Download del inmigrante

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Reportaje
cermi.es El periódico de la discapacidad
En nuestro país viven 250.000 inmigrantes con discapacidad
La odisea
del inmigrante
con discapacidad
Hacer la maleta y salir del país. Abandonar el hogar, la
familia, amigos, el barrio y la tierra donde has crecido.
Partir con rumbo a un país ajeno, desconocido, incierto.
Buscar trabajo o intentar sobrevivir allí donde te
señalan como extranjero. Seguramente sea una de las
decisiones más difíciles de sus vidas. Los inmigrantes
no lo tienen fácil. Pero resulta aún más complicado
cuando tienen una discapacidad o la adquieren en su
destierro. Unas 250.000 personas en nuestro país
pertenecen a ese grupo calificado como multiexcluido.
El CERMI reclama más atención para ellos.
Blanca Abella
N
o se trata de un problema menor, pues teniendo en cuenta el padrón municipal de 2007,
en España había 4,5 millones de inmigrantes, de los cuales un 5 por ciento corresponde a la población con discapacidad. Es decir, unas
225.000 personas en nuestro país eran inmigrantes con
discapacidad en ese año. Según Antonio Jiménez Lara,
sociólogo especializado en investigación social de la
discapacidad,“con el padrón de 2008,donde se eleva el
número de inmigrantes en 5.270.000, no sería muy
desviado hablar ya de 250.000 inmigrantes con discapacidad, ronda el cuarto de millón de personas. Una
parte importante”.
A pesar de todo, este grupo social pertenece a una
minoría que apenas queda reflejada en el panorama social de nuestro país. El CERMI, consciente de estas carencias, ha presentado una propuesta con los puntos a
revisar para poder adaptar la normativa a este grupo.
RAZONES DE LA MULTIEXCLUSIÓN
Tal y como expone el CERMI, los inmigrantes con discapacidad irregulares son los grandes olvidados tanto en el
plano estadístico y legislativo, como de cobertura social. En primer lugar, se trata de comprender la situación
a la que se enfrentan estas personas y, para ello, sería
necesario exponer algunas circunstancias y razones de
su multiexclusión.
En la realidad social de estas personas confluyen varios
factores de vulnerabilidad diferentes, como apunta Ji-
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Reportaje
ménez Lara,“tener una discapacidad ya le coloca a uno
en una situación un poco más difícil que el resto de la
gente y si se junta con que llegas a un país que no conoces, con cultura distinta, con problemas de papeles y normalmente con pocos recursos, la situación
de esas personas es muy vulnerable”.
Las personas que suelen emigrar por razones económicas son jóvenes con buena salud, porque afrontar
el traslado a un país extraño es difícil, de ahí que la
tasa de discapacidad de los inmigrantes en España
presente menores índices que en
la población general española. Eso no quiere decir que
no vengan personas que
tiene ya la discapacidad
adquirida en su país, sí
vienen, bien por reagrupamiento familiar, porque vienen los hijos o
padres de alguien que
emigró, o bien porque
hay personas con discapacidad que también
buscan horizontes fuera
de su país y emigran. Pero
además, las propias condiciones del traslado y de vida
favorecen la aparición de discapacidades.
Tal y como apunta el sociólogo Jiménez Lara, “una gran parte de
los inmigrantes que vienen a trabajar lo hacen en sectores donde
el índice de siniestralidad es más
alto, por ejemplo en la construcción;
están más expuestos al riesgo de
accidentes que la media”. También
las propias condiciones de traslado y el desarraigo puedan dar ocasión en algunos casos a
la aparición de problemas mentales. Se ha descrito por ejemplo lo que llaman el síndrome de Ulises, “el sentirse fuera de su patria, de su lugar, con
dificultades de integración social y laboral, hay gente que lo aguanta relativamente bien y hay gente
que se deprime”, explica. Y rememora la Odisea,
a Ulises, que “anduvo por todos esos mundos de
Dios años y años sintiéndose extranjero”.
El problema añadido para este grupo de personas
es el acceso a los servicios sociales. “Uno de los
problemas de los servicios sociales es que llegan
muy bien a las clases medias, que están bien
informadas, pero la población en una situación de
mayor marginalidad no saben cuáles son sus derechos ni dónde tienen que plantearlos; y eso en el
caso del inmigrante es más complicado a veces”,
asegura Jiménez Lara.
Además, tras el primer escollo del inmigrante, que es la
familiarización con el nuevo país,viene el segundo,el problema económico. Tal y com explica Jiménez Lara,“la prioridad de estas personas es más bien económica, y eso
resta tiempo y energías para dedicarse a otras cosas,como la salud; a menudo un extranjero no se cuida, por
ejemplo, porque trabaja en negro y el día que está de
baja no le pagan o le echan”.
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Por esta razón debiera revisarse la regulación legal en
este aspecto concreto y quedaría de la siguiente manera: “Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y
prestaciones sociales básicas, salvo que se trate de
menores con discapacidad, en cuyo caso tendrán
derecho a los servicios y prestaciones señalados en
los apartados anteriores.”
Finalmente, el CERMI añaden la inclusión de disposiciones adicionales referidas a la “garantía de accesibilidad
y no discriminación para personas con discapacidad” y
a las situaciones de “discapacidad sobrevenida”, donde apuntan el texto más pertinente: “los extranjeros no
residentes que acrediten fehacientemente que han adquirido una discapacidad durante su permanencia en
territorio español podrán solicitar el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad”.
A juicio del CERMI, los extranjeros no residentes están
excluidos de la posibilidad de acceder a la declaración,
reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, lo que origina dificultades enormes para su integración social, al no poder acceder al sistema de dispositivos, servicios y recursos establecidos a este fin.
PROPUESTAS DEL CERMI
Tras conocer un poco de lejos la realidad de este grupo,
conviene apuntar una serie de sugerencias presentadas por el CERMI al Anteproyecto de Ley de Reforma de
la Ley Orgánica 4/2000,sobre Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su Integración Social.
En primer lugar, y como propuesta de carácter general,
es necesario sustituir en todo el texto, el término “incapacitado” por el de “persona con discapacidad”. Desde
un punto de vista jurídico, el término “incapacitado” tiene una significación difusa y contribuye a la inseguridad
jurídica a la hora de aplicar e interpretar la Norma legal.
Desde una óptica sociológica y de progreso de las mentalidades, “incapacitado” obedece a una concepción de
la discapacidad felizmente superada, añeja y caduca.
En segundo lugar, el CERMI cree necesario que conste
una nueva letra con el siguiente texto: “Garantizar la
igualdad de oportunidades, la no discriminación y la
accesibilidad universal de las personas con discapacidad”. Se considera importante también incluir
una mención al aprendizaje de la lengua de signos,
obligada, por otra parte, tras la aprobación de la
Ley 27/2007, de 23 de octubre.
En otro apartado, quizá uno de los más delicados por
referirse a los menores, se apunta el hecho de que las
prestaciones y servicios especializados para las personas con discapacidad, a los que se accede una vez reconocido oficialmente el grado de discapacidad por el organismo competente, no pueden ser disfrutados por extranjeros en situación irregular desde el punto de vista
de su autorización para residir.
Dicha situación jurídica es evidente que responde
a razones políticas sobre el tratamiento que se
debe dar a nacionales españoles, extranjeros autorizados y extranjeros no autorizados en relación
a las prestaciones sociales. Sin embargo, lo que
puede estar justificado en el caso de los mayores
de edad, no lo es cuando hablamos de menores
con alguna discapacidad.
ASOCIACIONES
Mientras tanto, ante la escasez de recursos para este
grupo, las asociaciones van creando su propia red de
atención. Como ejemplo, apuntar que la CNSE ha puesto en marcha en 2009 un programa para la atención a
las personas sordas inmigrantes. Dentro del mismo se
desarrollarán una serie de actividades con el objetivo
de fomentar la participación y ampliar los conocimientos sobre la realidad de este grupo social para plantear
acciones que cubran mejor sus necesidades reales.
FEAPS, por su parte, cuenta con un programa que la
organización denomina Desventaja Social, que atiende a grupos, dentro de la discapacidad intelectual,
en especial riesgo de exclusión, como es el caso de
los inmigrantes. Algunas federaciones de comunidades autónomas que pertenecen a FEAPS sí disponen de actuaciones específicas, como es el caso de
Cataluña (APPS), o Andalucía.
Otro ejemplo es el de DOWN España, donde llevan a cabo una labor de atención a la inmigración directamente en las asociaciones. Por ejemplo, en Down Lleida han
creado un protocolo de acogida para familias inmigrantes y otras acciones como la traducción al árabe,
al inglés y al francés del “Libro del bebé”, un manual de
cuidados básicos para los recién nacidos con síndrome de Down.
Pero existen muchos programas más, a lo largo y ancho
de la geografía española, en las distintas asociaciones
de la discapacidad de poblaciones, comunidades o ciudades del país, donde se atiende más de cerca esa
sensación de desarraigo y todas sus peculiaridades.
“Normalmente, quien toma la decisión de emigrar por
razones económicas es una persona que ya tiene un
plus de valentía, ha sido capaz de afrontar esa ruptura
y dejar su ambiente, enfrentarse a lo desconocido; el
inmigrante suele ser un buen emprendedor, porque es
alguien que ha descubierto que es él mismo quien tiene que situarse en el mundo y buscarse la vida; eso
desarrolla una cierta competencia para enfrentarse a
la vida”. Antonio Jiménez Lara.