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The situation of Public Healthcare
Provision in Europe
and the alternatives
Nicola Delussu
ESF Health Network
Situación en Europa
La política de salud en Europa no es una
prioridad de los gobiernos ni tampoco lo
es para la Comisión Europea. Aunque se
manifieste lo contrario, las decisiones
políticas que se toman día a día, junto a
la política diseñada en los Tratados de la
Unión Europea ratifican esta afirmación.
Muy al contrario de lo que nos dicen los
responsables sanitarios de nuestros países
las actuales políticas nacionales no
garantizan lo que para nosotros es
imprescindible en materia de promoción,
prevención y protección de la salud de las
poblaciones.
Esto se debe a que las políticas diseñadas por
los gobiernos siguen las coordenadas del
neoliberalismo, ajustando cada decisión a las
estrategias marcadas por las grandes
instituciones económicas internacionales que
rigen el planeta, como son el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Actualmente se puede afirmar que el
objetivo de la UE como se acordó en
Lisboa y lo recoge el Tratado Constitucional
es convertir a Europa en un mercado único
con una economía altamente competitiva.
Pues bien, las políticas implementadas
para llegar a alcanzar esto suponen
en el terreno de los derechos
humanos, entre ellos el derecho a la
salud, que no se podrán garantizar los
mismos.
Los gobiernos europeos avanzan en
la convergencia nominal, moneda
única, banco central europeo, y en
temas como la “lucha antiterrorista”
o la Agencia Europea de
Armamento, etc. pero no se da
ningún paso para establecer las
bases de un Estado de Bienestar
o un Servicio de Salud Europeo
o una convergencia en la
fiscalidad, etc.
No es que pensemos que la influencia de los sistemas
sanitarios en la salud sea determinante, ya que su
impacto en la salud es bajo respecto a otros factores
como la herencia genética, el medio ambiente, la
situación socioeconómica o posición de clase.
Sin embargo, el efecto redistributivo de un servicio
sanitario público - cuando existe un sistema fiscal
progresivo – sí que es determinante, pues tiende a
disminuir las desigualdades. La salud en Europa no es
buena para todos. Repasemos para demostrarlo
algunos indicadores como el gasto público sanitario
como porcetaje del PIB, o el gasto per cápita, o la
esperanza de vida, o el gasto en servicios sociales o
el desempleo o los índices de pobreza de algunos
países en Europa.
Lo primero que salta a la vista
es el escaso crecimiento cuando no la disminución - del
gasto públcio sanitario en los
siete años que muestra el
cuadro de la OCDE que se
recoge en el Anuario Social de
España elaborado por Vicente
Navarro, catedrático de
Políticas Públicas de la
Universidad de Pompeu Fabra.
Demuestra, asimismo,
como han funcionado las
políticas de recorte en los
gastos públicos, y la
desigualdad entre países
que podemos observar en
el siguiente cuadro del
mismo autor. Y en el
cuadro del Informe de la
OMS 2004.
El siguiente gráfico pone de manifiesto
las diferencias en la esperanza de vida
al nacer entre países europeos. Y,
además, tenemos que tener en cuenta
que la realidad de toda la población de
cada país no es exáctamente la
reflejada en estas cifras, ya que son
las cantidades medias de cada
indicador, y en cada región se dan
diferencias muy profundas entre clases
sociales, así como, entre mujeres y
hombres.
Un ejemplo paradigmático en desigualdades y escaso gasto
social es España, donde el porcentaje de gasto social en los
años 90 llegó al 21% - muy por debajo de la media europea
que ronda el 27 % - y ha descendido actualmente al 20 %
del PIB, y donde las diferencias entre el norte – más rico – y
el sur – Andalucía –, son muy importantes.
Así, la esperanza de vida fue menor en Andalucía que en el
resto del territorio, en todas las edades y sexos: al nacer fue
de 73,9 y 80,9 años para varones y mujeres en Andalucía y
de 75,0 y 82,1 años en España.
Las desigualdades entre Andalucía y España en la EVSD
(esperanza de vida sin discapacidad) fueron mayores a todas
las edades, tanto en varones como en mujeres: 66,0 y 69,0
años para varones y mujeres de Andalucía al nacer y de 68,3
y 72,0 en España. Andalucía tiene una menor longevidad y
una peor calidad de vida que la media española, sobre todo
en las mujeres mayores, como describen Miguel Ruiz-Ramos
y Francisco Viciana-Fernández en la “Gaceta Sanitaria” 2004;
Tampoco el gasto social - de gran impacto en la calidad
de vida - ha figurado entre las prioridades de los
gobiernos, y además, en las últimas décadas no ha
crecido al mismo ritmo que el PIB. Esto ha tenido una
grave repercusión en las clases bajas y más en unas
regiones que otras, como se pone de manifiesto en el
Informe de Situación Social en la Unión Europea 2002.
A nivel comunitario, el 20 % más pobre de la población
percibió el 8 % de la renta total en 1998, mientras que
el 20 % más rico obtuvo el 39 %, es decir, casi 5 veces
más. Las desigualdades tienden a ser más marcadas
en los Estados miembros con niveles medios de renta
inferiores. La menor diferencia entre las personas con
rentas superiores e inferiores se registra en Dinamarca
(2,7), Finlandia (3,0) y Suecia (3,4), mientras que es
mayor en los Estados miembros meridionales, en
Bélgica, el Reino Unido e Irlanda.
Y en el Informe de Situación Social en la Unión
Europea 2003 donde dice que “alrededor del 15 %
de los ciudadanos de la UE tenían una renta
equivalente inferior al 60% de su respectiva renta
mediana nacional en 1999. Esta cifra equivale a
aproximadamente 56 millones de personas.
Utilizando el 60% de la renta media nacional como
umbral, la proporción de gente amenazada de
pobreza era relativamente alta, (más del 21 %) en
Grecia y Portugal, relativamente más baja en Bélgica,
Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos,
Austria y Finlandia (del 11 al 13%), y muy reducida
en Suecia (9 %). Las prestaciones sociales reducen
la proporción de gente amenazada de pobreza en
todos los Estados miembros, pero en grados muy
diferentes: la reducción oscila entre el 5 % de Grecia
y casi el 70 %”.
A pesar de reconocer esto -el citado
documento- las políticas de ajuste
para cumplir con los compromisos
económicos, que han marcado los
Tratado fundacionales, han hecho
que los recortes en los gastos
sociales sean muy importantes, y
hayan perdido peso en el PIB de los
países en la última década, como
hemos comprobado en el caso de
los gastos sanitarios públicos.
El gasto de los sistemas de protección social en la Unión Europea
es dispar entre los países, en el cuadro adjunto se muestran en la
primera fila el año 2000, en la segunda el año 1996 y en la
tercera el año 1991, donde podemos comprobar como ha
disminuido el gasto en algunos de los países europeos y como la
tendencia de la década es a disminuir.
Si
analizamos ahora las cifras de desempleo que
para la Europa de los 25 asciende al 8,5 de la
población activa, unos 15 millones de desempleados,
podemos comprobar como en algunos casos las
mayores desigualdades y gasto social corren paralelos
al desempleo. Los países en los que esto ocurre como
España, Grecia o Portugal se corresponde con un
menor gasto social y menor gasto en servicios
sanitarios.
Además, hay que añadir que el “esfuerzo” que hacen
los gobiernos por disminuir las cifras del desempleo se
van en subvenciones a los empresarios y en contratos
con muy pocos derechos laborales y de escasa
duración, de esta forma las estadísticas en la UE
parecen mejorar sensiblemente frente a la anterior
década. De aquí la oposición de los franceses al
contrato de primer empleo...
Y son las mujeres las grandes perdedoras, con las
tasas más altas de desempleo:
No ayuda mucho a la situación de estos 15 millones de
desempleados las posiciones que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) mantiene acerca de las
privatizaciones que se están dando en las empresas
publicas y servicios públicos. Podemos ver en su web
sobre el empleo un documento de trabajo titulado
“Programa de Acción sobre la Privatización, la
Reestructuración económica y la Democracia. Políticas e
instituciones para dirigir el proceso de privatización”, en
el que se lee: “La OIT se interesa particularmente por
los aspectos sociales de la privatización y de los ajustes
estructurales. Sin embargo, también se preocupa por
ayudar a los gobiernos a comprender y estimar mejor
las condiciones económicas, políticas y culturales que
conllevan a su implementación exitosa. Durante las dos
pasadas décadas, la experiencia ha indicado que en
materia de política de privatización y ajustes
estructurales los gobiernos que dirigen estos procesos
estratégicamente tienen más éxito.
La OIT asiste a los gobiernos que forman
parte de ella para diseñar e implementar las
políticas de privatización y sus programas, así
como también para dirigir su atención a las
implicaciones sociales de tales procesos
basándose en la experiencia internacional. “
Con la ayuda de
organizaciones
internacionales como estas
los trabajadores y
trabajadoras de Europa
podemos dormir tranquilos ...
Parece que aunque la mayoría de
trabajos apuntan a que la educación, la
vivienda, y el empleo son determinantes
en las condiciones y bienestar de vida, y
por lo tanto, en no caer en la pobreza y
la exclusión social, pocos son los que
infieren que esto tiene unas causas
materiales originadas por el modo de
producción capitalista. Y que si no
transformamos ésta no se solucionará el
origen de aquellas.
Es preciso acabar con el
neoliberalismo si queremos
mejorar las condiciones de vida,
porque el origen de la pobreza no
está - aunque también - en la
desigual distribución de la riqueza,
sino en las reglas que impone la
mundialización capitalista actual.
La salud, rehén de la política
neoliberal
Los gobiernos europeos no trabajan en el
diseño de políticas que realmente mejoren la
salud y la calidad de vida de la población más
allá de la vigilancia epidemiológica lógica
contando con los avances actuales en
detección, información, comunicación y
alarmas de diversas enfermedades, como el
cáncer, VIH, drogas, etc. Así como, sobre
alimentación y medicamentos.
El marco en el que se desarrolla la
política de la UE está fijado desde el
Tratado de Maastricht y recogido en
el proyecto de Constitución,
pasando por la Agenda de Lisboa y
cumple con los requisitos del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento. Pero
además este tipo de política es
parte - o sigue las directrices - de la
propia estrategia que formulan el
FMI, el BM y la OMC.
Son precisamente los acuerdos de estas
organizaciones los que más afectan a
los servicios públicos sanitarios.
Como el Acuerdo General de Comercio
de Servicios (AGCS). Ya que su
influencia sobre los servicios públicos
ha hecho que éstos se desmantelen, y
abran al mercado y a la competencia.
Comprometiéndose los Estado a
derogar las leyes que impidan el
establecimiento en cada país miembro
de las multinacionales sanitarias.
La OMS (Organización Mundial de la
Salud) en la última década ha pasado a
tener una orientación en la misma línea
al apoyar y priorizar en la Conferencia
de Reformas Sanitarias en Ljubiana en
1995 los objetivos económicos como la
“gestión eficiente de los recursos”
frente a los epidemiológicos o de salud
pública. Posteriormente en “Sistemas
de Salud, mejorando el
funcionamiento” se alinea con las
posiciones más conservadoras del FMI.
Las reformas fiscales que han acompañado
los compromisos acordados en los Tratados,
como en el caso del Pacto de Estabilidad,
obligan a instaurar un tipo de política fiscal
sumamente regresiva lo que supone que
cada vez recaigan más gastos sobre las
clases trabajadoras y los Estados cuenten
con menos fondos para redistribuir en
gastos sociales. Además, los gobiernos se
han obligado a cumplir con el equilibrio
presupuestario no pudiendo endeudarse
para alcanzar el déficit cero, lo que motiva
que cada vez inviertan menos en los
servicios públicos.
Tanto el Tribunal Europeo de Justicia
como la UE han reconocido que los
servicios de salud así como los servicios
sociales son actividades económicas y
están sometidas a las leyes del
mercado, luego son mercancías. Por lo
tanto se puede comerciar con la salud,
como con la educación, etc.
Como decíamos al principio la
salud ha pasado de ser un derecho
a estar considerada una mercancía.
Por otra parte, la disminución progresiva
del sector industrial hace que se
busquen mercados en el sector
servicios, es algo de gran trascendencia
en la UE ya que la Comisión ha
calculado que este sector se acerca al
70 % del PIB. Esto ha animado a
acelerar la liberalización – privatización de los servicios públicos y a poner en
marcha directivas como la Bolkestein.
Es un ejercicio de hipocresía decir como lo hace la
“Estrategia Sanitaria de la Comunidad Europea” en:
“Desafíos para los sistemas sanitarios. El coste de los
sistemas sanitarios es una de las mayores cargas de los
presupuestos nacionales, una carga que no deja de
aumentar a medida que los recursos tratan de satisfacer
el crecimiento de la demanda. En las tres últimas
décadas, el gasto en asistencia sanitaria de la
Comunidad como porcentaje del PIB ha aumentado
notablemente en todos los Estados miembros ???. En
Italia, en 1977 este gasto suponía el 5,7% del PIB; en
1997 se aproximaba al 7,4%. En ese mismo período, el
gasto español pasó del 5,6% al 7,3% del PIB. En
respuesta a esta progresión, los Estados miembros han
emprendido una amplia gama de reformas estructurales
y medidas de control de los costes a fin de mejorar la
eficiencia y la efectividad de sus sistemas sanitarios.
Distintos factores relacionados con la oferta y la
demanda de servicios sanitarios han contribuido al
incremento del gasto sanitario”.
Por un lado, como hemos ido viendo no es cierto que
haya crecido mucho el gasto público de los sistemas
sanitarios, y si algunos países han elevado más el gasto
público sanitario es precisamente porque partían de
cantidades muy bajas en la década de los 70 y 80, por
eso se pone el ejemplo de Italia y España, cuando las
cifras tienden a decrecer en otros países. Y, por otro, las
transformaciones de los sistemas sanitarios públicos no
se han realizado para ahorrar dinero, como quieren
justificarlo los gobiernos, sino para abrir el sector público
sanitario a la competencia y al mercado. No se ahorra
con estas reformas, como se puede comprobar en el
caso del NHS del Reino Unido, sino que se desmantelan
los hospitales públicos, se bajan los salarios y son
peores las condiciones de trabajo de los profesionales
sanitarios, además se ofrece peor calidad asistencial y
de cuidados a la población.
Las privatizaciones de los sistemas sanitarios públicos provocan una transferencia de
fondos públicos a empresas privadas, y
además, toda la orientación de las políticas
de salud la terminan dictando las grandes
corporaciones y multinacionales del aseguramiento sanitario, que invierten en los
hospitales, ya sea a través de las fundaciones o de las PFI (Private Financie Iniciative)
o de otros modelos que se han aplicado en
los sistemas sanitarios para privatizarlos
como los PPP (Public Private Partnerships).
No consideramos que sea cierto que la
UE como se establece en una
disposición concreta que «al definirse y
ejecutarse todas las políticas y medidas
de la Comunidad se garantizará un alto
nivel de protección de la salud
humana», ya que lo que prima es el
mercado y éste tiene sus reglas y son
contrarias al acceso gratuito, universal y
con equidad de los servicios públicos de
salud.
Por eso ni el “Programa sobre la Salud Pública (20012006)” que se centra en tres prioridades:
1) Mejorar la información y los conocimientos sobre la
salud.
Se establecerá un sistema global de información
sobre la salud que proporcionará a los responsables
políticos, a los profesionales sanitarios y a la
población en general la información y los datos
esenciales sobre la salud que necesitan .
2) Atajar rápidamente las amenazas para la salud
Se establecerá un dispositivo de respuesta rápida y
eficaz para abordar las amenazas para la salud
pública relacionadas, por ejemplo, con las
enfermedades transmisibles.
La integración de la UE, basada en el principio de la
libre circulación, hace más imprescindible la vigilancia.
3) Abordar los factores determinantes de la salud.”
Ni el más reciente: “Programa de acción
comunitaria en el ámbito de la salud y la
protección de los consumidores (2007-2013)”,
que siguiendo los pasos de otros anteriores y
de la propia “Estrategia Sanitaria Europea”
propone en el “Capítulo 1:
El programa completa y apoya las políticas de
los Estados miembros, y contribuye a mejorar
la salud y la seguridad, así como a proteger los
intereses económicos y jurídicos de los
ciudadanos”, no pone las bases para
resolver verdaderamente los problemas
de salud de los europeos, si no que lo
hace desde la vertiente de consumidores.
La propuesta de este nuevo Programa de la
UE vuelve a estar dirigida no al derecho a la
salud como derecho universal inalienable,
sino a la protección de los ciudadanos como
consumidores, con lo que continua
valorando la salud como una mercancía.
Y así lo manifiesta cuando señala:
“Con el objetivo de reforzar las numerosas
sinergias entre las políticas de salud y
consumo, la propuesta – de este Programa
– establece una serie de acciones e
instrumentos comunes”.