Download Dossier sobre Cambio Climático Nº 72

18 de febrero de 2016
Nº 72
¿Cómo puede América Latina no quedar atrás?, por Alicia Bárcena Ibarra
1
La CELAC aprueba una declaración especial sobre seguridad alimentaria durante la
Cumbre de Quito
4
3. El mejor momento para un impuesto al carbono, por Kemal Dervis & Karim Foda
6
4. Por qué África necesita combustibles fósiles, por Bjørn Lomborg
8
5. Cómo Europa contribuyó al calentamiento global plantando árboles
10
6. ¿Un mundo salvado?, por Ramiro Escobar La Cruz
12
7. Soluciones naturales para el cambio climático en el Caribe
13
8. PMA cifra en 14 millones las personas que pasan hambre por el impacto de El Niño
16
9. Las temperaturas del 2015 superaron todos los registros previos
16
10. Los retos de España tras la Cumbre del Clima de París, por David Fernández Guerrero
17
1.
2.
1. ¿CÓMO PUEDE AMÉRICA LATINA NO QUEDAR ATRÁS?, POR ALICIA BÁRCENA IBARRA
En 2015 se aprobaron tres acuerdos internacionales históricos que plantean una visión
transformadora del desarrollo sostenible. En el marco de las Naciones Unidas y en un
contexto de renovado impulso al multilateralismo, los países suscribieron la Agenda de
Acción de Addis Abeba sobre Financiación para el Desarrollo en julio, la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre, y el
Acuerdo de París sobre cambio climático en diciembre.
Aunque perfectibles, estos acuerdos sientan bases sin precedentes para la adopción de vías
de desarrollo sostenible que integren las dimensiones económica, social y ambiental. En
virtud de los principios de solidaridad intergeneracional y responsabilidades comunes pero
diferenciadas entre los países, con estos acuerdos se busca erradicar la pobreza extrema y
lograr mayor igualdad en las sociedades, promover el crecimiento inclusivo con más
productividad y trabajo decente, movilizar un financiamiento tradicional e innovador tanto
público como privado, y lograr la progresiva descarbonización de los partones de
producción, consumo y urbanización.
En 2016, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil deberán unirse para hacer
realidad esta visión, cambiando al “modo implementación”, para alcanzar estas metas hacia
2030. Para América Latina y el Caribe, cuyo desarrollo social y económico aún se ve
obstaculizado por brechas estructurales históricas, esto implica, por una parte, enfrentar el
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gran desafío de ajustarse a los cambios de paradigma a nivel mundial, y por la otra, hacer
frente a una compleja perspectiva de crecimiento y comercio evitando, al mismo tiempo, el
estancamiento del progreso social.
Las debilidades de la región han quedado al descubierto
El crecimiento mundial aún no se ha recuperado de los efectos de la crisis económica y
financiera de 2008 y 2009. Los países desarrollados exhiben un desempeño económico
heterogéneo: mientras que el reciente aumento de la tasa de interés de los fondos federales
en los Estados Unidos marca el retorno a condiciones más normales, la zona del euro todavía
está intentando evitar la deflación. Las economías emergentes y en desarrollo, en especial
China, muestran claras señales de desaceleración. Además, si bien los desequilibrios en la
cuenta corriente se han reducido desde la década de 2000, algunos países aún tienen grandes
superávits que dificultan el crecimiento de la demanda agregada, algo que es fundamental
para estimular la economía mundial.
En este contexto, los países de América Latina y el Caribe enfrentan grandes dificultades
para aumentar las exportaciones, la producción y la inversión. En particular, las economías
cuya estructura productiva y exportadora se basa en recursos naturales experimentan una
desaceleración de la producción y el empleo. De hecho, los crecientes déficits y, en algunos
casos, los mayores niveles de deuda y la consiguiente reducción del margen fiscal han
limitado la posibilidad de uso del gasto público como instrumento contracíclico y han
obligado a adoptar políticas monetarias más estrictas.
La debilidad de la demanda agregada global tiene consecuencias negativas para la región,
cuyo crecimiento históricamente se ha visto limitado por restricciones externas que han
provocado situaciones de marcha y contramarcha y frecuentes crisis de divisas y de deuda
externa. La existencia de una estructura productiva y exportadora centrada en sectores de
baja productividad y la falta de dinamismo tecnológico suponen que la región continúe
siendo sumamente vulnerable a los vaivenes de la demanda internacional. Tras el alivio
temporario durante el reciente superciclo de precios de los productos básicos, la debilidad de
la estructura exportadora de la región vuelve a ser evidente.
En
este
contexto,
la CEPAL
estima que
las
economías
de
América
Latina y el
Caribe
como
grupo se
contrajeron
un 0,4% en
2015
y
crecerán
solo un 0,2% en 2016, al tiempo que el valor de las exportaciones de bienes de la región se
redujo un 14% en 2015. Este ha sido el tercer año consecutivo en que se ha reducido el valor
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de las exportaciones y el período 2013-2015 ha sido el peor trienio para las exportaciones de
la región desde la Gran Depresión (véase el gráfico 1).
¿La región también quedará fuera de las nuevas revoluciones digital y ecológica?
La actual revolución digital afecta a todas las actividades económicas y sociales y está
transformando la producción, el comercio y la distribución de bienes y servicios y
determinando, en definitiva, nuestra capacidad de transitar hacia el desarrollo sostenible. La
producción estará cada vez más concentrada en algunas grandes empresas con presencia
mundial y los mercados se volverán cada día más fragmentados.
En lo que respecta al cambio climático y la economía ecológica, aunque no alcanzó las
expectativas iniciales, el Acuerdo de París envió un mensaje de largo plazo: el mundo
necesita hacer un cambio estructural fundamental hacia la sostenibilidad ambiental. Los
gobiernos deben proporcionar potentes incentivos para que los actores públicos y privados
se conviertan en fuerzas impulsoras clave de la generación de modelos más limpios de
producción y consumo, en estrecha coordinación con la academia y los centros de
investigación.
Más del 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en ciudades y eso la
convierte en la región más urbanizada del mundo. El desarrollo urbano podría ofrecer
nuevas oportunidades en áreas como gestión del tráfico y transporte público urbano
inteligente, tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, y edificios con bajo consumo
de energía y bajas emisiones de carbono. El logro de una economía más ecológica mediante
sistemas de producción industrial con menos emisiones de carbono, una mejor gestión
energética y una distribución más acertada del espacio, vehículos más livianos y un gran
impulso para el desarrollo de energías renovables —como la energía solar y eólica—
encierra un enorme potencial, incluso a nivel transnacional.
Pero esto solo será posible si los países logran contar con las capacidades necesarias para el
nuevo paradigma tecnológico y ambiental, como centros de datos, redes de banda ancha y,
sobre todo, mano de obra calificada. América Latina y el Caribe aún debe recorrer un largo
camino para convertirse en una región impulsada por la innovación (véase el gráfico 2).
Debido a que la
generación
de
tecnología
más
avanzada ocurre
fundamentalmente
fuera de la región,
para ponerse al
día será necesario
realizar algunos
cambios
estructurales que
se ajusten a la
revolución
industrial
en
curso.
El
crecimiento y el
empleo dependerán del grado de integración con la economía digital mundial, lo que
requiere el desarrollo de un ecosistema digital y una mejora de la infraestructura y del
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capital humano, así como un entorno de negocios más adecuado. La definición de estándares
internacionales, la regulación de flujos de datos, los derechos de propiedad intelectual, la
seguridad y la privacidad son elementos esenciales para crear un único mercado digital
latinoamericano.
La integración económica y tecnológica a nivel regional es fundamental para escapar de la
trampa
América Latina y el Caribe enfrentan el panorama económico internacional más sombrío
desde 2009. La persistencia tanto de la especialización en recursos naturales como de una
estructura productiva de baja tecnología con externalidades ambientales hace difícil que la
región pueda encontrar una salida. Si bien la depreciación nominal de las monedas de varios
países podría resultar beneficiosa, este efecto se ve limitado por lo acotado de la canasta
exportadora.
Por lo tanto, la región debe profundizar la integración económica y tecnológica. Es
fundamental avanzar hacia un espacio integrado con reglas comunes para promover
relaciones de producción, fortalecer el comercio intrarregional y apoyar la producción
sostenible desde el punto de vista ambiental y la diversificación de las exportaciones. Pese a
la reducción del margen fiscal, la región debe adoptar medidas más audaces para diseñar e
implementar políticas industriales y tecnológicas inteligentes a fin de diversificar y aumentar
la productividad. Estas políticas son fundamentales para mejorar el potencial de crecimiento
a largo plazo de la región y mejorar sus perspectivas de desarrollo.
Fuente: Alicia Bárcena es Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL). Este artículo fue publicado en el portal electrónico del World
Eocnomic Forum (WEF) el 20 de enero de 2016 y se encuentra disponible en el sitio web:
https://agenda.weforum.org
2. LA CELAC APRUEBA UNA DECLARACIÓN ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA
DURANTE LA CUMBRE DE QUITO
Los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en Quito con
motivo de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), aprobaron una declaración especial sobre Seguridad Alimentaria en una reunión
que contó con la presencia del Director General de la FAO, José Graziano da Silva.
Los mandatarios reafirman su compromiso de dar prioridad a la consolidación e
implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de
la CELAC 2025, y reiteran su solicitud de apoyo a la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, expresó su satisfacción por la
declaración aprobada, y aseguró su compromiso y completo apoyo para la implementación
del Plan. “Esta nueva declaración ratifica una vez más que la seguridad alimentaria sigue
estando al más alto nivel político de la región”, afirmó.
En la declaración, se reconoce la contribución directa de la Agricultura Familiar a la
seguridad alimentaria y nutricional y al desarrollo sostenible, y se insiste en la importancia
del segundo pilar del Plan CELAC, que fomenta los programas de transferencias
condicionadas, la mejora de los mercados de trabajo y un fuerte apoyo a la agricultura
familiar.
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“Además de la búsqueda de una producción agrícola sostenible, el Plan engloba no solo la
lucha contra el hambre, sino también contra todas las formas de malnutrición. Algo
especialmente importante ya que la obesidad va en aumento de manera preocupante en la
región, sobre todoentre los niños”, señaló el Director de la FAO.
El Plan SAN CELAC 2025, elaborado con ayuda de la FAO, el apoyo de la ALADI y
CEPAL, está directamente centrado en el logro del bienestar nutricional de todos los grupos
en situación de vulnerabilidad, y recoge las principales políticas y experiencias exitosas de
los países para crear una hoja de ruta regional hacia la erradicación del hambre.
Los Jefes de Estado reiteraron la solicitud de apoyo realizada a la FAO en la II Reunión del
Grupo de Trabajo de la CELAC sobre el Adelanto de las Mujeres, para el diseño y puesta en
marcha de una estrategia de género que garantice el empoderamiento de las mujeres rurales.
Reafirmaron además su intención de participar constructivamente en la XXXIV Conferencia
Regional de la FAO, que se realizará del 29 al 4 de marzo de 2016 en México D.F., con
miras a diseñar estrategias que aborden los temas señalados en la declaración aprobada.
Los países de América Latina y el Caribe se enfrentan al reto de cumplir un rol
extraordinario en la construcción del desarrollo sostenible y de un mundo pacífico, sin
pobreza ni hambre.
“No habrá desarrollo sostenible ni paz en el mundo mientras la gente siga sintiéndose
excluida, mientras haya personas que siguen sufriendo de pobreza y hambre”, destacó
Graziano da Silva.
Un plan en marcha
El Plan SAN CELAC 2025, aprobado por la CELAC durante la cumbre celebrada en enero
de 2015, se basa en cuatro pilares que abordan las temáticas tales como: la coordinación de
estrategias a nivel nacional y regional, con enfoque de género; acceso oportuno y sostenible
a alimentos inocuos y nutritivos; ampliación de los programas de alimentación escolar
priorizando una atención a todas las formas de malnutrición, desde la subalimentación hasta
la obesidad y, finalmente, la estabilidad en la producción y enfrentamiento oportuno a los
problemas que presenta el cambio climático.
El tercer informe del Estado de Avances del Plan presentado por la FAO destaca los
principales temas en los que los países de la región han trabajado durante el año 2015,
menciona los logros ya obtenidos y los principales desafíos para 2016.
Entre los logros, cabe destacar la creación de la Alianza Regional para la Reducción de
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, y la creación de comités nacionales que busca reducir
a la mitad el desperdicio en la región antes del 2030.
Además, se creó una Red de Sistemas Públicos de Comercialización y de Abastecimiento de
alimentos en América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es promover sistemas alimentarios
más inclusivos, al vincular las compras públicas con la producción de la agricultura familiar.
La alimentación escolar también ha mejorado. Se han realizado intercambios de
experiencias, además de un seminario con el objeto de compartir buenas prácticas y
lecciones aprendidas en el que participación.
En relación a la obesidad se presentaron oportunidades para mejorar las dietas a través de
estrategias para la formación profesional en educación nutricional en el 17º Congreso de la
Sociedad Latinoamericana de Nutrición,
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Asimismo se consolidaron los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y se crearon nuevos
Frentes en algunos países del Caribe. Éstos fueron de gran influencia en cuanto a la a la
aprobación, consideración y análisis de leyes o instrumentos para la consecución del derecho
a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en países como Uruguay, Bolivia,
Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, El Salvador, México y
Panamá.
Además, con el apoyo de los gobiernos, la FAO, ALADI y CEPAL realizaron más de 18
seminarios y talleres temáticos, además de 27 procesos de intercambios a través de la
cooperación Sur-Sur.
Fuente: Nota de Prensa publicado en el portal electrónico de la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 27 de enero de 2016 y disponible en
el sitio web: http://www.fao.org/
3. EL MEJOR MOMENTO PARA UN IMPUESTO AL CARBONO, POR KEMAL DERVIS & KARIM FODA
Estas últimas décadas, el precio del petróleo tuvo amplias variaciones (entre 10 y 140
dólares el barril), que suponen un problema para productores y consumidores por igual. Pero
para los gobiernos, estas fluctuaciones son una oportunidad de promover importantes
objetivos mundiales (reflejados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en
septiembre y en el acuerdo sobre el clima alcanzado en París en diciembre) para mitigar el
cambio climático y crear una economía más sostenible.
Las recientes fluctuaciones del precio del petróleo se parecen al modelo de telaraña clásico
de la teoría microeconómica. El encarecimiento del petróleo alienta un aumento de la
inversión en su producción. Pero por el gran retardo que se da entre la exploración y la
explotación, para cuando la nueva capacidad productiva está lista, ya hubo sustitución, y
ocurre a menudo que la demanda ya no justifica la oferta disponible. En ese momento, el
precio cae, y con él la exploración y la inversión (incluida la destinada a buscar sustitutos
del petróleo). Llegado el tiempo de una nueva escasez, el precio vuelve a subir y el ciclo se
repite.
Esta oscilación no se detendrá, pero hay otros factores (como el descenso sostenido del costo
de la energía renovable y la adopción de procesos de producción con menos consumo de
energía) que implican que probablemente su amplitud será menor. De todos modos, un
futuro encarecimiento del petróleo es inevitable.
En estas condiciones, los bajísimos precios actuales (que en lo que va del año han llegado a
estar por momentos a menos de 35 dólares el barril) crean una oportunidad única para
implementar un impuesto variable a la emisión de carbono (algo que uno de los autores
viene recomendando hace más de un año). La idea es sencilla: un impuesto que disminuya
gradualmente conforme aumente el precio del petróleo y viceversa.
Con un ajuste de la variación asimétrico (que el aumento al bajar el precio sea mayor que la
disminución al subir), el sistema elevaría gradualmente el impuesto general al carbono
conforme vaya siguiendo su patrón anticíclico. Ese aumento incremental es lo que piden la
mayoría de los modelos para el control del cambio climático.
Hagamos una suposición. Imaginemos que en diciembre de 2014, las autoridades hubieran
aprobado un impuesto de 100 dólares por tonelada métrica de carbono (equivalente a un
impuesto de 27 dólares al CO2). Para los automovilistas estadounidenses, el impacto
inmediato del nuevo impuesto (suponiendo que el costo se trasladara por entero a los
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consumidores) hubiera sido un aumento de 0,24 dólares en el precio nacional promedio del
galón de gasolina (de 2,23 a 2,47), todavía muy por debajo de los máximos de 2007 y 2008.
Si a partir de allí, con cada aumento de cinco dólares en el precio del petróleo se hubiera
aplicado una rebaja de 30 dólares por tonelada al impuesto al carbono, y con cada caída de
cinco dólares, un aumento de 45 dólares por tonelada, el resultado sería una diferencia de
0,91 dólares entre el precio estándar de mercado y el precio real al consumidor con
impuestos del mes pasado (véase el gráfico). Dicho aumento hubiera elevado
sustancialmente el impuesto al carbono, lo que daría a los gobiernos ingresos (que hoy
serían de hasta 375 dólares por tonelada de carbono) con que satisfacer prioridades fiscales,
y al mismo tiempo amortiguaría el abaratamiento de la gasolina causado por la abrupta caída
del precio del crudo. Un valor de 375 dólares por tonelada es muy alto (reflejo del precio
particularmente bajo del petróleo en la actualidad), pero incluso menos que eso (entre 150 y
250 por tonelada) bastaría para cumplir los objetivos de la comunidad internacional referidos
al clima, a lo largo de la próxima década.
Este método permitiría a las autoridades usar el mercado como ayuda para independizar a
sus economías de los combustibles fósiles y redistribuiría excedente (ganancias) de los
productores de petróleo hacia las arcas de los países importadores, sin que los consumidores
sufrieran un aumento de costo súbito o demasiado grande. De hecho, la estabilización de
esos costos resultante provocaría importantes beneficios.
La clave para que esta estrategia sea políticamente viable es iniciarla mientras los precios
están muy bajos. Una vez implementada, se convertirá en un componente más del esquema
de precio de la gasolina (y otros productos), poco apreciable y sin costo político, pero con
amplios beneficios. Parte de la recaudación podría devolverse a la población en la forma de
rebajas de impuestos o financiación para investigación.
Pero a pesar de los beneficios obvios de un impuesto variable al carbono, ningún país
aprovechó el abaratamiento actual del petróleo para elevar el costo de emisión de carbono,
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en esta u otras formas similares (aunque el llamado del presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama, a que se apruebe un impuesto al petróleo indica que es consciente de la
ocasión creada por la situación actual). Es hora de que eso cambie. Una oportunidad como
esta de implementar una política para promover objetivos nacionales e internacionales, que
es a la vez razonable, flexible, moderada y eficaz, no se da todos los días. Las autoridades
deben aprovecharla mientras dura. El momento para aplicar un impuesto variable anticíclico
al carbono es este.
Fuente: Kemal Dervis es ex Ministro de Economía de Turquía y ex administrador del
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y es el vicepresidente de la
Institución Brookings. Karim Foda es analista de investigación en el Instituto Brookings.
Este artículo de opinión fue publicado en el portal Project Syndicate el 15 de febrero de
2016 y se encuentra disponible en el sitio web https://www.project-syndicate.org/:
4. POR QUÉ ÁFRICA NECESITA COMBUSTIBLES FÓSILES, POR BJØRN LOMBORG
En términos energéticos, África es el continente más “renovable” del mundo. En el mundo
desarrollado, las fuentes de energía renovables representan menos de un décimo del
suministro total, mientras que 900 millones de personas del África Subsahariana (excluida
Sudáfrica) obtienen el 80% de su energía de este tipo de fuentes.
Mientras una persona en Europa o América del Norte usa en promedio 111.000 kWh al año
(gran parte a través de procesos industriales), en el África Subsahariana la cifra es de apenas
137 kWh (menos de lo que usa en cuatro meses una nevera estadounidense típica). Más de
600 millones africanos no tienen ningún acceso a la electricidad.
No es porque África sea ecológica, sino porque es pobre. Cerca de un 2% de las necesidades
energéticas del continente se satisfacen con hidroelectricidad, y un 78% con el combustible
“renovable” más antiguo del mundo: la madera, lo cual genera graves problemas de
deforestación y una polución letal al interior de los hogares, causante de la muerte de 1,3
millones de personas al año.
Según muchos activistas, África necesita contar con una buena cantidad de paneles solares y
turbinas eólicas. Pero cuando el Presidente estadounidense Barack Obama sirvió de anfitrión
de una cumbre de líderes africanos en 2014, la mayoría manifestaron que querían más
combustibles fósiles. En palabras del Ministro de Minería y Energía de Tanzania, Sospeter
Muhongo: “Comenzaremos a usar más carbón… ¿Por qué no deberíamos hacerlo si hay
otros países con un CO2 per cápita tan alto? Simplemente, lo haremos.”
Europa y América del Norte se hicieron ricos gracias a la disponibilidad de energía barata y
abundante. En 1800, el 94% de la energía global procedía de fuentes renovables, casi en su
totalidad madera y vegetales. En 1900, comprendían un 41% de toda la energía; incluso al
final de la Segunda Guerra Mundial seguían representando un 30% de la cifra global. Desde
1971, la proporción ha ido bajando, siendo hoy de un 13,5%. Casi en su totalidad es madera,
y apenas un 0,5% es energía solar y eólica.
La Agencia Internacional de Energía estima que si todos los países cumplen sus
compromisos de la conferencia sobre el cambio climático realizada en París el mes pasado,
la proporción de energías renovables podría elevarse ligeramente en los próximos 25 años,
hasta un 18,7%. En el escenario más probable que contempla, llegaría a sólo un 15,4%.
La mayor parte de esa energía “renovable” seguirá procediendo de residuos de las cosechas,
estiércol de vaca, madera y biocombustibles. Mientras un panel solar puede acumular la
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energía necesaria para encender una bombilla y cargar un teléfono móvil, poco puede hacer
para mantener encendidas cocinas que ayuden a evitar la polución interior o las neveras que
mantengan bien refrigeradas las vacunas y los alimentos frescos, y mucho menos potenciar
la agricultura y las actividades industriales. En el optimista pronóstico de la IEA, para 2040
la energía solar producirá en el África Subsahariana 14 kWh por persona al año, menos de lo
que se precisa para mantener siempre encendida una simple LED de dos vatios. Además,
estima que la energía renovable costará en promedio todavía más que otras fuentes como el
petróleo, el gas, la energía nuclear o la hidroeléctrica, incluso si se aplica un impuesto al
carbono.
Pocos en el mundo desarrollado pasarían a usar energías renovables sin el estímulo de
fuertes subsidios, y ciertamente nadie cortaría su conexión a las principales redes energéticas
alimentadas con combustibles fósiles (que, en lo que representa otra forma de subsidio,
proporcionan energía estable en días nublados y de noche). Y, no obstante, los activistas
occidentales parecen creer que los más pobres del mundo deberían contentarse con un
suministro de electricidad inadecuado e irregular.
En su reciente informe Africa Energy Outlook, la IEA estima que el consumo energético
africano se elevará en un 80% para 2040, pero, puesto que la población del continente casi
se duplicará, habrá menos energía disponible por persona. Si bien casi mil millones habrán
logrado acceso a la electricidad para ese año, 530 millones no lo tendrán.
Pero la IEA contempla otro futuro (que se ha venido en llamar el “Siglo Africano”) en que
sus gobiernos y donantes invierten $450 mil millones adicionales en energía, con lo que
aumentaría fuertemente el uso de combustibles fósiles, se reduciría el consumo de gran parte
de las renovables contaminantes y se daría acceso a 230 millones de personas adicionales.
Dar acceso a una energía mejor y más fiable a casi dos mil millones de personas elevará el
PGB en un 30% en 2040. Cada habitante del continente mejorará sus condiciones por el
equivalente a casi $1000 por año.
En los países occidentales, los activistas ambientales pondrían énfasis en las desventajas
(300 millones de toneladas de emisiones adicionales de CO₂ en 2040 y una mayor
contaminación exterior por depender más de la energía del carbón) y preguntarían quién
querría elevar estos niveles. Pero veamos los costes y beneficios.
Las cerca de cuatro mil millones de toneladas adicionales de CO₂ que se emitan a lo largo de
los próximos 25 años causarían daños por cerca de $140 mil millones debido al
calentamiento global, si se usa la cifra de costes sociales oficial de EE.UU. (que
probablemente sea un poco exagerada). El aumento del uso de carbón causaría más polución
aérea, con un coste de unos $30 mil millones en este periodo.
Al mismo tiempo, África se volvería cerca de $7 billones más rica. Básicamente, la polución
del aire en espacios interiores se eliminaría para cerca de 150 millones de personas
adicionales, con beneficios sociales equivalentes a cerca de $500 mil millones. Y la red
eléctrica llegaría a 230 millones más, generando beneficios por $1,2 billones.
En otras palabras, los costes del “Siglo Africano”, incluidos aquellos relacionados con el
clima y la atención de salud, se elevarían a $170 mil millones. Los beneficios totales, unos
$8,4 billones, serían casi 50 veces más altos.
Probablemente el mismo argumento general valga para India y otros países en desarrollo.
Por ejemplo, en China las emisiones de CO2 se han elevado en un 500% desde 1981, pero
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los índices de pobreza de su economía bajaron desde un 89% a menos de un 10% en la
actualidad.
En los países ricos, los activistas recalcan que una tonelada of CO2 costaría cerca de $50 y
que se le deben aplicar impuestos para reducir las emisiones. Pero, para África, los
beneficios económicos, sociales y ambientales de contar con más energía y disponer de
niveles más altos de CO2 equivalen a cerca de $2000 por tonelada. Centrarse en los $50 de
coste y pasar por alto los $2000 en beneficios es ceguera voluntaria.
Bien puede ser que un día la innovación reduzca tanto el precio de la futura energía verde
que permita sacar personas de la pobreza de manera más eficaz que el uso de combustible
fósiles. A nivel global debemos invertir más en tales innovaciones, pero no se podrá corregir
el calentamiento global impidiendo hipócritamente que los más desposeídos del mundo
puedan salir de su situación.
Fuente: Bjørn Lomborg es profesor visitante en la Escuela de Negocios de Copenhague, es
director del Centro del Consenso de Copenhague, que tiene por objeto estudiar los
problemas ambientales y soluciones utilizando los mejores métodos analíticos disponibles.
Este artículo de opinión fue publicado en el portal Project Syndicate el 22 de enero de 2016
y se encuentra disponible en el sitio web https://www.project-syndicate.org/:
5. CÓMO EUROPA CONTRIBUYÓ AL CALENTAMIENTO GLOBAL PLANTANDO ÁRBOLES
Un nuevo estudio sugiere que no se trata solo de plantar árboles, también hay que fijarse en
el tipo de árbol.
Cuando se trata del calentamiento global, plantar cualquier árbol para regenerar un bosque
no parece ser suficiente: tiene que ser el adecuado.
Por ejemplo, según un nuevo estudio, los árboles que crecen en Europa desde 1750 han
contribuido con el calentamiento global.
Investigadores aseguran que el haber remplazado especies frondosas con coníferas es una
razón clave en el impacto negativo del clima.
Esto se debe a que los árboles coníferos, como los pinos y píceas, por lo general son más
oscuros y absorben más calor que especies como roble y abedul.
En el último siglo, el área boscosa en Europa se ha duplicado.
Los autores de la investigación publicada en la revista Science creen que el trabajo tiene
implicaciones en los esfuerzos que se están realizando para limitar el aumento de la
temperatura con la reforestación masiva.
El follaje verde de Europa se redujo dramáticamente entre 1750 y 1850, cuando el área
boscosa disminuyó unos 190.000 km cuadrados.
La ironía del carbón
Irónicamente, el aumento del consumo de combustibles fósiles, especialmente carbón,
redujo la "fiebre de la madera".
Y desde 1850 hasta nuestros días, los bosques en Europa ocupan 386.000km cuadrados,
cubren un 10% más de terreno que antes de la revolución industrial.
Los bosques sin hojarascas ni madera muerta tiene un impacto en los esfuerzos por
contrarrestar el calentamiento global.
Sin embargo, la forma y contenido de esta nueva madera difiere considerablemente de lo
que había antes.
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En el pasado, estos bosques se extendían libremente por todas partes, pero en el mundo
moderno, aproximadamente el 85% de los árboles del continente son administrados por el
hombre.
Durante los últimos 150 años, los guardabosques han adoptado un enfoque científico de los
bosques, plantando árboles de crecimiento más rápido y mayor valor comercial, como el
pino escocés y el abeto rojo.
La rápida reforestación de grandes extensiones de Europa se ha visto por lo general como
algo bueno, debido a la capacidad de los árboles para absorber dióxido de carbono; algo que
se ha hecho particularmente relevante en las últimas décadas.
Pero el nuevo estudio cuestiona el impacto positivo en el clima de estos árboles nuevos.
Más frondosos y menos coníferos
El equipo de investigación hizo una reconstrucción de 250 años de la historia del manejo de
los bosques en Europa y descubrió que la forma en que han sido controlados por los
humanos puede llevar a mucho menos almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) que si
se hubiera dejado a la naturaleza actuar libremente.
Los expertos recomiendan un posible remplazo de árboles coníferos por unos más
frondosos.
Limpiar los bosques de árboles y ramas caídas hace que se libere CO2 que de otra forma
permanecería almacenado en la hojarasca, madera muerta y suelo.
La elección de árboles coníferos sobre especies más frondosas también ha tenido un impacto
significativo en el albedo, la cantidad de radiación solar que se refleja de vuelta al espacio.
"Incluso los bosques mejor administrados de hoy almacenan menos dióxido de carbono que
sus equivalente naturales de 1750", explica la doctora Kim Naudts, quien realizó el estudio
en el laboratorio de Ciencia Climatológica y Medioambiente en Gif-su-Yvette, Francia.
"Debido al cambio hacia las especies coníferas, en Europa ha habido un calentamiento de
casi 0,12 grados, y esto se debe a que los coníferos son más oscuros y absorben más
radiación solar".
Sin tocarlos mucho
Los investigadores señalan que el incremento en la temperatura es equivalente al 6% del
calentamiento global atribuido a la quema de combustible fósil. Agregan que se trata de una
cifra significativa y que es probable que el impacto sea similar en regiones donde haya
tenido lugar el mismo tipo de forestación.
Bajo la gestión humana, los bosques europeos se han esparcido, pero almacenan menos
CO2.
Muchos gobiernos han hecho de la reforestación una parte clave en sus planes para lidiar
con el cambio climático; China está construyendo la "gran muralla verde" de árboles que
una vez concluido el proyecto se espera cubra unas 400 millones de hectáreas.
Pero los autores sugieren que el mundo debe prestar atención tanto al tipo de árboles que
están plantando como la forma en que se están administrando los bosques nuevos.
"No debemos poner nuestra esperanza en la forestación para mitigar lo que es un problema
de emisión", le aclaró Naudts a la BBC.
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"Nuestros resultados indican que en grandes partes de Europa un programa para sembrar
árboles podría compensar las emisiones, pero no enfriaría el planeta, especialmente si la
reforestación se hace con coníferos".
Los especialistas creen que se debe considerar la posibilidad de un programa de remplazo, y
en la medida que se cosechan coníferos, más especies frondosas deberían remplazarlos.
Fuente: Nota informativa publicado el 8 de febrero de 2016 en el portal de la BBC Mundo y
disponible en el sitio web: http://www.bbc.com/
6. ¿UN MUNDO SALVADO?, POR RAMIRO ESCOBAR LA CRUZ
Todavía se comenta a nivel global —con entusiasmo, con prudencia o con escepticismo—
los resultados de la COP21 de París, la conquista de un acuerdo climático que, casi al filo de
la hora y el riesgo, pone sobre la mesa de la Humanidad la posibilidad de no auto-destruirse,
o por lo menos de no socavar, por cuenta propia, una mínima calidad de vida. Hay que
preguntarse, sin embargo, si lo logrado es real, viable, factible. Hay que pensar si, en verdad,
hemos dado un gran paso.
Lo hemos dado sí, aun cuando sea por ahora solo una pisada tímida. Lo central y
esperanzador del naciente documento que trata de luchar contra la amenaza del
calentamiento global es que, por primera vez, todos se mojan para bajar el calor. A
diferencia de lo ocurrido con el Protocolo de Kioto (1997), que comprometía solamente a las
grandes potencias de entonces a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI), acá el compromiso es mundial, involucra a débiles y poderosos.
Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, se trata de un cambio fundamental
que en cierto modo reorganiza los vínculos, por lo general tensos, entre todas o casi todas las
naciones. El riesgo climático ha propiciado que se bajen, en grados modestos pero reales, las
defensas inexpugnables de lo que se concibe como ‘soberanía’. China y Estados Unidos, por
citar a los dos países más emblemáticos y más emisores de GEI, han aterrizado finalmente
en el pacto.
Con reticencias, discutiendo cada línea, pero lo han hecho. Aunque ahora no se perciba con
plena claridad, la disposición de ambas potencias para mojarse en esta tarea es sintomática
de cómo ha crecido la conciencia sobre el problema y cómo se comienzan a disolver
(derretir acaso) las resistencias ideológicas o pragmáticas de los Estados. Las reticencias de
la India (próximamente el país más poblado del planeta), por su parte, también hablan de los
baches que aún persisten.
Este último país fue el que simbolizó, quizás con más fuerza, una idea que sigue flotando en
el imaginario del desarrollo: tenemos que hacerlo, más o menos, cómo lo hicieron los países
que ahora están en la cúspide del poder mundial. Poniéndolo en términos un poco rudos, la
‘mejor calidad de vida’ tiene que consistir en más coches, más artefactos eléctricos, más
infraestructura. Más consumo, sobre todo, porque se supone que eso es lo que nos lleva
hacia cierta ‘felicidad’.
A partir del 2016, el acuerdo tendrá que ser firmado y sucesivamente ratificado. Entrará en
vigencia en 2020
Como escribo desde Latinoamérica, debo decir que por estos predios también se suele creer
lo mismo, a pesar de que la realidad de un planeta exprimiendo sus recursos en aras del
‘progreso’ hace crisis frecuentemente, en la figura del agotamiento de los recursos (bosques
en esta región, verbigracia), o hasta en el clamoroso estallido de un deterioro moral
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generalizado. Lo acordado en la COP21, si bien tímidamente, suelta un aire de
cuestionamiento a ese torvo modus vivendi.
Habla de “estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles” como “una
contribución importante a los esfuerzos por hacer frente al cambio climático”. En esa y otras
entrelíneas, está sembrada la probabilidad de que la economía, las finanzas, las inversiones,
los aparatos productivos y la práctica social de los ciudadanos se desplacen hacia otro
territorio. La economía ‘verde’ o ‘carbononeutral’ es, por el momento, una utopía, una
entelequia, pero ya está puesta en el horizonte.
No es poca cosa en la turbulenta historia de nuestra especie. Mirko Lauer, columnista del
diario peruano La República, ha hecho un parangón entre este acuerdo y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de 1948, y tiene razón. El acuerdo de la COP21 pone
los rieles para que, nunca más, el problema climático (y el ambiental por extensión) sea
ignorado y para que, a partir de este consenso alcanzando, tan difícilmente entre 196
delegaciones, se vaya abriendo trocha legal y políticamente.
A partir del 2016 el acuerdo tendrá que ser firmado y sucesivamente ratificado. Debe entrar
en vigencia en el año 2020, cuando el Protocolo de Kioto fenezca. Se revisará cada cinco
años, en el entendido de que las “contribuciones” ofrecidas por los países no alcanzan para
que no sobrepasemos los peligrosos 2 grados centígrados por encima de la temperatura
global hacia fin del siglo. Sintomáticamente, los negociadores de París se han atrevido
incluso a pretender que el esfuerzo sea por menos de 1.5 grados.
Es como decir “sabemos que no alcanza”. La fuerza movilizadora de esos números puede
ser grande, aunque tienen razón los que sostienen que no sirven de mucho si no se menciona
en el texto, explícitamente, a las energías fósiles. James Hansen, un científico
estadounidense pionero de las investigaciones climáticas, ha alertado en The Guardian sobre
esa parte nebulosa del nuevo pacto y ha insistido en que la única forma de detener la
amenaza es gravar los combustibles emisores de GEI.
En suma, el mundo no está salvado del serio desajuste al cual los propios humanos lo
podríamos aproximar. Pero con lo acordado en París se pone a sí mismo un salvavidas, que
luego deberá transitar hacia otra forma de navegar por la comarca planetaria. No es el final,
es el inicio de un combate que, a diferencia de las miserables guerras que nos envuelven,
pueden implicar una nueva concepción de la seguridad internacional, de las normas
ambientales internacionales y hasta de las relaciones humanas.
Fuente: Ramiro Escobar es un periodista peruano especializado en temas internacionales y
ambientales. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas. Este artículo de opinión fue publicado en el periódico español El País
el 14 de enero de 2016 y se encuentra disponible en el sitio web: http://elpais.com
7. SOLUCIONES NATURALES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CARIBE
El mundo todavía celebra el Acuerdo de París, el principal resultado de la 21 Conferencia de
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La ambición del Acuerdo de París no tiene precedentes. Gobernantes de todo el mundo se
comprometieron a limitar el aumento de la temperatura a “muy por debajo de los dos grados
Celsius por encima de los niveles preindustriales” y a proseguir los esfuerzos para “limitar el
incremento… a 1,5 grados”.
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Al cambio climático se lo reconoce como uno de los desafíos más graves para el Caribe.
Dado que es posible que exacerbe la frecuencia y la intensidad de la temporada anual de
huracanes se necesitarán medidas integrales para proteger a las comunidades en situación de
riesgo.
Este logro debe celebrarse, sobre todo por los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(PEID), un grupo de 41 países – casi la mitad de ellos en el Caribe – que defienden metas
más ambiciosas en materia de cambio climático desde hace casi un cuarto de siglo.
Los PEID son aun más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. El
calentamiento global tiene elevados daños y costos para las familias, las comunidades y
países enteros, incluido el Producto Interno Bruto (PIB), según advierte el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
¿Qué significa esto para el Caribe? Al cambio climático se lo reconoce como uno de los
desafíos más graves para la región. Como es posible que exacerbe la frecuencia y la
intensidad de la temporada anual de huracanes, se necesitan medidas integrales para proteger
a las comunidades en situación de riesgo.
Por otra parte, el escenario de contención moderada de las emisiones de gases de efecto
invernadero revela que la temperatura de la superficie aumentaría este siglo entre 1,2 y 2,3
grados en el Caribe. A su vez, se espera que las lluvias se reduzcan entre cinco y seis por
ciento, lo cual la convertiría en la única región insular del mundo con disminución de la
disponibilidad de agua en el futuro.
El impacto combinado de temperaturas más altas y menos agua probablemente provoque
períodos secos más extensos y una mayor frecuencia de sequías, lo que amenaza a la
agricultura, los medios de vida, el saneamiento y los ecosistemas.
Tal vez el mayor peligro sea el aumento del nivel del mar, que en la región podría subir
hasta 60 centímetros para finales de siglo, según el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático.
Eso podría inundar las zonas bajas, con la consiguiente amenaza para las islas más pequeñas,
la población, la infraestructura en las zonas costeras y el turismo, un sector esencial de las
economías del Caribe. Cerca de 60 por ciento de los centros hoteleros se encuentran sobre el
litoral.
Con el aumento del nivel del mar también se corre el riesgo de que el agua salina penetre en
los acuíferos de agua dulce, lo cual afectaría un recurso clave para la agricultura, el turismo
y el consumo humano, a menos que se apliquen tratamientos costosos.
Ante este panorama, la adaptación al cambio climático es una necesidad urgente de los
PEID. Por eso no es de extrañar que todos los países del Caribe hayan presentado una
sección sobre la adaptación dentro de sus Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel
Nacional (INDC, en inglés), que son los compromisos voluntarios que allanan el camino
para la aplicación del Acuerdo de París.
En sus INDC, los países caribeños recalcan la conservación de los recursos hídricos y la
protección de las zonas costeras como sus principales preocupaciones. La mayoría también
considera iniciativas de adaptación en los sectores económicos y productivos,
principalmente en la agricultura, la pesca, el turismo y la silvicultura.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya a los países del
Caribe en sus esfuerzos de adaptación desde hace muchos años, mediante proyectos
ambientales, relacionados con la energía y reducción de los riesgos, entre otros.
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Esta semana hemos lanzado una nueva asociación con el gobierno japonés, la Asociación
Japón-Caribe por el Cambio Climático, por valor de 15 millones de dólares y de
conformidad con el Acuerdo de París.
La iniciativa se llevará a cabo en ocho países – Belice, Dominica, Granada, Guyana,
Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Suriname – y beneficiará a unas
200.000 personas de 50 comunidades.
La Asociación fijará una trayectoria de mitigación y adaptación al cambio climático, de
conformidad con las estrategias a largo plazo de los países, y ayudará a poner en práctica las
medidas y políticas caribeñas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
También impulsará el acceso a la energía sostenible, ayudará a reducir las importaciones y la
dependencia de los combustibles fósiles y pondrá a la región en un camino de desarrollo con
bajas emisiones, a la vez que abordará serias limitaciones de la balanza de pagos.
Cuando se consideran las medidas de adaptación a los diferentes impactos del cambio
climático existen múltiples opciones. Algunas dependen de la infraestructura, como los
diques para controlar el aumento del nivel del mar, pero eso puede ser muy caro para los
PEID, donde la proporción del área costera con respecto a la masa terrestre es muy alta.
En este contexto, las actividades de adaptación basadas en los ecosistemas son mucho más
rentables, y en países con diversas prioridades de desarrollo y donde los recursos financieros
son limitados se convierten en una alternativa atractiva.
Esto implica ecosistemas sanos, que funcionan bien para aumentar la resistencia natural a los
efectos adversos del cambio climático y reducir las vulnerabilidades de la población
también.
El PNUD, en colaboración con los gobiernos nacionales y locales del Caribe, ha apoyado la
adaptación basada en los ecosistemas y la reducción de riesgos con resultados muy
gratificantes.
Por ejemplo, el gobierno de Cuba se asoció con el PNUD, institutos científicos y empresas
forestales para restaurar los bosques de manglares a lo largo de 84 kilómetros de la costa
austral del país, frenar la intrusión salina producto del aumento del nivel del mar y reducir el
riesgo de desastres, ya que los manglares actúan como barrera protectora contra los
huracanes.
En Granada, en coordinación con el gobierno y la Agencia de Cooperación Internacional de
Alemania, apoyamos la creación de un Fondo Comunitario de Adaptación al Cambio
Climático, un mecanismo de pequeñas subvenciones, para ofrecer oportunidades a las
comunidades para que lidien con los efectos del cambio climático y las condiciones
climáticas extremas.
Nos hemos comprometido con los actores locales para desarrollar proyectos agrícolas que
sean climáticamente inteligentes y pesquerías resilientes al clima, entre otras actividades en
los sectores del turismo y los recursos hídricos.
El apoyo del PNUD se dirige a equilibrar el desarrollo socioeconómico con la protección
ambiental, beneficiando directamente a las comunidades.
Nuestro enfoque está necesariamente alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de reciente aprobación, con el fin de
proteger los ecosistemas y los recursos naturales, promover la seguridad alimentaria y el
saneamiento, y a la vez ayudar a reducir la pobreza y fomentar el crecimiento económico
sostenible.
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Si bien existe un potencial significativo para la adaptación al cambio climático en los PEID,
se requerirán recursos adicionales externos, así como tecnologías y el fortalecimiento de las
capacidades locales.
En el PNUD estamos en una posición ideal para continuar el trabajo en compañía de los
países del Caribe a medida que implementen sus INDC y encuentren sus propias soluciones
de adaptación al cambio climático, y para compartir conocimientos y experiencias dentro de
la región y más allá.
Fuente: Nota informativa del portal IPS Noticias publicado el 4 de febrero de 2016 y
disponible en el sitio web: http://www.ipsnoticias.net/
8. PMA CIFRA EN 14 MILLONES LAS PERSONAS QUE PASAN HAMBRE POR EL IMPACTO DE EL
NIÑO
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) expresó gran preocupación hoy por la
inseguridad alimentaria en África, donde se estima que 14 millones de personas están
pasando hambre a causa de las prolongadas sequías que afectaron las cosechas.
El organismo indicó en un comunicado que además de las sequías del 2015, el evento
meteorológico El Niño está empeorando la situación este año.
El PMA advirtió que la ventana para plantar cereales se cierra rápidamente debido a la falta
de lluvias en muchas áreas, generando un panorama alarmante.
La cantidad de personas que no tiene suficiente comida podría aumentar significativamente
en los próximos meses, apuntó la agencia de la ONU.
Los más vulnerables son los pequeños agricultores encargados de la mayor parte de la
producción.
Los países más afectados son Malawi, Madagascar y Zimbabue. Pero también preocupa la
situación en el sur de Zambia, el mayor proveedor de cereales para la producción de pan en
la región.
El PMA indicó que desea aumentar su programa de asistencia en los países más afectados,
pero lamento la gran escasez de fondos para esos operativos.
Fuente: Nota de prensa publicado por el portal informativo de la Organización de Naciones
Unidas el 20 de enero de 2016 y disponible en el sitio web: http://www.un.org/
9. LAS TEMPERATURAS DEL 2015 SUPERARON TODOS LOS REGISTROS PREVIOS
El año 2015 fue el más caliente registrado hasta ahora, confirmó este lunes la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en un análisis consolidado sobre el tema.
El estudio señala que la temperatura promedio registrada en 2015 superó todos los
antecedentes previos por un amplio margen de 0,76 y + 1ºC por encima de los niveles
preindustriales.
Además, el organismo señaló que 15 de los 16 años más calientes se presentaron en este
siglo.
La OMM indicó en un comunicado que esto confirma la tendencia de largo plazo de que del
2011al 2015 han sido los cinco años más calientes de la historia.
El secretario general del organismo, Petteri Taalas, acreditó la situación a la intensidad
excepcional del fenómeno El Niño en combinación con el calentamiento global causado por
las emisiones de gases de efecto invernadero.
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El alto funcionario también subrayó que el umbral de 1°C impone un momento de reflexión
en la historia de nuestro planeta sobre la importancia de impulsar una meta más ambiciosas
en la reducción de esas emisiones, lo que permitirá permanecer en el límite de 2°C, como
sugiere el acuerdo de París.
«El cambio climático tendrá impactos cada vez más negativos durante al menos las
próximas cinco décadas. Esto pone de relieve la necesidad de invertir en la adaptación,
además de la mitigación. Es importante fortalecer la capacidad de los países para
proporcionar alertas tempranas ante desastres para minimizar las pérdidas humanas y
económicas. El cambio climático aumenta el riesgo de desastres relacionados con el clima,
que son un obstáculo para el desarrollo sostenible», dijo Petteri Taalas.
Fuente: Nota de prensa publicado por el portal informativo de la Organización de Naciones
Unidas el 25 de enero de 2016 y disponible en el sitio web: http://www.un.org/
10. LOS RETOS DE ESPAÑA TRAS LA CUMBRE DEL CLIMA DE PARÍS, POR DAVID FERNÁNDEZ
GUERRERO
Casi todo el planeta ha participado en la Cumbre del Clima de París. Un total de 195 países
se han comprometido a contener o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
España, como miembro de la Unión Europea, deberá contribuir al objetivo que ha avanzado
el club comunitario para 2030: reducir en un 40% las emisiones de dióxido de carbono,
frente a los niveles de 1990; conseguir que el 27% de la energía proceda de fuentes
renovables; y lograr la misma mejoría en eficiencia energética. ¿Qué retos debe afrontar el
país para lograrlo? A esta pregunta han respondido los expertos que participaron el pasado
viernes en la conferencia Climate futures: the road after Paris, organizada por el Centro de
Barcelona para los Asuntos Internacionales (CIDOB) y el Consejo Asesor para el Desarrollo
Sostenible de Cataluña. Los ponentes, que han debatido acerca de las consecuencias de la
Cumbre del Clima creen que la opinión pública presionará para que los países a cumplan sus
promesas. De no hacerlo, se juegan su reputación frente al resto de Estados de la COP21.
Los ponentes, reunidos en Barcelona, avanzan una lista de deberes para España. La política
energética, por ejemplo, debe ser más coherente. El recorte de las primas a las renovables no
solo limitó las posibilidades de crecimiento de estas fuentes de energía. También provocó la
pérdida de inversiones en el sector, y redujo el atractivo de España, apunta Luigi Carafa,
investigador del CIDOB especializado en política energética y cambio climático: “Los
inversores privados necesitan certeza. Si ven que el Gobierno es discontinuo, será más
difícil. Es un deber, [porque] hay que apostar por las renovables”. De una opinión parecida
es Teresa Ribera, exsecretaria de Estado para el Cambio Climático, quien señala que el país
no cuenta “con herramientas que aseguren la coherencia en las políticas”.
Otro reto pasa por la definición de las políticas energéticas. Estas, según Ribera, deberían
pasar por “una verdadera transición hacia un modelo eficiente y renovable”, junto a una
“reforma de calado del sistema fiscal” para incentivar las “inversiones y consumos
eficientes”. De desarrollarse esta política, el país ofrece oportunidades para desarrollar “las
energías renovables”, añade Bert Metz, excopresidente del Panel Intergubernamental sobre
el Cambio Climático de Naciones Unidas. En particular, el campo de la eficiencia
energética, requiere “múltiples políticas” para desarrollar su potencial.
Durante la conferencia los ponentes debatieron acerca de las consecuencias de la COP21. El
hecho de que en París se consiguiera incluir “básicamente a cualquier planeta del mundo”
sienta un precedente para las próximas cumbres del cambio climático, apunta Miranda
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Schreurs, directora del Centro de Investigación en Política Ambiental de la Universidad
Libre de Berlín. La investigadora compara este acuerdo con el protocolo de Kioto: Los
países participantes de aquel pacto incluían el 14% de las emisiones mundiales, frente al
98% de París.
Que el acuerdo se base en compromisos voluntarios es otra razón. Los países, además,
“tendrán que pensar en sus propias estrategias” de reducción de emisiones, a la vez que
facilitan que “las inversiones vayan a fuentes de energía sostenibles”, avanza Metz. Estas
promesas se revisaran cada cinco años, lo que permitirá pactos más ambiciosos “teniendo en
cuenta que habrá más información científica [sobre la evolución del clima] y la tecnología
habrán mejorado”, añade Schreurs. Los países, además, no pueden revisar a la baja sus
compromisos.
Cómo hacer rendir cuentas cuando el acuerdo no es vinculante
Llevar a la práctica los compromisos requiere, sin embargo, mecanismos de supervisión. No
está claro, como apunta Carafa, “hasta qué punto [los países] estarán sometidos a la
transparencia y la rendición de cuentas, si no se trata de un pacto totalmente vinculante”.
Pero la estructura del acuerdo puede ayudar, sostiene Ribera. Al fin y al cabo, “todas las
partes aceptan la obligación de dar cuenta de lo que hagan”. E, incluso si los compromisos
individuales no tienen fuerza legal, la “reputación” de los Estados está en juego, añade la
exsecretaria de Estado para el Cambio Climático: El hecho de que estén sometidos al
“escrutinio” de la ciudadanía y de otros países ayudará a su cumplimiento.
Un escollo en este punto es la falta de información comparable sobre los esfuerzos de los
países. El hecho de que “no haya una métrica común” para comparar los esfuerzos de cada
país dificulta la supervisión, apunta Schreurs. Como también lo hace que “algunos Estados
se centren en distintos sectores y objetivos”, añade Carafa.
¿Una promesa a largo plazo?
Para que los esfuerzos contra el calentamiento global tengan éxito, los países deben
mantener y mejorar los compromisos que avanzaron. De no hacerlo, apunta Carafa, no solo
peligran los esfuerzos públicos en la lucha contra el cambio climático. También las
inversiones privadas que representarán una parte de la transición hace un modelo energético
sostenible. En el caso de las economías emergentes, además, existe el riesgo de que se vean
tentadas a optar por combustibles fósiles para atender a una población creciente, con el
riesgo de que estas inversiones les obligarán a emitir gases de efecto invernadero durante
décadas: “Durante 20 años tendrás que producir carbón en una central, porque si no
económicamente no te sale a cuenta por el ciclo de vida”. Si optan, en cambio, por las
fuentes renovables, lo harán a un coste similar o menor, por el desarrollo de la tecnología. Y
lograrán atraer inversiones crecientes. “Hay mucha financiación pública y privada, así que
cualquier país que se mueva y lo haga bien atraerá un montón de dinero”, resume.
Los inversores apuestan cada vez más por las energías renovables, apunta Shcreurs. Y esto
hará difícil que hasta grandes potencias como Estados Unidos puedan dar un giro de 180
grados. “Los republicanos dicen que cambiarán el compromiso de reducir las emisiones [de
7.000 plantas energéticas] en un 30%, pero es difícil que lo hagan porque ya hay
constricciones institucionales”, avanza. La opinión pública, asimismo, “obliga a los Estados
a desarrollar políticas climáticas”, añade Josep Lluís Llebot, exsecretario de Medio
Ambiente del Gobierno catalán.
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El tiempo apremia
“Con las tasas de emisión actual” en 20 años se alcanzarán los temidos dos grados de
aumento de temperatura, advierte Metz. Pese a esta urgencia, el investigador apunta a que
algunas de las potencias que han liderado hasta ahora la lucha contra el calentamiento
global, como la Unión Europea, han evitado asumir compromisos más ambiciosos: “Para
2030 han prometido reducir las emisiones al 40%, pero no será suficiente”.
Menos claro aún es que se pueda lograr el objetivo más ambicioso planteado en París –una
reducción de 1,5 grados en el objetivo de emisiones–. Para Metz, investigador de la
European Climate Foundation, es difícil de saber porque “pocos estudios han mostrado que
sea posible”. Llebot es más optimista: “El acuerdo reconoce que para 2030 los países
llegarán a las 55 gigatoneladas de emisiones de CO2, más allá de los dos grados. No
obstante, esto significa que las partes admiten que vamos en la dirección equivocada. Puede
que no sea posible lograr los objetivos hoy, pero sí será posible si lo hacemos en la dirección
correcta”.
Fuente: Artículo de opinión publicado en el periódico español El País el 9 de febrero de
2016 y disponible en el sitio web: http://elpais.com/
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Edición a cargo de Rodrigo Fernández Ortiz