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Otro Futuro es posible
Documento de Trabajo preparatorio al seminario del 9 y 10 de Mayo 2012 que reúne las
propuestas de los textos elaborados por los Grupos Temáticos del Foro Social Temático en Porto
Alegre, 24-29 Enero de 2012
Plan del Documento de Trabajo
1. Introducción: Vamos a reinventar el mundo en Rio+20
I. Fundamentos éticos, filosóficos y culturales
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2. Introducción: Subjetividad, dominación y emancipacíon
3. Los fundamentos para una nueva civilización
4. La educación que queremos y la complejidad del presente
5. El conocimiento científico debe ser un bien común
6. Afirmar los conocimientos ancestrales de los pueblos Indígenas
7. [Cultura]
II. Derechos, pueblos, territorios y defensa de la Madre Tierra
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8. Introducción
9. Los derechos de la Madre Tierra abren el camino hacia una nueva civilización
10. [Clima]
11. Afianzar las luchas por los derechos colectivos
12. Recuperar el derecho al agua y a su uso sustentable y equitativo
13. La salud es un derecho y no puede ser fuente de lucro
14. Hacer de las ciudades actores organizados de lo local a lo global
15. Los emigrantes deben ser ciudadanos del siglo 21
III. Producción, distribución y consumo:
acceso a la riqueza, comunes y economía de transición
 16. Introducción: la crisis del capitalismo es una crisis de civilización
 17. La Economía Verde constituye el intento de relanzar una nueva fase de expansión
capitalista
 18. El extractivismo representa una nueva forma de colonización y dependencia
 19. La transición energética sustentable es urgente y es posible
 20. [Transportes]
 21. Promover la agricultura y la pesca sustentable, social y solidaria
 22. Por un consumo responsable, justo y sustentable
 23. [Trabajo]
 24. La transición para una economía justa, sustentable y solidaria
 25. Comunes: hacia otra lógica económica, social y cultural
IV. Sujetos políticos, arquitectura del poder y democracia
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26. [Introducción]
27. [Sujetos políticos y democracia]
28. Las organizaciones y redes de la sociedad civil
29. Por una nueva Gobernanza Mundial y una Arquitectura del poder justa y democrática
30. [Conclusión]
1. Introducción: Vamos a reinventar el mundo en Rio+20”
El momento político propiciado por la Cumbre Rio+20 constituye una oportunidad única para
visibilizar las profundas y múltiples transformaciones que atraviesan nuestras sociedades e hilvanar
los diversos lineamientos y propuestas que apuntan a la necesaria tarea de “reinventar el mundo”,
pensada como tarea histórica, inédita e ineludible de transición hacía un mundo justo y
sustentable. El intento legítimo de influir en la actuación de las negociaciones internacionales
como la de Rio+20 – marcadas por la negligencia de principios previamente acordados en Rio 92 y
por la debilidad de los acuerdos internacionales negociados en los últimos años – no nos debe
ilusionar de que ello pueda relanzar un ciclo virtuoso de compromisos significativos para enfrentar
los profundos problemas que enfrentan la humanidad. En el fondo, los pueblos y la comunidad
mundial requieren la construcción de un nuevo paradigma de organización social, económica y
política, capaz de avanzar en la justicia social y dar continuidad al destino de la humanidad y
sustentabilidad a la vida y al planeta.
La geopolítica global ha ido cambiando de forma rápida y contundente, distanciándose de la
permanencia de las estructuras de poder e de las ideologías vigentes. Por un lado, los países ricos
están siendo golpeados por la crisis económica surgida en 2008 y entran en un periodo prolongado
de la estagnación, al mismo tiempo que las corporaciones y los especuladores siguen acumulando
ganancias, mientras la mayoría de la población enfrenta políticas de austeridad y de desempleo,
aumento de las desigualdades y fortalecimiento de las corrientes conservadoras e xenofóbicas. Por
otro lado, los grandes países “emergentes” continúan expandiendo sus economías en el marco del
capitalismo global, estimulado por el constante crecimiento de China y de otros bloques, donde
cientos de millones de personas se adentran en la sociedad de consumo de masa, consumiendo
cada vez más recursos naturales y buscando alcanzar el modo de vida que el capitalismo occidental
exportó como ideal de felicidad. No obstante la mejora en la condición de vida de millones de
personas en Asia y en América Latina, la expansión económica se realiza profundizando
desigualdad y concentración de ingresos, precariedad del trabajo y de servicios sociales y deterioro
ambiental. Todos estos procesos repercuten fuertemente en la crisis ambiental global y
profundizan las desigualdades sociales, por lo que generan nuevas crisis humanitarias.
En definitiva, cuatro años después de la peor crisis económica mundial desde la del 1929 con la
enorme alza de los precios de los commodities y de los alimentos y de que el Panel
Intergubernamental sobre Cambios Climáticos hubiera advertido sobre la necesidad de una
urgente transición hacia una economía de bajo carbono, la gran mayoría de los problemas se
arrastran sin perspectivas de solución. Sin disponer de otro paradigma de civilización que los
confronte, los grupos dominantes tratan de seducir con ilusorias promesas de que todos los
problemas serán resueltos con innovaciones tecnológicas y de corromper la democracia por el
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poder del dinero, hasta incluso suprimirla para que no pueda surgir ninguna amenaza; ahora
golpes de estado son dados directamente por los mercados.
Los pueblos, las ciudadanas y los ciudadanos indignados han inventado estos últimos tiempos
formas y respuestas inéditas en varias partes del mundo para rebelarse contra esta situación.
Durante 2011, presenciamos un nivel inhabitual de surgimiento de movimientos sociales y de
desencadenamiento vigoroso de luchas populares capaces de cambiar algunos marcos políticos
nacionales y regionales. Estas dinámicas de fuerzas antisistémicas aún se encuentran
fragmentadas, heterogéneas y desarticuladas, no sólo entre los continentes sino también entre
países de una misma región. Sin embargo el cuestionamiento profundo que provocan sobre la
arquitectura del poder y los fundamentos sociales, muestran claramente una ruptura con el pasado
y una necesidad de modificar profundamente los sistemas económicos, sociales, culturales y
políticos vigentes.
Entendemos que estas perspectivas de transformaciones sólo se pueden empujar con lineamientos
comunes y desde los más variados actores sociales: redes y organizaciones no gubernamentales,
movimientos sociales, ambientalistas, trabajadores/as rurales y urbanos, mujeres, juventud,
movimientos populares, pueblos originarios, etnias discriminadas, emprendedores de la economía
solidaria... etc., partiendo de la multitud de innovaciones y de experiencias de luchas, y también de
la constatación de que ya existen condiciones materiales y tecnológicas para que se establezcan
nuevas formas de producción, consumo y organización política.
Por más desmoralizadas o amenazadas que estén las negociaciones en el marco de la ONU, la
Cumbre Rio+20 ofrece la oportunidad para que los pueblos y las sociedades civiles se encuentren y
planteen sus propuestas, con el horizonte esperanzador de hacer advenir un futuro diferente al
callejón sin salida en el que la crisis del capitalismo encierra a la humanidad y al planeta en estos
albores del siglo 21.
Nos propusimos avanzar en esta tarea de articular rupturas, lineamientos y propuestas en torno a
cuatro ejes interdependientes entre sí:
I. Fundamentos éticos y filosóficos
II. Derechos, pueblos, territorios y defensa de la Madre Tierra
III. Producción, distribución y consumo: acceso a la riqueza, bienes comunes y economía de
transición
IV. Sujetos políticos, arquitectura del poder y democracia.
Presentamos a continuación las distintas propuestas en relación con cada uno de estos ejes
temáticos.
Las propuestas que siguen, originadas en distintos grupos temáticos, no constituyen un programa
exhaustivo y deben ser complementadas por los informes de las discusiones y por los documentos
completos de los grupos. Ciertamente, precisan ser profundizadas. Pero esta consolidación tiene
como objetivo principal presentar líneas de fuerza coherentes con un paradigma alternativo de
civilización, distinto al vigente sobre la globalización neoliberal; quiere presentar el horizonte de
una economía, sociedad, política y cultura que aún no existen ni se encuentran desarrollados, pero
que están presentes en movimientos ya existentes, como intentos de querer vislumbrar otro
mundo posible capaz de captar lo imaginario, movilizar las energías, impulsar las luchas, estimular
las convergencias.
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I. Fundamentos éticos, filosóficos y culturales
2. Introducción: subjetividad, dominación y emancipación
Las luchas sociales y a las grandes disputas políticas habían permitido, en los tiempos recientes,
responder a los desafíos planteados por los grandes dilemas sociales. Pero esta visión, que orientó
a casi la totalidad de las movilizaciones progresistas de la historia, no basta. El capitalismo es
mucho más que un modo de producción, es una lógica social y política que se irradia por todo el
cuerpo social, es una forma totalizante de civilización, con enorme capacidad de multiplicación. El
sistema socioeconómico vigente está, no sólo estructurado a partir de instituciones y de centros de
poder, sino también internalizado en buena parte de las poblaciones como dominación, ideología o
lo que varios filósofos ya llamaron “servidumbre voluntaria”.
La idea de emancipación, liberación, eliminación de todas las formas de explotación y opresión es
el objetivo perseguido por los movimientos progresistas, socialistas o de izquierda a través de los
últimos siglos. Pero, retomar hoy estos objetivos requiere mucho más que reavivar los ideales de
“libertad, igualdad y fraternidad” o de eliminación de la explotación del trabajo por el capital. Exige
cuestionar las bases sobre las cuales se constituyó la modernidad y la dominación europea del
mundo, exige una revolución mental que sacuda la infra-estructura intelectual compartida no sólo
por las elites capitalistas, sino también por buena parte de los movimientos que intentan
combatirlas.
Pero para lograrlo, precisamos cambiar nosotros mismos: las instituciones se traducen en los
individuos y son ellos los que hacen posible el funcionamiento de estas estructuras. No es posible
emprender la transición que la humanidad y el planeta exigen manteniendo el consumismo como
ideal de felicidad y un modo de vida basado en la competencia, en el egoismo, en el productivismo
y en la destrucción de los flujos vitales para la vida en el planeta. Los “educadores” también deben
ser educados y la pedagogía para este fin es su actividad práctica en luchas reales, masivas y
ejemplares.
Múltiples dimensiones de lo que puede y debe ser una nueva subjetividad se han estado forjando
en estas luchas anti-sistémicas y deben ser sistematizadas coherentemente si queremos presentar
una alternativa dotada de credibilidad. Deben ser debatidas y sistematizadas como valores, formas
de conocimientos, visiones de mundo y cultura contra-hegemónica.
3. Los fundamentos para una nueva civilización
Pensar las bases de una nueva civilización y el largo proceso de desarme y reconstrucción social de
la cultura, de la economía y del poder que esto implica se vuelve un imperativo ético para la
humanidad. La vida, toda forma de vida, tiene el derecho fundamental de existir, así como los
complejos sistemas ecológicos que integran el planeta Tierra. Se trata por eso de desarticular los
supuestos del pensamiento y de la acción que ya se han convertido en parte del sentido común y
que, por eso mismo, son pilares de la civilización capitalista industrial, productivista, consumista y
excluyente que organiza la sociedad. Necesitamos recomponer los fundamentos filosóficos y éticos
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de la civilización humana para que la sustentabilidad de todos - sin exclusiones, intra ni
intergeneracionales - y de toda la vida, pasen a ser la regla y no la excepción.
Un elemento central reside en que la civilización humana tiene que renunciar al antropocentrismo,
como filosofía, ética y religión, y cambiar radicalmente su visión y su relación con la naturaleza,
privilegiando una ética de la Integridad de la Vida y del Planeta. Esto implica desactivar la
acumulación de riqueza material actual y el mito del desarrollo y del crecimiento desenfrenado. A
su vez plantea una cuestión ética central: ¿cómo abandonar valores y un estilo de vida del “tener
más”, para dar lugar al “ser más”, más feliz, más consciente de las responsabilidades de regenerar
la integridad de la base natural, compartiéndola entre todos y con las generaciones futuras?
La realidad muestra que se hace imposible pensar en la sustentabilidad sin el principio y el valor
ético del cuidado, de la convivencia y del compartir. Sin cuidado, se llevó a cabo la empresa colonial
de la conquista de pueblos y de sus territorios, se colonizó la atmósfera por las emisiones de
carbono, se crearon semillas transgénicas, destruyendo la biodiversidad existente. Preservar la vida
y la biodiversidad es sinónimo de cuidar y, al mismo tiempo, de establecer condiciones para la
convivencia y el compartir. Tenemos que rescatar el cuidado como principio de desprivatización de
la familia y de la dominación machista que existe dentro de ella, erigiendo al mismo tiempo el
principio del cuidado como elemento central del poder y de la nueva economía. Esta última se
tiene que concebir en cuanto a una simbiosis de la vida humana con la naturaleza, a la importancia
de los territorios como forma de organizarse y compartir según las potencialidades del territorio
que ocupamos de lo local a lo global. La economía sustentable sólo es posible si se funda en este
cuidado, en el uso que no destruye ni genera basura, sino que renueva y regenera, prolongando la
vida útil de los bienes materiales.
La prioridad del cuidado remite a la aguda conciencia actual del imperativo de la equidad y de la
amenaza que representan la exclusión social, la pobreza y las distintas formas de desigualdad e
injusticia social en este contexto de crisis civilizatoria. Nunca la humanidad fue tan desigual como
en el contexto actual de la abundancia excluyente y de la insoportable miseria, y nunca esta verdad
de la lucha por la justicia y la igualdad fue tan evidente. Para enfrentarlas, es fundamental abordar
la destrucción ambiental y la injusticia que ella encierra. Ambas suceden en interrelación y
recalifican de manera radical las luchas sociales de nuestro tiempo. A esas dos caras de la relación
política de igualdad se refieren los derechos humanos, en tanto bienes comunes. Para gozar de
derechos es necesario, al mismo tiempo, ser responsables por el derecho de todos los demás. Se
trata de una relación compartida y, como tal, de co-responsabilidad, fundamentada en el
reconocimiento de la interdependencia ecológica y social de la vida y del planeta. Este tema es
esencial para integrar ya que la creciente toma de conciencia de los derechos y las
responsabilidades humanas, tanto en las sociedades como en relación con la biosfera, saca a la luz
la cuestión fundamental de la interdependencia del plano local y territorial con el planetario.
Una nueva civilización – que denominaremos aquí biocivilización, se tiene que sostener
complementariamente sobre una ética de paz, de la democracia y de diversidad cultural. Una
cultura vibrante es una cultura diversa, no la homogeneidad impuesta por la actual globalización
aplastante. A través de la cultura se gestan individualidades, como también a través de ella se
afirma la humanidad común y florece la diversidad cultural, condición para la existencia de la
humanidad en la interacción con la naturaleza. Es mediante la cultura diversificada, que valoriza el
potencial de la gente que la constituye, que es posible avizorar la sustentabilidad de la vida y del
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planeta. El imperialismo, los nacionalismos, las guerras y la violencia internalizada son los puntos
de apoyo de la civilización industrial productivista y consumista, que se alimenta de conquistas, de
explotación, de la desigualdad y la exclusión social a escala global y del uso intensivo de los
recursos naturales. La paz no es solamente un objetivo para la biocivilización, es una condición
ética y política estratégica, ineludible para una sustentabilidad que dé lugar a todas las formas de
vida.
Toda acción y sus fines se basan en la ética. Tanto la condición ineludible de la paz como la
democracia son el fermento transformador de lo que hoy tenemos en dirección a la biocivilización.
La democracia es guiada por los principios y valores éticos de la libertad, la igualdad, la diversidad,
la solidaridad y la participación, todos juntos y al mismo tiempo. El método democrático puede
transformar todo lo que se afirmó anteriormente como fundamentos civilizatorios en una utopía
posible, potenciando el surgimiento de una nueva arquitectura del poder desde lo local hasta lo
mundial.
4. La educación que queremos y la complejidad del presente
La crisis global es también una crisis de la educación - asumida como educación a lo largo de la vida
- de su contenido y su sentido, pues gradualmente ha dejado de concebírsele como un derecho
humano y se le ha convertido en el medio privilegiado para satisfacer las necesidades de los
mercados, demandantes de mano de obra para la producción y el consumo. No sólo se ha
claudicado en la formación de personas capaces de pensar los importantes problemas políticos,
ambientales, económicos y sociales de orden global, sino que además la Educación ha sido
despojada de su profundo contenido político y, particularmente, de su potencial para formar
ciudadanos y ciudadanas capaces de pensar un orden económico y social diferente en el que se
pueda superar el complejo de profundas crisis que vivimos, que se manifiestan en crecientes
desigualdades y discriminaciones y en la ausencia de dignidad y justicia.
Resulta fundamental repensar los fines y prácticas de la educación en el contexto de la disputa de
sentidos, caracterizado a la vez por la subordinación mayoritaria de las políticas públicas al
paradigma del capital humano, y en en sentido contrario, por la emergencia desde el movimiento
social, de paradigmas alternativos que buscan restituir el carácter de derecho y de proyecto ético y
político a la práctica educativa. En este sentido, es urgente rescatar la noción de Educación como
derecho humano, en sus dimensiones formal, no formal e informal, abrir su mirada a la
democratización de las sociedades para formar ciudadanías críticas, capaces de vincularse a
movimientos que reclamen una transformación del orden social, con miras a una mayor justicia
social y ambiental, con la intención de entender y discutir soluciones a los problemas de escala
planetaria.
El tema del desarrollo de una “subjetividad” crítica resulta un aspecto central en la construcción de
una pedagogía ciudadana en la actual coyuntura. Se trata de restablecer un sentido emancipador
de los procesos de empoderamiento, entendidos como el desarrollo de recursos de la comunidad
para hacer política, generar conocimientos, potenciar los saberes y aprendizajes que se producen
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en las luchas democráticas, y que precisan liderazgos inclusivos, organizaciones participativas,
alianzas con organizaciones democráticas de la sociedad civil y la permanente y necesaria
“ponderación radical-pragmática” (inédita-posible, diría Paulo Freire) en la definiciones de
acuerdos, consensos y asociatividad entre la diversidad de actores que participan de la política.
Todo esto implica un giro político y cognitivo, un cambio paradigmático en la manera de entender
la educación, una apertura a nuevos puntos de vista sobre los fines sociales, como los del buenvivir, el de los bienes comunes, el de la ética del cuidado, entre otros, sobre los cuales debe abrirse
un gran espacio de discusión y socialización en el camino hacia Río+20 y más allá, y afirmados en el
sentido de una educación para el cambio y la transformación personal y social.
Estos nuevos paradigmas y puntos de vista no sólo deben ser mapas para moverse en los nuevos
contextos, sino también hojas de contenido consecuentes con las finalidades que buscamos como
movimiento ciudadano capaz de involucrar a los distintos actores del proceso educativo, como los
trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, los y las estudiantes, los padres y las madres de
familia, y más ampliamente a todos y todas las ciudadanas que precisan y pugnan por un cambio
profundo en la educación, para generar un cambio radical en la sociedad hacia mayor justicia social
y ambiental. Todo ello es consistente con la concepción liberadora de la educación popular, que se
nutre de múltiples experiencias pedagógicas para formar otra ciudadanía.
El cambio paradigmático en educación, como condición para avanzar hacia sociedades
sustentables, con justicia social y ambiental, donde la economía sea un medio para ello y no un fin
en sí misma, debe suponer un cambio en los enfoques tecnicistas y economicistas de las políticas
educativas vigentes. Es preciso reivindicar el derecho a aprender “durante toda la vida”, consigna
que no debe entenderse como la expresión de un tipo de capacitación permanente para satisfacer
las necesidades de los mercados y los requerimientos de las viejas y nuevas industrias.
Este planteamiento, sobre la educación que queremos, parte de construir múltiples “educaciones”
en sus dimensiones formal, informal y no formal, para desarrollar capacidades humanas,
incluyendo las capacidades cognitivas, de empoderamiento y participación social, de convivir con
otros-as en la diversidad y la diferencia, de cuidar y planificar la propia vida, de convivir entre seres
humanos en armonía con el medio ambiente.
Una educación pertinente, relevante, transformadora, crítica, debe tener como fin máximo la
promoción de la dignidad humana y la justicia social y ambiental. La educación, derecho humano
promotor de los demás derechos, debe asumir a niños, niñas, jóvenes y personas adultas como
sujetos del derecho, promover la interculturalidad, la igualdad, la equidad de género, el nexo entre
ciudadanía y democracia, el cuidado y relación armónica con la naturaleza, la eliminación de toda
forma de discriminación, la promoción de la justicia y la construcción de una cultura de paz y de
resolución no violenta de los conflictos.
La educación que queremos, requiere promover estratégicamente una educación que contribuya a
una redistribución social de los conocimientos y del poder (tomando en cuenta el género, la razaetnia, la edad, la orientación sexual), que potencie el sentido de autonomía, solidaridad y
diversidad que expresan los nuevos movimientos sociales.
Se trata de promover una educación crítica y transformadora que respete los derechos humanos y
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los de toda la comunidad de vida a la que pertenece el ser humano, que promueva
específicamente el derecho a la participación ciudadana en los espacios de toma de decisión, como
por ejemplo la Conferencia de Río+20.
5. El conocimiento científico debe ser un bien común
En los veinte años posteriores a la Cumbre de la Tierra en 1992, se ha dado una de las explosiones
más grandes de innovaciones tecno-científicas en la historia de la humanidad. Se declaró la era de
la llamada Economía del Conocimiento mientras ha habido una devastación del conocimiento y
saberes indígenas y campesinos - sobre el territorio, suelos, clima, los ecosistemas, la
biodiversidad, agricultura sustentable– a tal grado que se puede decir que nuestra generación será
la primera en la historia de la humanidad que ha perdido más conocimiento del que ha ganado.
Aunque Río 92 llevó el principio de precaución y la necesidad de evaluar las tecnologías a la
discusión global, desde entonces se ha desmantelado las capacidades de monitorear tecnologías,
al tiempo que aumentaba la mercantilización de la ciencia, los frutos de las ciencia pública siendo
sistemáticamente patentados por corporaciones globales. Los países e industrias que causaron el
cambio climático anuncian ahora que se debe controlar el termostato global, manipulando el clima
con geoingeniería y extendiendo el control de las partes de la naturaleza con la llamada “economía
verde”.
En este panorama, la comunidad científica y tecnológica tiene un papel esencial para trabajar en la
conciencia pública sobre estos confinamientos de los comunes del conocimiento, y contra la
mercantilización de la ciencia y el conocimiento. Debemos rechazar toda forma de propiedad
intelectual sobre las formas de vida y afirmar que el conocimiento científico es parte de los
comunes de la humanidad, accesible para cada uno y cada una públicamente.
No cabe duda que el principio de precaución tiene que ser reafirmado para sacar la ciencia de las
manos del monopolio industrial, tratando de identificar y rechazar sus interpretaciones erradas y
extender su aplicación. El proceso Río+20 da la oportunidad de construir un mecanismo
participativo de evaluación previa, considerando las dimensiones social, ambiental, económica y
cultural de las tecnologías, para monitorear y debatir sobre las implicaciones y alternativas en
ciencia y tecnología. Las organizaciones sociales, particularmente los pueblos indígenas y los
campesinos, tiene que ser parte integral del monitoreo y de la evaluación de las nuevas
tecnologías, independientemente de los gobiernos. Debido al riesgo extremos y la potencialidad de
desestabilizar los sistemas planetarios, llamamos también a que Río+20 establezca una prohibición
contra la geoingeniería, de manera similar al Tratado de Prohibición completa de ensayos
nucleares.
6. Afirmar los conocimientos ancestrales de los pueblos Indígenas
Sabemos que los bosques y los territorios de los pueblos indígenas constituyen refugios de vida
gracias a sus efectivas barreras a la depredación extractivista. Los recursos genéticos de los
territorios indígenas y los conocimientos ancestrales forman el patrimonio natural e intelectual
colectivo indígena, conservado por milenios y transmitido de generación en generación. El acceso
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a estos conocimientos y a los recursos genéticos deben contemplar la participación justa y
equitativa en los beneficios, incluyendo los productos derivados, tanto de los recursos genéticos
como de los conocimientos tradicionales asociados. Por eso es indispensable cambiar las
legislaciones y políticas públicas para garantizar la demarcación de los territorios de los pueblos
indígenas y su titularidad colectiva como pueblos y también para respaldar, sin marginalizar las
estrategias de “Vida Plena”, distintas a las de la mercantilización de la naturaleza.
Queda claro que hay que cambiar el sistema para que no cambie el clima. Por esa misma razón,
existen crecientes contradicciones a nivel de las políticas globales y nacionales sobre los bosques,
donde al lado de declaraciones o planes “sustentables”, se profundizan la degradación por los
negocios mineros, energéticos, agrícolas, infraestructurales, de biopiratería y robo de los
conocimientos ancestrales. Reafirmamos que estos conocimientos ancestrales no se comercializan
y no pueden ser objeto de uso indebido y no autorizado para las reivindicaciones de patentes
biotecnológicas. Ellos están en el ámbito cultural de los pueblos indígenas, por lo que los estados y
los organismos internacionales (a través del Convenio sobre la Diversidad Biológica), deben
adoptar normativas jurídicas de protección legal de estos conocimientos. Por otra parte, debemos
consolidar el derecho de consulta previa y el consentimiento libre, vinculante e informado, para el
acceso a los recursos genéticos dentro de los territorios indígenas y los saberes tradicionales
asociados.
[7. Cultura: aún no incorporado]
II. Derechos, pueblos, territorio y defensa de la Madre-Tierra
8. Introducción
Los derechos están hoy una vez más amenazados. Desde tiempos inmemoriales los pueblos han
luchado por su dignidad, por la justicia, por la libertad. La historia de la humanidad está repleta de
hechos de lucha y resistencia donde mujeres y hombres han ofrecido hasta sus vidas por cuidar y
proteger aquello que es lo más preciado de la condición humana: su propia existencia, su sed
inagotable de continuar caminando en un viaje cuyo destino sigue siendo imprevisible y por ello
mismo irresistible. Los pueblos no sólo han cuidado sus vidas, han cuidado también los territorios,
los espacios que han habitado y han recorrido en movimientos migratorios milenarios. Por siglos,
las sociedades fueron dejando impresos Declaraciones, Manifiestos y Cartas que estamparon los
principios inalienables de dignidad, protección, seguridad, respeto mutuo, cuidado de la Madre
Tierra.
En esta fase de la historia, el mercado capitalista mundializado y su ideología neoliberal han
lanzado una nueva ofensiva contra los derechos, tanto los inscritos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, por ejemplo, como nuevos derechos que han emergido en esta época de
mundialización creciente, como los derechos de una relación armoniosa entre la humanidad y la
biosfera y los derechos de la Madre Tierra, derechos seculares, que los pueblos han logrado poner
en el primer plano del debate a nivel mundial.
Es por tanto indispensable continuar luchando de manera inclaudicable por los derechos, puesto
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que el neoliberalismo y sus nuevos avatares ideológicos, políticos, tecnológicos pueden hacer
retroceder la historia a tiempos de opresión que ponen en peligro la existencia misma de la vida y
el planeta.
9. Los derechos de la Madre Tierra abren el camino hacia una nueva
civilización
A lo largo de los siglos, nuestro modelo civilizatorio se ha distanciado gradualmente de los grandes
equilibrios naturales capaces de proteger y regenerar la Vida en el planeta. El mundo se ha vuelto
de forma irreversible una comunidad única de destino, interdependiente e interrelacionada,
mientras nuestra forma de habitarlo ha sido de profundizar el sometimiento y la destrucción de los
seres humanos y de la naturaleza, propulsado por la estructura positivista de las ciencias modernas
y la expansión capitalista. Este modelo nos ha impuesto una lógica de competencia y crecimiento
ilimitado, que ha separado al ser humano de la naturaleza según una lógica de dominación sobre
ésta. Los bordes vertiginosos donde este modelo hoy nos ha llevado, mostrando sus más tangibles
expresiones en el fenómeno del cambio climático, de los daños ambientales irreversibles, de la
desaparición de entre 20% y 30% de las especies, de huellas ecológicas de los países ricos 5 veces
superiores a las que se pueden tolerar, nos plantea una disyuntiva sin precedentes: continuar por
el camino del productivismo, de la depredación y de la muerte, o emprender el camino de otro
modelo civilizatorio sustentable, respetuoso de la vida y reconciliado con la naturaleza.
La tarea urgente, posible y necesaria de buscar otro camino civilizatorio en los albores del siglo XXI
es la de forjar un sistema capaz de pasar de un orden patriarcal y esclavista de la naturaleza,
fundado en una visión reduccionista y separatista de las relaciones entre la naturaleza y los seres
humanos, a un sistema capaz de restablecer las relaciones complejas y armoniosas entre estas,
integrándose en el ciclo amplio de la Madre Tierra. El primer paso de esta tarea es profundamente
filosófico: necesitamos renovar nuestra visión de la humanidad para situar las actividades humanas
dentro del contexto más amplio de la Vida y de la Madre Tierra. Como seres humanos, sólo somos
una parte de esta matriz interdependiente que nos da fuente de vida, nos integra y nos abre los
horizontes de un destino común planetario en relación indivisible, complementaria y espiritual con
los demás seres vivos. Cada ser, es decir cada ecosistema, cada comunidad natural, especie y otras
entidades naturales, se define por sus relaciones como parte integrante de la Madre Tierra. Está es
a la vez fuente de vida, alimento, enseñanza, y provee todo lo que necesitamos para un buen vivir,
justo y equilibrado.
El segundo paso para avanzar en un nuevo modelo civilizatorio reside en sentar las nuevas bases y
principios éticos capaces de orientar la inserción de las actividades humanas dentro y con el
sistema Madre Tierra. El proceso de Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático
y los Derechos de la Madre Tierra organizado en Bolivia en abril 2010 ha enunciado siete
lineamientos éticos: 1.armonía y equilibrio entre todos y con todo; 2.complementariedad,
solidaridad, y equidad; 3.bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de
todos en armonía con la Madre Tierra; 4.respeto a los derechos de la Madre Tierra y a los
derechos humanos; 5.reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene;
6.eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo; 7.paz entre los
Pueblos y con la Madre Tierra. Estos principios afirman que los bienes y servicios son requeridos
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para satisfacer las necesidades de su población pero suponen que los modos de producción de
estos bienes, que combinan entre sí medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de
desarrollo de capacidades, de patrones de producción y consumo, no pueden ser de desarrollo
destructivo ni ilimitado, a costa de otros Pueblos.
En el centro de estos principios, surge la ruptura de asumir de forma concreta e inmediata a la
Madre Tierra y los seres vivos como sujetos de derechos, sosteniendo que sólo puede haber
equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos. En efecto, en un sistema
interdependiente, no es posible reconocer derechos solamente a los seres humanos sin provocar
un desequilibrio en la Madre Tierra. Recíprocamente, para garantizar los derechos humanos es
necesario reconocer y defender los derechos de la Madre Tierra y de todos los seres que la
componen, los derechos de uno siendo limitados por los derechos de otros y los conflictos entre
los derechos abordado de manera que mantenga la integridad, equilibrio y salud de la Madre
Tierra. Así como los seres humanos tienen derechos, todos los demás seres de la Madre Tierra
también tienen derechos que son específicos a su condición existencial e evolutiva dentro de las
comunidades en los cuales existen: el derecho a la vida y a existir, a ser respetada, a la
regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales, a mantener su
identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados. Cada ser
tiene el derecho a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su funcionamiento armónico,
beneficiando de derechos fundamentales como el derecho al agua, al aire limpio, a la salud
integral, a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos, a no ser
alterado genéticamente y modificado en su estructura amenazando su integridad; a una
restauración plena y pronta por las violaciones causadas por las actividades humanas.
Reconocer estos nuevos lineamientos éticos subyacentes a los derechos de la Madre Tierra lleva
también a reconocer un conjunto de nuevas visiones y responsabilidades, vertebrándose desde el
nivel el más individual y subjetivo hasta el nivel de las instituciones internacionales y normas
regulatorias. Como seres humanos somos todos sujetos protagonistas para vivir en armonía con la
Madre Tierra y de la transición civilizatoria que implica. Por eso es necesario empoderarnos,
promover y participar en el aprendizaje, el análisis, la interpretación y comunicación sobre cómo
vivir en equilibrio con la Madre Tierra. En este sentido, llamamos a construir un movimiento
mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad
y respeto a la diversidad de origen de sus integrantes, constituyéndose en un espacio democrático
de coordinación de acciones a nivel mundial.
La responsabilidad de los nuevos sistemas económicos y regulatorios es determinante. Estos
últimos deben ser capaces de fortalecer los derechos y el respeto de todos los seres que
componen la Madre Tierra, cualquier sean sus propias culturas, tradiciones y costumbres. Por lo
tanto, abordar el bienestar humano, su medición y expresión en los sistemas económicos, significa
de forma inseparable abordar al bienestar de la Madre Tierra, ahora y para las generaciones
futuras. Es por eso que planteamos a los pueblos del mundo la revalorización de los
conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, afirmados en la
vivencia de un bienestar arraigado en el concepto de “Buen Vivir”. Asimismo, las economías deben
establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las actividades humanas
conduzcan a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos
ecológicos. Como corolario, deben garantizar que los daños causados por violaciones humanas de
los derechos inherentes a la Madre Tierra se rectifiquen y que los responsables rindan cuentas
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para restaurar la integridad y la salud de la Madre Tierra.
Todos estos principios aspiran a orientar la emergencia de un nuevo orden regulatorio de la vida
internacional mediante la creación de normas y leyes dentro de la esfera de los Estados, de todas
las instituciones públicas y privadas, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[10. Clima: aun no incorporado]
11. Afianzar las luchas por los derechos colectivos
Como permanente construcción sociocultural, los derechos humanos y ciudadanos se han
convertido en un campo de disputa, a nivel de su conceptualización, de sus contenidos, de su
práctica y de sus alcances. El predominio de una visión liberal occidental, con pretensión de
universalidad de los derechos, vistos sólo en relación a los derechos del individuo y no en su
relación con la sociedad, oscurece el hecho que los derechos humanos y ciudadanos son
elementos constitutivos de la política. Tal es así que considerar los derechos como universales en
su aplicación sin considerar el reconocimiento de la diferencia como dimensión inseparable de la
igualdad, acentúa la desigualdad y la exclusión, obviando las consecuencias políticas, subjetivas y
paradigmáticas de la diversidad. Desde esta perspectiva, los derechos individuales y los derechos
colectivos son parte de una visión integral y compleja de la disputa por la dignidad y el
reconocimiento. Asumir la diversidad de formas de vida, imaginarios y cosmovisiones es
fundamental no sólo para los múltiples protagonistas y actores sociales que están insistentemente
luchando por su reconocimiento, sino también porque nos permite deconstruir visiones
homogéneas sobre el estado, la nación, la democracia y la igualdad.
Entendemos que el derecho a la tierra y al territorio se construye y se reproduce colectivamente,
atravesando y estructurando el campo político. Es también un eje articulador que abre nuevas
dimensiones de derechos no considerados en la perspectiva tradicional, como lo son las
dimensiones étnicas raciales de los derechos, la dimensión del cuerpo como territorio. La lucha por
el territorio es la lucha por un derecho colectivo que confronta al actual modelo de desarrollo
capitalista extractivista y depredador de la naturaleza, en el marco de la globalización neoliberal.
Esta lucha considera también la dimensión de despatriarcalización, que confronta a la exclusión de
las mujeres. La tierra-territorio está ligada a las cosmovisiones de los pueblos originarios, a la
memoria, a la historia como pueblos ancestrales. Forma parte de una resistencia por la
sobrevivencia, como pueblo, como cultura, frente a la debacle ecológica a la que estamos
enfrentados. Es una lucha que tiene enorme significado para imaginar otros modelos de desarrollo,
en armonía con la naturaleza y en relación con otros múltiples derechos que están en el centro de
las demandas de los movimientos sociales: el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho al
agua, a una alimentación adecuada, al no uso de transgénicos, a un medio ambiente saludable, a
una vivienda digna, al trabajo, a la participación en los asuntos comunes, a la asociación y al
derecho a relaciones equitativas -sociales y sexuales- entre mujeres y hombres.
En la interdependencia entre los humanos con la naturaleza, se confronta la crisis ética que
vivimos y se generan las bases de una ética nueva, que es a la vez una fuente permanente de
derechos. Ello requiere perfilar nuevas dimensiones éticas donde el imperativo es no afectar la
vida del planeta, en el cual seres humanos y bienes comunes forman una unidad, y afirmar una
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ética compartida que debe tener raíces en las diferentes tradiciones culturales y religiosas. Es
necesario promover una ética del cuidado de los seres humanos y de sus relaciones alrededor de
los bienes comunes: el agua, la atmósfera; una ética de la justicia social, ambiental, ecológica,
sexual; una ética de igualdad en la diversidad, de derechos y responsabilidades. La responsabilidad
está en el centro de esta ética común y se expresa como reciprocidad y cuidado.
12. Recuperar el derecho al agua y a su uso sustentable y equitativo
En los últimos años, la crisis social y ecológica se ha ido acentuando, acrecentando las
preocupaciones por la falta de acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuadas según los
criterios reconocidos en la resolución de la ONU sobre el derecho al agua y saneamiento. La
comunidad internacional esta todavía muy lejos de alcanzar los objetivos definidos en las
directrices de Rio 92 en relación al acceso universal al agua. Es más, la escasez social del agua esta
amplificando las profundas desigualdades económicas sociales y culturales productos del sistema
económico dominante. Las alternativas de privatización de servicios de agua potable y
saneamiento que fueron presentados en los años noventa como solución para acelerar el acceso al
agua, se revelaron inadecuadas para tratar una cuestión que requiere inversiones públicas y
gestión basadas en el interés general, con controles sociales y democráticos.
En este contexto, tenemos que reafirmar nuestra lucha por el derecho al agua y contra la
privatización o apropiación indebida del agua en detrimento de su libre circulación para la
alimentación de los pueblos, de forma conjunta a la lucha por un ambiente sano y sustentable.
Promovemos la adopción de políticas publicas integradas a nivel local, nacional, regional e
internacional necesarias para garantizar la equidad de acceso y distribución, desde una ética de
preservación del recurso, de uso racional y de equidad social. El control social sobre el bien común
agua, en el sentido amplio, es un corolario de dichas políticas. En tal sentido denunciamos los
procesos de desalinización del agua de mar que no respetan el principio de precaución frente a
tecnologías ambientalmente insustentables.
Recordamos que el agua forma un bien común esencial para la vida, que se encuentra en el origen
de los sistemas culturales y éticos de los pueblos. Este aspecto fundamenta la promoción de una
cultura del agua que enfatice los valores éticos, los aspectos culturales y la cosmovisión de los
pueblos originarios y tradicionales. Creemos que la defensa del derecho al agua es un vector
fundamental para la unión de los movimientos sociales. Expresamos también nuestra
preocupación con los conflictos existentes y potenciales entre pueblos causados por el control del
agua en detrimento de los más desfavorecidos. Y reclamamos la ampliación de los conocimientos
sobre esta temática a través de las redes independientes de información y la educación ciudadana
en el seno de las sociedades civiles nacionales e internacionales, mediante campañas articuladas.
13. La salud es un derecho y no puede ser una fuente de lucro
En muchos países, los sistemas de salud se transforman a través de la privatización y de la
mercantilización, terminando agravando las desigualdades sociales internas que afectan a los
sectores los más vulnerables. A nivel mundial, la búsqueda constante de las ganancias de
productividad exacerbada por la crisis de los mercados financieros y de las multinacionales de
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salud y de medicamentos, ha servido de pretexto para avanzar en la destrucción de los sistemas
públicos de salud. Por lo tanto, se ha provocado una degradación del estado de salud en el trabajo
(la OIT indica 160 millones de casos nuevos de enfermedades profesionales cada año en el mundo)
y se esta gestando una crisis sistémica de la salud sin precedentes en todos los continentes.
Proponemos de avanzar sobre el concepto de un sistema de salud universal garantizando
accesibilidad y calidad sanitaria, en torno a tres principios:
 La construcción de una "salud sin fronteras", desde el ámbito de los sindicatos y
movimientos sociales, para ir hacia un sistema alternativo de protección social
internacional, basado en la existencia de derechos económicos, sociales, cívicos y políticos
inseparables.
 La búsqueda de una democracia sanitaria, promoviendo el control y una investigación
independiente y la determinación de las necesidades de salud por el pueblo y los
profesionales, con co-responsabilidad del estado.
 La promoción de una verdadera política de prevención de riesgos en la salud ocupacional,
adecuadas a condiciones legales y de trabajo para los profesionales de la salud, así como
una formación profesional que les permita asegurar la calidad de la atención y del
tratamiento.
14. Hacer de las ciudades actores organizados de lo local a lo global
En un mundo en rápida y creciente urbanización, la ciudad, junto con su entorno rural, constituye
una unidad básica de gestión social y un eslabón clave de articulación política. Cada ciudad
encuentra la necesidad de elaborar políticas integradas capaces de combinar diversas dimensiones
como la inclusión y lucha contra la pobreza, el saneamiento básico, la gestión de residuos sólidos,
el acceso a las políticas sociales, la construcción y movilidad sustentable, la seguridad, la educación
ambiental...etc. La multiplicidad de los poderes locales y los desafíos semejantes o
complementarios que enfrentan esta generando un proceso colaborativo planetario de territorios
y ciudades que se articulan en red para compartir experiencias y aprender mutuamente nuevos
modos de regulación y de gobernanza.
Para construir ciudades sustentables, hay que avanzar conjuntamente sobre cuatro ejes
estratégicos en estrecha resonancia con los cuatro ejes paradigmáticos que agrupan las propuestas
de este documento:
1. Permitir el surgimiento de las ciudades como nuevo actor organizado de lo local a lo local
 Fortalecer la representación de las autoridades locales en el conjunto del sistema
multilateral de decisión;
 Promover políticas de financiamiento descentralizado y derecho a los poderes locales para
proyectos de sustentabilidad;
 Incentivar la formación de sistemas integrados de ciudades, en las escalas nacional,
regional y municipal;
2. Construir las visiones, los mecanismos y las herramientas de información y de aprendizajes
 Reforzar un sistema facilitador de intercambio científico y tecnológico buscando el
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aprendizaje de las ciudades, unas con las otras, en la construcción de políticas de
sustentabilidad;
 Orientar la dinamización de políticas nacionales y regionales de formación de cuadros en
desarrollo local integrado y sustentable;
 Adoptar (y apoyar su implementación en escala mundial) sistemas locales de indicadores
sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales que midan la calidad de vida en las
ciudades, permitiendo a las poblaciones locales participar y evaluar las políticas de
sustentabilidad implementadas;
3. Hacer de las ciudades el territorio de nuevas articulaciones del poder, de ciudadanías y de
inclusión social
 Avanzar de políticas sectoriales de derecho a la vivienda para políticas de derecho a la
ciudad (“construir barrios y ciudades, y no apenas casas”), aliadas con la eliminación de la
pobreza, promoción de la inclusión social, disminución de las desigualdades, promoción de
la salud a través de prácticas de actividades físicas y deportivas e incentivo a la innovación
(tecnológica, de gestión y de gobernanza participativa en las ciudades).
 Promover la integración y articulación de políticas de habitación, saneamiento, movilidad,
adaptación al cambio climático, protección de fuentes de agua dulce, promoción del
desarrollo y del bien-estar humano;
 Fomentar la instalación de estructuras participativas de gobernanza metropolitanas y de
revitalización de los centros urbanos;
 Mejorar los mecanismos de financiamiento, subsidios y acuerdos institucionales para cubrir
déficits y garantizar la inclusión y acceso a ciudades saludables.
 Implementar políticas nacionales de regularización urbanística y de tierras, así como la
urbanización de favelas y otras formas de ocupaciones.
4. Potenciar las ciudades en su transición hacia una nueva economía inclusiva y sustentable
 Realizar la gestión estratégica de la ocupación del territorio buscando un uso sustentable de
los recursos naturales y garantía de calidad de vida para todos los seres humanos.
 Ampliar el tratamiento, disposición y reutilización de residuos industriales e inertes, con
atención especial en las ciudades con procesos acelerados de crecimiento y expansión y
residuos provenientes de las construcción civil;
 Desarrollar políticas para la substitución de la matriz energética basada en el petróleo,
incentivar la adopción de los combustibles más limpios, priorizar el transporte público en el
sistema viario de las ciudades y establecer límites de emisiones de contaminantes según la
Organización Mundial de la Salud.
15. Los migrantes deben ser ciudadanos del siglo 21
Los migrantes, mayoritariamente mujeres, son portadores del derecho de todos y todas a vivir,
transitar, residir y trabajar, dignamente en el planeta. Es por ello que es urgente afirmar que la
migración es consustancial al ser humano y que los muros no son sustentables. La globalización
neoliberal impone políticas migratorias que incluyen a algunos y excluyen a muchos. Ello revela un
conflicto de hecho cada vez más agudo y del cual los migrantes son el más evidente indicador.
Dicho conflicto se expresa entre el surgimiento del estado enmarcado en el interés nacional, por
un lado, y la búsqueda de una nueva soberanía a nivel mundial para lograr un mínimo e
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irrenunciable respeto de los derechos humanos para todos, por el otro. Los migrantes son un
indicador de este conflicto y de las necesidades de cambio para la humanidad en tiempos de
creciente vinculación de los pueblos y sociedades. Ellos evidencian la necesidad objetiva de
rediseñar las políticas migratorias como parte de los cambios urgentes de la gobernanza mundial,
lo cual implica enfrentar la tarea de superar el rezago institucional del estado y definir nuevos
criterios de identidad, pertenencia y ciudadanía.
Esta necesidad deviene más urgente aún puesto que la masiva compulsión migratoria, expresión
de fenómenos estructurales históricos, es manipulada por la corrupción de las instituciones
públicas y “la industria negra” de la migración, que según estimaciones variables, mueve entre
15.000 y 30.000 millones de dólares anuales (segundo mayor generador de dinero ilegal en el
mundo). Es el gran negocio de la desesperación humana, cuyas víctimas se estiman hasta en dos
millones de personas al año, basado en la búsqueda compulsiva del migrante de encontrar el país
de destino como única posibilidad de sobrevivir o mejorar su vida. Convertir las fronteras en
espacios de encuentro y humanización de los flujos e intercambios migratorios es la única
alternativa viable frente a crecientes amenazas a la seguridad y convivencia. Esta conversión de las
fronteras sólo puede tener sentido para el rediseño de la gobernanza si tiene como horizonte
programático la construcción gradual de grandes áreas geográficas culturales de libre circulación,
residencia y trabajo, es decir, de espacios de integración regional en grandes bloques de países.
Los migrantes, a pesar de las discriminaciones que sufren cotidianamente, ejercen una ciudadanía
ampliada en sus países de origen y destino. Son el prototipo de un “ciudadano regional”, como
realidad emergente y horizonte normativo en muchos de los espacios geográficos y culturales que
se han constituido en los últimos años. Los migrantes siguen siendo miembros de su sociedad de
origen y simultáneamente son también miembros de hecho de la sociedad de residencia. Se trata
de identidades y pertenencias que no dejan de ser unas para pasar a ser otras, sino que se suman,
agregan y amplían. Esta ampliación concreta de la ciudadanía a una doble pertenencia constituye
el fundamento potencial, viable, de una ciudadanía más amplia, regional y mundial. Es necesario
por tanto homologar y homogeneizar gradualmente las normativas y construir una
institucionalidad común a los países del espacio integrado, a partir de la diversidad de
instrumentos existentes, que haga efectiva la ciudadanía regional, reproduciendo este patrón en
todas las dimensiones de la ciudadanía que se hagan necesarias (formación y capacitación
profesional, validación de títulos, derechos políticos y laborales, etc.).
Aunque se afirmen los derechos laborales de los migrantes en el espacio regional, en los hechos se
generan violaciones cotidianas de sus derechos, debilitando el conjunto del sistema democrático, y
engendrando exclusiones y resentimientos que agravan la estabilidad social. Es por ello que se
debe permitir que los migrantes y sus familias puedan ejercer, en igualdad plena de condiciones y
oportunidades con la población local, todos los derechos y responsabilidades económicos y
sociales y puedan acceder a la salud, educación, vivienda, seguridad social, recreación sin
discriminaciones.
Para hacer de la migración una riqueza cultural para la humanidad, se requiere fortalecer las
capacidades pluri e interculturales y rechazar el racismo y la xenofobia como expresión de atraso
en la conciencia de la humanidad. En lo cotidiano, los flujos migratorios están dibujando un mundo
nuevo y de todos, cambiando de hecho la forma de pensar y vivir la cultura en una creciente pluri
identidad de la humanidad. Es por ello que debe generalizarse a todos los niveles y espacios de la
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sociedad, explícita e inequívocamente, que todas las formas de racismo e intolerancia cultural son
formas de degradación humana. Por ello, debe asumirse el principio de la “unidad en la diversidad”
como pilar fundamental en torno al cual las identidades particulares entren intactas al encuentro
de las otras.
III. Producción, distribución y consumo: acceso a la riqueza,
comunes y economía de transición
16. Introducción: la crisis del capitalismo es una crisis de civilización
La globalización económica y financiera de los últimos treinta años ha sometido a las sociedades a
las leyes de la competencia generalizada, de la propiedad privada y de la máxima rentabilidad
económica. La afirmación de la superioridad del mercado para gobernar a las sociedades y a la
naturaleza termina sometiendo a los Estados a las leyes de los mercados y conduce a una
aceleración de la crisis ecológica y a una crisis democrática. Esta fase neoliberal de la
mundialización, iniciada a comienzos de los años 80, se encuentra hoy en día en una profunda
crisis.
Dicha crisis consiste en un desmoronamiento de las promesas del capitalismo a escala mundial. La
tendencia a la transformación de la naturaleza, del trabajo y del conjunto de las actividades
humanas en mercancías destruye las capacidades de reproducción de las sociedades mismas.
La crisis social es un elemento clave de la crisis global: la explosión de las desigualdades sociales, el
desmoronamiento de los sistemas de protección social, la compresión de los ingresos salariales y la
degradación de los ingresos generados por la agricultura familiar han hecho necesaria -para
sostener el crecimiento capitalista- una economía de endeudamiento generalizada, que terminó
generando la crisis subprime y luego la crisis de las finanzas públicas. En efecto, la salida de la crisis
no puede pensarse razonablemente dentro de los términos del crecimiento sin límites, tal como
sucedió después de 1945, cuando las potencias occidentales reinaban sobre el mundo y captaban
para su beneficio propio una significativa parte de las riquezas.
La crisis ecológica debería poner en evidencia la necesidad de una bifurcación de los modelos de
producción y de consumo dominantes. En lugar de eso, refuerza el paradigma tecno-científico y la
creencia en soluciones técnicas; acelera el proceso de privatización de los bienes comunes
naturales: el agua, la tierra, la energía, el aire, lo viviente.
Las políticas neoliberales, al extender ese modo productivista a la totalidad del planeta,
acrecentaron y aceleraron la presión sobre los recursos hasta un punto inimaginable. Generaron
también nuevas relaciones de fuerza entre los distintos países. Aunque la dependencia tradicional
de los países del Sur en relación a los del Norte siga subsistiendo en muchos ámbitos, ésta también
va cambiando de manera evidente e indiscutible: dependencia económica y financiera frente a los
países emergentes, mayor dependencia de las materias primas que tienden a agotarse, etc. La
globalización económica reveló los límites de la expansión capitalista global. En este sentido, la
crisis actual es mucho más que una crisis económica: es una crisis de la dominación de la economía
por sobre el conjunto de la vida social y política.
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Esta crisis confirma que el capitalismo no es solamente una forma de organización de la economía.
Es una forma de civilización, o más bien de des-civilización, que implica maneras cotidianas de
vivir, representaciones y, en particular, una relación de dominación sobre la naturaleza y el trabajo.
Es de esa civilización que tenemos que salir, y de manera urgente.
17. La Economía Verde constituye el intento de relanzar una nueva fase
de expansión capitalista
En los años 80, encontrándose ante una crisis de rentabilidad, el capitalismo lanzó una ofensiva
contra los trabajadores y los pueblos: para aumentar las ganancias amplió los mercados y redujo
los costes apoyándose en la liberalización del comercio y las finanzas, la flexibilización laboral y la
privatización del sector público.
Ahora, encontrándose ante una crisis aún más compleja y profunda, el capitalismo está iniciando
un nuevo ataque que combina las viejas medidas de austeridad –como lo estamos viendo en
Europa – con una ofensiva para crear nuevas fuentes de ganancia a base de la Economía Verde. Por
supuesto, el capitalismo siempre se ha basado en la explotación del trabajo y de la naturaleza, pero
esta nueva fase de expansión capitalista busca el lucro y el crecimiento poniéndole precio a las
capacidades esenciales de la naturaleza de sustento de la vida.
La Cumbre de Rio de Janeiro de 1992 buscó institucionalizar bases importantes para una
cooperación internacional en lo que se refiere al desarrollo sustentable, tales como la afirmación
que “quien contamina paga”, las responsabilidades son comunes pero diferenciadas y el principio
de precaución. Sin embargo, Rio también institucionalizó el concepto de un “desarrollo
sustentable” basado en el “crecimiento sustentable”. En 1992, las Convenciones de Rio
reconocieron por primera vez los derechos de las comunidades indígenas y sus aportes a la
conservación de la biodiversidad. Pero en los mismos documentos, se garantizó a los países
industrializados y a las empresas la protección bajo derechos de propiedad intelectual de las
semillas y los recursos genéticos que habían adquirido a través de siglos de dominación colonial.
La Economía Verde es un intento de extender el alcance del capital financiero e integrar al mercado
todo lo que permanece de la naturaleza. Para ello, la Economía Verde da un “valor” o un “precio” a
la biomasa, la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas –como el almacenamiento del
carbono, la polinización de los cultivos o la filtración del agua– para integrar estos “servicios” como
unidades negociables en el mercado financiero.
En consecuencia, la Economía Verde trata a la naturaleza como capital –“capital natural”-. La
Economía Verde considera que es esencial ponerle un precio a las plantas, los animales y los
ecosistemas para mercantilizar la biodiversidad, la purificación del agua, la protección de los
arrecifes de coral y la regulación climática. Para la Economía Verde es necesario identificar las
funciones específicas de los ecosistemas y de la biodiversidad para evaluar su situación actual,
asignarles un valor monetario, establecer un límite después del que dejarán de prestar servicios y
concretizar en términos económicos el coste de su conservación para desarrollar un mercado por
cada servicio ambiental particular. Para los ideólogos de la economía verde, los instrumentos de
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mercado son herramientas poderosas para gestionar “la invisibilidad económica de la naturaleza”.
Los blancos principales de la Economía Verde son los países en desarrollo, en donde se encuentra
la mayor biodiversidad. El “borrador cero” del documento oficial de la ONU reconoce que se
necesitará una nueva ronda de “ajustes estructurales”: “los países en desarrollo están enfrentando
grandes retos para erradicar la pobreza y sostener el crecimiento, y una transición hacia una
economía verde requerirá ajustes estructurales que podrían implicar costes adicionales a sus
economías...”
Los postulados promovidos bajo la Economía Verde no son correctos. La crisis ambiental y
climática actual no es una simple deficiencia de mercado. La solución no es ponerle un precio a la
naturaleza. La naturaleza no es una forma de capital. Es falso decir que sólo valoramos lo que tiene
precio y dueño, y que aporta ganancias. Los mecanismos del mercado capitalista se han mostrado
incapaces de contribuir a una distribución equitativa de la riqueza. El desafío principal para la
erradicación de la pobreza no es poder siempre crecer sino lograr la distribución equitativa de las
riquezas que sea posible dentro de los límites del sistema de la Tierra. En un mundo en que el 1%
de la población controla 50% de las riquezas del planeta, en el que las tres personas mas ricas del
mundo tienen el mismo ingreso que los 600 millones mas pobres, no será posible erradicar la
pobreza ni restablecer armonía con la naturaleza.
La Economía Verde es una manipulación cínica y oportunista de las crisis ecológica y social. En
lugar de tratar las verdaderas causas de las desigualdades y las injusticias, el capital se está
sirviendo de un discurso “verde” para lanzar una nueva ronda de expansión. Las empresas y el
sector financiero necesitan que los gobiernos institucionalicen las nuevas reglas de la Economía
Verde para asegurarlos contra los riesgos y crear un marco institucional para acaparar los bienes de
la naturaleza en los engranajes financieros.
18. El extractivismo es una nueva forma de colonización y dependencia
La expansión de las llamadas industrias extractivistas es una de los signos característicos de la
actual fase de mundialización neoliberal. En los últimos años los procesos de resistencia y las
luchas socio-ambientales contra las industrias extractivistas han marcado la geografía de las
protestas sociales, en particular en conflictos vinculados a los efectos devastadores de la
megaminería. En América Latina, Asia, África, Europa y América del Norte el aumento de las
movilizaciones de millares de comunidades contra los proyectos mineros de carácter transnacional
expresan el creciente rechazo de los pueblos a los efectos sociales, ambientales, económicos y
culturales provocados por los mega-proyectos mineros.
El modelo de producción extractivo se ha centrado en la explotación de bienes de la naturaleza
que, sin procesamiento o modificación significativos, son apropiados y comercializados en el
mercado mundial. Tradicionalmente referido a actividades como la minería, la pesca o la
explotación maderera, en las últimas décadas dicho modelo se extiende hacia el agronegocio y
otras actividades, como el turismo.
El “nuevo extractivismo” provoca daños profundos en los países del sur imponiendo una nueva
división internacional del trabajo reproduciendo mecanismos de recolonización y dependencia,
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reprimarización y acentuación de la lógica de las economías de enclave. El extractivismo se asienta
en la apropiación de bienes tangibles e intangibles que eran de uso común, público, y permanecían
inexplotados u orientados a la reproducción local. Hay así una vinculación entre los procesos de
mercantilización de los bienes comunes naturales y la privatización de bienes comunes sociales
tales como los servicios de las empresas públicas, la educación y la salud.
A los impactos negativos de la explotación de mega-proyectos mineros, característicos del
extractivismo, se suma la entrega en concesión por 60 o incluso 90 años, de millones de hectáreas
a empresas transnacionales. Estas concesiones mineras, aún no explotadas, son una amenaza
latente para la sobrevivencia de los pueblos y territorios del sur. La promoción de estas políticas,
en particular en relación a la mega minería, es promovida por gobiernos de distinto signo político e
ideológico. En particular, desde la agravación de la crisis capitalista en los años recientes, las
políticas gubernamentales han intensificado la mercantilización de los bienes comunes a través de
las actividades extractivas. Se intenta justificar estas políticas estableciendo una falsa dicotomía
entre lo social y lo ambiental, afirmando que en períodos de crisis, mantener las políticas sociales
supone el sacrificio de las condiciones ambientales.
Con el objetivo de enfrentar estos desafíos se hace necesario reforzar y ampliar las redes de
movimientos y organizaciones sociales comprometidos en los procesos de resistencia e
interpelación a las políticas extractivistas, particularmente a las relacionadas con la minería, el gas
y el petróleo. Es necesario trascender el cuestionamiento al modelo extractivista y rescatar, hacer
visible y fortalecer experiencias y propuestas alternativas. Para ello es indispensable la
participación y contribución de los movimientos campesinos indígenas, de las organizaciones
sindicales y de las diversas redes y colectivos, los que, desde horizontes y perspectivas diversas,
cuestionan e interpelan las dinámicas extractivistas.
19. La transición energética es urgente y es posible
El suministro de energía verdaderamente sustentable requiere repensar cómo producimos, usamos
y distribuimos energía. Debemos producir energía desde fuentes renovables, debemos usar
energía de forma eficiente y necesitamos redes de distribución locales eficientes y redes
inteligentes. Muchos informes lo reconocen y se han producido varios escenarios que muestran
cómo se pueden realizar los cambios.
Lo que se encuentra sistemáticamente en todos los escenarios, informes y estudios de caso es la
necesidad de políticas gubernamentales de apoyo. En otras palabras, los obstáculos al uso de
fuentes de energía verdes son por la mayor parte políticos y no tecnológicos, aunque uno de los
obstáculos sea también la percepción que las fuentes de energía renovable no son suficientes para
cubrir las necesidades y que son caras. Otros obstáculos incluyen: ausencia de política adecuada o
mala aplicación de las políticas; políticas fiscales y de subsidio inadecuadas; mala integración en la
red general e infraestructura inadecuada; planificación insuficiente; y dependencia fuerte sobre la
tecnología existente.
Cambiar las fuentes de energía
El imperativo climático requiere que pasemos a usar energías con bajo o cero contenido de
carbono. Éstas están a disposición inmediata y se están volviendo económicamente viables. El uso
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de tecnologías de energía eólica, solar (fotovoltaica y por concentración), hidroeléctrica a pequeña
escala y geotermal se está difundiendo rápidamente a través del mundo.
Pero cambiar el sistema energético no se limita a consideraciones sobre tecnologías de energía
renovable. En los sistemas de energía renovable se trata fundamentalmente de dar acceso a
servicios energéticos sustentables para todos. Así, estos sistemas incluyen:
 las políticas nacionales e internacionales necesarias para establecer un marco que
promueva y apoye el uso de sistemas de energía renovable;
 la necesidad de un aumento masivo de programas de eficiencia energética y de sistemas
energéticos descentralizados;
 la necesidad de proporcionar acceso a servicios energéticos a los 1.4 mil millones más
pobres del mundo que no tienen actualmente tal acceso, lo que aprovecharía en particular
a las mujeres y los niños;
 la necesidad de recursos suficientes para la investigación y el desarrollo así como para el
despliegue.
Energía descentralizada y eficiencia
Conservar la energía y usarla de manera más eficiente son entre las primeras medidas a
implementar, las más fáciles y baratas, para emprender el camino hacia la energía sustentable. Lo
que necesitan la sociedad, las comunidades y los pueblos son servicios energéticos, que pueden
ser electricidad para un fábrica o para una oficina, calefacción, luz o refrigeración para una
comunidad. Estos servicios se pueden satisfacer con una gama de medidas, no sólo con aumentar
la producción energética –lo que a menudo ocurre en periodos en que la producción aumentada
no se usa. Necesitamos movernos de una gestión de la oferta a una gestión de la demanda, donde
las necesidades energéticas se puedan satisfacer con una amplia gama de medidas, no sólo con
aumentar la capacidad.
La manera en que la energía se distribuye actualmente –desde grandes centros de producción
distribuyendo la energía a grandes distancias– es sumamente ineficiente. Se puede aumentar la
eficiencia produciendo la energía necesitada cerca del lugar en donde se usa, vía sistemas
energéticos descentralizados.
Los beneficios de un uso masivo de sistemas de energía sustentable renovable no se limitan al
hecho de proporcionar servicios energéticos sin desestabilizar todavía más el clima por el aumento
de emisiones. Los beneficios de la energía limpia sustentable son muchos y de todo tipo, e incluyen
aire, suelo y agua más limpios para proteger la salud humana, los medios de subsistencia y los
ecosistemas, así como sistemas más seguros que resisten a los desastres naturales, no producen
residuos peligrosos y desechos tóxicos y se pueden instalar con relativa rapidez. También son a
menudo la opción más barata par los 1.4 mil millones más pobres, cuya mayoría son comunidades
sin acceso a la red general ni a ningún servicio energético básico. Es más, favorecen el
empoderamiento comunitario y el control localizado.
Los gobiernos deben poder fijar el marco regulador en el que funcionan los mercados de la
energía, o sea las políticas que van desde los instrumentos financieros hasta los objetivos y plazos,
y deben apoyar sistemas de energía limpia y luchar contra la energía sucia. Los programas de
inversión en infraestructuras energéticas requieren una planificación a largo plazo, y para evitar
volverse dependientes de sistemas de energía sucia es necesario adoptar políticas y medidas
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adecuadas para asegurar que avanzaremos en la trayectoria sustentable.
Se necesitan apoyos tanto técnicos como financieros para proporcionar los servicios de energía
limpia que necesita la sociedad sustentable. Según la agencia internacional de la energía IEA, se
necesitarán USD 40 mil billones para el desarrollo energético en los próximos 30 a 40 años. Pero
actualmente, muchos recursos se canalizan hacia fuentes de energía no sustentable. Se estima que
se usan por año USD 409 mil millones como subsidios a fuentes de energías fósiles sucias. El G20
ha reconocido la necesidad de abandonar progresivamente los “subsidios perversos”. Estos
subsidios a las industrias del petróleo, del carbón, del gas y nucleares son uno de los primeros
obstáculos a la extensión rápida de la energía renovable.
Sin embargo, al tratar de la cuestión de los subsidios debemos cuestionar los subsidios a la
producción, que son básicamente donaciones, incentivos y desgravámenes fiscales que se dan a las
empresas –sean privadas o estatales– y que mantienen el statu quo. Estos son diferentes de los
subsidios al consumo que son, o deberían ser, dirigidos a los pobres para aliviar de la pobreza. Sin
embargo, se necesita una reforma de los subsidios pues, según muchos informes, incluso los
subsidios dirigidos a los pobres son aprovechados por las élites y a las empresas y no ayudan a
aliviar la pobreza.
Se necesita proporcionar acceso energético a los más pobres
Más de 1.4 mil millones de personas no tienen acceso a servicios energéticos básicos, lo que tiene
un impacto sobre la salud, el bienestar, la educación y la sustentabilidad. La pobreza vuelve a las
personas más vulnerables a los impactos climáticos pues les faltan los recursos para hacerles
frente. Es una falsa dicotomía decir que se debe escoger entre superar la pobreza y proteger el
medio ambiente. No se logrará el desarrollo sustentable si no se lucha contra la pobreza y no se
protege el medio ambiente. Reducir por mitad la pobreza para el 2015 no se logrará sin energía
para aumentar la producción, el ingreso y la educación, crear empleos y reducir el pesado trabajo
diario para la sobrevivencia. Reducir por mitad el hambre no se logrará sin energía para cultivar,
cosechar, procesar y comercializar alimentos. No se podrá mejorar la salud y reducir las tasas de
mortalidad sin energía para la refrigeración necesaria para las clínicas, los hospitales y las
campañas de vacunación. La mayor enfermedad infantil mortal, la infección respiratoria aguda, no
se combatirá sin poder eliminar el humo de los fuegos de la cocina en las casas. Los niños no
estudiarán en la noche sin luz en sus casas. El agua limpia no se bombeará ni limpiará sin energía.
Se necesita un compromiso renovado porque las medidas voluntarias por sí solas no aportan lo
que se requiere. Los gobiernos deben conducir y fijar el marco para enviar el mensaje necesario a
los mercados.
Los gobiernos deben aprovechar Rio+20 como oportunidad para crear un contexto político que
elimine los obstáculos y las barreras y para comprometerse con objetivos y plazos claros dando el
marco que favorecerá el uso de sistemas de energía limpia (eficiencia energética, tecnologías
renovables y modelos descentralizados). Un resultado concreto sería que los gobiernos se
comprometieran a producir programas de acción sujetos a plazos que incorporen objetivos
ambiciosos y apropiados a nivel nacional para el uso de sistemas energéticos renovables.
Los marcos deben incluir la eliminación de las políticas que perjudican y suprimen los sistemas de
energía limpia (como los subsidios, los marcos jurídicos que apoyan las grandes centrales de
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energía sucia, los préstamos y las ayudas que apoyan los combustibles fósiles o nucleares). Como
parte de los planes de acción llamamos a los gobiernos a abolir los subsidios a la producción de
combustibles fósiles en los tres años que vienen.
Los planes de acción deben re-evaluar la infraestructura de producción y distribución energética
para determinar la mejor manera de suplir las necesidades. Los países del Sur, en particular, que
buscan extender el uso energético, necesitan apoyo para asegurar que se desplieguen los sistemas
más eficientes. Los que tienen grandes sectores de su población sin acceso a servicios energéticos
modernos requerirán apoyo para sistemas apropiados descentralizados.
[20. Transportes: ainda não redigido]
21. Promover la agricultura y la pesca sustentable, social y solidaria
La agricultura industrial se ha generalizado en el mundo como el modelo agrícola a seguir, desde
una perspectiva de producción orientada al mercado sin lograr satisfacer las exigencias de
alimentación del ser humano y de equilibrio del planeta. Mil millones de personas sufrieron de
hambre en el año 2010 (en gran mayoría los mismos campesinos y trabajadores rurales que
producen alimentos en el marco de una agricultura campesina), mientras un puñado de
corporaciones agroindustriales amasaron millones de dólares en ganancias y cerca de 500 millones
de personas sufrieron problemas de obesidad. Al ser un causante mayor del cambio climático
mediante el aporte de 50% de las emisiones de gases invernaderos, de migraciones forzadas
debido a la expansión de la frontera agrícola, de la destrucción de suelos, de saberes culturales y
de biodiversidad, este modelo se encuentra hoy en una compleja encrucijada donde se cruzan
simultáneamente la crisis de los sistemas éticos, tecnológicos, energéticos, sanitarios, económicos,
financieros y la arquitectura del poder a nivel mundial. Por lo tanto, transitar hacia un modelo de
agricultura más sustentable remite a hacer más sustentables y viables cada uno de estos sistemas
que lo componen. Las propuestas técnicas o sectoriales que hasta ahora se han ido proponiendo
como soluciones, se han orientado a agravar más el problema, en cambio la agricultura ecológica
que ha demostrado ser una opción que evita el deterioro de la naturaleza de manera significativa,
hasta ahora no ha sido considerada o peor aún, ha sido destruida por el modelo hegemónico.
Frente a esta realidad, los movimientos sociales y las organizaciones populares persisten en
promover un conjunto de propuestas articuladas en torno a la construcción de la soberanía
alimentaria, concebida como una modalidad integral de producción agrícola, que defiende a la
agricultura campesina e indígena como generadora de alimentos, de dignidad y de identidad,
incluyendo la equidad de género. Estas propuestas apuntan a nutrir procesos de reconstitución de
los territorios de vida y a exigir reformas agrarias y de pesca a fin de que las comunidades
campesinas y pesqueras, sus culturas y formas de vida, recuperen un papel central. Las podemos
articular alrededor de tres ejes: 1. conocimiento, bienes y culturas campesinas y pesqueras; 2.
derechos y reglas de intercambio de lo local a lo global; 3. coparticipación y control social del
sistema de producción.
Las culturas que sostienen las agriculturas campesinas y pesqueras son ante todo un conocimiento
compartido construido a lo largo el tiempo, que forman parte del patrimonio de los pueblos y de la
humanidad. Estas culturas que entraman cosmovisiones, valores, saberes técnicos y de todo tipo
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han sido deterioradas y subvaloradas por la lógica agroindustrial orientada a la sobreproducción y
el fenómeno consecuente de uniformización alimentaria a nivel global con altos impactos
nutricionales y ambientales. En este contexto, se trata de recuperar y de valorizar las agroculturas y
formas de vida locales, campesinas e originarias y los sistemas de conocimiento ancestrales de
producción de alimentos. Los movimientos campesinos han identificado claramente este desafío
de una amplia información y comunicación sobre sus culturas. Los estados tienen ahí un papel
determinante para asegurar el respeto al carácter colectivo de los conocimientos de las
comunidades campesinas y pesqueras, y por tanto, el derecho colectivo de decisión sobre el
acceso y el uso de estos conocimientos. Las investigaciones formales desarrolladas con apoyo
público forman parte de este bien público. Valorizar los conocimientos implica promover y
consolidar una educación integral a todos los niveles de educación formal y no formal, asociando
dimensiones espirituales, materiales y sociales, para sostener las múltiples transformaciones
vinculadas a la soberanía alimentaria. Esta educación tiene a construirse desde la pluriculturalidad
y una plena participación de las comunidades dentro de cada territorio. Las semillas nativas son
también parte del patrimonio de los pueblos y constituyen una base fundamental de la soberanía
alimentaria. Siempre han circulado libremente en las manos de los pueblos, cuidadas y
multiplicadas por los custodios de semillas. Todo intento de patentar e imponer una propiedad
intelectual sobre la Vida y sobre estos bienes inmateriales y materiales es contrario a su
naturaleza misma y debe ser prohibido.
No puede existir agricultura sustentable y soberanía alimentaria sin dignidad e identidad de los
productores, sin afirmar la primacía de sus derechos y los de la Madre Tierra y asegurar la
circulación equitativa de los bienes y recursos. No solamente es necesario cambiar la lógica de
producción industrial de alimentos orientada al mercado global y el lucro, sino más profundamente
se trata de cambiar la visión que considera a la tierra como un recurso de explotación sin derechos
orientada a satisfacer los deseos desmedidos del crecimiento. Todos los seres vivos y la Madre
Tierra tienen derechos y pueden acceder y gozar del agua. Esto implica como corolario de
reconocer el derecho de los pueblos y a controlar y regular el uso y manejo respetuoso y solidario
del agua en el marco de los convenios internacionales y del derecho consuetudinario, prohibiendo
cualquier forma de mercantilización del agua. Es sólo reconociendo estos derechos que la
biodiversidad podrá colocarse por encima de los mecanismos de privatización de la propiedad
intelectual y cualquier otro acuerdo comercial de derecho internacional. Asimismo, la
implementación de nuevas políticas y normativas de protección de la pequeña producción de
alimentos y de comercio internacional constituye un soporte fundamental. Tanto las prácticas de
venta de los productos por debajo del costo de producción (dumping) y las prácticas comerciales
desleales de los países industrializados que distorsionan los precios de los alimentos deben ser
condenadas. Es ineludible poner barreras arancelarias equivalentes a cualquier subsidio
incorporado en productos exportados permitiendo la libre circulación de las producciones locales.
Es necesario, por tanto, rechazar, condenar y prohibir cualquier estrategia político-militar y
comercial que atente contra la soberanía alimentaria de los pueblos y los vuelva vulnerables al
cambio climático.
El control social y la coparticipación en los sistemas de producción es otro eslabón clave para
disputar el poder en el sistema alimentario acaparado por grupos económicos. Numerosas
tecnologías y procesos tecnológicos ponen en peligro la supervivencia de los ecosistemas mas se
impulsan exclusivamente para aumentar la productividad y las ganancias distribuidas en un
reducido número de empresas. Ellas aceleran el cambio climático a través las soluciones de
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agrocombustibles, de organismos genéticamente modificados, de nanotecnología y de
geoingeniería. En este contexto, no solo es preciso construir un control social sobre las tecnologías
para contrarrestar su expansión, sino también para adecuar los sistemas de producción a los
contextos productivos locales. Esto implica promover y asegurar el financiamiento de políticas y
mecanismos de control social participativo y público, que puedan combinar investigación e
inversión para eliminar el uso de insumos agrícolas basados en petroquímicos, mejorar el
contenido orgánico del suelo, fortalecer los mercados locales y de la agricultura urbana, proteger
las fuentes de agua y apoyar la agricultura familiar.
22. Por un consumo responsable, justo y sustentable
El modelo de crecimiento de estímulo para el consumo está basado en la producción con
obsolescencia programada, en la oferta de tecnología y productos no reparables e incompatibles a pesar de ser deseados por muchos consumidores gracias a los artificios de la publicidad y del
marketing-. Este modelo es el responsable directo del aumento del uso de recursos naturales y de
generar residuos.
Respaldado en las prácticas de gobiernos que dan prioridad a los intereses del mercado y no al
interés público, insustentables ecológica y socialmente, este modelo se instaura, reproduciéndose
y fortaleciéndose por medio de la publicidad y de los medios de comunicación. Estos, con extrema
habilidad, promueven estilos de vida en los cuales el poder de consumir está cada vez más
directamente asociado a la idea de felicidad. En la práctica, este proceso favorece la desregulación
de los mercados, otorgando poder ilimitado a empresas que operan exclusivamente a favor de sus
intereses, que impactan en los ciudadanos del mundo entero.
La discusión sobre nuevos modos de producción, consumo y estilos de vida es crucial. Los
gobiernos deben comprometerse a partir de políticas públicas que estimulen y multipliquen
formas más justas y sustentables de producción, distribución y consumo. Las empresas deben ser
estimuladas por los gobiernos para que cambien sus modelos de negocio. No basta incorporar
procedimientos que clasifiquen la producción como "verde".
Las empresas deben responsabilizarse por los impactos socioambientales en sus cadenas
productivas. Ello exige redefinir las estructuras de poder con el objetivo de lograr que las áreas
responsables de la política de RSE ganen la debida importancia en la vida de la propia empresa. Es
urgente crear mecanismos que comprometan a las empresas a ampliar la calidad de sus productos
y servicios, incluyendo metas para reducir los reclamos de los consumidores y mitigar los impactos
de sus actividades. Ello pasa por el respeto al derecho a la información, principio de precaución y
reparación de daños personales y colectivos proporcionales a los impactos causados.
Es imprescindible discutir una agenda de transición justa de los sistemas productivos respetuosa
de los derechos de los trabajadores y de los consumidores. Esa agenda no es puramente negativa:
ella debe ser encarada como una oportunidad para procurar soluciones y construir otros modelos
de negocio.
Las empresas estimulan productos programados para que se deterioren fácilmente: sin vida útil
razonable, sin viabilidad económica de reparación, impactantes social y ambientalmente, que se
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tornan obsoletos a velocidades incompatibles con un mundo de recursos limitados. Se requieren
productos y servicios de calidad, mercaderías que respeten el principio de precaución, reparables,
más duraderos, con menos embalajes. Productos y servicios que incorporen en su costo
inversiones para minimizar impactos sociales y ambientales de su producción. Los incentivos a la
producción deben estar dirigidos, en primer lugar, a la satisfacción de las necesidades más básicas
de la población y eliminar subsidios perversos que estimulan la producción y el consumo
insustentables.
El consumidor precisa información y educación sobre el impacto socioambiental de sus elecciones.
En la dirección inversa, la publicidad engañosa y teñida de verde es una de las grandes trampas
actuales. Esas prácticas deben ser inhibidas por medio de la regulación de la publicidad. Los
medios de comunicación deben enfatizar los contenidos relacionados a la justicia social y
ambiental, lo que sólo será logrado con sistemas de información y educación multidisciplinarios,
basados en la participación ciudadana. En el campo de la información de los productos, es esencial
regular el rotulado para que ella sea de hecho un instrumento promotor de la toma de conciencia
y elección individual, con consecuencias colectivas positivas. La educación formal es fundamental
para la promoción de la ciudadanía, pero la disminución de la vulnerabilidad del consumidor pasa
también por estrategias que están más allá de ello. Campañas y procesos de información
integrados son fuertes aliados de la educación ambiental y del consumo sustentable. Las nuevas
tecnologías no se pueden focalizar solamente en el perfeccionamiento de productos y servicios o
el uso eficiente de recursos por parte de las empresas, sino también deben asegurar calidad de
vida para todos.
Las soluciones existen. Sólo necesitan ser más visibles y accesibles. El futuro alternativo se basa en
la lógica de la cooperación y construcción de soluciones compartidas. Muchas de esas soluciones
ya están en curso desde hace años. La economía y la comercialización solidaria, basadas en el
principio de la autogestión y la cooperación, así como también la agricultura ecológica familiar, son
ejemplos reales del potencial transformador de los actuales parámetros de producción y consumo.
Existen numerosos grupos locales -mujeres productoras emprendedoras de acciones de control
responsable de los recursos comunes, grupos de consumo responsable, cooperativas de
comercialización solidaria, colectivos de movilidad, de medios y cultura libre, economía creativa,
turismo con bases comunitarias, comunidades que comparten e intercambian de manera solidaria.
Esas alternativas ofrecen un nuevo desarrollo que supera la lógica de la competencia y de la
escasez. Sin embargo, para que las soluciones alcancen niveles más altos en la escala y se
interconecten, es preciso el respaldo e incentivo de los gobiernos, ampliando la resilencia frente a
las desigualdades sociales agravadas por los cambios climáticos. Con el fin de reafirmar
compromisos internacionales, los gobiernos nacionales deben proteger el bien común, regular y
corregir las fallas de los mercados, y apostar en los mecanismos de fortalecimiento de la
participación, del protagonismo local en la resolución de problemas del ámbito global.
Alimentación saludable y accesible es un derecho de todos. El sistema mundial de alimentos sirve a
los intereses de pocos. Cuatro corporaciones dominan la comercialización mundial de semillas y
granos. Al contrario de lo que dicen los fabricantes de semillas transgénicas y agrotóxicos, estudios
demuestran que hay producción suficiente para que nadie pase hambre. Pero, los gobiernos deben
detener el estímulo a la producción basada en el uso intensivo de agrotóxicos y de la monocultura
extensiva, garantizando seguridad alimentaria y distribución y consumo justos. Es necesario
adoptar medidas coordinadas, así como también crear incentivos para la producción local basada
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en parámetros social y ambientalmente sustentables, promover el rotulado adecuado, regular la
publicidad de alimentos y bebidas que provocan riesgos para la salud, garantizar la oferta de
alimentos saludables en las escuelas y favorecer la distribución de productos locales, fortaleciendo
la producción familiar y agroecológica y reconociendo la función femenina en los cuidados, en la
producción y en la influencia en las decisiones de consumo.
Los residuos son recursos. Gobiernos, empresas y consumidores tienen responsabilidades
compartidas para hacer eficiente el modelo basado en el uso racional y sustentable de recursos.
Ello implica actuar inmediatamente para ampliar la gestión responsable de los recursos, pero
también para alterar la lógica de su producción innecesaria. Esto exige acciones continuas de
información y educación para el consumidor, incentivos fiscales y apoyo tecnológico para el uso de
materias primas reaprovechadas y recicladas, y también, el design de productos que favorezcan el
reaprovechamiento y el desecho con menor impacto, más allá de la universalización de servicios
de recolección selectiva y reciclaje, con la inclusión de un enorme contingente e trabajadores hoy
marginados.
Se sabe que el sector de transportes es uno de los mayores responsables de las emisiones de gases
de efecto invernadero causantes de los cambios climáticos. En vez de incentivar un modelo
industrial que ya data de las primeras décadas del siglo pasado, en el cual la industria automotor
era la base y el paradigma de desarrollo y crecimiento nacionales, los gobiernos deben promover
políticas e inversiones que den prioridad al transporte público y medios alternativos como la
bicicleta. La eliminación de los subsidios para el combustible fósil es esencial. Esa transición pasa
también por el estímulo a vehículos menos contaminantes y más eficientes desde el punto de vista
energético. Los parámetros urbanísticos actuales consumen no sólo recursos naturales
profusamente; ellos drenan buena parte de las inversiones y de la calidad de vida de los
habitantes. Las ciudades precisan ser más amigables, compactas, democráticas y no violentas.
[23. Trabajo: aún no redactado]
24. La transición para una nueva economía justa, sustentable y solidaria
El objetivo a alcanzar consiste en suprimir la subordinación del mundo a las finanzas globales y
devolver a las sociedades el control del crédito, de la moneda y de las finanzas. La moneda ha sido
confiscada por las potencias económicas y financieras: es una institución social, un bien común que
debe ser des-privatizado.
El control de las finanzas
Nuestras propuestas conciernen la regulación de los mercados financieros, la prohibición de las
prácticas especulativas y el control de las finanzas. Pero sólo tienen sentido si el campo de
actividad de las finanzas se reduce, se reglamenta, especialmente en lo que respecta a la
financierización de los bienes agrícolas y alimentarios, de los bienes comunes naturales esenciales
para la vida (agua, biodiversidad, aire, energía, tierra), de los bienes comunes sociales (salud,
educación) y de los bienes comunes del conocimiento. Es necesario además terminar con la
dictadura de los accionistas y avanzar hacia una democracia económica.
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Propuestas:
 socialización de las instituciones financieras y de los bancos: separación de los bancos de
negocios y de los bancos de crédito; prohibición de los productos derivados;
reconocimiento y apoyo a las monedas sociales y complementarias y a las finanzas
solidarias llevadas adelante por colectividades territoriales y por la economía social y
solidaria;
 prohibición de los paraísos fiscales y lucha contra todas las formas de corrupción y de
piratería financiera;
 integración de las instituciones financieras internacionales al sistema de las Naciones
Unidas y subordinación de dichas instituciones a los derechos sociales, ecológicos y
políticos definidos dentro de ese marco;
 auditoría ciudadana de la deuda mundial;
 acrecentar los fondos públicos: implementar un impuesto a las transacciones financieras;
aportes obligatorios y diferenciados de los Estados a fondos públicos, administrados dentro
del marco de las Naciones Unidas, para poner fin a la financierización de los recursos
naturales e iniciar la transición ecológica y social;
 regulación de los mercados agrícolas y alimentarios y prohibición de los productos
derivados;
 definición de reglas para sacar a los bienes comunes de la dominación de las finanzas;
 instauración de un tribunal internacional para juzgar los crímenes ecológicos y sociales y el
no respeto de estas reglas.
Superar la economía del crecimiento
El crecimiento económico global, incluido el crecimiento verde, es el problema y no la solución:
aun cuando pueda traducirse a corto plazo en una reducción de la pobreza en algunos países,
genera desigualdades insoportables, agota los recursos no renovables y provoca guerras por
controlarlos, encierra al trabajo y a la naturaleza dentro de un sistema productivista y niega el
derecho de los pueblos, en particular el de los pueblos indígenas sometidos, a políticas
extractivistas. Las sociedades que queremos son las del buen vivir, la sobriedad, la definición
colectiva y democrática de las necesidades y de sus límites.
Propuestas:
 aplicación del principio de un ingreso mínimo y de un ingreso máximo;
 prioridad al desarrollo de los consumos colectivos, para mejorar especialmente las
condiciones de vida de las poblaciones más precarias y garantizar la sustentabilidad
ecológica: transportes, vivienda, educación, salud, energía, cultura.
 estos bienes y servicios colectivos serán garantizados tanto por los Estados como por las
comunidades de base dentro del marco de una economía social y solidaria;
 la definición de nuevos derechos para garantizar el acceso a los bienes fundamentales; esos
derechos podrán ser garantizados mediante una gratuidad o casi gratuidad de acceso para
una cantidad determinada, con tarifas progresivas en función del consumo.
Reverter la globalización capitalista a favor de la cooperación internacional
La globalización impuesta por el mercado capitalista destruye la diversidad de las sociedades y su
capacidad para construirse de manera autónoma. Tiene por consecuencia una verdadera regresión
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de las cooperaciones internacionales y la tentación de repliegues identitarios o nacionalistas.
Propuestas
Para volver a encontrar la capacidad política para elegir las vías de transición y de construcción de
una solidaridad internacional, es necesario:
 el reconocimiento de la soberanía alimentaria: los pueblos y las comunidades deben volver
a manejar ellos mismos lo que cultivan, y decidir de qué manera lo cultivan y qué
elecciones alimentarias hacen;
 el reconocimiento de la soberanía energética: implementación de sistemas energéticos
sobrios y lucha contra la precariedad energética: reconocimiento del derecho a servicios
energéticos de calidad y no contaminantes como un derecho humano esencial e
inalienable; gestión pública, relocalizada y descentralizada del sistema energético para
garantizar el acceso a los servicios para todos, permitir la diversidad, la sobriedad y la
eficacia energética, así como el ejercicio democrático para elegir opciones; promoción de
las energías renovables y elección de técnicas simples y apropiables, en lugar de las
tentaciones de la geoingeniería y de la artificialización de la Tierra;
 relocalización de las actividades según el principio de subsidiariedad: prioridad a todo lo
que puede producirse a nivel local o regional;
 promoción de los intercambios locales y regionales y cuestionamiento de los tratados de
libre comercio; promoción del comercio justo y equitativo;
 manejo social de las tierras; derecho de acceso a la tierra para los campesinos; derecho de
acceso para las mujeres;
 protección de los saberes tradicionales y promoción de técnicas simples y apropiables.
25. Los comunes: hacia otra lógica económica, social y cultural
El fortalecimiento de los actores sociales que transformarán el mundo en el siglo 21 pasa por un
cambio profundo de las maneras no sólo de actuar para hacer posible esos cambios, sino además,
y como condición previa, de los modos de ver y pensar las relaciones entre los humanos, entre las
sociedades y entre los humanos y la Madre Tierra. En esta búsqueda, los comunes aportan
elementos fundamentales.
Los bienes comunes no son bienes. Significan prácticas sociales basadas en el principio del hacer en
común, claramente distintas de las prácticas típicas del duopolio Estado/Mercado. Constituyen un
marco conceptual para el análisis y la construcción del futuro que queremos. Los comunes
funcionan como un modo nuevo de regulación a nivel de comunidad y el desafío de estos tiempos
es extenderlos hacia la sociedad en su conjunto. La construcción de este marco conceptual y de
esta nueva regulación es una dinámica que requiere escuchar lo que cada movimiento social
percibe como bien común. Es preciso profundizar en las prácticas específicas del hacer en común,
sean éstas basadas en comunidades indígenas y campesinas, bancos de semillas locales, iniciativas
no mercantiles de acceso a la vivienda en las ciudades o en comunidades, en actores de la cultura
digital y del software, para entender lo que tienen de similar y aprender sobre los procesos de
cercamiento, de bloqueo, que sufre cada campo, tanto los silenciosos como los más bullados. Todo
esto puede ayudarnos a encontrar un camino que supere las limitaciones de los dualismos como
público o privado, estatal o de mercado, individual o colectivo. Aspiramos así a construir escenarios
nuevos, estructurados bajo principios de gobernanza creativos desde las bases.
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Resistencia y construcción: bienes comunes, haceres comunes
A pesar de los mecanismos de cercamiento a los que son sometidos los comunes, estos obstáculos
encuentran resistencias cada vez más sólidas. En cada continente, comunidades organizadas
enfrentan estos desafíos. La resistencia va también acompañada de propuestas, en particular a
partir de las prácticas sociales de los bienes comunes, que se configuran como un marco
alternativo para la transformación de la vida cotidiana, así como para el diseño de normas y
políticas públicas que reconocen la autogestión como elemento central para la transformación
social.
Algunos ejemplos de la rica variedad de experiencias, innovaciones y producciones basadas en los
comunes son, entre tantas otras: las estrategias de consumo cooperativo ligadas al trueque y a
monedas alternativas regionales reforzando la práctica de compartir, sistemas de gestión
comunitaria de recursos compartidos como bosques, canales de agua, áreas de pesca, así como
numerosas iniciativas en los bienes comunes del mundo digital. Juntas ofrecen un caleidoscopio
rico en autodeterminación y gestión colectiva de recursos compartidos. Las prácticas sociales
relacionadas a este paradigma tienen rasgos en común. El principal es que se sostienen en la idea
de que la realización personal depende de la realización de los demás, y viceversa, y así, de alguna
forma borran las fronteras entre el interés particular y el interés colectivo.
Contradicciones, inquietudes y retos
Una de las tensiones más recurrentes es la que se expresa entre lo local, lo regional y lo global. No
se puede pensar en haceres comunes sin pensar en un sujeto social, en ‘comunidad’. Por ello es
más fácil pensar este paradigma a nivel local. Hacer lo mismo a nivel global es un reto grande pero
inevitable, porque la tierra es una sola y tenemos no solamente el derecho sino también la
responsabilidad de compartirla. En este contexto surge la pregunta ¿Cuál será el rol de un Estado
que se entienda como defensor de los bienes comunes en enfrentar este reto?
Más allá de estas exploraciones, para poder consolidar alternativas al modelo vigente, visualizarlas
y comunicarlas, hace falta nombrarlas. Sin embargo, nuestro lenguaje está atravesado por la
terminología del duopolio estado/mercado o la de ideologías de diferente índole que hay que
darse a la tarea de desarrollar un nuevo vocabulario del mundo que queremos. Resolver el
problema de la denominación de “los bienes comunes que no son bienes” no puede ser un
proceso cerrado. Se trata de construir este vocabulario colectivamente de manera tal que se pueda
adaptar a la diversidad de contextos en los que actuamos.
Los “comunes” están ahí delante de nuestros ojos. Juntos encontraremos la forma de cómo
nombrarlos y, más importante aún, de cómo convertirlos en una diversidad de sistemas de
gobernanza basada en principios del “hacer en común”.
Los Commons del conocimiento
Los commons son tanto naturaleza como fruto de la producción social, tanto elementos materiales
como inmateriales. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación impactan
profundamente en la economía, en la sociedad y en la cultura. Son tecnologías que están en
disputa, por un lado, con continuos intentos de “persecución” digital, de control y de
criminalización por el hecho de compartir archivos y, por otro, con el continuo abaratamiento y
extensión del acceso al conocimiento y a la cultura en la medida en que están digitalizados. Ellos
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caminan en el sentido de su desmercantilización.
Sin embargo, los commons tienen un fuerte potencial como parte de la lucha por transformaciones
de las relaciones de poder, de producción y de distribución de las riquezas. Medios libres, puntos
de cultura, radios comunitarias, hackers, el desarrollo de las tecnologías libres y accesibles, la
llegada del copyleft, las experiencias digitales de auto-organización, producciones en colaboración
y otros fenómenos de la cultura de redes representan vivencias de los commons del conocimiento.
Son nuevas posibilidades para la lucha por el derecho a la comunicación y a la cultura, más allá de
proporcionar también subsidios para la afirmación de un nuevo paradigma de relación con el
planeta pautado por el bien común, en el cual lo que se produce por todos se destina a que lo
disfruten todos. Ello exige abordar críticamente la propiedad intelectual, tanto en lo que se refiere
a los derechos de autor como las patentes, trabajando por formas de estimulo para la creación en
sintonía con los procesos de desmercantilización en curso. Ello significa también orientar la
inversión pública hacia tecnologías libres y programas de código-abierto, apoyando la cadena
productiva del software libre, inclusive en el ámbito de las plataformas online, como el apoyo al
uso y al desarrollo de redes sociales libres y federadas.
Es necesario impulsar políticas públicas que luchen por la comunicación como un mecanismo de
garantía del ejercicio de la ciudadanía y no como un proceso exclusivo para instituciones y
empresas privadas de comunicación. Los medios son concesión pública y como tal deben estar
sometidos a controles sociales y a revisión periódica. Las nuevas tecnologías fortalecen las
posibilidades de individuos libremente asociados para crear nuevos medios, que deben tener
acceso a recursos públicos. El espectro electromagnético debe ser estatizado, abierto y compartido
según las crecientes posibilidades ofrecidas por las tecnologías digitales para que contribuyan a la
democratización de los medios.
Finalmente, la lucha por los commons se despliega también en la lucha por la garantía de acceso a
Internet como un derecho fundamental para todos y también por la neutralidad de la red y por la
privacidad y el anonimato de sus usuarios, implicando el combate por legislaciones restrictivas
(como el ACTA, la Ley Sinde en España, SOPA/PIPA en los EUA y Ley Azeredo en Brasil).
IV. Sujetos políticos, arquitectura del poder y democracia
[26. Introducción: aún no redactada]
[27. Sujetos políticos y democracia: aún no redactado]
28. Las organizaciones y redes de la sociedad civil
Entre los nuevos actores que han emergido en los últimos años, las organizaciones y redes de la
sociedad civil juegan un rol significativo. La incidencia en el ámbito global de esos nuevos actores
ha sido posible gracias a su capacidad para responder a los múltiples problemas económicos,
sociales y ambientales de comunidades y organizaciones en diversas regiones del mundo,
formando redes y foros en los ámbitos nacionales e internacional, integrando demandas
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específicas de grupos en agendas amplias referidas a valores universales como los derechos
humanos, la igualdad y diversidad, la democracia y los bienes comunes.
En ese contexto, más allá de las reivindicaciones temáticas (enfocadas a los derechos de las
mujeres, de los niños y adolescentes o de los pueblos indígenas, la lucha contra el Sida, contra el
racismo, por el comercio justo o la agro-ecología, por ejemplo), las asociaciones o plataformas de
organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel político relevante, afirmando la
legitimidad de esas organizaciones como promotoras de transformaciones sociales en la
perspectiva de la justicia social y ambiental.
Cada vez más, esas organizaciones adoptan la perspectiva de la defensa de los derechos sociales,
económicos, políticos y ambientales, pasando a exigir de los estados y agencias multilaterales
políticas públicas capaces de garantizarlos en su integridad. Cada vez más, además de emprender
experiencias innovadoras en las áreas social, política y económica, las organizaciones de la
sociedad civil se articulan en movimientos de ciudadana global por la democracia y la justicia social
y ambiental.
Por ellos las organizaciones y redes de la sociedad civil defienden:
 el derecho de asociación y de expresión;
 el derecho de acceder por vías legítimas a recursos públicos y privados, en un marco
jurídico seguro;
 la participación social en la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas
públicas, incluyendo las políticas externas de los países y las políticas de las agencias
multilaterales;
 la ampliación del financiamiento para la promoción de la democracia, la justicia social y
ambiental y la cooperación internacional, incluyendo nuevos mecanismos de tasación a las
transacciones financieras y a las grandes fortunas.
 el fin de la llamada ayuda atada y de las condicionalidades en las políticas de cooperación
internacional.
29. Por una nueva Gobernanza Mundial y una Arquitectura del poder
justa y democrática
La necesidad de un cambio de paradigma
Hemos llegado a una etapa histórica en que es urgente un cambio profundo del sistema de
gobernanza. No se trata sólo de un cambio institucional, de crear un Consejo u otra institución
para el desarrollo sustentable. Hay que cambiar de paradigma y no seguir con visiones obsoletas
que pretenden responder a los nuevos desafíos creando instituciones en el marco de un modelo
de gobernanza ya superado por la historia.
Autodeterminación y soberanía de los pueblos
Hoy como ayer es imperativo reafirmar que la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y la
no discriminación entre los pueblos constituyen pilares fundadores de la relaciones
internacionales. Toda reforma del sistema de Naciones Unidas debe estar orientada a protegerlos,
a reforzarlos y a exigir su justiciabilidad. Para garantizar estos principios, la paz y la seguridad
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mundiales son condiciones imprescindibles.
Nuevos principios de gobernanza
Los nuevos principios deben trascender las fronteras nacionales, responsabilizando a los estados, a
las empresas y también a los ciudadanos, pero de manera diferenciada, cada uno según sus
posibilidades, en sus responsabilidades individuales y colectivas. Estos principios plantean nuevos
requisitos en materia de legitimidad de la acción colectiva, de ejercicio de la ciudadanía conforme
al respeto de los derechos humanos y de resolución de las tensiones entre lo local, lo nacional y lo
mundial.
Una nueva gobernanza mundial sólo será posible si los pueblos la construyen
Construir una nueva gobernanza no es sólo una cuestión institucional. Cualquier propuesta y
diseño de gobernanza dependerá de la acción y la movilización de grandes mayorías de personas,
actores, movimientos y pueblos. Esta es la cuestión decisiva. La arquitectura de una gobernanza
ciudadana, solidaria, justa debe reposar sobre sólidos pilares éticos y filosóficos. Debe también
apoyarse y, recíprocamente hacer posible, una nueva economía orientada por una justicia social y
ambiental. Se trata de un conjunto complejo y articulado entre fundamentos éticos, economía y
política donde cada dimensión depende de la otra y se refuerzan recíprocamente. Es necesario
inventar juntos las respuestas a los desafíos del presente, arraigados en los contextos de cada uno,
de cada pueblo. Esto implica reconocer las diferentes sabidurías presentes en todos los
continentes, en todos los pueblos, sin pretender que una sola sea la referencia indiscutible. Los
fundamentos de una nueva gobernanza deben ser elaborados con espíritu crítico y democrático.
Superar los límites históricos de la estructura del poder dominante
Es evidente que la gobernanza de las relaciones entre los estados regulada por el sistema de las
Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y del período de descolonización
posterior, ya no responde a los desafíos del presente. El mundo ha seguido cambiando,
profundamente, rápidamente, y los desafíos no sólo siguen pendientes sino se han tornado mas
urgentes. A las profundas desigualdades sociales se han sumado los riesgos planetarios de un
irreversible deterioro de la vida y del planeta provocado por la crisis del modelo capitalista
dominante, régimen basado en la apropiación y control privado de la producción y el consumo
orientado a maximizar el lucro.
Sin embargo, el estado como ente regulador y organizador de la sociedad, más allá de sus
limitaciones, sufre los embates de los poderes fácticos económicos y políticos trasnacionales que
buscan disminuirlo, mientras los pueblos aún ven en él y su defensa un instrumento de regulación
de esos poderes y de garantías a los derechos ciudadanos. Un estado respetuoso de los derechos
de los ciudadanos es una condición de institucionalidad democrática del poder. Pero es necesario
repensar la noción de Estado-nación delimitado por fronteras. Hoy, la vinculación directa EstadoNación ya no refleja la diversidad étnica y cultural de los pueblos y es cada vez mas recurrente la
noción de Estado Plurinacional la que, en algunos países, se plasma en las mismas Constituciones.
Los flujos migratorios, financieros, comerciales, Internet, etc. sobrepasan los límites territoriales de
los estados y es preciso pensar en un rol del estado independiente del marco geográfico, lo que no
es fácil dado el peso histórico de las fronteras.
El estado cumple un rol ambivalente. Es necesario para la regulación de la gobernanza,
principalmente en el espacio nacional, pero incluso allí se aleja de la democracia de proximidad y, a
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escala mundial, no es el instrumento mas adecuado para responder a los desafíos globales. Mirada
en perspectiva a mediano y largo plazo, la forma de estado que jugó un rol importante, por
ejemplo durante la fase de descolonización, ya se está diluyendo y es indispensable pensar en su
transformación.
Transformar los sistemas de participación y representación
Los sistemas de representación vigentes no corresponden a las exigencias de una participación
activa. Lo prioritario es potenciar la participación implementando sistemas de información
transparente y mecanismos de consulta abiertos para que la toma de decisiones sea eficaz. Pero se
trata de ir mas al fondo. Es preciso radicalizar la democracia, tanto de las instituciones estatales
como de la sociedad en su conjunto. Así progresivamente se irá transformando el estado y los
sistemas de representación repensando nuevas instituciones políticas. La crisis de la democracia
actual es principalmente un cuestionamiento de las élites y de cómo se han construido
históricamente. Pero mas allá de estos cuestionamientos, lo que necesitamos es inventar nuevos
sistemas de organización de los sistemas políticos, donde los ciudadanos sean los actores
principales, y permitan que la democracia se profundice, los responsables sean legítimos y las
instituciones sean transparentes y eficaces. Esto no es sólo una cuestión de ingeniería política. Es
algo mas profundo, tiene que ver con los fundamentos éticos capaces de sustentar los nuevos
modos de vida en sociedad en las civilizaciones por la vida y la sustentabilidad del planeta que se
requieren en estos comienzos de tercer milenio.
Afirmar el rol de los territorios
Cabe subrayar un pilar fundamental de la nueva arquitectura del poder mundial. Se trata de
localizar y territorializar al máximo posible la economía y el poder puesto que la ciudadanía se
realiza plenamente en un territorio ciudadano. Es teniendo como base la interdependencia de lo
local y lo mundial donde el principio de subsidiariedad es fundamental. Consideremos, por
ejemplo, la cuestión climática. Es evidente que se trata de una cuestión planetaria que requiere de
una gobernanza mundial. Sin embargo ella no funcionará sin un compromiso efectivo de la
ciudadanía en sus territorios. Lo mismo se podría decir de la urgente regulación del sistema
financiero y monetario. El territorio es la unidad específica de la relación entre la sociedad y la
naturaleza, entre los ciudadanos y el mundo. La nueva arquitectura del poder se va construyendo
simultáneamente en dos grandes escalas: la local, la del territorio, y la mundial, referida no sólo a
lo interestatal, sino sobre todo a los nuevos espacios transnacionales y mundiales. Es en lo local
donde se juega la vida cotidiana de la gente, y es en lo mundial donde se deciden cada vez mas las
políticas que afectarán esa vida cotidiana. La escala de fenómenos se amplía cada vez mas:
migraciones, pandemias, crisis climáticas, crisis financieras, etc. Pero en el territorio, en lo local, la
democracia de proximidad es lo básico, a partir de lo cual se podrá construir una nueva
arquitectura de la gobernanza. Al mismo tiempo, la dimensión mundial, en esta época de
mundialización cada vez mas acelerada de flujos financieros y comerciales, de circulación de
informaciones y personas, condiciona la vida cotidiana. Por ello es preciso al mismo tiempo
proponer y concretizar cambios de la gobernanza a escala local y mundial. Hay una relación
dialéctica entre estas dos grandes dimensiones de la gobernanza.
Por nuevos espacios regionales y continentales
Existe ademas una dimensión intermedia. Entre lo local y lo mundial está lo regional. Este espacio
ha ido tomando cuerpo progresivamente y organismos continentales juegan también un papel
importante en la arquitectura de la gobernanza. En general, estos organismos regionales
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reproducen esquemas de regulación que responden a intereses de grandes estados y
corporaciones, sin embargo constituyen también espacios en disputa. Entre las innovaciones a
implementar, es indispensable apoyar el surgimiento de ese nivel regional, intermediario entre los
estados y el mundo. Hay que revindicar los espacios regionales como medios para reforzar las
articulaciones de territorios, organizaciones y actores sociales que buscan reforzarse frente a los
poderes estatales y las corporaciones transnacionales. Estos espacios median entre lo local,
incluido el país-estado, y lo mundial, mostrando un camino de tránsito hacia la arquitectura
propiamente mundial del futuro.
Es por ello que la construcción de una nueva arquitectura debe privilegiar los mecanismos de
abajo hacia arriba, sin dar por hecho que las agrupaciones regionales existentes, tales como el
Mercosur, la Asean, la Unión Europea, la Unión Africana, la Unasur, etc. construidas principalmente
por acuerdos inter-estatales, son las formas definitivas de regulación de acuerdos regionales
comerciales o políticos. Progresivamente van surgiendo nuevos espacios. Los foros sociales, las
asambleas ciudadanas, las coordinaciones entre ciudades, por ejemplo, constituyen formas de
articulación entre territorios a escalas locales, al interior de los países, y a escalas regionales, subcontinentales e incluso a escalas multiregionales o multicontinentales. Una articulación de
territorios, sociedades civiles, ciudades a escala mundial constituye un horizonte que se vislumbra,
pero permanece aún distante, mas allá de los logros alcanzados en las últimas décadas por las
dinámicas ciudadanas en diversas regiones del mundo. Las tareas necesarias para reforzar la
articulación de los territorios y democratizarlos siguen presentes.
En el espacio de los grandes organismos que intentan regular hoy la gobernanza mundial, hay dos
grandes grupos de actores:
-los conjuntos geopolíticos: G8, G20, OECD, BRICS que se auto-atribuyen el poder y son los
actores mas poderosos, sin seguir todos las mismas políticas ante las crisis actuales.
-la ONU y las conferencias inter-gubernamentales.
Los conjuntos geopolíticos, principalmente el G-8, apoyado según los casos por el FMI y la OTAN,
deslegitiman el rol de la ONU e imponen sus políticas a nivel mundial. Empero, la profundidad de
las crisis y su ritmo recurrente muestra la incapacidad de esos actores para superarlas. Es por ello
que los espacios y las oportunidades para ir construyendo una nueva arquitectura de la
gobernanza mundial siguen vigentes a condición que los ciudadanos, los pueblos, sus
organizaciones, movimientos y redes sean capaces de disputarlos y aprovecharlas. Allí radica
ciertamente uno de los desafíos mas exigentes de la época actual.
Por una reforma del sistema de Naciones Unidas genuinamente democrática
Lo importante es que las reformas no sólo busquen reducir la fragmentación vinculando las
agencias concernidas en torno a los pilares social, económico y ecológico, sino que, sobre todo, es
preciso velar para que la representación de los actores no estatales y los movimientos sociales no
sea acaparada ni circunscrita a algunas ONG o corporaciones ya establecidas. La representación
debe ser democratizada dando espacios a delegados elegidos desde los diversos territorios y
regiones y desde las diversas redes y articulaciones de pueblos indígenas, trabajadores,
campesinos, pescadores, mujeres, jóvenes, autoridades locales y territoriales, consumidores,
migrantes, pobladores y otros actores sociales organizados democráticamente a escala mundial.
Repensar y cambiar el sistema de seguridad internacional
Las propuestas de democratización de los organismos de las Naciones Unidas referidas a las
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cuestiones de la sustentabilidad deberán ser ineludiblemente definidas e implementadas también
en las cuestiones relativas a la paz y seguridad internacionales. El reequilibrio democrático de las
relaciones de fuerza del Consejo de Seguridad y su apertura a nuevos actores, no sólo a estados
que permaneces marginalizados, sino además a los actores y organizaciones sociales en los
diversos territorios y regiones, así como a las redes y organizaciones a escala mundial, también
deberán formar parte de las instancias que velen por la seguridad de la vida, de los pueblos y del
planeta.
El proceso de construcción de una nueva gobernanza debe ser acompañado de un proceso
conducente a una sociedad desmilitarizada. El militarismo es propio al sistema patriarcal y no debe
regir las relaciones entre los Estados y los pueblos. Pero ante la agravación de las crisis actuales y
en períodos de cambio civilizatorio las guerras y las opresiones dañan irreparablemente la vida y el
planeta. Es por ello que en el proceso de transición hacia sociedades desmilitarizadas es preciso
implementar mecanismos de reforma de las fuerzas armadas y de seguridad de los pueblos
quienes son las primeras víctimas en los conflictos.
Por una nueva democracia
Las exigencias democráticas del siglo 21 demandan cambios más profundos que las reformas de los
sistemas institucionales de la ONU. La invención de los nuevos sistemas políticos democráticos
capaces de expresar las energías de los pueblos y de cada ciudadano en el siglo 21 deviene una
tarea histórica. Este desafío hace un llamado a la imaginación y al pensamiento para que, al igual
que en los períodos de cambio histórico que se han presentado en todas las civilizaciones, hoy en
los comienzos del siglo 21 los ciudadanos y los pueblos inventemos los nuevos instrumentos
sociales y políticos capaces de potenciar las energías necesarias para superar los desafíos de la
época.
[30. Conclusión: aún no redactada]
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