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Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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CAPITULO IV
LA RENVENCION DEL ESTADO
Achicar el Estado es agrandar la Nación
Slogan publicitario de la dictadura militar 1976-1983
Construir el Estado fue agrandar la Nación. Fue imponer el
orden. Fue impulsar el progreso. La construcción del Estado
permitió el desarrollo de la sociedad argentina.
Oscar Oszlak, La formación del Estado argentino1
1. De la desintegración nacional a una nueva idea del Estado
No existe una sociedad moderna que haya acumulado tantas contradicciones
como la Argentina. Tampoco es fácil encontrar un pueblo que haya sufrido en el lapso
de tres décadas (1973-2002) tantos dramas y fracasos como el caos del gobierno de
Isabel Perón, el crecimiento y la derrota de los movimientos guerrilleros, el terrorismo
de Estado, la guerra de Las Malvinas, la hiperinflación, el desbande del gobierno de
Alfonsin, el endeudamiento externo, las privatizaciones de las empresas públicas, la
extranjerización de la economía con el gobierno de Menem, el desempleo y la
pauperización masivos, el derrumbe del Estado, la caída del gobierno de De la Rúa y la
deslegitimación de la clase dirigente.2
La amplitud de la crisis argentina se reconoce en la intervención de múltiples
factores económicos, políticos, sociológicos, culturales. Teóricamente esto nos indica
que las respuestas tienen que ser complejas, sistemáticas, para no caer nuevamente en
un callejón sin salida. Esta simple constatación debería servir para prevenirnos frente a
los enfoques reduccionistas vengan de la economía, de la política, de las finanzas o de la
administración. También nos previene contra las tentaciones voluntaristas, maximalistas
o ideologistas porque el país ha perdido ya demasiado batallas. Tiene que aprender a
ontar con todas sus posibilidades y por lo tanto sus políticas deberían estar guiadas por
un pensamiento estratégico donde se tengan en cuenta los factores culturales, sociales,
políticos, económicos.
Cualquier política de reconstrucción ha de contar por un lado con un proyecto de
país y con algunos ejes estratégicos, mientras que por otro lado ha de ser capaz de
administrar con inteligencia las posibilidades objetivas, las situaciones de conflicto y
las adaptaciones a cada contexto. Dentro de este marco la conducción del Estado ofrece
múltiples oportunidades, siempre que sepamos superar las vulnerabilidades del sector
público.
1
Oscar Oszlak (1999) La formación del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacional,
Planeta, Buenos Aires
2
Sobre estos acontecimientos ya existe una bibliografía abundante. Desde el punto de vista del impacto
sobre el funcionamiento del Estado ver: Ricardo Sidicaro (2001): La crisis del Estado y los actores
políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001), UBA – Libros del Rojas, Bs.As.
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Las posibilidades objetivas del país y las respuestas a la coyuntura no se pueden
formular adecuadamente si no se toman en cuenta por lo menos estos contextos
determinantes:
1º) el derrumbe de la economía y del sistema financiero nacional;
2º) la recolonización capitalista de la economía nacional a través del capital
financiero internacional, del predominio de empresas transnacionales y de la
apropiación extranjera de diversos sectores de la economía;
3º) la desintegración social, expresada por la agudización de las desigualdades, el
crecimiento de la masa de excluídos, la quiebra del pacto social y la generalización de la
anomia;
4º) el colapso del Estado Nacional y del sistema público en casi todas las provincias.
Al abordar en particular el problema del Estado, que en sí mismo exige un
formidable esfuerzo de reingeniería, no podemos olvidar entonces que su
reconstrucción supone una tentativa de descolonización económica, una
recuperación de la solidaridad social y una política de crecimiento. Todo lo cual
nos lleva a un replanteo de las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y la
economía. En otras palabras: se necesita un proyecto nacional y un nuevo pacto
social.
La recuperación y reactivación de la economía nacional constituye sin duda una
pieza clave, pero sin la revalorización del Estado, sin una reconstrucción de la
solidaridad social, todo proyecto de país será una ilusión. Porque la trama institucional
se ha debilitado. El Ejecutivo avanza sobre atribuciones del Poder Legislativo y
Judicial, el Congreso interviene en cuestiones del Ejecutivo y el Poder Judicial. La
Justicia interfiere en atribuciones del Poder Ejecutivo. Los gobernadores imponen
condiciones al Gobierno Nacional. Además, muchos perciben que el pacto social está
roto: unos se sienten fuera de la sociedad, otros se sienten ajenos a las decisiones del
Estado. La miseria progresa. El sistema político se encuentra amenazado por la
deslegitimación. Todos, empezando por el gobierno, adoptan decisiones que tienden a
propagar la anomia. Una gran parte del país vive fuera de la ley.
Estas consideraciones encierran una tesis principal: que el Estado sigue siendo
el principal instrumento y el principal actor en un proyecto de reconstrucción del
país. En ausencia de un liderazgo movilizador, de un partido o de un movimiento
hegemónico, de una clase dirigente comprometida con un proyecto nacional, es en torno
al Estado Nacional que podemos encontrar denominadores comunes para una nueva
sociedad. No necesitamos recurrir a justificaciones filosóficas o ideológicas para
sostener esto. Basta por ahora con recurrir a la experiencia internacional: los países
dominantes han tratado de mantener y fortalecer por todos los medios sus estadosnaciones. Rusia, que había creído en una feliz e ingenua integración de su país en la
mundialización capitalista tuvo que volver dramáticamente sobre sus ilusiones tratando
de salvar lo que quedaba del Estado. No es necesario agregar que Cuba, Israel, Irak,
Argelia, Libia, Corea, Malasia, China, etc. sobreviven porque tienen estados cuyos
objetivos tienden a defender la capacidad de autodeterminación.
Por supuesto, tenemos en cuenta que la reconstrucción del Estado en Argentina
no podrá realizarse conforme a las condiciones vigentes en las décadas precedentes.
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Sabemos que el mundo cambió. Las mismas condiciones de la crisis señalan los límites
y los alcances de un proceso de reconstrucción del Estado. Ya no se podrá volver a un
espacio homogéneo o hegemonizado por un sector. Los poderes se han diversificado y
descentralizado. Marchamos hacia una poliarquía concepto que Robert Dahl vinculó
hace tiempo con las democracias participativas.3 El problema que observamos en
Argentina es que en ausencia de mecanismos compensadores que tiendan a integrar
actores e intereses diversos (como ocurre en las poliarquías exitosas) el sistema tiende a
la fragmentación, a la anarquía.
Utilizamos el término neo-estatismo porque hay que repensar el Estado en un
contexto más complejo para asegurar la autodeterminación del pueblo-nación. También
recurrimos a ese concepto para señalar que las condiciones de la soberanía ya no son las
mismas: las funciones del Estado se insertan un proceso de integración regional y de
globalización que por un lado nos pueden llevar a la Unión de América del Sur y por
otro lado a un nuevo orden mundial. Uno de los síntomas de este nuevo estado de cosas
es que las fuerzas armadas y la gendarmería argentinas actúan en l8 lugares del mundo
bajo comando de las Naciones Unidas para asegurar la paz y el respeto de los derechos
humanos. Los términos de la integración regional (Mercosur, Unión de América del
Sur) y los términos de la inserción en un nuevo orden mundial forman parte también del
proyecto nacional que adoptemos.
Neo-estatismo quiere decir varias cosas más: que el espacio público no se ha de
volver a confundir con el Estado (algo que las organizaciones no gubernamentales hace
un tiempo nos están enseñando a distinguir), que el Gobierno no es competencia
exclusiva del aparato del Estado (como lo muestran las iniciativas de control popular de
las acciones del Gobierno), que en la relación economía - Estado éste último ha de
operar para que el mercado se ajuste a las necesidades de la sociedad pero no tiene
porqué convertirse en empresario. Durante el siglo XX el Estado se impuso a la
sociedad, sobre todo en América Latina. Ahora la maduración de la sociedad civil hace
posible una reconciliación entre ambos actores. A su vez, el tremendo fracaso que en
Argentina ha significado el economismo neo-liberal obliga a fortalecer las capacidades
del Estado y de la sociedad para poner la economía al servicio del bien común.
Desde el punto de vista teórico la noción del Estado surgió en la historia
moderna en torno a estos atributos:
1º. la soberanía sobre un territorio identificado con una nación (Bodin);
2º. el monopolio del uso de la fuerza conforme a ciertas normas (Hobbes);
3º. la representación de la voluntad popular (Maquiavelo, Rousseau);
4º. la capacidad para imponer y hacer respetar derechos de los individuos (“estado de
derecho”: Locke, Puffendorf));
5º. la soberanía monetaria en relación a otros estados y el monopolio del poder para
emitir moneda en relación a los poderes locales;
6º. la capacidad para asegurar un proceso de acumulación económica (liberalismo,
socialismo, comunismo, nacionalismo);
7º. la capacidad para asegurar el bienestar de los ciudadanos (Bismarck: Estado de
Bienestar; marxismo-leninismo: Estado Socialista; Perón: Estado Justicialista);
8º. la capacidad para asegurar la vigencia de los derechos humanos y la
autodeterminación de los pueblos (Convenciones de las Naciones Unidas: 1948).
3
Robert A. Dahl (1989) La poliarquía. Participación y oposición, Madrid, Tecnos
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Se han llegado a clasificar más de 145 definiciones del Estado (Intus, 1931). El
simple enunciado de los atributos que fue asumiendo el Estado a través de la historia de
los últimos siglos muestra que el concepto se presta a una cierta polisemia. Es
interesante señalar que en el siglo XIX la burguesía liberal en ascenso fue
profundamente estatista mientras que los anarquistas y comunistas proponían la
desaparición del Estado; en tanto que, en gran parte del siglo XX , la izquierda, con los
movimientos comunistas en el poder, defendió al Estado y el neo-liberalismo tomó
posiciones anti-estatistas. Los atributos del Estado se fueron transformando a lo largo
del siglo XX siguiendo no sólo las evoluciones de la economía sino también la dinámica
de los actores sociales y los cambios culturales. Lo mismo podríamos decir del concepto
de “sociedad”. Por lo tanto, no se puede sostener que hay una “esencia del Estado”,
porque se trata claramente de una construcción histórica.
En el caso argentino el Estado asumió a través de la reforma constitucional de
1994 que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos individuales,
políticos, sociales y ecológicos tienen vigencia en el derecho positivo nacional. Con lo
cual se asume que el Estado argentino tiene una soberanía limitada en un contexto de
mundialización.
Es algo que debemos recoger en un enfoque neo-estatista.
(Recordemos que en la Constitución de 1949, con un fuerte sesgo nacionalista y
popular, la Argentina fue el primer país que incorporó al derecho positivo nacional las
declaraciones internacionales sobre derechos humanos individuales y sociales).
El surgimiento de nuevos actores actores sociales en la actualidad y sus intentos
de autonomización nos indican que estamos en presencia de formas de poder y de
participación de la sociedad civil que obligan a reconsiderar las relaciones con el
Estado. Algunos de estos movimientos (libertarios, comunitaristas, humanistas,
autogestionarios, cooperativistas) tienen antecedentes históricos en movimientos que
comienzan en el siglo XIX y XX: socialismo utópico, humanismo social cristiano,
ideologías autogestionarios, comunitarismo norteamericano, etc.
El neo-estatismo asume la idea de una soberanía nacional compartida dentro de
un proceso de integración regional y de transnacionalización de los estados nacionales.
En segundo lugar, parte de la idea de un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad civil
para que ambos trabajen solidariamente a fin de garantizar el respeto universal de los
derechos humanos individuales y sociales. En tercer lugar, el neo-estatismo se sitúa
en el contexto histórico de la sociedad del conocimiento resaltando en consecuencia
el concepto de un Estado Inteligente fundado en el uso intensivo de la educación, la
ciencia y la tecnología, para fortalecer la capacidad de autodeterminación, el
desarrollo nacional y la solidaridad social.
La experiencia argentina a partir del fracaso de las políticas neo-liberales y de
los nuevos contextos nacionales e internacionales obliga a repensar la naturaleza del
Estado y sus relaciones con la economía y la sociedad. Cuanto antes resolvamos esta
rearticulación más pronto podremos encaminarnos hacia la reconstrucción de la
sociedad que es el fin último del proceso político y económico.
De diversas maneras funcionarios o especialistas han venido reclamando una
recuperación del Estado. Carlos Marganiños y Hugo Dolbosco decían lo siguiente en la
Tribuna Abierta del diario Clarin (18.IV.02): Si algo queda claro luego de la crisis
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argentina es la patente debilidad del Estado, que, después de más de una década de
reformas estructurales y múltiples ajustes, se encuentra incapacitado para ejercer su
poder. Por eso se puede decir que el problema de la Argentina es el Estado, pero no
por el peso relativo de su gasto, sino por su debilidad para promover el crecimiento del
producto nacional”.
Desde otro ángulo Natalio Botana en un artículo sobre la “Radiografía del
Estado informe” (La Nación, 7.III.02) afirmaba: El Estado se ha convertido en una
masa informe: es una máquina de gastar que no invierte ni gestiona. ¿Cómo se ha
llegado a este punto de pública inutilidad?. La explicación es histórica: esta crisis no es
el resultado de una conmoción inesperada; es, al contrario, la consecuencia de la
desorganización del Estado y de la ruptura del vínculo de la sociedad con lo público
mediante el ejercicio de la ciudadanía fiscal”.
El Director General de Aduanas, Mario Das Neves, observaba en un artículo
sobre “Los frutos de un Estado débil” (Clarín, 18.III.02): El resultado incontrastable es
que estamos en presencia de un Estado mínimo, impotente y ausente. Incapaz de dar las
respuestas mínimas que la sociedad requiere. La Aduana ha sido un buen ejemplo de lo
que sucintamente se ha relatado.
La lista de testimonios de críticas y reclamos de un mejor Estado podría
abundarse al infinito con solo recoger las intervenciones radiales y televisas de todos los
días con relación a este tema. Desde la dictadura militar 1976-83 muchos confundieron
el achique del Estado con la búsqueda de eficiencia. Al final de los 90 cuando las
dimensiones del Estado argentino se habían reducido más que en cualquier país
industrializado en relación con la población, se pudo constatar que había quedado sin
resolver el problema principal: la calidad de la gestión. Y más grave aún: se había
perdido de vista la función estratégica, la pertinencia histórica, del Estado.
II.
El fracaso de la gestión pública y la descolonización como desafío histórico
La crisis del Estado argentino se vincula por un lado con el fracaso del sistema de
gestión y por otro lado con políticas que tendieron a privatizar, desmantelar y colonizar
el espacio público. No podemos dejar de reconocer los factores internos de la
ineficiencia estatal (burocracia, clientelismo, prebendismo, corporativismo, corrupción)
pero tampoco podemos ignorar las políticas que, desde el poder político o el poder
económico, nacional e internacional, se quisieron imponer al Estado argentino. Hubo un
proceso de colonización de la economía, de la cultura y del Estado nacional.
En la interpretación de Danilo Dolci que luchó contra la organización mafiosa en
Italia el concepto del Estado clientelístico-mafioso supone un poder externo
organizado para obtener ventajas del control económico-político y un poder interno
interesado en lograr beneficios corporativos. En el caso italiano esta estructura
involucraba a los partidos políticos, a las mafias, al Vaticano, a los funcionarios
públicos y a las grandes empresas. Los favores y prebendas circulaban entre todos los
actores que juntos formaban un sistema clientelístico (prebendario) y mafioso
(corrupción, impunidad). Desmantelar en gran parte esta estructura llevó unos treinta
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años y culminó con el procesamiento de más de 3.000 involucrados. En el camino
algunos militares y jueces dieron su vida para salvar el Estado y la democracia.
En el caso argentino podríamos encontrar también una forma del Estado
clientelístico-mafioso que se forma con la oligarquía local, los grandes contratistas
nacionales y extranjeros, los altos funcionarios, los partidos políticos (o los militares
en período de dictadura) y algunas empresas transnacionales. Un ejemplo de cómo
funciónó este sistema en Argentina es el del predominio del complejo vial-automotriz a
partir de 1956 que impuso sus intereses en las políticas públicas de transporte e
infraestructura relegando a los ferrocarriles, subsidiando a las automotrices
transnacionales y desechando las vías fluviales como alternativa. Es decir, todo lo
contrario de lo que hicieron los países europeos luego de la Segunda Guerra Mundial.
Los sobrecostos, los subsidios y las pérdidas de oportunidades durante cuatro décadas
significaron para el país una cifra del orden de los 50.000 mil millones de dólares.
Hay un aspecto profundo de la colonización que para los sudamericanos se juega
también en el plano del pensamiento, como lo sugiere Edgar Lander: En los debates
políticos y en diversos campos de las ciencias sociales, han sido notorias las
dificultades para formular alternativas teóricas y políticas a la primacía total del
mercado, cuya defensa más coherente ha sido formulada por el neo-liberalismo. Estas
dificultades se deben, en una importante medida, al hecho de que el neo-liberalismo es
debatido y confrontado como una teoría económica, cuando en realidad debe ser
comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio, esto es, como
una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal
moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el
conocimiento y la buena vida.4
Desde este punto de vista en Argentina autores como Arturo Jauretche,
Scalabrini Ortiz, Abelardo Ramos, Hernández Arregui, Rodolfo Puiggrós y muchos
otros anticiparon un debate que sigue vigente en contextos más complejos respecto a la
necesidad de analizar los fenómenos locales como parte de un proceso más amplio de
expansión y de dominio de las metrópolis y fuerzas económicas dominantes a escala
mundial. De una manera general este proceso comienza con la expansión de los países
europeos a partir del siglo XVI (el colonialismo tradicional que fundó América),
prosigue con el imperialismo moderno de base económica y militar en los siglos XVIII
y XIX, se completa con el imperialismo de base política e ideológica en el siglo XX.
Obviamente, en todas estas etapas los intentos por subordinar un Estado a otro fueron
constantes. Argentina conoció las invasiones inglesas de 1806-1807, las intervenciones
francesas e inglesas entre 1830-1840. Luego de 1860 la hegemonía británica en Europa
y en el mundo hizo que el país pasara a la órbita de influencia inglesa. La oligarquía
argentina organizó en este contexto una economía semi-colonial. La cultura, la política
y la educación adquirieron también una forma semi-colonial. La identidad del aborígen,
del gaucho y del criollo eran menospreciadas (como se puede apreciar en el Martín
Fierro de José Hernández y en otros autores).
En el primer gobierno de Perón (1946-1952) se produjo un vuelco
paradigmático: el Estado nacionalizó los ferrocarriles, teléfonos, puertos, tranvías,
Edgar Lander: “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en: E. Lander (compilador)
(2000) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas,
CLACSO, BsAs.
4
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subterráneos, transporte marítimo, aeronavegación y otros rubros. Al mismo tiempo se
reivindicó la historia del pueblo argentino, se integró políticamente a los hijos de
inmigrantes (quienes votaron masivamente por primera vez en 1946), se estableció el
voto a la mujer, se crearon escuelas para escolarizar a toda la población. Se creó un
Estado de Bienestar donde todos los ciudadanos tenían derechos sociales: a la
educación, a la vivienda digna, a la asistencia sanitaria, etc.
Las políticas públicas y la conciencia nacional permitieron desarrollar una
economía industrial, alcanzar el acceso a las tecnologías aeronaútica, siderúrgica y
automotriz, impulsar una cinematografía exitosa en toda Sudamérica, ampliar la
participación de los asalariados en la distribución del ingreso.
La “recolonización capitalista” se formula explícitamente durante la dictadura
militar 1976-1983. No sólo en el slogan “achicar el Estado es agrandar la Nación” sino
también en medidas que suprimieron la protección industrial, que liberaron las
importaciones, que subordinaron los intereses del país al proyecto de una oligarquía que
quiso revivir la utopía anacrónica de un país agro-exportador.
La recolonización capitalista es un “dato” y es un “proceso” que debemos tomar en
cuenta para reconstruir el Estado Nacional. Este fenómeno de alcance mundial está
asociado al de la globalización. (Lo cual explica dialécticamente el movimiento antiglobalización). Como en todo proceso histórico podemos encontrar en él tanto las
estrategias de los actores (políticas de los países dominantes, de las empresas
transnacionales o de los agentes financieros) como los efectos inertes de la superioridad
económica, militar, tecnológica, cultural y financiera. No domina el que quiere sino el
que puede. A su vez, quien posee ventajas competitivas las transforma en vocación de
poder, o sea, en hegemonía.
El país ha sufrido en la última década una extranjerización de su economía, que lo
ha convertido en un enclave de intereses transnacionales. Este proceso de
recolonización capitalista difiere del neo-colonialismo que se estableció con Gran
Bretaña desde fines del siglo XIX y también difiere de la dependencia que se criticó en
la segunda mitad del siglo XX. Todo esto formaba parte del modelo del “indirect rule”
impuesto en otros momentos por las potencias dominantes, por la oligarquía y las
multinacionales. En gran medida este modelo fue descripto por Fernando Henrique
Cardoso y Enzo Faletto en un clásico del pensamiento latinoamericano: Dependencia y
desarrollo en América Latina (Siglo XXI, México, 1969).
Ahora los capitales extranjeros controlan servicios públicos, numerosos sectores
de la economía, una parte del territorio y una gran parte de la provisión de bienes
culturales. Resulta tal vez curioso este despliegue territorial de las inversiones
extranjeras en Argentina en una era del “capitalismo virtual”. Entramos en una etapa de
“direct rule” pero con un modelo “difuso”: los capitales vienen de muchas partes con
finalidades diversas. Desde la compra de estancias y bodegas vitivinícolas hasta el
lavado de dinero. Algunos inversores ganan las privatizaciones de servicios públicos
donde en condiciones cuasi monopólicas protegidas por el Estado imponen tarifas por
encima de los niveles internacionales. Se invoca al neo-liberalismo o a la globalización
pero se trata de un nuevo modelo de recolonización capitalista. Los inversores
financieros compran bancos, títulos de la deuda pública, acuerdan préstamos al Estado y
las empresas en condiciones usurarias. En la industria editorial o farmaceútica, en los
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holdings multimediales o en el sistema de salud, en la industria o el comercio
supermercadista, los capitales extranjeros adquieren posiciones de preeminencia.
Las condiciones internas (dependencia económica-financiera, corrupción de las
clases dirigentes) abrieron la posibilidad de que Argentina se convierta en una
“república transnacional” o en un protectorado. También la “cultura rentística” de una
parte importante de la población favoreció la adhesión a valores ostentatorios, imitativos
de los países ricos. Esto se reflejó en un crecimiento importante de la importación de
bienes culturales: videos, películas, compact discs, programas de televisión, libros, etc.
No es que esto haya favorecido los intercambios y la cultura. En el año 2000 la balanza
entre las importaciones y exportaciones de bienes culturales dejó un saldo neto
negativo de 2.095 millones de dólares (según fuentes de la Secretaría de Cultura y
Medios de Comunicación). Millones de libros escolares dejaron de producirse en
Argentina para traerlos de Barcelona, Madrid y otros lugares. Los programas televisivos
y las películas de orígen europeo, sudamericano o asiático fueron suplantados
abrumadoramente por paquetes venidos de Hollywood o Miami. El público argentino
sabe hoy de América del Sur menos que hace 30 años.
La recolonización del país alteró profundamente la capacidad del Estado pues el
espacio económico-financiero se autonomizó respecto del espacio de las decisiones
políticas nacionales. Las políticas de privatizaciones de las empresas públicas y del
sistema de previsión social, la apertura irrestricta de la economía y las desregulaciones
que se impusieron para limitar el poder del Estado, erosionaron las fuentes de
acumulación del Estado tanto como su soberanía en todos sentidos. Todo esto unido al
proceso de recolonización cultural erosionó no sólo la soberanía sino también la
identidad nacional.
Muchos observadores presentaron este fenómeno como el resultado lógico, natural,
de la globalización.Se puede argumentar que hay inversiones extranjeras en todos lados:
en China Comunista tanto como en Canadá, en Cuba tanto como en Holanda, en Argelia
tanto como en Chile, en Arabia Saudita o en Brasil. No hay que ser tan experto en
asuntos internacionales para saber que las relaciones entre el Estado Nacional y los
inversores extranjeros en estos y otros países que se pueden agregar a la lista difieren de
acuerdo a los intereses del país. Hay lo que podríamos calificar como la “relatividad”
de esas relaciones. Entre los sistemas vivientes los organismos buscan la independencia
y el control sobre el medio para sobrevivir. El caso argentino es uno de los pocos donde
la articulación es unidireccional, o sea, de sumisión o adaptación simple a los intereses
externos. Las clases dominantes en Argentina convirtieron al país en la primera colonia
transnacional del siglo XXI en nombre de la globalización. El resultado ha sido
catastrófico.
Aunque ya en la dictadura militar 1976-1983 se iniciaron políticas para favorecer la
penetración del capital extranjero y la subordinación a los EE.UU. la recolonización
económico-cultural se instaló decididamente durante los gobiernos de Menem entre
1989-1999. En efecto, durante este período se dieron las condiciones para imponer una
especie de Jubileo de los capitales extranjeros mediante una serie de medidas que fueron
elaboradas por ministros como el economista Domingo Cavallo y el jurista Roberto
Dromi. Entre otras: el abandono de la soberanía monetaria mediante la ley de
convertibilidad (con el dólar), la privatización de los servicios públicos, la privatización
del sistema de previsión social (fuente esencial para financiar jubilaciones y pensiones),
la desregulación de los organismos del Estado (principalmente de la Aduana y de los
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mecanismos de contralor financiero y económico), la apertura de las importaciones
masivas sin resguardos de las industrias nacionales, la privatización de la renta petrolera
a través de la venta de YPF. Estas y otras medidas fueron acompañadas por la
remodelación política de la Corte Suprema de Justicia y por la renovación de los jueces
federales.
Confundir la globalización o la economía de mercado con el desmantelamiento del
Estado Nacional y la recolonización del país fue una de las operaciones más sutiles y
decisivas para lograr un cierto consenso en la sociedad civil. La opinión pública en su
mayoría no era contraria ni a las privatizaciones de empresas públicas ineficientes ni a
las inversiones extranjeras ni a la globalización. Como seguramente podría ocurrir
inclusive en países con fuertes tradiciones estatistas. Pero llevar este consenso básico
hacia una concepción neo-liberal donde predomina el criterio del mercado, donde se
privilegia la especulación financiera o donde se desprecian los intereses nacionales o
sociales (entre otros la identidad cultural, la estructura productiva del país, el mercado
del empleo, la solidaridad social) fue el trabajo articulado de las agencias financieras
internacionales junto con los operadores políticos menemistas y los “expertos” de los
centros neo-liberales.
Esta claro que hubo un copamiento neo-liberal del gobierno peronista que permitió
instalar un nuevo mapa del poder en el país. Según Eduardo Basualdo este proceso se
puede entender como un “transformismo” (concepto extraído de la experiencia italiana)
que viene a ser la cooptación sistemática de las clases dirigentes por los grupos
dominantes. En este sentido no solo peronistas sino también radicales y otros sectores
aportaron cuadros y consensos para la recolonización capitalista.5
Para no caer en una imagen unidireccional de este proceso es necesario tener en
cuenta otros factores: el fracaso de la gestión pública por ineficiencia o currupción de la
clase dirigente, la ausencia de un proyecto nacional frente a un nuevo orden mundial
con un redespliegue impresionante del capital financiero, de las multinacionales y de las
nuevas tecnologías, el hastío de la opinión pública frente a una economía cerrada que
significaba prebendas para los empresarios protegidos y desventajas para los
consumidores, la crisis de los modelos de economías cerradas.
Obviamente, si se quiere superar la recolonización capitalista del país hay que
recuperar y fortalecer el Estado Nacional. Seguramente muchos argentinos podrán
coincidir con esta proposición. El problema es que ahora ya no estamos en las mismas
condiciones que antes de este proceso. ¿Cómo recrear un conciencia nacional ante la
pérdida de valores básicos de solidaridad colectiva?. ¿Cómo restituir la legitimidad de
los organismos públicos ante la tremenda deslegitimación del poder político?.
¿Podemos eludir la globalización? ¿Podemos negarnos a las inversiones extranjeras?
¿Podemos suprimir las empresas transnacionales?.
No hay respuestas simples a estos interrogantes porque toda desintegración social
implica escenarios imprevisibles e incontrolables. Sobre todo: requiere una clase
dirigente lúcida y dispuesta a colocar los intereses permanentes del pueblo y de la
nación por encima de las facciones e intereses particulares. En una escala modesta pero
significativa la respuesta la podríamos encontrar si quisiéramos en Cuba. Para romper
5
Eduardo Basualdo (2002) Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, Universidad
Nacional de Quilmes/FLACSO, Bs.As.
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con el bloqueo de Estados Unidos, Cuba ha tenido que internacionalizarse, ha tratado de
aprovechar los mecanismos de la globalización, ha buscado inversiones extranjeras, ha
negociado con capitales transnacionales. El “motor inmóvil” (en el sentido de
Aristóteles) de este proceso fue la conciencia nacional del pueblo y el liderazgo de Fidel
Castro.
Yendo a las antípodas ideológicas encontraríamos en el Chile de Pinochet algo
significativo: no solo mantuvo el cobre (fuente importante de recursos fiscales) en
manos del Estado sino que además fortaleció al Estado Nacional. A pesar de que
combatió a la Unidad Popular de Salvador Allende y que estableció una política
económica neo-liberal, conservó dos intereses permanentes del país compartidos por sus
enemigos de izquierda. También podemos encontrar experiencias significativas en
Malasia o en Corea del Sur que en los años 90 debieron afrontar crisis financieras y
económicas profundas manteniendo la defensa de sus industrias y su independencia
frente al Fondo Monetario Internacional. Si buscamos un poco más encontraremos
respuestas del mismo orden en gobiernos liberales europeos o en países nacionalistas
del Tercer Mundo. En Francia o en Japón, en Canadá o en Italia las respuestas a la
globalización fueron diversas pero tienen como constante la adaptación de las
inversiones extranjeras a las necesidades nacionales y nó la inversa. Lo que estos países
han hecho ante todo es fortalecer la capacidad del Estado para negociar, regular,
controlar u orientar el sentido de las inversiones en función de intereses locales.
¿Tiene esa capacidad el Estado argentino?. Podemos contestar con seguridad: no.
Ante todo porque se produjo una “descerebración” del sistema público del cual se
fueron suprimiendo los órganos de planificación estratégica y los cuadros mejor
preparados para ello. En segundo lugar porque se fomentó la atomización o
fragmentación del espacio público nacional. El Banco Central no puede intervenir en el
control de los bancos, los organismos públicos no cuentan con la asistencia técnica de
las universidades, la Fuerza Aérea no coordina sus recursos con la Prefectura Naval o
con la Armada para controlar la piratería pesquera; la Aduana, la Gendarmería y las
policías provinciales no trabajan conjuntamente en la lucha contra el contrabando, etc.
El debilitamiento del Estado ha convertido al Estado en un mosaico de feudalidades. La
atomización institucional es uno de los aspectos perversos que permitieron el
desmantelamiento del Estado.
En tercer lugar, es evidente que se formó una burguesía dependiente de los capitales
externos en el sector financiero, industrial, comercial, agropecuario y de
comunicaciones masivas. Algo bien distinto de la oligarquía terrateniente tradicional
que poseía intereses propios en el país mientras que se sometía a los intereses externos.
La nueva burguesía extranjera a veces no reside en el país, otras veces reside pero tiene
doble residencia y otras veces reside localmente pero depende totalmente de ingresos de
los capitales extranjeros. Antes había una oligarquía dependiente, ahora hay una
burguesía colonial.
Desandar el proceso de la colonización del país y el desmantelamiento del Estado
exigirá un esfuerzo extraordinario porque la deuda externa ha creado una dependencia
estructural que limita la capitalización del país, porque se ha debilitado la solidaridad
social y la conciencia nacional, porque se ha creado un nuevo imaginario colectivo
donde los espejismos de la globalización figuran como el horizonte donde se diluyen los
proyectos nacionales. Entre las turbulencias, las confusiones y las contradicciones que
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
65
nos ha dejado el frustrado intento de integrarnos asimétricamente al mundo global
debemos redescubrirnos como sujetos de nuestra propia historia. Y esto implica tanto
una voluntad estratégica como una nueva conciencia histórica.
III. El Estado inteligente
El “Estado mínimo” que querían los neo-liberales se tradujo no en la recreación
de un Estado más eficiente y pequeño sino en la destrucción de las fuentes de
acumulación del Estado, en la “descerebración” del aparato público, en la liquidación
de los mecanismos de control y en la desvalorización de los funcionarios más
competentes. O sea, se fabricó un Estado impotente para gobernar y para liderar
estrategias de desarrollo nacional.
Es cierto, se intentaron varias reformas del Estado. Las llamadas reformas de la
“primera generación” consistieron básicamente en las privatizaciones, desregulaciones,
aperturas económicas indiscriminadas y achicamientos de las plantas de personal. Las
reformas de “segunda generación” quisieron mejorar la calidad, se ocuparon de
cuestiones de gerenciamiento.6 Por supuesto, el sistema público necesitaba mejorar su
gerenciamiento. Pero en el marco de una política de recolonización económica era algo
así como adiestrar a un ejército en retirada. Las reformas no dieron resultado porque al
Estado y los funcionarios les faltaron objetivos estratégicos.
La reconstrucción del Estado no podrá ignorar los procesos de globalización.
Tampoco podrá mantener la fragmentación del sistema público en un mundo donde
todas las organizaciones y países han optado por coaligarse, unirse, aliarse o asociarse
para maximizar sus posibilidades. El sistema estatal argentino ha marchado en el
sentido contrario y se ha convertido en un anti-sistema fragmentado. La
consolidación del sistema público constituye entonces un desafío histórico de gran
importancia.
El nuevo Estado ha de tener una capacidad transnacional y sistémica. Para ello
necesita de cuadros profesionales y especializados. Esto lo han dicho muchos en
diferentes versiones de la reforma del Estado. Pero no se trata solamente de tener
profesionales ni tampoco solamente de profesionalizar a los funcionarios. Se trata de
crear un “Estado inteligente”, con capacidad de gestión estratégica, con un sistema de
información adecuado, con mecanismos de control de gestión al alcance de todos los
ciudadanos. El Estado actual no puede afrontar el problema de la delincuencia, del
narcotráfico, de la marginalidad, de la inmigración clandestina, del contrabando, de la
gestión del sistema de salud, de la organización del sistema judicial y policial, etc. Hay
un déficit tremendo en la capacidad de gestión, pero también en la definición de
políticas adecuadas.
Necesitamos cuerpos de profesionales bien entrenados, con un buen sistema de
información, con recursos técnicos para atender problemas complejos tales como el
tráfico de drogas la lucha contra los hackers electrónicos, los delitos y especulaciones
financieras, el contrabando, las distorsiones del mercado de medicamentos, el control de
las empresas transnacionales, la evasión de impuestos,el ordenamiento del sistema de
transportes o la atención de los problemas ecológicos.
6
Ver a este respecto: Alejandro Estevez (compilador) (2001) La Reforma Managerialista del Estado.
Nueva gerencia pública, calidad total y tecnocracia, Ediciones Cooperativas, Bs.As.
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
66
En general el país dispone de recursos humanos calificados para atender los desafíos
más variados, pero se encuentran dispersos, desaprovechados, compartimentados en
dependencias que no cooperan entre sí. Relaciones Exteriores no dispone de expertos en
lenguas orientales, pero en las universidades los especialistas sobreviven como rarezas
culturales. Los organismos públicos no tienen buenos auditores de problemas
ambientales pero en las organizaciones ecologistas hay muchos voluntarios que se han
preparado para eso. Esto quiere decir que hay que descompartimentar el
aprovechamiento de recursos humanos calificados y hay que establecer una conexión
orgánica entre las universidades, los institutos científicos y los organismos del Estado
para afrontar desafíos comunes. Esto significaría aprovechar todos los recursos
existentes mediante políticas de optimización de recursos, de cooperación y de
articulación entre organismos del Estado y de estos con la sociedad civil.
Para sostener una política de Estado independiente e integrado en el sistema
mundial es preciso contar con centros de estudios especializados abiertos a la
colaboración de los organismos públicos, las universidades, investigadores y
especialistas del exterior. Desde hace varios siglos el Foreign Office británico ha sido
un ejemplo en la utilización de eruditos y especialistas de los más diversos campos para
sostener sus políticas exteriores. Del mismo modo, Francia desde fines del siglo XIX
cuenta con cuerpos de profesionales y tecnólogos que proveen de cuadros al sistema
público y a los partidos políticos. En Argentina se ha descuidado sistemáticamente el
aprovechamiento inteligente de los recursos humanos calificados en función de los
intereses públicos. El balance entre lo que el Estado ha invertido en la formación de
recursos humanos en las universidades públicas y su aprovechamiento es absolutamente
defiticitario. Basta con señalar que el Estado argentino ha formado gratuitamente a más
de 100.000 graduados de la Educación Superior que trabajan en el exterior mientras que
en el país miles de profesionales y especialistas realizan funciones ajenas a su
formación.
El Estado inteligente puede caracterizarse como una organización
autoconciente al servicio de intereses comunes de un pueblo dispuesto a ejercer su
soberanía y autonomía en el plano cultural, económico, político y social a través del
control de la capacidad de defensa exterior e interior, del sistema financiero y de
las estrategias de desarrollo que aseguren el bienestar de todos los habitantes de su
territorio a través de recursos científicos, educativos y tecnológicos. Su identidad
se basa en experiencias históricas singulares y en la cooperación con otros pueblos
que comparten un proyecto común.
Para realizar estos propósitos no basta con disponer de un territorio propio, ni
tampoco con dotarse de una estructura administrativa, de defensa o de cohersión para
asegurar el cumplimiento de sus objetivos. Necesita un proyecto nacional que permita
cohesionar a los habitantes del país en torno a un modelo económico, un modelo de
organización social solidaria y un modelo cultural. En el contexto global en que se
desenvuelve precisa de estrategias inteligentes para situarse exitosamente en el mundo y
para resolver con eficiencia los problemas complejos de gestión en relación con la
economía y la sociedad civil. El Estado inteligente supone un paradigma complejo para
pensar la realidad y un modelo político pluralista para consolidar un sistema
democrático y participativo.
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
67
Estos atributos deberían llegar a ser parte de un consenso colectivo a través de los
mecanismos democráticos establecidos. En el contexto de aplicación de los propósitos
situándonos en el triple desafío de afrontar la descolonización, la desintegración social y
el subdesarrollo deberían implementarse por lo menos estas medidas:
1º. Lograr un sólido consenso de la clase dirigente política, empresarial, sindical,
social y cultural para fortalecer el Estado en función de intereses comunes y
permanentes;
2º. Establecer una política de profesionalización de los cuadros del Estado a través
de una carrera de la función pública para todos los poderes y todas las jurisdicciones
evitando toda interferencia sectaria, partidista o corporativa; un corolario de este
proceso sería la proscripción de toda forma de apropiación corporativa, sectaria,
familiar o unipersonal del espacio público como contrario a los fines de la democracia y
de las leyes de la Nación;
3º. Organizar de “programas de planeamiento estratégico” en los distintos sectores
del Estado para estudiar problemas complejos, para proponer alternativas y coordinar
acciones en el sistema;
4º. Definir mecanismos de articulación, integración o descompartimentación de las
dependencias del sistema público nacional, provincial o municipal con el fin de
fortalecer por un lado la descentralización de los poderes y por otro lado para mantener
la congruencia entre las políticas públicas de cualquier jurisdicción;
5º. Establecer un sistema de cargos y remuneraciones equivalentes para todos los
poderes y jurisdicciones públicas del país (poder judicial, legislativo, ejecutivo, fuerzas
armadas, empleados, universitarios, docentes, etc.)
6º. Crear una red de información pública al servicio de los organismos estatales y de
toda la población para conocer el estado de los diferentes problemas del país
aprovechando los sistemas creados por las diversas dependencias del Estado (INDEC,
Economía, Defensa, Educación, INTA, SECYT, Salud, Justicia, etc.) con lo cual se
favorece la transparencia y el control público de la gestión del Estado;
7º. Fortalecer la vinculación orgánica de los organismos del Estado con las
universidades y los centros de investigación para resolver problemas de interés público;
otorgar a las universidades la prioridad para las consultorías y demandas de asistencia
técnica por parte de organismos públicos;
8º. Crear programas interinstitucionales para abordar el análisis de problemas
complejos tales como: la pobreza, la marginación infantil, la drogadicción, el
comportamiento de las transnacionales, el comportamiento de los mercados financieros,
el impacto de las biotecnologías, etc.
9º. Fortalecer la capacidad de cooperación e intercambio internacional del país en
relación con las distintas regiones del mundo y en particular con América del Sur;
10º. Desarrollar programas de interés económico, social, científico o cultural con los
países de América del Sur.
III.
El Estado solidario: un nuevo pacto con la sociedad civil
La recolonización capitalista de la economía y el desmantelamiento del Estado se
combinaron con el agravamiento de la desintegración social a la que podemos
caracterizar por algunos aspectos: la desarticulación entre la economía y las demandas
de la sociedad; la polarización entre los más ricos y los más pobres (medida
estadísticamente por la distribución del ingreso entre los percentiles más bajos y más
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
68
altos de la población activa), la exclusión constante de sectores de la población y la
tendencia generalizada a la violación de las leyes, o sea, la anomia. Este fenómeno, la
anomia, se instituye con la violación de las leyes y la impunidad de las clases
dominantes y de las clases dirigentes. Luego se propaga hacia los sectores populares y
las clases medias como una cultura legítima a fin de conservar derechos o adquirir
beneficios de cualquier tipo.
Sobre unos 36 millones de habitantes se estima que cerca de 18 millones viven bajo
los umbrales de pobreza. Podemos estimar a su vez que cerca de 5 millones dependen
de la asistencia directa o indirecta del Estado mientras que el resto depende de ingresos
privados o de organizaciones de la sociedad civil. Las contribuciones de las iglesias y de
las redes no gubernamentales de solidaridad se han multiplicado. Estas instituciones
involucran a cerca de 2 millones de voluntarios y se ocupan de una parte de la
población.
El proceso de pauperización ha creado una nueva sociedad ajena a las tendencias
integradoras y de movilidad social ascendentes que fueron características de la sociedad
argentina durante casi todo el siglo XX. La nueva pobreza ya no es coyuntural: los hijos
de los pobres tienden a ser más pobres y menos instruídos que sus padres. Esto explica
también el crecimiento exponencial de la marginalidad y la delincuencia. Los hechos
delictivos pasaron de 627.212 en 1994 a más de 1.200.000 en 2001. Sin contar con los
frecuentes saqueos de comercios por razones alimentarias que se han manifestado en
2001-2002.
El Estado Benefactor perdió su capacidad para garantizar el cumplimiento de los
derechos básicos (supervivencia, vivienda, salud, educación) en la medida en que perdió
sus recursos de sustentación (aportes jubilatorios, rentas petroleras, impuestos). El
desfinanciamiento del Estado, agravado por la corrupción y el clientelismo, convirtió al
empleo público en el principal destinatario de sus propios recursos. Una gran parte de
los asalariados públicos, entre otros los docentes, se convirtieron en nuevos pobres
cuyos ingresos el Estado asegura precariamente y con retraso. La liquidación del Estado
de Bienestar es casi total, pero con bolsones de privilegios donde por el contrario el
Estado asegura altos ingresos a ciertos funcionarios y a la clase política. En el seno
mismo del sistema público se instalaron las polarizaciones sociales. Entre un juez de la
Suprema Corte con l4.000 pesos y una maestra con 400 pesos la diferencia es de 35
veces. Un diputado de Formosa gana 12.000 pesos mientras que los desocupados
reciben un subsidio de 150 pesos, o sea, una diferencia de 80 veces.
Pese a la crisis el Estado sigue siendo el principal agente de distribución de ingresos
y de servicios básicos. La nómina salarial del sistema público en todas las jurisdicciones
alcanza a cerca de 1.800.000 personas mientras que el número de ayudas de diverso tipo
alcanzan a más de 2.000.000 de personas. El sistema público de jubilaciones y
pensiones atiende a unos 3.000.000 de personas. El sistema educativo público, con
gestión estatal y gestión privada, atiende a cerca de 10 millones de alumnos. El sistema
público de salud en todas sus jurisdicciones atiende más de 80 millones de consultas
por año y 2 millones de internaciones. El gasto social argentino era hasta 2001 el más
alto per capita de América Latina.
En 2002 podemos decir que el Estado no solo que no puede asegurar los derechos
básicos de la población, apenas si puede atender su propio funcionamiento. De hecho,
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
69
en los ministerios nacionales o en los juzgados no hay papel, ni repuestos para las
computadoras, impresoras o fotocopiadoras. El derrumbe de las finanzas públicas por el
efecto combinado de la deuda externa, el déficit fiscal, la depresión económica, la
devaluación del peso, la inflación, ha llevado a la proliferación de monedas ficticias y al
atraso en los pagos. El Estado de Bienestar no solo ha sido impedido en su función
social, el mismo Estado ha sido menguado en su financiamiento y lucha por la
sobrevivencia.
Con este panorama suena ilusorio pensar en una función solidaria del Estado. Para
liberarlo de esta situación el FMI y los neo-liberales proponen mayores ajustes en el
gasto lo que significaría inevitablemente reducciones mayúsculas de empleados en un
escenario de desempleo masivo. La incógnita es saber como se puede sostener la
convivencia social dentro de esta hipótesis.
El principio de solidaridad aconsejaría a nuestro entender declarar al sistema público
en emergencia en todos los poderes y proceder a establecer para todos los asalariados un
salario básico fundado en el índice de la canasta familiar y un sistema de escalas que no
deberían superar una diferencia mayor entre uno y diez salarios desde la mínima y la
máxima jerarquía (standard muy próximo al del servicio público en la Unión Europea).
Lo mismo debería acontecer con las jubilaciones y pensiones que absorben más de
20.000 millones de pesos por año. El problema es que la “privilegiatura” prefiere
mantener sus beneficios aún a costa del colapso total del sistema público.
Sería esencial recuperar la capacidad tributaria del Estado de manera eficaz y
equitativa. Las actividades especulativas financieras todavía se encuentran libres de
tributos y los impuestos a las ganancias son irrisorios con relación a países capitalistas
desarrollados. Estas deberían ser fuentes de recursos genuinos. Asimismo, sería
necesario recuperar el sistema público de previsión social cuya privatización hizo
posible el vaciamiento financiero del mismo. Pero, solo si el Estado es capaz de
demostrar equidad y eficacia con sus propios gastos podrá recuperar la confianza y la
autoridad para ampliar su capacidad tributaria venciendo así el sentimiento de
expoliación fiscal que justifica entre los contribuyentes la rebelión fiscal. Este es sin
duda un nudo gordiano de la cuestión y requiere tanto consenso colectivo como
autoridad para modificar la situación.
Sin recursos no se puede asegurar ni el ejercicio pleno de los derechos ni mantener
una democracia efectiva. La experiencia de las democracias liberales como de las
revoluciones en los últimos 200 años lo demuestra. En el fondo, se trata de una
cuestión de coherencia que se puede encontrar en la ética de Aristóteles: el que quiere
el fin, quiere los medios. La democracia necesita entonces recuperar su capacidad de
financiamiento y de acumulación económica. El refinanciamiento del Estado resulta tan
crucial como la reactivación económica. En esta ecuación tanto los beneficiarios del
Estado como las empresas y los particulares deberían comprender que existe la
necesidad de un pacto de solidaridad por mutua conveniencia. Pero el Estado no puede
negociar ni ser confiable mientras no demuestre que está dispuesto a hacer todos los
sacrificios necesarios para salir de la crisis.
Sin un pacto de solidaridad no se podrá salir de la emergencia social. Mirando hacia
delante lo que hay que plantear un nuevo tipo de relaciones entre el Estado, la economía
y la sociedad. Desde un punto de vista neo-estatista parece evidente que no se puede
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
70
volver a la figura del Estado Benefactor, del Estado Empresario o del Estado
Burocrático Autoritario. Pero tampoco se puede admitir el derrumbe del Estado porque
con él se disuelve la sociedad, aunque se salve la economía, cosa que parece improbable
en esta hipótesis. El nuevo Estado debe tener capacidad para regular, para coordinar,
para orientar estratégicamente el desarrollo del país. Por otro lado, de cara a la sociedad,
el Estado tiene que seguir siendo el garante del respeto de los derechos individuales y
sociales. Pero aquí tampoco puede mantener el monopolio que tenía en otras épocas.
La sociedad civil está demostrando que puede tomar a su cargo el manejo de
problemas de todo tipo: economías alternativas, defensa del medio ambiente, protección
a la infancia, redes de solidaridad, etc. El Estado no puede desentenderse de ningún
problema de la sociedad pero en la medida en que las organizaciones sociales
demuestran el interés y la capacidad para abordar los problemas el Estado tiene que
convertirse en un facilitador. Es lo que sucede en Europa Occidental y en Estados
Unidos. Lo que puede comunitarizarse, inclusive los procedimientos judiciales, debe ser
una oportunidad para que la sociedad civil refuerce su autonomía. Las demandas de
participación política y social en la actualidad no solo tienen como motivo la falla del
Estado sino también la aparición de una nueva ciudadanía que quiere asumir
responsabilidades directas en el control de gestión de las cosas públicas.
El Estado solidario sería entonces un Estado dispuesto a compartir y facilitar
responsabilidades con la sociedad civil. Conservando sus funciones sociales con todos
los individuos privados de condiciones mínimas el Estado debe asumir un rol evaluador
y regulador valorizando la competencia de las organizaciones sociales para ocuparse de
los problemas de minoridad, drogadiccción, medio ambiente y muchos otros.
Asimismo, el Estado tiene que favorecer el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas, de las cooperativas y de los ensayos de economías alternativas. En lugar de
eso lo que normalmente hace el Estado es someter a todas las organizaciones civiles a
trámites interminables, costosos.y frustrantes. Se ha dado el caso más de una vez en que
resultó difícil concretar donaciones sin ningún cargo para el Estado por culpa de las
tramitaciones burocráticas. La desburocratización de las relaciones entre la sociedad
civil y el Estado permitirá aprovechar todo el potencial de solidaridad y de
productividad que existe en la comunidad.
IV.
Neo-estatismo y reconstrucción nacional
El neo-liberalismo encontró sobrados argumentos para criticar los efectos
perversos del estatismo burocrático, autoritario, clientelístico, mafioso, ineficiente,
oneroso, paternalista. Se montó sobre una percepción de estos aspectos de la estructura
estatal para proponer no solo el achicamiento del Estado mediante privatizaciones sino
además su desmantelamiento.
Ahora que vivimos los efectos perversos del neo-liberalismo podemos apreciar que
su estrategia no apuntaba a mejorar los servicios básicos del Estado con recursos
mínimos sino a subordinar el Estado al mercado. Sabemos que aún en países capitalistas
no hay mercado sin Estado y esto por la simple razón de que el Estado es el garante de
un contrato social por el cual una comunidad o un grupo de individuos deciden
intercambiar bienes, servicios sobre la base de mutuos beneficios. El neo-liberalismo al
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
71
destruir la base social del Estado atentó contra el pacto social, contra la socialidad
misma. Lo que es más grave: al destruir la capacidad del Estado el neo-liberalismo
socavó las posibilidades de la economía, que parecía ser la base del interés del neoliberalismo.
La noción moderna del Estado se encuentra ligada a varios aspectos fundamentales:
la afirmación de una identidad nacional fundada en la soberanía popular, el monopolio
de la fuerza en función de un estado de derecho, la capacidad para disponer de una
moneda propia, la capacidad para establecer normas relativas a los intercambios
económicos y el establecimiento de un sistema de solidaridad que permite a todos gozar
de los beneficios del bienestar colectivo.
Desde mediados del siglo XIX el Estado se convirtió en un agente de desarrollo y en
un garante del bienestar colectivo. Pero muchos países adoptaron también formas de
estatismo que derivaron en el absolutismo, el totalitarismo, el burocratismo o el
clientelismo. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, esta fue una consigna de
varios sistemas políticos durante el siglo XX. El nazismo, el fascismo, el comunismo,
las dictaduras del Tercer Mundo, el integrismo religioso, los sistemas oligárquicos o los
autoritarismos populistas se inscribieron en ese paradigma. La economía capitalista se
volvió más compleja y dominante desde el siglo XIX mientras que progresivamente los
individuos, las clases sociales, los pueblos, elevaron su nivel cultural y desarrollaron
formas más elaboradas para defender sus derechos. Las luchas sociales, las guerras anticoloniales, las revoluciones nacionales y sociales, las guerras internacionales, reflejaron
la dialéctica de las contradicciones entre actores históricos que pugnaban por
hegemonizar los espacios de poder.
Los acuerdos internacionales luego de la Segunda Guerra Mundial, formalizados
con la creación de las Naciones Unidas en 1948, permitieron crear convenciones sobre
derechos individuales, sociales, económicos y culturales garantizados por los estados.
Se creó un sistema mundial estado-céntrico que duró hasta 1989 en que se pasó a un
sistema mundial multicéntrico donde aparecieron otros actores: el sistema financiero,
las empresas transnacionales, los medios de comunicación sociales, las organizaciones
no gubernamentales. Al mismo tiempo se quebraron todas las fronteras a través de la
globalización de la economía capitalista y de los medios de comunicación
En la actualidad este sistema se encuentra verticalizado por la hegemonía
estadounidense que algunos caracterizan como el surgimiento de un neo-imperio donde
el negocio de la guerra vuelve a colocar al Estado en un lugar central. Estados Unidos
resultó ser el actor dominante de todo este proceso en un contexto donde los estados
nacionales quedaron debilitados en provecho del capital financiero y de las empresas
transnacionales. Esta descripción de los hechos permite observar que mientras los
estados periféricos se debilitan los estados centrales se fortalecen. A vez mientras las
empresas transnacionales avanzan sobre los espacios económicos en todo el mundo
tienden a limitar la soberanía territorial de los estados. La denominación que le
asignemos a este proceso es lo de menos (recolonización capitalista, neo-imperialismo,
globalización asimétrica). Lo importante es que reconozcamos las consecuencias para
nosotros y para todos los pueblos que buscan mantener su independencia y su bienestar.
El Estado Nacional no se puede proponer obviamente salir del mundo tal como es,
pero en cambio, como todo ser viviente, tiene que proponerse conseguir el máximo de
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
72
independencia y de control sobre el entorno donde se desenvuelve el país. Los neoliberales locales sostienen que esto es imposible contra la evidencia empírica de otros
países que con ideologías diferentes lo han logrado relativamente.
Debemos reconocer que Argentina como unidad histórica es inviable sin una
estrategia para integrarse regionalmente en América del Sur. Este era por otro lado el
pensamiento de los próceres libertadores de América como Bolívar, Belgrano, San
Martín y otros. La identidad nacional no sólo no se ha de sentir menguada en un bloque
sudamericano sino que ha de encontrar allí su verdadera sustancia histórica. La nación
sudamericana es el horizonte ideológico, cultural, económico y geopolítico de una
estrategia neo-estatista en estos momentos.
Desde el punto de vista de nuestra conciencia histórica la identidad nacional supone
la integración regional con América del Sur. Pero, además, implica reconocer los
diferentes componentes culturales de nuestros pueblos. La identidad sudamericana es
necesariamente multicultural porque contiene elementos europeos, aborígenes,
africanos, árabes, asiáticos. La integración multicultural es un signo distintivo de la
región comparada con otras donde los conflictos étnicos definen fragmentaciones
institucionales y territoriales.
Una concepción neo-estatista no rechaza el mercado, ni las inversiones extranjeras.
Muy simplemente postula que el Estado puede regular, compensar, orientar, las
funciones del mercado y de las inversiones extranjeras. Debe cumplir con su función
histórica de impulsar un proyecto de autodesarrollo colectivo. Sin ello, como se ha
venido probando, la sociedad se desintegra bajo el peso de los intereses económicos
dominantes. Como lo reconocen ahora expertos del Banco Mundial, George Soros y
diversos grupos de los países capitalistas avanzados.7
Asimismo, en relación con la sociedad civil, la función del Estado en la perspectiva
de la historia actual, no es de sustituir las capacidades de la comunidad sino al contrario:
hay que potenciar las organizaciones sociales para favorecer la autogestión, la autoorganización de los actores sociales. El Estado debe ser facilitador y nó tutor de las
organizaciones sociales. Esta es la perspectiva de una democracia participativa.
En última instancia se trata de facilitar la emergencia de una nueva democracia
donde existan cada vez más mecanismos de autogestión, de participación directa en el
poder, de intercambios económicos entre los actores. En este sentido el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a las organizaciones sociales de la
economía, deberían constituir un objetivo básico. Muchos ignoran que en Estado
Unidos como en Europa las PYMES brindan el 60% de los empleos y constituyen un
resorte fundamental del crecimiento económico.
El neo-estatismo supone que el Estado sigue siendo el principal garante del contrato
social, o sea, de la democracia y de la vigencia de los derechos individuales y sociales.
De aquí deriva su legitimidad y su centralidad. Las formas corruptas e ineficientes del
poder han llevado a deslegitimar al Estado, pero esta tendencia tiene un correlato
catastrófico: sin Estado volvemos a la guerra de todos contra todos, donde al fin y al
7
Ver: Ricardo Petrella (1996) Los límites a la competitividad. Cómo se debe gestionar la aldea
global, Universidad Nacional de Quilmes/Editorial Sudamericana, Bs.As.; Michel Albert (1991)
Capitalismo contra capitalismo, Paidós, Bs.As.
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
73
cabo triunfarán los más poderosos. Entonces en lugar de tirar abajo el Estado hay que
restituirle sus funciones históricas y políticas esenciales: defensa del bien común,
protección de los más débiles, difusión de los bienes culturales y sociales, creación de
mecanismos para una participación democratica de la ciudadanía.
El neo-estatismo rechaza los falsos dilemas que han jalonado los debates entre el
estatismo y el neo-liberalismo. Ni el Estado empresario de los estatistas, ni el Estado
gendarme de los liberales. Ni el Estado autoritario ni el Estado sin autoridad. Ni el
Estado fundamentalista ni el Estado neutral frente a los desafíos culturales. Ni el Estado
burocrático ni el Estado impotente. Ni el Estado xenofóbico ni el Estado colonizado. Ni
el Estado paternalista ni el Estado ausente frente a la pobreza o las injusticias.
Redefinir de esta manera las características del Estado nos llevará a repensar el
modelo económico, el modelo de organización social y el modelo político que
queremos. Porque al fin y al cabo el Estado será la consecuencia del proyecto de país
que queremos.