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Propuestas para la integración social
1. Saber priorizar, saber decir NO, para un mejor SI
2. Invertir en infancia
3. Gestión pública de calidad y por resultados
4. Equidad de género: universalizar el cuidado de los más pequeños y fomentar la co responsabilidad en la crianza de los hijos
5. Integración social: políticas de vivienda y ordenamiento territorial
6. La cultura como herramienta de integración social
7. Articular y participar: de una mirada fragmentada a una mirada integral
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1. Saber priorizar, saber decir NO, para un mejor SI
Nuestro país, históricamente, se ha caracterizado por implementar en forma
temprana políticas sociales avanzadas en comparación con el resto de América Latina.
Este hecho le ha permitido construir una importante red de bienestar social, que
lamentablemente la hemos visto desmembrarse en los últimos años, en especial desde
fines de los sesenta hasta nuestros días.
Este decaído bienestar, podemos ubicarlo en causas de cambios globales, de tipo
estructural, a cambios en los mercados en general y en el mercado de trabajo en
particular, en cambios en las estructuras familiares, en causas de tipo demográfico, etc.
Si bien todo esto es certero, también es cierto que Uruguay no ha sido efectivo en la
aplicación de sus políticas sociales. En buena medida su falta de efectividad se debe a
la propia concepción con la que se han diseñado e implementado las políticas sociales.
Para los partidos políticos de corte liberal, los “problemas sociales” son
consecuencia de escaso crecimiento económico y/o por ineficiencia del Estado. Para los
partidos auto-denominados “progresistas”, la pobreza y la exclusión social se deben a la
escasa distribución de la riqueza y consecuencia de la aplicación de políticas liberales
que debilitaron al Estado en su acción de protección social.
Es cierto que aquel bienestar logrado se ha visto fragmentado por fuertes crisis
económicas (la tablita del 83, la crisis brasilera del 98, la corrida bancaria del 2002),
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pero también se debe a esfuerzos incompletos en materia de políticas sociales,
acompañados de escasa visión de futuro.
Ya en la década de los 80 la pobreza afectaba a más de un 40 % de la población
y Juan Pablo Terra comenzaba a alertar sobre el proceso creciente de “infantilización
de la pobreza”, hecho que ahora nos alarma.
En el año 1986, gobierno de partido colorado, la pobreza alcanzaba el 46.3% de la
población, pero el 63.7% de los niños menores de 5 años eran pobres. Con el gobierno
blanco, luego de una acumulación de años de crecimiento económico, se logró apreciar
reducciones importantes de la pobreza, con guarismos del 15.3% para la población, pero
el 30.7% de los menores de 5 años eran pobres. Con el gobierno del Frente Amplio, en
el año 2007, la pobreza alcanza el 25.5% de la población, pero los menores de 5 años
pobres son el 46%.
Está claro que los sucesivos gobiernos de la etapa post dictadura no han logrado
revertir este fenómeno: la pobreza en Uruguay tiene “cara de niño/a”.
Pero si la pobreza se concentra en los niños, es porque determinadas familias
uruguayas se ven empobrecidas cuando toman la decisión de reproducirse.
Hace muchos años que Uruguay demuestra alertas sobre aspectos de
sostenibildiad social y demográfica. Los uruguayos venimos observando como baja
nuestra tasa de natalidad y como se concentra la reproducción de la sociedad en las
capas más pobres. Mientras las capas medias y altas deciden tener menos hijos y más
tarde en su ciclo de vida, las capas pobres lo hacen más temprano y con mayor cantidad
de hijos.
Hace tiempo que Uruguay es un país fragmentado y eso significa que carga con
un conjunto de inequidades: inequidad intergeneracional, por cada adulto mayor de
65 años pobre, hay 7.6 niños pobres en el país; inequidad espacial, en algunos barrios
de Montevideo más del 80% de los niños y adolescentes pertenece a hogares ubicados
bajo la Línea de Pobreza; inequidad de género, las mujeres acceden en menor cantidad
a cargos de dirección y poseen menores remuneraciones que los hombres por cargos de
igual categoría: inequidad en el acceso a la calidad de las prestaciones públicas, para
citar un ejemplo basta ver como los niños que acuden a las escuelas públicas del sur de
Montevideo presentan mejores rendimientos que aquellos que lo hacen en escuelas de la
zona norte.
Los partidos blancos y colorados, aplicaron una concepción de políticas sociales
como políticas compensatorias. Muy acordes al modelo del consenso de Washington, su
visión de país se limitaba a pensar que el crecimiento económico se iba a encargar de
“derramar sus dotes” sobre los más pobres. Desde esta concepción, los problemas
sociales son sólo una cuestión de tiempo, se trata de esperar a que el país crezca
económicamente, mientras tanto, mientras no llega “el derrame”, las políticas sociales
deben ser de tipo asistencial, focalizadas, para pocos, para pobres, en definitiva
políticas pobres, para pobres.
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El Frente Amplio ha sostenido sistemáticamente que las políticas sociales deben
estar articuladas con las económicas. De esta forma, además de crecimiento económico,
debemos tener desarrollo social. Esto supone que el país debe crecer, pero
acompañando el crecimiento se deben distribuir las ganancias de éste a través del
aumento del gasto público. Desde esta concepción, el gobierno del Frente Amplio
priorizó los objetivos sociales, pero no logró resolverlos adecuadamente. Tuvo a su
favor un excepcional período de prosperidad y fiel a su concepción de política social,
aumentó el gasto social.
¿Pero si hay crecimiento y hay mayor gasto, por qué los problemas siguen
siendo los mismos?. El Frente Amplio nos diría que se debe a la “herencia maldita”, el
punto de partida era muy malo y que por tanto se necesita tiempo para corregir lo
“malo” que otros hicieron antes.
Parte de esta respuesta es cierta, los partidos tradicionales no se han
caracterizado por aplicar adecuadas políticas sociales, ¿pero todo es culpa del pasado?.
Creemos que no, entendemos que el Frente Amplio ha sido ineficiente en su forma de
distribuir el gasto.
Desde nuestro punto de vista,
social demócrata, el crecimiento es
imprescindible, debemos preocuparnos por crecer y eso implica, entre otras cosas, tener
una visión clara de la inserción internacional del país, lo que ha sido por demás incierto
en este período de gobierno. Pero además de crecer, debemos distribuir y distribuir no
significa gastar más, significa gastar mejor.
Para distribuir es muy probable que haya que aumentar el gasto social, pero ese
aumento debe ser eficiente y ser eficiente significa tomar decisiones que prioricen de
manera estratégica el rumbo del gasto y ocuparnos de la calidad del mismo.
2. Invertir en infancia
El Uruguay tiene un grave problema de inequidad intergeneracional, con una
pobreza concentrada en los niños/as, por tanto debemos priorizar el gasto en infancia.
El Frente Amplio argumenta que ha aumentado el gasto en infancia, pero confunde
gasto público con gasto social. La mayoría del incremento del gasto del Frente Amplio
es gasto público, ya que el aumento se ha direccionado básicamente en mejorar salarios.
Por supuesto que es justo aumentar los salarios de los trabajadores, en especial de
aquellos que se encargan de la educación de los más pequeños (maestros, educadores,
etc.), pero más justo es si el aumento va acompañado de resultados. ¿Qué resultados
pretende obtener el Frente Amplio con el aumento a la educación?. No lo sabemos.
Sin lugar a dudas que está muy bien aumentar el gasto en educación, llegar al
4.5% del PBI, pero sólo con aumentar el gasto no vamos a conseguir calidad y mejores
resultados.
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Para aumentar el gasto, debemos tener metas precisas y resultados objetivos.
Uruguay necesita invertir en los más pequeños y en especial en la primera infancia
Debemos reconocer que ha habido un aumento de la cobertura de niños de
primera infancia a través del Plan CAIF. De 35.000 niños atendidos en el 2004, habrá
43.000 en el 2009. También es cierto que ha existido preocupación por mejorar los
nieles de calidad, pero esta cifra es casi la mitad de los niños/as pobres del país.
Estamos lejos de la cobertura total de niños /as pobres, pero más lejos aún estamos de
una concepción de atención universal a la primera infancia.
¿Pero esto es por falta de recursos?, Creemos que no, se trata de prioridades.
Para citar un ejemplo, podemos ver como este gobierno triplicó el presupuesto de la
Universidad de la República. A simple vista esto es muy justo, pero si tenemos un país
tan inequitativo con los más pequeños ¿no es más justo darle más dinero al CAIF que a
la Universidad?. A la hora de fijar prioridades, debemos hacerla de manera estratégica,
atendiendo los problemas más urgentes y a la vez más importantes.
Los niños y en especial los niños pobres, no tienen la capacidad de lobby que tiene la
Universidad, justamente por eso deben ser la prioridad estratégica del país.
Proteger a la infancia no significa desproteger a los adultos, en especial a los
adultos mayores, pero hay algo que es urgente; debemos atender a los más pequeños y
eso significa priorizar a las familias con hijos.
3. Gestión pública de calidad y por resultados:
El gobierno del Frente Amplio ha logrado algunos avances en materia de
priorizar a las familias con hijos pequeños, ejemplos son: la reforma de las
Asignaciones Familiares para los hogares más pobres y la Reforma de la Salud, la cual a
través del FONASA permite la atención de la salud de muchos niños en el sector
mutual.
Pero estas políticas aún son incompletas y continúan siendo inequitativas. Las
familias más pobres atienden su salud en la salud pública, lo cual no tendría nada de
malo si sus servicios fueran de calidad. La Reforma de la Salud priorizo el aumento del
gasto para la atención de la salud en el sector privado, mientras que los más pobres
continúan pariendo en un Pereira Rossell venido a menos.
De acuerdo al pensamiento tradicional de la izquierda, los problemas de
ineficiencia, se deben a causas estructurales, pero rara vez son por problemas de gestión.
De este forma su preocupación en el aumento del gasto, ha estado en reformar los
“problemas estructurales” y no la gestión. El Frente Amplio se preocupó por la
descentralización de ASSE, lo cual era necesario, pero confundió descentralización
política con descentralización de la gestión. Como ejemplo de esto, se puede ver como
los delegados departamentales de ASSE (figura creada por esta administración) no
tienen autonomía en los niveles de decisión del gasto y no tienen evaluación de
resultados de su desempeño.
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La reforma de la Salud, sacó de la órbita del MSP la prestación de servicios.
Esto es bueno, se logra posicionar mejor como rector del sistema. Pero en el contexto
de la reforma, ASSE debe competir con las IAMC privadas y para eso se necesitan
condiciones, se necesitan herramientas. Entre otras cosas, por ejemplo, se hacen
precisas disposiciones que posibiliten la descentralización interna de ASSE, que
proporcionen mayores niveles de autonomía, mayor poder local.
Para descentralizar la salud, las responsabilidades y las herramientas para el
funcionamiento, incluido el manejo de los recursos, deben transferirse al nivel local, a la
gestión.
La administración frentista ha centrado su preocupación en el control del poder
corporativo, pero no ha estado ocupada en la calidad y sus prioridades de atención. El
gobierno ha aplicado una reforma de la salud, pero a costa de ser condescendiente con
las corporaciones. En los casos en los que no lo ha sido, como el ejemplo del Hospital
de Ojos, el cual ha sido una iniciativa excelente, lo hace mediante el peso de la
corporación partidaria (partidos comunistas uruguayo y cubano) contra la corporación
oftalmológica uruguaya. El derecho a la salud de los uruguayos no se logra mediante la
corporación más fuerte, sino con un cambio de modelo que derribe a las corporaciones.
4. Equidad de Género: universalizar el cuidado de los más pequeños y
fomentar las corresponsabilidades en la crianza de los hijos
Hace años que venimos observando la creciente incorporación de la mujer al
mundo del trabajo. Esto es muy bueno, pero esta avanzada, ha tenido aspectos
discriminantes y en especial ha causado desajustes entre el mundo reproductivo y el
productivo.
En las clases medias y altas, existe un corrimiento de “agenda”. Las familias y
en especial las mujeres, construyen su agenda profesional –laboral antes que la
reproductiva, teniendo hijos más tarde, interrumpiendo su ciclo profesional o no
accediendo a cargos de dirección para poder reproducirse. En la mayoría de los casos,
existen tensiones entre el cuidado de los niños y el desarrollo personal y profesional de
las mujeres.
Las familias con mujeres pobres, en cambio, suelen postergar su desarrollo
personal, interrumpiendo su vida laboral para poder reproducirse. Ante la falta de
políticas de protección y servicios de cuidado, tener hijos/as significa que la mujer
interrumpa su vida laboral, saliendo del mercado de trabajo y por tanto tener menos
ingresos y empobrecerse.
Para lograr equidad de género, debemos aplicar políticas sociales que logren
conciliar el mundo productivo con el reproductivo. Para esto, se deben promover
acciones desde el Estado, que fomente la corresponsabilidad de género en la crianza de
los hijos; esta es una tarea de las mujeres y de los hombres.
Urge contar con una política de licencias parentales para el comienzo de vida de los
hijos y contar con regimenes de licencias especiales en casos de enfermedad de los
hijos/as, tanto en hombres como en mujeres.
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Para lograr aplicar este tipo de políticas, debemos pensar en nuevos sistemas de
seguridad social. Un sistema de seguridad social moderno, deben pasar de estar centrado
exclusivamente en la etapa del retiro a agregar la protección en el inicio de la vida,
entendida ésta desde la gestación.
Podemos preguntarnos si es posible hacer esto en términos de costos, pero esto
es una cuestión de prioridades. En la última administración de gobierno, hemos visto
como las autoridades del BPS, se han preocupado por realizar descensos en las edades
de retiro, pero si hay mayor esperanza de vida, ¿no es preferible retirarnos más tarde e
invertir para que por ejemplo en el primer año de vida los niños/as pueda estar más y
mejor acompañado de sus padres, sin que eso signifique la reducción de los ingresos de
las familias?
Promover la equidad de género y proteger a la primera infancia, implica
construir acuerdos entre Estado, sindicatos y empresas. Debemos asegurar a los padres
que tiempo con sus hijos, no equivale a perder sus empleos y por tanto empobrecerse.
Para los partidos liberales, los espacios de negociación colectiva (Consejos de
Salarios) o bien no deben existir o deben ser un lugar para asegurar la maximización de
beneficios de parte de los empresarios con el menor daño posible a los trabajadores.
Para los partidos de izquierda son un ámbito de obtener el mayor provecho de parte de
los trabajadores para reducir “plusvalía”.
Sin embargo estos espacios, esenciales para la garantía de derechos laborales de
trabajadores y derechos empresariales, pueden ser además, un lugar privilegiado para
brindar beneficios, no necesariamente salariales, en los que se pueda conciliar el
desarrollo de las empresas y del trabajo, con la protección de los más pequeños,
conciliando así la vida familiar con la laboral.
Modernizar los sistemas de seguridad social y de los espacios de negociación
colectiva, implica entre cosas, promover la universalización de servicios de cuidado de
los más pequeños y de estimulación oportuna, como por ejemplo los centros CAIF, para
lo cual la adecuada coordinación con el sector privado es fundamental.
5. Integración social: políticas de vivienda y ordenamiento territorial
La inequidad espacial es otra de las manifestaciones del Uruguay fragmentado.
En los últimos 20 años hemos visto como los asentamientos irregulares crecieron de una
forma vertiginosa ante la casi parálisis de los decisores de políticas.
Fruto del alejamiento del Estado del mercado inmobiliario y de la ineficiencia de
sucesivos Ministerios de Vivienda y de la administración frentista de Montevideo, una
de cuatro familias capitalitas viven en asentamientos irregulares.
Para lograr adecuados procesos de emancipación de los jóvenes y evitar el
empobrecimiento de las familias con hijos, urge la necesidad de implementar políticas
que faciliten el acceso a alquileres para familias jóvenes, así como la promoción de
créditos inmobiliarios para la compra y/o construcción de viviendas.
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Uno de los mayores déficit de esta administración “progresista” se plantea en el
terreno de la vivienda. Contrariamente a lo que se podía esperar, lo que se destaca no es
lo equivocado de las ideas, sino, mas bien, la falta absoluta de propuestas, y, más aún,
de realizaciones.
El país contó, con la Ley Nacional de Viviendas, que cubría un amplio espectro
de la población con necesidades insatisfechas en este plano. Es cierto que gobiernos
anteriores, por diferentes mecanismos, habían ido desnaturalizando este instrumento, y
el paso del tiempo impone necesarios ajustes fruto de la experiencia acumulada. El
manejo discrecional y clientelístico del BHU había llevado a esa institución a una
situación financiera casi insostenible, alimentada también por la práctica del no pago
alentada desde el FA y organizaciones “sociales” como FUCVAM.
Se ha creado la Agencia Nacional de Vivienda, con competencias similares a las
de la DINAVI original, últimamente a cargo del BHU, pero falta ver una actuación
concreta y cuáles son sus lineamientos programáticos.
Creemos que debemos retornar a los principios básicos de la Ley Nacional de
Viviendas. Atendiendo particularmente la implantación de las nuevas viviendas a
ejecutar en donde se aprovechen las vastas extensiones de trama urbana consolidada y
muy baja población, particularmente en Montevideo, que disponen de todos los
servicios, sin caer en una de las peores patologías que es la de seguir extendiendo el
área urbana, aumentando sus costos de mantenimiento.
Las políticas de vivienda deben estar acompañadas de una fuerte coordinación
con los sistemas de transporte público. En este sentido debe evaluarse seriamente y
sacar partido positivo de la experiencia realizada mediante los programas “Proyecto,
Precio, Terreno”, que, dejando de lado distorsiones posteriores, constituyeron una
excelente experiencia de integración de las nuevas viviendas y su implantación en la
trama urbana, con incentivos a mejorar la calidad arquitectónica de los proyectos. Esto
permite disponer de suelo urbano para nuevas realizaciones, en tanto se maneje con la
necesaria prudencia que no genere “burbujas” de precio por demandas puntuales.
Debe sistematizarse y tecnificarse la asistencia a los arrendamientos, de modo de
establecer reglas claras que permitan atraer inversión privada a este mercado, dinamizar
la construcción, restauración y reciclaje en las áreas urbanas consolidadas repoblando y
redensificando espacios urbanos que han perdido población en las últimas décadas.
Debe prestarse especial atención a la incorporación tecnológica en las nuevas
realizaciones, cuidando particularmente el aspecto de los costos en un sentido amplio.
Debe atenderse a la economía del gasto en energía en el acondicionamiento térmico, la
búsqueda de la normalización del máximo numero de componentes constructivos de
modo de poder mantener un nivel adecuado de la vivienda con costos que vayan
haciendo su ejecución más factible y sin ignorar la necesidad de atender a su
implantación en la trama urbana.
La vivienda de por si no va a resolver los problemas sociales de las familias que
han sido marginadas de la sociedad, pero, en tanto ámbito físico para el desarrollo de la
vida familiar, es condición indispensable para superar las peores manifestaciones de la
segregación que hoy presenciamos.
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Orientar una parte importante de la inversión y el gasto social hacia la
construcción de viviendas, y propiciar condiciones seguras y de largo plazo para que los
capitales privados puedan incursionar en este terreno, así como la generación de
opciones de arrendamiento y para el rescate de una parte significativa de las viviendas
existentes (o el reciclaje de construcciones de otros tipos), es una necesidad, y, al mismo
tiempo un instrumento muy importante de integración mediante la creación de fuentes
genuinas de trabajo formal.
Pero además de procurar políticas de acceso a la vivienda, debemos ocuparnos
de acciones que faciliten la integración social a través del uso de los espacios públicos.
Los partidos liberales han priorizado la acción del mercado sobre los espacios
verdes. Para ellos, un shopping vale más que un parque, mientras que para la izquierda
este tema prácticamente no ha estado en la agenda y ha actuado con ineficiencia, como
pudo apreciarse en la gestión del PIAI.
La construcción y/o reparación de plazas, debe ser una prioridad de un gobierno
que procure la integración social. Los espacios públicos, las plazas públicas, deben
transformase en lugares de esparcimiento, recreación y deporte, en donde puedan ser
utilizadas por las distintas generaciones, en especial por los adolescentes.
Plazas y lugares de encuentro, con conectividad interactiva, que permitan
expresiones culturales de parte de la población, no son lujos para un país pobre.
Miremos por ejemplo como el Ministerio de Deporte gasta casi una decena de millones
de dólares al año en mantener Plazas de Deportes vacías por todo el país, ¿este dinero
no puede ser invertido en lugares de encuentro, como plazas públicas?
Los espacios públicos y la promoción de la cultura son acciones privilegiadas
para la integración social. El desarrollo cultural de un país actúa en pro de la estima, de
la alegría, de la esperanza e invita a participar en metas comunes; la cultura es
indudablemente un factor fundamental en todo proyecto de desarrollo, la cultura da
trabajo, se vende, logra calificar a los ciudadanos en el área de servicios y la
producción, mejora la calidad de vida y por ende facilita los procesos de integración
social.
6. La cultura como herramienta de integración social
La Cultura como fenómeno social, constituye un fuerte soporte de la
consolidación democrática, permite a los individuos ser más permeables para entender a
los demás, los valores implícitos en la cultura son pilares imprescindibles para
consolidar y sostener todo proceso de inclusión y cohesión social.
La dinámica cultural de un país comprende la promoción de fenómenos
expresivos, la comunicación social y las identidades territoriales. Este complejo se
desarrolla con la participación de ciudadanas y ciudadanos generando sucesos
individuales y colectivos que caracterizan e identifican localidades y regiones.
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La riqueza y diversidad de los espacios de expresión asociado a la vitalidad de
las instituciones estatales y la posibilidad de concertar acciones en este sentido, son
elementos de fundamental importancia para desarrollar una cultura democrática.
El Estado debe intervenir implementando un conjunto de acciones plurales,
participativas, integradoras, enriquecedoras y con perspectivas de futuro, que den
respuestas a las demandas y necesidades de la sociedad.
Las Políticas Culturales deben ser formuladas con un espíritu de consenso,
donde se integren a un proyecto común la diversidad del colectivo social y político.
Toda intervención del estado, deberá propender al equilibrio territorial de los servicios e
infraestructuras culturales en todo el país; garantizando el acceso de todos los
ciudadanos a los distintos bienes culturales en condición de igualdad; conservar y
enriquecer el patrimonio cultural.
La apuesta innovadora de la actual administración se concentró en construir
canales de participación, sobre todo en la capital, Montevideo y regiones cercanas, a
toda expresión nueva y renovadora como valor y modelo absoluto, desconociendo la
amplia dimensión de las manifestaciones humanas que la cultura expresa. Estableció
como criterios de descentralización y desconcentración, espacios físicos que obraran
como “sucursales”, llamados Centros MEC ,que en último de los casos terminan
dependiendo administrativamente y jerárquicamente de la autoridad central, con una
forma estándar para todos los casos, avasallando las particularidades de cada localidad,
rozando la autonomía y duplicando esfuerzos locales.
Es de destacar que los recursos invertidos, en esta área, han superado largamente
gestiones anteriores, empero, la efectividad y los resultados no condicen con las
expectativas generadas ni con los compromisos asumidos. Como ejemplos podemos
hacer referencia y destacar entre otros, el actual deterioro de la Biblioteca Nacional, la
inexistencia de un proyecto de modernización de sus servicios, la ausencia de un apoyo
y soporte técnico y tecnológico a las red de Bibliotecas Públicas y Populares, el poco
interés para impulsar iniciativas legislativas que amparar estos servicios, la ausencia en
formación de gestores Culturales y Técnicos en gestión de Museos y acervo
patrimonial, la desarticulación de todos los Talleres Artísticos coordinación con los
municipios, la promoción y el apoyo incondicional con dotaciones millonarias a dos
instituciones teatrales montevideanas excluyendo al resto del país y al ámbito de teatro
independiente, a la poca difusión y proyección sobre los Premios Nacionales de
Literatura, al incumplimiento del Premio Nacional a la Labor intelectual, a la nula
promoción de las artes plásticas como por ejemplo la bienal que se organizaba desde el
Museo Nacional de Bellas Artes, el divorcio con las autoridades y organismos de
gestión de políticas educativas puesto de manifiesto en la no existencia de elementos
pedagógicos-culturales contenidos en el proyecto de reforma educativa actualmente con
media sanción parlamentaria; en fin, son estos algunos de los elementos que pautan la
gestión actual.
Construir cultura, implica intervenir desde el Estado, con un punto de arranque
desde la participación y el consenso tanto de hacedores culturales como agentes
políticos; que proponga acciones donde se priorice una descentralización territorial,
apoyando la formación artística y la capacitación de operadores y gestores culturales,
que fomente una mayor y mejor difusión de la producción cultural, una coordinación de
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esfuerzos con organismos y instituciones de áreas afines, que cuenten con la posibilidad
de mensurar resultados y protección de los bienes patrimoniales en todos sus estilos y
manifestaciones.
Debemos instituir instancias nacionales, como Encuentros de Directores
Municipales de Cultura, la Asamblea Nacional de la Cultura, donde se involucren
decisores políticos de todos los sectores a modo de instrumentar un dialogo y un
acuerdo en un proyecto colectivo.
Debemos promover instrumentos de articulación territorial de las políticas
culturales, con las políticas nacionales de descentralización que involucren a los
gobiernos departamentales.
Retomar como figura central de la descentralización a las infraestructuras
municipales de cultura en sus distintos niveles, elaborando planes estratégicos que doten
de modernidad a los servicios de información, Bibliotecas Públicas, situándolas en
función del desarrollo que a nivel global se manifiesta.
Fortalecer y dotar de mayores recursos al Fondo Nacional de la Música
(FOMAN), a la Comisión de Fomento al Teatro (COFONTE), a Casas de Comedias, al
Premio Nacional de Literatura, entre otras, todas instancias instituidas en la normativa
legislativa.
Desarrollar una currícula que brinde una formación técnica e integral a los
operadores culturales, institucionalizando los métodos de Evaluación de impactos
sociales, institucionales y económicos de cada proyecto puesto en marcha y financiado
por medios de fondos estatales, así como también, el estudio de factibilidades de las
inversiones en este ámbito.
Establecer criterios comunes con el Sistema Educativo para implementar de
manera articulada normas que pauten criterios metodológicos que profundicen en la
diversidad y riqueza e que expresada la cultura.
Agilitar el análisis y viabilizar el trámite de las propuestas legislativas, en lo que
refiere a la Seguridad Social para los Artistas y la Ley de Bibliotecas Públicas, que
luego de mas de 3 años están en el ámbito del Poder Ejecutivo sin ser remitidas a
consideración del Parlamento.
La Cultura no es un capricho, es la esencia de la libre expresión que califica e
identifica a los pueblos. En el camino de forjar una sociedad de mujeres y hombres,
mas fraterna, entendiendo al próximo, conviviendo y aceptando las diferencias,
equilibrando deseos, construyendo puentes que integren e incluyan, que forje sus
valores por encima de cultura del consumo descartable que intenta globalizarnos como
valor absoluto.
Estamos convencidos en impulsar una nueva cultura de gobierno que promueva
más al encuentro que a la confrontación, que fomente un desarrollo equilibrado
integrando también a los factores culturales a sus estrategias, que impulse el
desenvolvimiento cultural a favor de la reconstrucción de la autoestima nacional y que
invite a involucrarnos en metas comunes, ese camino que los uruguayos parecemos no
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tener en nuestra carta de ruta pero que está latente tras esa puerta que debemos abrir una
vez por todas.
6. Articular y participar: de una mirada fragmentada, a una mirada integral
Las políticas sociales en Uruguay se han caracterizado por tener un enfoque
parcial y sectorial. Los partidos tradicionales se han encargado de montar grandes
estructuras, que provocaron ineficiencias y confusiones en el rol de las instituciones. De
esta forma tenemos un INAU con un área de educación y salud, sin necesidad de
coordinación con el MSP o con ANEP. Una ANEP con un cobertura extensa de
comedores escolares, pero sin coordinación con INDA y así podemos hacer una lista
inmensa de situaciones insólitas e ineficientes.
Concientes de esto, en las últimas administraciones coloradas, procuraron la
coordinación de las políticas, pero desde un diagnóstico equivocado: para ellos la falta
de coordinación es por falta de autoridad. De esta forma construyeron proyectos y
programas por fuera de las estructuras institucionales, no sólo no logrando mayor
articulación, sino que además provocaron mayor desintegración entre las propias
estructuras y proyectos.
Para la izquierda la ausencia de coordinación, es consecuencia de ausencia de
una estrategia clara. En esto estamos de acuerdo, no se puede coordinar, sino se conoce
el rumbo para dónde vamos.
Con el fin de articular y construir una estrategia, el gobierno del Frente Amplio,
creó el MIDES. El Ministerio de Desarrollo Social que fue un buen aporte de este
gobierno, pero su función articuladora quedó a medio camino.
Una vez culminado el PANES, el MIDES en vez de priorizar la articulación de
las políticas, se dedicó a ejecutar un conjunto de pequeñas acciones, de bajo impacto,
con problemas de diseño y con escasa o nula evaluación.
Si se analizan las acciones que ejecuta el MIDES, se podrán ver que éstas
obedecen más a acuerdos internos interpartidarios que a una mirada integral y racional
de las políticas. La función articuladora de las políticas sociales, ha quedado
básicamente en un plano declarativo.
Para articular las políticas, se necesita tener una mirada global que tenga como
una unidad de intervención al hogar y no al individuo. Para articular las políticas se
deben priorizar el problema a solucionar, antes que el análisis del problema de la
sectorial que lo padece. Pensemos por ejemplo en la articulación en el sector salud, ¿por
qué a la hora de integrar un sistema de salud, en Montevideo subsisten Policlínicas
públicas, unas dependientes de ASSE y otras de la IMM?, ¿por qué el MIDES, ASSE y
MSP articulan nada o casi nada con las acciones de salud de la Intendencia de
Montevideo? Coexisten distintas racionalidades, distintos regímenes de trabajo,
distintas dependencias técnicas, funcional y administrativa, con desiguales recursos.
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Sin duda el Frente Amplio ha intentado lograr articulación en las políticas, pero
el resultado no ha sido bueno. ¿No será que la lógica de negociación y reparto de poder
interno, no le permite elaborar una mirada integral y que por lo tanto priman las miradas
sectoriales y corporativas?
Muchos de los ámbitos de coordinación que impulsó el gobierno, parecen ser
espacios en donde la coordinación y la articulación son fines en sí mismos. La
articulación debe ser un medio, una conducta para lograr tener una mirada integral y de
esta forma ser más efectivos en los logros y más eficientes en el uso de los recursos.
Si la articulación es un fin, se corre el riesgo, en el que cayó el Frente Amplio,
de renunciar al ejercicio de sus obligaciones, quedando diluidas en instancias y órganos
en los que todos y nadie resultan responsables. El gobierno abrió una abrumadora
multiplicación de instancias, organismos, ámbitos, consultas y documentos que no sólo
no promueven la coordinación ni la participación, sino que en general dificultan la
ejecución y potencian la influencia sólo de las burocracias militantes, excluyendo a la
mayoría de los involucrados en las distintas políticas en cuestión.
La participación ciudadana y la articulación deben procurar la mejora del acceso
y la calidad de los servicios, incrementando la capacidad de decisión de los actores y su
responsabilidad sobre las mismas
La generación de espacios de participación ciudadana, no deben ser lugares para
fomentar el corporativismo o la cultura “militante”, deben ser ámbitos en donde el
ciudadano pueda exigir que se les rinda cuenta la eficacia de los servicios, pudiendo
tener acceso a evaluaciones rigurosas de los resultados logrados.
El ciudadano debe dejar de ser beneficiario de un “carné de pobre” o
“protagonista del PANES”, para poder tener el derecho de exigir calidad en los servicios
que recibe y a la vez hacerse responsable por lo que recibe.
Para esto debemos tener una mirada integral que promueva el derecho a la
participación ciudadana, no permitiendo que las corporaciones sean las máximas
autoridades de las políticas sociales.
El Estado debe fortalecer su rol rector de las políticas, debe tener la
responsabilidad de definir los objetivos de la política, de evaluarla y de financiarla. Pero
debemos ser flexibles y prácticos para la gestión, asignándola, especialmente en el
ámbito local, a aquellos actores que estén en mejores condiciones de asumir los
servicios, cualquiera sean ellos (estatales, privados con o sin fines de lucro, específicos
o no en el tipo de políticas de que se trate).
La reforma de las políticas sociales requiere a nivel central simplificar y unificar
objetivos, estrategias e instituciones (superando la situación existente hasta hoy en la
que, frente a cada nuevo problema se crea una institución nueva, sin reformar y menos
eliminar las ya existentes), fortaleciéndolas en la planificación y evaluación. Y a nivel
local, por el contrario, debe apostarse a la diversificación y a la descentralización,
procurando la mejor articulación posible con las distintas demandas, necesidades y las
culturas de los beneficiarios. Para ello también deben fortalecerse los actores locales,
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dotándolos de capacidad económica y de gestión, a la vez que responsabilizándolos por
los resultados y compromisos asumidos.
Aunque parezca lamentablemente, no resulta obvio subrayar que la principal
referencia de las políticas deben ser sus beneficiarios. A lo que agregamos que ciertos
grupos deberían ser priorizados, en tanto resultan especialmente relegados económica y
socialmente. Debe continuarse, profundizarse y mejorarse el esfuerzo respecto a los
indigentes, que requieren respuestas específicas y diferentes que otros sectores. Los
sectores en situación de pobreza requieren de apoyos especiales, para superarla. Y
finalmente los servicios también deben contemplar a los sectores medios, procurando
evitar los riesgos de retroceder a situaciones en que no cubren sus necesidades básicas.
Pero para priorizar, debemos aprender a decir NO a las corporaciones. Para
priorizar debemos tener claro cuáles son las necesidades del presente, pero a la vez
entender las tendencias del futuro. Poder decir No, nos permitirá tener un SI más
grande.
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