Colombia de las funciones estatales en relación con el sistema financiero. Por una parte compete al gobierno a través de la Superintendencia Bancaria y FOGAFIN expedir las regulaciones prudenciales, vigilar su cumplimiento y garantizar parcialmente los depósitos del público. FOGAFIN, sin embargo, no cuenta con el respaldo legal que regule sus funciones y métodos operacionales, por lo que existe el temor de que el sistema esté expuesto a presiones que hagan a la institución demasiado complaciente en caso de una crisis. Por otra parte, conforme a lo previsto en la Constitución y la Ley, los problemas temporales de liquidez deben ser atendidos por el Banco de la República. El apoyo del Banco de la República, sin embargo, no es irrestricto. Para poder acceder a los apoyos, las instituciones financieras deben demostrar su solvencia cumpliendo con la relación de activos de riesgo a patrimonio técnico y, si ello no es así, cumplir con las metas acordadas por la Superintendencia Bancaria en un plan de ajuste de su capital. En el primer caso el Banco de la República otorga un apoyo transitorio u “ordinario” al banco que ha sufrido pérdidas de sus depósitos para proveer de liquidez por un lapso de 30 días, hasta por el 10% de los depósitos. Si el procedimiento es “especial” el apoyo del Banco de la República puede extenderse hasta por 180 días, cubriendo hasta el 15% de los depósitos, con la posibilidad de utilizar los recursos no sólo para cubrir faltantes de liquidez gestados por caídas en el pasivo sino por deterioro en el activo. El sistema en Venezuela no tiene la misma transparencia y solvencia institucional particularmente por las medidas ad-hoc que se han tomado luego de la crisis financiera. Por un lado, le toca a la Superintendencia de Bancos la labor de Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 141 regulación prudencial, pero su autonomía se ve lesionada por las decisiones de la Junta de Emergencia Financiera (creada por la Ley de Emergencia Financiera durante la crisis). Por otra parte, FOGADE, el fondo de seguro de los depositantes, no dispone de los activos líquidos disponibles para enfrentar un colapso, presenta una situación patrimonial insolvente (como resultado de la crisis) y no puede por ley recurrir al Banco Central para obtener anticipos, pues carece de las garantías necesarias.25 Esta fragilidad institucional ha planteado la necesidad de sustituir la Ley de Emergencia Financiera por una nueva Ley de Bancos y sanear la situación patrimonial de FOGADE fiscalizando la deuda de este organismo con el Banco Central. Si bien la solvencia de los bancos en ambos países mejora con la presencia y respaldo de la banca extranjera, en lo que toca al caso venezolano la mejora muy sustancial y rápida del sistema financiero obedece, en primer lugar, a la mejoría en los mecanismos de supervisión y regulación prudencial (esencialmente después de la crisis financiera) y en un segundo término, al hecho que la banca constituye un cliente muy importante de los Títulos de Estabilización Monetaria emitidos por el Banco Central con riesgo cero y cuyo rendimiento marca la tasa de interés. Mejoras en la supervisión también han siso observadas en Colombia, en particular la habilidad de la Superintendencia para monitorear los requerimientos de reservas, para obligar a aprovisionamientos contra créditos en mora, y para exigir una relación capital/activo de acuerdo a estándares internacionales. Sin embargo, todos estos avances institucionales son insuficientes si el clima macroeconómico no favorece la actividad crediticia. En 1996, en el contexto de una aguda desaceleración del crecimiento del dinero base y de una caída en la actividad económica, el crédito al sector privado se vio seriamente debilitado en Colombia (IMF, 1999). La salud del sistema, desde entonces, ha dependido mucho de la tasa de interés las cuales se han mantenido relativamente altas por las presiones que ejerce el déficit fiscal. Una manifestación clave de la salud del sistema financiero ha sido el deterioro en la calidad de los activos toda vez que la cartera inmovilizada como proporción de la cartera total ha pasado de 5,8% en 1995 a 8,2% en 1998 (según cifras del IMF, 1999). El cuadro 11 corrobora estas dificultades en la calidad de los activos. Por otra parte, la banca pública en Colombia, arrastra desde hace muchos años problemas de ineficiencia, exceso de costos y mal manejo administrativo. Estos síntomas se han agravado en los últimos tiempos al punto que en 1998 el gobierno decidió intervenir al Banco Uconal (banco oficial) después de haber acumulado cuantiosas pérdidas. A la intervención del Uconal ha seguido el Banco Central Hipotecario (banco oficial) en julio de 1999 y 25 Se estima que los activos líquidos de FOGADE sólo cubren el 3,9% de los depósitos del público. Por otra parte la deuda de FOGADE con el Banco Central asciende a 2.432 millones de dólares. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 142 muy recientemente, el tercer banco del país –Bancafé–, en propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros, paso a manos del Estado tras la manifestación del gremio de no estar en condiciones de capital. En Venezuela, aunque los bancos han mostrado mejoría en su grado de capitalización, en el aprovisionamiento de la cartera inmovilizada, en la liquidez y calidad de gestión, el ambiente recesivo en que se encuentra la economía puede modificar muy rápidamente esta situación con el agravante, como se ha señalado anteriormente, de que Venezuela no cuenta con la solidez institucional para enfrentar nuevos episodios de crisis. La banca pública, al igual que en Colombia exhibe problemas de ineficiencia y deficiencias en la administración por lo que se ha planteado en tiempo muy reciente su reestructuración. Cuadro N° 11 Indicadores Recientes del Sistema Financiero en Colombia Indicadores Cartera Vencida/Cartera Total Provisiones/Cartera Vencida Patrimonio Técnico/Activos Ponderados por Riesgo Activos Improductivos/Activo Total Gastos Administrativos/Número de Empleados (millones de pesos) 1996 6,12 28 2,0 1997 6,39 32 12,49 2,45 1998 10,09 27 10,47 4,5 21,7 29,6 29,2 Fuente: Superintendencia Bancaria, Banco de la República y Asobancaria Cuadro N° 12 Indicadores del Sistema Bancario en Venezuela Después de la Crisis Indicadores Patrimonio/Activo Total Cartera Inmovilizada/Cartera Total Disponibilidades + Inversiones en Valores/Activo Total Fuente: BCV y Sofline Consultores 1995 8,77 9,24 1996 13,00 3,81 1997 13,1 2,8 1998 14,2 5,5 36,29 36,46 29,5 32,0 Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 143 Conclusiones En el curso de la década de los años noventa las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia han vivido una fase expansiva impulsada inicialmente por las reformas y la apertura comercial que se dio en ambas economías a inicios de los noventa, y consolidada por el desgravamen casi total del comercio mutuo y por la instrumentación del arancel externo común. En la medida que la interdependencia ha aumentado, la integración ha venido imponiendo la necesidad de avanzar mucho más en el tema de la coordinación de políticas macroeconómicas. Naturalmente, cualquier avance en este terreno pasa por la interrogante respecto a la pertinencia y la vigencia del acuerdo sub-regional y la incidencia y participación de los demás miembros que une a la Comunidad Andina. Adicionalmente, el peso preponderante de Estados Unidos en el comercio con Venezuela y Colombia también puede constituir una restricción, si la coordinación de políticas se subordina a objetivos de mayor jerarquía que cada país tenga con el vecino del norte (García, 1999). No obstante, en este estudio hemos querido hacer ver que para hacer posible ejercicios de coordinación de políticas en el marco de lo que acontece entre Venezuela y Colombia, el análisis no puede estar aislado de un conocimiento más claro de qué cosas son comunes en el plano macroeconómico, a qué eventos se expone cada economía y qué tipo asimetrías existen en la gestión macroeconómica de cada país Un análisis de lo que ocurre con la evolución del producto en ambas economías deja poco espacio para el optimismo. Si el flujo comercial depende en alguna medida del dinamismo económico en cada país, la mayor dificultad que seguirán encontrando Colombia y Venezuela será cómo lograr alguna convergencia en el crecimiento y el comercio. Naturalmente, la interdependencia es una variable a favor de la convergencia, pero más allá de este elemento, es necesario que ambos países puedan avanzar en la profundización de las reformas. Colombia en especial debe superar delicados problemas políticos e institucionales, pero debe además atacar su problema fiscal pues esto no sólo le resta capacidad de ahorro a la economía, sino además es fuente de expectativas negativas. Venezuela debe hacer esfuerzos por aislar su economía de la volatilidad petrolera y debe profundizar importantes reformas que logren darle un impulso sostenido al sector no petrolero. En el plano de la política cambiaria, la existencia en ambos países de un arreglo cambiario basado en un sistema de bandas (con parámetros más o menos similares) constituía un elemento que abría oportunidades para la coordinación. La experiencia de la comunidad económica europea así lo muestra. Pero aquí es necesario hacer notar que el sistema de bandas deja muchos grados de libertad como para que cada gobierno se desvíe de una acción coordinada. Un problema Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 144 adicional es que en el pasado ambos países han seguido esquemas cambiarios disímiles como consecuencia de la formulación de objetivos de política distintos. Colombia iniciando la década le dio cierto acento al tipo de cambio en la lucha anti-inflacionaria cuando Venezuela utilizaba un régimen de crawling-peg intentando proteger el tipo de cambio de paridad. A partir del año 1994 Venezuela utilizaría el tipo de cambio como ancla nominal, mientras Colombia formalizaba el régimen de bandas cambiarias. Colombia ha decidido ahora abandonar el régimen de bandas en un intento por bajar la carga sobre las tasas de interés y de reanimar el aparato productivo y Venezuela con mayor holgura en sus reservas internacionales sigue afianzada a la rigidez cambiaria. Es evidente que privilegiando objetivos de política distintos y bajo regímenes cambiarios disímiles la coordinación de políticas macroeconómicas es una quimera. El historial inflacionario en cada país deja ver la acumulación de importantes asimetrías. No es del todo atrevido decir que en Colombia la inflación ha sido moderada y estable (en comparación con Venezuela) por su mayor apego a la responsabilidad macroeconómica. Es indudable que en Venezuela la inestabilidad de la tasa de inflación parece ser un síntoma no sólo de los desarreglos fiscales y monetarios provocados por los choques externos y una severa crisis financiera, sino tiene mucho que ver con la forma errática en que se ha manejado la política económica. Si bien la persistencia inflacionaria es un fenómeno común en ambas economías que es necesario indagar con mayor rigor, es bueno saber, hoy día, que las tasas de inflación parecen converger hacia niveles bastantes menores. Tradicionalmente Colombia y Venezuela han sido vistos como países sometidos a los impactos de las bonanzas de productos primarios y minerales. En los años noventa; sin embargo, Colombia se presenta como un país más diversificado en su cesta exportadora. Ambos países han mejorado en su esfuerzo por promover las exportaciones no tradicionales, pero Venezuela aún manifiesta una alta vulnerabilidad externa producto de su alta dependencia petrolera. La existencia hoy día de mecanismos institucionales para aislar en lo posible a las economías de los choques externos, es un paso de avance para minimizar los efectos adversos en el comercio de la volatilidad externa. Falta ver si estas reglas son respetadas en Venezuela donde el recientemente creado Fondo de Estabilización Macroeconómica fue modificado a menos de un año de su aprobación para incorporarle mecanismos más discrecionales. La sostenibilidad del déficit en cuenta corriente debe ser el principal tema de preocupación en Colombia alrededor del sector externo. A lo largo de los noventa el superávit en la cuenta capital pudo financiar holgadamente el creciente déficit en cuenta corriente, pero será preciso ver cómo responderán los mercados externos a la difícil situación fiscal y real del país. En marcado contraste con Colombia, la cuenta capital en Venezuela está muy ligada al ciclo Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 145 petrolero, y esto ha marcado en buena parte las dificultades por encontrar alguna convergencia cambiaria. Colombia, experimentando una bonanza de capitales debe lidiar con una apreciación de su tipo de cambio real multilateral, pero debe enfrentar una apreciación aun mayor de su tipo de cambio real bilateral con Venezuela. El esquema de flotación recientemente adoptado puede revertir esta situación pero nunca es descartable que Venezuela deje correr su tipo de cambio como consecuencia de un ciclo petrolero adverso, una delicada situación fiscal y masivas fugas de capital. En ambos países, la política monetaria enfrenta el clásico dilema de tener que propiciar la estabilidad inflacionaria con un régimen de cambio relativamente administrado. La inflación y la entrada de capitales fueron la fuente de problemas fundamentales para la política monetaria en Colombia. Colombia ha usado un variado menú de instrumentos de intervención para esterilizar la entrada de capitales, y de esa manera mantener un control del canal monetario que empuja la inflación al alza, pero hasta cierto punto la apreciación del tipo de cambio ha sido inevitable. Las presiones por la sobrevaluación no se dejan esperar y al soltar el tipo de cambio para contrarrestar la desalineación, el canal cambiario se activa. En parte Venezuela ha tenido que lidiar con ese mismo problema cuando ha estado sometida a los choques petroleros positivos. La bonanza debe ser esterilizada, pero para evitar una apreciación cambiaria excesiva, los títulos del Banco Central absorben la magnitud del ajuste, lo que hace elevar las tasas de interés e inducir las entradas de capital. Por si fuera poco, la experiencia reciente ha mostrado que la elevación de las tasas de interés en ambos países fragiliza con relativa rapidez al sistema financiero y esto constituye un problema de preocupación adicional para las autoridades monetarias. En perspectiva, lo que todos estos elementos parecen indicar es que es muy difícil coordinar el rumbo de la política monetaria en ausencia de armonización en otros frentes. El déficit fiscal es un problema creciente en ambas economías. Colombia ha venido financiando la brecha parcialmente con endeudamiento interno y con ingresos no recurrentes provenientes de las privatizaciones y de los superávits de ciertos órganos descentralizados. El endeudamiento interno ha elevado las tasas de interés lo que impacta negativamente sobre el producto y el crédito del sector financiero. Aunque el nivel de arbitraje entre los activos financieros de uno y otro país no es conocido, una baja sustitución de activos propicia la divergencia entre tasas y la divergencia de otras variables macroeconómicas que acusan el impacto de las tasas. En Venezuela, el déficit estructural ha sido paliado por las bonanzas no esperadas en el ingreso fiscal petrolero. Eventualmente, en situaciones críticas cuando la bonanza ha cesado, el público ha estimado que la devaluación puede ser usada como una variable de cierre de la brecha fiscal. En esos casos, las tasas Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 146 de interés son altas a fin de compensar las expectativas devaluacionistas. Si efectivamente se produce una política de ajuste cambiario para cerrar la brecha fiscal, ésta se traduce en una política de “empobrecimiento del vecino”. Dado que la estructura de gastos en ambos países acusa los efectos de la descentralización y la rigidez de ciertas asignaciones legales, la posibilidad de alguna convergencia tendrá que venir en gran medida en cambios en la estructura de los ingresos (mucho más en Venezuela, que en Colombia). La estructura de ingresos fiscales en Venezuela dista aún mucho de la existente en Colombia por el peso que todavía tiene el ingreso fiscal petrolero. Los ingresos fiscales en Colombia dependen mucho más del ciclo de actividad interna que en Venezuela. Pero esta situación ha venido cambiando y seguirá cambiando en el futuro. En el curso de la década Venezuela ha duplicado la recaudación fiscal no petrolera (como porcentaje del PIB) y las presiones por atraer mayores inversiones privadas en el sector de hidrocarburos ha planteado la necesidad de cambiar el régimen fiscal petrolero. El desempeño del sector financiero es clave para la estabilidad macroeconómica en ambas economías, pero por otra parte el clima macroeconómico determina de igual forma el desempeño de la banca. La crisis financiera en Venezuela en 1994 y 1995 dejó muy claro que un ambiente recesivo, con tasas de interés reales muy altas e incertidumbre macroeconómica, deteriora la posición de los bancos. Si estos han estados expuestos a débiles mecanismos institucionales de regulación prudencial e incentivos perversos, la crisis es cuestión de tiempo y puede transformarse en crisis gemelas (crisis financiera y de balanza de pagos) con impactos negativos en los vecinos comerciales. Si bien Colombia y Venezuela han hecho esfuerzos recientes por mejorar la supervisión y la banca hoy día dispone del respaldo de la banca extranjera, aún persisten debilidades en la estructura institucional del sistema. Colombia ha mantenido un sistema financiero público ineficiente y de alto riesgo, y Venezuela no cuenta con mecanismos legales ni institucionales para enfrentar una crisis incluso de pequeñas magnitudes. La situación de aguda recesión y altas tasas ha traído una vez más al tapete nuevos riesgos de iliquidez o insolvencia en el sistema. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 147 Referencias Banco de la República (1998): Revista del Banco de la República, vol. LXXI, N° 845. Banco de la República (1998): Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, Marzo. Caprio, G. y D. Klingebiel (1996): “Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy and Bad Banking”, en Bruno, M. y B. Pleskovic, ed., Annual Bank Conference on Development Economics 1996, The World Bank Cárdenas, M y Steiner, R. (1997): “El flujo de capitales privados en Colombia”, Cuadernos de Economía, N° 103. Cartaya, V., Paracare, E. y Zerpa, R. (1998): La demanda de importaciones por sectores y destino económico, Banco Central de Venezuela, Serie Documentos de Trabajo, N° 18. Clemente, L. (1994): Crecimiento, apertura comercial y desempeño sectorial, UCAB-IIES, 1er Encuentro sobre Política Económica en Venezuela, Caracas. Correa, P. y Escobar, J. (1990): “Radiografía de la inflación actual”, Coyuntura Económica, vol. XX, N° 3. Cubillos, R. (1996): “Futuro de las exportaciones a Venezuela”, Planeación y Desarrollo, vol. 27, N° 1. Demirguc-Kunt, A. y E. Detragiache (1997): The Determinants of a Banking Crises: Evidence from Industrial and Developing Countries, World Bank Policy Research Working Paper 1828, Sep. Dorta, M.; Guerra, J. y G. Sánchez (1997): Credibilidad y persistencia de la inflación en Venezuela, Banco Central de Venezuela, Serie Documentos de Trabajo, N° 11. Fernández, J. (1997): “La integración colombo venezolana y el ambiente macroeconómico”, en Agenda de largo plazo de la relación colombo venezolana en el marco de los procesos de integración latinoamericanos y hemisféricos, Editado por M. Lanzeta, Tercer Mundo Editores, Bogotá. García L., H. (1999): Reflexiones en torno al comercio bilateral colombo-venezolano: Desafíos de la integración económica, UCV-FACES, Mimeo. García, G.; Rodríguez, R.; Marcano, L.; Penfold, R. y G. Sánchez (1997): “La sostenibilidad de la política fiscal en Venezuela”, Revista BCV, vol. XI, N° 2. García, G.; Rodríguez, R. y S. Salvato (1997): Lecciones de la crisis bancaria de Venezuela, Ediciones IESA, Caracas. Guerra, J. y Sánchez, G. (1997): “Una década de inflación en Venezuela: un estudio con vectores autorregresivos,” en Contribuciones al análisis de la inflación: Anotaciones para el caso venezolano, Editado por L. Vera, FACES-EVE, Caracas. IMF (1999): Colombia: Selected Issues and Statistical Apendix, IMF Staff Country Report N° 99/6, Washington, D.C. Kalmanovitz, S. (1999): Los equilibrios macroeconómicos y el Banco Central: El caso colombiano, Mimeo, Banco de la República. Leonardo Vera / La evolución macroeconómica en… 148 Kamas, L. (1995): “Monetary Policy and Inflation under a Crawling-peg: Some evidence from VARS for Colombia”, Journal of Development Economics, vol. 46, N° 1. Lecturas de Economía (1997): Perfil de Coyuntura, N° 47. Mesa C., J.R. & García, J.J. (1996): “Evolución cambiaria y tipo de cambio real en Colombia”, Lecturas de Economía, N° 44. Mesa C., J.R. (1997): “Banda cambiaria y credibilidad en Colombia”, Lecturas de Economía, N° 46. Moreno, M.A. (1996): “Venezuela: déficit fiscal e inflación”, en Contribuciones al análisis de la inflación: Anotaciones para el caso venezolano, Editado por L. Vera, FACES-EVE, Caracas. Niculescu, I. y Puente, A. (1994): Relevancia de la política cambiaria en el ajuste fiscal y en el control de la inflación, Instituto de Urbanismo-UCV, Mimeo. Pardo, M. y Umaña, D. (1997): “Situación actual de las economías de Colombia y Venezuela y la viabilidad de la profundización de la integración binacional en el contexto latinoamericano y hemisférico”, en Agenda de largo plazo de la relación colombo venezolana en el marco de los procesos de integración latinoamericanos y hemisféricos, Editado por M. Lanzeta, Tercer Mundo Editores, Bogotá. Vera, L. (1999): “A Chronicle of a Latin American Country Financial Crash: The Case of Venezuela”, en Stein, H. et al. ed. Deregulation and Banking Crisis in Nigeria: A comparative study, Basingstoke: Macmillan, (Forthcomming). Villamizar, H. (1997): “Integración con Venezuela y creación de comercio”, Planeación y Desarrollo, vol. XXVIII, N° 2. Zambrano, L. (1994): Tipo de cambio real e inercia inflacionaria en Venezuela, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Documentos Documentos La Constitución Económica Badell Rafael Badell* Introducción La Constitución es la norma suprema rectora del ordenamiento jurídico del Estado y de las actuaciones de los órganos del Poder Público. En ese texto pueden distinguirse dos partes: una dogmática, que establece las limitaciones para el ejercicio del poder frente a los ciudadanos: los derechos y garantías; y una orgánica, que prevé la organización de los Poderes Públicos, su funcionamiento, y ámbito de competencia1 . En general, las normas constitucionales determinan la organización, funciones y competencias del Poder Público en los distintos niveles político-territoriales, establecen el estatuto de derechos fundamentales de los ciudadanos y el límite de actuación de los órganos del Estado respecto de éstos, es decir: la extensión, naturaleza y alcance de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Dentro del conjunto de las relaciones que se desenvuelven entre el Estado y los ciudadanos se encuentran las de carácter económico. Cualquier sistema económico precisa de una estructura normativa que permita a los diferentes actores de la vida económica la adquisición y el uso de los factores de producción, de los productos y los servicios. Todo sistema económico tiene su formulación jurídica y, en tal sentido, su organización y funcionamiento depende de las normas; como fundamento del sistema jurídico, la Constitución constituye una de las bases del régimen económico. * Jurista. Profesor de derecho administrativo en la UCV y en la UCAB 1 Humberto La Roche, Derecho Constitucional, Vadell Hermanos Editores, Valencia, Venezuela, 1991, p. 156. Rafael Badell / La constitución económica… 152 En tal sentido, corresponde a la Constitución establecer las líneas rectoras del régimen económico, consagrar los derechos económicos de los ciudadanos y delimitar el ámbito de participación del Estado en la vida económica. A ese conjunto de normas que regulan los aspectos económicos de la vida nacional se les ha denominado Constitución Económica (CE). La CE es un término que tiene su origen en Alemania, donde se utiliza para distinguirlo de otra disciplina relacionada: el Derecho Administrativo de la Economía. La CE comprende el conjunto de normas de rango constitucional que establecen el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad económica, previendo formas de interrelación entre la iniciativa económica de los particulares (individualmente o en grupos, asociaciones o empresas), y la actividad del Estado. Autores como García Pelayo han definido a la CE como “[...] el conjunto de las normas básicas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica o, dicho de otro modo, para el orden y proceso económico [...]”2 . De esa forma, la CE precisa la concepción del Estado frente a la propiedad privada, la libertad contractual, la libertad de comercio y de industria, la naturaleza y grado de intervención del Estado dentro de la economía, el grado de iniciativa personal de los particulares en el mercado y la tutela jurídica que se le concede a esa iniciativa. Por su parte el Derecho Administrativo de la Economía se relaciona con la aplicación concreta de los principios predicados por la CE y comprende los procedimientos y órganos creados por la ley para dar plena instrumentación al sistema económico escogido, así como la intervención coercitiva de los poderes públicos en la actividad económica. En algunos países de tradición anglosajona como Gran Bretaña y Estados Unidos se han estudiado con encomiable seriedad las relaciones entre la economía y el derecho. Hoy se observa un mayor interés por el derecho por parte de los economistas y un mayor interés por lo económico de parte de los juristas. Resulta innegable que el derecho se encuentra al servicio de la economía: la norma jurídica está llamada a llenar vacíos de la realidad económica con criterios prudenciales que escapan por completo al movimiento económico3 y que son de necesaria aplicación a fin de prevenir desigualdades en el ámbito socio-económico. En el estudio de la CE, como apunta Eduardo Novoa Monreal, se advierte una indiscutible interdependencia entre derecho, política y economía. En efecto, la búsqueda de los instrumentos jurídicos apropiados para el desarrollo económico 2 Citado en José Bermejo Vera y otros, Derecho administrativo especial, Editorial Civitas, Madrid, 1996, p. 673. 3 Cf. Marco Velilla, “Reflexiones sobre la Constitución Económica Colombiana”, en Constitución Económica Colombiana, El Navegante Editores, Bogotá, 1996, p. 91. Rafael Badell / La constitución económica… 153 precisa de una determinación sobre cuál ha de ser la dirección de ese desarrollo económico, para luego indagar sobre las formas en las que puede ser instrumentado y los medios jurídicos más adecuados para el logro de esa finalidad, No obstante, como bien señala Novoa Monreal, si se quiere tener claridad en cuanto a la clase de desarrollo económico que se pretende instrumentar, será necesario fundamentarse en datos objetivos, pues de lo contrario el modelo de desarrollo económico se transformaría en un “mero receptáculo de inspiraciones y aspiraciones subjetivas”. De ahí que sea necesario el establecimiento de un equilibrio entre las funciones políticas a cargo del Estado, el modelo de desarrollo económico perseguido y los medios jurídicos. De otra parte, es importante señalar que el orden económico en la Constitución tiene una finalidad intrínseca que deriva de su condición de instrumento idóneo para la limitación recíproca de los intereses en presencia. En ese sentido, la CE toma en consideración elementos que, no siendo exclusivamente económicos, son extraños y hasta contrarios a la noción de eficiencia económica. En concreto, nos referimos a valores como el de la solidaridad, la seguridad jurídica, el respeto de los derechos a la defensa y al debido proceso. Sin embargo, son precisamente estos elementos los que permiten un mejor funcionamiento del sistema. La CE venezolana establece ciertos principios de origen marcadamente liberal, principalmente la propiedad y la libertad económica que, lejos de ser absolutos, encuentran sus limitaciones en la propia Constitución. También existen otros principios de origen intervencionista que se han ido moderando y acoplando a la realidad económica venezolana, como ocurre con las normas en materias tributaria, financiera, laboral y de distribución de recursos y competencias, entre otras. Finalmente, la Constitución también prevé unas competencias especializadas en materias, tales como, política comercial, planificación, integración económica, actividades industriales y banca central. El objeto del presente estudio es el examen de la CE venezolana desde una doble perspectiva: principios de origen liberal; principios de origen intervencionista y competencias especializadas que abarcan el conjunto de actividades estatales y mandatos constitucionales no reconducibles a las dos primeras categorías. Evolución de la Constitución Económica en Venezuela 1. Nuestro primer texto constitucional en 1811 adoptó un sistema económico basado en tres principios: el bien común; la propiedad privada y la libre iniciativa industrial y comercial. De allí que, con algunas notas típicas del modelo de Estado social, la primera Constitución se inclinó al sistema económico liberal. No se reguló expresamente la forma en la cual intervendría el Estado. Por el contrario, Rafael Badell / La constitución económica… 154 de manera bastante general se postulaba el principio de libertad de industria y comercio, salvo para las materias que formaban en ese momento parte de la subsistencia del Estado, pudiendo el Congreso “libertarlas” cuando lo juzgase útil y conveniente a la causa pública. La orientación del texto era sin duda la de ampliar el campo de acción de los particulares en la vida económica. 2. La Constitución de 1819, con una técnica mucho más elaborada que la anterior, consagró, de una parte, la propiedad privada4 y la libertad de industria y comercio5 , y de la otra, estableció límites ciertos de esos derechos, en obsequio del interés general. Ese texto constitucional otorgó por primera vez rango constitucional a las limitaciones al derecho de propiedad, al establecer que “[...] nadie puede ser privado de su propiedad, cualquiera que sea, sino con su consentimiento, a menos que la necesidad pública o la utilidad general probada legítimamente lo exijan. En estos casos la condición de una justa indemnización debe presuponerse [...]” (artículo 15). Se reconoció así que la propiedad no es un derecho absoluto y que tiene límites derivados de la necesidad pública y la utilidad general. Se incorporó por primera vez en 1819, el principio de distribución de las cargas públicas, al disponerse que “[...] la sociedad tiene derecho para exigir de cada ciudadano las contribuciones, subsidios, cargas e impuestos que la representación nacional crea necesarios para los gastos públicos [...]” (Título 1°, Sección Segunda, Artículo 7°) 3. Las Constituciones de 1821 y 1830, en términos generales, mantuvieron la misma línea de sus predecesoras. El liberalismo llegó a su punto de mayor expresión, precisamente, con la Constitución de 1830, que facilitó el nacimiento de la denominada oligarquía conservadora, grupo gobernante identificado con el sector comercial venezolano que promovía el afianzamiento de las libertades económicas. Ello se ve reflejado en la promulgación en 1834 de una Ley de Libertad de Contratos que permitía a las partes contratantes pactar libremente cualquier tipo de interés, sin limitación alguna6 . Sin embargo, la flexibilidad de los postulados económicos de la Constitución de 1830 fomentó el nacimiento de una corriente político-económica completamente distinta: la oligarquía liberal. Tal circunstancia produjo importantes cambios legislativos que acentuaron el rol intervencionista del Estado. Así, en 1848 la Ley de Libertad de Contratos fue reformada sobre la base de que dicha libertad “no debe dañar la igualdad que la ley debe proteger en el ejercicio de todas las industrias”. Se llegó incluso en 1849 a sancionar una ley en 4 “La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de sus bienes y del fruto de sus talentos, industria o trabajo” (Título 1°, Sección Primera, Artículo 12). 5 “La industria de los ciudadanos puede libremente ejercitarse en cualquier género de trabajo, cultura o comercio” (Título 1°, Sección Primera, Artículo 13) 6 José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, tomo II, Madrid, 1967, pp. 70–71. Rafael Badell / La constitución económica… 155 cuya virtud el Gobierno podía sustituirse en acreencias privadas, pagando tales obligaciones con la emisión de billetes. 4. La Constitución de 1857, aunque de corta duración y dictada con una motivación eminentemente política7 , pero en sintonía con las anteriores, consagró la libertad de industria8 y la propiedad como derecho inviolable, aunque admitió su afectación por causa de interés público9 , y el deber de los ciudadanos de contribuir con las cargas públicas (artículo 96, numeral 3°). 5. Las constituciones de 1858, 1864, 1874, 1881, 1891, 1893 tampoco presentaron variaciones sustanciales en relación con las constituciones anteriores. 6. Con las constituciones de 1901 y 1904 se consolidó el proceso de intervencionismo estatal en la economía cuando, por primera vez, se autorizó la participación directa del Estado en actividades económicas de interés general al facultar al Ejecutivo para que reglamentara servicios públicos prestacionales, como el servicio de correos, telégrafos y teléfonos federales. 7. En la Constitución de 1914 se hizo mención por primera vez a la prohibición de los monopolios10 . La Constitución de 1922 reiteró las disposiciones de su predecesora. La Constitución de 1925 afianzó la intervención indirecta del Estado en la economía al someter el derecho de libertad de industria a las prohibiciones y limitaciones que exigiesen el orden público y las buenas costumbres, sin que pudiesen concederse monopolios para el ejercicio exclusivo de ninguna industria (artículo 32, numeral 8°). Los textos constitucionales sancionados posteriormente en 1928, 1929 y 1931 preservaron esas disposiciones. 7 Su objetivo político circunstancial, fue el de permitir la reelección inmediata del presidente José Tadeo Monagas y concentrar el poder en el presidente de la República. Sin embargo, destaca en la historia constitucional venezolana por: i) haber abolido la pena de muerte por delitos políticos y ii) elevar a rango constitucional la abolición de la esclavitud que había sido decretada por ley en 1854, bajo la presidencia del general José Gregorio Monagas. Cf. “Constituciones de Venezuela” en Diccionario de Historia de Venezuela, Caracas, Fundación Polar, p. 1030. 8 Artículo 97. 9 “La propiedad es inviolable y sólo por causa de interés público legalmente comprobado puede el Congreso obligar a un venezolano enajenarla previa la justa indemnización” (artículo 108). 10 “La Nación garantiza a los venezolanos: [...] 8° La libertad de industria, salvo las prohibiciones y limitaciones que exijan el orden público y las buenas costumbres; en consecuencia, queda abolida la concesión de monopolios, y la ley sólo otorgará privilegio temporal de propiedad intelectual de patente de invención, de marcas de fábrica y para construir vías de comunicación no garantidas (sic) ni subvenidas por la Nación ni los Estados” (artículo 22, numeral 8°) Rafael Badell / La constitución económica… 156 8. El proceso de intervención del Estado en la economía tomó auge con la Constitución de 1936 con disposiciones de mayores limitaciones a los derechos de propiedad y a la libertad de empresa. En tal sentido, dicha Constitución dispuso la posibilidad de establecer, por razón de interés nacional, restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición y transferencia de determinadas clases de propiedad (artículo 32, numeral 2°). Asimismo se facultó al Poder Federal para gravar ciertas especies con el objeto de crear rentas al Erario, y reservarse el ejercicio de determinadas industrias para asegurar los servicios públicos y la defensa y crédito de la nación (artículo 32, numeral 9°). 9. La Constitución en 1945 no introdujo reformas sustanciales en el régimen de los derechos de propiedad y de industria y comercio. Sin embargo, se otorgó al Congreso la facultad de autorizar al presidente para “Dictar determinadas y precisas facultades extraordinarias destinadas a proteger la vida económica y financiera de la Nación, cuando la necesidad o la conveniencia pública lo requieran” (artículo 104, numeral 29). Con dicha norma, por primera vez se abrió la vía para que el presidente de la República ejecutara actividades normativas de primer grado –decretos-leyes— e impusiera restricciones, controles y limitaciones a los derechos económicos. 10. La Constitución de 1947 dispuso en su texto los derechos económicos fundamentales a la propiedad y a la libertad económica. Sin embargo, paralelamente aparecieron todos los caracteres del Estado-interventor: el Estado que planifica, racionaliza, fomenta y regula la actividad económica de los particulares11 . Dentro del título de los deberes y derechos de los ciudadanos se incorporaron los derechos laborales. De igual forma se sentaron las bases del Estado empresario, al reconocerse a nivel del texto constitucional la posibilidad para el Estado de crear personas jurídicas para realizar actividades financieras o industriales (artículo 239). 11. La Constitución de 1953 representó un retroceso en lo material. La propiedad, como derecho constitucionalmente consagrado, no sufrió transformaciones de fondo12 . Sin embargo, llama la atención que dicho Texto Fundamental –sanciona11 “Todos pueden dedicarse libremente al comercio o la industria y al ejercicio de cualquier otra actividad lucrativa, sin más limitaciones que las establecidas por esta Constitución y las leyes por razones sanitarias o de seguridad pública. El Estado protegerá la iniciativa privada, pero podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público para asegurar el normal funcionamiento de éstos o la defensa o crédito de la Nación, y el derecho de dictar medidas de orden económico para planificar, racionalizar y fomentar la producción, y regular la circulación y el consumo de la riqueza, a fin de lograr el desarrollo de la economía nacional.” (artículo 73, encabezado). 12 “Se garantiza a los habitantes de Venezuela: [...] 9°. El derecho de propiedad. En virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley, de conformidad con la cual también podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes mediante sentencia firme y pago del precio” (artículo 35, numeral 9°). Rafael Badell / La constitución económica… 157 do en un régimen de facto– se limitó a garantizar, en su artículo 35, ordinal 12, “la libertad de industria y comercio, conforme a las leyes”, sin ningún tipo de determinación en relación con el alcance o extensión de ese derecho13 . Las facultades intervencionistas, en los términos en que estaban consagradas en la Constitución de 1947, desaparecieron. 12. La Constitución de 1961, con mejor técnica, retomó el esquema de la de 1947. Se incorporaron los derechos económicos fundamentales a la propiedad y a la libertad económica, las facultades para la intervención del Estado en la economía, bien mediante empresas públicas o a través de regulaciones económicas, las facultades del presidente para legislar en materia económica, y los principios rectores de la potestad tributaria. También se incorporaron otras disposiciones que, sin pertenecer a la CE, tienen un impacto económico primordial como las normas relativas a los derechos laborales y a la descentralización. Marco referencial para el análisis de la Constitución Económica La labor interpretativa de la CE venezolana debe partir de dos premisas fundamentales. En concreto, nos referimos al principio de neutralidad política de la CE y al principio de subsidiariedad. Neutralidad política de la CE A la Constitución no le corresponde el establecimiento de paradigmas económicos; el carácter mutable de las necesidades del Estado y la coyuntura económica justifican la neutralidad política de la Constitución. Ello se traduce en la imposibilidad de deducir de la letra de dicho Texto, modelo económico alguno o una orientación político-económica concreta, pues se entiende que éstas son tareas que están encomendadas al legislador, a quien corresponderá dar un sentido específico a los lineamientos establecidos en la Ley Fundamental. En el logro de ese objetivo fue exitoso el Constituyente de 1961, cuando optó por dejar “Cierta flexibilidad al legislador ordinario para resolver cuestiones e injertar modificaciones que correspondieran a las necesidades y a la experiencia de la República sin tener que apelar a una reforma constitucional ”14 . Lo mismo puede afirmarse de la Constitución de 1999, en cuanto a la formulación del postulado de libertad económica. 13 “Se garantiza a los habitantes de Venezuela: [...] La libertad de industria y de comercio, conforme a las leyes” (artículo 35, Numeral 12). 14 Exposición de Motivos de la Constitución de 1961. Rafael Badell / La constitución económica… 158 La tesis de la neutralidad política excede la mera flexibilidad del régimen económico; la neutralidad debe entenderse como una clave interpretativa conforme a la cual, en primer lugar, la Constitución no determina ni prevé una garantía de modelo económico alguno; en segundo lugar, no deben establecerse juicios en relación con el modelo económico a partir de las disposiciones constitucionales y, en tercer lugar, existe una delegación a favor del legislador quien –atendiendo a las necesidades y a las circunstancias– dentro de los márgenes que la propia Constitución le ha impuesto, y sin más legitimación que la que deriva de su carácter de cuerpo colegiado elegido popularmente, debe establecer la orientación político-económica del Estado. La neutralidad política de la Constitución evita comprometer al Estado con unas específicas doctrinas económicas y con la garantía o imposición de las correspondientes concepciones acerca de la política de ordenación óptima o adecuada15 . No obstante, debe advertirse, esa neutralidad de la Constitución no implica en modo alguno la ausencia de bases jurídicas sobre las cuales pueda desarrollarse una economía; antes por el contrario, lo que hace es delegar en el legislador el desarrollo de dichas bases. Así, el orden económico en la Ley Fundamental alemana de 1949 fue concebido bajo el principio de neutralidad política; los debates del Consejo Parlamentario alemán estuvieron presididos por la idea de que sólo debían ser recogidos en el texto constitucional los Derechos fundamentales clásicos16 . La nueva Constitución de Finlandia (que entró en vigencia el 1° de marzo de 2000) se mueve en la misma dirección y, por lo que se refiere al orden económico se limitó a consagrar la libertad económica garantizando a todos los ciudadanos el derecho a ganarse la vida mediante el empleo, la ocupación o la actividad comercial de su preferencia, de conformidad con la Ley. En todo caso, debe advertirse que la falta de una decisión definitiva por parte del Constituyente en relación con un determinado modelo económico en ningún caso implica disminución de las libertades cuando el legislador ordinario regula cuestiones relativas al orden económico y social, e incide en este contexto en la esfera de los Derechos fundamentales. Así, se ha entendido que la ausencia de 15 Cf. J. Papier, “Ley Fundamental y orden económico” en Benda, Maihofer et al. Manual de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 562. 16 “El constituyente concibió la Ley Fundamental de 1949 como un texto provisional. La determinación constitucional del orden económico y social del pueblo alemán debía quedar reservada a una futura constitución para todos los alemanes; no se quería anticipar lo que en ese momento se fuera a decidir. Por lo demás, también la voluntad de no crear normas programáticas o mandatos constitucionales, sino de establecer un Derecho directamente aplicable y susceptible de entrar inmediatamente en vigor influyó decisivamente en la decisión de los padres de la Constitución de garantizar tan sólo las libertades clásicas” (Papier, ob. cit, p. 563). Rafael Badell / La constitución económica… 159 una determinación explícita en relación con un determinado modelo económico y de un mandato de institucionalizar una determinada constitución económica, no debe distraer la atención de la tarea de garantizar la efectividad de las libertades individuales en los procesos económicos17 . Ciertamente, desde el mismo instante en que se consagra el derecho de libertad económica, la CE venezolana incorpora una voluntad política de configurar procesos privados de producción y distribución, una economía de mercado sobre el principio de libre competencia; sin embargo, la ausencia de normas que, a texto expreso, establezcan un mandato concreto en relación con el régimen socioeconómico, en modo alguno puede ser interpretado como un espacio exento de tutela, en aquellos casos en los cuales el legislador regule cuestiones atinentes a dicho régimen e incida negativamente sobre la esfera de los Derechos fundamentales. Lo que se persigue en definitiva con la neutralidad política del texto Constitucional es que pueda dotarse al Estado de un instrumento que, además de dar espacio al legislador para que produzca leyes adecuadas a los requerimientos del grupo social, también pueda convertirse en un instrumento eficaz y predecible para asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa ha sido la orientación de la jurisprudencia del Máximo Tribunal, en sentencia del 15 de diciembre de 1998, con ponencia de la Dra. Hildegard Rondón de Sansó. En el caso concreto fue solicitada la inconstitucionalidad de la Ley de Privatización, argumentándose que la política de privatización no es un principio establecido en la norma fundamental sino que, por el contrario, el artículo 97 de la Constitución sólo permitía al Estado reservarse determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público por razones de conveniencia nacional. Así, había alegado el accionante que la Ley de Privatización requería para su existencia de una norma constitucional que la estableciera en forma expresa. 17 Así lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán desde 1954, cuando al debatirse la constitucionalidad de una Ley de ayuda a la inversión hizo referencia a la neutralidad político-económica de la Ley Fundamental, que permite al legislador desarrollar la política económica a su juicio más adecuada, siempre y cuando respete la Ley Fundamental, y, en particular, los Derechos fundamentales. Estos criterios fueron ratificados posteriormente en otra sentencia del Tribunal Constitucional (sobre co-gestión) en la que se concretó la tesis básica predominante en la doctrina juspublicista alemana, de la neutralidad política de la Ley Fundamental: la Ley Fundamental no contiene determinación o garantía de modelo económico alguno, sino que encomienda al régimen económica al legislador, quien decidirá libremente dentro de los márgenes trazados por la Ley Fundamental. (Papier) Rafael Badell / La constitución económica… 160 En esa oportunidad, el Alto Tribunal se inclinó por reconocer el carácter neutral de la Constitución venezolana, señalando que: “la Constitución Económica, entendida como el conjunto de normas constitucionales destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica, no está destinada – salvo el caso de las constituciones socialistas de modelo soviético– a garantizar la existencia de un determinado orden económico, sino que actúan como garantes de una economía social de mercado, inspiradas en principios básicos de justicia social y con una ‘base neutral’ que deja abiertas distintas posibilidades al legislador, del cual sólo se pretende que observe los límites constitucionales” “[...] “En el caso concreto de la Constitución Venezolana de 1961, ésta propugna una serie de valores normativos superiores del régimen económico, consagrando como tales la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y fundamentalmente el del Estado Social de Derecho (Welfare State, Estado de Bienestar o Estado Socialdemócrata), esto es un Estado social opuesto al autoritarismo. Los valores aludidos se desarrollan mediante el concepto de libertad de empresa, que encierra tanto la noción de un derecho subjetivo “a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia”, como un principio de ordenación económica dentro del cual se manifiesta la voluntad de la empresa de decidir sobre sus objetivos. En este contexto, los Poderes Públicos, cumplen un rol de intervención, la cual puede ser directa (a través de empresas) o indirecta (como ente regulador del mercado). “Las premisas señaladas precedentemente permiten determinar el grado de flexibilidad de nuestra Constitución Económica dentro de la economía de mercado, el cual puede tener como contenido la economía social de mercado o la economía dirigida o controlada de mercado, adaptándose de esta forma, a las necesidades de su tiempo, atendiendo a principios ideológicos. “Efectivamente, tal como señala el actor, la Constitución venezolana no hace referencia alguna a la política de privatización, pero ello no significa por sí solo que toda decisión que en materia económica se tomen en tal sentido sea contraria a la misma. El Legislador y el Ejecutivo, de conformidad con sus competencias constitucionales, desarrollarán esos principios económicos establecidos en la Constitución, de acuerdo con las exigencias reales del país en determinado momento. No obstante, para ello deben respetarse determinadas garantías constitucionales que en materia económica allí se establecen. Rafael Badell / La constitución económica… 161 Si en términos generales la “privatización” alude a un cambio de titularidad de la propiedad de bienes o de la prestación de servicios del sector público al sector privado, hay que atender necesariamente al régimen de la propiedad, y de la libertad económica establecidos en la Constitución, por un lado y a las facultades de intervención del Estado en la economía, por otro lado, principios que, en nada obstaculizan las transferencias de bienes del sector público al sector privado, por lo cual, esta decisión recae dentro de la esfera de activación de los Poderes Públicos de acuerdo con sus necesidades. De manera que, sin perjuicio de que puedan existir violaciones puntuales de la Ley de Privatización a la Constitución, desde el punto de vista analizado no hay indicios de que una norma que pretenda transferir activos del sector público al sector privado pueda lesionar los principios constitucionales en materia económica. De allí que, no observa esta Corte ninguna presunción favorable respecto a la legitimidad de las pretensiones del actor, y así se declara”18 (resaltado nuestro). El principio de subsidiariedad El principio de subsidiariedad es el principio rector que justifica la intromisión del Estado en el plano económico. La vigencia del principio de subsidiariedad veda al Estado hacer todo lo que los particulares puedan realizar con su propia iniciativa o industria. Cassagne y Barra en Argentina, Soto Kloss y Massini en Chile y Troncoso en España han puesto de relieve el principio de subsidiariedad para destacar que la intervención estatal en la economía debe restringirse exclusivamente a aquellos campos en los que la iniciativa privada sea insuficiente o, a lo sumo, para complementarla. La subsidiariedad es un principio de Derecho natural que se encuentra a la cabeza de las reformas y transformaciones que se están operando en casi todos los países del mundo19 . La subsidiariedad no promueve una minimización de la presencia del Estado en la economía y la vida social; por el contrario, lo que persigue es reafirmar la autoridad del Estado en sus funciones soberanas y la eficiencia de las actividades supletorias que lleve a cabo: el Estado se ve refortalecido pues su solidez se fundará no sobre el alcance o extensión de sus actividades, sino por su eficiencia en el cumplimiento de los cometidos que le son esenciales. El Estado Subsidiario es, en esencia, como lo ha destacado Cassagne, el Estado de Justicia. 18 19 CSJ/CP; 15.12.98, Pedro Antonio Pérez A. Cf. Juan C. Cassagne, La intervención administrativa, Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 111. Rafael Badell / La constitución económica… 162 En tal sentido, la expresión “Estado de Justicia” –noción recientemente reivindicada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en sentencia del 28 de marzo de 2000 con ponencia del Dr. Delgado Ocando–, fue acuñada por Del Vecchio para designar la concepción superadora, tanto del Estado de Derecho, como del modelo que le siguió: “el Estado Social de Derecho”20 . Esta superación se explica porque, si bien se mantienen determinados postulados fundamentales del “Estado de Derecho” (independencia del poder judicial, sujeción de la Administración al bloque de la legalidad y la garantía de las libertades y derechos individuales), se equilibra el abstencionismo estricto que propició el régimen liberal del siglo XIX, con un limitado y razonable intervencionismo que restituye la plenitud del Derecho natural, a través del principio de subsidiariedad. De este modo, el Estado –más que sometido a derecho o a la ley– se encuentra vinculado a un valor superior: la justicia, en sus diferentes especies, sin poner acento exclusivamente en la justicia distributiva (propia del Estado benefactor), asignándole mayor potencialidad y trascendencia al cumplimiento efectivo de las funciones estatales básicas21 . La subsidiariedad, en definitiva, es una consecuencia obligada de las finalidades que el Estado persigue y presupuesto indispensable para permitir el adecuado ejercicio de las garantías individuales: el Estado no puede acaparar y absorber para sí todas las iniciativas individuales y colectivas que se generan en el seno de la sociedad. La intervención estatal debe limitarse a áreas de actividad en las que el sector privado no actúa suficientemente o en las que puede realizar una labor de complementación de aquélla. En tal sentido, cuando las actividades económicas estatales concurran con la de los particulares, el respeto al principio de libre competencia siempre obligará al Estado a competir en igualdad de condiciones respecto de los particulares, pues de lo contrario la subsidiariedad se vería anulada. A partir del principio de subsidiariedad, de la Constitución de 1999 se deduce la configuración de una economía social de mercado como sistema predominante, apoyado en dos principios fundamentales que, por su jerarquía, se constituyen en elementos rectores del sistema socio-económico: primero, el de la libre iniciativa privada (art. 112 de la Constitución) y, en segundo lugar, el de la libre concurrencia en el mercado, mediante la desmonopolización y la prevención y sanción a las conductas anticompetitivas (arts. 299 y 113 de la Constitución). 20 G. Del Vecchio, Filosofía del Derecho, Edit Bosch. Barcelona, 1963. 21 Cf. Juan C. Cassagne, Ob. cit, p. 113. Rafael Badell / La constitución económica… 163 La Constitución Económica de 1999 Preliminar: el régimen socio-económico y la función del Estado en la economía La nueva Constitución no contiene cambios fundamentales que alteren la estructura socio-económica del Estado. Siguiendo los pasos trazados por el Constituyente de 1961, el nuevo texto constitucional no define al régimen socio-económico en forma rígida y consagra los principios de justicia social, eficiencia, democracia, libre competencia e iniciativa, defensa del ambiente, productividad y solidaridad. De esa forma, y así aparece recogido en la Exposición de Motivos, el Constituyente de 1999 evitó dogmatismos ideológicos en relación con los roles que deben jugar el Estado y el mercado en la economía y evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico, establece las bases para la formación de una economía de respeto a la acción individual. En ese sentido, tal y como lo plantea la referida Exposición de Motivos, lo que se persigue es un equilibrio entre Estado y mercado, en razón de que el problema no es la medida de la intervención del Estado, sino la calidad de su actuación. El mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer las necesidades colectivas; por lo que debe haber un equilibrio entre los fines y los principios rectores, equilibrio entre productividad y solidaridad, equilibrio entre eficiencia económica y justicia social, dando libertad y protegiendo la iniciativa privada a la par de que se resguarda el interés colectivo. Esta declaración de principios debe vincularse con el artículo 2 en el que se consagran como valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano “[...] la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, con el artículo 3 que establece como fin esencial del Estado “[...] la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”. El modelo de Estado hacia el cual la nueva Constitución nos conduce es el del Estado subsidiario; no del Estado paternalista, que mediante políticas de fomento subsidia la actividad privada, sino del Estado que respetando la iniciativa privada, subordina su acción al mantenimiento y al desarrollo de la dignidad de las personas que forman parte de la sociedad civil; del Estado que interviene subsidiariamente ante la ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada; del Estado que cuando concurre con los particulares en la economía, lo hace en condiciones de libre competencia. En ese sentido, el artículo 299 de la Constitución establece que: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, pro- Rafael Badell / La constitución económica… 164 tección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”. Así, de conformidad con la norma precedentemente transcrita se evidencia el equilibrio que el Constituyente ha sometido al Estado al participar, conjuntamente con la iniciativa privada, en los procesos productivos para el desarrollo armónico de la economía nacional. En todo caso, una interpretación integral del texto constitucional conduce a la aceptación de que la participación conjunta del Estado y el sector privado, de ninguna manera va en perjuicio de la subsidiariedad; por el contrario, la intervención del Estado deberá producirse, precisamente, para que los procesos productivos privados logren las finalidades dispuestas en el texto constitucional. Una interpretación que enfatice el rol del Estado en el logro de dichas finalidades, iría en contravención no sólo de la subsidiariedad, sino de los principios de la iniciativa privada y la libre competencia. Precisamente para asegurar el desarrollo de este sistema es que la Constitución ha consagrado derechos económicos fundamentales –de origen liberal– que dan cobertura constitucional a la propiedad privada y a la libertad económica (e iniciativa privada); principios de origen intervencionista, que cumplen una función social y propenden a la protección de la colectividad, como son los derechos laborales, el régimen tributario, la prohibición de monopolios y, en general, las facultades de intervención estatal en la economía, para procurar establecer un equilibrio entre la libertad y el bien común al que se deben orientar las iniciativas particulares. Por último, la Constitución prevé una serie de competencias especializadas del Estado que ejercen una influencia preponderante en el ámbito económico, como son las funciones de Banca Central, planificación, la finanzas territoriales, entre otras. Principios de origen liberal Los principios de origen liberal están comprendidos fundamentalmente por el derecho de libertad y la protección de la libre iniciativa privada y el derecho de propiedad. Como extensión de este último se agrega la garantía de no confiscación. Rafael Badell / La constitución económica… 165 Libertad económica y la protección a la iniciativa privada En el artículo 112 se refunden, con algunas modificaciones las disposiciones contenidas en los artículos 96 y 98 de la Constitución de 1961 referentes a la libertad económica y la protección a la libre iniciativa22 . En tal sentido, y con algunas modificaciones formales, en el artículo 112 se repite la fórmula empleada en el artículo 96 de la Constitución de 1961, al disponerse que “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social”23 . El derecho de libertad económica consiste en el reconocimiento a “Todas las personas” de la libertad para asumir la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en el propio Texto Constitucional y en la ley. Sin embargo, como ocurre con todos los derechos constitucionales, la libertad es la regla y las limitaciones la excepción. Así, en nuestro ordenamiento jurídicoconstitucional se reconocen dos categorías principales de limitaciones a ese derecho: las limitaciones legislativas y constitucionales y las limitaciones establecidas mediante reserva constitucional o legal. 22 Artículo 96 Co61: “Todos pueden dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia, sin mas limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de seguridad, de sanidad u otras de interés social.”; Artículo 98 Co61: “El Estado protegerá la iniciativa privada, sin perjuicio de la facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la producción y regular la circulación, distribución y consumo de la riqueza, a fin de impulsar el desarrollo económico del país”. 23 El desarrollo de esta materia en Venezuela no ha sido uniforme; algunos textos constitucionales han tenido una marcada orientación liberal, mientras que otros han sido más proclives a facilitar la intervención estatal en la economía. Así, por ejemplo, la Constitución de 1830 –que facilitó el nacimiento de la denominada oligarquía conservadora– promovía el afianzamiento de las libertades económicas y ello se vio reflejado en la promulgación en 1834 de una Ley de Libertad de Contratos que permitía a las partes contratantes pactar libremente cualquier tipo de interés, sin limitación alguna. Sin embargo, la flexibilidad de los postulados económicos de la Constitución de 1830 fomentó el nacimiento de una corriente político-económica completamente distinta: la oligarquía liberal. Tal circunstancia, produjo importantes cambios legislativos que acentuaron el rol intervencionista del Estado. Así, en 1848 la Ley de Libertad de Contratos fue reformada sobre la base de que dicha libertad no debe dañar la igualdad que la ley debe proteger en el ejercicio de todas las industrias. Se llegó incluso en 1849 a sancionar una ley en cuya virtud el Gobierno podía sustituirse en acreencias privadas, pagando tales obligaciones con la emisión de billetes. Ejemplos similares se encuentran en el siglo XX; así, por ejemplo, el proceso de acentuación de las facultades de intervención estatal presentes en las constituciones sancionadas entre 1901 y 1947 se detuvo con la Constitución de 1953, la cual se limitó a garantizar la libertad de industria y comercio, conforme a las leyes, sin ningún tipo de determinación en relación con el alcance o extensión de ese derecho (cf. art. 35, ord. 12). Rafael Badell / La constitución económica… 166 Limitaciones legislativas y constitucionales La primera categoría de limitaciones se halla establecida en el propio artículo 112 al disponer que el derecho de libertad de industria y comercio estará limitado por la Constitución y las leyes dictadas “[P]or razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social”. Hay limitaciones que pueden establecerse a nivel del propio texto constitucional, como ocurre por ejemplo con la prohibición de los monopolios, los abusos de la posición de dominio y la exigencia de obtener concesiones del Estado para la explotación de recursos naturales propiedad de la nación o la prestación de servicios de naturaleza pública (cf. art. 113). En estos casos, ha sido el propio constituyente el que, con la finalidad de proteger el ejercicio de ese derecho, ha decidido imponerle restricciones. Dentro de las limitaciones de origen constitucional, también se encuentra la contenida en el artículo 86, el cual establece a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo. Dada la calificación de las actividades prestacionales vinculadas con la seguridad social como servicio público y su disposición como servicio de carácter no lucrativo, éstas sólo podrán ser desarrolladas mediante entes y organismos estatales. Puede suceder también que sea el legislador quien establezca cortapisas a ese derecho. Así ocurre, por ejemplo, con las Leyes de Protección al Consumidor y al Usuario, para la Promoción y Protección de la Libre Competencia y sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional, entre otras, las cuales prevén restricciones a los agentes económicos, en salvaguarda del interés público. Limitaciones establecidas mediante reserva constitucional o legal El derecho de libertad de industria y comercio también puede ser limitado mediante reserva constitucional o legal de actividades, es decir, mediante una disposición normativa que establezca la competencia exclusiva del Estado para ejercer determinada actividad. En ese sentido, el artículo 302 de la Constitución establece que: “El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico [...]” (resaltado nuestro). La disposición constitucional precedentemente transcrita prevé la reserva de la actividad petrolera al Estado, con lo cual queda constitucionalmente excluida la participación de los particulares en dicho ámbito. Sin embargo, la reserva también puede producirse en virtud de un acto legislativo; en ese sentido, mediante Ley Rafael Badell / La constitución económica… 167 Orgánica, pueden ser reservadas “[O]tras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico” (resaltado nuestro). En tales casos, el legislador restringe la esfera de libertades económicas de los particulares, obligándoles a obtener una concesión para ejercer la industria, explotación, servicio o bien que ha sido reservado; dicho acto, por configurar una limitación a la libertad económica, debe hacerse mediante ley formal. Así ocurre, por ejemplo, con las reservas en materia de importación, fabricación y expendio de fósforos (cf. art. 1° del Estatuto Orgánico de la Renta Nacional del Fósforo), de transmisión o distribución de energía eléctrica (cf. arts. 44 y 45 de la Ley del Servicio Eléctrico), en los cuales el legislador ha estimado conveniente establecer niveles de control más intensos para regular la intervención de particulares en dichas actividades, mediante la exigencia de concesiones24 . Esta disposición se complementa con el artículo 113 de la Constitución de 1999 que prevé la posibilidad de que se otorguen concesiones para la explotación de recursos naturales propiedad de la nación o para la prestación de servicios de interés público. También de manera similar a la Constitución anterior, el artículo 112 prevé la protección a la iniciativa privada en los siguientes términos: “El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía, e impulsar el desarrollo integral del país”. La Constitución de 1999, con justificaciones formalmente distintas, mantiene intactas las facultades de intervención del Estado en la economía que establecía la del 6125 . Dichos poderes de intervención per se, no constituyen un elemento negativo y, por el contrario, utilizados racional y oportunamente, atendiendo al principio de subsidiariedad, pueden servir para el logro de la finalidad para los cuales se han establecido. 24 La reserva también puede versar sobre bienes del dominio público; en tales casos, el legislador excluye a los particulares del uso de una porción concreta del dominio público, reservándose su aprovechamiento con carácter de exclusividad. Tal situación se presenta, por ejemplo, en materia minera (cf. art. 23 de la Ley de Minas y Decreto N° 2.039), de recursos forestales (cf. art. 65 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas), entre otras, en las cuales, los particulares requieren de concesiones para su aprovechamiento. 25 El artículo 98 de la Co61 utiliza una fórmula similar: “El Estado protegerá la iniciativa privada, sin perjuicio de la facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la producción y regular la circulación, distribución y consumo de la riqueza, a fin de impulsar el desarrollo económico del país”. Rafael Badell / La constitución económica… 168 La noción de servicio público y la reserva como limitaciones a la libertad económica Interesa hacer especial énfasis en la noción de servicio público y la reserva como limitaciones al derecho de libertad económica. El artículo 112 de la Constitución reconoce la libertad de los ciudadanos para asumir la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en el propio texto Constitucional y en la ley. En consecuencia, las restricciones que pretendan imponerse a una actividad lucrativa y, por ende, contrarias al principio general de libertad, deben encontrarse previstas en la propia Constitución o en las leyes. Ahora bien, como señalamos anteriormente, se distinguen varias categorías de limitaciones al derecho de libertad económica, sin embargo la más intensa es la que establece el artículo 302 de la Constitución, el cual otorga al Estado la facultad para reservarse “[M]ediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico [...]”. Cuando determinadas industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público han sido reservados por la Constitución o las leyes al Estado, se limita o restringe la esfera de libertades económicas de los particulares, obligándoles a obtener una concesión para ejercer la actividad que ha sido reservada. La concesión en Venezuela tiene rango constitucional, y ello ha sido tradicional en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional26 . El artículo 113 de la Constitución de 1999, siguiendo la tradición de reconocer ese rango a las concesiones y estableció que “Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público” (resaltado nuestro). Se distinguen así a nivel constitucional los dos ámbitos dentro de los cuales se ha construido la teoría general de la concesión en la doctrina y en la práctica administrativa: la concesión de servicio público y las concesiones sobre los bienes de la dominialidad pública (i.e. recursos naturales propiedad de la nación). 26 El artículo 97 de la Constitución de 1961 establecía que: “No se permitirán monopolios [y] Sólo podrán otorgarse, en conformidad con la ley, concesiones con carácter de exclusividad, y por tiempo limitado, para el establecimiento y la explotación de obras y servicios de interés público [y que] El Estado podrá reservarse determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público por razones de conveniencia nacional [...]” (resaltado nuestro). Rafael Badell / La constitución económica… 169 La tensión entre libertad económica y reserva revela que desde la perspectiva del Estado los cometidos estatales de contenido económico pueden ser asumidos por él, en forma exclusiva o concurrente, según el grado en que se halle restringida la participación de los particulares. Ambos regímenes comportan consecuencias de muy distinto tenor. En aquellos casos en que la actividad es ejercida de forma exclusiva (por disposición constitucional o legal), en principio, está excluida la intervención de los particulares, quienes sólo podrán participar en tales sectores de la economía, previa habilitación del Estado mediante una concesión. En dicho supuesto se atempera el derecho de libertad económica que consagra el artículo 112 de la Constitución y se restringe el ámbito de actuación de los particulares en la economía para el establecimiento y la explotación de servicios de naturaleza pública o recursos naturales propiedad de la nación. En todo caso, debe tenerse en cuenta que los conceptos de reserva y libertad económica27 , y así lo ha resaltado la jurisprudencia del Máximo Tribunal, pueden complementarse; la inaplicabilidad de la garantía consagrada en el artículo 112 de la Constitución respecto de las actividades reservadas no es absoluta, pues aun cuando el concesionario esté habilitado para intervenir en dicha actividad a través de su contrato de concesión, nada impide que éste pueda ejercer los derechos de su concesión en un régimen de libre concurrencia con otros agentes económicos (concesionarios) en el mismo sector y en condiciones de igualdad28 . De igual forma, puede ocurrir que el Estado sea partícipe activo en la vida económica nacional mediante figuras jurídicas típicamente privadas (i.e. sociedades mercantiles) o públicas (i.e. institutos autónomos), para desarrollar actividades industriales o comerciales, caso en el cual no se requerirá la obtención de una 27 “[...] no resultan excluyentes entre sí, lo que sucede es que, cuando existe una ‘reserva’ en los términos señalados se afecta uno de los atributos de la libertad económica como lo es la posibilidad de libre concurrencia, es decir, de acceder al ejercicio de la actividad”. 28 En ese sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia al señalar que: “Una vez levantada dicha limitación en virtud del otorgamiento de una concesión, nada autoriza a deducir que la libertad económica del sujeto así habilitado, haya sido destruida, y vaciada de contenido en forma general. Ciertamente, no puede negarse que el ejercicio de una actividad reservada al Estado por parte de un concesionario normalmente viene asociada a un conjunto de regulaciones sobre la materia a las cuales debe ajustarse dicho ejercicio, pero, de la misma forma no puede desconocerse que tales limitaciones no son absolutas. En efecto, en cuanto constituye una limitación a derechos constitucionales, es necesario deducir que la reserva sólo afecta a los aspectos por ella regulados. Esta circunstancia de coexistencia o vigencia de la libertad económica aún en el contexto de actividades reservadas no es extraña en nuestro ordenamiento jurídico, en el cual se da, por ejemplo, el caso de concesiones en materia de ‘telefonía celular’ y la ‘explotación de la industria del fósforos (sic) en las que se verificar la presencia de más de una empresa, capaces de competir entre sí, en base a las reglas que rigen el mercado en la medida en que no sean contrarias al régimen de reserva.” (resaltado nuestro). Rafael Badell / La constitución económica… 170 concesión, toda vez que es el propio titular del servicio quien ejerce la actividad. Tal posibilidad se halla prevista expresamente en el artículo 300 de la Constitución al establecerse que “La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas par la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan”. En todo caso, la mayor o menor participación del Estado en la economía dependerá en buena medida de la política imperante o de que se trate de un Estado con mayor o menor propensión al intervencionismo económico. Ahora bien, siendo la libertad de industria y comercio la regla general en nuestro sistema, toda limitación de ese derecho debe ser de interpretación restrictiva. Desde esa perspectiva, resulta inadmisible la posibilidad de que el Estado pueda reservarse actividades tácitamente. Para que determinada actividad pueda estar excluida del ámbito de actuación de los particulares se requiere que una disposición constitucional o legal expresa de manera indubitable declare la intención del legislador de restringir el derecho de libertad de industria que reconoce la Ley Fundamental a todos los particulares. La reserva entraña siempre una limitación a la libre iniciativa de los particulares, pero el principio rector continúa siendo el de libertad económica, esto es que los particulares puedan optar en igualdad de condiciones –previo cumplimiento de los requisitos establecidos y del trámite legal correspondiente– a ser concesionarios de actividades económicas reservadas sometidas a régimen concesional, y sólo mediante ley expresa podrá excluirse tal posibilidad. En sentido contrario, las actividades que no se encuentren reservadas (independientemente de que tengan la calificación de servicio público o no) podrán ser desarrolladas sin más restricciones que las derivadas de los permisos o autorizaciones que otorgue la administración en ejercicio de su actividad de policía, pero nunca bajo un régimen concesional. La necesidad de que los particulares obtengan una concesión para gestionar servicios públicos encuentra fundamento en la reserva o publicatio que de la actividad hace la Constitución o la Ley. La reserva implica el sometimiento de tal actividad a un régimen de derecho público en el cual el Estado asume la ejecución, planificación y control del servicio, excluyendo la posibilidad de que los particulares puedan, en ejercicio del derecho de libertad económica que confiere el artículo 112 constitucional, dedicarse en forma libre a dicha actividad, sin embargo el contrato de gestión de servicios –concesión– no implica un monopolio. Por tanto, para la prestación de servicios bajo la modalidad de concesión en condiciones monopólicas, será necesario autorización de la Ley29 . 29 Ramón Parada, Ob. cit., tomo I, p. 427. Rafael Badell / La constitución económica… 171 La doctrina ha destacado la importancia del acto de asunción o reserva de la actividad por la Administración como presupuesto del desarrollo de servicios públicos por los particulares. Este requisito –publicatio– es la atribución por norma de rango legal, de una actividad a la Administración30 . La publicatio o reserva, enseña Parada, admite dos modalidades, según tenga carácter monopólico o no. En ese sentido, existe reserva expresa o de carácter monopólica cuando la ley de manera clara señala que determinada actividad o servicio público queda reservada al Estado, impidiendo en forma absoluta la intervención del sector privado, así ocurre con la reserva contenida en el artículo 302 y la industria petrolera. También ocurre lo mismo con los servicios públicos vinculados a la seguridad social (art. 98 de la Constitución). Por el contrario, la publicatio de carácter no monópolico alude al conjunto de los denominados servicios públicos concurrentes, en los cuales la Administración y los particulares convergen en su prestación. Tal situación se presenta con frecuencia en el área de la salud y de la educación en las cuales, mediante la técnica autorizatoria, se habilita a los particulares para que ejerzan dichas actividades, quienes las desarrollan en condiciones de libertad económica bajo el control y vigilancia de la Administración. Por ejemplo, basta pensar en las actividades educativas que prestan los institutos privados, que se llevan a cabo de conformidad con el artículo 106 de la Constitución31 y los controles que para el ejercicio de dicha actividad prevé la Ley Orgánica de Educación. Un sector de la doctrina ha hecho referencia también a la posibilidad de que la reserva monopólica a favor del Estado pueda ser tácita. Para Linares Benzo32 puede ocurrir que la ley, sin establecer de manera definitiva que una industria, explotación o servicio queda reservada al Estado, calificada, sin embargo, la actividad como un servicio público surja este efecto. En estos casos, señala el citado autor, la reserva es virtual o tácita y la posibilidad de que los particulares puedan asumir la gestión de tal servicio queda supeditada a la obtención previa de una concesión de servicio público. Esta posición ha sido rechazada por la jurisprudencia del Máximo Tribunal33 . 30 Cf. Ramón Parada, Ob. cit., tomo ,. p. 425. 31 Artículo 106 de la Constitución: “Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de éste”. 32 Cf. Gustavo Linares Benzo, Los servicios públicos como limitación a la libertad privada en II Jornadas Colombo-Venezolanas de Derecho Público. Bogotá, 1996, pp. 901-902. 33 Al referirse al servicio público de transporte aéreo, el Máximo Tribunal señaló: “[N]o existe ‘reserva’ al Estado de la actividad aeronáutica, lo que existe es una declaratoria de ‘servicio Rafael Badell / La constitución económica… 172 En ese sentido, debemos advertir que si bien declarar una actividad como servicio público es una intervención en el patrimonio de los particulares de modo especialmente intenso –como señala Linares Benzo–, sin embargo, tal declaratoria sólo implica el establecimiento de un régimen jurídico y limitaciones especiales en razón de los intereses colectivos que el servicio satisface, pero de manera alguna se traduce en una reserva de la actividad. Las limitaciones o restricciones derivadas de la calificación de una actividad como servicio público no pueden operar como cortapisas u obstáculos para el ejercicio del derecho de libertad económica, pues la reserva o publicatio no es inherente a la noción de servicio público. De otra parte, la exigencia de una concesión por la ley tampoco apareja el derecho a ejercerla en condiciones monopólicas34 . La calificación de determinada actividad como servicio público impone limitaciones al derecho de libertad de industria y comercio, pero es la reserva de la actividad lo que restringe la participación de los particulares en dicha actividad. La inserción de la noción de servicio público en cualquier actividad acarrea, a lo sumo, su sujeción a un régimen jurídico especial (que puede venir expresado en controles sobre las tarifas, las condiciones de prestación del servicio o en el régimen de policía administrativa aplicable), pero nunca su reserva al Estado. Sin embargo, de particular interés resulta la disposición contenida en el artículo 86 de la Constitución, en el cual se establece que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo [...]” (resaltado nuestro). Estimamos que tal declaratoria por parte del Constituyente excluye la público’ hecha mediante el instrumento jurídico idóneo para ello como lo es una ley (Ley de Aviación Civil), naturaleza así declarada de la que se deriva la posibilidad de que la Administración establezca limitaciones o regulaciones particulares a la actividad de que se trate, en razón del interés general tutelado y que conforman el contexto dentro del cual ha de desarrollarse.” (resaltado nuestro) 34 Así lo ha destacado la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, al señalar: “Ciertamente, no puede negarse que el ejercicio de una actividad reservada al Estado por parte de un concesionario normalmente viene asociada a un conjunto de regulaciones sobre la materia a las cuales debe ajustarse dicho ejercicio, pero, de la misma forma no puede desconocerse que tales limitaciones no son absolutas. En efecto, en cuanto constituye una limitación a derechos constitucionales, es necesario deducir que la reserva sólo afecta a los aspectos por ella regulados. Esta circunstancia de coexistencia o vigencia de la libertad económica aun en el contexto de actividades reservadas no es extraña en nuestro ordenamiento jurídico, en el cual se da, por ejemplo, el caso de concesiones en materia de ‘telefonía celular’ y la ‘explotación de la industria del fósforos’ en las que se verifica la presencia de más de una empresa, capaces de competir entre sí, en base a las reglas que rigen el mercado, en la medida en que no sean contrarias al régimen de reserva.” (resaltado nuestro) (Sentencia caso: Avensa) Rafael Badell / La constitución económica… 173 participación de los particulares en la seguridad social no por la declaratoria de servicio público, sino por el hecho de que se trate de una actividad de carácter no lucrativo, lo cual por sí solo excluye la iniciativa empresarial privada. Consideramos que la posibilidad de que existan reservas tácitas o virtuales, sólo puede admitirse en forma excepcional cuando la explotación de la industria o servicio requiera el aprovechamiento de un bien del dominio público y la Ley obligue al particular a obtener una concesión para el aprovechamiento de estos bienes. En tales casos, no se tratará de una reserva de la explotación del servicio, sino de la necesidad de obtener un título (concesión) que habilite al particular para aprovecharse de un bien que es del dominio público, necesario para la prestación efectiva del servicio35 . Ahora bien, sin precedentes en los textos constitucionales anteriores, la Constitución de 1999 en su Disposición Transitoria Decimoctava prevé que “La ley establecerá en las concesiones de servicios públicos, la utilidad para el concesionario 35 En tal sentido, en sentencia de fecha 22 de noviembre de 1992, la Sala Político-Administrativa señaló: “[E]n efecto, el artículo 1 de la Ley que reserva al Estado la explotación del mercado interno de los productos derivados de hidrocarburos establece: Artículo 1. Se reserva al Estado como servicio de interés público y por razones de conveniencia nacional la explotación del mercado interno de los siguientes productos derivados de hidrocarburos: Combustibles, gases de petróleo licuado (GPL), aceites, lubricantes, grasas, solventes, ligas para sistemas de frenos, fluidos para sistemas hidráulicos, petrolatos, parafinas y asfaltos. El servicio de interés público reservado al Estado por la presente ley comprende las actividades de importación, de transportación, suministro, almacenamiento, distribución y expendios de los mencionados productos en el territorio nacional. Dice asimismo el artículo 4 eiusdem: Se declaran como artículos de primera necesidad los productos señalados en el artículo 1 de esta ley. En consecuencia el Ejecutivo Nacional regulará y fijará los precios de esos productos, al por mayor y detal, así como también los fletes para su transporte, mediante resolución del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. De la transcripción de las mencionadas disposiciones, debe concluirse que el Estado Venezolano se ha reservado la industria y el mercado interno de los hidrocarburos y sus derivados, sometiendo en consecuencia esa actividad económica a las regulaciones que por virtud de los mencionados textos legales se dicten, constituyendo así una limitación legalmente consagrada por razones de interés público y de conveniencia nacional, a la libertad económica a que se refieren los artículos 95 y 96 de la Constitución. Se entiende entonces, que aquellas personas naturales o jurídicas que deseen desarrollar una actividad lucrativa relacionada con el área especial económica petrolera, están necesariamente sometidas a las restricciones que en ese particular sector de la economía establezca la ley.” (resaltado nuestro) . Obsérvese que, tal como lo ha entendido la jurisprudencia, las restricciones impuestas a los particulares en el sector de la industria y el mercado interno de los hidrocarburos y sus derivados provienen de la reserva que a favor del Estado venezolano ha establecido el legislador, y no de la calificación de “servicio de interés público” que se hace de la actividad. Rafael Badell / La constitución económica… 174 o concesionaria y el financiamiento de las inversiones estrictamente vinculadas a la prestación del servicio, incluyendo las mejoras y ampliaciones que la autoridad competente considere razonables y apruebe en cada caso”. Dicha norma establece cortapisas para el desarrollo de actividades calificadas como servicio público que, por ende, requieran de concesión para su ejecución por particulares. Esta disposición, que no fue objeto de debate público formal, colide con la noción misma de concesión, pues al sustraerse del ámbito contractual el régimen de la utilidad del concesionario y de las inversiones para que sea regulado por Ley, se está quitando a la concesión su esencia, su razón de ser: permitir que el concesionario participe, como un empresario más, en las ganancias que pueda generar el servicio. La concesión nace como un mecanismo contractual en respuesta al problema planteado con la gestión de los servicios públicos que requerían una técnica empresarial, a fin de descargar del presupuesto público el costo que implicaba el mantenimiento del servicio, lograr una verdadera eficiencia y a la vez respetar la noción de subsidiariedad de la acción pública respecto de la iniciativa privada. Estimamos que el desarrollo de esa disposición constitucional debe hacerse en forma cónsona con las finalidades que lleva de suyo la técnica concesional, que se limite a la fijación de aspectos generales que sirvan de marco a un desarrollo concreto y específico en cada caso y en función de la transitoriedad a la que ella atiende. Derecho de propiedad Siguiendo la tradición constitucional venezolana, la Constitución de 1999 estableció la protección al derecho de propiedad. El derecho de propiedad no sufre modificaciones sustanciales en relación con el régimen previsto en la Constitución del 6136 ; siendo la única modificación la supresión de la mención a la “función social” de la propiedad37 . El artículo 115 de la Constitución prevé ahora lo siguiente: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”. 36 El derecho de propiedad fue previsto en el artículo 99 de la Constitución del 61 en los siguientes términos: “Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”. 37 La incorporación de la noción de la función social de la propiedad, no es sino la constitucionalización de las finalidades de utilidad pública e interés general que deben fundamentar las limitaciones que se impongan al derecho, se postula el equilibrio entre la protección a la propiedad privada y la sujeción de ésta a las limitaciones que imponga la ley con finalidades de utilidad pública e interés general: es la conciliación entre las posturas que propugnan el respeto irrestricto de la propiedad y las que impulsan la concepción social de la propiedad. Rafael Badell / La constitución económica… 175 Estimamos que la eliminación de dicha expresión no desvirtúa el hecho de que la propiedad cumpla una eminente función social. En efecto, la función social de la propiedad, como señalamos anteriormente, se traduce en la posibilidad de que ésta pueda ser afectada por el Estado a la satisfacción de intereses colectivos. Ello aparece implícito en la propia norma, la cual establece que la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general y podrá ser objeto de expropiación38 . En ese sentido, la potestad expropiatoria es refundida en una sola norma junto con el derecho de propiedad, y se establece (en términos similares a la Constitución del 61) que “Sólo por causas de utilidad pública o de interés social y mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. La inclusión de la expresión “pago oportuno” es compatible con las tendencias modernas en el derecho comparado que predican la necesidad de que el pago se produzca en forma tempestiva, sólo así podrá estimarse justo. Constituyen igualmente limitaciones al derecho de propiedad las contenidas en los artículos 12 y 13 de la Constitución de 1999, en cuanto comprenden determinados bienes dentro del dominio público nacional y, consecuentemente, los somete a reglas especiales para su tráfico jurídico. El artículo 12 prevé que “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público”. Asimismo, de conformidad con el artículo 13 del texto constitucional “Las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento, solo podrá concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra”. La protección a la propiedad industrial e intelectual no está incluida en el capítulo de los derechos económicos, sino que es recogida dentro de los Derechos Culturales y Educativos. En el artículo 98 de la Constitución de 1999 se establece que “El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre obras científicas 38 Es en la Constitución de 1819 cuando por primera vez se otorga rango constitucional a las limitaciones al derecho de propiedad. En dicha Constitución se estableció que “[N]adie puede ser privado de su propiedad, cualquiera que sea, sino con su consentimiento, a menos que la necesidad pública o la utilidad general probada legítimamente lo exijan. En estos casos la condición de una justa indemnización debe presuponerse [...]” (artículo 15). Se reconoció así que la propiedad no es un derecho absoluto y que tiene límites derivados de la necesidad pública y la utilidad general. Rafael Badell / La constitución económica… 176 literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”. Consideramos que la incorporación de los tratados internacionales en los que Venezuela es parte constituye un aspecto positivo que consolida su incorporación en el marco regulatorio de esa materia39 . Estimamos que la efectividad de estas normas en todo caso, dependerá del establecimiento de medios de protección de la propiedad (de cualquier tipo) que funcionen adecuadamente y sean capaces de proveer a los titulares de una tutela rápida y eficaz para la preservación de su derecho. Habiendo sido repetidas, con algunas mejoras, las fórmulas empleadas por el constituyente de 1961,el aporte más importante en esta materia vendrá en el desarrollo legislativo que se haga de las nuevas disposiciones constitucionales. Garantía de no confiscación Como una extensión del derecho de propiedad el artículo 116 de la nueva Constitución consagró la garantía de no confiscación. Sin embargo, se amplía el alcance del régimen de excepciones a esa prohibición al preverse que “Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”. Principios de origen intervencionista Prohibición de los monopolios El principio de libre competencia es establecido como uno de los postulados rectores del régimen socio-económico en el artículo 299 de la Constitución. Dicho 39 En la Constitución del 61 se le otorgó protección a la propiedad industrial e intelectual en el artículo 100 al disponer que “Los derechos sobre obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, denominaciones, marcas y lemas gozarán de protección por el tiempo y en las condiciones que la ley señale”. Si bien en 1961, esa materia no había adquirido la preponderancia que tiene actualmente, es lo cierto que el constituyente consideró que la protección a los derechos de propiedad industrial e intelectual debía formar parte del catálogo de derechos económicos fundamentales. A tales efectos, fue delegada en el legislador la tarea de efectuar un desarrollo legislativo. Rafael Badell / La constitución económica… 177 principio es reafirmado en la nueva Constitución en el artículo 113, una prohibición de los monopolios40 en los siguientes términos: “Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los particulares que tenga por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzca, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquéllos, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección de los consumidores, los productores y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. [...]”. Esta disposición es complementada por el artículo 114 que prevé que “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”. La prohibición de monopolios estaba presente en el artículo 97 de la Constitución de 196141 . Si bien la intención del Constituyente de 1961 fue evitar la concentración del poder económico, es lo cierto que tuvo un resultado opuesto. La creciente intervención estatal en la economía, convirtió en la práctica al Estado venezolano en el primer monopolizador. Tal circunstancia es más grave, si consideramos 40 En las Constituciones de 1914 y 1922 aparece por vez primera la prohibición de los monopolios. Más adelante, con la Constitución de 1925 se sometió el derecho de libertad de industria a las prohibiciones y limitaciones que exijan el orden público y las buenas costumbres, “[S]in que puedan concederse monopolios para el ejercicio exclusiva de ninguna industria” (cf. art. 32, ord. 8°). Los textos constitucionales sancionados posteriormente en 1928, 1929 y 1931 preservaron esas disposiciones. 41 A primera vista esta disposición parecía estar dirigida a prohibir las posiciones dominantes dentro del mercado; sin embargo, una interpretación progresiva y las nuevas tendencias en materia de defensa de la competencia, que no atacan las estructuras económicas en posiciones dominantes, sino las conductas abusivas en las que éstas incurran, fue la orientación que dicha norma tomó en definitiva y que se dio a la Ley de Promoción y Protección al Ejercicio de la Libre Competencia. Rafael Badell / La constitución económica… 178 que las conductas monopólicas del Estado, sean legales (e.g. telecomunicaciones42 ) o de facto (e.g. electricidad, transporte aéreo), se produjeron en sectores que, por su naturaleza eminentemente comercial, han debido ser desarrolladas por particulares. La prohibición de monopolios se enmarca dentro de la obligación general que tiene el Estado de asegurar a los habitantes condiciones óptimas para el libre ejercicio de sus derechos económicos. Como excepción a la prohibición de monopolios, el artículo 113 in fine prevé que “Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público”. Con esta disposición se ha mantenido la tradición de conferir rango constitucional a las concesiones43 . Derecho a la calidad en los bienes y servicios Dentro de la misma línea de equilibrar la libre iniciativa con la protección del interés público, el artículo 117 que establece el derecho de todas las personas a disponer de bienes y servicios de calidad, “[…]así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno”. 42 En materia de telecomunicaciones se ha operado recientemente una apertura al promulgarse la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones en fecha 12 de junio de 2000, en la que se define la actividad como de interés general sujeta a habilitación o concesión, de ser necesaria, eliminándose la reserva general para el Estado que contenía la Ley anterior. 43 El artículo 97 de la Co61 establecía que “Sólo podrán otorgarse, en conformidad con la ley, concesiones con carácter de exclusividad, y por tiempo limitado, para el establecimiento y la explotación de obras y servicios de interés público”. La Constitución de 1947, de la cual es tributaria la de 1961, disponía en su artículo 73 “No se concederán monopolios; pero podrán otorgarse concesiones, con carácter de exclusividad y por tiempo limitado, para fomentar el establecimiento y el desarrollo de obras o servicios de utilidad general, siempre que no envuelvan, directa o indirectamente, la obligación de garantizar intereses o utilidades a los capitales invertidos” (resaltado nuestro). La Constitución de 1945, a pesar de no hacer referencia directamente a la concesión, alude en su artículo 32,8° a la posibilidad de que se otorgaran privilegios temporales, conforme a la ley y por tiempo determinado, para “[E]l establecimiento y la explotación de ferrocarriles, empresas de navegación aérea, canalización, tranvías, fuerza hidráulica, líneas telefónicas o telegráficas, cuando tales obras se lleven a cabo o se instalen a costa del concesionario, sin garantizarles proventos ni subvenirlas la Nación”. Disposiciones similares a ésta aparecen el las Constituciones de 1935 (artículo 32, 8°), 1929 (artículo 32, 8°) y 1928 (artículo 32, 8°). Rafael Badell / La constitución económica… 179 Se delegó en el legislador el establecimiento de “[L]os mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”. En todo caso, es oportuno advertir que este tipo de disposiciones constitucionales pueden convertirse en letra muerta sin una actividad legislativa complementaria que desarrolle la labor del constituyente y vitalice estos derechos. Fomento a las asociaciones comunitarias y cooperativas El artículo 118 de la Constitución fomenta la formación de asociaciones comunitarias y cooperativas para el desarrollo de actividades económicas: “Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular”. Es importante tener en cuenta que el fomento de rango constitucional a dicho tipo de organizaciones de ninguna manera puede desarrollarse o interpretarse en desmedro de otras formas de creación de fuentes de trabajo y de riqueza. El fomento a las formas de asociación cooperativas o comunitarias se manifiesta también en el artículo 308, el cual establece que “El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno” (artículo 308). Estimamos que, sin perjuicio de que el Estado pueda favorecer formas de organización empresarial colectivas, el derecho a la propiedad privada debe ser protegido efectivamente, sin que la vocación colectivista del nuevo texto constitucional pueda invocarse como principio para enervar ese derecho. Rafael Badell / La constitución económica… 180 La intervención directa del Estado en la economía Además de las facultades para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía, establecidas en el artículo 112, la nueva Constitución enfatiza las diversas formas de intervención del Estado en la economía, sea mediante la expansión de la administración funcionalmente descentralizada (art. 300), la reserva de actividades (art. 302), otorgando privilegios a sectores económicos (arts. 305-309). La creación de empresas estatales e institutos autónomos para la gestión de actividades económicas y servicios está prevista en el artículo 300 de la Constitución, el cual delega en el legislador el establecimiento de “[L]as condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan”. No negamos que el uso de entes descentralizados funcionalmente por la administración pueda resultar una técnica útil para el logro de algunas metas, sea como prestador de servicios públicos que no sean suficientemente rentables, para ser dados en concesión, o parar explotar recursos naturales. La actividad empresarial del Estado encuentra justificación en el caso de aquellas actividades cuya ejecución por particulares no garantiza la prestación adecuada del servicio o cuando no puede ser prestada a un costo razonable. No obstante lo anterior, la experiencia en Venezuela ha demostrado que la gestión empresarial del Estado normalmente es ineficiente. Si bien la participación estatal en la economía alguna vez tuvo su justificación en las concepciones político-económicas vigentes en el momento, en la actualidad esa tendencia se ha revertido hasta llegarse a aceptar la idea de que la injerencia del Estado en la vida económica nacional debe reducirse a lo estrictamente necesario. Dicha ineficiencia se veía acentuada por las condiciones monopólicas o de dominio en las que actuaba el Estado venezolano quien, sin ningún tipo de incentivo para mejorar o ser más eficaz, se limitaba a ejercer actividades empresariales sin mejorar o actualizar sus técnicas de gestión. La acción directa del Estado en la economía será útil y propicia para el crecimiento económico, en la medida en que se respete el principio de subsidiariedad y se desarrolle en condiciones de igualdad, libre concurrencia y competencia con los demás agentes económicos.44 44 “La experiencia demuestra que son mayores las posibilidades de estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza si el gobierno actúa a modo de complemento del mercado, mientras que ocurren fracasos trágicos si se actúa en pugna con el mercado”. Braber B. Conable, presidente del Banco Mundial, en Prefacio del Informe sobre el desarrollo mundial 1991. La tarea acuciante del desarrollo. Citado por Mariano R. Brito y Carlos E Delpiazzo Derecho Administrativo de la Regulación Económica, Universidad de Montevideo, Montevideo, 1998, p. 21 Rafael Badell / La constitución económica… 181 La posibilidad de que el Estado pueda intervenir en la economía y restringir el ámbito de participación de los particulares se ve mucho más acentuado en el artículo 300 de la Constitución que de manera general establece que “El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico”. Mediante la reserva, el Estado queda como monopolizador de la actividad y se condiciona la participación del sector privado en actividades comprendidas dentro de la esfera de la reserva a la obtención de una concesión. El Estado también puede intervenir en la economía mediante el favorecimiento de determinados sectores económicos. En ese sentido se establece un número de responsabilidades en relación con el sector de la agricultura y de la cría, que adecuadamente arbitradas pueden servir para impulsar este sector económico. En ese sentido, el artículo 305 establece: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte de los consumidores. La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.” El artículo 307 establece en su encabezado que “El régimen latifundista es contrario al interés social”, y agrega: “La Ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras con vocación agrícola. La Ley desestimulará mediante disposiciones tributarias la permanencia de tierras ociosas […]”. La finalidad de esa norma es compatible con las finalidades del régimen socioeconómico; sin embargo, en su interpretación no pueden abrirse vías para que se Rafael Badell / La constitución económica… 182 establezcan gravámenes injustos a la propiedad privada. También debe tenerse en cuenta que en la calificación del legislador de tierras ociosas podría incluirse aquellas que pertenecen al Estado. Protección a la industria nacional El artículo 301 regula el uso de la política comercial para favorecer a los productores nacionales. Si bien el favorecimiento la industria nacional constituye un elemento importante para fomentar el crecimiento y desarrollo económico, el uso indiscriminado de políticas proteccionistas puede tener un efecto contrario. En tal sentido, se establecen disposiciones proteccionistas en el artículo 301, el cual prevé que “El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgar a empresas y organismos o personas extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inversión extranjera esta sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. La igualdad de tratamiento en materia de inversiones extranjeras es un principio recogido en nuestra legislación comunitaria andina; sin embargo, estimamos que el uso de la política comercial, aun cuando sea para defender a la empresa nacional, puede crear distorsiones y desigualdades entre los distintos productores y favorecer la creación de prácticas anticompetitivas. Se configura una especial forma de proteccionismo respecto del sector privado en general, mediante la prohibición de venta de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A. por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional (artículo 303). Sin embargo, queda claramente establecido que el Estado puede entrar en convenios de asociación con el sector privado para el desarrollo y la explotación de esas actividades. De esa forma, se le ha otorgado rango constitucional a la nacionalización petrolera, pero al mismo tiempo se establece la posibilidad de continuar en convenios de asociación con el sector privado. En todo caso, la norma lo que procura es el establecimiento de condiciones equitativas para los productores locales y otorgarles una protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales del comercio internacional. Planificación como medio de acción del Estado La Constitución se refiere repetidamente a la planificación como medio de acción estatal para la consecución de sus objetivos. La planificación constituye un medio de intervención del Estado en la economía, pues los agentes económicos se verán de una u otra forma en la necesidad de adaptar el ejercicio de sus actividades a lo Rafael Badell / La constitución económica… 183 previsto en el plan. En ese sentido, de manera general, y en materia económica, el artículo señala la planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta previa, como instrumento para el logro de las finalidades del régimen socioeconómico. De manera concreta la nueva Constitución prevé la aprobación por la Asamblea Nacional de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación presentado por el Ejecutivo Nacional (artículo 187 ordinal 8°), siendo atribución del presidente de la República la formulación de dicho Plan así como dirigir, previa aprobación de la Asamblea Nacional, su ejecución (artículo 236 ordinal 18°). La actividad planificadora no queda circunscrita como tarea atribuida al Poder Nacional, también se prevén medios para que las entidades regionales, a través del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas45 (artículo 166) y los municipios, a través el Consejo Local de Planificación Pública46 (artículo 182), puedan ejecutar actividades de planificación. En relación con la fuerza obligatoria de la planificación, la doctrina se ha inclinado por reconocer que en los países donde rige una economía de mercado la planificación tendrá carácter vinculante, mientras que para el sector privado tendrá carácter meramente indicativo. Las previsiones del plan no pueden constituir una obligación para el sector privado, ya que ello menoscabaría el régimen de libertad de industria y la iniciativa privada; por ello, sin perjuicio de que el Estado pueda crear incentivos a favor de aquellos que coadyuven en la ejecución de la planificación, el empresario privado puede actuar con plena libertad de acción e incluso ejecutar actividades que sean contrarias al plan. Desde otra perspectiva, un plan de desarrollo, indicativo para los particulares, actúa como una garantía para éstos, en cuanto señala cuál será el comportamiento o las acciones que tomará el sector público durante la vigencia del plan47 . 45 El Consejo Nacional de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas es presidido por el gobernador e integrado por los alcaldes, los directores estadales de los ministerios y representación de los legisladores electos por el estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales y de las comunidades indígenas donde las hubiera. 46 El Consejo Local de Planificación Público será presidido por el alcalde e integrado por los concejales, los presidentes de las juntas parroquiales y representantes de organizaciones de vecinos y otras de la sociedad organizada. 47 G. Caballero Sierra y M. Anzola Gil, Teoría Constitucional, Editorial Temis, Bogotá, 1995, pp. 318-319. Rafael Badell / La constitución económica… 184 Régimen laboral Derecho al trabajo y derechos conexos Si bien los derechos relacionados con el trabajo se encuentran enumerados dentro “De los Derechos Sociales y de las Familias”, es indiscutible que el Estado, al regular las relaciones que se derivan entre los trabajadores y sus patrones en virtud de un vínculo laboral, está interviniendo dentro del sistema económico. En ese sentido, la Constitución reconoce al trabajo como un hecho social que goza de la protección del Estado; establece la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales; la primacía de la realidad; la irrenunciabilidad de los derechos laborales; el principio in dubio pro operario y la sanción de nulidad de toda medida o acto patronal contraria a la Constitución. Se regulan aspectos relacionados con el derecho colectivo del trabajo, tales como, la alternabilidad de los directivos sindicales, la imposición de sanciones a los directivos y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal y la obligación de los directivos de las organizaciones sindicales de hacer declaración jurada de bienes. En el nuevo texto constitucional se observa un alto grado de proteccionismo hacia el trabajador y una marcada tendencia hacia la sindicalización de las relaciones laborales, lo cual además de no compadecerse con las nociones de neutralidad y equilibrio que corresponden a la Constitución, tiene un importante impacto en el ámbito económico. En ese sentido, el artículo 87 establece que “la Ley adoptará las medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes”; por su parte, el artículo 88 prevé que “Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley”. Tales disposiciones resultan una mera expresión de intenciones y de propósitos, pues en la práctica no existen medios idóneos para garantizar estos derechos, dada la ausencia de un patrono a quien pueda exigírsele el cumplimiento de obligaciones concretas respecto de estos trabajadores. Salvo que sea el Estado quien asuma estas obligaciones y el costo que de ellas deriva, estas normas carecerán de virtualidad práctica. El proteccionismo excesivo de los trabajadores se constata en el tratamiento otorgado a la jornada laboral. Se limitaron de manera expresa las jornadas diurna y nocturna de trabajo a ocho horas diarias y siete horas, eliminando la flexibilidad que se concedía al legislador para limitar la duración máxima de la jornada de trabajo. De otra parte, se redujo la jornada semanal de los trabajadores diurnos y nocturnos de 48 a 44 horas semanales y de 42 a 35 horas semanales, respectivamente. Rafael Badell / La constitución económica… 185 Otras disposiciones constitucionales tienen un alto impacto económico tanto para el Estado venezolano como para el sector privado. Tal es el caso del artículo 91, en el cual se prevé que el Estado garantizará “salario mínimo vital” para los trabajadores del sector público y privado, el cual será ajustado cada año, tomando como referencia el costo de la canasta básica. La sindicalización de las relaciones laborales es reforzada en el propio texto constitucional en el cual se promueve la formación de sindicatos “sin necesidad de autorización alguna” y se establece que estas organizaciones “no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa”. La mención de los sindicatos de patronos, contenida en la Constitución de 1961, fue eliminada. Una de las novedades incorporadas en el texto Constitucional es el reconocimiento del derecho de huelga a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado, dentro de las condiciones que establezca la ley. El otorgamiento del derecho de huelga a nivel del sector público, impone la obligación al legislador de establecer cuidadosamente las condiciones en las cuales podrá ser ejercido, pues ello podría abrir una brecha para que pueda paralizarse la Administración Pública y los servicios por ella gestionados en situaciones de conflictividad laboral. La ausencia de legislación desarrollando las nuevas normas constitucionales no ha sido obstáculo para que éstas no hayan sido objeto de desarrollo jurisprudencial. El carácter proteccionista de la nueva Constitución ya se ha puesto de manifiesto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ha llegado a reconocer que existe una relación de trabajo, aun cuando medie entre el trabajador y la empresa un contrato mercantil.48 Régimen de la función pública La Constitución de 1999 delegó en el legislador el establecimiento del Estatuto de la función pública “[M]ediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspen- 48 En sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de 16 de marzo de 2000 (caso: Distribuidora Polar), se señaló: “La existencia de un contrato de compra venta mercantil entre dos personas jurídicas y la prestación del servicio persona por otra persona distinta a los demandantes de manera ocasional, no son suficientes para desvirtuar la existencia de la relación de trabajo” “...no basta la existencia de un contrato mercantil entre el patrono y un tercero y la prestación accidental del servicio por otra persona por aplicación de los principios de irrenunciabilidad de los derechos del trabajo y de primacía de la realidad, antes referidos, para desvirtuar la presunción laboral, sino que debió el patrono demostrar con plena prueba que la prestación personal del servicio se efectuó en condiciones de independencia y autonomía”. Rafael Badell / La constitución económica… 186 sión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública […]” (cf. art. 144)49 . Se establece, igualmente, la prohibición a los funcionarios de contratar con la República, los estados y los municipios (art. 145 Co99). No obstante en esta materia, de nuevo, el constituyente se extendió y reguló aspectos que corresponden a la esfera del estatuto cuya elaboración fue delegada al legislador, tales como el sistema de elección a los cargos (art. 146 Co99), el régimen de salarios (art. 147 Co99), el régimen de incompatibilidades (art. 148 Co99) y la prohibición a los funcionarios de aceptar cargos honores o recompensas (art. 149 Co99). Régimen tributario Principios rectores del régimen tributario Las bases del régimen tributario en la Constitución de 1999 se mantienen en forma casi idéntica a la Constitución de 1961. Esta última, consecuente con las tendencias universales en materia tributaria, constitucionalizó una serie de principios rectores de la actividad impositiva. En ese sentido, consagró los principios de justa distribución de las cargas públicas50 , de progresividad, de legalidad tributaria, la prohibición de pago con servicios personales, y las garantías de no confiscación y de irretroactividad tributaria. El artículo 316 de la nueva Constitución dispone las bases fundamentales del régimen tributario al prever que “El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y deberá sustentarse para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos” (principios de justa distribución de las cargas públicas, de progresividad y la recaudación eficiente). 49 El artículo 122 de la Constitución de 1961 delegaba en el legislador el establecimiento de la carrera administrativa mediante las normas de ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro de los empleados de la Administración Pública Nacional, y su incorporación al sistema de seguridad social. Con base en esta disposición constitucional, fue dictada la Ley de Carrera Administrativa y su Reglamento que constituyen el estatuto general de los funcionarios públicos. 50 Se incorporó por primera vez en 1819, el principio de distribución de las cargas públicas, al disponerse que “[...] la sociedad tiene derecho para exigir de cada ciudadano las contribuciones, subsidios, cargas e impuestos que la representación nacional crea necesarios para los gastos públicos [...]” (Título 1°, Sección Segunda, Artículo 7°). Rafael Badell / La constitución económica… 187 Se establece asimismo en el artículo 317 que “No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio y la prohibición de obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales […]” (principio de legalidad tributaria y las prohibiciones de tributos confiscatorios y pagaderos en servicios personales). En adición, se introducen un par de elementos novedosos. En primer lugar se constitucionaliza a la Administración Tributaria y, para apuntalar el principio de eficiencia en la recaudación, se le confiere autonomía técnica, funcional y financiera para el ejercicio de sus competencias . En segundo término, se dispone que la evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente y que en el caso de los funcionarios públicos se establecerá el doble de la pena (cf. art. 317 Co99). El principio de la inmunidad tributaria El artículo 180 de la Constitución prevé a texto expreso, por primera vez en la historia constitucional venezolana, la inmunidad de los entes político-territoriales y las personas jurídicas estatales creadas por éstos (i.e. institutos autónomos, empresas del Estado) frente a la potestad tributaria de los municipios, en los siguientes términos: “La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades. Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a favor de los demás entes políticoterritoriales, se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la Administración Nacional o de los Estados”. (resaltado nuestro). La disposición constitucional precedentemente transcrita tiene un doble contenido: en primer lugar, prevé la autonomía de la potestad tributaria municipal, es decir, la capacidad de dictar sus propias normas dentro del marco normativo general51 frente a las potestades reguladoras que la Constitución o las leyes atribu- 51 Cf. H. Villegas, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, 5ta Ed., Edit. Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 230. Rafael Badell / La constitución económica… 188 yen al Poder Nacional o Estadal52 y, en segundo lugar, la denominada inmunidad tributaria (también llamada inmunidad fiscal) de la República, los estados y de las personas jurídicas creadas por éstos, frente al poder tributario local. La inmunidad tributaria es una limitación implícita del ejercicio del poder de imposición de que son titulares los municipios, con respecto de las actividades y operaciones ejecutadas por otros entes político-territoriales o personas jurídicas creadas por éstos. Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la vigencia efectiva del principio de inmunidad tributaria en Venezuela y la no sujeción al poder tributario municipal, de la República y los estados, así como los entes creados por éstos, había sido reconocida por la doctrina y la jurisprudencia53 . Sin embargo ahora, ya con base en el ordenamiento positivo, no hay duda de que la República, los estados y los entes descentralizados de éstos no están obligados al pago de tributos municipales. No obstante, cabe advertir que la incorporación del principio de la inmunidad tributaria también sirvió para excluir de manera expresa la posibilidad de que los concesionarios y demás contratistas de la Administración Pública Nacional y de los estados pudieran estar excluidos del pago de tributos municipales. En efecto, de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 180 de la Constitución, las inmunidades establecidas a favor de los demás entes político-territoriales frente a la potestad impositiva de los municipios, se extiende únicamente a las personas jurídicas creadas por ellos (i.e. institutos autónomos y empresas). La incorporación de dicha norma tiene incidencia directa en el equilibrio del régimen tributario y la capacidad económica de las empresas contribuyentes que sean concesionarios o contratistas de la República o de los Estados54 . De otra 52 En la organización política del Estado, la Constitución efectúa la repartición de competencias tributarias entre los entes que la integran, ya directamente en su propio texto, o ya indirectamente autorizando o delegando a la ley para que la haga. En el primer caso, la Constitución atribuye esa competencia a la República, a los estados y a los municipios; de ahí que las potestades tributarias atribuidas a tales entes constituyen una categoría denominada potestades tributarias originarias. En el segundo caso, las atribuidas por la ley, autorizada o delegada por la Constitución, comprenden las potestades tributarias derivadas. El ejercicio de la potestad tributaria tiene básicamente dos limitaciones. La primera está representada por las materias en que cada uno de los entes público-territoriales puede ejercer su respectiva competencia tributaria sin invadir la de otro u otros, y la segunda, la capacidad contributiva, que debe informar el sistema tributario, cuya valoración corresponde hacer al Legislador, no sólo materialmente, sino también jurídicamente. 53 54 Cf. Sentencias de la CSJ/SPA del 05.10.70 (CANTV) y del 11.06.81 (CORPOZULIA). Desde el punto de vista de los concesionarios y otros contratistas de la Administración Nacional y estadal, dicha norma conspira contra la función de coordinación que debe ejercer el Poder Nacional, mediante ley, de todos los poderes tributarios y contra la idea de un Sistema Tributario integrador de la multiplicidad de tributos (cf. Allan Brewer Carías, Debate Constituyente, T. III, Fundación de Derecho Público; Caracas, 1999, pp. 74-75). Rafael Badell / La constitución económica… 189 parte, es importante tener en cuenta que para la adecuada inserción del principio de inmunidad tributaria, sin que ello produzca desequilibrios en la economía, será necesario que el principio de subsidiariedad tenga aplicación plena, pues de lo contrario, se plantearían graves desigualdades y perjuicios a la libre competencia en aquellos sectores de la economía en los que el Estado concurra con los particulares. Régimen tributario y descentralización La mayor deficiencia del nuevo texto Constitucional es que no supera el régimen centralista previsto en la Constitución de 196155 y no dota a los estados de potestades tributarias originarias que les permitan tener ingresos propios necesarios para impulsar la descentralización político-territorial. Por el contrario, prácticamente mantiene el mismo esquema de competencias y deja a los estados aquellas potestades tributarias que le habían sido transferidas de conformidad con la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. Si había una razón para modificar la Constitución, en lo que concierne al régimen tributario, era para afianzar los procesos de descentralización mediante el conferimiento de potestades tributarias originarias a las entidades federales. Tal modificación hubiera favorecido no sólo el proceso de descentralización y la progresiva eliminación del vínculo de dependencia entre el poder central y las demás entidades político-territoriales, sino también daría lugar a la competencia entre las entidades federales a través de la formulación de regulaciones y regímenes atractivos a la inversión que propicien la creación de riqueza en sus respectivas comunidades56 . 55 La Constitución de 1961 estableció la división de la potestad tributaria entre los distintos niveles político-territoriales existentes con un modelo eminentemente centralista. Las entidades federales fueron dejadas prácticamente sin poderes tributarios originarios y se les asignó, únicamente, una potestad tributaria residual de poca significación práctica. Tal circunstancia condujo a la creación de una relación de dependencia entre los Estados y el Poder Nacional, quien en promedio suministra más del 90% del financiamiento del gasto de los gobiernos de los estados. Fue mediante la Ley de Descentralización que se concretó la posibilidad de transferir a los estados la potestad de establecer tributos en materia de papel sellado; tasas por uso de carreteras, puentes, autopistas, puertos, aeropuertos y contribuciones por la explotación de minerales no metálicos. De otra parte, la falta de fuentes regulares de ingresos por concepto de tributos también ha tenido efectos perniciosos a nivel de las entidades municipales quienes, en muchos casos, abusando de sus potestades tributarias, han dictado ordenanzas –abiertamente inconstitucionales– para el cobro de tributos reservados al Poder Nacional y han regulado tributos municipales en violación de los principios de no confiscación y de progresividad. 56 Cfr. Ignacio De León, Reflexiones para una reforma del sistema económico en la Constitución en La CE. p. 51. Rafael Badell / La constitución económica… 190 Competencias especializadas Favorecimiento de la integración económica La Constitución de 1999 enfatiza el rol del Estado en el favorecimiento de la integración económica. La nueva disposición constitucional constituye un importante avance en relación con la Constitución anterior, cuyo artículo 108 disponía que “La República favorecerá la integración económica latinoamericana. A este fin procurará coordinar recursos y esfuerzos para fomentar el desarrollo económico y aumentar el bienestar y seguridad comunes” 57. Dicha disposición constitucional sirvió de base para que Venezuela se incorporara a la Comunidad Andina (Acuerdo de Cartagena), así como para la conformación de un ordenamiento jurídico comunitario para la regulación de materias, tales como, inversiones extranjeras, marcas, franquicias y propiedad intelectual, entre otras. Ahora bien, en el preámbulo de la Constitución de 1999 expresamente se señaló que uno de los fines de la Constitución es consolidar la integración latinoamericana, de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos; asimismo, el artículo 153 prevé: “La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”. La disposición antes citada propicia la consolidación del proceso de integración de la Comunidad Andina y de los demás acuerdos de integración económica de los cuales Venezuela es partícipe. Con la inclusión de esta norma los constituyen57 La génesis de tal norma se encuentra en el artículo 119 de la Constitución de 1864, que preveía que “El Ejecutivo tratará con los gobiernos de América sobre pactos de alianza o confederación”. La referida disposición se repitió en las constituciones posteriores y desapareció en la 1901. Rafael Badell / La constitución económica… 191 te reconocieron que la integración es un proceso necesario e irreversible ante las nuevas realidades del entorno internacional. Ello es especialmente importante en nuestro país, donde no obstante haberse suscrito un acuerdo de integración, en varias ocasiones el Congreso de la República insistió en que las decisiones de los órganos comunitarios requerían su autorización expresa para que tuvieran validez dentro de la República58 . En ese sentido, la bondad de la nueva norma constitucional se encuentra en la posibilidad efectiva de que las normativas del ordenamiento jurídico supranacional puedan incorporarse directamente en el sistema jurídico interno, como ocurre en los esquemas comunitarios más avanzados (i.e. Unión Europea). Régimen monetario La Constitución elevó a rango constitucional al Banco Central de Venezuela59 . La constitucionalización de los bancos centrales ha encontrado su razón de ser en la necesidad de garantizar su autonomía a largo plazo para hacerlo menos vulnerable a presiones externas o cambios a nivel legislativo, que puedan trastocar la autonomía que dichos entes requieren para llevar a cabo eficientemente sus funciones. Se prevé así que las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela, a quien se le reconoce autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia y la ejecución de sus funciones en coordinación con la política económica general (cf. art. 318). Asimismo, se establece como objetivo fundamental lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria y se consagra que para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley (cf. art. 318). 58 Lo cual fue además avalado por la Corte Suprema de Justicia al conocer la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra una norma legal que imponía esta obligación respecto del ordenamiento producido por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 59 No puede calificarse como una omisión del constituyente la falta de un desarrollo más acabado del régimen monetario. No fue sino hasta hace poco más de diez años que el tema comenzó a debatirse en foros constitucionales. En tal sentido, algunos países como Chile, México, Colombia y Filipinas aprovecharon sus procesos de reforma constitucional para regular el régimen monetario y otorgar rango constitucional a sus bancos centrales, a fin de garantizar, a largo plazo, la autonomía e independencia de estos entes y para especializar sus funciones restringiéndolas al logro de un objetivo primario: el control de la inflación. Rafael Badell / La constitución económica… 192 Ahora bien, el funcionamiento del Banco Central en un sistema democrático impone también el establecimiento de un régimen de responsabilidades y controles. Dicho régimen, sin embargo, debe arbitrarse de tal forma que no menoscabe la autonomía del ente. En el derecho comparado, ello se ha logrado mediante la fijación de mecanismos de rendición periódica de cuentas al Poder Legislativo y el control posterior, por la Contraloría, de la gestión de las operaciones administrativas del Banco, por lo que respecta a la sinceridad de sus gastos y operaciones. No obstante el Constituyente de 1999 optó por un control amplio sobre el Banco Central al disponer, además, la obligación de rendición de cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas por ante la Asamblea Nacional. Se establece también la auditoría anual de las cuentas y balances por parte de firmas especializadas, seleccionadas por el Ejecutivo Nacional; el control de legalidad, sinceridad, oportunidad, eficacia y eficiencia de la gestión administrativa del Banco; la inspección y vigilancia de éste por el organismo público de supervisión bancaria (Superintendencia de Bancos); y la aprobación del presupuesto de gastos por la Asamblea Nacional (cf. artículo 319). Los propósitos y objetivos perseguidos con la elevación a rango constitucional del Banco Central de Venezuela se vieron desvirtuados con la inclusión de las regulaciones anteriormente descritas. A la par que se le confiere autonomía, ésta es sin embargo menoscabada en forma significativa al preverse un régimen de control que además de escapar del ámbito de un texto constitucional, conspira contra las nociones de autonomía técnica, administrativa, funcional y patrimonial que corresponde por su naturaleza a los Bancos Centrales. De otra parte, se prevén disposiciones sancionatorias, como la remoción del directorio y la aplicación de sanciones administrativas en caso de incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas (cf. art. 319) que pertenecen al ámbito del legislador. No es que se esté propugnando el establecimiento de un Banco Central que no tenga una responsabilidad visible frente al poder público y la sociedad civil. Por el contrario, el principio de responsabilidad, inherente a todo sistema democrático, tiene plena vigencia en esta materia. En ese sentido, la decisión de otorgar autonomía e independencia al Banco Central debe ir acompañada de mecanismos que permitan el establecimiento de responsabilidades. Sin embargo, dichos mecanismos no deben invalidar esa autonomía, pues de lo contrario se desnaturalizan las funciones del Banco. Rafael Badell / La constitución económica… 193 Intervención en la economía del presidente de la República De manera similar a la Constitución del 61, se prevé la posibilidad de que el presidente de la República pueda dictar actos normativos con rango y fuerza de ley60 . En ese sentido, el artículo 236 de la nueva Constitución establece como atribuciones y deberes del presidente “Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos por la Constitución” (art. 236, ord. 7°); conforme a esta facultad el presidente de la República se hallaría autorizado a dictar decretos-leyes, es decir regular materias originalmente reservadas al legislador. En segundo lugar, el presidente tiene competencia para “Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley” (art. 236, ord. 8°)61. La Constitución de 1961 calificaba de extraordinaria la facultad del presidente para dictar medidas en materia económica y financiera y establecía que éstas debían ser requeridas por el interés público (cf. art. 190, ord. 8°). Aun cuando la Constitución de 1999 no prevé en forma específica dichas restricciones materiales, ésta es mucho más rigurosa respecto de los límites formales, materiales y temporales para que la Asamblea Nacional pueda aprobar leyes habilitantes. En efecto, por lo que se refiere a las limitaciones formales, de acuerdo con el nuevo régimen constitucional las referidas leyes deben ser aprobadas por las tres quintas partes de sus integrantes. En segundo lugar, las leyes habilitantes deben “Establecer las directrices, propósitos y el marco de las materias que se delegan al Presidente [...]”; resultaría, por ende, inconcebible una Ley Habilitante en la que 60 De acuerdo con la Co61 dicha facultad extraordinaria podía ser ejercida cuando: (i) se produjera una suspensión o restricción de garantías constitucionales (art. 190, ord. 6°), Co61) (ii) el Congreso autorizara al presidente para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera (art. 190, ord. 8°, Co61) y (iii) cuando en caso de urgencia comprobada y durante el receso las cámaras legislativas, la Comisión Delegada autorizara al presidente para la creación, modificación o supresión de servicios públicos (art. 190, ord. 11 Co61). 61 La posibilidad de que el presidente pueda dictar actos normativos de primer grado aparece en la Constitución de 1909, cuando por primera vez, se autorizó la intervención directa del Estado en actividades económicas de interés general, al facultar al Ejecutivo para que reglamentara el servicio de correos, telégrafos y teléfonos federales (cf. art. 14, ord. 14). Más adelante, en la Constitución en 1945, se otorgó al Congreso la facultad de autorizar al Presidente para “Dictar determinadas y precisas facultades extraordinarias destinadas a proteger la vida económica y financiera de la Nación, cuando la necesidad o la conveniencia pública lo requieran” (artículo 104, numeral 29). Con dicha norma, por primera vez se abrió la vía para que el presidente de la República ejecutara actividades normativas de primer grado –decretos-leyes– e impusiera restricciones, controles y limitaciones a los derechos económicos. Rafael Badell / La constitución económica… 194 no queden expresadas cuáles son las materias en las que legislará el presidente de la República, así como la finalidad y el sentido que tendría dicha actividad legislativa extraordinaria62 . Por último el referido artículo 203 de la Constitución de 1999 prevé que “Las leyes habilitantes deben fijar el plazo para su ejercicio”, es decir, deben estar limitadas en el plano temporal. El carácter temporal de las potestades legislativas extraordinarias de la República era un elemento que había sido desarrollado por la doctrina que, ante la omisión al respecto de la Constitución de 1961, había destacado que el carácter extraordinario de la actividad legislativa del presidente debía aparejar la imposición de limitaciones temporales al ejercicio de dicha actividad63. Con la nueva Constitución, dichos límites tienen ahora naturaleza constitucional. 62 No obstante, es oportuno señalar que a pesar del carácter extraordinario que se reconocía a la facultad del presidente para dictar decretos-leyes, es lo cierto que durante la vigencia de la Constitución de 1961 ésta pareciera haber sido la regla y en la práctica ha servido al Ejecutivo para introducir reformas en el sistema económico y sentar las bases para la ejecución de un programa económico. Así, fue normal durante los últimos 5 quinquenios que el Ejecutivo solicitara al Congreso que dictara una Ley Habilitante que permitiera al presidente legislar en materia económica mediante decretos; de esa forma fueron dictadas leyes dirigidas a regular el régimen tributario, la hacienda pública, las relaciones laborales y las relaciones económicas. 63 Cf. José Guillermo Andueza Acuña, “Las Potestades Normativas del Presidente de la República” en Estudios sobre la Constitución, T. IV, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1979. Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas Paz y Trabajo, Hoja Ocasional, 1904-1908 Rivas Aguilar Ramón Rivas Aguilar* A Tablante Garrido, sendero de caminos cuyas huellas escarban las delicias de aquella “Ciudad que no puede esconderse, nada puede ocultar nadie puede encubrir” (1959, p. 39) La vetusta de Augusto, la diosa de la cima que desliza su mirada escurridizamente entre arroyos y hermosos copos. Tres opiniones El periódico llegó a ser una de las mayores y mejores contribuciones desde el interior de la República, para: favorecer las industrias, divulgar historia y geografía económica; enseñar a los criadores y agricultores conocimientos útiles sobre enfermedades y remedios; recursos naturales y su aprovechamiento; planear la organización y funcionamiento de instituciones de ahorro; señalar nuevas posibilidades de trabajo; y revivir industrias caídas; promover la asociación; informar sobre la producción; y los precios en el mercado (P.N. Tablante Garrido, Mérida 1959, p. 17). * Profesor-Investigador, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 196 Enternece a medio siglo de distancia la lectura de un periodiquito de tanta sabias lecciones agrícolas y económicas y de tan progresiva conciencia industrial como aquel “Paz y trabajo” que dirigió en Ejido el Dr. Julio César Salas. Que pretendía orientar a conuqueros y ganaderos, y en que pedagógicamente se disertaba sobre semillas, conservación de suelos, abonos, cultivos y pequeñas industrias rurales (Mariano Picón Salas, 1958). La historia nos enseña que es por desgracia evidente, que los directores de las sociedades, o los gobiernos de las naciones, han sido casi siempre los que más han obstaculizado la producción de la riqueza, y con ella la marcha de los pueblos hacia su prosperidad. Leyes restrictivas que entrababan el trabajo han sido sancionadas en todas épocas, mandatarios ambiciosos que se enriquecen con el trabajo de los gobernados, han existido siempre (J. M. Nava, Maracaibo, junio de 1898, Universidad del Zulia, I, Nº 6, Maracaibo, 30 de junio de 1898, p. 45). Introducción Este ensayo intenta examinar la visión del Estado libre y mercado en el pensamiento económico y político de Julio César Salas. A través de Paz y Trabajo, hoja ocasional (1904-1908), se estudian los elementos del fenómeno liberal y la economía de competencia como una propuesta para impulsar las fuerzas económicas y políticas de Venezuela y la región de los Andes. Como se sabe, hoy por hoy, el planeta tierra está sufriendo grandes transformaciones producto de una economía de mercado, de la federalización y de la globalización. En tal sentido, la obra de Julio César Salas, en los actuales momentos, adquiere una importancia trascendente lo que induce a considerarlo como el padre del pensamiento económico y político liberal de la región de los Andes. A los efectos, se ha dividido este ensayo en tres partes: una primera que se refiere a la caracterización general de su pensamiento económico y político liberal y sus implicaciones para la patria. Una segunda parte, donde se muestra un conjunto de ideas económicas y políticas que refleja su pensamiento liberal. Y, finalmente se incorpora un texto de economía política contentivo de definiciones y notas acerca del liberalismo para sus alumnos de la Universidad. Esperamos que este modesto trabajo contribuya a propiciar nuevas investigaciones en esa dimensión tan significativa para los nuevos tiempos. No obstante, es posible que existan otros ensayos que hayan examinado este temática presente en la obra de Julio César Salas, aquí solamente se remitirá el análisis a la Hoja ocasional Paz y Trabajo. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 197 Julio César Salas: Estado y mercado. Consideraciones generales San Agustín, el más grande filósofo del cristianismo, concebía el pasado y el futuro como dos dimensiones del tiempo inseparables del presente. Para el atormentado teólogo, el presente era la única realidad que le daba sentido a la memoria y a la expectación. Por lo que para el hombre de Tagasto, sólo existe el presente del pasado (la memoria); el presente del presente (la intuición); y el presente del futuro (el deseo). En ese marco, es que tiene importancia rescatar la obra intelectual de una de las personalidades históricas de mayor prestigio del país, de la región de los Andes, de América Latina con proyección universal: Julio César Salas (1870-1933)1 . Julio César Salas fue un hombre en sintonía con su tiempo. Percibió el significado de toda una era histórica, lo que le permitió imaginarse un proyecto político y económico liberal, republicano, democrático, agrarista, fisiocrático e industrial. Se planteó la necesidad de fraguar un Estado moderno para echar los cimientos de una sociedad económica bajo los parámetros del liberalismo. En esa perspectiva, no dejaron de tener importancia los principios liberales del economista escocés Adam Smith. Para el hombre de Ejido, era necesario estimular la producción nacional y regional a través de una economía de mercado. Por tanto, rescatar su pasado y ponerlo a la luz del futuro es una exigencia del presente histórico, como resultado de nuestra angustia sobre el destino del estado Mérida y sus municipios, carente de un liderazgo político y tecnocrático. Valga decir, Julio César Salas, como conciencia histórica, es parte vital de un proceso civilizatorio que está propiciando economías a escala universal mediante el mercado, la globalización y el liberalismo. De allí que Julio César Salas hizo de la actividad intelectual un instrumento para descubrir los resortes de la modernidad y así ponerlos al servicio de Venezuela y de la geografía de las cinco águilas blancas. Su preocupación por escudriñar la naturaleza política, económica, social y cultural de Venezuela a través de los estudios históricos, antropológicos, económicos y sociales, geográficos tuvo el sólo propósito de producir un pensamiento para la vida, para transformar la realidad a tono con sus necesidades materiales y culturales, ligada a la tradición, la historia y la geografía de los estados andinos. El estar conectado a una economía agrícola y mercantil; el comprender la importancia de la revolución industrial para la modernización de los procesos productivos agrícola e industrial; el descubrir el significado ideológico del positivismo 1 Para mayor detalle: Andrés Márquez Carrero. Huellas de perennidad del Dr. Julio César Salas (1870-1933), Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, 1982, pp. 5-58. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 198 para la interpretación de los procesos sociales y el examinar los orígenes históricos de nuestra sociedad, le abrieron la posibilidad de presentar una plataforma política para hacer del país y de los Andes, dos entidades geográficas en correspondencia con los procesos modernizantes del planeta Tierra. Lo que significaría hacer de la tradición y la modernización dos procesos vinculados a la dinámica agrícola, industrial, democrática y liberal de los nuevos tiempos. ¿Qué tipo de Estado? ¿Qué sociedad y economía aspiraba Julio César Salas para nuestra patria? Al respecto se podría señalar lo siguiente: Julio César Salas soñaba con un Estado liberal cuyo fin era propulsar un conjunto de instituciones para organizar una agricultura y una industria moderna a la altura de las circunstancias históricas. Para el logro de este objetivo la obra económica y política del pensamiento liberal de Adam Smith fue vital: libertad y mercado marcarían el destino político y económico de nuestra nación, según el sociólogo de Ejido. Por supuesto, tomando en cuenta las características históricas, sociales y culturales de Venezuela. En ese ámbito, Julio César Salas encarnó la conciencia del productor. El lema esencial que requería Venezuela y los Andes para asumir la modernidad, era una sociedad de productores afincando sus esfuerzos en una agricultura moderna y diversificada, sin negar los aportes que podrían dar a la nación cierto tipo de desarrollo industrial. Se intuye que desde la cátedra de economía política y sociología impartida en la Facultad de Derecho en (1904) hizo consideraciones y formulaciones interesantes en tal sentido. Estas se evidenciaron en su periódico ocasional Paz y Trabajo 2, el cual lo convirtió en un vocero para divulgar los aspectos económicos, políticos e históricos de nuestra geografía regional y nacional. En el primer número de esta publicación señaló el propósito central de su preocupación: “Estos, nuestros propósitos: fomentar con todos los medios que estén a nuestros alcances la industria nacional, como vehículo de civilización; y en tal virtud; ofrecemos hoy esta humilde hoja, ocasional y gratis a todo el que se interese por la paz y el progreso de la patria; saludo respetuosamente a la prensa”, (Ejido, volumen 1, Nº 1, 1.08.1904). Esta publicación, con cuarenta números editados (1904-1908), se trazó como meta destacar las potencialidades de los recursos naturales de los Andes (Mérida) para su desarrollo agrícola e industrial. No obstante, Julio César Salas estaba consciente de que nuestra economía adolecía de un conjunto de vicios, heredados históricamente, que impedían el creci- 2 Para una comprensión significativa de la organización de este periódico, ver: P. N. Tablante Garrido. Periodismo merideño: “Paz y Trabajo” de Julio César Salas, Facultad de Humanidades de la Universidad de Los Andes, Mérida, 1959, p. 38. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 199 miento de nuestras fuerzas materiales. Esto se explicaba por un conjunto de razones entre las cuales se encontraba en primer lugar, la ausencia de modernidad en los venezolanos. Razones etnológicas, antropológicas de origen hispánico, confirmaban tal conducta. Este comportamiento tenía una inclinación irracional por el consumismo y, sobre todo, por las mercancías extranjeras. En segundo lugar, una agricultura extensiva con esquemas tradicionales empíricos y pragmáticos. Pareciera que “existía una supuesta sociedad agrícola”, carente de agricultores modernos y de conocimiento técnico para incrementar las fuerzas económicas en el medio rural. Para impulsar una agricultura moderna era indispensable una reforma educativa cuyo objetivo sería el de promover los valores del trabajo, la responsabilidad individual, erradicar los vicios del paternalismo y el clientelismo, formar granjas agrícolas que producirían un agricultor moderno y una agricultura intensiva que superarían los elementos tradicionales del arado, de la tala y del monocultivo. Asimismo, incorporar los avances de la genética para mejorar los cultivos y crear nuevas variedades de plantas. Además, sugería la posibilidad de enviar los mejores talentos del país hacia las universidades del mundo con la intención de formarse en los últimos avances de la ciencia y la tecnología tanto en la industria como en la agricultura. Por otro lado, consideró un grave error histórico haber concentrado todos los esfuerzos productivos en la producción de café. La razón de esto era muy simple: la cotización del producto en el mercado internacional fluctuaba de manera periódica y esto se convertía en un factor económico negativo al país. Por lo que había que impulsar una política de diversificación de rubros agrícolas para aminorar los efectos económicos del monocultivo en Venezuela. Muchos países en la actualidad, entre los cuales se encuentra Chile, coinciden con esta reflexión económica de Julio César Salas. Venezuela, la Venezuela de hoy, debería seguir algunos de estos consejos de este insigne merideño. Venezuela, aún siendo un país petrolero, debería diversificar su aparato productivo tomando en cuenta sus ventajas comparativas y competitivas. Sobre este punto Julio César Salas señaló: “Otros cultivos: No más café, ¿Nos dolerá aquí? – Venezuela es una nación que dispone de terrenos fertilísimos con todos los climas del universo; sin necesidad de muchos argumentos queda demostrado que la pobreza a tocado en nuestras puertas precisamente por nuestra imprevisión: todos los brazos, todo el capital, toda nuestra energía, todo lo hemos consagrado a sólo producir café, y con el hecho de estar dicho producto tanto tiempo despreciado en las plazas consumidoras, distritos enteros están arruinados; los agricultores han perdido sus propiedades y los mismos capitalistas y comerciantes han visto disminuir a la mitad y a la tercera parte sus capitales; pues es una verdad de economía política que cuando la agricultura se arruina todo el Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 200 mundo empobrece y cuando ella goza de bienestar, éste es general también. Y cuando al punto primordial de haber consagrado todo al fomento del cultivo del café, es ya hora de que volvamos sobre nuestros pasos y nos dediquemos a otras siembras; la del trigo, sin ir más lejos, serían para Los Andes la tabla de salvación. Nuestros mercados son todos los de Venezuela tributaria hoy del extranjero en este ramo. Los Estados Mérida y Trujillo producen hoy la harina que necesitan. Varios molinos perfectamente montados han sido establecidos en estos últimos años; fomentemos, pues, el cultivo del trigo de tal manera que abastado el consumo local, Los Andes vengan a ser el granero de Venezuela”, (Paz y Trabajo, Ejido, octubre 29 de 1904, Nº 5). A partir de este texto, se observan dos elementos reveladores: primero, la posibilidad de romper con los esquemas económicos que dependen de un solo producto. Y, segundo, la necesidad de diversificar los cultivos y estimular su proceso agroindustrial. Para Julio César Salas, la superación del atraso económico a través de un proceso de modernización era posible mediante lo que él llamaría elegantemente impulsar: “el cultivo inteligente de sus campos”. Y así estaríamos al asiento del banquete de la civilización (Ejido 1904, Nº 3, p. 1). Desarrollar este proyecto económico partía también de una política de inmigración que permitiría expandir las fuerzas económicas de la patria. Según el autor, pudieran existir elementos raciales, derivados de la conquista y la colonización, que obstaculizarían la formación de una mentalidad moderna de nuestros productores. Tal vez la mezcla de las razas extranjeras con la nuestra, crearía antropológicamente un tipo de venezolano y un andino propenso a la modernidad. “La inmigración que necesita Venezuela es de labradores y no de comerciantes. Vengan cultivadores de la tierra inteligente y rudamente educados en la escuela de la madrastra Europa, que por traer hábitos de severa economía y esfuerzo propio, son los llamados a implantar con éxito diversidad de industrias; que al asegurar su bienestar serán factores de pública riqueza. Los agricultores extranjeros nos enseñarán prácticamente multitud de cosas que ignoramos, y al fundir su raza en la nuestra, sentirán nacer en su corazón el germen de la libertad, en tanto que nosotros hallaremos por fin el moderador excelente de nuestro carácter tempestuoso e inquieto”, (Ejido, abril 15 de 1905, Nº 13, vol 1, año 1, sin página). Al mismo tiempo, consideraba que esta inmigración no podía ser el resultado de un proceso espontáneo; todo lo contrario, debería ser una política de Estado que promoviera este proceso para el desarrollo de una economía regional y nacional: “La mano del gobierno nacional es la llamada a fundar la prosperidad de Venezuela, atrayendo al país una corriente de inmigración. Ojalá se estableciese en la Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 201 caída de la serranía hacia la costa del lago de Maracaibo una colonia boer. Mil veces bendecida sería la benefactora mano del que abriese ese paraíso terrenal a los labradores transvalences” (Ejido, abril 15 de 1905, N° 13, vol 1, año 1, sin página). De igual modo, veía con agrado el papel del capital extranjero en el fomento de empresas agrícolas a lo largo y ancho de la geografía nacional. A través de la inmigración y la educación, nuestra nación, según el lingüista venezolano, sería posible el tránsito de la barbarie a la civilización. Igualmente, este proyecto económico requería de capitales. Como todos sabemos estos capitales estaban en manos de los comerciantes y los agiotistas. Estos sectores encarecían el costo del dinero, perjudicando a la agricultura y a la industria. Una posibilidad para eliminar tal circunstancia, era el de crear, según Julio César Salas, asociaciones como un medio para formar cajas de ahorro y, de esa forma, abaratar el costo del dinero para impeler el proceso productivo: “De ingente necesidad es la fundación de cajas de ahorros en los distritos agrícolas, combinando el ahorro con el crédito territorial; por este medio tendrían los trabajadores doble movilización del capital y del dinero barato para sus operaciones, pues se lo darían ellos mismos. Toda asociación es fecunda”, (Ejido, Volumen 1, Año 1, Nº 8, enero 1 de 1905). También era ineludible, en tal dinámica, una política de caminos y ferrocarriles para la unificación de los espacios económicos regionales y nacionales. Esta política daría resultados positivos al crecimiento de las fuerzas agrícolas e industriales. Sin embargo, para hacer de nuestra nación y de nuestras regiones una sociedad de productores se requería erradicar un factor que estaba afectando todo nuestra cultura histórica-económica: la mentalidad consumista de los venezolanos por los artículos internacionales. No cabía la menor duda, que esta postura impedía el desarrollo sano de una economía nacional y regional. Sobre este aspecto señaló: “Forma parte, por desgracia, de nuestro carácter nacional la tonta curiosidad propia de sólo de pueblos civilizados con que benévolamente recibimos artículos de fabricación extranjera. Está aún nuestro cerebro, a este respecto el infantil criterio con que hace cuatrocientos años los indios de Margarita entregaban a niño y guerra sartas de magníficas perlas a cambio de cascabeles, abalorios y espejitos. Esta propaganda, contra el artículo extranjero enriquece al país. Vender poco, comprar poco, usar moderadamente del crédito y pagar las deudas, cumpliendo fielmente la palabra empeñada es para la colectividad y el individuo base segura de prosperidad y grandeza”, (Ejido, marzo 31 de 1905, p. 2). Además, consideraba que la actividad comercial debería jugar un rol en concordancia con los propósitos nacionales. El comercio debería estar en función de las necesidades de la producción nacional. La idea era comprar menos y vender más, Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 202 según el catedrático de la Universidad de Los Andes: “El problema de nuestro bienestar económico se funda en vender mucho y comprar poco; si, por el contrario, seguimos importando hasta la coleta con que fabricamos los sacos para el café, no podemos aspirar a considerarnos pueblo rico y civilizado”, (Ejido, noviembre 23 de 1904, Nº 6). Como podemos observar, en este párrafo no hay ningún vestigio del sistema mercantilista. De lo que se trataba era que de acuerdo a las ventajas comparativas y competitivas se produjera y compitiera en el mercado internacional para favorecer la economía regional y nacional. Esta percepción histórica, lo indujo a pensar sobre los efectos derivados del intercambio desigual y de las implicaciones de la teoría dependentista sobre la economía venezolana. Sobre este aspecto fue muy claro: “Los norteamericanos, quienes conocen perfectamente nuestro estado de miserable atraso, diariamente nos explotan al vendernos nuestras mismas materias primas, haciéndonos pagar un débil trabajo industrial de modificación ó conversión diez, veinte y cien veces más de lo que justamente vale ó de lo que nos dieron por aquellas mismas materias. Estos hábiles explotadores nos compran caucho y nos lo devuelven en mil formas, hueso y nos envían botones, cuerno y nos dan peines, cuero y dividive y nos venden artículos de viaje o simplemente suela y otras pieles: tafiletes, patentes, etc., etc. Por un cambio insignificante de formas se llevan el fruto del máximo esfuerzo que informa la producción de las materias primas. No hace mucho pretendió el gobierno de los Estados Unidos comprarnos nuestro café sin beneficiar, a fin de obtener para sus naturales los productos del beneficio”, (Ejido, octubre 15 de 1907, Nº 36). Se puede notar que siendo él productor y comerciante, entendía la importancia del valor agregado a nuestros productos regionales y nacionales. Esto significaba una ruptura a la vieja concepción económica impuesta por los grandes países capitalistas a los países de América Latina. Aun cuando creía en una economía agraria diversificada, no dejaba de darle importancia a la industria como un proceso necesario en el marco de la civilización industrial mundial. Defendió la teoría ricardiana de las ventajas comparativas. A pesar de aceptar tal teoría, consideraba que era factible desarrollar recursos naturales hacia un proceso industrial autónomo. Él creía en una economía de mercado, en la división social del trabajo y en las ventajas comparativas, sin embargo, no compartía el esquema que querían imponer los grandes imperios a nuestros países: países industriales y países agrícolas. Por lo tanto, rechazó este postulado por considerarlo inadecuado a nuestras regiones. Esta regiones podrían alcanzar desarrollos interesantes en las diversas ramas de la economía sin aceptar los dogmatismos económicos de los países desarrollados. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 203 ¿En qué marco sería posible esta propuesta económica de Julio César Salas? Se ha señalado varias oportunidades, no obstante, es necesario resaltarlo de nuevo: esta visión sólo tenía sentido para él en una sociedad de libre mercado, lo que permitiría asignar más eficientemente los recursos agrícolas, mineros e industriales en condiciones más favorables que los monopolios. A lo largo de su obra Paz y Trabajo, defendió esta tesis y al mismo tiempo combatió el estatismo y el modelo proteccionista: “La libertad debe ser norma a que debe ajustarse la legislación patria en materias económicas, pues sin ella toda riqueza desaparece y en su lugar la miseria y el atraso sientan sus reales. Libertad de la industria y abolición de los monopolios; libertad de los contratos y abolición de las leyes que los estorban; libertad de los cambios, y abolición de la tasa y precio máximo, supresión de derechos de tránsito, supresión de derechos sobre la exportación y merma de los de importación, he aquí en síntesis la base segura sobre que se puede levantar el edificio de nuestra riqueza nacional”, (Ejido, diciembre 8 de 1905, p. 2). El eje rector que sustentaría a una sociedad económica y política de tal dimensión mercantil, sería la configuración de una maquinaria estatal de índole liberal. Un Estado que garantizaría la paz, la seguridad y el mantenimiento de los ciudadanos. Un Estado que promovería una reforma educativa para formar hombres libres con una economía libre no dependiente del Estado. Un Estado que establecería un conjunto de leyes jurídicas e institucionales para preservar el mercado y evitar efectos perversos en la sociedad en general. Un Estado que impulsaría una política tributaria flexible y moderada, la cual ayudaría a incrementar la inversión privada, y además se obtendrían tributos importantes para el mantenimiento de una política de caminos y ferrocarriles, etc., etc. Sobre este aspecto Julio César Salas fue preciso: “Libertad plena en la esfera de su trabajo, garantizándole, al mismo tiempo, seguridad completa para su persona y para el capital que produce su esfuerzo civilizador y benéfico. Corresponde también al gobierno hacer que la instrucción se dé a los asociados en calidad y cantidad suficiente, abrir las vías de comunicación; abolir las trabas que dificultan la importación y exportación del país, y sobre todo simplificar las leyes aduaneras y no convertirlas en asechanza o trampa tendida al importador, promover la efectividad de la administración pública, eliminando la teoría de que el empleo es recompensa partidaria, con el objeto de llevar a las funciones públicas únicamente a los capaces; promover la efectividad de los contratos, celando por la que la administración de justicia civil o criminal sea un hecho; y pauta para todos los gobernantes y gobernados el cumplimiento estricto de las leyes. En oposición a tan sanos principios, se ha inventado por los políticos utilitarios un errado sistema llamado proteccionistas, por el cual los gobiernos, con medidas directas, pretenden reglamentar la agricultura, la industria y el comercio. La disminución de los Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 204 impuestos es la manera más efectiva de desarrollar la riqueza privada y colmar las arcas públicas, bajo un régimen de libertad, de justicia, de igualdad y de libre concurrencia que a todo el mundo aprovecha, gobierno, productores y consumidores. Es un error creer que las contribuciones excesivas producen más al Fisco que las moderadas, a las que todo el mundo se somete. Las altas tarifas aduaneras sólo benefician a los contrabandistas, los falsificadores y a los bolsillos particulares de los perceptores del tributo. Dejad hacer, dejar pasar al productor de la riqueza nacional, apotegma que debe ser pauta de una verdadera administración de la sociedad en beneficio de todos los socios”, (Julio César Salas, Civilización y barbarie, Caracas 1977, pp. 191-196).3 En las líneas anteriores quedó evidente el rol que le asignó al Estado en una economía de competencia. En este conjunto de meditaciones, Julio César Salas no obvió la necesidad de un partido nacional progresista con unas minorías creadoras que sensibilizaran y aglutinaran a vastos sectores de la sociedad regional y nacional, sobre el significado histórico de un programa político y económico liberal en correspondencia con las dimensiones universales. Por lo que: “Para producir necesitamos trabajar. Para trabajar necesitamos dinero, para obtener éste prontamente, Venezuela posee sobre sus costas inmensos y riquísimos yacimientos de minerales, que hallarían compradores extranjeros. Todos los metales alcanzan hoy un alto precio, circunstancia que favorecería nuestro gran propósito, de aumentar nuestra riqueza, en el trabajo, con la propia riqueza nacional. El trabajo es el único ambiente propicio a las fundaciones de la cultura y del progreso; es la única vía por la que se encaminan las sociedades y los pueblos, al perfeccionamiento y a la gloria. Entre la clase dirigente de Venezuela, se encuentran innumerables y poderosos elementos intelectuales y progresistas con los cuales iniciar un gran proceso de propaganda civilizadora, que dé unidad al pensamiento y la transformación de Venezuela, de país paupérrimo en nación productora”, (Ejido, julio 25 de 1907, Nº 34, serie 4). Lameda señaló los rasgos fundamentales de esta propuesta de Julio César Salas: “Se hace necesario la formación de un gran partido formado de esos mismos hombres y de todos los buenos ciudadanos, que en el país suspiran por un cambio positivo de costumbres y de procedimientos. Se anhela por la revolución 3 El filósofo argentino, A. J. Cappelletti, captó la importancia de estos elementos de carácter político y económico en la obra de Julio César Salas. Para ampliar este aspecto ver “El positivismo en Mérida: Julio César Salas”, en Filosofía, enero-1991, Nº 2, Mérida-Venezuela, pp. 61-107- De igual modo, los estudiantes de Economía Política I y II (Semestre B, 1986) de la Facultad de Humanidades y Educación, realizaron un conjunto de trabajos sobre Julio César Salas, resaltando la importancia económica y política del fenómeno liberal en sus reflexiones. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 205 del trabajo dentro de la propia casa de gobierno, decretando en lo económico: la explotación de nuestras minas, bosques y mares; la creación de nuevas industrias agrícolas; la inmigración de agricultores, de industriales y hombres de ciencia; la importación de toda idea útil u objeto de progreso moral y material; y premios de estímulo para toda iniciativa, esfuerzo e invención. Decretando en lo político: la absoluta independencia municipal; la verdad del sufragio, la independencia judicial, y el respeto a todas las palpitaciones ciudadanas, siempre que ellas envuelvan anhelos positivos de adelantamiento y de cultura. Decretando en lo social y civil: la creación de escuelas agrícolas de minerías y de industrias; la muerte de la usura; estímulos para las asociaciones cooperativas y de ahorros; facilitar con la exoneración por todo impuesto a la celebración del matrimonio civil que dé muerte al concubinato de nuestras mayorías; la institución del juicio por jurado. Tal es la breve síntesis del programa del Partido Progresista que suscribirían llenos de júbilo, muchísimos hombres prominentes del país, que sueñan con una vida nueva cónsona con las supremas necesidades nacionales, y con la altura que hoy alcanza el progreso del mundo. Nosotros somos apenas soldados de esa gran causa, que soñamos también con que el país sea manejado y dirigido por sus clases intelectuales, juzgamos nosotros que empezará a existir el patriotismo en Venezuela, cuando haya un pronunciamiento general, a favor de sus desvalidas mayorías pobladoras, y de un fervoroso espíritu de mejora y progreso”, (Ejido, enero de 1906). En consecuencia, Julio César Salas fue parte de un proceso civilizatorio de alcance mundial, cuyas raíces se sustentaron en la modernidad. Asumió la trascendencia de esta dinámica para ser integrada a Venezuela y a la geografía andina. Como resultado de esto, produjo una proposición histórica de naturaleza liberal, mercantil, agrarista, fisiocrática e industrial para Venezuela y los Andes. Hoy por hoy, Julio César Salas representa una figura estelar inserta a un proceso planetario de origen liberal, global y mercantil. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 206 Antología Sobre agricultura I A falta de planteles en que se eduquen agricultores verdaderos, la prensa bien intencionada debe tomar hoy mismo a su cargo, la difusión de conocimientos primordiales sobre agronomía y ciencias anexas. Esta cruzada sería redentora. Ella llamaría la atención de la juventud, de los padres de familia, hacia las necesidades del país, que son sus propias necesidades, y convencerá a todos que hoy lo que necesita Venezuela es cultivo inteligente de sus campos, para que la riqueza que dicho cultivo trae consigo, haga tomar a la patria asiento en el banquete de la civilización. Sección industrial Da vergüenza confesarlo, a Mérida, al riñón de los Andes se introdujeron escobas americanas, que vienen de muy lejos, que han pagado flete marítimo, comisión, derecho de importación, viajando seis días por nuestras montañas y páramos a lomo de mulas; y hay quien las compre por la sencilla razón de que las criollas son muy malas, tan malas que no pueden ser lo peor. (Ejido, septiembre 19 de 1904, Nº 3) Sobre agricultura II Vivimos en un país de paradojas: por una parte tenemos los refinamientos del último grado de la civilización y por la otra, la necesidad que nos hace pedir a cerebros y manos extrañas la máquina, la tela de algodón y la escardilla, cuya petición nos equipara a la tribu más salvaje del centro de África. Sección Industrial No necesitamos demostrar las ventajas que traería a los Andes la implantación, una industria tan fácil de introducir como la alfarería. En medio de estas montañas abruptas no pueden tener vida propia otras industrias que como la alfarería encuentran materia prima abundante y mercado seguro. La carencia de caminos propiamente dichos que sufrimos, garantiza su éxito, jamás podrá competir aquí en el interior la loza extranjera con la criolla. (Ejido, octubre 10 de 1904, Nº 4) Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 207 Sobre agricultura III Otros cultivos: no más café, todos los brazos, todo el capital, toda nuestra energía, todo lo hemos consagrado a sólo producir café, y con el hecho de estar dicho producto tanto tiempo depreciado en las plazas consumidoras; distritos enteros están arruinados; los agricultores han perdido sus propiedades y los mismos capitalistas y comerciantes han visto disminuir sus capitales, es ya hora de que volvamos sobre nuestros pasos y nos dediquemos a otras siembras; la del trigo sería para los Andes la tabla de salvación. Sección industrial La agricultura moderna no puede existir sin el auxilio de máquinas diversas: producir más, muy ligero y muy barato tal es la fórmula económica sobre la que se basa el progreso de toda industria. (Ejido, octubre de 1904, Nº 5) Sección industrial Al igual de las frutas debemos exportar nuestras hortalizas preparando con ellas encurtidos y mostazas de primera calidad para competir con los artículos ingleses si no en el extranjero por lo menos en Venezuela. (Ejido, noviembre 23 de 1904, Nº 6) Sección agricultura IV Hemos dicho ser de imperiosa necesidad que la agricultura de Venezuela busque otras plantas que cultivar, y definitivamente se renuncia seguir fundando nuevos cafetales, ya que este fruto de exportación quizá no vuelva a alzar en los mercados consumidores. (Ejido, diciembre 12 de 1904, Nº 7) Sobre agricultura V Se labra la tierra en Venezuela lo mismo que en los primeros tiempos de la conquista, nuestros arados son por el estilo de los que empleaban los egipcios contemporáneos de las pirámides para remover el limo fecundo del Nilo; se nota igual falta en la semilla que nos servimos. Los americanos del Norte han logrado a fuerza de estudio, de selección y de trabajo más de ochenta variedades de maíz. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 208 Educar y poblar he aquí la misión del gobierno; pero la educación de las masas campesinas, que son sangre y vida nacionales que labran los campos, nos alimentan y entretienen nuestro miserable comercio con los frutos cuasi espontáneos que recogen de la tierra; le corresponden también, por obligación ineludible, a todo el que tenga luz en el cerebro: sacerdote, maestro de escuela, hacendado y periodista. Sección industrial La más grandes obras de que se enorgullece la humanidad son el fruto de la unión de capitales, cuya unión dio por resultado la poderosa fuerza, que hizo efectiva la perforación de los Alpes y la rotura del istmo de Suez. (Ejido, enero 1 de 1905, Nº 8) Sobre agricultura VI Un sabio viajero ha dicho que nosotros los habitantes de los trópicos, preparamos con la tala inconsiderada de los bosques, las generaciones venideras tres grandes calamidades; y que dicho triple legado de miseria será el frío, la sed y el hambre. En un municipio en un cantón Suizo existe una ley municipal por la cual está obligado todo matrimonio, para verificarse a entregar plantado en un parque público un árbol el cual está obligado a cuidar hasta su total desarrollo. Pueblos civilizados. Sección industrial Fabricación de quesos Por sus condiciones topográficas Mérida está llamada a proveer al resto de la República de las clases finas de este artículo de primera necesidad; y quizá ninguna otra parte del país se reúnen tantas circunstancias favorables para desarrollar tal industria. (Ejido, febrero 1 de 1905, Nº 9) Por la paz Todo lo esperamos del gobierno; nada queremos por esfuerzo propio en lo que tenga algo de relación con el interés de todos; y a tal vicio debemos también achacar a aquel, todos los males que nos sobrevienen, cuya causa eficiente la mayor parte está en nosotros mismos. A las clases directoras del país les corresponde los esfuerzos de los gobernados, y atentos siempre a la opinión pública Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 209 remover los obstáculos para que la iniciativa [...] sea positiva y tuviese por divisa económica: dejar hacer, dejar seguir. Nos falta educación Republicana. Y es necesario, también, que reprimidas las turbulencias de razas, nos dediquemos al trabajo honrado; este asegura la riqueza del país y con ella la paz nacional cimentada en el bienestar general. La guerra es Saturno implacable que devora sus propios hijos. (Ejido, febrero 18 de 1905, Nº 10) Sobre agricultura VII El agricultor inteligente y activo usará procedimiento breves y lógicos: si su campo no produce ya maíz lo abonará, lo cavará profundamente; si estas operaciones las estiman costosas optará por la rotación de cultivos, sembrará caña o pastos. (Ejido, marzo 16 de 1905, Nº 11) Por la paz Si Venezuela ha de regenerarse algún día, será por la paz, el trabajo y la instrucción; pero jamás por la guerra civil. El pueblo laborioso, el pueblo sensato de Venezuela quiere paz; y sólo los mafiosos y los malvados viven aquí, como en todas partes, en conflicto permanente con la autoridad. (Ejido, marzo 31 de 1905, Nº 12) Sobre agricultura VIII Interesa mucho al agricultor restituir a la tierra, por medio del abono, las sustancias que las plantas asimilan con el objeto de que no empobrezcan el suelo y esté siempre apto para una máxima de producción, el cultivar inteligente debe poner suma atención en el modo como el que hacen los regadíos que requieren los sembrados. (Ejidos, abril 15 de 1905, Nº 13) Ahorro La caja de ahorros en Mérida haría nacer, en los individuos que más lo necesitan hábitos de previsión y economía, cimiento de futura riqueza y poderoso estímulo para el desarrollo de la moralidad, civismo y carácter de un pueblo. (Ejido, mayo 3 de 1905, Nº 14) Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 210 El Estado liberal y su papel en la sociedad El principio fundamental de la asociación política en todo país, y el único objeto de ella, es garantizar al hombre el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado debe al individuo: seguridad personal, propiedad, justicia, enseñanza, obras públicas e integridad nacional. (Ejido, mayo 18 de 1905, Nº 15) Sobre agricultura IX En todo caso es preferible cultivar poco terreno bien y no mucho imperfectamente; la agricultura intensiva, de operaciones lógicas y resultados seguros es arte generalmente desconocido en Venezuela; pero es hora ya de hacer de lado los rutinarios e ineficaces procedimientos y adoptar las prácticas basadas en la observación científica. Sección industrial He aquí porque consideramos de ingente necesidad una sabia protección por parte del gobierno al productor nacional. He aquí, que este es el único lo suficientemente poderoso para romper por medio de la educación objetiva los viejos moldes en que se forjó nuestro carácter; por eso necesitamos exhibiciones de productos nacionales y que la prensa haga propaganda activa a fin de borrar los antieconómicos y errados hábitos coloniales. (Ejido, junio 7 de 1905, Nº 16) Por la paz IV Esta tendencia de gran parte de los venezolanos hacia el presupuesto de gastos públicos no sólo debilita la nación por el dinero que se gasta en sostener a tales ociosos sino también priva al país de los brazos e iniciativas de individuos que podrían contribuir al desarrollo de nuestra abatidas agricultura e industrias. El funcionamiento o empleanomanía es vicio de difícil curación, pero un gobierno tutelar y benéfico debe extirparlo. Capital y trabajo Desgraciado del pueblo que mira como enemigo público al capital, el cual no es otra cosa que el fruto del ahorro, o la más alta expresión de la prudencia y virilidad del hombre. Alejar el dinero por medio de la persecución es curarse la falta de sangre abriéndose las venas. (Ejido, diciembre 8 de 1905, Nº 17) Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 211 Sobre la agricultura X Es necesario combatir a través de la prensa la pereza y la ambición de adquirir riqueza fácilmente sin trabajar. (Ejido, enero 1 de 1906, Nº 18) Educación e instrucción El gobierno es el principal llamado en enviar jóvenes a educar, escogiéndolos entre los alumnos sobresalientes de las escuelas primarias de la República; de esta manera encanalizará la corriente civilizadora hacia los fines necesarios del país. (Ejido, enero 27 de 1906, Nº 20) Ahorro Queremos enriquecer: ahorremos. Sin ahorrar no es posible la riqueza y sin ésta el país en vez de progresar se barbariza cada día más, el ahorro a su vez que aumenta el bienestar del individuo, lo hace libre o independiente dándole confianza en el porvenir, y al alejarlo de la miseria lo aleja también de todas sus infelicidades y tentaciones. (Ejido, enero 27 de 1906, Nº 19) Capital y trabajo Conocido el origen y desenvolvimiento de la riqueza de las naciones: pues es una verdad inconcusa que sólo es posible aquella cuando obran conjuntamente, la tierra, capital y el trabajo; debe saberse también que el predominio de uno y de estos factores sobre los otros, trae aparejado el desquiciamiento de la fortuna pública, y en consecuencia aplicarse por el Estado rigurosamente el sano principio: Dejar hacer, dejar pasar; si aquel imprudentemente y favorece a uno de los últimos tres elementos en perjuicio de los otros implantaría la doctrina Prudhoniana y con ella el comunismo y la destrucción de la propiedad privada, y favoreciendo a uno de los otros dos establecería el monopolio y los sindicatos con todos sus horrores e injusticias. Se prueba que el principio de libertad completa, sin trabas ni impulsiones peligrosas debe ser norma para que se desarrolle la cultura, la industria y el comercio de un país. (Ejido, marzo 16 de 1906, Nº 21) Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 212 Sobre agricultura XI Superación de la agricultura 1) Fomentar la instrucción agrícola. 2) Introducir semillas, máquinas y aparatos modernos para trabajar la tierra cómoda, eficiente y baratamente. 3) Abrir las vías de comunicación necesarias y aprovechar la red fluvial nacional. 4) Crear bancos de ahorro, estableciendo al mismo tiempo el crédito territorial y fomentando la creación de empresas agrícolas extranjeras. 5) Fomentar la inmigración extranjera para que colonice nuestro territorio inculto. 6) Propagar por la prensa periódica, la escuela y el libro, aquellos conocimientos prácticos de vulgarización científica, en comercio, artes, industrias, veterinarias, etc. 7) Y por último: como base de tal proyecto, contribuir todos al sostenimiento de la paz nacional, condición imprescindible para fundar el progreso de Venezuela en el trabajo honrado de sus hijos. (Ejido, marzo 30 de 1906, Nº 22) Cajas de ahorro En tal virtud es nuestro deber palpar cuán fácil es el ahorro, y lo necesitados que estamos de independizarnos formando cada uno su capital; ya que sin su auxilio seguiremos siendo los más medrados e infeliz de esta zona privilegiada; donde el hombre, según feliz expresión de un pensador, no es el centro del universo. Por el mero hecho de vivir en sociedad todo ser humano debe contribuir al pro común. (Ejido, mayo 12 de 1906, Nº 23) Almas enfermas Hemos reflexionado que la escuela rural mataría la guerra civil; y que la patria no puede llegar a ser grande y próspera sin levantar la condición del campesino. Cooperemos todos en dicha obra sin cuidar que la gran masa estúpida y egoísta califique de utopía la educación e instrucción del campesino. (Ejido, junio 8 de 1906, Nº 24) Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 213 Otros cultivos Quisiéramos no se desmayase en el propósito de fundar los viñedos suficientes no sólo para la necesaria fabricación de vinos sino para la de pasas; establecido de tal manera el cultivo de la vid en pocos años se propagaría, afortunadamente nuestro pueblo copia del cura lo que le ve hacer, pronto aprendería el cultivo y beneficio de la uva. (Ejido, septiembre 27 de 1906, Nº 26) Texto de Economía Política: Notas, definiciones y axiomas (Ideas liberales) Ciencia de las naciones Por eso también, debemos antes que nada desarrollar en las escuelas y en los hogares venezolanos profundo respeto a la propia individualidad como lo hacen los ingleses, maestros de las naciones, al inculcar a los niños desde la cuna que si los deberes para con la patria son sagrados, no menos dignos de respeto son los derechos que tienen como hombres y como ciudadanos. (Ejido, noviembre 2 de 1907, Nº 27) Año nuevo, vida nueva En Venezuela, desgraciadamente, es mayor el número de consumidores que el de los productores; por todas partes pululan los primeros y los campos y talleres carecen de trabajadores. (Ejido, enero 1 de 1907, Nº 29) En otras partes La cuestión económica, o sea el fomento de la riqueza debe ser para el pueblo y el gobierno de Venezuela la meta de sus aspiraciones: y así, todo gobierno que asegure la paz y fomente el trabajo, responde a una gran necesidad de nuestra existencia nacional. (Ejido, abril 27 de 1907, Nº 32) El periódico es el alimento espiritual de los pueblos (Guizot) ¿Y quién sino la imprenta pudo atropellar toda una época, con sus fulgores de luz para atraer a cerebros de timoratos esclavos la alta idea del derecho político de los pueblos? Allí, en la prensa, el nudo gordiano que detiene la opresión (Caracciolo Parra). (Ejido, octubre 24 de 1908, Nº 40) Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 214 Memorándum de un estudiante de notas, definiciones y axiomas para los reparos de la materia leída en la clase de Economía Política de la Universidad de Los Andes, en el año académico de 1909 a 1910 por el Dr. Julio César Salas, profesor en propiedad de las Cátedras de Economía Política y Sociología. Economía Política: Es la ciencia que investiga, descubre y examina las leyes que regulan la formación, la repartición, los cambios y el consumo de la riqueza. Nota I Pertenece a la economía política al conjunto de las ciencias morales y políticas, llamadas modernamente ciencias sociológicas, pues al estudiar la naturaleza moral e intelectual del hombre, tienen por principal cometido la investigación de los fenómenos que se verifican por consecuencia de las relaciones humanas o sociales; y los medios que pueden ponerse en práctica para asegurar al individuo y a la colectividad el ejercicio de la justicia y el goce del trabajo. En estos goces que se alcanzan por medio del trabajo comprende la Economía Política, tanto la satisfacción de las necesidades primordiales, como son la alimentación, la habitación y el vestido, el cumplimiento de las necesidades morales: seguridad, instrucción, etc., y el de los placeres racionales que puede el hombre proporcionarse. Las necesidades crecen en relación directa de la ilustración, de la producción y del trabajo, y la economía, sea política o privada, consiste en producir más de lo que se consume, no es abstenerse de gastar. Riqueza: Se entiende por riqueza, todo lo que es producto del trabajo del hombre y que éste desea. Nota II De la definición anterior de la riqueza, se desprende que bajo tal faz no se consideran los bienes que sin esfuerzo o trabajo del hombre, halla éste en la naturaleza, como el aire, el agua, etc.; bien que circunstancias especiales pueden convertir este último elemento en riqueza económica, si hubiere necesidad de emplear un trabajo material de consideración para proporcionárselo a emplazarlo en un punto determinado; y en este caso tal elemento sería riqueza por el trabajo efectuado que representa, pues en Economía ningún trabajo nacional es improductivo. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 215 La palabra Riqueza se deriva de la raíz germana Rik o Reich, que significa superioridad potencia. Riqueza, en Economía Política, tiene un sentido mucho más extenso que en el lenguaje ordinario. Hobbes la define: Riqueza es poder. Utilidad: Es el conjunto de cualidades que constituye las cosas en propias para satisfacer nuestras necesidades o proporcionarnos placeres. Cuando no obra esfuerzo del hombre; se dice que la utilidad es gratuita; pero cuando ella se obtiene por medio del trabajo se le llama utilidad onerosa, y cae bajo el resorte de la Economía Política; así pues, defínese utilidad: todo producto, trabajo o servicio del hombre que satisface sus necesidades y placeres. Valor: Es la cualidad que hace a ciertas personas estimadas o apreciadas por el hombre; ya por su rareza o por su bondad, siempre que sean equivalentes y cambiables por otras cosas, trabajos, productos o servicios. Valor de cambio: Es el poder que reside en ciertas cosas para adquirir por medio de ellas riquezas equivalentes o de la misma importancia. Nota III La palabra riqueza, designa las cosas (productos, trabajos o servicios) propias para satisfacer necesidades y procurar goces, de donde se desprende que la utilidad y el valor son cualidades, propiedades o atributos económicos de la riqueza. Riqueza natural implica utilidad sola; riqueza económica implica valor y utilidad. El valor depende de la utilidad mientras que utilidad no depende del valor. El interés individual es el principal factor de la riqueza y del progreso humano. Precio: Es el valor de las cosas en relación con el oro y la plata tomados como denominaciones comunes. Producción: Es la creación de utilidad o valor, apropiándose el hombre, transportando o modificando para el consumo propio o ajeno, una materia existente ya, llamada materia prima. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 216 Nota IV Define nuestro Código Civil en el artículo 462 la propiedad así: “la sociedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga de ellas, un uso prohibido por la ley. La legislación venezolana distingue en la propiedad el dominio útil, que denomina posesión, cuyo derecho define: ‘la posesión es la tendencia de una cosa, o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otro que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre’.” Art. 671. Cód. Civ. El derecho de propiedad que tiene su fuente en el interés individual; constituye la clave de nuestra civilización o estado sociológico actual, donde a nombre de la justicia, que sólo lo determina hasta cierto punto, lo hace perdurar la necesidad establecida por la costumbre. Salas “Los países más ricos y felices son aquellos en que más fortunas medianas existen” J.B. Say “El derecho de propiedad es inherente a la naturaleza del hombre; es necesario poseer para sentir el deseo de adquirir”. id. “La riqueza de una nación está en relación con el número de capacidades industriales con que cuenta”. id. No hay trabajo racional que sea improductivo. La palabra industria, viene del latín industrium, indostrum o intus struo (adentro construyo). Esta etimología demuestra palmariamente todo un proceso o evolución sociológica: en su origen la industria, como su nombre la indica, era la construcción o manufactura de adentro, del interior de la casa o de la tienda pastoril; se ejerció primero por mujeres y niños en el seno del hogar patriarcal, luego por esclavos cuando otro grado evolutivo la tribu se convertía en guerrera dando nacimiento al Estado y a la frontera. En consecuencia, las primeras industrias del hombre fueron las determinadas por las costumbres o necesidades rudimentarias y primordiales: Hilado y tejido de lana, fabricación de queso y manteca, preparación de bebidas que tuvieron por bases la lecha fermentada. Molienda y panificación de los cereales. Fabricación de los vestidos de las armas, etc. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 217 Gasto de producción: Es el conjunto de las impensas o avances que se necesita hacer de obtener cualquier producto. Instrumento de producción: Se da el nombre de instrumentos de producción en Economía, a la tierra, al capital y al trabajo. Tierra: La tierra como instrumento de producción comprende: todas las ventajas que ofrece la naturaleza a la industria del hombre; constituye un factor principal y activo de riqueza, por derivarse de ella los medios de satisfacer las necesidades primordiales de alimento, habitación y vestido, proporciona además la tierra, todas las materias primas sobre que obra la manufactura. Capital: Es el conjunto de medios o frutos obtenidos por esfuerzos anteriores que formando una masa coopera con el trabajo y la tierra en la creación de productos o valores. Defínese también el Capital: la masa de riqueza destinada a la producción y que da una renta al que emplea. Capital fijo: Es el conjunto de útiles, instrumentos, máquinas, edificios, etc. destinados por sí mismos y no por medio del cambio a la producción de riqueza. Capital móvil o circulante: Es el conjunto de todos aquellos instrumentos o productos que por medio de cambios sucesivos producen resultado al que los emplea; el signo distintivo de este capital es su circulación de mano en mano. Capital flotante: Son todos los fondos fijos o móviles, empleados actualmente en cualquier empresa productiva. Trabajo: Como instrumento de producción, es el conjunto de fuerzas o intelectuales del hombre, aplicadas a la creación de valores. Nota V Pasado cierto límite los productos de la tierra no guardan proporción con el capital y el trabajo empleados para conseguirlos. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 218 “El trabajo es el principio originario de la propiedad”. Garnier “Sin seguridad la propiedad es efímera, la libertad no existe”. Tan legítimo es el uso de la tierra y el empleo de las facultades físicas o intelectuales del hombre, trabajo actual o presente, como el empleo y utilización del capital, trabajo pasado; y por eso el capital, como fruto del esfuerzo, de la sobriedad y de la prudencia, es tan digno de respeto y protección como el salario del obrero o la renta del agricultor, sin lo cual todo progreso nacional o bienestar individual es imposible. Salas “Lo único que un gobierno puede hacer por la agricultura, el comercio y la industria nacional es la remoción de los obstáculos que se opongan a su desarrollo”. Capital se deriva del latín caput, cabeza. Ahorro: Se llama ahorro, la creación de capital por medio de acumulaciones sucesivas, frutos de la previsión y temperancia del trabajador, que son abstenerse de llenar sus necesidades, consume menos de lo que produce. Monopolio: Es la facultad, natural y artificial, en virtud de la cual un solo individuo o corporación produce, vende o explota una cosa determinada. Monopolio artificial: Es la propiedad abusiva de ciertas ventajas obtenidas por concesión del gobierno, o como consecuencia de combinaciones inmorales, a fin de excluir a todos los demás individuos en una explotación, trabajo o industria. Monopolio Natural: Es la exclusión que en el goce o explotación de una cosa o cualidad ha establecido la naturaleza a favor de un individuo o región. Concurrencia: Se entiende por libre concurrencia en Economía política, la competencia recíproca de dos o muchas personas; que aspiran a las mismas ventajas y se esfuerzan en conseguirlas. Nota VI “Todo pródigo es un enemigo público, que disminuye los provechos del trabajo, y todo hombre económico debe mirarse como benefactor de la humanidad”. Garnier Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 219 La legislación más favorable a la industria es aquella que a mayor número de individuos y en más alto grado confiere la libertad y la seguridad de las personas y de las propiedades”. Say “La concurrencia es el estímulo del progreso, pues revive siendo el aguijón de la industria”. Montesquieu Industria extractiva: Es aquella que por medio de mayores o menores esfuerzos saca de la naturaleza productos ya formados. Pertenecen a esta industria la caza, la pesca y la minería. Industria manufacturera: Es la que modifica por medio de las artes la forma de los productos naturales o sustancias primas, ofreciéndolas al consumo bajo la forma más variada que puede imaginarse. Industria constructiva: Sólo es un ramo de la industria manufacturera; bajo tal nombre se comprende más especialmente, la construcción de caminos, canales, habitaciones y navíos, etc. Industria transportadora o locomotriz: Es la que se ocupa de todos los trabajos que tienen por objeto la mudanza del lugar, ya se trata de personas o de cosas. Industria comercial: Es la que tiene por objeto, ayudada por la industria transportadora de emplazar los objetos o productos en determinados sitios, para ser ofrecidos al consumo público. Industria agrícola: Es la que se ocupa de todos aquellos trabajos o procedimientos que tienden a obtener productos de la tierra por medio de su cultivo y mejora. Renta de la tierra: Es la parte del producto agrícola que quedan después de quitarse los gastos de producción. Interés del capital: Es el producto o resultado que se obtiene por el poseedor de la riqueza o de los fondos empleados en una empresa. Salario-sueldo o emolumento: Bajo estas denominaciones y otras se comprende el provecho o producto que compensa el trabajo efectuado. Nota IX En realidad no existe sino una sola industria con multitud de artes diferentes, pero por comodidad se ha hecho de ella dos grupos principales, llamados Industria Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 220 agrícola e Industria manufacturera y aún se ha creado otro grupo denominado comercio o industria comercial. Privando igual criterio analítico, se ha subdividido la industria en otra multitud de agrupaciones que bajo el nombre de Artes obran las cosas o sobre las personas; cuando obra sobre las cosas la industria se dice: Extractiva, Manufacturera, Constructiva Transportadora, Comercial y Agrícola. La palabra stock que se ha traducido por la palabra española fondos significa, según Malthus, Riqueza acumulada, sea para alimentar el consumo de su propietario, sea para ser empleada de una manera provechosa. Este mismo autor define la palabra Capital así: la porción de bienes de un país conservador o consagrada, en vista de su provecho a la producción y distribución de la riqueza. El capital según los economistas comprende: Materias primas, Instrumentos y Reservas o Provisiones. Ley de Malthus: El crecimiento de la población no está en relación con el aumento del capital y con los medios de subsistencia. Los obstáculos que entraban la libertad de trabajo son de dos clases: Naturales o sea: limitaciones de las facultades productivas de la tierra, la cual es apropiada en proporción desigual por los hombres. La distancia, o sea la traba que opone el largo transporte o lejanía de los mercados. La ignorancia y falta de capacidad natural del productor. Las diferencias de raza, ya sean más o menos vigorosas, más o menos aptas para la producción. Los obstáculos artificiales son también muy numerosos y variados: resultan especialmente de la intervención gubernativa, establecedora de monopolios, reglamentaciones u organizaciones muy perjudiciales e injustas, ya que la única misión de un gobierno es remover los obstáculos que impiden el desarrollo de la industria. Esto se ha condensado en el axioma: Dejar hacer. Dejar pasar. Cambio: Es la acción por la cual los nombres dan recíprocamente una cosa por otra, a la cual contribuyen un valor igual o equivalente. Cambio: También es la operación comercial que traslada valores o dinero de un punto a otro, sin necesidad de remitir monedas. Consumo de la riqueza: Es el uso, el empleo, la transformación, la alteración o destrucción total de las cualidades que hacen útiles y apreciables los productos de la industria humana. Consumo industrial o reproductivo: Llámase así el empleo de capital en la producción de riqueza. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 221 Consumo privado: Es toda destrucción de productos que no tengan en mira el aumento de la riqueza. Prodigalidad: Es la disipación de las riquezas en consumos inútiles. Lujo: Es todo exceso en el consumo que no guarda relación con los medios o capital que se posee. Avaricia: Es la privación de los consumos necesarios con objeto de atesorar. Usura: Económicamente hablando no existe la usura, pues ésta se define: interés excesivo por el dinero que se da a préstamo, y considerando al que da el capital y al que lo toma como comprador y vendedor que efectúan un contrato libremente, tal libertad y precio que establece la libre concurrencia, destruye la ilegitimidad del capitalista. Crédito: Es el conjunto de medios con cuya ayuda los capitales pasan de manos de aquellos que no saben o no pueden emplearlos o ponerlos en acción, a manos de empresarios que pueden hacerlos producir. Crédito público: Es el grado de confianza que como deudor merece el país, o el gobierno que lo representa, a los capitalistas interiores o exteriores; quienes alzan o bajan el tipo de interés del dinero que suministran, en relación a la estabilidad, liberalidad, orden y progreso de la nación matuataria. Crédito comercial: Bajo este nombre están comprendidos todos los avances o préstamos que se hacen sobre una simple obligación escrita de pagar en tiempo determinado; y podía definirse así: El mayor o menor grado de confianza que, en virtud del cumplimiento de sus obligaciones mercantiles, inspira un comerciante a sus relacionados. Nota X Son condiciones esenciales para que existan los cambios: la apropiación de las cosas, su transmisibilidad y su diversidad. “El préstamo o interés no solamente es legítimo sino cualquiera limitación de él es una violación del derecho de propiedad, que perjudica tanto al que da y toma préstamos, como a la sociedad en general”. “Las ideas falsas son un mal positivo, por cuanto que de ellas nacen medidas y leyes falsas”. “Abundancia y baratura, son dos palabras que, aunque distintas, expresan una misma y sola idea. Cuanto más común es una cosa, menos cuesta, pues sólo en cuanto es común sale barata”. Ramón Rivas Aguilar / Estado y libre mercado en la obra de Julio César Salas 222 “La riqueza es mayor o menor, según la cantidad de las cosas que pueden adquirir, y esta cantidad está en proporción de su abundancia, o lo que es lo mismo de su bajo precio”. “Si la propiedad es la base de la sociedad, el cambio es su vínculo”. Axioma de los Phisiócrates El principio o mecanismo del cambio es: que todo producto, trabajo o servicio equivale y se da por otro producto, trabajo o servicio. “La libertad general es el corolario del derecho de propiedad”. “Granier asienta: cada industria está interesada en la prosperidad de los otros; las villas están interesadas en la prosperidad de las campiñas; la prosperidad o bienestar bajo la faz económica, es general o no existe”.4 Referencias Bibliográficas Cappelletti, A. J.: “El positivismo en Mérida: Julio César Salas”. Revista de Filosofía, enero 1991, Nº 2, Mérida-Venezuela, pp. 61-107. Márquez Carrero, Andrés: Huellas de perennidad del Dr. Julio César Salas (1870-1933). Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, 1982, pp. 5-58. Salas, Julio César: Paz y Trabajo. Ejido. ___________, (1977), Civilización y barbarie (Caracas). Tablante Garrido, P. N.(1959), Periodismo merideño: Paz y Trabajo de Julio César Salas, (Universidad de Los Andes: Mérida). 4 Quiero dar gracias a la Licenciada Deysi Guerrero quien suministró este texto al autor de este ensayo. El original fue donado a la Biblioteca Sala Tulio Febres Cordero (Mérida). Recensiones Recensiones Economía alternativa, Luis Mata Mollejas Estévez Arria José Tomás Estévez Arria* El autor de este trabajo es el economista y doctor en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela, Luis Mata Mollejas, quien ya nos tiene acostumbrado a excelentes trabajos. En efecto, anteriormente había publicado Política económica para político (1979), obra en la cual ofrecía alternativas e instrumentos para la ejecución de políticas económicas para los que deben tomar las decisiones en los ámbitos gubernamentales; también la Universidad “Simón Bolívar” le publicó un trabajo denominado Decisión e Inversión, (1977) obra esencialmente pedagógica pero a nuestro entender útil puesto que ataca el tema de la teoría de la evaluación de proyectos en forma sencilla y condensada. Así mismo, es colaborador de revistas especializadas y arbitradas en las materias relacionadas con la ciencia económica, como la Revista BCV, y la del Cendes. Esta obra está escrita para los economistas y especialistas en macroeconomía que quieren estar al día en esta disciplina tan retada y tan cambiante. Su lenguaje, aunque exigente, no es abstruso. Simplemente se ciñe estrictamente al tecnicismo; sin hacerle concesiones al subjetivismo, o vulgarización excesiva. En el primer capítulo nuestro investigador examina la cuestión epistemológica de la ciencia económica, analizando las diversas posturas de los autores en este campo tan duro de la filosofía de la ciencia. Así, toma partido por la tesis de Karl Popper, en el sentido de contrastar las hipotesis de los modelos teóricos con la realidad factual, sin “extralimitarse a aceptar predicciones en valores para las diversas variables, en virtud de la aleatoriedad intrínseca de los fenómenos multicausales”, p. 34. * Profesor de la Universidad Santa María. José Tomás Estévez Arria/ Economía alternativa, Luis Mata Mollejas 226 Más adelante, muy firme y seguramente, nos conduce nuestro autor por la senda de la evolución histórica de la teoría económica, en lo relativo a los conceptos de dinero, circulante, y oferta monetaria. De igual modo, analiza las diferencias entre las escuelas clásicas, la revolución keynesiana, y la contrarrevolución monetarista, junto con la escuela de las expectativas racionales, y la respuesta de los neokeynesianos y post-keynesianos. Es interesante la disección que el doctor Mata efectúa a la noción de equilibrio general de Walras-Hicks, y la objeción keynesiana de dada una tasa de beneficios determinada ex ante, y un nivel de capital, aparece la negociación de los capitalistas con los trabajadores en la búsqueda de una tasa salarial que permita la ganancia, con lo cual puede aparecer el desempleo en una situación de equilibrio. En el capítulo IV, Luis Mata Mollejas estructura un modelo estático de equilibrio general, adaptando la modelística formulada por el economista francés PoncetPortait en el cual no asume la hipótesis o supuesto poco realista de equilibrio, “sino la más realista de compensación y déficit mutuo, ‘ex -ante’, del conjunto de mercados, tal como lo indica Baumol. Por otra parte, además en el modelo se incluye la función representativa del mercado de títulos. Luego, en el capítulo V el modelo se plantea en su versión dinámica. Nuestro autor, haciendo un alarde de modelización de ideas de diversos autores concluye con un modelo en el cual se representa un sistema simultáneo de ecuaciones de comportamiento en un mercado de bienes; de trabajo; de títulos bancarios (depósitos y otros); títulos financieros; y uno de dinero (o monetario). Quizá uno de los capítulos fundamentales de esta sustanciosa obra, sea el VI en donde se explican las enormes dificultades para estructurar una política monetaria y/o fiscal para combatir los desequilibrios fundamentales de los países en vías de desarrollo: tales como inflación crónica y desempleo estructural. También, nuestro investigador estudia el problema del equilibrio de la balanza de pagos, el cual es fundamental para resolver las crisis que se suceden en los países en vías de desarrollo. Así, nos presenta la esquematización hecha por Ithurbide, en la cual este estudioso resume en cuatro tipos de modelos las explicaciones del tipo de cambio y sus efectos sobre la balanza de pagos, a saber: 1) Modelos tradicionales de balanza de pagos de inspiración keynesiana. 2) Modelos monetarios con precios flexibles. 3) Monetarios con precios rígidos (Dornbusch), y; 4) Modelos de equilibrio de cartera (o portafolio como los llama Mata Mollejas). José Tomás Estévez Arria/ Economía alternativa, Luis Mata Mollejas 227 De acuerdo con el autor citado y la interpretación de nuestro investigador, las principales semejanzas y diferencias son: a) El efecto de paridad de compra (PPC),1 aparece como elemento importante en los modelos (1) y (2) y en menor grado en el (1), en el modelo (3) interviene como reacción a largo plazo. b) En el modelo (2) lo esencial es el mercado monetario con lo cual el diferencial de interés es igual al diferencial entre tipos de cambio y en consecuencia a la inflación anticipado. (Aunque nuestro autor no lo diga en forma explícita es el famoso efecto Fischer) c) En el modelo (3) o de reacción las alzas en los tipos de interés son compensadas por reducción del incremento del tipo de cambio a fin de que la balanza de capitales encuentre su equilibrio, y; d) En el modelo (4) aunque toda la expansión monetaria conduce a la depreciación de la moneda nacional (y estimula a la economía) esto es contrabalanceado por los superávit en cuenta corriente y del cambio en las carteras (portafolio ; por lo cual la paridad del poder de compra no es relevante a largo plazo y poco efectiva en términos porcentuales en el corto plazo. Adicionalmente, –creemos, de buena fe– que a modo de conclusión nos presenta las ideas de Frederick S. Minsky (1995) sobre los mecanismos de transmisión monetaria. Y de acuerdo con el reputado y citado autor, cuando existe una contracción monetaria con niveles significantes de desempleo, se produce una fuerte recesión vía contracción del consumo y la inversión. Tampoco se aprecia en términos nominales la moneda nacional salvo temporalmente. Y en relación al mercado de capitales caen los precios de los títulos privados haciendo atractivos los precios de los bonos públicos. Y como si fuera poco, se produce una contracción del crédito por efecto del alza de la tasa de interés, lo cual puede llevar a una crisis bancaria. Al final, nuestro autor se muestra escéptico con las prácticas ortodoxas de combatir la inflación, aunque lamentamos que no nos haya traído el caso relativamente exitoso de Chile, y el de Argentina donde únicamente hay problemas en el mercado de trabajo por las leyes laborales. En este aspecto, creo interpretarlo así, Luis Mata Mollejas se muestra a favor de una rígida programación monetaria (¿gradualismo?) complementado con una política de control del crédito. 1 Es decir el tipo de cambio nominal multiplicado por un índice de precios del principal o los principales países hacia los cuales exportamos e importamos y dividido por un índice de precios local. La moneda nacional se apreciará en relación a la moneda extranjera, cuando los precios locales suban más que los importados. A esto se denomina el efecto de la paridad del poder de compra. José Tomás Estévez Arria/ Economía alternativa, Luis Mata Mollejas 228 Recomendamos la lectura de este trabajo, en donde se nos presenta una visión general de lo arduo que constituye resolver las grandes crisis a que están sometidas las economías en vías de desarrollo y en donde la cantidad de teorías: clásicas, neo-clásicas, keynesianas, neo-keynesianas, estructuralistas, neo-liberales no logran alcanzar una receta eficaz. El texto de Mata Mollejas constituye una elaboración teórica para una teoría heterodoxa de la política económica, el autor, en un futuro no muy lejano, promete verter los datos de las variables para comprobar su validez empírica. Victor Bulmer-Thomas. The economic history of Latin America since independence. Una historia no convencional Estévez Arria José Tomás Estévez Arria* Introducción En las postrimerías del siglo XIX, se gestó una célebre polémica entre los seguidores de la escuela histórica alemana, y la recién constituida escuela austríaca de economía. Dicha polémica fue conocida con el nombre del Methodenstreit. Y en efecto, los primeros representantes de la escuela histórica alemana como Wilhem Roscher (1817-1894), Bruno Hildebrand (1817) y Karl Knies (1821-1898) insistían en que no podían plantearse leyes abstractas de la ciencia económica, sino que había que analizar la evolución histórica de las instituciones, e incluso Knies había llegado hasta negar la validez de las leyes económicas.1 En tanto que los economistas austríacos como Karl Menger proponían una metodología abstracta deductiva, centrada en el individuo como el protagonista de la economía: el homo oeconomicus. De acuerdo con el propio Joseph Schumpeter, el credo metodológico de la escuela histórica podía resumirse en que el economista en tanto investigador debía ser fundamentalmente un historiador de la economía.2 En este sentido, el doctor Víctor Bulmer-Thomas, profesor y director del Instituto de Estudios para América Latina de la Universidad de Londres, nos trae una historia fascinante de la economía latinoamericana, en donde aplica exitosamente tanto la metodología abstracta de la teoría económica, como las particularidades individuales de la historia. El doctor Bulmer-Thomas ha sabido escribir su obra con verdadero rigor científico y * Profesor de la Universidad Santa María. 1 Véase: Ben B. Seligman, Principales corrientes de la ciencia económica, Barcelona, OikusTau Ediciones, 1967, pp. 21-22. 2 Joseph Schumpeter, Historia del análisis económico, México, FCE, 1975, (T.II), p. 54. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 230 ha sabido ser imparcial hasta donde la condición humana lo permite. Es verdaderamente loable el esfuerzo de nuestro historiador económico en estimar cifras difíciles de cuantificar compaginándolas con otras existentes, y de esa forma hacer vivir el pasado a la luz del presente, tal como lo recomendaba John Maynard Keynes. La estructura de esta historia está dividida implícitamente en los siguientes períodos históricos, y decimos implícitamente puesto que está inmersa en los 12 capítulos que integran la obra, a saber: 1) Desde la independencia hasta mediados del siglo XIX 2) Desde 1850 hasta 1914. 3) Desde 1914 hasta la Gran Depresión. 4) Desde la II Guerra Mundial hasta los años cincuenta. 5) Y finalmente desde el período de sustitución de importaciones hasta la crisis de la deuda en los años 80, y los planes de ajuste en los 90. Los comienzos de la economía latinoamericana En primer lugar, humildemente confesamos que no sabíamos que la expresión América Latina había sido acuñada por primera vez por don José María Torres Caicedo, sustantivo que ha sido aplicado tanto a países que formaron parte del imperio español, como a Brasil que fue colonia portuguesa, más una nación como Haití que fue una posesión de Francia (p. 1). Así mismo, una de las primeras sorpresas que nos depara la lectura de este libro, es que para 1800 América Latina era la región más rica del tercer mundo, con un producto per cápita de US $ 245 (a precios de 1960) similar al de Estados Unidos (US $ 239). Esta posición privilegiada fue socavada por los estragos que hizo la guerra de independencia. De acuerdo con Bulmer-Thomas (B.T), la independencia abría un universo de posibilidades a los países latinoamericanos, podían contratar préstamos en los mercados internacionales (Londres, para ser específicos) y lograr acceso al comercio internacional para sus productos. Aunque algunas sombras se cernían ante este futuro promisor. Entre ellas, el cese de facto de una unión aduanera que había existido cuando pertenecían a España muchos países, y por ende la disminución del comercio intrarregional; la descapitalización de casi todos los países como resultado de la guerra de independencia; el colapso de sus sistemas fiscales, que incluso los llevó a tener que re-adoptar impuestos coloniales. A estos males se les agregaba el sistema de posesión de la tierra, heredado de la colonia donde el latifundismo persistía. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 231 Los comienzos del sector exportador-primario Una de las características más sobresalientes de las economías latinoamericanas antes de la Primera Guerra Mundial fue su incursión relativamente exitosa como exportadoras en los mercados mundiales de materias primas. Así, en vísperas de la I Guerra Mundial, Brasil producía el 70% de la producción mundial de café; Bolivia el 20% de la producción mundial de estaño, y Ecuador más del 15% de las exportaciones mundiales de cacao. Para evaluar las posibilidades de este modelo, B.T, realiza un ejercicio –muy perspicaz– acerca del crecimiento de las economías latinoamericanas basadas en las exportaciones de materias primas. Así, nos presenta el hecho de que el producto interno bruto per cápita había crecido 1,5% interanualmente en el período 1800-900. Y de paso nos advierte: Podemos pensar esta tasa de crecimiento como un objetivo para los países latinoamericanos después de 1850 –la tasa necesaria para emular el extraordinario crecimiento de la economía norteamericana. Este objetivo implica la duplicación del patrón de vida en apenas veinte años– una meta modesta para los patrones más demandantes del siglo XX (p. 50). Aquí humildemente diferimos de don Víctor, puesto que compara el crecimiento hipotético de países con problemas de población, de pocos capitales y con inestabilidad política nada menos que con el país más exitoso del mundo y el que más rápidamente se convirtió en una potencia. Para lograr ese crecimiento económico, nuestro historiador, propone una tasa de crecimiento de las exportaciones (global para América Latina) de un 4,5%, después de realizar varias conjeturas sobre la participación de las exportaciones en las diferentes economías latinoamericanas. Una de las tesis que más ha sido defendida por la escuela cepalista3 ha sido la de la declinación permanente (secular) de la relación neta de intercambio de los países exportadores de materias primas con relación a los países exportadores de productos manufacturados. En este aspecto, B.T nos realiza un análisis sesudo. Así nos advierte: Para aquellos países para los cuales tenemos información la relación neta de intercambio (RNI) ha estado sujeta a grandes variaciones a lo largo del período. Una tendencia es difícil sino imposible, de discernir. Brasil experimentó una modesta mejora secular en la RNI entre 1850 y 1913, pero esto oculta 3 Llamada así, en honor al doctor Raúl Prebisch, uno de los primeros directores de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, y uno de los promotores de la teoría del crecimiento hacia adentro, favorecedora de la sustitución de importaciones. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 232 grandes fluctuaciones, incluyendo una mejora del 55 por ciento en los años 1850 e igualmente un dramático colapso en los años 1860, pero México aparentemente experimentó una igualmente dramática mejoría a pesar de la caída del precio en términos de oro de la plata. Chile de acuerdo a una fuente, experimentó un deterioro en su RNI en los años 1890 cuando los precios de sus importaciones comenzaron a subir, mientras que Perú experimentó una mejora en su RNI durante la era del guano y posteriormente una fuerte baja (p.79) Más adelante se continúa con la argumentación: Una mayor objeción válida proviene de la revolución en el transporte internacional en la segunda mitad del siglo XIX. La RNI de cualquier país latinoamericano debería reflejar los precios de las importaciones en el puerto de entrada (CIF). Los precios de exportación británicos, están, sin embargo, estimados en el puerto de embarque (precios FOB). Esta diferencia podría despreciarse si los fletes del transporte internacional fuesen estables, pero la introducción de buques de vapor en las rutas comerciales hacia América Latina disminuyeron los fletes y la brecha entre los precios CIF y FOB de exportaciones. Cuando los precios de las importaciones FOB estuvieron declinando entre 1850 y 1913, podemos estar seguros que el precio CIF estaba bajando más rápidamente. Incluso si el precio FOB estaba subiendo, no obstante, todavía era posible que el precio CIF estuviera moviéndose en la dirección opuesta (p. 80) El conocidísimo investigador, Gottfried von Haberler, coincide con nuestro historiador, puesto que citando al profesor Ellsworth nos confirma: ...en el período de 1876 a 1905 una gran proporción, y tal vez la totalidad de las bajas de precios de los productos primarios en Gran Bretaña puede atribuirse a la gran reducción en los fletes interiores. Puesto que el precio de los artículos manufacturados que exportaba la Gran Bretaña tuvo en este período una baja primaria, si se consideraban precios f.o.b tanto para los artículos exportados como para los importados, bien pueden haber variado en su favor 4 Dentro del análisis de B.T, se plantea la clase de modelo exportador primario que debe seguir un país para alcanzar mayores niveles de desarrollo, entre éstos tenemos: el aditivo, el destructivo y el transformador. El modelo aditivo debe estar incrustado dentro de la estructura productiva y no debe provocar cambios en la parte no exportadora de la economía. Así los recur- 4 Haberler, Gottfried: “Los términos de intercambio y el desarrollo económico”, en El desarrollo económico y América Latina, México, FCE, 1963, p. 333. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 233 sos son atraídos al sector exportador sin que se vea afectada la productividad del sector no exportador. Dentro del modelo destructivo, por otra parte, los recursos son atraídos de las actividades existentes del resto de la economía. Un ejemplo de este modelo, citado por nuestro autor, es el de la minería del estaño en Bolivia que atrajo factores productivos anteriormente dedicados a la explotación de minas de plata. En Venezuela, autores nacionales han citado a la extracción petrolera como una actividad que atrajo mano de obra de la agricultura, causando un deterioro de esta actividad, pero otros autores han destacado que la agricultura del café –por ejemplo– ya estaba afectada puesto que se sembraba en tierras marginales de bajo rendimiento, que la nueva industria petrolera de los años veinte y treinta simplemente fue un toque de defunción. En cambio, la característica principal del modelo transformador es que en éste, el sector exportador se expande de tal manera, que afecta a la productividad tanto del trabajo como la del capital. El ejemplo citado por nuestro estudioso es el de Argentina, cuyo sector exportador apoyado en la expansión de los cultivos cerealeros, impulsó actividades en el resto de la economía. Uno de los análisis francamente atrayentes para el lector, es el estudio de la evolución demográfica en América Latina, en donde se explica las corrientes inmigratorias que arribaron a nuestro continente, especialmente a Argentina y Brasil. En el primero de estos países, los nacidos afuera llegaron a constituir un 30% de la población, e incluso Buenos Aires sería la primera gran metrópolis latinoamericana. Sin embargo, una de las conclusiones del autor, es que hubo escasez de mano de obra en las actividades económicas –especialmente las dedicadas a la exportación– con lo cual el crecimiento no fue mayor. Una de las causas expuestas en el texto fue que los empleadores siempre utilizaron toda clase de artilugios para impedir el alza de los salarios reales. Pero no lograron inventar o adoptar técnicas ahorradoras de mano de obra, como si lo hicieron en Australia y Nueva Zelanda. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias para América Latina El estallido de la I Guerra Mundial significó el derrumbe de un orden económico estable: el patrón oro desapareció como piedra angular del sistema monetario mundial, y el libre cambismo como regla a seguir en el comercio internacional pasaría a ser la excepción. Uno de los principales efectos de la gran conflagración fue la disminución de las exportaciones de América Latina hacia los países europeos, y por ende una concomitante disminución en las importaciones. Dado que en la mayoría de los países latinoamericanos dependían sus finanzas públicas de los impuestos aduaneros, experimentaron déficit fiscales de magnitud. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 234 Así mismo, la apertura providencial del Canal de Panamá, justo al comienzo de la guerra cuando la navegación Atlántica se había hecho peligrosa, permitió a Estados Unidos penetrar más fácilmente los mercados en Suramérica, desplazando a exportadores europeos. Y casi inmediatamente se armó una red de bancos norteamericanos que apoyaron el esfuerzo de los “bussinesmen” americanos, en fortalecer el comercio internacional desde y hacia Estados Unidos en Iberoamérica. Adicionalmente, durante aquellos años, las inversiones norteamericanas en la región experimentaron un fuerte incremento, así según el cuadro 6.2 (table 6.2), las inversiones directas de Estados Unidos, que en 1914 montaban a 1.275 millones de dólares en 1929 alcanzaban los 3.645 millones de dólares. Lo cual según, B.T, tuvo efectos ambiguos para América Latina. Como algo positivo los mercados de capitales norteamericanos se abrieron cuando se cerraron los europeos; pero también comenzó la tan criticada diplomacia del dólar, de esta manera nos dice: En las repúblicas pequeñas los préstamos se encontraban como objetivos de la política exterior de Estados Unidos, y muchos países se vieron sometidos al control norteamericano de sus aduanas o incluso ferrocarriles nacionales para asegurar el pago a tiempo del servicio de la deuda (p. 161) Para el lector venezolano es de primordial interés, apreciar la versión de B.T de cómo comenzó la industria de la extracción petrolera en nuestro país. Efectivamente, en la página 168, nos informa que ya para la primera década del siglo XX, nuestro país había capturado el 10% del mercado mundial de los hidrocarburos “gracias a las generosas concesiones de Juan Vicente Gómez”. También añade, nuestro historiador, que ese aumento de producción y de mercado fue a expensas de México, en donde a pesar de todas las seguridades ofrecidas por el gobierno revolucionario de Venustiano Carranza, las empresas petroleras preferían a nuestro país. Ningún montón de zalamerías del gobierno mexicano podía contrarrestar las excepcionales condiciones disfrutadas por los inversionistas extranjeros en la industria petrolera venezolana (p. 168). Otra de las consecuencias introducidas por el abandono del patrón-oro en las economías latinoamericanas fue la inestabilidad cambiaria y monetaria. Efectivamente, en los países no productores de materias primas estratégicas, sufrieron una disminución de sus exportaciones en tanto que sus importaciones bajaron como resultado directo. Y dado que la gran mayoría de los países se apoyaban en impuestos aduaneros y otros indirectos, bajaron sus ingresos fiscales encontrándose con fuertes déficit fiscales, los cuales no era posible financiar a través de préstamos externos. Lo cual empujó a estos países a emisiones de dinero sin respaldo en oro o divisas convertibles. Todo este ambiente monetario- José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 235 fiscal condujo a fuertes presiones inflacionarias. Nuestro autor cita al México revolucionario, como el país donde más se devaluó la moneda y se exacerbó la inflación (p. 176). La enorme volatilidad de las exportaciones después de 1913, conduciría a los gobiernos latinoamericanos a reformas fiscales y monetarias que frenaron algunos de los peores excesos del modelo exportador (p. 179). Así, la estabilización de las tasas de cambio se asociaba con la adopción o readopción del patrón oro. También muchos países vincularon sus monedas con divisas convertibles en oro como era el caso del dólar. Adicionalmente, se emprendieron reformas del sistema financiero, consistentes en legislación y supervisión bancaria. Y como punto esencial en la estructuración de estas reformas fue la creación de la banca central en los países andinos. La creación de estos bancos centrales estaba generalmente precedida por la visita de E.W Kemmerer, un académico norteamericano y especialista en teoría monetaria. Las misiones de Kemmerer eran independientes de los departamentos de Estado y del Tesoro, pero ambos miraban con beneplácito a las reformas propuestas por Kemmerer y su equipo. En efecto, una visita por Kemmerer era vista frecuentemente como una pre-condición para futuros préstamos norteamericanos –incluso del sector privado– y Kemmerer en ocasión cabildeaba (lobbied) muy duro por préstamos del sector privado a los países que habían adoptado su paquete de reformas (p. 180). Es curioso comprobar que Paul Krugman, en un artículo reciente5 , compara la figura del doctor Kemmerer con la de Jeffrey Sachs, quien ha servido como consejero en Bolivia y otros países. En el tiempo en que la guerra estalló en Europa, la industria manufacturera moderna se había establecido en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay, y más modestamente en Colombia y Venezuela. En Argentina, por ejemplo, el ensamblaje de automóviles había comenzado en 1916. B.T. (p.188) indica que la expansión industrial brasileña, se debió a la inflación y devaluación monetaria, puesto que de esta forma disminuyeron los salarios reales, y por ende se sustituyeron fácilmente muchas importaciones. Así y todo, es conveniente echar una mirada al cuadro 6.7 (table 6.7) de la obra, en donde podemos apreciar que Venezuela, aun en aquellos difíciles años del gomecismo tenía una producción industrial por cabeza de 21 dólares USA en tanto que Brasil tenía una de 20 dólares USA. 5 Originalmente publicado en International Affairs (Los ciclos de las ideas dominantes con relación al desarrollo económico, Londres, vol.74, N° 4, 1995), y traducido en la revista Desarrollo Económico, Buenos Aires, vol. 36, N° 143. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 236 Los años treinta y la Gran Depresión A principios de los años treinta –tal como nos lo recuenta nuestra historia– la estabilidad monetaria, fiscal y cambiaria había retornado a América Latina, como resultado de las reformas propuestas por el doctor Kemmerer (motejado por algunos como “money doctor”). Y en vista de que las economías se apoyaban totalmente en el sector externo, el grado de apertura de la economía variaba de países como Brasil (un 33%) a un 120,4% en Venezuela. El estallido de la Gran Depresión después del crash bursátil de Nueva York, tuvo efectos muy perversos sobre las economías latinoamericanas. En primer lugar, ya los mercados de capitales se habían cerrado para la región como resultado del alza de las tasas de interés, y encarecido la formación de inventarios. Luego, cuando disminuyeron las tasas de interés, la demanda por productos primarios había descendido y los países avanzados no repusieron los inventarios. Los precios de las materias primas descendieron en una proporción mayor que la de las importaciones de productos terminados, por lo que la relación neta de intercambio se movió en contra de nuestra región. Las excepciones fueron los casos de Honduras y Venezuela, el valor de sus exportaciones (constituidas principalmente por petróleo) descendió un 18% al igual que el precio de sus exportaciones. Uno de los países latinoamericanos que más sufrió debido a esta depresión mundial fue Cuba, puesto que en 1930 un comité dirigido por Thomas Chadbourne (un abogado neoyorkino con intereses en el azúcar cubano) dividió el mercado norteamericano en una forma tal que concluyó reduciendo fuertemente las exportaciones cubanas de azúcar a Estados Unidos. Otro de los malestares que experimentó la región en aquellos años, fue el peso de su deuda externa. En efecto, mientras que los precios de las exportaciones e importaciones descendían, apenas un solo precio permanecía estable: la tasa de interés. Por lo tanto, los bonos de las respectivas deudas públicas o soberanas (como gustan de llamarlas hoy en día los analistas financieros), se convirtieron en una carga fortísima para las respectivas finanzas públicas. Y para las balanzas de pago puesto que eran bonos denominados en dólares y en libras. Una de las excepciones –citada por nuestro autor– fue el caso venezolano, puesto que Venezuela fue el único país de América Latina que canceló sus obligaciones externas. Argentina, soportó una vertiginosa caída en el valor de sus exportaciones de $ 1.537 millones en 1929 a $ 561 millones en 1932. El malestar económico fue tan terrible en el país de Martín Fierro, que en 1930 los militares asestaron un golpe de Estado sacando del poder a Hipólito Irigoyen, instaurando de paso una era de gran inestabilidad política, cuyo mayor exponente fue el peronismo. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 237 La consecuencia final de la Gran Depresión para América Latina sería el abandono del patrón oro y la puesta en marcha de cambios diferenciales, y de mecanismos de racionamiento (p. 204). B.T anota al año 1932 como la fecha cuando se restableció el equilibrio comercial en la región, pero con niveles más bajos de exportaciones e importaciones. En este punto de la historia, nos parece muy atractivo el relato que nuestro escritor realiza de cómo equilibraron sus cuentas fiscales, y monetarias los países latinoamericanos. En donde la mayoría de los países, evitó disminuir la oferta monetaria y previnieron exitosamente un colapso bancario. Para el lector venezolano es de sumo interés ver cómo en estos tiempos, el bolívar se revaluó con relación al dólar en un 50% entre finales de 1932 y de 1937, y lo presenta como una de las pocas excepciones de monedas que flotaron (p. 204).6 Otro punto interesante que nos describe B.T, es la recuperación de muchos países latinoamericanos gracias a la expansión de la demanda agregada interna, sobre la base de aumentos percibidos en el consumo interno y la inversión privada. Aquí es ilustrativo señalar, en el cuadro 7.5 (table 7.5), cómo nuestro país debió su crecimiento entre los años 1932-39 a la expansión del mercado interno en un 80%, en tanto que Argentina tuvo un porcentaje de un 102% de su mercado interno. En lo que se refiere al sector financiero, B.T destaca como un hecho impresionante a que no se produjeron tantas quiebras y colapsos bancarios en la región de Latinoamérica como en Estados Unidos y Europa. “Latinoamérica pasó los peores años de la depresión con únicamente un pequeño daño en su sistema financiero”. Las causas de esto podemos resumirlas (siguiendo las ideas de nuestro autor, como siempre) en: 1. Las reformas recomendadas por las misiones Kemmerer, que condujeron a la creación de un sistema financiero fuerte. “La novedad del sistema consistió en que muchos países los indicadores (ratios) de caja-reservas se impusieron por encima de los límites legales (p. 231), por lo que fue fácil absorber la inevitable baja en los depósitos” (p. 231). 2. La contribución de los bancos al financiamiento de los déficit fiscales de los diferentes gobiernos latinoamericanos. Los intereses pagados por los bonos comprados por los bancos contribuyeron a ser una fuente estable de ingresos. Y además de acuerdo a nuestro autor la inflación fue modesta. (Éxito de acuerdo a las ideas keynesianas). 6 Más adelante en la página 225 nos dice citando a W. KARLSSON: Manufacturing in Venezuela: Studies on Development and location, Stockholm: Latinoamerika-institutet i Stockholm, 1975, que el promedio de los aranceles tuvo que ser elevado en Venezuela a una tasa promedio de más del 40%. Todo esto comprueba el daño –decimos nosotros– que provocó tan temprana sobrevaluación del bolívar. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 238 3. La existencia de un control de cambios impidió que muchos bancos tuviesen que hacer pagos de intereses o de capital a acreedores externos que hubiesen forzado a la quiebra a estas instituciones. 4. El sector exportador se recuperó de nuevo, los bancos estuvieron en capacidad de reanudar de nuevo una relación normal con sus tradicionales clientes. Para nuestro autor el manejo de la política económica en los años 30 fue muy eficaz en comparación con los años de la postguerra puesto que lo que le faltaba en experiencia a las autoridades se contrarrestó de varias formas. 1. Los encargados de la política económica eran tecnócratas como Raúl Prebisch en el Banco Central de Argentina, los cuales eran competentes y se beneficiaban de la gran ignorancia de la opinión pública de la ciencia económica, y además tomaban las decisiones en un ambiente político neutral. 2. La previsión e información perfectas no existían en aquellos tiempos con lo cual, la política económica producía sus efectos. De acuerdo a las tesis de la escuela de las expectativas racionales, si las políticas pueden ser previstas, los agentes económicos anularán sus efectos anticipándose a su acción. 3. No había un ambiente de aceleración inflacionaria como sí lo hubo después de la II Guerra Mundial. Con lo cual la inflación no era vista como un problema en los años 30. 4. Por último, el llamado fenómeno de la ilusión monetaria no existía en los años treinta. Ello se explica por la carencia de estadísticas de precios, y la existencia de precios en baja en todo el mundo más la presencia de capacidad no utilizada eran un obstáculo para que surgieran presiones inflacionarias (p. 235). La II Guerra Mundial y el nuevo orden económico Durante estos años, como muy bien lo muestra nuestro investigador, se inicia el desencanto de América Latina con el modelo exportador primario. Es cierto que el comercio internacional se había recobrado de la depresión mundial, pero ahora estaba atado a acuerdos bilaterales, y distorsionado por elevados aranceles. También los grandes poderes habían actuado egoístamente, la Ley Smoot-Hawley elevó desmesuradamente los aranceles, y el tratado Ruciman-Roca obligaba a Argentina a darle preferencias en las exportaciones británicas a la nación austral. De igual forma, Estados Unidos a través del plan Marshall había evidenciado un interés en reconstruir a Europa Occidental, mientras que se dejaba al sector privado la tarea de invertir hacia América Latina. Adicionalmente, los años de guerra habían generado una acumulación de reser- José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 239 vas internacionales en todas las repúblicas latinoamericanas debido al aumento de las exportaciones hacia Estados Unidos y Gran Bretaña, y por las dificultades en el suministro de determinados productos terminados debido a las estrecheces ocasionadas por la guerra. Por otra parte, los gobiernos incurrieron en un gasto deficitario, el cual llevó consigo a aumentos en el índice de costo de vida en casi todos los países latinoamericanos. Argentina fue una de las pocas excepciones debido al financiamiento fiscal en un mercado de capitales algo desarrollado. Al finalizar la gran conflagración, el comercio intra-latinoamericano descendió debido al restablecimiento de la capacidad exportadora de Estados Unidos, el cual volvió a ocupar esos mercados que había abandonado durante la guerra. También América Latina vio desmejorar su posición exportadora debido a la sobrevaluación que experimentaron sus divisas. B.T nos reseña esto así: Después de los años de guerra, durante los cuales las tasas de inflación en América Latina habían estado muy por encima de las tasas de inflación en Europa y Norte América , las divisas estaban fuertemente sobrevaluadas. Los costos locales, incluyendo salarios en el sector manufacturero, habían subido rápidamente, pero nominalmente las tasas de cambio virtualmente permanecieron invariables. Esta política, defendible durante la guerra cuando una devaluación habría sido inefectiva, se continuó después de 1945, y por 1948 las tasas oficiales de cambio están virtualmente congeladas. Bajo tales circunstancias, con las tasas de inflación latinoamericanas todavía por encima de los niveles de los socios comerciales, los exportadores de bienes manufacturados no podían competir en precio; y la competencia en precio era esencial para compensar la inferior calidad (p. 258) Como parte compensadora nuestra historia relata que para aquellos años (194548) la relación neta de intercambio fue favorable hacia América Latina. Los precios de las materias primas que estaban artificialmente bajos durante la guerra, subieron sustancialmente después de ésta. También ayudó a ello, el estallido del conflicto de Corea, el cual muchos temieron que fuera el comienzo de una III Guerra Mundial. Al finalizar la II Guerra Mundial, las potencias aliadas, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, buscaron por todos los medios no volver a repetir los errores de los tiempos de interguerras, tales como devaluaciones competitivas y elevados aranceles. Existía la necesidad de fomentar una mayor cooperación económica internacional que impulsara el flujo de capitales, y expandiera los niveles de comercio internacional. Y sobre todo la necesidad de una mayor estabilidad en José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 240 los precios de las materias primas. Así, se fundó el Fondo Monetario Internacional, organismo al cual se adhirieron con entusiasmo las repúblicas latinoamericanas, a este respecto comenta muy acertadamente el doctor Bulmer-Thomas: El derecho a obtener préstamos ofrecía la posibilidad de evitar dolorosos programas de ajuste cada vez que un choque externo afectara la balanza de pagos, y también evitaba la necesidad de mantener grandes reservas internacionales ganando tasas negativas de interés (p. 267) 7 Otro organismo internacional el cual obtuvo el beneplácito de la comunidad latinoamericana fue el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, más conocido como Banco Mundial, al contribuir este organismo a la resurrección de los préstamos foráneos para la región. Efectivamente, el mercado de bonos había colapsado y la inversión directa extranjera se dirigía a Europa para financiar la reconstrucción de postguerra. El tercer pilar (tal como lo afirma nuestro autor) para el nuevo orden económico internacional sería la Organización Internacional de Comercio, la cual tomaría su lugar con la firma en Suiza de un Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en 1947. Posteriormente se daría la conferencia de La Habana, en donde algunas repúblicas latinoamericanas se adherirían al Acuerdo. La no inclusión del comercio de productos agrícolas dentro del acuerdo, sería una especie de baño de agua fría para las naciones de América Latina, las cuales esperaban un apoyo para sobrepasar las barrares arancelarias y los excesivos subsidios a los agricultores en los países desarrollados. La reducción de las barreras al comercio produjo un crecimiento sin precedentes de las exportaciones y las importaciones. El valor del comercio internacional creció a una tasa inter-anual de un 9,7% entre 1948 y 1973, y el incremento en volumen fue ligeramente menor. Todavía el comercio fue concentrándose en las manos de un puñado de países desarrollados especializados en la exportación de productos manufacturados. Visto que posteriormente en 1955, el comercio en productos manufacturados entre los países desarrollados había alcanzado un tercio del comercio mundial, éste ha- 7 Estamos en principio de acuerdo con lo sustentado por Bulmer-Thomas, pero el mantenimiento de un esquema de tasas fijas, como lo era el sistema monetario internacional en los comienzos del Fondo Monetario Internacional, ha supuesto la conservación de grandes cantidades de divisas en reservas internacionales, como mecanismo para soportar las grandes fluctuaciones de los precios de las materias primas. En el caso venezolano, se ha recomendado durante muchísimos años la creación de un Fondo de Estabilización Macroeconómica, el cual –con muchas enmiendas y modificaciones al proyecto original– ha visto recientemente la luz. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 241 bía aumentado casi la mitad a finales de los años 60. Todavía más, los países desarrollados habían sobrepasado a los en vías de desarrollo en el valor de las exportaciones de los productos primarios, por lo que su contribución total al comercio mundial había alcanzado más de un 80% en 1969. (p. 270) Pero por haber escogido América Latina la vía del crecimiento hacia dentro, redujo su participación en el comercio mundial. Así, en 1946, nuestra región contaba con el 6,5% de la población mundial, y tenía el 13,5% de las exportaciones mundiales, pero para 1955 su participación había disminuido de un 10 a un 7% en 1960. La manera como América Latina se introdujo en el camino del crecimiento hacia adentro En los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial se había instaurado un pesimismo acerca de las posibilidades del modelo exportador primario. En primer lugar, la mayoría de los países latinoamericanos que había contribuido al esfuerzo de guerra, se sintió decepcionada con Estados Unidos, y el nacionalismo cobró más fuerzas, buscando un modelo que dependiera menos del capital extranjero y los mercados foráneos. Por otro lado, existía un agudo pesimismo sobre el porvenir de las exportaciones latinoamericanas. Europa estaba postrada y se creía que pasarían muchos años antes de que el viejo continente volviera a ser un mayor consumidor de materias primas. Y además existía una madeja proteccionista en Europa, que evitaba que ciertos productos agrícolas pudiesen ser exportados allí. Más aún: la Comisión Económica para América Latina creada en 1948 y cuyo segundo director general sería Raúl Prebisch, había esgrimido la tesis del crecimiento hacia adentro, apoyada teóricamente en una supuesta tendencia secular al declive de la relación neta de intercambio, y de la necesidad de promover el industrialismo mediante la política de sustitución de importaciones. Sin embargo, el argumento más apremiante en favor de las restricciones a las importaciones fue la escasez de divisas. A fines de 1948 Argentina había agotado sus tenencias de oro y muchas de sus reservas de divisas. Tan pronto como en 1947 Brasil fue forzado a adoptar un sistema de licencias de importación para racionar el uso de divisas. En México la situación de la balanza de pagos devino tan seria que la tasa de cambio fue devaluada fuertemente en 1948 y otra vez en 1949, perdiendo casi la mitad de su valor con relación al dólar norteamericano en apenas un año (p. 264) A este respecto es bueno comentar dos cosas: 1) tal como esta historia lo había descrito, anteriormente estas naciones latinoamericanas habían sobrevaluado sus José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 242 monedas; y 2) otras como Argentina gastaron sus excedentes de divisas en actos de dudosa rentabilidad económica, tal como lo fue la nacionalización de los ferrocarriles argentinos.8 Fracaso del modelo de crecimiento hacia adentro (inward-looking development) De acuerdo a nuestro libro, la protección otorgada al sector industrial aisló de la competencia a las empresas. Elevados costos surgieron no solamente por la necesidad de pagar más por los insumos que los precios internacionales sino que el mercado interno era usualmente demasiado pequeño para soportar empresas de tamaño óptimo (p. 283) Y paradójicamente, tal como lo han dicho demasiados analistas económicos, este modelo que estaba destinado a ahorrar divisas: (hizo todo lo contrario, dejó a los países más dependientes de la exportación de materias primas. En efecto, los insumos importados, los pagos de royalties por tecnología importada, e importación de bienes de capital eran una carga que había que afrontar mediante las divisas proporcionadas por las exportaciones tradicionales de materias primas. Análogamente, la falta de impulso de las exportaciones, junto con la necesidad de importar produjo problemas en las balanzas de pago en los países enganchados en el modelo de sustitución de importaciones. Y los programas de estabilización se mostraban incapaces de resolver estos problemas, puesto que era costoso reducir la inflación sin afectar la capacidad de producción y al empleo. La combinación de balanza de pagos con problemas, los déficit presupuestarios, y el cuello de botella del lado de la oferta produjeron un debate caldeado entre estructuralistas y monetarista sobre las causas de la inflación. La interpretación monetarista colocaba el énfasis en las políticas fiscales irresponsables, que conducían a grandes déficit presupuestarios, expansión de la oferta de dinero, y la inflación interna. En el modelo monetarista el cuello de botella en el lado de la oferta fue debido a los controles de precios (verbi gratia productos agrícolas) y distorsiones en los precios (ejemplo, tasas de cambio sobrevaluadas) y eran por lo tanto consecuencia de la inflación en lugar de ser su causa. Los estructuralistas no negaban que el exceso de 8 Aunque Bulmer-Thomas (véase p. 261) dice que no había otro camino puesto que fueron financiados con saldos inconvertibles de libras esterlinas. Como también la Argentina de Perón convirtió parte de la deuda externa en deuda interna, de tal forma que las obligaciones de pre-guerra de los gobiernos federal, provincial y municipal fueron rescatadas totalmente en 1949. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 243 creación de dinero estaba asociado con la inflación pero argumentaban que la oferta de dinero era en gran medida pasiva, con la causa profunda de la inflación apoyada en cuellos de botella fiscales, agrícolas y en balanza de pagos (p. 287) El caso de la reforma agraria Nuestra historia coloca al tema de la reforma agraria como instrumento fundamental para aliviar la desigualdad en el ingreso, y además hasta parece esta expropiación con compensación positiva para el fomento de la producción agrícola. Así nos dice: El nuevo argumento para la reforma de la tierra surge de la existencia de una relación inversa entre el tamaño de las haciendas y su rendimiento por hectárea. Numerosos estudios demostraban que las pequeñas haciendas, las cuales usan más trabajo por unidad de tierra, habían tenido rendimientos más elevados que las haciendas más grandes, las cuales utilizan más capital por unidad de tierra (p. 320, énfasis nuestro) Bulmer-Thomas, nos afirma en estas páginas que las reformas agrarias emprendidas por los gobiernos latinoamericanos en los comienzos de los años sesenta fueron hechas más para aparentar que para cambios reales, especialmente para complacer al programa de Alianza para el Progreso. Sobre esta cuestión podemos contraponer esto: J.P Powelson estudió doce procesos de reforma agraria en el mundo, y nos aclara: En la mayoría de los países comprendidos en la investigación, la reforma agraria formaba parte de un espectro más amplio que incluía crédito, asistencia técnica, fertilizantes y semillas, y comercio estatal. Los escritos oficiales sobre el tema afirmaban que luego de haber estado sometidos a la autoridad del patrón y/o terrateniente durante varias décadas, los campesinos eran incapaces de adquirir dichos insumos o carecían de los conocimientos mercantiles necesarios; otros declaraban que dichos complementos no existían en el sector privado y que, por ende, el gobierno debía crearlos (p. 34) 9 Siguiendo a Powelson, todo esto ha producido monopolios en perjuicio de los propios campesinos. Este investigador cita como reformas agrarias exitosas los casos de Bolivia, Paraguay, el Estado de Kerala en la India, Corea del Sur y Taiwan, donde los campesinos formaron una alianza con el sector manufacturero y no cayeron en prácticas contrarias al libre mercado. 9 John P. POWELSON: “Comercio estatal, control de precios y reforma agraria”, en Revista de Desarrollo, vol.3. Número 3, 1989. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 244 En el caso de la reforma agraria venezolana, es bueno citar al escritor Carlos Capriles, quien coloca a este proceso como un ejemplo de fracaso, puesto que rubros de exportación como lo fueron en el siglo XIX el café y el cacao disminuyen a partir de 1961, junto con estadísticas de otros rubros agrícolas.10 En Perú el fracaso de la reforma agraria fue tan espectacular que muchos autores citan el origen de la economía informal (un mal que ataca a muchas economías latinoamericanas) a los campesinos que no pudieron cultivar eficientemente sus minifundios (producto de la reforma) y por lo tanto tuvieron que huir a las ciudades (véase a Hernando de Soto, El otro sendero, Bogotá, 1987). Nuevas estrategias comerciales y crecimiento con endeudamiento Continuando este real-maravilloso viaje, mediante la lectura de este texto, a través del continente mágico, de la raza cósmica –tal como lo bautizara José Vasconcelos– nuestro respetado autor nos presenta en el capítulo 10 cómo fue que los países de América Latina volvieron a estimar el modelo de crecimiento sustentado en las exportaciones. Efectivamente, B.T cita las siguientes razones: 1. El alza continua de salarios reales en los países desarrollados y el diferencial entre las tasas salariales entre los países desarrollados y los subdesarrollados provocaron una división internacional del trabajo, en la cual las empresas multinacionales podían elaborar en determinados países, productos intensivos en el factor trabajo. 2. El éxito de los denominados tigres asiáticos, grupo compuesto por Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan, y Singapur, llamó la atención en América Latina. 3. El trabajo de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, gestionó privilegios en el comercio internacional para los países en vías de desarrollo, con el objetivo de impulsar su desarrollo. Así surgió el esquema del sistema generalizado de preferencias para las exportaciones de los países menos desarrollados. 4. A comienzos de los setenta se presentó el boom de las materias primas, provocado en primer lugar, por el abandono de la disciplina de los tipos de cambio fijo, puesto que a partir de ese entonces, se relajaron las disciplinas monetaria y fiscal de los países desarrollados, lo cual junto con la guerra de Vietnam provocó una inflación mundial. 10 Carlos CAPRILES: Pérez Jimenez y su tiempo, (T. II), cuadro en página 123. Editorial Dusa S.A, 1986. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 245 Por estas razones se propició una política de promoción de exportaciones, buscando salirle al paso a los problemas que se confrontaron cuando se estuvo con la política de sustitución de importaciones. De esta manera, se comenzó de nuevo a transitar por el camino del estímulo a las exportaciones no tradicionales, buscando: en primer lugar la diversificación de las exportaciones y en segundo lugar, expandir el crecimiento económico. La liberación del comercio fue exitosa al principio: Las exportaciones crecieron rápidamente y la apertura de cada economía se incrementó. Las importaciones también subieron pero no tan rápidamente como para agravar la balanza de pagos en las primeras etapas de la liberación. Todavía más estimulante era el cambio en la composición de las exportaciones, con exportaciones no tradicionales (excepto en Argentina) aumentando fuertemente en importancia. Estos nuevos productos, agrícolas o industriales, en su origen, fueron capaces de competir en términos de precio. Las empresas locales, congeladas en el mercado local por incrementos en las importaciones y por el recesionario impacto de la caída de los salarios reales, fueron estimuladas para transformarse en exportadoras. La sustitución negativa (ejemplo: el reemplazo de producción nacional de alto costo por importaciones) por lo tanto se acoplaba con el crecimiento exportador –la esencia de una estrategia de sustitución de exportaciones (pp. 337-338) Posteriormente, también fracasaría la estrategia de promoción de exportaciones debido a las siguientes razones: 1) La liberación financiera y la apertura de la cuenta de capitales hicieron incontrolable la masa monetaria; 2) por otra parte, se utilizó la tasa de cambio para combatir la inflación, produciendo una sobrevaluación monetaria. Textualmente nos reclama nuestro investigador: La asunción de que la inflación puede ser controlada a través del enfoque monetario de la balanza de pagos y una tasa sobrevaluada fue particularmente mal considerada. Las primeras etapas de la liberación comercial habían incrementado la importancia de los productos exportables sin conducir a una reducción de los productos importables, por lo tanto, la participación de los productos comercializables (tradables) en el producto interno bruto se había incrementado al principio. Esto estimuló a las autoridades a creer que todos los precios en la economía podían ser fijados en referencia a los precios internacionales, aranceles y tasas de cambio. Sin embargo, la tasa sobrevaluada de cambio no discriminaba únicamente contra las exportaciones, sino condujo a una amplia desindustrialización en la medida en que los productos importados reemplazaban la producción de productos manufacturados (p. 340). José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 246 En los países donde no se siguió la promoción de exportaciones, tales como Ecuador y Venezuela, Paraguay se beneficiaron del boom de alza de las materias primas, pero esta alza fue tratada como si reflejara un equilibrio a largo plazo, en lugar de ser ingresos coyunturales de naturaleza volátil. Así, estos países respondieron a condiciones externas favorables con incrementos desproporcionados en sus importaciones, por lo tanto el déficit comercial permaneció negativo incluso en años de grandes exportaciones (p. 349) El engrandecimiento del sector estatal Otro de los temas que relata bien Bulmer-Thomas es el relativo al crecimiento del sector estatal dentro de las economías latinoamericanas en los años 60-70. No tenemos espacio para comentar detalladamente todo lo que nos recuenta esta historia sobre cómo se crearon las empresas gubernamentales, pero siempre podemos destacar algunas líneas, entre estas: Las empresas propiedad del sector oficial, jugaron un papel desproporcionado en el proceso de acumulación de capital. Sin embargo, la presencia de estas empresas en sectores de capital intensivo (ejemplo, minería y energía) , se acoplaban con las preferencias del sector privado por actividades con relaciones (ratios) bajas de capital/producto y períodos cortos de gestación, era suficiente para explicar la mayor parte de este desequilibrio, aunque algunos ejemplos de desperdicio o inversiones ineficientes no fueran desconocidos. La contribución de las empresas del sector oficial a la inversión tendió a exceder su contribución al producto neto. Efectivamente, la participación de las empresas oficiales en el gasto de capital fue más alta en América Latina que en la totalidad de los países en vías de desarrollo, e incluso mayor que en los países desarrollados (p. 357). Tal como otros autores lo han afirmado, la acumulación de capital del sector público fue frenada por la escasez de financiamiento. De acuerdo a nuestro historiador: Los beneficios de las empresas del sector oficial fueron reducidos a menudo, por los controles de precios y algunas veces por las alzas en espiral de costos, e incluso la reinversión de beneficios podía ser bloqueada por los estatutos, los cuales estipulaban la obligatoriedad de transferirlos al gobierno central (p. 358). No nos cabe la menor duda de que en este apartado de la historia, Víctor BulmerThomas ha hecho un gran alarde de imparcialidad y objetividad, lo cual es reconocible; no obstante, de acuerdo con nuestra visión pensamos que se le ha José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 247 escapado el planteamiento que gran parte de estas empresas estatales contribuían a un déficit fiscal el cual a su vez creaba una ambiente artificial de prosperidad. Decimos artificial, porque no se podía sostener para siempre, especialmente con endeudamiento externo. Esto está refrendado, dado que nuestro autor relata en otros párrafos que cuando comenzó la política de endeudamiento externo masivo desapareció la restricción financiera a la expansión de empresas del sector oficial. Es esclarecedor indicar que de acuerdo con unas cifras exhibidas en el cuadro 104, el gasto en empresas gubernamentales de Venezuela pasó de un 19,3% como porcentaje del producto interno bruto en los años 1970-73 a un 28,2%. Y en ese mismo lapso, el gasto consolidado del sector público pasaría de un 28,7% a un 53,3% también del producto interno bruto. Cifras parecidas a las del resto de los países importantes de la región, son presentadas en Argentina, Brasil, Chile, y México entre otros. La crisis de la deuda Uno de los orígenes de la enorme deuda externa que llegaron a acumular los países latinoamericanos fue la disminución de las inversiones extranjeras privadas. Una muestra de este descontento con las inversiones privadas fue la famosa Decisión 24 del Pacto Andino, en la cual se fijaba un límite a la remisión de utilidades y dividendos con lo cual se desestimuló fuertemente la entrada de capitales en estos países. Otra de las causas que muy bien define Bulmer-Thomas fue que mientras los préstamos del Fondo Monetario Internacional tenían una “condicionalidad”, los de la banca privada extranjera no tenían ninguna ni estaban vinculados con algún proyecto específico. Así nos cuenta nuestro historiador que: Cerca del sesenta por ciento de todos los prestamos bancarios en 1970 fueron destinados a propósitos generales, propósitos desconocidos, o a refinanciamiento. Aunque las empresas del sector oficial fueron las mayores receptoras de los préstamos bancarios, los gobiernos centrales fueron también beneficiarios, con préstamos contratados para financiar déficit en el presupuesto, la balanza de pagos o ambos (p. 361). El crecimiento de los préstamos en América Latina desde finales de 1960 fue vertiginoso, sin embargo, hasta la segunda crisis petrolera era manejable en vista de que la tasa nominal de interés era inferior a la tasa de crecimiento de las exportaciones nominales. E incluso las tasas internacionales de interés se habían mantenido por debajo de las tasas mundiales de inflación. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 248 Este endeudamiento comenzó a hacerse inmanejable cuando en 1981 las tasas de referencia tanto de Nueva York como de Londres, subieron a más del 16 por ciento, con lo cual el interés imputable a los préstamos bancarios al tercer mundo (especialmente a América Latina) había alcanzado un exagerado 20%. Sorprendentemente, no obstante, los bancos y otros prestamistas continuaron prestando hasta incluso después de la segunda crisis petrolera. Entre finales de 1979 y 1982 el monto de la deuda de América Latina saltó de $ 184 billones a $ 314 billones. (p. 364). Otro elemento que agravó la crisis fue la impresionante fuga de capitales de los particulares que habían perdido la confianza en las políticas, y se anticipaban a fuertes devaluaciones. En este aspecto, Miguel Rodríguez ha hecho un estudio en donde coloca como causa del endeudamiento a la salida de capitales, mientras que nuestra historia y otros estudios, la colocan más que todo como una consecuencia. Recuperación y ajuste La desaparición del crédito internacional a la región, puso en marcha una serie de acontecimientos. En primer lugar, el sector público dejó de ser motor del crecimiento al no poder seguir captando fondos de las empresas del Estado. En segundo lugar, los gobiernos al no contar con recursos externos se dispusieron por fin a realizar la reforma fiscal, a privatizar empresas y a eliminar subsidios indiscriminados. Y en tercer lugar, las repúblicas latinoamericanas que no habían adherido al GATT –hoy Organización Mundial del Comercio– finalmente se hicieron miembros de este organismo y de acuerdo a Bulmer-Thomas “la voz latinoamericana, anteriormente casi inaudible, comenzó a ser oída en las negociaciones internacionales, y los mayores países hicieron firme su determinación de buscar un estatus del primer mundo” (p. 367). La liberación comercial trajo consigo una mayor integración comercial de América del Norte con el Sur. En efecto, para 1989 México había firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a despecho de intereses afectados tanto en Estados Unidos como en México. Así mismo, nos relata en una forma ordenada y mesurada, nuestra historia, el esfuerzo para renegociar la pesada carga de la deuda externa, donde finalmente el Plan Brady11 mediante el cual se compró deuda en el mercado secundario de la misma, logró aliviar este problema. 11 Nombrado así por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady. José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 249 A pesar de que algunos economistas advirtieron sobre el riesgo moral (moral hazard) de comprar deuda con sustanciales descuentos, las consecuencias indirectas positivas superaron abrumadoramente las posibles consecuencias negativas. “Las tasas de interés internas bajaron sustancialmente en México cuando el acuerdo fue anunciado, y comenzó una repatriación de capitales en todos los países signatarios del plan Brady” (p. 376). Paralelamente, nos informa nuestro investigador que la transferencia neta de recursos fue negativa (es decir salieron más fondos de América Latina de los que entraron, debido al servicio de la deuda y fuga de capitales) comenzó en 1992 a ser positiva, y así mismo, la inversión extranjera retornó a países como Chile, México y Venezuela. Conclusiones Nuestro autor razonablemente llega a la conclusión de que las causas del subdesarrollo de la región hay que buscarlas dentro de ésta. En el cuadro 12.2 en donde presenta las tasas de crecimiento del producto interno per cápita, en los años 1928-80 que el autor reseña como los años del modelo de crecimiento hacia adentro, exhibe tasas de crecimiento exitosas en Brasil, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Como dato interesante para el lector venezolano, nuestro país fue el que más creció durante esos años registrando una tasa de crecimiento del 3,6%. Pero otra de las conclusiones a la que arriba nuestra historia es que el modelo de crecimiento hacia adentro produjo crecimiento aunque con grandes costos y distorsiones. Al final, este crecimiento dependía indirectamente de la obtención de divisas por otra vía. No obstante, en Argentina el modelo exportador primario tuvo éxito; mientras que cuando se introdujo esta nación en el modelo de sustitución de importaciones disminuyó su ritmo de crecimiento económico. Encontrándonos en la víspera del siglo XXI Argentina parece dispuesta a ingresar en el exclusivo club de las naciones desarrolladas. Nuestro autor afirma que el intervencionismo estatal como tal, verdaderamente comenzó en los años cuarenta, en donde en países en los que dominó el enfoque del crecimiento hacia adentro cualquier señal del mercado (verbi gratia precios relativos de las exportaciones) era anulada con un cambio de paridad oficial. (Véase nota 102 en p. 275). Sin embargo, en uno de los párrafos del capítulo de conclusión nos indica esto: José Tomás Estévez Arria / The economic history of… / Victor Bulmer-Thomas 250 Si el estado ha sido relativamente pasivo (e inefectivo) en la distribución, ha sido más activo en la esfera de la producción. No todos los monopolios heredados del sistema colonial fueron liquidados, el embriónico sistema bancario fue nutrido por el Estado, e incluso los ferrocarriles del siglo XIX fueron en la generalidad de los casos, parte del sector oficial. El siglo XX conoció una expansión en empresas de servicio público (public utilities), minería, industrias básicas (incluyendo refinerías de petróleo), y comunicaciones , y hasta agricultura y construcción han experimentado intromisión del Estado. La participación directa del Estado en la producción ha sido complementada por un conjunto de medidas indirectas para promover la producción y afectar la asignación de recursos entre las diferentes ramas de la economía. (p. 426). Más adelante finaliza nuestro historiador, explicándonos que el Estado latinoamericano ha estado preparado para competir con intereses privados extranjeros, incluso expropiándolos como se ha hecho con las empresas petroleras, pero al sector privado local se le han dado las seguridades de suficiente espacio económico para desarrollar sus propios negocios sin sufrir la competencia (desleal –pensamos nosotros-) del sector público. Aquí este comentarista, sostiene humildemente que esta idea no está de acuerdo con la realidad. En Venezuela, ni siquiera los hipódromos han podido ser privados. En una época estaba prohibido importar plantas generadoras de electricidad (incluso portátiles de emergencia) para evitar competir con la generación de electricidad por parte de CADAFE (empresa eléctrica oficial), tampoco en los comienzos de la instalación de plantas siderúrgicas, se le permitió al capital privado tener acceso a estos proyectos. De igual forma, inserto en varios capítulos de este trabajo, el autor nos ha reseñado la impotencia de los países latinoamericanos, en haber creado mecanismos de integración económica análogos a los de la Comunidad Económica Europea, sin embargo, como el libro se escribió a finales de los noventa, se explica así que no se haya mencionado casi el éxito del Mercosur y del resurgimiento del Pacto Andino. Terminamos nuestros comentarios recomendando altamente la lectura de este trabajo, el cual aporta una gran cantidad de cifras y datos relativamente desconocidos sobre las economías de América Latina. Sin embargo, lamentamos que no se haga mención de latinoamericanistas como el doctor Felipe Pazos (cubano-venezolano), autor de un interesante libro sobre la inflación crónica en América Latina, como tampoco de Jorge Ahumada (chileno). La coyuntura La coyuntura económica Coyuntura económica venezolana Fontiveros Domingo Fontiveros Durante el semestre que finaliza, en la economía venezolana ha continuado, fortalecida, la fase de expansión en el valor de las exportaciones petroleras que se inició en el segundo trimestre de 1999. La recuperación de esta variable ha sido verdaderamente considerable, hasta el punto que los resultados de este semestre, proyectados a tasa anual, arrojan un máximo histórico para su valor en términos nominales. Con los ingresos adicionales generados por este concepto se han revertido los graves desequilibrios negativos que en la cuenta corriente y en la gestión presupuestaria, surgieron nuevamente durante 1998, y se prolongaron hasta ya entrado el año pasado, junto con el desplome de los precios internacionales del petróleo, y se han creado condiciones más favorables para el desempeño general de la economía. Sin embargo, hasta el momento, las mejoras obtenidas fuera de los equilibrios financieros básicos de la economía han sido relativamente modestas; de hecho, los indicadores disponibles señalan que persisten dificultades de diversa índole en otros ámbitos de la dinámica del aparato productivo, que hasta el momento no han permitido que la inversión productiva, el empleo y el ingreso real de los consumidores, para citar tres variables clave en el diagnóstico de la economía de un país, exhiban en conjunto cambios satisfactorios. En el resto de esta breve reseña, haremos referencia a los principales signos del desempeño económico durante el primer semestre del año, desarrollando las ideas centrales para su comprensión. * Consultor privado. Profesor de la UCAB. Domingo Fontiveros/ La coyuntura económica venezolana 254 Una nueva bonanza petrolera es el signo crucial de la coyuntura, por sus impactos financieros directos y sus implicaciones sobre la estructura de precios relativos y el proceso de asignación de recursos. Ya el término bonanza incluye una connotación de transitoriedad, y este carácter involucra igualmente una consideración sobre los efectos a largo plazo en la estructura económica. Primeramente, es necesario detenerse en algunas cifras. Esta fase de alza en el precio internacional del petróleo se inició a partir del segundo trimestre del año pasado, en el marco de restricciones de oferta adoptadas dentro del sistema de cuotas de producción de la OPEP, con la participación de algunos otros grandes exportadores no afiliados, y de la recuperación económica de importantes países consumidores de petróleo en el sudeste asiático, lo cual reanimó la demanda en esta parte del mundo luego de la crisis depresiva experimentada allí en 1998. El fortalecimiento de los precios ha sido prácticamente continuo desde entonces. En el primer trimestre de 1999, el paquete exportado por Venezuela promedió un precio de $ 9,70/barril, que ascendió en los cinco trimestres sucesivos a $ 14,16/ b, 19,29/b, 21,45/b, 25,42/b y $ 25, 34/b, de tal forma que el promedio de 1999 se ubicó ligeramente por arriba de $ 16/b y en el primer semestre de este año en casi $ 25/barril. A pesar de la reducción en el volumen producido y exportado en 1999, en ese año el valor de las exportaciones fue de $ 4,5 millardos por encima del realizado en 1998; para el año 2000, de mantenerse la tendencia actual, el valor exportado superaría en $ 9.000 millones al de 1999 y en $ 13.500 millones (más del doble) al de 1998, que equivalen a alrededor de 9% y 13,5% del PIB, respectivamente. Esta cuantiosa recuperación de los ingresos petroleros, adicionalmente, aproxima el valor de la exportación, medido en términos per cápita y a precios constantes, a lo obtenido por el país en los años previos a 1986, antes del descalabro sufrido por los precios en el mercado mundial, a partir de lo cual la economía venezolana vio agravada su situación financiera ya duramente golpeada desde 1982 por la crisis de la deuda externa, y constituye el máximo valor alcanzado, en términos de poder de compra externo per cápita, de los últimos 15 años. La coyuntura petrolera ha tenido un impacto significativo en las cuentas externas de la nación. La cuenta corriente de la balanza de pagos exhibió un superávit de $ 3.505 millones en el primer trimestre según la más reciente estimación oficial del ente emisior, siendo probable que para todo el semestre supere los $ 7.000 millones y al menos los $ 10.000 millones para todo el año. Esto contrasta abiertamente con lo registrado en el primer trimestre de 1999, cuando el saldo corriente registró un déficit de $ 413 millones, y en 1998, cuando el déficit corriente fue de $ 2,6 millardos. Domingo Fontiveros/ La coyuntura económica venezolana 255 En la cuentas fiscales, el impacto ha sido análogo, produciéndose una recuperación sustantiva de los ingresos por concepto de impuestos y dividendos pagados por la industria petrolera. Según cifras del primer trimestre, la recaudación petrolera del Fisco Nacional alcanzó a Bs. 1.473 millardos, más de cinco veces el valor de lo recaudado en el primer trimestre de 1999 (Bs. 291 millardos), mientras que a tasa anual, debe superar con facilidad al 12% del PIB, comparado con un 6,2% del PIB en 1998. En el contexto de un mayor flujo de ingresos de divisas y de recuperación de las reservas internacionales, se viene consolidando en los últimos meses una progresiva desaceleración de la tasa de depreciación de la moneda, que ha permitido que el tipo de cambio se ubique consistentemente por debajo del tipo central de la banda de flotación oficial del bolívar. De hecho, en las condiciones actuales, el sistema cambiario se aleja de un régimen de flotación entre bandas, dada la relativa facilidad conque el Banco Central puede administrar la tasa vigente en el mercado. Otra consecuencia importante es que el gobierno readquiere una enorme capacidad de determinar directamente la asignación de recursos en el sistema económico a través de sus decisiones de gasto de los excedentes petroleros, así como una flexibilidad considerable, en el corto plazo, para acentuar el signo expansivo de la política fiscal. Así, ya desde fines de 1999, la orientación expansiva de la política fiscal se viene consolidando; primeramente, con un incremento del gasto autorizado a fines del año pasado equivalente a 2,3 puntos del PIB; luego, con una autorización de gasto para el 2000 que representa, hasta el momento, un incremento de 33,6% en términos nominales respecto a 1999, el cual debe seguir en aumento, entre otras razones, por el aumento salarial para el sector público de 20%, por encima del 10% inicialmente presupuestado; y, desde el punto de vista de los pagos, con un gasto primario que en el primer trimestre de este año ya aumentó en 53,3% respecto a igual lapso del año previo. Igualmente expansiva es la orientación por el lado impositivo, traducida hasta ahora en la conclusión, según lo previsto, del impuesto al débito bancario en mayo pasado, de la reducción de la tasa aduanal de 2% a 1%, más recientemente; y de la anunciada reducción de la tasa del impuesto al valor agregado de 15,5% a 14,5%, todo lo cual está incidiendo en un aumento del ingreso disponible de los particulares. Regresando al tema específico de la bonanza petrolera, es necesario advertir que a pesar de la intensidad de esta recuperación de ingresos, no es posible aseverar si se trata de un nuevo cambio estructural en el mercado petrolero, que sería capaz de sostener hacia el futuro un precio real por encima del promedio de los últimos quince años, o si las fuerzas actuantes en el mercado demostrarán que se trata de una nueva alza meramente coyuntural, que no hace sino aumentar aún Domingo Fontiveros/ La coyuntura económica venezolana 256 más la volatilidad histórica de esta variable. De allí que sea especialmente importante el funcionamiento de mecanismos de estabilización del gasto, de represamiento de al menos parte de los ingresos extraordinarios y de una planeación del gasto fiscal a mediano plazo que sea consistente con la sostenibilidad del mismo. A este respecto, es importante destacar que parte de los ingresos adicionales generados por la exportación petrolera están siendo transferidos al FIEM. Durante el primer trimestre, los aportes del Ejecutivo sumaron $ 652 millones; a cuenta de las Entidades Estadales fueron transferidos $ 457 MM; mientras que PDVSA aportó $ 374 millones. En el segundo trimestre, la información disponible indica, por otro lado, que sólo PDVSA efectuó los aportes correspondientes, por $ 540 millones. Al cierre de junio pasado, lo acumulado en este fondo alcanzó a $ 2.269 millones, incluyendo aportes de 1999 y los intereses acumulados. Como quiera que según las reglas del FIEM alrededor de un 50% de los ingresos petroleros que se causen por encima de los $ 9/b deben serle transferidos, los aportes que se causarían en el transcurso de todo el año podrían alcanzar, dependiendo del comportamiento final de los precios, a los $ 8.000 millones. Sin embargo, es obligatorio señalar que el propósito de un fondo como el FIEM no es solamente acumular recursos para crear reservas utilizables luego en coyunturas de baja en los ingresos, sino también, y de manera crucial para la estabilidad monetaria, para limitar la expansión del gasto fiscal dentro de rangos sostenibles, de tal forma de moderar la traslación de las oscilaciones petroleras hacia el resto de la economía. Como ya se indicó, los límites impuestos a la expansión del gasto han sido hasta ahora relativamente laxos, a pesar del cumplimiento parcial de las transferencias al FIEM. De hecho, el gasto viene aumentando no sólo por efecto de la mayor disponiblidad de ingresos ordinarios, sino además por el uso más intenso de lo que ha sido tradicional en el medio, de la emisión de deuda interna. El saldo de esta deuda reportado por el Ministerio de Finanzas al cierre del primer trimestre del 2000 es de Bs. 5.093 millardos, que indica una expansión desde marzo de 1999 de Bs. 2.538 millardos. Los componentes expansivos fundamentales de la deuda interna de la República han sido los DPNs y las Letras del Tesoro, cuyos saldos aumentaron en el primer trimestre de este año en Bs. 1.032 millardos y Bs. 325 millardos respectativamente, para situarse en Bs. 4.272 millardos; estimaciones no oficiales ubican para el segundo trimestre un nuevo incremento para el saldo de estos instrumentos, en torno a Bs. 300 millardos. Debe señalarse que el aumento de la deuda interna ha sido parcialmente compensado por la disminución de la deuda externa de la República, en el período señalado, habiéndose ubicado al cierre del primer trimestre en $ 21.236 millones, o $ 1.650 millones por debajo del saldo al cierre de marzo de 1999; mostrando, no obstante, un leve incremento de $ 93 millones respecto al cierre de 1999. Domingo Fontiveros/ La coyuntura económica venezolana 257 El programa de endeudamiento interno, a pesar de su intensidad, se ha cumplido en un contexto de tasas de interés moderamente declinantes en el mercado monetario. Ello se explica por la expansión de la oferta monetaria de origen fiscal, el progresivo rescate al vencimiento de los Títulos de Estabilización Monetaria, proceso éste que ha servido para reinyectar liquidez adicional al mercado, la relativa debilidad de la demanda de crédito por parte del sector privado, que responde al ritmo de la actividad económica, y al descenso continuado de la tasa de inflación, entre otros factores. Aún así, el endeudamiento interno a mediano plazo (entre 1 y 3 años) se ha contratado a tasas promedio en torno al 22% anual, superior al costo promedio de la deuda externa pública, lo cual obviamente supone un servicio por intereses más oneroso hacia el futuro. Aunque no se dispone aún de mediciones oficiales, puede inferirse que la expansión del gasto fiscal ha conducido a un aumento de la demanda del sector público, concentrada hasta ahora, según algunos indicadores parciales, en el gasto de consumo. Este estímulo de demanda por vía fiscal permitió un crecimiento del PIB no petrolero de 0,9% en el primer trimestre de este año, comparado con igual lapso del año anterior, según reporta el Banco Central. Aunque es un resultado modesto y preliminar, adquiere una importancia especial ya que constituye el primer signo de una reversión de la tendencia contractiva registrada para el PIB a lo largo de los seis trimestres anteriores. Todavía no se dispone de estadísticas específicas para el segundo trimestre, pero la continuación del proceso de expansión fiscal y la recuperación del crédito bancario en este lapso, hacen suponer que la recuperación del PIB no petrolero puede haber continuado en la segunda mitad del período analizado, aunque dentro de márgenes igualmente moderados. A pesar de que se trata de un período relativamente corto para que el análisis conduzca a conclusiones definitivas, el comportamiento sectorial del crecimiento del primer trimestre muestra un perfil que llama la atención por dos razones básicas. En primer lugar, porque deja en evidencia una alta asimetría entre sectores, con rangos de variación que van desde +20,8% hasta – 16,5%, lo cual inidica que la recuperación estuvo lejos de ser generalizada; en segundo lugar, porque está concentrado en los sectores productores de servicios, mientras que los sectores productores de bienes acusan rezago, en algunos casos importantes, lo cual es indicativo de una fragilidad implícita en la recuperación. El caso positivo más excepcional es la expansión del sector de comunicaciones (20,8%), la cual, vista en perspectiva, repite a grandes rasgos la tendencia sostenida durante numerosos trimestres anteriores por esta actividad. Ello revela que este comportamiento responde más estrictamente al desarrollo en Venezuela de innovaciones tecnológicas propias de este sector que se están registrando a nivel mundial, por lo que debe calificarse en gran medida como un fenómeno autóno- Domingo Fontiveros/ La coyuntura económica venezolana 258 mo respecto al curso de la coyuntura económica general. Es, en todo caso, ilustrativa del potencial expansivo que puede alcanzar un sector en particular, impulsado por el aprovechamiento de innovaciones tecnológicas que se adaptan a las necesidades del mercado en un marco de relativa apertura y claridad regulatoria. Del resto de los sectores, los que acusan mayor expansión son el comercio y el transporte (4,5% y 2,1% respectivamente), hecho éste que puede vincularse a la significativa expansión de las importaciones en el período (17,8% respecto al mismo trimestre de 1999), entre otros factores. Como era de esperarse, por lo ya expuesto al referirnos a la gestión fiscal, el sector gobierno mostró asimismo un incremento del 3,5%. En los sectores productores de bienes, por el contrario, o se registró una expansión más débil, como el caso de la manufactura (1,4%), o persistió la contracción económica, como en los casos de la minería (-3%) y la construcción (-16,5%). La actividad del sector petrolero, que presenta una contracción del 2%, traduce una reducción exógena en el ritmo de producción, según lo acordado por el gobierno venezolano en el seno de la OPEP, y completa el cuadro de una recuperación general del PIB de la economía en su conjunto de un 0,3% para el período. El perfil de comportamiento del PIB de la economía no petrolera de este primer trimestre, tal como queda traducido por las estadísticas de crecimiento sectorial, repite en varios rasgos al de anteriores fases de recuperación, en que la locomotora del crecimiento ha sido una función asumida por el gobierno a través del gasto público, tiene lugar en condiciones de bonanza petrolera, que ofrecen una base financiera para la expansión fiscal, y de apreciación del tipo de cambio real, que mueve la estructura de precios relativos en sentido adverso para los sectores productores de bienes transables no petroleros. Este patrón de crecimiento siempre ha tenido como principal vulnerabilidad su estrecha dependencia respecto al signo de la coyuntura petrolera-fiscal y aunque todavía es temprano para lecturas más definitivas de la evolución sectorial de la expansión, los signos observados ya contienen una señal de alerta. Hará falta nueva y más rica información sobre el comportamiento de las variables reales correspondiente a fases superiores de la aparente recuperación para realizar evaluaciones más completas de una dinámica, que a pesar de sus parecidos con anteriores situaciones, presenta algunos elementos aparentemente sorpresivos. Como un ejemplo de ello puede citarse el incremento del 33,2% en las exportaciones no petroleras durante el primer trimestre, que contradice en principio la estadísticamente visible tendencia a la apreciación del tipo de cambio real. Otro comportamiento aparentemente contradictorio se encuentra en la evolución de los agregados monetarios. Mientras el signo de la dinámica petrolera y fiscal Domingo Fontiveros/ La coyuntura económica venezolana 259 debería estar generando una expansión monetaria de consideración a lo largo de este semestre, las informaciones estadísticas señalan lo contrario. Debe recordarse, para ubicar este comportamiento en perspectiva, que a fines de 1999 tuvo lugar una fuerte expansión de todos los agregados monetarios, con lo que se reaprovisionó a la economía de medios de pago, previniendo lo que de otra forma hubiera resultado en una severa escasez. En el último bimestre de ese año, se registró un incremento de 33,9% en la base monetaria, de 25,9% en M1 y de 16,5% en M2. A partir de entonces, y especialmente durante el segundo trimestre del año corriente, esta expansión ha dado muestras de una progresiva desaceleración, que ha llevado a una contracción durante lo transcurrido del año hasta mayo último, de 14,8% en la base monetaria, de 8% en M1 y de 0,5% en M2. Estos registros son indicativos de un descenso de la demanda de dinero, muy inusual en circunstancias de bonanza petrolera y de recuperación económica. Como explicación parcial de esta desaceleración monetaria, es necesario señalar el resurgimiento de saldos adversos en el movimiento de capitales entre Venezuela y el resto del mundo, ya en forma importante a partir del tercer trimestre de 1999 y que ha continuado, según las estadísticas oficiales, en el primero del año en curso. En efecto, la amortización neta de deuda externa, la insuficiente afluencia de inversión extranjera, y especialmente la salida de capitales, entre otros factores, han provocado que el saldo de la cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos haya mostrado un signo negativo de $ 1.295 millones en este primer trimestre, que al ser sumado al también negativo de los dos trimestres anteriores, alcanza a los $ 5.844 millones; para el segundo trimestre de este año, aunque no se dispone de información directa, es factible que esta tendencia se haya repetido, según puede deducirse del comportamiento observado para las reservas internacionales y las exportaciones petroleras. Esta situación vuelve a colocar al país como un exportador neto de capitales, en contradicción con el déficit existente en materia de formación de capital, y se agrava al tomar también en consideración los saldos negativos por concepto de errores y omisiones ($ 1.295 millones en el primer trimestre, y $ 2.696 millones en los dos anteriores) ya que una parte al menos de estos resultados es atribuible a movimientos adversos de capital no registrados estadísticamente. El resurgimiento de este factor de filtración del ahorro, que tantas veces en el pasado ha reflejado un bajo grado de credibilidad de los agentes económicos en las posibilidades ofrecidas por el conjunto de políticas económicas respecto a un crecimiento sostenido hacia el futuro, reviste nuevamente un carácter de alerta para el curso de los planes económicos oficiales. Igualmente es sintomático del efecto que provoca el movimiento descendente de los rendimientos a corto plazo ofrecidos por colocaciones en el mercado financiero interno respecto a las alter- Domingo Fontiveros/ La coyuntura económica venezolana 260 nativas de inversión en otras monedas. En efecto, el descenso ya mencionado de las tasas de interés en el mercado nacional, tanto para operaciones activas como pasivas, ha coincidido con un movimiento en sentido contrario en las tasas de interés en el exterior, especialmente en el mercado norteamericano. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por reducir la tasa de devaluación esperada, concentrados en una menor depreciación efectiva del tipo de cambio y en la acumulación de activos internacionales en el Banco Central y el FIEM, el sentido de los movimientos de capital sigue estando afectado por otros factores. En síntesis, la coyuntura económica presenta una mezcla de signos alentadores y señales de alerta que en conjunto deben ser objeto de un análisis cuidadoso para la orientación de la política económica en el futuro. El gasto público, que muestra hasta ahora ser el principal motor reactivador, tiene una limitada capacidad de sostener el crecimiento en el mediano y largo plazos, y está ratificando ahora que su efecto multiplicador en lo inmediato continúa una tendencia al debilitamiento, ya observada a lo largo de varios lustros anteriores. La concentración hasta ahora del crecimiento en los sectores proveedores de servicios representa otro alerta temprano, sujeto a confirmación en trimestres sucesivos, sobre los obstáculos de diverso tipo que enfrentan la industria, la agricultura y la minería para responder a simples políticas de demanda y la necesidad de recurrir con preferencia a políticas de oferta. El movimiento adverso de capitales es sintómatico, por su parte, de una política monetaria que concede prioridad al abaratamiento de los préstamos por encima de una atractiva remuneración al ahorro, y de una política cambiaria que no termina de ser convincente para el mediano plazo, a los ojos analíticos de agentes económicos nacionales y extranjeros. En este contexto, el signo de una débil recuperación del PIB, basada principalmente en la expansión del gasto fiscal, apenas podría significar un punto de inflexión en la tendencia contractiva arrastrada desde 1998, si no es conducente a un incremento sostenible de los flujos de formación de capital en el futuro. Caracas, julio 2000 Indicadores Indicadores económicos Indicadores económicos 263 INDICADORES ECONÓMICOS Trimestres I ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRECIOS I.1 Producto Interno Bruto (*) a precios de 1984 (Variación % Puntual) (1) Total Petrolero (2) No Petrolero Derechos de importación I.2 Índices de producción física de algunas actividades (Variación % Trimestral) Cemento (3) Vehículos (4) Pasajeros Rústicos Carga Buses y minibuses Hierro Acero Aluminio Energía eléctrica I.3 Producción Petrolera (Miles de barriles diarios promedio) Crudos Refinados (5) Orimulsión (Miles de Toneladas Métricas) I 00 IV 99 III 99 II 99 0.3 (2.0) 0.9 11.4 (4.5) (6.8) (3.5) (5.8) (5.9) (8.0) (4.7) (15.3) (8.9) (6.2) (9.5) (19.5) 21.14 (*) (30.38) (*) 8.88 (7.08) (*) (*) (*) (*) 5.74 (*) 5.79 (*) 5.76 (*) 5.80 (*) (5.54) (5.56) (5.54) (5.54) (1.98) (1.98) (2.08) (2.00) 15.23 (*) (0.89) (*) (2.84) (*) (4.10) (*) 37.70 (*) (2.71) (*) (0.79) (*) 1.19 (*) (2.28) 14.54 (2.46) 1.07 (7.91) 12.04 4.47 4.39 2,966 1,143 1,491 2,809 1,110 1,245 2,782 1,100 1,261 2,973 1,125 1,251 185.7 (*) 169.7 (*) 164.6 (*) 162.1 (*) 188.3 (*) 236.6 (*) 186.9 (*) 246.0 (*) 165.9 (*) 201.1 (*) 161.7 (*) 263.6 (*) 206.6 (*) 165.6 (*) 178.7 164.1 160.9 159.5 181.1 208.1 182.1 233.5 154.7 197.2 158.1 261.6 202.4 159.7 171.5 155.7 156.6 153.4 174.7 202.3 176.1 219.3 147.2 195.4 154.5 252.5 191.6 153.6 163.9 156.0 154.6 147.5 165.0 190.4 170.0 203.9 143.1 192.5 150.7 198.0 184.1 148.5 (10.58) (10.73) (10.71) (10.57) I.4 Precios I.4.I Índices Al Consumidor (Base 1997 = 100) General Alimentos y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco Vestido y calzado Alquiler de vivienda Servicios de vivienda excepto teléfono Equipamiento del hogar Salud Transporte Comunicaciones Esparcimiento y cultura Servicios de educación Restaurantes y hoteles Bienes y servicios directos Continúa Indicadores económicos 264 INDICADORES ECONÓMICOS Trimestres Continuación Al Mayor (6) (Base 1984 = 100) General Productos nacionales Productos importados Al Productor (6) (Base 1997 = 100) Manufactura privada Insumos de la construcción (6) (Base 1984 =100) Productor Mayorista I.4.2 (Variación Interanual %) Al Consumidor General Al Mayor General I 00 IV 99 III 99 II 99 13,775.1 14,909.6 10,949.3 13,233.8 14,273.6 10,646.4 12,669.7 13,572.5 10,429.7 12,488.8 13,368.1 10,307.0 147.2 143.1 140.3 137.5 11,008.2 12,510.5 10,538.7 11,998.3 10,240.0 11,643.5 10,079.0 11,371.5 18.2(*) 20.1 22.2 23.9 14.2 13.0 13.1 18.2 4,349,659 5,641,991 (*) 12,515,720 (*) 4,909,822 6,096,162* 12,740,836* 3,532,296 4,628,409* 10,606,081* 3,489,402 4,444,844 10,425,769 27.21 3.92 16.03 - 28.37 4.83 16.61 8.67 29.39 5.11 13.69 11.50 29.72 7.86 21.45 21.50 6,263,702 2,910,337 4,635,646 2,769,380 1,844,108 6,219,954 2,297,079 4,455,337 2,431,208 1,879,152 5,659,475 2,283,676 3,861,779 2,451,068 1,679,153 5,590,942 2,853,902 3,791,806 2,474,309 1,714,793 5,495.94 8,913.33 5,062.48 5,418.01 9,098.01 4,846.63 5,803.78 8,485.51 5,343.12 5,367.41 8,453.61 4,968.78 188.00 2,831.00 205.00 2,300.00 250.50 2,450.00 237.50 2,350.00 II MONETARIOS Y FINANCIEROS II.1 Agregados monetarios (Millones de Bs. al cierre del período) Base monetaria M1 M2 II.2 Tasas de interés % Seis principales Bancos Comerciales y Universales Préstamos Depósitos de ahorro Depósitos a plazo a 90 días Instrumentos emitidos por el BCV II.3 Banca comercial y universal (Millones de Bs. al cierre del período) Cartera de créditos Inversiones Depósitos a la vista Depósitos a plazo Capital y reservas II.4 Indicadores bursátiles (Al cierre del período) Índice general Financiero Industrial Precios de algunas acciones (Bs.) (7) Electricidad de Caracas Cantv (8) Continúa Indicadores económicos 265 INDICADORES ECONÓMICOS Trimestres Continuación I 00 IV 99 III 99 II 99 III SECTOR EXTERNO III.1 Balanza comercial (Saldo en Bienes) (9) (*) (Millones de US$) Saldo Exportaciones FOB Importaciones FOB 4,375 7,633 (3,258) 3,829 6,636 (2,807) 3,213 5,992 (2,779) 1,358 4,757 (3,399) III.2 Cuenta capital y Financiera (9) (*) (Millones de US$) Inversión directa Inversión de cartera Otras Inversiones Activos Pasivos (1,479) 591 284 (2,354) (1,947) (407) (1,270) 534 (129) (1,675) (1,501) (174) (1,616) 442 89 (2,147) (2,159) 12 358 539 1,471 (1,652) (1,224) (428) III.3 Reservas internacionales brutas (Millones de US$ al cierre del período) Banco Central de Venezuela Fondo de Inversiones de Venezuela Fiem (10) 16,857 14,419 732 1,706 16,022 15,164 643 215 14,752 13,989 763 0 15,158 14,357 801 0 III.4 Tipo de cambio de cierre (11) (Bs / US$) Compra Venta 669.00 670.00 647.25 648.25 627.00 628.00 605.00 606.00 Notas: (-) Dato no disponible (*) Cifras provisionales * Cifras rectificadas (1) Total del trimestre “n” del año t / Total del mismo trimestre “n” del año t-1 (2) A partir del I Trimestre de 1999, se incorporó el registro de la actividad petrolera privada. (3) A partir de septiembre de 1994, las estimaciones provienen del sistema de encuestas realizadas por el BCV en el sector manufacturero privado. (4) A partir de enero de 1999, los índices se obtienen aplicando las variaciones del índice de volumen de producción de la rama a cinco (5) dígitos. (5) Excluye mermas y consumo propio. (6) Incluye el impuesto general a las ventas (7) Corresponde al precio de cierre de cada trimestre (8) Comenzó a cotizar sus acciones a partir del 22/11/96. (9) Elaborada según los lineamientos de la V edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI (10) Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica. (11) La información se refiere al último día hábil del período y corresponde a la cotización utilizada para la liquidación de las operaciones cambiarias, establecidas por el BCV con dos días hábiles de anticipación a la fecha indicada. Información vigente al día 06/06/00. Autoridades Diego Luis Castellanos E. Presidente Manuel Lago Rodríguez Armando León Rojas Domingo Maza Zavala Jorge Giordani (Representante del Ejecutivo Nacional) Administración Diego Luis Castellanos E. Presidente Gastón Parra Luzardo Primer Vicepresidente Eddy Reyes Torres Segundo Vicepresidente