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Batalla de la UE contra los paraísos fiscales
Batalla de la UE contra los paraísos fiscales
La figura del evasor fiscal es tan vieja como los propios impuestos. Quizás por ello, el brillante economista John
Kenneth Galbraith, fallecido en 2006, aseguraba que los defraudadores fiscales existirían siempre.
El reciente escándalo de Liechtenstein, donde el Gobierno alemán descubrió cuentas secretas de ciudadanos germanos
en el Principado para, presuntamente, evadir impuestos ha reabierto el debate sobre la eficacia de las medidas antifraude
a nivel comunitario.
Los 5 millones de euros que los servicios de inteligencia alemanes (BND) pagaron a un confidente que había robado los
datos del banco LGT, la primera entidad financiera de Liechtenstein, puede desembocar en el mayor fraude fiscal de la
historia de Alemania que podría ascender a 4.000 millones de euros. Aun así, que aparezca el nombre de Liechtenstein
junto a un caso de evasión fiscal no sorprenden a nadie. No en vano, el pequeño principado, junto con Mónaco y
Andorra son los únicos paraísos fiscales que la OCDE ha calificado como 'no cooperantes'.
En el punto de mira, está la ineficacia probada de la directiva de la UE sobre la fiscalidad del ahorro, vigente desde 2005
y que, muchos expertos ya advirtieron que presentaba notables lagunas. Esta ley permite a los Estados miembro obtener
información de las cuentas de sus residentes en otros países de la Unión. Sin embargo, hay una excepción. Luxemburgo,
Bélgica y Austria quedan fuera de la norma y en lugar de informar, estos países se comprometen a aplicar una retención
a los rendimientos de los depósitos de los no residentes del 15% entre 2005 y 2008, del 20% durante los siguientes tres
años y a partir de 2011, del 35%.
Parte de esa retención, el 75%, va destinada al Gobierno de origen del titular del depósito bancario. Es decir, los
rendimientos de una cuenta de un español en Luxemburgo sufren una retención que irá a parar a las arcas de España.
Otros países, como Mónaco, Andorra o Liechtenstein firmaron un acuerdo equivalente con la Unión Europea.
Sin embargo, la ley solo rige para personas, no para sociedades ni empresas. Por ello, la evasión fiscal descubierta por
Alemania se realizaba a través de fundaciones, una figura de inversión que permite sortear el acuerdo bilateral sobre
fiscalidad del ahorro entre Liechtenstein y la UE. De hecho, hay 50.000 fundaciones en el principado, cuya población no
alcanza los 36.000 habitantes y la fortuna depositada en ellas se cifra en unos 125.000 millones de euros.
Tras el escándalo, Alemania ha devenido en el abanderado europeo para reformar y endurecer la directivas sobre la
fiscalidad del ahorro y eliminar las lagunas actuales. La empresa se prevé más que difícil pues se precisa de unanimidad
para su aprobación. Y la actual normativa nació en 2005 tras años de tensas discusiones, sobre todo por parte de países
con sistemas fiscales atractivos como Luxemburgo o Bélgica.
Liechtenstein, como Estado soberano, tiene el derecho a mantener unos tipos impositivos casi inexistentes. Eso, pocos
lo discuten. Lo que quiere la Unión Europea es que estos países colaboren en la lucha contra el fraude. El problema es
que en la legislación del principado, la evasión fiscal no se considera delito y, por ello, pueden rehuir la colaboración
con la justicia de otros países. Donde sí existe colaboración es en delitos graves, como narcotráfico o financiación de
terrorismo. Aunque los expertos están convencidos de que entre la lista de presuntos evasores fiscales que posee
Alemania no figuran grandes delincuentes, sino empresarios, artistas o políticos, cuyo delito ha sido evadir impuestos.
Aun así, Liechtenstein sigue siendo un país que recibe mucho dinero proveniente de actividades ilícitas para
blanquearlo. Un ejemplo es la operación Malaya, que destapó una gran trama de corrupción en la Costa del Sol y
utilizaba cuentas secretas en el pequeño país. El Consejo de Europa ya advirtió que la legislación de Liechtenstein es
demasiado laxa. La directiva europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo obliga, entre otras
medidas, a los intermediarios financieros a acudir a las autoridades cuando sospechen que uno de sus clientes puede
estar blanqueando dinero. Esta directiva no figura, al menos no de la forma que desearía el Consejo de Europa, en la
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legislación del principado.
Así, la presión para que Liechtenstein adopte los estándares europeos está aumentando. No sólo por Alemania, también
Italia, Francia y España se han posicionado a favor de endurecer la normativa contra los paraísos fiscales y la evasión
fiscal. En la lista obtenida por Alemania, figuraban unos 200 franceses, 150 italianos -entre ellos algunos políticos- y
100 españoles. La Agencia Tributaria no ha dado ninguna cifra sobre a cuánto podría ascender el escándalo mientras
que Francia cifra la presunta evasión en unos 1.000 millones de euros.
El Ministerio de Economía español ha hecho de la lucha contra el fraude fiscal uno de los ejes de su actuación. En
particular, el Gobierno ha perseguido con especial ahínco el fraude a través del sector de la construcción, cuyo
crecimiento de los últimos años ha sido aprovechado por muchos para evadir impuestos. Sólo en 2007, la deuda
liquidada de la Agencia Tributaria en el sector de la construcción alcanzó los 1.223 millones de euros.
En Italia, donde se calcula que la economía sumergida supone en torno al 16% del PIB, el problema de la evasión fiscal
es más grave y acuciante. El Gobierno italiano calcula que cada año, el sector público deja de ingresar unos 100.000
millones de euros por el fraude fiscal. La sensación de impotencia del Ejecutivo italiano es tal que hasta han recurrido al
clero en busca de ayuda. El primer ministro italiano, Romano Prodi, pidió en febrero que la Iglesia declarase la evasión
fiscal como pecado. 'Un tercio de los italianos evade impuestos, ¿por qué cuando voy a misa, casi nunca se toca el tema
en las homilías?', se preguntó. La Iglesia no ha seguido los consejos de Prodi, a pesar de que la semana pasada anunció
que amasar riqueza en exceso sería considerado pecado.
En el fondo, lo que persigue Prodi es que la evasión fiscal conlleve el reproche social. Algo que aún no sucede o, al
menos, no con la intensidad deseable. Como dice el director de Tributos español, José Manuel de Bunes, si un
ciudadano observa como un individuo está robando un coche, se solidarizará de inmediato con el propietario del
vehículo y llamará a la policía. Sin embargo, con el fraude fiscal, no ocurre lo mismo. Esquivar al fisco casi parece un
acto connatural al hombre.
Y lo cierto es que el dinero que deja de ingresar el Estado castiga a las inversiones públicas y daña al Estado de
bienestar.
Cinco Dias
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