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Comentario de textos Guerra de la Independencia y Fernando VII
Tras el estallido de la Revolución Francesa en 1789 las reformas borbónicas se paralizan y España
interviene militarmente contra Francia ocupando el Rosellón y el País Vasco francés. Sin embargo, el
contraataque de los franceses que llegaron a las puertas de San Sebastián fuerza al primer ministro
Godoy a firmar la paz con Francia (Paz de Basilea) y aliarse con Napoleón contra Inglaterra, alianza
que, entre otros desastres, llevó a la derrota de nuestra escuadra en Trafalgar (1803). Ante la
imposibilidad de invadir las Islas Británicas, Napoleón decreta un bloqueo contra las Islas que Portugal
se niega a cumplir y con el pretexto de invadirlo las tropas francesas cruzan España.
Sin embargo, el viaje de las tropas francesas se convierte en una auténtica invasión ya que van
dejando guarniciones en las villas que atraviesan y una columna se dirige hacia Cataluña demostrando
claramente que no pretendían tan sólo invadir Portugal. Godoy comprende entonces el engaño de
Napoleón e intenta convencer al Rey Carlos IV de retirarse hacia Cádiz o hacia América si fuera
necesario. Carlos IV duda y el pueblo se amotina (Motín de Aranjuez), depone a Carlos IV y nombra rey
a su hijo Fernando estando a punto de linchar a Godoy. Napoleón llama entonces a Carlos y a
Fernando a Bayonne (sur de Francia) con la excusa de arbitrar en la disputa entre ambos. Allí, los
retiene y les obliga a entregarle el trono español que concede a su hermano José Bonaparte que
reinará en España como José I contando con el apoyo de parte de la nobleza y de algunos burgueses e
intelectuales, los denominados afrancesados, pero rechazado por el pueblo español que el 2 de mayo
de 1808 se levanta en Madrid contra los franceses atacando a la guardia mameluca que pretendía
sacar a los infantes de Madrid para llevarlos a Francia.
Los afrancesados, cuya postura queda reflejada en el texto nº 2, eran en su mayor parte
intelectuales liberales (Moratín, Goya, Whyte..) que creían que con José I “el país se libraba de una
dinastía de la que no era posible esperar ninguna mejoría” (los borbones) y que los franceses iban a
traer a España los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad de la Revolución francesa. Muchos, sin
embargo, fueron desencantándose o cambiaron de bando a lo largo de la guerra al constatar las
represalias indiscriminadas del ejército francés.
El levantamiento madrileño del 2 de mayo, alentado por los partidarios de Fernando, fue
duramente reprimido por las tropas francesas del mariscal Murat y todos los detenidos con armas
fueron fusilados sin juicio en la colina de Príncipe Pío al amanecer del día 3 de mayo. Ésta y otras
medidas (prohibición de reuniones, represalias para quienes atacaran a las tropas francesas)
intentaban aplastar la rebelión pero no lo consiguieron ya que cuando la noticia de lo ocurrido en
Madrid se extendió por España, la rebelión contra los franceses se extendió, parte del ejército
proporcionó armas al pueblo y éste, organizado en partidas guerrilleras y dirigido por Juntas locales y
provinciales, inició una guerra contra los franceses que, gracias al apoyo inglés y a la derrota de
Napoleón en Rusia, obligó al emperador a retirase de España en 1814 y devolver el trono a los
Borbones en la persona del príncipe Fernando (Carlos IV había enfermado durante el exilio en
Bayonne), que reinara con el nombre de Fernando VII.
El papel de las Juntas, destacado en el texto nº 1, fue fundamental para organizar la guerra contra los
invasores. Se trataba de una estructura de poder atomizada (había juntas locales, provinciales y, más
tarde, una Junta Suprema) en la que cada junta hacía la guerra por su cuenta, organizando a las
partidas guerrilleras de su zona y coordinándose cuando era posible con otras juntas lo que dificultaba
mucho las cosas al ejército francés, superior en campo abierto pero poco acostumbrado a librar una
guerra de guerrillas.
En el curso del conflicto, los liberales no afrancesados deciden convocar unas Cortes que reunidas en
Cádiz elaboran una Constitución que se promulgó el 19 de marzo de 1812, siendo conocida como la
Constitución de Cádiz (popularmente La Pepa). Se trata de un texto liberal inspirado en la Constitución
francesa de 1792 que establece la existencia de una monarquía constitucional y una cosoberanía de las
Cortes y el Rey. En los artículos recogidos en el texto 3 se plantea una de las grandes cuestiones de la
política de la época: el derecho de sufragio y sus modalidades. En la ideología liberal, el poder no viene
de Dios, como en el absolutismo, sino del pueblo. Se elabora así el concepto de “soberanía nacional”
presente en todas las constituciones liberales desde la Constitución americana de 1768 y la francesa
de 1792. Se hace por tanto necesario consultar a la nación sobre las decisiones legislativas y por toda
Europa surgen parlamentos (en España Cortes) con representantes elegidos por la población. Sin
embargo, el sufragio está limitado en estos momentos a los propietarios (sufragio censitario) es decir a
aquellos ciudadanos que tuvieran determinadas propiedades o pagaran determinados impuestos, ya
que se consideraba que los no propietarios carecerían de interés en conservar el sistema político.
En España, tras la retirada de las tropas francesas en 1814, regresa Fernando VII, hasta entonces
retenido en Francia, y los diputados de las cortes de Cádiz que durante la Guerra de la Independencia
habían redactado y aprobado la Constitución de 1812 pretenden que el rey jure la Constitución y se
establezca en España un régimen de monarquía liberal y constitucional. El rey, sin embargo, anula la
Constitución y restaura el absolutismo contando con el apoyo de la nobleza (Manifiesto de los Persas)
y del pueblo que grita en las calles ¡Vivan las cadenas, muera la Constitución! (a estas circunstancias se
refiere Fernando en el texto nº 4 cuando afirma: “todo cuanto vi y escuché, apenas pisé el suelo patrio,
se reunió para persuadirme que la nación deseaba ver resucitada su anterior forma de gobierno”).
Esta situación se mantiene hasta 1820 cuando algunos militares liberales encabezados por el General
Riego se pronuncian contra el absolutismo y exigen al Rey que ponga en vigor la Constitución de 1812,
lo cual hace Fernando publicando un manifiesto en el que, aparentemente convertido al liberalismo,
declara cínicamente: “Marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional…”.
Comienza así el “trienio liberal” (1820-23) que con Riego en el gobierno tomará importantes medidas
como la supresión de la Inquisición, la reducción del diezmo a la mitad y disposiciones para eliminar las
vinculaciones, los mayorazgos y comenzar la desamortización de los bienes de la Iglesia.
La mayor parte de estas medidas, sin embargo, no llegaron a entrar en vigor ya que el Rey conspira
en secreto contra el gobierno que él mismo ha nombrado y entra en contacto con la Santa Alianza para
que envíe un ejército a España y restaure el absolutismo. El ejército de la Santa Alianza integrado por
132.000 soldados (los Cien Mil hijos de San Luis) llega a España en 1823, el gobierno es depuesto y sus
miembros encarcelados. Fernando VII declara nulos y sin valor todos los actos del gobierno
constitucional, afirmando que había sido forzado a aceptarlos contra su voluntad. Inmediatamente
comienzan la represión y las depuraciones pese a las promesas de perdón general. En apenas un mes
se ejecuta a 112 personas –el general Riego entre ellas- y las cárceles se llenan de los liberales que no
pueden exiliarse a tiempo (unos 10.000). El ejército fue virtualmente disuelto y se abrió expediente a
la totalidad de los oficiales al tiempo que se perseguía a los miembros de las milicias populares creadas
por el gobierno del Trienio liberal. La situación era de tal gravedad que incluso las potencias de la
Santa Alianza recuerdan a Fernando VII sus promesas de perdón y le piden que detenga la represión
pero ésta continúa y todavía en 1825 es ejecutado “El Empecinado”, uno de los guerrilleros que más se
había destacado en la Guerra de la Independencia, y en 1831 se condena a muerte a Mariana Pineda
por el único delito de haber bordado en su casa una bandera verde y blanca para los
constitucionalistas. No es de extrañar que los historiadores liberales hayan calificado a esta etapa
como la Década ominosa (nefasta, detestable). En los meses siguientes a la llegada del ejército del
Duque de Angulema se anulan las leyes promulgadas durante el Trienio: se restablecen los mayorazgos
y señoríos, se cierran universidades y periódicos y se devuelven los bienes de la iglesia. No se
restableció, sin embargo, la Inquisición, cuya supresión se convirtió a la postre en la única herencia del
trienio liberal.