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Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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DERRUMBE Y DESTINO DEL ESTADO-NACION EN ARGENTINA
La Patria no ha de ser para nosotros
nada más que una hija y un miedo inevitable,
y un dolor que se lleva en el costado
sin palabras ni gritos.
Leopoldo Marechal, Heptámeron, 1966
1. Destrucción y reconstrucción del Estado
El enigma del fracaso argentino luego de la segunda mitad del siglo XX se puede
comprender en parte por la incapacidad de la clase dirigente para administrar el Estado
en función de los intereses públicos. El costo que el pueblo argentino ha tenido que
pagar por las prácticas prebendistas, corporativistas, clientelísticas y mafiosas durante
las últimas décadas es tan importante como el monto de la deuda externa cifrada en más
de 140 mil millones de dólares. Los subsidios a las ficticias radicaciones industriales
entre 1970-2000 tuvieron un costo fiscal superior a los 30 mil millones de dólares,
muchos de los cuales sirvieron para subsidiar a las automotrices extranjeras. La
estatización de las deudas privadas en l982, por obra del entonces director del Banco
Central Domingo Cavallo, fue del orden de los 20.000 millones de dólares. La Guerra
de Malvinas insumió unos 10 mil millones de dólares. Las evasiones impositivas y
aduaneras en las últimas décadas superan los 30.000 millones de dólares. Los
enriquecimientos ilícitos a través de obras públicas con sobreprecios, licitaciones y
transacciones fraudulentas (maffia del oro, tráfico de armas a Ecuador y Croacia, entre
otras) también se cifran en varios miles de millones de dólares. Si a esto agregamos la
baja productividad del Estado y el sobreempleo clientelístico tendríamos una cifra
superior al PBI de todos los países de América Central y Caribe. Argentina dilapidó a
través de una mala gestión pública una gran parte de su capacidad de crecimiento.
Los gobernantes y dirigentes de turno engrosaron las plantas de la
administración pública con parientes, amigos y seguidores que asumieron sus cargos
como una renta. Así como la oligarquía tradicional había usufructuado de la renta
diferencial de la tierra durante la primera parte del siglo XX surgió luego
progresivamente la figura de la “renta diferencial del poder político”. La clase
dirigente endeudó al Estado y al pueblo argentino para afrontar los déficits de las
finanzas públicas. Sólo por milagro un país podría sobrevivir en tales condiciones. El
milagro del Estado rentístico llegó a su fin con la quiebra de las finanzas públicas, el
default , la pérdida del sistema de créditos y la parálisis de todo el sistema público.
Sin duda, para hablar del Estado y la Nación en el contexto del derrumbe de la
Argentina en este comienzo del siglo XXI no podemos recurrir a una idea de reforma o
de modernización. Sería más apropiado hablar de reinvención del Estado. Lo cual nos
obliga a pensar no sólo la identidad de la Nación, no sólo la organización del sistema
estatal, sino también la rearticulación con las organizaciones sociales de la sociedad
emergente. Porque luego del catastrófico derrumbe del Estado y de la dramática
desintegración de la sociedad ya no quedan posibilidades para repetir las formas que en
el pasado nos llevaron a la decadencia. La búsqueda de un nuevo punto de partida se
puede detectar fácilmente entre los actores que protagonizan las diversas protestas y
conflictos actuales. Este sería uno de los significados de la consigna “que se vayan
todos”.
Resulta evidente que no se puede encarar el futuro sin replantear las estructuras
del poder estatal y sus relaciones con la sociedad y la economía. La reconstrucción de
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la economía, de la sociedad y del Estado son ineludibles para afrontar la catástrofe
que hoy enfrenta el pueblo argentino. Este simple enunciado encierra la magnitud del
desafío histórico que tenemos por delante. Significa entre otras cosas que no se trata de
una crisis económica o financiera, como las negociaciones con el FMI tienden pueden
hacernos creer. Aunque los aspectos económicos tienen un alcance decisivo en la
supervivencia actual del pueblo argentino, lo que esta en juego es la reelaboración de
un nuevo modelo social y de un nuevo proyecto de país.
Queremos plantear la necesidad de reinventar la idea del Estado-Nación, no por
un capricho ideológico sino porque a la luz de la experiencia contemporánea podemos
constatar que se trata de un requisito para la supervivencia de cualquier pueblo. Sin
embargo, no podemos afirmar con certeza que como referentes políticos y
simbólicos el Estado y la Nación han de conservar la centralidad que han tenido en
la formación de la Argentina moderna. No es sólo el efecto de la globalización lo que
amenaza la entidad del Estado-Nación. Cabría preguntarse si la mayoría de los
argentinos están dispuestos a asumir un cultura del espacio público que implique
respetar los intereses comunes por encima de los intereses particulares. La ausencia de
normas, de sanciones morales o administrativas, el quiebre de las jerarquías, el
clientelismo gremial o político, las prebendas y privilegios de los que detentan el poder,
han creado una cultura organizacional difícil de deshacer. Si los mismos empleados
públicos y la población no manifiestan la voluntad de fortalecer las reglas de un Estado
inteligente , eficaz y solidario, es probable que los dirigentes políticos lo vean como una
misión imposible. Entonces el camino seguirá abierto para el desmantelamiento del
aparato público.
Por otro lado, al interpretar la dinámica de los actores sociales que se movilizan
para reconstruir la sociedad notamos que en la mayoría de ellos existen fuertes rechazos
a las formas del Estado que conocemos con sus prácticas perversas o ineficientes. Ni los
piqueteros, ni los cartoneros, ni los asambleístas barriales, ni los intelectuales críticos, ni
los estudiantes, ni las organizaciones sociales, ni los pequeños y medianos empresarios,
están pensando en reproducir las estructuras vigentes. Obviamente, tampoco buscan
fortalecer el Estado-Nación los neo-liberales, la burguesía dependiente, las empresas
trasnacionales o el Fondo Monetario Internacional.
Detrás de estas tendencias podemos discernir distintas orientaciones de carácter
económico, social o político. En cualquiera de ellas el concepto de “Estado-Nación”
tiende a reformularse, a “deconstruirse”o a relativizarse.
Colocar al Estado-Nación en el centro de la escena sin subestimar las estrategias
económicas, las reivindicaciones igualitaristas y las demandas de democracia directa
implica adoptar una perspectiva neo-estatista. Podemos suponer que sin la
consolidación del Estado resultará problemático mantener el Estado de Derecho,
recrear el Estado de Bienestar y llevar adelante un proyecto de desarrollo
autosustentable. Tampoco sería viable siquiera la vigencia del contrato social: la
lucha de todos contra todos ya amenaza de mil maneras la sociedad argentina. El
mismo proceso de globalización, contra lo que dicen muchos analistas, exige la
vigencia del Estado-Nación como sujeto capaz de defender los intereses del país
sometido a un endeudamiento externo insoportable y a la internacionalización de
su economía.
2. Una economía sin sociedad, una sociedad sin Estado
de
En la década del 90 la Argentina ensayó con el respaldo de las ideas neo-liberales y
los organismos de crédito internacional un proceso de privatización y de
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internacionalización a ultranza de la economía nacional. Lo cual llevó a eliminar
primero los resortes básicos del Estado y luego a la marginación de una parte importante
de la sociedad. Después de un largo período de más cincuenta años en que el Estado
controlaba la economía y la sociedad nos encontramos con una doble disociación: una
economía sin sociedad y una sociedad sin Estado. Se asumió que el Estado no debía
tener políticas de desarrollo económico-social y se produjo un abandono progresivo de
las responsabilidades sociales del Estado. Es en el marco de esta disociación, a su vez
epifenómeno de la desintegración social, que podemos comprender el hecho de que
aparezcan fuertes tendencias sectoriales: los que piensan que todo se puede arreglar
desde el mercado y las variables macro-económicas, los que piensan que todo se
resuelve con políticas asistenciales y los que creen que un simple cambio de las
representaciones políticas puede resolver la crisis.
El Estado sigue siendo de hecho una realidad innegable: dispone de un presupuesto
de gastos cercano a los 60 mil millones de pesos entre todas sus jurisdicciones , tiene
un sistema educativo complejo que atiende a cerca de 12 millones de personas, posee
fuerzas armadas y de seguridad profesionalizadas y modernas, atiende sistemas de
salud, de justicia y de seguridad social que aún en crisis representan un capital social
muy significativo. El Estado existe de hecho no sólo como expresión del gasto público,
que se ubicaba en el tercer rango de América del Sur en el 2001, sino también como
estructura social y política. Sin embargo, nunca como ahora se ha deslegitimado y
minimizado tanto el poder público y el Estado. Este hecho por sí mismo genera un
alto grado de inoperancia y de ineficiencia. La gestión pública ha perdido sus valores,
ha perdido autoridad y responsabilidad, ha perdido los criterios de racionalidad y de
equidad en sus decisiones. O sea, marcha a la deriva.
De la figura del Estado Benefactor que instaló el peronismo entre 1946-55 se fue
deslizando hacia el Estado Burocrático Autoritario bajo el poder militar, con
interregnos breves de gobiernos civiles, llegando al Estado Terrorista entre 19761983. A partir de la restauración democrática iniciada en 1983 se acentúa la figura del
Estado Clientelístico para llegar al Estado Ausente de los 90 con el gobierno de
Menem. En la etapa actual pareciera que todos los actores (piqueteros, ahorristas,
comerciantes, empresas, bancos, profesionales o trabajadores públicos) consideran al
Estado, por distintas razones, un enemigo. En este contexto parece imposible reivindicar
el rol del Estado-Nación. Sin embargo, desde la razón histórica, sabemos que sin
Estado la sociedad argentina no tiene futuro.
Una de las razones de la disociación entre la sociedad y el Estado tiene que ver con
el debilitamiento del referente utópico, ético, imaginario y simbólico que desde
mediados del siglo XIX dió sustancia a la formación del Estado moderno argentino: la
idea de Nación. Esta idea se reelaboró luego de la batalla de Caseros (1852) con
elementos federalistas-unitarios, democrático-liberales, cosmopolistas, progresistas y
elitistas, que pese a la hegemonía de una oligarquía liberal permitieron construir la idea
de una Nación compartida por todos. Este proceso llevó por lo menos 30 años de
consolidación hasta 1880. Con la aparición del radicalismo a principios del siglo XX y
del peronismo a partir de 1949 la idea de Nación incorporó valores democráticos,
nacionalistas, populistas y americanistas. La conciencia nacional pudo ser interpretada
desde las versiones liberales, nacionalistas, democráticas, socialistas o populistas pero
sirvió como referente básico para definir el funcionamiento del Estado y la cohesión
social.
¿En qué momento se produce una ruptura entre la idea de Nación y la
legitimidad del Estado?. Un primer hito es sin duda la experiencia del Estado terrorista
en el período 1976-1983. Esta experiencia fue mucho más allá del modelo de “dictadura
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militar” o “gobierno militar” que los argentinos de diversos sectores habían aceptado
como recurso político desde 1930. Las versiones anteriores del poder militar
conservaron, pese al autoritarismo, límites de legitimidad y de representación de
intereses colectivos. El “terrorismo de Estado” convirtió al poder estatal, militar,
judicial o policial en sinónimo de arbitrariedad total, en amenazas reales y potenciales
para la seguridad de los ciudadanos. El poder militar no solo generó una antinomia entre
el poder militar y la sociedad civil sino que también creó una amalgama funesta entre el
ejercicio de la autoridad pública y el totalitarismo.
Esto explica en parte que a partir de la restauración democrática que comienza
con el presidente Alfonsín en 1983 se asumiera como paradigma que había que
autonomizar a la sociedad civil frente al estado autoritario. Ideólogos democráticos y
progresistas como J.C. Portantiero, Eduardo Rabossi, Carlos S. Nino y otros, expresaron
esta antinomia a través de discursos que justificaron las nuevas políticas tendientes a
desmantelar el estado autoritario en todas sus formas. La democratización parecía exigir
esto. Pero se subestimó la importancia del Estado y de la función pública a tal punto que
se llegaron a suprimir los organismos de planificación, de estadísticas, de control de
gestión pública. El principio de autoridad fue cuestionado tanto en las escuelas como en
las empresas públicas. Las provincias y las universidades fueron adquiriendo poderes
feudales en nombre del federalismo o de la autonomía. Hacia 1989, cuando el proceso
hiperinflacionario llevó a la renuncia del Alfonsín, los organismos y las empresas del
Estado resultaban inmanejables. Ya no existían políticas públicas ni gestión estatal.
El tercer paso se produjo durante el gobierno de Menem (1989-1999). Ante la
quiebra de la gestión pública los argumentos de los neo-liberales encontraron terreno
fértil para lograr consenso en torno a la privatización de las empresas del Estado. Ya no
existía autoridad ni capacidad suficiente para hacer funcionar correctamente el Correo,
los Teléfonos, la provisión de agua y electricidad, los ferrocarriles, las empresas
marítimas, aéreas o petroleras del Estado. La opinión pública mayoritaria ratificó esta
política al votar la reelección de Menem. Así culmina un proceso de desligitimación del
Estado que socava al mismo tiempo las funciones del poder público y la idea de Nación.
Fenómenos como el alquiler de una escuela municipal de Buenos Aires para convertirla
en Shopping, la privatización del cobro de impuestos, la liquidación del sistema de
seguridad social público, la transformación de propiedades de las fuerzas armadas en
centros comerciales o el abandono de las políticas sociales, son algunos de los síntomas
de la nueva política. La adopción del dólar como moneda de cambio (ley de
“convertibilidad”) significó renunciar a la soberanía monetaria, un atributo que los
Estados modernos conquistaron a fines de la Edad Media europea.
Entretanto, los funcionarios públicos en todos sus escalones fueron
desjerarquizados, en términos salariales y funcionales. Los dirigentes políticos al frente
del Estado se convirtieron en operadores de intereses económicos propios y ajenos.
Muchos hicieron de la función pública una herramienta para favorecer sus propias
clientelas partidarias. La corrupción se generalizó en todos los niveles y en todas las
instituciones públicas: desde las comisarías hasta los órganos municipales, desde la
justicia hasta el gobierno nacional o provincial. El fiscal italiano Di Pietro, cuya política
de mani puliti” llevó al procesamiento de 3.000 funcionarios y dirigentes políticos en
Italia, sostuvo que en Argentina la corrupción fue diez veces mayor.
Al final de este proceso lo que encontramos es una sociedad que vive al márgen
de la ley, un Estado que es incapaz de garantizar el cumplimiento de los principios
constitucionales que aseguran el contrato social, un sistema judicial y policial incapaz
de asegurar el cumplimiento de la ley, una población ampliamente desamparada y
despojada por el mismo Estado, una estructura política supernumeraria, clientelística y
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disfuncional, un sistema financiero fuera de control, un espacio económico altamente
extranjerizado, una cultura dominante ajena a un proyecto de Nación.
3. La idea de Nación: de la Colonia a la República Transnacional
Los pueblos pueden apelar a distintas ideas-fuerzas o valores para construir una
proyecto común. Unos evocan la tierra de sus ancestros (la identidad telúrica y
ancestral), otros sus creencias religiosas comunes (fundamentalismo religioso), otros
reivindican su tradición y su historia, algunos se apoyan en los valores comunitarios.
Argentina tiene una historia que con sus contradicciones ha producido una cierta
identidad colectiva. También tiene un patrimonio cultural, popular o elitista, cuyos
personajes y creaciones identifican a un pueblo: Gardel, Borges, el tango, el folklore, el
futbol, la educación pública, la danza clásica o el cine son algunos exponentes. No ha
sido ni la tierra, ni la sangre ni la religión lo que forjó una identidad colectiva: fue la
obra de políticas públicas durante más de un siglo, fue una cierta idea de Nación, fue la
creatividad de muchos protagonistas que se asumieron como parte del “pueblo
argentino”.
La idea de Nación, en ausencia de tradiciones como en Europa, en ausencia de
fuertes comunidades como en Estados Unidos, ha sido determinante en Argentina para
definir la configuración del Estado y la sociedad. El problema es que ya no sabemos que
contenidos tiene esa idea en nuestros días. Tampoco sabemos en qué medida puede ser
todavía el referente de un proyecto de desarrollo en común o de un nuevo contrato
social. Los países europeos, en tránsito hacia un sistema de integración transnacional,
encontraron un soporte en sus identidades étnicas, en sus tradiciones locales y en una
cierta de unidad sustentada por una fuerte consolidación de su mercado común.
Francia, el menos localista y étnico de los países europeos, reforzó sus valores
nacionales para integrarse en la Unión Europea. De allí sus resistencia a los reclamos de
la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que se reconozca a los bienes
culturales como bienes transables, sujetos a normas del mercado. El Estado francés
afirma que los bienes culturales hacen a la identidad, a la socialidad, a los valores del
pueblo francés o de cualquier pueblo.
La idea de Nación sigue siendo para los argentinos un referente fundamental. No
porque exista una “esencia del ser nacional” o porque pueda mantenerse del mismo
modo que en el pasado la idea de “soberanía nacional”. No hay que olvidar que muchos
de los “proceres nacionales” fueron personajes “transnacionales”: Liniers, héroe de la
guerra contra los ingleses era francés, San Martín, padre de la Patria vivió y murió en
Europa luego de luchar por la Independencia de Chile y Perú , Guillermo Brown,
fundador de la Armada era de orígen irlandés, el criollo nacionalista Juan Manuel de
Rozas se refugió en Gran Bretaña cuando lo derrocaron, Sarmiento vivió muchos años
exiliado en el extranjero y reivindicó abiertamente la inmigración europea, Saénz Peña
peleó como coronel peruano en la Guerra del Pacífico antes de ser Presidente. Artigas,
Gardel, Cortázar, Borges, los misioneros italianos salesianos de la Patagonia, los
colonos galeses del Chubut, los gauchos judíos de Entre Ríos, los sirio-libaneses (los
“turcos”), los “gallegos”, los “vascos”, son personajes que nos revelan la complejidad
cosmopolita de la identidad nacional argentina.
Uno de los rasgos más distintivos del “ser nacional argentino” proviene del
cosmopolitismo y el multiculturalismo de su población. Ahora, los argentinos están
reconocimiento su diversidad, están revalorizando sus “diferencias”. Lejos de ser una
desventaja esta diversidad se encuentra implícita en el Preámbulo de la Constitución
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Nacional de 1853 cuando dice “para nosotros, para nuestra posteridad y todos los
hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. El cosmopolismo ya era
entonces un proyecto. Pero ahora el problema es cómo reafirmar una identidad en medio
de un proceso de globalización que en Argentina fue presentado como un proceso de
recolonización económica y cultural cuyos resultados nos llevaron a la catástrofe que
estamos experimentando.
Estado y Nación son entidades de distinto orden. En América del Sur el Estado
nació durante la Conquista antes que la sociedad y la Nación. Las autoridades
locales no tenían otro referente efectivo que las órdenes del Rey de España o Portugal,
lo que institutyó, entre otras cosas, la disociación entre el “país real” y el “país legal”, la
subordinación total de la sociedad local a un Estado extranjero. (En América del Norte
la colonización se hizo a través de comunidades que fueron los sujetos de la
Independencia de 1776 y la idea de Nación se consolidó luego de la guerra civil 186164 que unificó el país en la diversidad de los Estados).
Las formas del Estado autoritario, prebendista, clientelístico, patrimonialista,
mafioso, que se instituyeron desde la Colonia atravesaron todos los tipos de gobierno,
como lo ha señalado Ignacio García Hamilton (Los orígenes de la cultura autoritaria
e improductiva). El despotismo, la economía de rapiña y de no-trabajo, la ausencia de
una cultura cívica, fueron los aspectos que Hegel destacó como distintivos de América
del Sur en su Filosofía de la Historia.
Las guerras de la Independencia desde 18l0 dieron lugar a tres revoluciones
inconclusas: 1) la lucha por la Independencia; 2) la lucha por las libertades civiles; 3)
las luchas por la justicia social. Estos objetivos históricos tomaron muy diversas formas
en movimientos políticos del continente. En Argentina el peronismo asumió como
banderas la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. En toda
América del Sur los grandes objetivos históricos siguen pendientes: desarrollo auto
sustentable, democracia y justicia social son ideas-fuerzas que animan a muchos
movimientos actuales de la región.
En Estados Unidos la sociedad nació antes que el Estado bajo la forma de las 13
colonias que se dieron la Independencia. A su vez, allí la clase dominante se identificó
con un proyecto de Nación que se consolidó recién después de la Guerra Civil 1861-64.
En América del Sur, en cambio, las clases dominantes rara vez se asumieron como clase
dirigente, no se identificaron con la Nación o no se identificaron con el pueblo. Esta
clase dominante, calificada también como oligarquía, se asoció a menudo con los
intereses extranjeros.
América del Sur careció casi siempre de una burguesía nacional y de una clase
dirigente. Los movimientos populares de distinto signo,
reformistas o
revolucionarios, tuvieron que apelar a una idea de Estado y de Nación para
fortalecer la cohesión social en torno a la defensa de los intereses colectivos. Esto
explica el retorno recurrente de los movimientos populistas.
Los movimientos nacionales y populares de América del Sur afirmaron a través de
alianzas de clases la identidad nacional y la vigencia del Estado pero a menudo dieron
muy poca autonomía a la sociedad civil y recurrieron a formas autoritarias para
mantener la cohesión social y nacional. En gran medida adoptaron el paradigma
moderno del estatismo centralista e integrador (algo que también habían hecho las
oligarquías ilustradas de fines del siglo XIX en Argentina, Brasil, Chile, México y otros
países). En los discursos del peronismo figuraba la idea de la “comunidad” (la
“comunidad organizada” decía Perón) las políticas adoptadas tendieron a reafirmar la
cohesión nacional a través del Estado y de organizaciones centrales (como los sindicatos
y el partido oficial).
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El resurgimiento de la democracia en 1983 coincidió con un debilitamiento de
las formas del Estado de Bienestar y del Estado Autoritario en todas partes. El gobierno
de Alfonsín asumió como tarea el desmantelamiento de todas las formas de
planificación y de conducción estratégica a través del Estado. En los gobiernos de
Alfonsín, Menem y De la Rúa, se produjo un progresivo desmantelamiento y
privatización del Estado. Se destruyó también la capacidad burocrático-técnica
acumulada desjerarquizando a los mandos medios y creando una superestructura de
funcionarios políticos y técnicos ad-hoc. La capacidad operativa y la inteligencia
estratégica del Estado quedó reducida a casi nada. Se produjo una atomización y
descerebración del Estado.
En Chile la apertura democrática (1989) con la concertación democristianasocialista en lugar de desmantelar el Estado prusiano de Pinochet utilizó esta misma
plataforma para tratar de reconstruir el Estado de Bienestar. En Brasil, asimismo, la
democratización no debilitó la estructura del Estado sino que se orientó hacia un sistema
federal y descentralizado. Pero el Estado central conservó todos los instrumentos para la
gestión estratégica del país.
A partir de la primera presidencia de Menem (1989-1995) se asumió como un
paradigma que la globalización significaba para Argentina establecer una apertura
completa de la economía y una renuncia a principios que habían guiado la construcción
de una idea de Nación. Ni políticas tecnológicas, ni políticas de Defensa Nacional, ni
políticas culturales, ni políticas industriales, ni políticas científicas que tuvieran como
objetivo el fortalecimiento de un proyecto nacional. La teoría de las “relaciones
carnales” con EE.UU. fue la metáfora consagrada para ilustrar un proceso de
“recolonización capitalista” que llegó a los sectores más diversos: se extranjerizaron la
producción vitivinícola, las compañías telefónicas, los sistemas de apuestas, la banca, el
comercio, los supermercados, el petróleo, etc. Además, se inundó al país con productos
importados destruyendo miles de fábricas y de puestos de trabajo. Argentina sufrió un
proceso de recolonización capitalista que la había convertido en un enclave
trasnacional para proveer commodities y para facilitar operaciones financieras
especulativas. La experiencia de esta “república transnacional”, respaldada por el neoliberalismo y las agencias financieras internacionales, fracasó. La quiebra del Estado, la
desintegración social y el colapso económico fueron algunas de sus consecuencias.
4. Estado y estructura social
No podemos dejar de situar al Estado argentino en el contexto de la estructura
social. Desde este punto de vista podemos distinguir en la Argentina actual las
siguientes clases y grupos sociales: 1) una burguesía extranjera compuesta por los
propietarios o gerentes de las empresas transnacionales; 2) una burguesía dependiente
compuesta por los socios locales, clientes y proveedores del sector transnacional; 3) una
burguesía industrial, mercantil y rural en crisis; 4) una burguesía política, de la cual
forman parte los dirigentes políticos, funcionarios de alto nivel, jueces y legisladores; 5)
la clase media ligada a los sectores dominantes ; 6) las clases medias asalariadas y
proletarizadas ; 7) el proletariado industrial cada vez más exiguo; 8) los empleados
públicos, entre lo cuales encontramos obreros, administrativos, funcionarios de nivel
medio, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad; 9) los cuentapropistas; 10) los
desocupados; 11) los marginados y excluídos.
Este simple mapa, sin duda impreciso, tiende a destacar la heterogeneidad y
fragmentación de los actores sociales. Habría que agregar que la importancia relativa de
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los mismos depende también de los contextos regionales, de los liderazgos y de los
comportamientos de cada grupo. En el caso argentino los marginados y excluídos han
logrado un alto grado de organización, algo inédito en situaciones semejantes. También
hay que señalar el crecimiento significativo de las organizaciones no gubernamentales
(ONGs) y de las iglesias que movilizan más de 3 millones de personas. Estos dos
fenómenos están indicando, tal vez, el fortalecimiento de la sociedad civil como
contrapeso de la decadencia del Estado.
Los efectos combinados de la privatización del Estado, de la desnacionalización de
la economía, el colapso de las economías regionales, la des-industrialización, la desinversión pública y los sucesivos ajustes económicos, aceleraron la desintegración
social fragmentado aún más los distintos sectores sociales. Esta es la razón por la cual
es difícil realizar un análisis de clases sociales en Argentina de acuerdo con las
categorías sociológicas tradicionales. En efecto, no existe un eje único de polarización
social como sería el antagonismo entre burguesía y proletariado (versión marxista), o
entre un sector moderno y uno tradicional (versión funcionalista o desarrollista).
Tampoco se puede hablar de un bloque nacional-popular frente a un bloque oligárquico
(versión populista). Nos encontramos en medio de un sistema de contradicciones
cruzadas producto de la desintegración social. En la misma Plaza de Mayo unos
reclaman la devolución de sus ahorros en dólares mientras otros piden pan y trabajo,
unos exigen la destitución de la Corte Suprema mientras otros quieren nuevas formas de
participación popular.
Con este panorama es difícil encontrar un actor social capaz de aglutinar a los
otros para reconstruir el Estado y la Nación. El radicalismo significó en la primera
mitad del siglo XX un movimiento de clases medias en ascenso que quiso controlar y
democratizar el Estado frente a la oligarquía. El peronismo surgió a mediados del siglo
XX como una alianza entre el movimiento obrero, un sector del Estado (sobre todo las
fuerzas armadas) y una burguesía industrial incipiente en pos de un proyecto industrial y
de un Estado de Bienestar. En ambos casos existió un proyecto totalizador, o sea
integrador, donde los objetivos del Estado y los intereses colectivos legitimaban
fuertemente la pertenencia a una Nación. ¿Dónde está el movimiento que puede
representar una configuración semejante?.
5. Hacia un Estado inteligente, eficaz y solidario
Una política de reconstrucción del Estado y de la Nación implica repensar la
configuración del Estado, la identidad nacional, la alianza de clases y la acción política.
Las coyunturas pueden inducir diferentes respuestas aparentemente realistas. Pero si no
pensamos con sentido estratégico, dificilmente encontraremos una respuesta adecuada.
¿Qué Estado queremos? ¿Qué Estado podemos tener hoy?. En primer lugar,
necesitamos un Estado inteligente. O sea, con cuadros del mejor nivel,
profesionalizados, al servicio de los intereses públicos. Capaces de actuar con la mayor
competencia técnica para defender los intereses públicos y nacionales. En segundo
lugar, necesitamos un Estado solidario, o sea, al servicio del pueblo, capaz de fortalecer
la sociedad civil en lugar de suplantarla o ignorarla. En tercer lugar, necesitamos un
Estado capaz de liderar un proceso de desarrollo autosustentable en un mundo
globalizado.
Estado inteligente, profesionalizado, solidario, aliado de la sociedad civil, agente
estratégico para el desarrollo y la proyección internacional serían algunos de los rasgos
de un neo-estatismo que al mismo tiempo que se opone al neo-liberalismo se distingue
del estatismo tradicional en varios puntos: a) pone el acento en la organización
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inteligente fundada en el uso intensivo del conocimiento, de la información, la ciencia y
la tecnología; b) el Estado se considera como un servicio fundado en una ética del
servicio público en cooperación con la comunidad, con la sociedad civil; c) pone el
acento en la capacidad de gestión estratégico más que en la posesión de dominios o
empresas; d) se considera por definición como el garante de la solidaridad social, no
como un árbitro ni como un benefactor; e) se asume como agente democrático y como
una espacio de participación popular.
Estas características implican superar las prácticas clientelísticas, corporativas,
mafiosas. Implican también la introducción de mecanismos de control de gestión con
representantes de la sociedad civil. El neo-estatismo no puede reproducir los factores
que llevaron al fracaso del Estado argentino tradicional. Las estructuras deberán ser
desburocratizadas, los programas de acción deberán facilitarse mediante mecanismos
flexibles. La transparencia deberá ser obligatoria. En los gobiernos municipales habría
que promover la gestión participativa de los vecinos, sobre todo, en la elaboración de
los presupuestos.
El nuevo Estado ha de ser transnacional, sus cuadros deben estar preparados
para analizar y resolver problemas internacionales. Esto ya es evidente en las
fuerzas armadas y de seguridad que se encuentran cumpliendo misiones de paz en 18
lugares distintos del mundo. Pero debería ser evidente también para el funcionario de
Aduana o de comercio o de industria o de agricultura. Y, por supuesto, las universidades
públicas deberían buscar mucho más la cooperación internacional. En cualquier terreno
hay que analizar problemas y tomar decisiones que afectan nuestros intereses en el
mundo o en el país a causa de los intercambios con otros países. Ni los empleados
públicos estan preparados para esto ni existen políticas para dotar al Estado de una
capacidad de acción transnacional. La sociedad, la economía y el Estado nacional se
encuentran desbordados por problemas que provienen de nuestros intercambios con el
exterior: no sabemos qué hacer con las importaciones, con el Mercosur, con el sistema
de transporte internacional, con los programas educativos virtuales que llegan del
extranjero, con la inmigración, con las políticas culturales que cabe defender frente a los
centros internacionales dominantes, etc.
Un Estado inteligente (y altamente profesionalizado), solidario (y comunitario), con
capacidad de gestión estratégica para el desarrollo nacional y para los intercambios
internacionales, eso es lo que necesitamos para enfrentar los problemas actuales y del
futuro. En lugar de abordar estos aspectos las distintas reformas del Estado en los
últimos 15 años buscaron disminuir el número de empleados o ampliarlo, mejorar los
trámites administrativos, automatizar los procedimientos, formar una élite burocrática.
Estos objetivos aislados no podían de ninguna manera producir un cambio sustantivo y
favorable en el funcionamiento del Estado. Se gastaron en estos programas centenares
de millones de dólares entre 1985 y el 2000.
La afirmación de un Estado solidario implica terminar con la feudalización y la
privatización encubierta de los espacios públicos. En la actualidad el sistema judicial
tiene salarios y privilegios por fuera del resto de los servidores públicos. Los jueces no
pagan impuestos y ganan más que los gobernadores o los ministros de la Nación; los
legisladores, nacionales o provinciales, tienen salarios por encima de los funcionarios
del Ejecutivo. Todos invocan fueros, autonomías o federalismos: el poder judicial, las
provincias, las universidades, las legislaturas provinciales, los concejos deliberantes. .
Dentro del Estado argentino hay más diferencias, jerarquías y privilegios que en las
instituciones públicas de la Unión Europea. El espacio público argentino se convirtió en
un sistema de privilegios, en una constelación de feudalidades. Gobernadores de
provincia, comisarios, jueces, rectores de universidad, intendentes municipales,
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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directores de aduana, convirtieron sus espacios institucionales en botines políticos,
feudos personales o familiares, centros de enriquecimiento ilícito. Esta perversión de la
función pública tuvo tal amplitud que dio lugar a un nuevo género periodístico dedicado
a denunciar por diferentes medios los alcances del fenómeno. Lo que es significativo es
que pese a las abundantes evidencias públicas (incluyendo filmaciones y testigos) el
índice de impunidad es del orden del 90%.
6. La identidad nacional
¿Cómo se asocia la reconstrucción del Estado con la idea de Nación?. Ante todo, no
se puede restablecer la ética del servicio público sin un fuerte sustento en la conciencia
nacional. Que es lo que se intentó suprimir en la década precedente. Podríamos tener un
estado eficiente y solidario como en Canadá pero con distintos conceptos de Nación.
En casi todas partes la Nación se identifica con la Patria, con la tierra donde se nació o
nacieron los antepasados, o sea, la Matria, al decir de Edgar Morin. En Argentina sería
difícil mostrar, a pesar de que se ha intentado muchas veces en el pasado, que existe
una esencia de la Patria surgida de lo telúrico o de los antepasados. Muchos de nuestros
antepasados no nacieron en estas tierras, muchos de nuestros compatriotas vinieron de
países vecinos o lejanos. Muchos argentinos murieron en tierras de América luchando
por las causas de pueblos hermanos. Argentina es multicultural y transnacional. Ahora
tenemos cerca de 2 millones de compatriotas en el exterior. Muchos rompieron sus
lazos pero la mayoría los quiere preservar y algunos mantienen un intercambio
permanente con sus familiares. País inmigrante, migrante, multiétnico, república
transnacional, eso somos.
¿Por qué algunos han visto la diversidad de los argentinos como una desventaja en
un momento en que la mundialización obliga a todos a conectarse y a integrarse con
otras culturas?. ¿Por qué no ver que hay una ventaja comparativa y estratégica en esta
diversidad?. ¿Por qué no ver que hay un patrimonio valioso en esta diversidad cultural
que nos permite gozar sin mayores conflictos de tantas creaciones de otras culturas
incorporadas a nuestro pueblo?. ¿Por qué no reconocer que nuestra identidad se
encuentra en esta simbiosis de lo nacional y extranjero que testimonian muchos de los
grandes personajes de nuestra historia?.
Nuestro himno nacional invoca “las provincias unidas del Sur” que hacia 18l3
incluían a Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia. El proyecto del Mercosur nos
compromete fuertemente con Brasil, la mitad del continente sudamericano, nuestro
aliado insoslayable. Nuestra historia nos proyecta hacia la Unión de América del Sur y
nuestros intereses estratégicos también. Sin embargo, una parte de la dirigente política
considera que debemos asociarnos directamente con Estados Unidos o aliarnos con
Europa antes que con Chile, Bolivia, Perú o Venezuela. No solo no podemos traicionar
nuestro destino histórico, tampoco podemos dejar de ver que la Unión de América del
Sur es el correlato estratégico de la Unión de América del Norte o de la Unión Europea.
La idea de Nación, la identidad nacional, es fundamentalmente un proyecto que
debemos confirmar y reelaborar. Sus bases sociales están dadas por la variedad cultural
de su población y la emigración de más de dos millones de argentinos. El núcleo de la
identidad es multicultural. El imaginario colectivo vincula la identidad con hechos y
personajes históricos destacados. Hay héroes, próceres y arquetipos éticos a los cuales
nos referenciamos con orgullo. Hay déspotas, traidores, canallas y corruptos de los
cuales nos avengonzamos. No escapamos del “canon occidental” a pesar de que muchos
creen que nuestros males o defectos tengan una naturaleza peculiar. Por supuesto, hay
una singularización, variadas y contradictorias singularidades, que también podemos
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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descubrir en el mosaico étnico de Europa o América Latina. Somos principalmente
latinos (por las herencias de España, Italia, Francia, Portugal), pero también mestizos
indígenas, árabes, criollos. La cultura mediática dominante es norteamericana, como en
muchas otras partes. Las nuevas generaciones encontraron en el “rock”, nacional o nó,
una forma de identidad.
El hecho de que podamos pensar la Historia no quiere decir que la podamos inventar
a nuestro gusto. Ese ha sido el error frecuente de todos los voluntarismos ideológicos.
La Historia se construye con procesos y estructuras cuya inercia viene del pasado, con
el azar de las circunstancias y con la praxis de los actores (que supone la
intencionalidad, la capacidad para proponer fines e ideas sobre la sociedad). El margen
que nos queda para inventar nuestra historia es aparentemente pequeño, pero se
acrecienta si somos capaces de comprender la lógica de los procesos y de las estructuras
que nos determinan y si estamos preparados para ejercer sistemáticamente nuestros
fines, o sea, si estamos dispuestos a ser libres. A escala de un país esto requiere una
clase dirigente lúcida y dispuesta a luchar por la plena realización de los fines comunes.
Allí se encuentra tal vez la clave de nuestras posibilidades: en la existencia de un
liderazgo lúcido, solidario y con capacidad estratégica.
7. Liderar la reconstrucción de políticas públicas
¿Quién ha de reconstruir nuestro Estado?. En la segunda mitad del siglo XX la
respuesta a esta cuestión estuvo casi siempre en las manos del poder militar. En los años
60-70 los movimientos revolucionarios buscaban la instauración de un poder popular
genuino para garantizar un Estado al servicio del pueblo. Ahora, es la dirigencia
política, principalmente, la que puede asumir la búsqueda de un nuevo Estado. Pero su
credibilidad y su voluntad de cambio son escasas. ¿Tendrán posibilidades los
movimientos sociales?. Hay quienes piensan que los nuevos movimientos sociales y las
organizaciones no gubernamentales serían capaces de crear una alternativa
comunitarista, o sea, un Estado controlado por la sociedad civil. Esta perspectiva,
aunque no llegue a realizarse, podría llevar a comunitarizar muchos de los asuntos que
se encuentran en la esfera del Estado: control de gestión, juicios por jurados, programas
ecológicos, programas para la infancia y la juventud, etc. Pero para convertirse en
alternativa de poder los movimientos sociales necesitarían crear estructuras políticas y
asumir el control del espacio público, algo que por su misma diversidad resulta
problemático.
En ausencia de un actor aglutinante, ¿existe por lo menos una ideología
convocante para reconstruir el Estado y la sociedad?. Podemos decir que nunca hubo
tantas ideologías para la protesta y la resistencia, pero en cambio casi no existen
programas alternativos que conciten un amplio consenso. Por lo tanto, solo se pueden
ofrecer conjeturas sobre los escenarios probables que definirán el Estado-Nación en
Argentina. En todo caso, sabemos que ese problema es nuestra “esfinge”, el enigma de
cuya resolución depende nuestro futuro.
¿Podrá reaccionar la clase política y convertirse en agente de transformación del
Estado?. Nada parece indicar que esto ocurra de manera general. Más bien, parece, que
los partidos políticos se han puesto a la defensiva frente a los ataques generalizados de
la opinión pública. Por otra parte, sólo de manera limitada los dirigentes políticos han
venido aceptando algunos recortes en sus privilegios, en las estructuras parlamentarias o
en sus honorarios.
Entonces deberíamos considerar la hipótesis de un proceso donde las presiones
sociales destinadas a manejar los recursos públicos hacia los sectores críticos (salud,
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educación, vivienda, seguridad, etc.) vayan creando un reacomodamiento de las
estructuras del Estado con fuerte control social. En esta perspectiva se viene planteando
ya la posibilidad de institucionalizar formas de “presupuesto participativo”, es decir, de
control ciudadano sobre los gastos municipales y provinciales. También se ha
fortalecido el rol de las organizaciones no gubernamentales en los programas de empleo
o de asistencia social. Si este proceso se profundiza se podrían consolidar las tendencias
“comunitaristas” y de “participación popular” pero sin reformas significativas en las
estructuras internas del Estado.
Por otra parte, luego del período de suspensión de pagos de la deuda externa (un
año o más) el gasto público va a estar doblemente sujeto al control de los acreedores
externos. Por un lado a causa del volumen de recursos del presupuesto público
destinado al pago de la deuda y por otro lado a causa de las condiciones que se imponen
para seguir facilitando el crédito público. El margen de que dispone el gobierno para
efectuar reformas del Estado es y será muy limitado.
La situación parece bloqueada pero como en todo proceso social las
posibilidades surgen no solo de los factores existentes sino también del despliegue de
los mismos. Si la clase dirigente y el gobierno se atienen a los factores dados
seguramente quedarán sometidos a fuertes limitaciones. Si en cambio, a través de una
ponderación de posibilidades y estrategias, se buscan políticas trascendentes para
consolidar el Estado, la economía y la sociedad, entonces se pueden descubrir
alternativas que hoy parecen fuera del horizonte. Hace un año nomás era imposible
plantear abiertamente la supensión del pago de la deuda, la desdolarización de la
economía o la devaluación del peso. Si estas medidas se hubieran tomado tres años atrás
el país no hubiera sufrido el colapso que esta padeciendo. Del mismo modo, si no
planteamos ahora la reconstrucción del Estado como una condición para afirmar el
futuro del país, es probable que en el mediano plazo, aún en condiciones de equilibrio
económico, descubramos que no se puede alcanzar una verdadero desarrollo auto
sustentable, inteligente y solidario sin contar con un Estado capaz de llevar adelante
estrategias consistentes.
Podemos imaginar la recomposición del espacio político, que ya se anunció en
las elecciones de octubre 2001, con nuevos líderes, con nuevas organizaciones, con una
mayor presencia de la izquierda y de la “nueva ciudadanía”. También podemos
imaginar que los nuevos movimientos sociales van a tener mayor protagonismo político.
Las lternativas “clasistas”, socialistas y revolucionarias cuentan con una base social
cada vez más amplia. Por otro lado, casi todos los sectores se encuentran movilizados :
pequeños y medianos empresarios, estudiantes, cartoneros, vendedores ambulantes,
deudores hipotecarios, etc. ¿Cómo se encauzarán todas estas fuerzas en busca de un
nuevo país, de un nuevo Estado?. Esa es la cuestión que va a definir el destino del
Estado-Nación en Argentina.
Dos cosas parecen evidentes hacia mediados del 2003: 1º) que el peronismo es el
único gran partido que ha seguido en pié a pesar de sus divisiones y que tiene la
posibilidad de construir un nuevo bloque en torno a la defensa de intereses nacionales y
populares; 2º) ningún partido político tiene la representatividad suficiente para imponer
su hegemonía, por lo tanto, todo futuro gobierno, toda futura reconstrucción del país
deberá contar con una constelación de alianzas muy compleja (el caso de la Capital
Federal es el más evidente porque allí existen catorces representaciones políticas y
ninguna alcanza por sí sola al 15% de los votos). Una incógnita decisiva será : cómo se
articularán las políticas públicas con los movimientos sociales emergentes (piqueteros,
cartoneros, organizaciones no gubernamentales). La arquitectura del próximo poder no
pasa entonces por la hegemonía sino por la articulación y la concertación.