Download II.Conflictos y actores sociales

Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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CAPITULO II
CONFLICTOS Y ACTORES SOCIALES
Desde este momento, nada quedaba que hacer para lo
tímidos, sino taparse los oídos y cerrar los ojos. Los
demás vuelan a las armas por todas partes y el tropel
de los caballos hace retemblar la pampa, y el cañón
enseña su negra boca a la entrada de las ciudades.
D.F. Sarmiento, Facundo, 1845
1. Una guerra civil difusa
Los cañones no están a la vista de la ciudad de Buenos Aires, pero sí los piquetes
de desocupados y marginados que todas las semanas bloquean accesos y calles de la
misma. En el 2002 hubo 16.965 protestas en todo el país (Clarín, 11.I.03).
Desocupados, ahorristas que reclaman sus dólares, ciudadanos que exigen la renuncia
de la Corte Suprema, ciudadanos que piden cambios en el sistema político,
comerciantes y pequeños empresarios, acreedores perjudicados por la pesificación de
los préstamos y otros actores diversos ocupan las calles y las rutas desbordando todos
los análisis políticos y sociológicos. El fantasma de los saqueos y de los ataques a
comercios o bancos está siempre presente. Sin embargo, los conflictos no llegan al
paroxismo de los extremos, como sugería la lógica de la guerra en Clausewitz , porque
los ejes antagónicos son diversos y hasta contradictorios. Por esto no puede hablarse de
una guerra civil.1 Y también porque el poder político no asume a nadie como “enemigo”
aunque tenga variados enemigos. El poder se siente provisorio y deslegitimado. No
tanto por las amenazas de la protesta social como por la precariedad de las fuerzas que
le dan sustento y por el temor de no poder controlar los resortes de la economía.
No hay guerra abierta, entonces, porque el principio de oposición es difuso, los
actores sociales necesitan enemigos unívocos, claros y distintos, como la burguesía
frente al proletariado en los movimientos socialistas, como el imperialismo y los
pueblos colonizado en las guerras de liberación. En el caso argentino el conflicto social
se ha privatizado, sectorializado, con algunos ejes dominantes sin llegar a constituir
polos aglutinantes de la mayoría de la población.
Extraño panorama de un poder ausente que enfrenta múltiples protestas. Nos
encontramos ante un escenario de conflictos múltiples y de orientaciones diversas frente
a un poder débil y con escasa capacidad para reprimir los excesos. ¿Guerra civil
latente?. ¿Derrumbe progresivo del sistema político?. ¿Estado de anarquía?. ¿Luchas de
clases generalizada?. ¿Víspera de cambios revolucionarios?. ¿Quiebra eventual del
sistema democrático?. Son preguntas e hipótesis que cualquiera se haría. El Episcopado
argentino proclamó en varios prounciamientos que la Nación está en peligro. El Papa
Pablo II ha alertado sobre el peligro que corre la democracia en Argentina. Algunos
operadores de la información han introducido la hipótesis del golpe de Estado o de
intervención militar a pesar de que las Fuerzas Armadas siguen mudas y ausentes ante
los acontecimientos.
Es evidente que la crisis argentina no puede ser explicada con las categorías
ideológicas o sociológicas de ayer. Argentina es un laboratorio de conflictos que nos
conducen a crear nuevos conceptos para entender ciertos aspectos de la desintegración
social en América Latina. Debemos precavernos, sin embargo, tanto contra el peligro
1
El presidente Duhalde desde mediados del 2002 resaltó en varios discursos que se había evitado la
guerra civil.
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de creer en la “excepcionalidad” de la situación2 como contra el rechazo a las teorías y
conceptos que las ciencias sociales han creado en durante el último siglo. Aún el caos
que precede a las revoluciones forma parte de procesos que tienen su lógica y sus
tendencias.
2. El epicentro de los conflictos
Un primer ejercicio para comprender los conflictos actuales sería preguntarnos si
el epicentro de los mismos está en el plano económico, político o social. Esto es
importante para saber si la salida de la crisis reposará sobre las medidas económicas,
sobre nuevas estrategias políticas o sobre cambios en la sociedad. Diversos autores han
interpretado que desde el golpe de Estado de 1930 que dio orígen a la intervención del
poder militar, el centro de la cuestión se radicó en el sistema político, en la pérdida del
Estado de Derecho, en la falta de instituciones políticas adecuadas. La inestabilidad
política, con algunos interregnos de gobiernos constitucionales, durante más de 50 años,
debilitó no solamente la consolidación del Estado sino también de la economía que se
vió permanentemente sujeta a la presión de grupos e intereses económicos
contradictorios. El país perdió durante ese período la capacidad para diseñar estrategias
de desarrollo económico y social. Desde este punto de vista podríamos decir que la
inestabilidad política socavó las bases del Estado y la economía argentina durante medio
siglo. Las crisis institucionales y políticas estuvieron en el centro de la escena durante
todo ese tiempo. La proscripción del peronismo entre 1955-1973 y el terrorismo de
Estado entre 1976-83 fueron hitos salientes de este proceso.
Con el retorno de la democracia en 1983 se consolidan las instituciones políticas,
pero la economía pasa a primer plano. Alfonsín cayó con la hiperinflación y la crisis
económica de 1989. Menem consolidó su liderazgo gracias a la estabilidad monetaria
lograda con la convertibilidad del peso y el dólar. La economía ocupó el centro de la
escena entre 1987-2000. En este período el capital financiero y las políticas monetarias
son las que definen las alternativas del país a través del control de las cuentas nacionales
por el FMI, el Banco Mundial, los acreedores externos y los inversores. La deuda
externa y la hiperinflación fueron los temas dominantes. A partir de 1992, en el contexto
de una globalización y privatización acelerada de la economía del país Argentina se
convirtió en un paraíso monetario para obtener ganancias rápidas y fuertes en dólares al
mismo tiempo que los sectores productivos iban siendo paulatinamente extranjerizados.
Argentina se convirtió en la primera república transnacional del siglo XXI. Fue un
proceso de recolonización capitalista muy acelerado que requería una fuerte inyección
de dólares para mantener la balanza de pagos afectada principalmente por la deuda
externa. Para controlar el problema se recurrieron a permanentes políticas de ajustes en
el gasto público, al endeudamiento externo y a la atracción de nuevas inversiones.
Por un momento los argentinos creyeron que se marchaba hacia una
“normalización” del país, a su inserción en el nuevo escenario de la globalización. La
moneda fuerte, tanto para los asalariados como para los empresarios, parecía crear las
condiciones de un nuevo status. Pero esta ilusión se fue desvaneciendo cuando se vió
que crecía la desocupación, que se derrumbaba el Estado y que millones de personas
2
Notemos por ejemplo los casos de crisis provocadas por las políticas económicas preconizadas por el
FMI en Rusa y el Sudeste Asiático según las describe Joseph Stiglitz en El malestar de la globalización
(Taurus, Bs.As., 2002). También cabe señalar la atención que los dirigentes de China prestaron a las
posibilidades de crisis económicas, sociales y políticas derivadas de sus propias transformaciones en vista
de lo que había acontecido en Rusia. Ver: S. Cesarin; C. Moneta: China. Perspectiva del presente,
desafíos del futuro, EDUNTREF, Bs.As., 2002, Caps.1,2
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eran arrojadas a la marginalidad o la exclusión. A mediados de los noventa el
crecimiento de los conflictos sociales iba ocupando el centro de la escena.
Durante el período 1983-2001 el sistema político parecía contener tanto los
desequilibrios económicos como los conflictos sociales. Pero el empobrecimiento
progresivo de la población (en el 2001, 16 millones de personas, sobre 36 millones de
habitantes, viviendo bajo el umbral de la pobreza) y la tendencia hacia el desempleo y
el desamparo para la mayoría de los pobres, va creando las condiciones para
deslegitimar el poder político y para cuestionar el orden económico impuesto. Esto es lo
que se manifestó de muchas maneras desde 1998, con el comienzo de la depresión
económica que luego se profundizó. Las elecciones de 1999 dieron una oportunidad al
sistema político a través de la Alianza (radicales, Frepaso) para cambiar el rumbo. Pero
la persistencia de las mismas políticas y de las mismas estructuras fue minando la
legitimidad del poder político y del Estado. La anomia, la conflictividad recurrente, la
desintegración social, se fueron adueñando de la escena.
El 19 de diciembre de 2001 por la mañana hubo unos 400 saqueos de negocios y
supermercados en todo el país. Las imágenes de la televisión mostraban tanto a los
pobres que buscaban alimentos como a los saqueadores que buscaban incrementar sus
bienes de cualquier tipo. Obviamente, todos tenían que ver con la pobreza y nó
solamente los que tenían hambre. Por la noche el presidente De la Rúa impone el Estado
de Sitio e invoca la necesidad de llegar a una concertación nacional. A partir de este
momento salen a manifestar sectores de clase media con cacerolas, con autos o motos
sonando sus bocinas hasta las primeras horas de madrugada.
Algunos analistas consideran que la imposición de restricciones para el manejo
de las cuentas y ahorros en los bancos (una virtual expropiación de los salarios y
ahorros de los argentinos) por parte del ministro de economía Cavallo, fue lo que
exacerbó a las clases medias. Con lo que se dio en llamar “el corralito” quedaron
bloqueadas las disponibilidades de más de 3 millones de personas por una suma
superior a los 50.000 millones de dólares. Por primera vez en mucho tiempo los barrios
del Norte de Buenos Aires salieron a protestar pacífica aunque furiosamente. En la
mañana del 20 de diciembre tomaron el relevo jóvenes de distintas agrupaciones
políticas que convirtieron al centro de Buenos Aires en un verdadero campo de batalla.
De la Rúa renunció. Asumió, designado por el Congreso, Adolfo Rodríguez Saa.
Una nueva ilusión o varias al mismo tiempo. Rodríguez Saa prometió devolver
los ahorros y liberar el acceso a las cuentas bancarias, prometió 1 millón de empleos y
otras cosas en un período de 3 meses. Casi un milagro. Compuso un equipo con
dirigentes peronistas, algunos de los cuales cuestionados por sus antecedentes de
corrupción. Los cacerolazos continuaron reclamando la destitución de los corruptos y la
renuncia de la Corte Suprema. Aparentemente los reclamos eran de tipo ético y político.
Pero las restricciones bancarias seguían pesando fuertemente en el humor de las clases
medias.
La bancarrota del país justifica por sí mismo que consideremos a lo económico
como una clave principal de la catástrofe. Sin embargo, el nuevo panorama social (18
millones de personas de personas, la mitad de la población, bajo el umbral de la
pobreza en 2002) y con una clase media en crisis, nos obliga a pensar centralmente
desde lo social. Por otro lado, la deslegitimación del Estado y de los dirigentes políticos
resalta otro aspecto decisivo de la crisis. Podríamos establecer como hipótesis que lo
económico sólo logrará encauzar la crisis si alcanza a brindar respuestas necesarias en el
corto plazo, de lo contrario todo dependerá de la dinámica social que aparece como
capaz de rebalsar el marco político e institucional.
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Podríamos decir entonces que la resolución de los problemas económicos ocupa
el primer plano de los conflictos (creación de empleos, dinamización del mercado
interno, control de la inflación, devolución de los depósitos bancarios, recuperación de
las empresas, crecimiento, etc.). Pero aún en la hipótesis optimista de que el Gobierno
pueda cumplir con estos objetivos el hecho es que el espacio social ha cambiado y se ha
convertido en el foco de conflictos de larga duración. 18 millones de pobres sobre 36
millones de habitantes, degradación progresiva de las clases medias, 20% de desempleo
abierto en la fuerza de trabajo, 1.600.000 delitos por año, más de 30.000 hechos de
violencia escolar anuales, son algunos indicadores que no vienen de la coyuntura y que
no podrán modificarse por el efecto de una inyección de créditos o por una expansión de
las exportaciones. Esto quiere decir que las presiones sociales seguirán siendo muy
grandes en cualquier caso y que se necesitan fuertes políticas de integración y de justicia
social más allá del asistencialismo que imponen las circunstancias. Porque puede ocurrir
que la economía mejore mientras que la estructura social siga mostrando los mismos
indicadores. Argentina necesita recobrar su capacidad de integración y de movilidad
social ascendente para superar la estructura de la pobreza que se ha venido imponiendo
en las últimas décadas.
3. La desintegración social
Todos los aspectos de la crisis argentina podrían resumirse en el concepto de
desintegración social. Deslegitimación política, catástrofe económica, empobrecimiento
colectivo, derrumbe del Estado, anomia, son todos elementos que contribuyen a explicar
las cosas como un proceso de desintegración social. ¿Cómo se produce este fenómeno y
a partir de cuando?.
La desintegración social estaba latente en varias estructuras de la sociedad
argentina: 1º) la desarticulación entre el funcionamiento de la economía y las
necesidades de la población, o sea, las desigualdades sociales y los desequilibrios
regionales; 2º) la precariedad de las normas, la tendencia a la transgresión de las
mismas, a vivir fuera de la ley; 3º) el triunfo de la impunidad en todos los sectores, tanto
en la escuela como en la vida económica, tanto en el ámbito político como judicial o
policial, los transgresores casi nunca reciben un castigo; 4º) el Estado ha funcionado
siempre disociado de la sociedad, a veces como enemigo o amenaza, a veces como una
organización mafiosa con la cual se negocia; 5º) la desarticulación entre los mismos
organismos públicos forma parte de una fuerte tendencia a la feudalización,
atomización, fragmentación de las instituciones; 6º) la economía no está pensada como
un proyecto de desarrollo sino como una serie de políticas coyunturales, hace varias
décadas que Argentina no tiene planes de largo plazo.
Estos factores estimulan o favorecen la desintegración social, pero la misma se
desarrolla hacia los extremos, es decir, hacia la concentración de la riqueza por un lado
y hacia la marginación y exclusión de los más pobres por otro lado. Este fenómeno
comienza a manifestarse en los años 70, se agudiza en los 80 y tiende a reproducirse en
los 90. La movilidad social ascendente dejó de caracterizar a la Argentina y hace ya más
de una década que presenta la imagen inversa: un país donde cada vez más gente se
empobrece.
4. Las clases sociales en Argentina
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¿En qué sentido la estructura y la dinámica de clases puede ayudarnos a comprender
el significado de los conflictos actuales?. Ante todo deberíamos intentar una
identificación de las clases y grupos sociales más significativos. Podemos reconocer
provisoriamente los siguientes grupos y categorías de clases sociales:
a) Clases ligadas a los capitales extranjeros: la burguesía trasnacional, la
burguesía financiera, la burguesía dependiente;
b) Clases ligadas a las fuerzas dominantes internas: la burguesía de los grupos
económicos concentrados, la burguesía política, la burguesía rural, las
burguesías regionales y sectoriales (industria, comercio, servicios);
c) clases
intermedias: profesionales, pequeños y medianos empresarios,
asalariados de alto nivel en el sector público y privado;
d) clase trabajadora: asalariados del sector privado nucleados CGT y el MTA,
trabajadores públicos agrupados en la CTA, cuentapropistas;
e) clases marginadas: jubilados, desocupados organizados y desorganizados,
excluídos.
Dado que con la extranjerización de la economía producida en la década del 90 el
sector transnacional adquirió una posición dominante, en Argentina asistimos a la
instalación de una burguesía transnacional compuesta por representantes de distintos
sectores: financiero, petrolero, de telecomunicaciones, etc. El grupo Soros llegó a
poseer más un millón de m2. cubiertos en la ciudad de Buenos Aires, los latifundistas
extranjeros ya poseen más de 5 millones de hectáreas en todo el país. En el agro la
posición de cinco multinacionales acopiadoras de granos y proveedoras de insumos
llegó a ser absolutamente dominante. En todos los sectores la extranjerización de la
economía creó una clase dependiente acentuando la fragmentación social del país.
Una de las consecuencias del predominio de una burguesía extranjera es que la
misma no puede asumirse como clase dirigente ni tiene un compromiso con el
desarrollo del país (es una clase ajena, responde a intereses extranjeros). Esto bloquea la
posibilidad de que exista una burguesía nacional capaz de asumirse como clase dirigente
(al modo de la burguesía industrial de Brasil).
A su vez, esta situación da lugar a una estructura donde el espacio económico
depende de otros centros externos mientras que el espacio político se encuentra en
manos de una clase dirigente local (cuyas decisiones no pueden modificar las estrategias
económicas dominantes). El hecho de que la clase dominante no comparta el mismo
espacio social de los actores que dependen de ella y que tenga epicentros diversos
(Madrid, New York, Washington, Londres, Paris, Miami, Santiago de Chile, San Pablo)
tiene varias consecuencias. Entre ellas, que no pueda ser visualizada como un actor
homogéneo con el cual confrontar en el mismo espacio local. (Por eso, los conflictos
sociales no suelen enfrentar a los que concentran la renta nacional con los explotados o
desposeídos, sino a éstos con los representantes del Estado).
En el orden interno la clase política se convirtió en una clase de negocios y de
acumulación: se asignó un status de ingresos muy superiores al resto de los asalariados
públicos y privados. Muchos políticos se convirtieron en gestores de inversiones,
préstamos y consultorías internacionales, crearon un sistema de prebendas que
administraban de manera clientelística. Fueron conformando una “burguesía del
poder”, (distinta a la “élite de poder” de la que hablaba Wright Mills y más parecida a la
“nueva clase” de la que hablaba Milovan Dilas ) que en cierta manera ocupó los
espacios de la “burguesía burocrática” que había creado el poder militar en el período
1976-1983.
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Menem privatizó las empresas públicas destruyendo la “privilegiatura” y la
burocracia que antes manejaba esos espacios contribuyendo a fortalecer la nueva
burguesía de poder con el manejo de los negocios emergentes de las privatizaciones e
inversiones. Las burguesías regionales y sectoriales quedaron subordinadas tanto a las
fuerzas transnacionales como al poder político. Sin embargo, un sector del empresariado
argentino (proveedores del Estado que algunos identifican como “la Patria Contratista”)
creó grupos económicos concentrados en alianza con el poder político y con el sistema
financiero: los grupos Techint, Pérez Companc, Macri, Fortabat, Pescasmona, etc.
Las clases intermedias (profesionales, comerciantes, pequeños empresarios,
trabajadores independientes) en principio se favorecieron con la dolarización de la
economía, pero hacia la segunda mitad de los 90 se encontraron con que la disminución
del flujo de la economía llevaba a la quiebra a las PYMES, a las economías regionales y
a los trabajadores independientes. Se fue generalizando la
proletarización y
pauperización de las clases medias. El caso de la profesión médica, pero también de los
abogados, son los más elocuentes al respecto.
Los asalariados del sector público y privado que gozaron de ingresos fijos se
encontraron en una situación más estable: sus ingresos en dólares fueron revalorizados y
pudieron acceder a más bienes. En este sentido las organizaciones gremiales se
encontraban ante una dualidad: por un lado, disminuían los empleos, pero por otro lado
los que los conservaban se encontraban en situación más favorable. Esto explica los
comportamientos disímiles entre las distintas centrales sindicales: GCT, CTA, MTA,
que representan sectores económicos y sociales diferentes. La posición más combativa
siempre fue la de los gremios estatales (CTA) sea porque los salarios del sector fueron
congelados, sea comenzaron a sufrir ajustes permanentes y cesantías. La posición del
MTA (transportistas, sobre todo) también adquirió un fuerte carácter de confrontación a
partir de 1997 porque el sector comenzó a sentir la disminución de sus posibilidades
tanto por la crisis de las economías regionales como por la internacionalización de los
servicios de transportes que desplazaban a los nacionales.
Entre los grupos “marginales” debemos contar en primer término a los jubilados que
en realidad representan a individuos de la clase obrera y de las clases medias afectadas
desde hace más de dos décadas por la formidable expropiación de sus aportes
previsionales. Los jubilados fueron quienes mantuvieron la más larga resistencia al
modelo económico dominante desde fines de los 80. Luego aparecieron los grupos
organizados de desocupados que fueron convirtiéndose en los “piqueteros” con distintas
orientaciones ideológicas. Existe una masa de excluídos y marginados que vive en las
“villas miserias” (“los villeros”). En la Capital Federal desde comienzos del 2002 se
conformó un grupo social particular constituido por varios miles de personas que por las
tardes salen en busca de objetos de valor entre los residuos domiciliarios. Son los
“cartoneros” (sucesores masivos de los antiguos “cirujas” de Buenos Aires).
Si recurrimos a las categorías marxistas tradicionales de la lucha de clases llama la
atención que los antagonismos más fuertes provengan de las clases marginales
(“lumpenproletariado” según Marx) y nó de los productores (burgueses y trabajadores
organizados). A su vez, podríamos observar que tanto los desocupados, como los
empleados públicos, como los ahorristas, luchan por la apropiación o recuperación de la
renta, pública y privada, mientras que en las luchas sociales europeas burgueses y
proletarios luchaban por la “plusvalía” del trabajo y por las fuentes de producción. En el
caso argentino la lucha por la renta, pública o privada, pasa por el control del poder
público, lo cual muestra hasta qué punto se encuentran subordinadas las fuerzas
productivas. Los productores, agropecuarios o industriales, quedaron relegados. Nos
encontramos con una economía sin productores donde la lucha de clases parece girar en
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torno a la distribución de la renta pública. Pero al quedar el Estado sin rentas las
posibilidades de mantener una política clientelística o prebendista se vuelve imposible.
Esto es lo que ha llevado al colapso de las prácticas clientelístico-mafiosas.
5. Una lógica borrosa de los conflictos sociales
La interpretación de los conflictos sociales en Argentina a comienzos del siglo XXI
se resiste a las categorizaciones tradicionales. Ante todo, por la ausencia de
polarizaciones que permitan encontrar los polos antagónicos. Los ejes de los conflictos
son diversos, como hemos visto. Necesitamos entonces recurrir a una “lógica borrosa”.
La fragmentación social ha mediatizado las luchas de clases descolocando a veces a
los actores. El hecho de que la “burguesía extranjera” no ocupe el mismo espacio que
los sectores sociales subordinados impide un enfrentamiento directo. El hecho de que la
clase trabajadora, en el sector privado, se encuentre en una posición defensiva respecto
al empleo le impide mantener una confrontación abierta con las empresas. A su vez, el
hecho de que la burguesía industrial, comercial o regional se encuentren amenazados
por el modo de globalización impuesto los vuelca hacia posiciones de protestas que
comparten con desocupados y otros sectores. También los lleva en muchos casos a
convertirse en socios o subordinados de los negocios de libre importación que opera
destruyendo sus propias industrias.
De suyo en las sociedades sudamericanas existe, como lo señala Touraine, una
desarticulación entre el discurso y la acción, entre la identidad de los actores y su
discurso político. Por lo tanto, no siempre lo que se dice corresponde a la práctica social
objetiva de los actores. Existen travestimientos ideológicos y dobles discursos. Las
clases medias, por ejemplo, aparecen en los últimos conflictos con actitudes más
confrontativas y retoman a veces los discursos de la clase obrera tradicional. Los líderes
de los desocupados organizados hablan a veces en nombre de los trabajadores, otras
veces en nombre de su propio sector y otras veces en nombre de intereses generales.
Algunos de esos líderes han creído que desde el lugar de este nuevo proletariado
marginal se podía liderar un cambio de poder que represente los intereses de todo el
pueblo.
Es evidente que entre los sectores movilizados para la protesta existen intereses e
ideologías diferentes o contradictorias. Fuera del denominador común centrado en la
crítica a la clase política, los distintos actores (piqueteros, asambleístas, ahorristas,
etc.) tienen visiones contrastantes: desde el maoísmo populista de la Corriente Clasista
Combativa hasta el menemismo que propone la dolarización, desde el anarquismo de
algunas asambleas barriales hasta el reclamo pragmático de los ahorristas para que le
devuelvan los dólares del “corralito”. En el medio existen toda clase de reivindicaciones
que abarcan desde los ecologistas a los pequeños y medianos empresarios, desde los
deudores hipotecarios a los vendedores ambulantes.
En determinado momento, primer semestre del 2002, pareció que todos estos
sectores iban a converger en torno a la consigna “que se vayan todos”. El objetivo era
derrocar al gobierno provisorio del Presidente Duhalde, convocar a una Asamblea
Constituyente y reformar el sistema jurídico-político. Era sin duda el anuncio de una
revolución popular. Pero la consigna no tuvo el eco esperado ni en los partidos y
sindicatos (que por definición estaban incluidos en el “que se vayan todos”), ni en la
masa de las clases populares y la clase media. La operación quedó trunca no solo por la
ausencia de liderazgos alternativos o por la falta de congruencia entre las organizaciones
convocantes, sino sobre todo porque objetiva y subjetivamente no había condiciones
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para una revolución institucional que no prometía solucionar los problemas económicos
y sociales que interesaban a las mayorías.
6. Actores emergentes: caceroleros, piqueteros, asambleístas
El movimiento de los “cacerolazos”, de los “piqueteros” y de las “asambleas
populares”, parecieron en un momento convertirse en una alternativa de poder pero se
frustraron por falta de liderazgos, de ideologías y de estrategias comunes. Algunos
interpretan que estos nuevos actores representan el surgimiento de una nueva cultura
“anti-política”, donde lo que importa es el rechazo al poder y no la búsqueda de nuevos
consensos o instituciones. Algunos de estos sectores, en efecto, se identifican con una
idea anti-burocrática y de poder popular directo muy cercana a las posiciones de
anarquistas, comunitaristas y trotkystas en sus diversas versiones. Pero esta conciencia
difusa no se tradujo en una expresión política organizada. Veamos algunos rasgos
dominantes de los nuevos actores.
A. Los caceroleros
Los conflictos sociales desde fines del 2001 pusieron en el primer plano tres
nuevos actores: los “caceroleros”, los “asambleístas barriales” y los “piqueteros”. La
“revuelta de las cacerolas” en la noche del 19 de diciembre de 2001 dio inicio a la caída
del Presidente De la Rúa (el día 20 de diciembre). El uso de las cacerolas en las
protestas políticas tiene varios antecedentes y consecuentes. Usaron las cacerolas las
señoras de los militares y de las clases medias en 1973 para buscar el derrocamiento de
Salvador Allende en Chile. En 1994 el “cacerolazo” fue impulsado por el FREPASO
(Chaco Alvarez) para protestar contra las políticas de Menem. En Venezuela, el sonar
de las cacerolas comenzó a utilizarse a principios del 2002 contra el gobierno del
Presidente Chávez.
A fines del 2001 el “cacerolazo” acompañó la movilización ciudadana contra el
Presidente De la Rúa primero, y luego contra los presidentes provisionales Rodríguez
Saa y Duhalde. Pero las formas más constantes del “cacerolazo” fueron las realizadas
por los ahorristas cuyos depósitos quedaron incautados y desvalorizados por el
“corralito” en los bancos argentinos desde fines del 2001. Los “caceroleros” pasaron a
ser identificados en parte con los “ahorristas” y en parte con los “asambleístas barriales”
que en realidad conforman dos actores distintos.
Las protestas de los ahorristas cobraron una gran intensidad en el 2002 y
llegaron a asediar semanalmente a los bancos del centro de Buenos Aires y de otras
ciudades. A veces se solidarizaron con otras manifestaciones de protestas pero su
motivación principal (la recuperación de sus ahorros en dólares) así como su extracción
social los alejaba naturalmente de otros actores emergentes como los piqueteros
(reclamando alimentos y trabajo) y los asambleístas barriales (que buscaban un cambio
de poder: “que se vayan todos”).
Hubo una amalgama circunstancial entre estos actores, aunque tuvieran intereses
e ideologías divergentes. Todos coincidían en cuestionar a los dirigentes políticos en el
poder (pero muchos ahorristas reivindicaban a Menem, porque su política había
permitido la dolarización de sus ingresos y ahorros). Todos contribuyeron en el
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momento de mayor agitación a la deslegitimación de los dirigentes políticos y de las
instituciones (el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso).
El actor en cuestión, el “cacerolero”, tiene pues una identidad difusa (comprende
jubilados, asalariados, trabajadores independientes, profesionales, miembros de
mutuales e instituciones con depósitos bancarios, empresarios e inversores afectados por
la incautación de los depósitos). Sus orientaciones ideológicas podían ser entonces de lo
más diversas y no estaban en condiciones de constituir un actor permanente y
homogéneo. Su desmovilización progresiva fue produciéndose en la medida en que se
produjeron devoluciones o reprogramaciones (voluntarias o forzadas por intervención
judicial) de los depósitos. La experiencia de esta protesta, aunque aparentemente
circunstancial, sirvió para movilizar a un gran número de individuos para reclamar por
sus derechos y para cuestionar las lógicas bancarias y gubernamentales. La casi
totalidad de los analistas (periodistas , opinadores o cientistas sociales) creyó que el
rechazo a las instituciones bancarias iba a perdurar mucho tiempo. Nadie imaginaba que
la confianza en los bancos iba a restablecerse en menos de varios años. Sin embargo,
hacia fines del 2002 los bancos estaban recomponiendo sus cuentas y clientes, aunque
entretanto tuvieran que cerrar numerosas sucursales. El comportamiento de los
ahorristas y clientes de los bancos sorprendió a muchos, pero ocurre que la inseguridad
domiciliaria y las inciertas alternativas de depósitos en países vecinos como Uruguay
(“paraíso bancario” próximo de muchos ahorristas argentinos) empujaron hacia una
actitud conservadora por parte de los interesados.
B. Los piqueteros
El nacimiento de los “piqueteros” argentinos se suele situar hacia fines de los 90 con
la revuelta del pueblo de Cutral-Co (1997) afectado por la desafectación de personal y
de pozos petroleros en la zona de Plaza Huincul (Neuquen). Los pobladores cortaron la
ruta durante varios días y convirtieron al “piquete” en un símbolo de resistencia. Allí
mataron a Teresa Rodríguez que dio luego nombre a uno de los movimientos
piqueteros. La resistencia con piquetes que cortan las rutas fue asimilada por otros
grupos en Salta y Jujuy (donde la Corriente Clasista Combativa, de tendencia maoísta,
protagonizó diversos enfrentamientos con las fuerzas policiales). El “piquete” se
convirtió en una metodología y en un “foco” para producir movilizaciones, protestas y
levantamientos.
La propagación de la metodología se expandió hacia Buenos Aires y otras ciudades
dando lugar a pensar que se estaba ante la inminencia de revueltas populares e
insurreccionales. Algunos serios enfrentamientos con las fuerzas represivas en el norte
del país suscitaron análisis según los cuales se estaba en una nueva etapa de una guerra
revolucionaria popular. Pero los “piqueteros” se encontraron muy pronto con que tenían
que lograr resultados inmediatos en sus demandas y para ello entablaron negociaciones
que les permitieron lograr puestos de trabajos y subsidios para los desempleados. La
actitud del Gobierno osciló constantemente entre una estrategia de contención represiva
y una actitud negociadora para destrabar los enfrentamientos.
El movimiento “piquetero” se propagó con diversas tendencias en todo el país,
con grupos espontáneos y con grupos políticamente organizados que a veces se
convirtieron en poderes paralelos llegando a cobrar peajes en las rutas o a disponer el
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control territorial de algunas zonas. En la actualidad el universo “piquetero” organizado
comprende a cerca de 200.000 personas y sus principales agrupamientos son los
siguientes:
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la Corriente Clasista Combativa (CCC), de orientación maoísta populista,
liderada primeramente por el “Perro Santillán” y más tarde por Alderete, con
implantaciones en el norte argentino y en la Provincia de Buenos Aires
principalmente;
el Movimiento Tierra y Vivienda (MTV) con base en el distrito de La
Matanza (Provincia de Buenos Aires) , bajo el liderazgo de D’Elía, diputado
provincial adscripto a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), con una
base de origen peronista y social cristiana de izquierda;
el Polo Obrero (Néstor Pitrola) orientado por el Partido Obrero de
orientación trotskysta;
la Corriente de Trabajadores y Desocupados – Aníbal Verón, liderada por
Nicolás Lista (Quebracho) se compone de simpatizantes de izquierda, del
peronismo combativo e independientes;
el Movimiento Sin Trabajo - Teresa Vive , próximo de la Izquierda Unida y
Movimiento Territorial de Liberación – ligado al Partido Comunista;
el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados liderados por
Raúl Castells, nuclea a cerca de 50.000 afiliados, muchos protagonistas de la
resistencia de los jubilados en los 90 y otros emergentes de la desocupación;
Barrios de Pié (Jorge Cevallos) bloque vinculado con los militantes de Patría
Libre (Tumini) con orígenes ideológicos diversos en la izquierda: marxistas,
peronistas, independientes.
Estos agrupamientos a su vez mantienen alianzas, circunstanciales o
permanentes entre sí. Se puede destacar en este sentido dos coaliciones
importantes: una en torno a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA – De
Gennaro) con la federación Tierra y Vivienda y la Corriente Clasista Combativa.
Esta coalición tiende a conformar una alternativa política , sindical y social a la
manera como el PT lo hizo con Lula en Brasil.
La otra coalición importante es el Bloque Piquetero que tiende a unificar a
las agrupaciones identificadas con la Izquierda Unida, el PC, el Partido Obrero.
En este universo entrarían el Polo Obrero, el MST – Teresa Vive, CUBA, FTC,
MTL.
Los “piqueteros” argentinos constituyen el más importante movimiento de
desocupados movilizados a nivel internacional. En Francia existe el equivalente de un
Sindicato de Desocupados con representación parlamentaria. En Estados Unidos existen
diversas formas de organización de los desocupados casi siempre centrados en los
mecanismos de solidaridad y autoayuda. La razón por la que los “piqueteros” argentinos
se han convertido en un movimiento social y en un actor político tiene que ver con las
diversas funciones que cumplen estas organizaciones.
La mayor parte de las noticias periodísticas y de los análisis se han centrado en
las manifestaciones de protestas y en las repercusiones políticas. Pero se han perdido de
vista varias dimensiones importantes de este nuevo actor socio-político. En primer
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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lugar, el hecho de convertir en un “ciudadano activo” a miles de desocupados constituye
por sí mismo un aspecto positivo pues revierte la tendencia a la auto-exclusión y
marginaicón del desempleado.
En segundo lugar, el movimiento “piquetero” cumple una función
resocializadora al fortalecer los vínculos sociales e inclusive familiares a través de una
organización con fines solidarios y políticos. Durante la década de los 90 la atención
social de los desocupados y pobres estaba esencialmente dominada por el “clientelismo”
político o por el asistencialismo (del Estado, de organizaciones de la sociedad civil,
instituciones religiosas). En el mejor de los casos se tendía hacia una “sociedad
asistida”. La resistencia piquetera en cambio tiende a movilizar a los individuos con la
expectativa de lograr no solo mejoras en sus condiciones de supervivencia sino también
una recuperación de la dignidad o autoestima.
En tercer lugar, y ligado lo anterior, el fenómeno piquetero implica una toma de
conciencia política, el pasaje de la situación de asistido o de cliente a la conciencia de
un sujeto que lucha por sus derechos sociales y por una nueva sociedad. Esta nueva
“concientización” puede resultar a veces una simple inculcación ideológica conforme a
las tendencias de cada agrupación. Desde el punto de vista socio-político, aún teniendo
en cuenta la sectarización ideológica, la integración político-social de los individuos
involucrados constituye un aspecto positivo en una sociedad en vías de desintegración y
con un universo social donde la mayoría tiende a la anomia, la marginación o la
delincuencia para sobrevivir. Traducido en otros términos podemos hablar de
fortalecimiento del capital social y de “empowerment” de los desocupados a través del
movimiento piquetero.
En cuarto lugar, el movimiento piquetero se ha convertido en muchos casos en
una organización que debe atender las demandas de sus componentes para lo cual ha
creado comedores, panificadoras, talleres de costura, micro-emprendimientos. Algunas
de estas experiencias son ejemplares desde el punto de vista de la gestión : la relación
costo-beneficio en estos espacios de solidaridad supera todo lo que pueden recomendar
los expertos del management empresarial, con muy poco se hace muchísimo. Algunas
de estas iniciativas se costean con apoyo de fundaciones nacionales e internacionales. A
su vez, los movimientos piqueteros han pasado a ser co-gestores formales de los
programas de distribución de subsidios (Planes Jefes y Jefas de Hogar). Se calcula que
se distribuyen unos 130.000 subsidios a través de los movimientos piqueteros, los que
participan de los consejos sociales encargados del control de gestión.
Los discursos predominantes entre los piqueteros son anti-capitalistas y en
algunos casos anti-estatistas. En este segundo punto, como veremos, se distinguen sin
embargo de los “asambleístas barriales” en el sentido de que al mismo tiempo que
confrontan con la autoridad estatal mantienen sin embargo la conciencia de que es
preciso negociar con el Estado o reorientarlo hacia políticas activas de solidaridad. Esta
proximidad con el poder del Estado es lo que ha llevado a criticar a los líderes
negociadores sospechados de recibir ventajas para sus grupos.
Mientras que los “asambleístas barriales” han mantenido de manera más neta un
discurso anti-política (sintetizado en la consigna “que se vayan todos”) la mayoría de
los piqueteros piensan y actúan en función de proyectos políticos alternativos. Algunos
responder directamente a estrategias de organizaciones políticas definidas. Otros,
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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debido a la heterogeneidad de sus componentes, no ofrecen alternativas partidarias
determinadas pero sí definiciones políticas coyunturales.
El movimiento piquetero es un emergente de la crisis social y aunque su
combatividad los ha llevado a protagonizar un gran parte de las 16.965 protestas del año
2002, su función integradora, socializadora, es innegable. Ninguna política social estaba
diseñada para convertir a los desocupados en protagonistas sino en asistidos. Ninguna
política social preveía brindarles una nueva ciudadanía con dignidad. Son cosas que el
movimiento piquetero, aún de manera contradictoria, ha logrado. Pues, finalmente, la
amenaza más profunda para el futuro de la sociedad no estriba en la existencia de los
piqueteros sino en la existencia de más de 19 millones de pobres, de más de 14 millones
de indigentes, de más de 3 millones de marginados sin esperanza, sin expectativas para
mejorar su condición, sin mecanismos de solidaridad que puedan ayudarles a enfrentar
una estructura social injusta.
C. Las asambleas barriales
El fenómeno de los asambleístas, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, ha
llamado mucho la atención y ya ha dado lugar a varias publicaciones. Varios
expositores han hablado del tema en el Foro Social Mundial de Porto Alegre 2003.
Existen una 200 asambleas en todo el país , de las cuales cerca de la mitad corresponden
a la ciudad de Buenos Aires. Si bien en el momento de eclosión, fines del 2001, hubo
asambleas multitudinarias, la participación vecinal se fue erosionando debido a los
intentos de copamiento ideológico por parte de organizaciones de izquierda (PO, MST,
PC, principalmente) y debido al desaliento de muchos ante los interminables e
infructuosos debates. En la actualidad (febrero 2003) se puede hablar en Buenos Aires
de asambleas barriales que oscilan entre 15 y 80 participantes.
Los asambleístas no constituyen un movimiento social. Más bien, se puede
hablar de “nuevas formas de ciudadanía”. Lo que tampoco quiere decir que haya
surgido un nuevo actor político (el universo involucra a menos de 10.000 personas
donde predomina la diferencia más que la homogeneidad). Los discursos predominantes
son anti-capitalistas y anti-estatistas. Sus orientaciones están más cerca del
comunitarismo y el anarquismo que de los partidos populistas y de izquierda. El
vecinalismo se junta con el ecologismo, el humanismo, el anarquismo o el socialismo
utópico. La consigna más compartida: “que se vayan todos”, lo cual comprende no sólo
los tres poderes constituidos sino también los partidos y los sindicatos.
El anti-estatismo los ha inhibido para crear y consolidar nuevas formas
institucionalizadas de participación democrática directa a través de los mecanismos que
prevé la constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Su rechazo a toda jerarquización y
estructuración (todo es horizontal, todo se discute permanentemente) los ha inhibido
para construir organizaciones aptas para resolver los problemas que denuncian. De
hecho, han surgido mutuales y cooperativas de algunas asambleas, pero casi siempre se
han desprendido de ellas para funcionar eficazmente.
Podríamos definir el asambleísmo como un fenómeno de “expresividad” o de
“barroquismo político”pero sería negar que esta experiencia ha permitido vivir como en
un laboratorio las contradicciones tremendas del sistema político. Se los ha identificado
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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con la “anti-política” por el rechazo a toda dirigencia y a toda organización. Pero, en
realidad los “anti-políticos” no son los asambleístas sino aquellos dirigentes que han
contribuido a deslegitimar las instituciones y a vaciar de contenido cultura democrática.
La experiencia de las asambleas (que algunos beatifican como el “agora porteño”) es al
mismo tiempo el resultado de la crisis de legitimidad de las instituciones y la búsqueda
de nuevas formas más genuinas de participación ciudadana.
Dejando de lado la cuestión de la representatividad de estos grupos es evidente
que reflejan una demanda generalizada de instituciones más transparentes y más
cercanas al control de los ciudadanos. En este sentido anuncian el nacimiento de una
“nueva ciudadanía” que por el momento tendrá como foco algunas grandes ciudades.
7. La anti-política o la deslegitimación de los dirigentes
Si el rechazo a la clase política es más notorio , al punto que durante meses los
dirigentes conocidos no podían mostrarse en lugares públicos sin riesgos de ser
agredidos, también el rechazo al sindicalismo merece analizarse. Se le reprocha a las
organizaciones gremiales no haber defendido las fuentes de trabajo, los derechos de los
trabajadores, las empresas públicas, durante el período menemista 1989-1999. Se le
reprocha a los dirigentes el enriquecimiento ilícito, la búsqueda de posiciones de poder
como grupo corporativo. Los embates provienen de las clases medias, de los
desocupados, de los partidos de izquierda y de sectores liberales.
Una larga hegemonía del peronismo en el movimiento obrero organizado a
través de la CGT , y sus variantes, contribuyó además a crear una amalgama entre
sindicalismo y peronismo. Por lo tanto, no extraña que en medio de los conflictos desde
fines de los 90 se manifiesten reiterados rechazos a las presencias sindicales en las
marchas y movilizaciones de todo tipo. Aún los representantes de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA), los más enfrentados con el menemismo y el neoliberalismo, o aún los líderes del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA, CGT
Rebelde) han sido cuestionados en diversas ocasiones asimilándolos a la imagen de una
dirigente corrupto de la CGT oficial.
Habría que distinguir en todo esto lo que hay de crítica a la burocracia y la
corrupción sindical (fenómeno que se ha dado en muchos países), lo que hay de crisis
de representatividad por falta de renovación de cuadros o de apoderamiento del aparato
sindical, lo que hay de crisis de la misma organización sindical que ya no protege los
intereses de la clase trabajadora hoy amenazada por el desempleo y la marginalidad, y
lo que hay de anti-peronismo, una constante que se ha mantenido en muchos sectores
desde hace más de cincuenta años.
Cualquiera sean las hipótesis que adoptemos hay que reconocer que se ha producido
una deslegitimación de la clase política, de la dirigente sindical y de las instituciones del
Estado. A lo que hay que agregar la deslegitimación de la dirigencia empresarial que
osciló entre el oportunismo de los negocios rápidos, el acomodamiento a las
condiciones de extranjerización de la economía o la venta de las empresas. Miles de
pequeñas, medianas y grandes empresas cerraron sus puertas entre 1989-2001. Las
clases dominantes también sufrieron un shock combinado entre el endeudamiento, el
corte de los créditos bancarios, la devaluación del peso y la salida de la convertibilidad.
A pesar de que casi todos habían puesto a resguardo sus ganancias la “burguesía
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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dependiente” se debilitó. El único banquero privado argentino, Escasany, tuvo que
abandonar la gerencia del Banco de Galicia.
La “licuación de pasivos”, por vía de la pesificación que impuso el gobierno de
Duhalde, salvó de la bancarrota a muchas empresas, medianas y grandes. La burguesía
nacional tiende a establecer una nueva alianza con el poder político y el poder sindical.
Con ello busca recuperar su capacidad económica y su participación en el poder. Lo
cual los coloca en una doble tensión: hacia arriba con las clases dominantes desplazadas
y hacia abajo con las clases medias y el proletariado marginal en conflicto con el
Gobierno.
La “licuación de pasivos” que resulta de la “pesificación” aprobada por el
presidente Duhalde en febrero de 2002 fue un paso importante para establecer una
nueva alianza de poder. Los primeros anuncios del gobierno en enero decían que la
pesificación sólo iba a alcanzar a quienes tenían deudas hasta 100 mil dólares. Luego se
amplió sin límites el alcance de la pesificación. Con lo cual un grupo de grandes
empresas que habían contraído deudas en más de 10 mil millones de dólares se
encontraron beneficiadas pues al devaluarse el peso la deuda se redujo a menos de la
mitad. También es de tener en cuenta que la no devolución de los plazos fijos en dólares
(el “corralón”), significó un salvataje para los bancos. Esto señala que los grandes
beneficiarios en principio de la desdolarización, como lo habían sido de la
convertibilidad, son las grandes empresas y los bancos.
La gente de clase media y los marginados han destrozado y quemado bancos en
varios lugares del país en el 2001 y 2002. Las presiones de las empresas y gobiernos de
España, Alemania, Francia o Estados Unidos han hecho visible, por otro lado, la lucha
de intereses con el capital transnacional. Ahora se han manifestado de manera más
abierta los enfrentamientos entre las clases dominantes. Productores y trabajadores
organizados parecen confluir ahora con las burguesías nacionales y con el poder político
en el gobierno. El peronismo vuelve a aparecer como un espacio de alianza de clases en
torno a un proyecto industrial y popular en las vertientes de Rodríguez Saa y Kirchner.
Pero la incógnita es saber cuanto espacio le dejan el capital financiero, las empresas
transnacionales, las clases medias expropiadas, los desocupados y los marginados.
Entre las organizaciones gremiales la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)
que nuclea a los trabajadores estatales se convirtió en el polo de la resistencia gremial
organizada. La CTA, liderada por De Genaro, se fue convirtiendo en un movimiento
social capaz de aliarse con organizaciones de desocupados (la FTV con D’Elía), con
grupos de técnicos e intelectuales, con organizaciones pluralista (como el FRENAPO,
Frente Nacional contra la Pobreza). Esta tendencia es lo que llevó a la CTA a postularse
desde fines del 2002 como una organización político-social, o sea, como el esbozo de
un movimiento social con representación política propia. (La experiencia del PT
brasilero que llevó a Lula al poder figura como el antecedente de esta tentativa).
Otro desprendimiento de la CGT, el Movimiento de Trabajadores Argentinos
(MTA) asumió una postura de resistencia frente al modelo económico impuesto durante
el gobierno de Menem. A diferencia de los otros agrupamientos el MTA conservó una
estrecha vinculación con el peronismo y aún con las organizaciones de la CGT oficial
cuya legitimación busca a través de la participación de todos los sindicatos en la
renovación de autoridades. No tuvo en cambio una apertura hacia los movimientos de
desocupados. En el 2002, Hugo Moyano y otros dirigentes del MTA, apostaron a la
recreación de un polo nacional y popular a través de la candidatura de Rodríguez Saa a
la presidencia.
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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Todo estos planos muestra la complejidad de los conflictos en curso. La
heterogeneidad de intereses y de identidades impidió a estos y otros actores confluir en
un movimiento con objetivos estratégicos comunes, que era lo que algunos esperaban
como desenlace de las confrontaciones y de la crisis. A esta diversidad hay que agregar
las luchas de los organismos de derechos humanos que estuvieron casi siempre
centradas en las reivindicaciones de justicia con respecto a las víctimas del terrorismo
de Estado durante la dictadura 1976-1983. Las agrupaciones de izquierda lideradas por
el PC, el PO, el MAS, los humanistas o los ecologistas, contribuyeron a complejizar aún
más la dinámica de las luchas políticas y sociales. Agreguemos a estos actores los
movimientos de productores rurales, las luchas sectoriales de localidades o trabajadores
afectados por el cierre de fábricas o sectores productivos. Pueblos como Cutral-Co en
Neuquén, General Mosconi en Salta, Sierra Grande en Río Negro, produjeron reiterados
hechos de resistencia que se reprodujeron en muchas localidades del país entre 19922002. La diversificación de los conflictos sugiere por un lado que cada sector ha
luchado por sus propios intereses (lo que algunos interpretan como una “privatización”
de las luchas sociales) y por otro lado la imposibilidad de instituir un nuevo actor
histórico o un nuevo liderazgo con tanta herogeneidad.
Durante los años 90 en Catamarca, en Santiago del Estero y Corrientes,
levantamientos populares contra la corrupción del poder político produjeron la
destitución de sus gobernadores y enfrentamientos de di verso orden. En Jujuy y Salta
grupos de desocupados, piqueteros y activistas produjeron enfrentamientos armados con
la gendarmería en diversas ocasiones. Algunos llegaron a pensar, y lo escribieron, que
se trataba de los primeros episodios de una guerra revolucionaria abierta. Todo el
período 1992-2002 estuvo entonces jalonado por una multitud de conflictos sociales y
políticos de diversa escala. Hacia el 2000 se podría decir que el país vivía bajo el
espectro de una guerra civil latente. Al mismo tiempo la anomia se había generalizado,
el poder del Estado se debilitaba día a día. La clase política se sentía paulatinamente
deslegitimada y no estaba dispuesta a reprimir abiertamente los levantamientos
populares.
Hasta 1983 el poder militar había conservado las formas del Estado autoritario.
El gobierno de Alfonsín comenzó el desmantelamiento de esta estructura pero sin
conseguir crear una forma de organización más eficiente y democrática. Las prácticas
clientelístico-mafiosas prosiguieron bajo otras formas. El debilitamiento del Estado
impidió al gobierno de Alfonsín enfrentar a las clases dominantes. El desplazamiento
del poder militar, y de la burguesía burocrática que se había consolidado con ella, dio
lugar al surgimiento progresivo de una burguesía política que ya no era gerencial sino
clientelística. En lugar de estadistas y administradores surgieron operadores políticos
que participaban de un sistema de coimas y prebendas ligadas a inversiones, proyectos
económicos o simplemente actividades comerciales corrientes. En la Municipalidad de
Buenos Aires durante el gobierno del Intendente Grosso estas prácticas comprometieron
a la casi totalidad del Concejo Deliberante. La corrupción era equivalente en La Rioja,
Santa Fé, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Río Negro ... prácticamente en la mayoría de
las provincias. También en las dependencias judiciales y policiales. Lo cual muestra que
el enriquecimiento ilícito y la acumulación de riquezas a través de la corrupción se
había generalizado. Argentina se había convertido en una “sociedad delictiva”, en una
“sociedad fuera de la ley”, como lo afirmó en un libro de ese título Carlos Santiago
Nino.
8. La Argentina “off shore” y la recolonización capitalista
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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Los planes “Trabajar” y “Jefas y Jefes de Hogar” insumen poco más de mil
millones de dólares para atender a desocupados y personas en situaciones de riesgos, o
sea, a cerca de 2,5 millones de personas. En conjunto del gasto social argentino
(reunidos los gastos en educación, salud, asistencia social, vivienda, deportes, de todas
las jurisdicciones) representa una cifra del orden de los 10.000 millones de dólares (más
de 30 mil millones de pesos). Pero la exportación de capitales del país representa mucho
más que eso y bastaría para alimentar y educar a más de 30 millones de persona.
Estimaciones del Banco Central sitúan en cerca de 100.000 millones de dólares los
depósitos de argentinos en el exterior. Las remesas de ganancias, capitales e intereses
durante la década de los 90 han representado una cifra superior. El “país real” ha
producido capitales capaces de generar riquezas para otra Argentina virtual, off-shore.
Este es el resultado de la fantástica recolonización capitalista que el país ha sufrido en
las últimas décadas.
La “recolonización económica” no hubiera sido posible sin el correlato de una
“recolonización cultural”. A partir de 1983, con el retorno a la democracia, también
comienzan a cuestionarse la defensa de los intereses y valores nacionales. Los medios
de comunicación social se volcaron a la importación de bienes culturales
estadounidenses y otros. Argentina que exportaba 34 millones de libros hacia 1976 llegó
a importar más 15 millones de libros en los años 90.
El rechazo a la cultura militar y el desengaño subsiguiente a la guerra perdida
por las Malvinas en 1982, llevaron a las nuevas generaciones a buscar nuevos valores y
gustos a través de la cultura del rock, del cine estadounidense , de los programas
enlatados en Miami o en Hollywood. Progresivamente la cultura popular se fue
norteamericanizando. Hacia el 2000 practicamente toda la burguesía y las clases medias
argentinas habían adoptado patrones culturales de Estados Unidos. Los intercambios
universitarios cambiaron de sentido: disminuyeron drásticamente los estudiantes de
países sudamericanos, los estudios de posgrados ya no se dirigen a países de Europa
sino principalmente a Estados Unidos.
Hacia fines de los 90 Argentina pagaba anualmente más de mil millones de
dólares de royalties por importación de bienes culturales: libros, casettes, videos, filmes,
compact discs, etc. Una gran parte de los textos educativos comenzaron a editarse en
España. Miami se convirtió en un centro de referencia tanto para las producciones
musicales como para el turismo de las clases medias y altas. Muchos de los artistas
famosos (Susana Giménez, Palito Ortega y otros) fijaron domicilio en Miami, mientras
que periodistas, políticos y artistas de alta notoriedad lo hacía en Punta del Este,
Uruguay. Este país se convirtió en el centro bancario y de inversiones off-shore de
muchos argentinos adinerados.
En el Estado no solo se produjo un desmantelamiento permanente desde 1983
sino que también se fueron suprimiendo los cuadros inteligentes del servicio público. Se
produjo una “descerebración” del Estado que hizo posible una pérdida total de control
público sobre la Aduana, el transporte, la recaudación fiscal, el sistema de salud, la
organización del sistema educativo, etc. Contra todo intento de fortalecimiento del
Estado regulador, planificador y controlador del gasto público, se unieron tanto los neoliberales como los peronistas, radicales y otros sectores políticos interesados en
mantener un Estado descerebrado.
La desintegración social, el derrumbe del Estado, la recolonización capitalista, la
colonización cultural, la fragmentación de los actores sociales, la corrupción
generalizada, la deuda externa, la destrucción del aparato productivo nacional, la crisis
de las economías regionales, la feudalización de los poderes políticos, son todos
aspectos muy graves que denotan desde 1985 una gran inconciencia de la clase dirigente
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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y la marcha inevitable hacia la catástrofe actual. ¿Por qué el grueso de los dirigentes
políticos y empresariales no percibió o no reaccionó frente a estos procesos?. Mientras
una minoría crítica, tanto entre los políticos como entre los empresarios y sindicalistas,
advertía que se estaba transitando un camino hacia una catástrofe, la mayoría creyó que
era posible sortear los obstáculos buscando nuevos financiamientos, nuevos negocios,
nuevos préstamos que terminaron liquidando toda posibilidad de crédito y de viabilidad
del sistema financiero argentino. Mientras que el endeudamiento externo servía para
encubrir las deficiencias del sistema productivo y del Estado, las clases medias se
mantuvieron en una actitud ambigua, de crítica política por un lado pero de legitimación
de las prácticas vigentes.
9. Desintegración y desmantelamiento del Estado
Cabe preguntarse: ¿por qué esta situación no ha generado todavía un
movimiento más amplio de resistencia armada?. En primer lugar, porque el recuerdo de
la experiencia dramática del terrorismo de Estado 1976-83 todavía sigue vigente.
Curiosamente, fueron los organismos de derechos humanos los que mantuvieron vivo el
miedo junto con el rechazo a las consecuencias de la dictadura militar. Tanto los
veteranos de aquellos años como los jóvenes de hoy sienten que la lucha armada sería el
pretexto para una nueva incursión militar indeseable.
En segundo lugar, la gran heterogeneidad de los actores en lucha no permite
imaginar una unidad de objetivos entre ellos. Al contrario, ya se han producido en
diversos momentos enfrentamientos de pobres contra pobres, de pobladores contra
piqueteros, de asalariados contra desocupados, de saqueadores contra vecinos, etc. El
fantasma de la guerra civil esta presente. En tercer lugar, la lucha armada de hoy no
tendría el incentivo ideológico de una revolución exitosa a la vista. No aparecen ni
modelos ni posibilidades objetivas de viabilidad de un modelo económico alternativo al
capitalismo mundial. En cuarto lugar, la sociedad civil se ha vuelto más compleja y el
crecimiento de miles de formas nuevas de asociación lo prueba. Por ejemplo, más de 2
millones de personas trabaja voluntariamente en asociaciones sin fines de lucro, de
solidaridad, de afirmación de los derechos individuales y sociales.
Podríamos mencionar otro aspecto tal vez más teórico o ideológico que subyace
en todo este proceso de la desintegración social argentina. Podríamos denominarlo la
“descerebración de la cultura” o el “oscurantismo ilustrado”. Durante el terrorismo de
Estado l976-1983 se vivió bajo una fuerte represión ideológica que afectó tanto el
pensamiento crítico como el pensamiento científico en general. La democracia liberó los
discursos políticos e ideológicos, pero no suplió la ausencia de análisis sociológicos
para entender lo que estaba pasando. De modo que los periodistas se convirtieron en los
“maitre-à-penser” de la opinión pública, la política se farandulizó, los operadores
políticos impusieron un estilo pragmático y oportunista para resolver situaciones. El
único discurso orgánico y sistemático fue el de los economistas.
El economicismo comenzó a reinar en un contexto donde los procesos sociales
se volvieron cada vez más opacos. Todo el mundo comenzó a vivir en la coyuntura.
Luego apareció, a partir de 1989, el discurso dominante de la globalización y del neoliberalismo. Frente a ellos, a su vez, resurgían los discursos ideológicos de izquierda
incapaces de dar cuenta científicamente de los acontecimientos. En la gestión pública
desaparecían los funcionarios expertos en planificación y prospectiva. Todo comenzó a
volverse efímero. Lo que creó la ilusión de que esto era producto de la post-modernidad.
En realidad, era el resultado de la pérdida de toda capacidad para analizar objetivamente
el curso de la historia. Dejamos de tener una “inteligencia” organizada para responder a
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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los problemas del país. El “realismo” de los neo-liberales se afirmaba desde un
paradigma economicista que todo lo reducía a algunas variables financieras. La
resistencia ideológica frente a eso casi siempre pecó de ideologismo: proponía
simplemente mantener el statu quo o bien recrear un Estado de Bienestar que ya estaba
en crisis.
Entre las decisiones del gobierno de Duhalde (enero 2002) hay una que marcará
un hito en la estructura social argentina: la no devolución de los depósitos y ahorros
bancarios en la moneda pactada por los clientes, o sea, el dólar. Aparte de que esta
decisión significó confiscar varios miles de millones de dólares, está el otro hecho más
grave que colocó a millones de ahorristas fuera del contrato social. Todas estas
personas descubrieron que ni la Constitución, ni las leyes, ni el Estado, ni los contratos
bancarios garantizaban sus ahorros. La furia permanente de miles de ahorristas que
desde el 2001 protestan contra los bancos, el gobierno, el Congreso o la Corte creó la
imagen de una clase media que impugnaba la vigencia de toda legitimidad en las
condiciones actuales. El Estado no volverá a ser para ellos la garantía de los depósitos,
como está establecido por ley, ni los gobernantes no volverán a ser vistos como los
custodios del estado derecho. Era de esperar que una mayoría de la población rechazara
por mucho tiempo el sistema bancario argentino y la legitimidad de las decisiones
públicas. Sin embargo, contra todas las previsiones, el sistema bancario se había
recompuesto del colapso hacia fines del 2002 y miles de ahorristas volvían a depositar
sus ahorros. Por otro lado una avalancha de fallos favorables de la Justicia había
permitido a una gran cantidad de ahorristas saltar las vallas del “corralón”.
¿Cuál es el perfil de la dirigencia que llevó la gestión pública a tantos fracasos
durante los últimos veinte años?. El período de restauración democratica 1983-2002
puede caracterizarse como la República de los abogados. En efecto, los presidentes
Alfonsín, Menem, De La Rúa, Duhalde (y también el transitorio Rodríguez Saa) son
abogados, egresados de las universidades nacionales. En la República de los abogados
floreció la “industria del juicio”, se torcieron y violaron las leyes con frecuencia (los
decretos de “necesidad y urgencia” suplantaron a las leyes), la Corte Suprema fue
subordinada al poder político, el sistema judicial multiplicó sus incompetencias (sólo se
resuelve alrededor del 10% de los delitos).
Fue violada y reformada la Constitución para volver a violarla olímpicamente
con la denegación de los derechos de los jubilados y con la confiscación de los ahorros
bancarios de millones de argentinos. El Estado de Derecho se convirtió en algo virtual.
El país comenzó a vivir al margen de la ley. Los presidentes-abogados no se habían
preparados para la gestión pública, no tenían competencias en políticas económicas.
Pero tampoco mantuvieron la imagen de estadistas respetuosos de la ley y de las
instituciones. Tratándose de profesionales del Derecho resalta con mayor estridencia el
hecho de que no hayan mejorado el Estado de Derecho, la vigencia de la justicia o el
respeto de las normas éticas por parte de los funcionarios políticos.
La incapacidad para administrar el Estado y la economía denota una falla
central en la formación de los abogados y otros profesionales egresados de la
universidad de la universidad pública. A este le compete formar los cuadros superiores
del Estado y las clases dirigentes del sistema público. En el currículo universitario se
olvidan las competencias para administrar, gerenciar, las organizaciones, los procesos,
las instituciones. No sorprende entonces que la Comisión Económica para América
Latina de la las Naciones Unidas haya manifiestado que la Argentina era un país subadministrado. El argentino Raúl Presbich, fundador de la CEPAL, fue más lejos al
afirmar que el atraso argentino, teniendo en cuenta las fallas de gestión, aparece como
un fenómeno de subdesarrollo voluntario.
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10. Del caos a la religación social
En el 2002 los conflictos se multiplicaron durante el primer semestre y
tendieron a disminuir en el segundo con la aplicación del programa de asistencia a los
jefes y jefas de hogar. En su momento más agudo hubo por lo menos por lo menos 47
marchas de protestas por día: piquetes de desocupados, piquetes en demanda de
comida, cacerolazos que piden la devolución en dólares de sus depósitos, farmaceúticos
que denuncian la falta de pago durante un semestre de las obras sociales del Estado,
dueños de inmobiliarias que protestan contra la parálisis del mercado de la vivienda,
acreedores y deudores de préstamos no satisfechos ni con la pesificación y con la
indexación de los contratos, etc.
Como hemos visto no hay un eje dominante en los conflictos. Algunos piden la
destitución de la Corte Suprema, otros los dólares, otros elecciones ya, otros un millón
de puestos de trabajo, otros la reapertura de fábricas y empleos. Los actores sociales
carecen de un principio común de identidad, de oposición y de proyectos, condición
para que surja un movimiento social como actor histórico. En este caso la dinámica
social aparece como muy inestable e imprevisible. Se puede pensar que no habiendo
liderazgos ni antagonismos ni factores ni ideologías dominantes el proceso social queda
librado a la inercia. Como una especie de anarquía flotante. Como una desintegración
social en cámara lenta.
La crisis se puede interpretar también de otras maneras. Las reacciones de
solidaridad, de compromiso político y de resistencia social nos abren el horizonte a
otras perspectiva de la sociedad. El desamparo en que ha dejado la crisis económica, el
derrumbe del estado y la inoperancia política, a millones de personas ha movilizado la
solidaridad en una escala nunca conocida. La sociedad civil se convirtió en un actor
principal. Los movimientos sociales, las alternativas autogestionarias, los mercados de
trueque, los micro-emprendimientos solidarios han florecido en todas partes. Las
asambleas barriales que reclaman nuevas formas de participación ciudadana se
multiplicaron en Buenos Aires. Entre los piqueteros y desocupados la organización
colectiva se fortaleció y dio lugar a iniciativas de reconstrucción (creación de
comedores, de talleres, de panificadoras, de micro-emprendimientos).
Algunas de estos fenómenos anuncian tal vez el surgimiento de una nueva
ciudadanía y nuevas formas de articulación entre el Estado y la sociedad. En un país que
siempre fue visto como individualista el capital social se ha fortalecido de muchas
maneras. Se multiplicaron las asociaciones de todo tipo, cerca de 2 millones de personas
participan en organizaciones sin fines de lucro, más de 1 millón de personas participan
de los mercados de trueque. La incógnita es saber si estas tendencias perdurarán una vez
que las condiciones de la crisis se modifican (por de pronto, los clubes del trueque
entraron en crisis, pero los “bancos de los pobres” , el modelo Grameen Bank, siguen
expandiéndose).
Desde el punto de vista psico-social la capacidad de miles individuos para
afrontar las situaciones dramáticas que se les ha presentado y la capacidad para superar
los obstáculos sorprende. Muchos han sido golpeados por varias crisis: pérdida de
empleo, crisis de familia, deterioro de la calidad de vida, pérdida de la autoestima o del
reconocimiento social. En estas condiciones la capacidad para superar las frustraciones
(que ahora se analiza bajo el concepto de “resiliencia”) tiene algo de admirable.
Sorprende también constatar que subjetivamente muchas de las personas
movilizadas en las organizaciones de resistencia social se sienten moralmente más
conformes consigo mismas que cuando en los años precedentes se encontraban
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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esperando soluciones del poder político. Muchos tienen el sentimiento de que han
decidido tomar el destino entre sus manos. Este es el beneficio secundario (¿o
principal?) de las movilizaciones colectivas que han suscitado las organizaciones
piqueteras, las asambleas, los cartoneros, los clubes del trueque, los emprendimientos
solidarios, las experiencias autogestionarias de empresas quebradas, etc. Un pueblo
movilizado y buscando con sus escasos recursos una alternativa para vivir mejor es algo
que debería inspirar una nueva conciencia social de las clases dirigentes y nuevas
estrategias para redefinir las relaciones sociales.
Si la estructura política asimila las manifestaciones sociales emergentes este
proceso podría convertirse en una renovación de la democracia con mayor control social
del poder público, con mayor participación popular directa, con nuevas formas de
autogestión local. Este proceso podría contruibuir a un fortalecimiento de la sociedad
civil y de la cultura comunitaria. Las luchas y movilizaciones tal vez no pueden
producir una revolución, pero en cambio pueden restablecer las políticas del Estado de
Bienestar y la solidaridad social. La incógnita seguirá siendo el modelo económico que
puede resultar de este proceso así como la reconstrucción del Estado-Nación, ambos
aspectos decisivos para el destino de los argentinos.
11. Lo social como centro de los conflictos y de la reconstrucción
La centralidad de los conflictos sociales es una hipótesis verosímil y contrastable
con los datos de la realidad. Aparentemente, se podría decir lo mismo de la situación
económica. Sin embargo, dado que existe una gran potencialidad económica semiparalizada por la crisis financiera, puede afirmarse que la reactivación económica es
relativamente más fácil de resolver a mediano plazo que el problema social. ¿Por qué?
Porque la pauperización y la exclusión han modificado la estructura social de tal modo
que la fragmentación tiende a reproducirse. A menos que existan estrategias tendientes a
asegurar no solo la justicia social sino también la igualdad de oportunidades.
La resolución de este dilema seguirá confrontando grupos de intereses
contradictorios o antagónicos: el capital financiero internacional cuyo vicario es el FMI
seguirá buscando cobrar sus rentas a cualquier precio, las empresas transnacionales
querrán mantener sus posiciones manteniendo los salarios por debajo de la inflación y
acomodándose a una estrategia exportadora (como en Brasil), el empresariado local se
dividirá entre los que apuestan al crecimiento del mercado interno y los que buscan
mantener una tasa de beneficio sustantiva con precios de exportación y salarios
congelados. Existen pues diversas tensiones entre los grupos dominantes y
empresariales.
También podemos apreciar que en el sindicalismo y los movimientos sociales
existen tendencias contrastantes. La CGT, el MTA y la CTA representan distintos
sectores y tienen políticas diferentes. Entre los piqueteros a su vez podemos encontrar
identidades sociales semejantes, pero proyectos políticos divergentes. No habiendo un
liderazgo reconocido o coincidencias estratégicas las diferencias puedan convertirse
facilmente en antagonismos que impidan enfrentar a los bloques de poder con objetivos
comunes. Este es un viejo dilema de los movimientos populares.
Las contradicciones sociales, incluyendo las orientaciones de la economía,
normalmente se resuelven en el plano político cuando existe un liderazgo fuerte, un
movimiento hegemónico o un consenso establecido. Pero ni el Gobierno ni el sistema
político reúnen estas condiciones. La capacidad gubernamental es fluctuante como el
dólar. Los partidos políticos viven en la defensiva un proceso de deslegitimación. El
Partido Radical se encuentra cuestionado, fragmentado, debilitado a los extremos. El
Augusto Pérez Lindo: Reconstruir la sociedad – reinventar el Estado
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Frepaso desaparición con la Alianza que llevó a De la Rúa al poder. El peronismo se
encuentra divido en por lo menos tres tendencias principales (Menem, Rodríguez Saa,
Kirschner intentar representar esas vertientes). De hecho, el nuevo presidente surgirá de
un sistema de alianzas muy amplio aunque el apoyo más fundamental provenga del
peronismo como única fuerza con capacidad de representación masiva en todo el país.
Felizmente, la democracia opera todavía como un referente simbólico
fundamental entre los actores políticos y sociales. Pero ya existen fuerzas que a la
izquierda y a la derecha proponen saltar los límites de “esta democracia”. Las
frustraciones económicas y sociales son tan intensas que estos grupos pueden volcar
una parte significativa de la opinión pública hacia el desmantelamiento del sistema
político e institucional vigente. Los avatares de Venezuela (pro-Chavez y anti-Chavez)
ya figuran entre los escenarios de los que piensan alternativas políticas en Argentina.
Sobran razones, sin embargo, para descartar asimilaciones fáciles entre los dos países.
La pregunta sigue pendiente: ¿cómo se sale de este contexto dramático? ¿Cómo
se destraban las contradicciones a través de coincidencias estratégicas?. Esta segunda
pregunta contiene la respuesta: las contradicciones solo se superan cuando existe un
proyecto superador. A su vez, esta proposición contiene dos condiciones: que haya
proyecto y que tenga la capacidad para superar los conflictos en curso.