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Recibido 29/01/2015, Aceptado 30/03/2015, Disponible online 30/04/2015
La Regulación de Alimentos y su Impacto en Salud Pública.
Pánel sobre la Búsqueda de la Sinergia entre la Industria, las
Asociaciones Académicas y Entidades Gubernamentales
Resumen preparado por: Gustavo Mosquera Arango1
1. Ingeniero Alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Consultor de numerosos proyectos en organismos
nacionales (Ministerio de Salud, INVIMA, ANDI) e internacionales (FAO en México, Latinoamérica y el Caribe,
Chile; CODEX, UNICEF, AECOM), y de compañías de alimentos en temas de legislación de alimentos,
inocuidad, BPM, HACCP, sistemas de gestión de inocuidad. Ganador en 2012 de Mención de Honor en el I
Premio ACTA a la Contribución Toda una Vida en Inocuidad
[email protected]
Los panelistas fueron:
En el pasado XII Congreso Internacional
del Ciencia y Tecnología de Alimentos,
CONACTA 2014, celebrado en Bogotá
entre el 22 y 24 de Octubre de 2014, se
efectuó un panel que analizó la
regulación de los alimentos, como asunto
de la mayor importancia para la industria
de los alimentos en el país.
En
dicho
panel
participaron
representantes
de
diferentes
organizaciones de carácter privado y
oficial, vinculadas al sector, con el objeto
de conocer sus puntos de vista sobre
aspectos relevantes de la regulación
nacional, y de propiciar una mayor
integración de los actores, generar
nuevas propuestas de participación para
avanzar en la construcción conjunta, el
mejoramiento y observancia de la
regulación como elemento fundamental
para la inocuidad y calidad de los
alimentos y la protección del consumidor.
Durante el panel moderado por Gustavo
Mosquera, seis destacados panelistas
respondieron tres preguntas sobre temas
relevantes de la regulación nacional,
formuladas por el comité organizador del
panel.
-
Carolina Lorduy, Directora de la
Cámara de la Industria de Alimentos
de la
Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia, ANDI.
-
Ana Silvia Bermúdez, directora
académica de ILSI Nor-Andino.
- Camilo Rozo, miembro Junta Directiva
Asociación Colombiana de Ciencia y
Tecnología de Alimentos, ACTA.
- Javier Muñoz, Director de la División de
Regulación
del
Ministerio
de
Comercio, Industria y Turismo.
- Blanca Cristina Olarte, Coordinadora
del Grupo de Calidad e Inocuidad de
Alimentos, del Ministerio de Salud y
Protección Social
- McAllister Tafur, Director Técnico de
Inocuidad e Insumos Veterinarios, del
Instituto Colombiano Agropecuario,
ICA.
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1. ¿Hacia la mejora para el control de los
alimentos, qué beneficios debería aportar
la organización que usted representa en
relación con el proceso reglamentario de
alimentos a escala nacional?
CAROLINA LORDUY: La Cámara de la
Industria de Alimentos de la Andi, como
organización gremial que agrupa a las
más importantes empresas productoras
de alimentos del país, aporta su
conocimiento técnico, “expertise” y
experiencia, tanto en Colombia como
internacionalmente,
para
que
los
procesos reglamentarios cuenten con
mayor soporte técnico y científico y de la
más alta calidad, así como más
referentes aplicados a escala mundial y
las experiencias en relación con ellos.
La industria de alimentos posee
también el conocimiento exacto de los
procesos y procedimientos técnicamente
posibles y viables, que garanticen la
inocuidad y la seguridad de los
alimentos, y puede aportar ese
conocimiento
en
los
procesos
regulatorios para enriquecer el referente
sobre el cual se diseña la normativa, de
manera que la regulación colme los
objetivos
de
salud
pública
que
legítimamente persigue, pero sin limitar
la capacidad de innovación y la
competitividad de las empresas.
De la mano con los reguladores y los
supervisores, la industria formal de
alimentos puede ayudar a llevar a las
empresas más pequeñas y a las
informales a elevar sus estándares de
calidad e inocuidad, de manera que
puedan cumplir con los requerimientos
internacionales que les permitan incluso
exportar sus productos, ampliando así
sus mercados y favoreciendo el
desarrollo económico y social del país.
La Cámara de Alimentos está
siempre lista a participar en las
instancias correspondientes para la
discusión de los proyectos, y sus
miembros están comprometidos a
aceptar las mejores prácticas en
beneficio del consumidor. Así mismo,
está permanentemente actualizando sus
solicitudes ante las autoridades sobre
normas que habiliten el uso de nuevos
desarrollos en el sector, permitiendo su
modernización y actualización para estar
a tono con las tendencias mundiales.
Igualmente, propendemos y facilitamos
las sinergias con otros actores de las
cadenas productivas y con otros actores
clave, como la academia como motor y
generador de conocimiento, ejerciendo
siempre
un
liderazgo
adaptativo
(entendido como un liderazgo capaz de
adaptarse al contexto cambiante).
ANA
SILVIA
BERMÚDEZ:
El
International Life Sciences Institute, ILSI
(por sus siglas en inglés), es una
organización global, sin ánimo de lucro,
con alta credibilidad, conformada por una
red global de científicos de los sectores
público y privado, que trabajan juntos
para proveer ciencia encaminada a
mejorar la salud pública y el bienestar del
ser humano. Para ello, ILSI se orienta a
identificar
desafíos
emergentes,
colaborar en la armonización de políticas
y procedimientos, y a promover el
diálogo científico entre expertos de
diferentes sectores de la sociedad en
cuatro áreas: inocuidad del agua y los
alimentos; toxicología y evaluación del
riesgo; nutrición, salud y bienestar, y
agricultura sostenible y seguridad
alimentaria. Además, actúa como ente
consultivo especializado ante la FAO.
ILSI cuenta con dieciséis sucursales, una
de las cuales es ILSI Nor-Andino,
conformada por Ecuador, Venezuela y
Colombia.
Dado su carácter, ILSI Nor-Andino
gestiona y analiza la evidencia científica
disponible, así como su pertinencia en
los contextos local y regional, que
permita soportar la generación y
actualización de la reglamentación en
alimentos,
bien
facilitando
el
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acompañamiento de expertos durante los
procesos de revisión del estado del arte
o bien mediante la realización de
jornadas
académicas
abiertas
a
representantes de los sectores público y
privado.
CAMILO ROZO: ACTA ha sido la entidad
pionera en la difusión de la legislación
alimentaria en el país. En todos los
congresos y seminarios nacionales e
internacionales que ha organizado, se
han destinado espacios para tratar este
tema,
así
como
en
numerosos
seminarios y conferencias realizados en
treinta y nueve años de actividades.
ACTA
ha
invitado
a
muchos
conferencistas extranjeros, quienes han
presentado los aspectos internacionales
de
la
legislación,
y
continuará
adelantando todos los esfuerzos para
seguir siendo el punto de encuentro, de
análisis y de divulgación de la legislación
alimentaria.
JAVIER
MUÑOZ:
Los
beneficios
aportados por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo están relacionados
con la introducción de las buenas
prácticas
regulatorias
en
la
reglamentación
técnica
alimentaria
nacional, entre ellos:
- La introducción y desarrollo del análisis
de impacto normativo, conforme se
establece en el Decreto 1471 del
2014, por el cual se reorganiza el
Subsistema Nacional de la Calidad y
se modifica el Decreto 2269 de 1993.
- La planificación regulatoria, a través del
Programa Anual de Reglamentos
Técnicos.
- El seguimiento a la práctica de la
revisión periódica de los reglamentos
técnicos.
- La fundamentación de los reglamentos
técnicos en las normas técnicas
internacionales y nacionales, a través
de los organismos de normalización,
como el Codex Alimentarius y el
Programa Anual de Normalización.
BLANCA CRISTINA OLARTE: El
proceso reglamentario es la base para el
control de alimentos. En los últimos años,
el Ministerio de Salud y Protección Social
ha desarrollado una agenda normativa
que cubre en gran parte los sectores
relacionados con alimentos y bebidas.
Entre los beneficios encontramos:
disminución de las enfermedades
transmitidas por los alimentos (ETA);
actualización de la reglamentación,
teniendo en cuenta los cambios
tecnológicos y los estilos de vida, y
facilitación del comercio internacional.
MCALLISTER TAFUR: En términos
generales, el beneficio que debería
aportar el ICA en el proceso
reglamentario de los alimentos, sería un
cuerpo normativo sencillo y claro sobre la
gestión de riesgos, particularmente,
químicos y biológicos, en la producción
primaria. Estas normas de producción
primaria deben estar hilvanadas con las
normas del siguiente eslabón de la
cadena alimentaria y comprender de
manera integral los riesgos que afecten
de manera evidente la inocuidad de los
alimentos. Podríamos decir que abordar
con perspectiva integral de cadena
alimentaria, el proceso normativo que le
corresponde en función de sus
competencias.
2. ¿Qué cambios o avances desearía
ver en la legislación alimentaria, y por
qué?
CAROLINA LORDUY: La legislación en
materia alimentaria requiere estar
permanentemente actualizada, conforme
a los avances de la ciencia y los nuevos
descubrimientos
en
materias
de
inocuidad y de nutrición. En otros casos,
se requiere hacerla coherente con
parámetros
internacionalmente
aceptados. La existencia de normas
aisladas
de
los
referentes
internacionales, no solamente facilita la
ilegalidad e incentiva la informalidad, sino
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que constituye un grave obstáculo para
la competitividad de las empresas formal
y legalmente establecidas, en perjuicio
del aparato productivo, sin beneficios
tangibles para el consumidor.
Es
preciso
avanzar
hacia
reglamentaciones armonizadas con otros
países, que permitan un mayor grado de
integración comercial con el mundo,
política que ha sido adoptada por el
Estado
colombiano
como
política
comercial.
En la actualidad, es primordial que
las autoridades sanitarias revisen los
proyectos normativos que se han
notificado en relación con la clasificación
de alimentos de riesgos medio y alto,
puesto que se están incluyendo
elementos nutricionales que son ajenos
al riesgo sanitario y que por lo tanto no
deben hacer parte de esta legislación. De
igual forma, este proyecto de norma no
encuentra sustento en ningún referente
conocido ni se conocen los estudios que
lo soportan.
La reglamentación debe también
evitar la estigmatización de cualquier
alimento, pues no existe ninguno que
consumido en las cantidades y en las
condiciones de inocuidad adecuadas
pueda ser causa de enfermedades u
otras condiciones. De igual manera, no
es correcto que la legislación tienda a
menospreciar
ciertos
productos,
subproductos o ingredientes porque no
tienen las mismas calidades nutricionales
que otros.
Por último, la reglamentación que se
expida debe siempre considerar la
capacidad del Estado y las instituciones
colombianas para supervisar, vigilar y
controlar su cumplimiento y sancionar a
los infractores, pues de otra manera lo
que termina pasando, como ocurre con
frecuencia, es que se desgasta el
limitado aparato estatal en la vigilancia
de las empresas legales y formales –que
cumplen con las normas–, mientras que
la ilegalidad y la informalidad se
incrementan y se alimentan de esa
limitada capacidad de control.
NOTA DE LA DIRECCIÓN. Queremos
informar a los lectores que el 11 de
marzo de 2015 el Ministerio de Salud y
Protección
Social
expidió
la
Resolución 719 de 2015 “Por la cual
se establece la clasificación de
alimentos para consumo humano de
acuerdo con el riesgo en salud
pública”.
Según la Resolución, cualquier
modificación o actualización de la
misma, será propuesta por la Sala
Especializada de Alimentos y Bebidas
Alcohólicas (SEABA) de la Comisión
Revisora del INVIMA.
CAMILO ROZO: Tradicionalmente, la
legislación nacional ha estado atrasada
con
respecto
a
la
legislación
internacional. Se necesita que las
entidades del gobierno responsables
sean más dinámicas y oportunas para
mantener una legislación actualizada,
que permita a la industria de alimentos
responder a las nuevas tendencias
internacionales. Es importante que se dé
el proceso de actualización de la
legislación y el fortalecimiento del
Sistema de Control por parte del
gobierno.
JAVIER MUÑOZ: Mayor fundamentación
en las normas técnicas internacionales,
dependiendo del riesgo que se desee
precaver, porque con esta práctica se
pueden armonizar en mejor forma los
reglamentos técnicos, fortaleciendo la
protección de los consumidores y el
comercio internacional.
Fortalecimiento de instrumentos de
evaluación de la conformidad, porque su
aplicación contribuye a dar seguridad a
los actores del aparato productivo
nacional y a mejorar la inocuidad de los
alimentos.
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No incluir las exportaciones de
alimentos en el ámbito de aplicación de
los reglamentos técnicos nacionales,
porque los requisitos para importar,
normalmente son diferentes a los
establecidos para exportar alimentos;
estos últimos dependen estrictamente de
la regulación del país de destino de los
productos. La práctica de exigir los
mismos requisitos para importar y
exportar en los reglamentos técnicos
nacionales puede crear obstáculos
innecesarios
para
el
comercio
internacional.
BLANCA CRISTINA OLARTE: Siendo el
Ministerio de Salud y Protección Social
una entidad rectora, procura estar en los
escenarios de actualización, de tal forma
que se dé respuesta a los cambios
generados a escalas nacional e
internacional.
Actualmente,
se
cuenta
con
reglamentos transversales y reglamentos
específicos, acordes con lo establecido
en la Ley 09 de 1979, “Por la cual se
dictan medidas sanitarias”.
Teniendo en cuenta la respuesta de
la pregunta número 3, nos gustaría
contar con información unificada de la
inspección, vigilancia y control de
alimentos y bebidas, que nos muestre
realmente lo que pasa a escala territorial,
la cual, de acuerdo con las directrices del
Plan Nacional de Inspección, Vigilancia y
Control, estaría basada en el enfoque de
riesgo.
MCALLISTER TAFUR: Una legislación
construida con la perspectiva de cadena
alimentaria.
3.
¿Cómo
podría
mejorarse
la
observancia de las leyes y reglamentos
alimentarios?
CAROLINA
LORDUY:
Como
lo
mencionamos arriba, asegurándose cada
vez que se vaya a expedir una norma, de
que existe la capacidad de supervisar su
cumplimiento. Es urgente establecer
mecanismos formales de coordinación
entre las autoridades que vigilan y
sancionan las diferentes formas de
ilegalidad, que no se limiten a la buena
voluntad de los funcionarios de turno,
sino que se institucionalicen y formalicen
de manera que permanezcan en el
tiempo y sean efectivos.
Se deben privilegiar la identificación
y la persecución de la ilegalidad sobre la
permanente revisión de la industrial legal
y formal. No quiere decir que se
abandone la supervisión de esta, sino
que se utilicen los recursos estatales
para
acciones
que
impacten
verdaderamente la salud de los
colombianos y otros bienes jurídicos
protegidos.
Deben implementarse incentivos
para la formalidad, que en materia
regulatoria se traducen en una regulación
razonable –tanto en cantidad como en
calidad–, clara y fácil de entender, la
supresión de trámites innecesarios y la
facilitación de los existentes, y en la
adopción de reglas que obedezcan única
y exclusivamente a motivos de salud
pública (inocuidad) y no a otras
consideraciones ajenas a los propósitos
del estado en esta materia.
Igualmente,
deben
concederse
plazos
razonables
para
la
implementación de las normas, en
función de su complejidad, y tener en
cuenta los diferentes tamaños de
empresas.
Es imprescindible comenzar a
trabajar consistentemente en el impacto
de las regulaciones, cuandoquiera que
estas están buscando un efecto
específico. Sin esta medición de impacto
es incierta la efectividad de las normas y
podría
estarse
desgastando
innecesariamente el aparato estatal y
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perjudicando el productivo. Se necesita
información completa en el mercado, es
decir, estadísticas comunes y líneas de
base,
que
contribuyan
con
la
construcción de análisis efectivos para la
elaboración de reglamentaciones y para
la evaluación de su impacto.
ANA
SILVIA
BERMÚDEZ:
La
observancia de las leyes y reglamentos
alimentarios podría mejorarse con la
participación de todos los sectores de la
cadena:
fabricantes,
distribuidores,
comercializadores,
promotores
y
consumidores, así como los reguladores
y la academia, esta última como
multiplicadora y facilitadora del mejor
entendimiento de la regulación en
alimentos, la cual debe promoverse
desde la infancia. El resultado esperado
sería contar con consumidores cada vez
mejor informados para que puedan tomar
mejores decisiones de compra o
consumo.
CAMILO ROZO: Dos actores principales:
legislador y legislado. Por parte del
legislador: mejorar la educación y
divulgación de las normas, así como
mejorar los sistemas de control del
cumplimiento de la legislación y de la
publicidad. Ahora bien por parte de la
industria de alimentos se requiere mayor
observancia de las normas y de la ética
en la publicidad de los alimentos.
JAVIER MUÑOZ: A través de la
sensibilización de una cultura de
consumo con calidad, el fortalecimiento
de los procedimientos de evaluación de
la conformidad, la tercerización de
actividades de soporte a las labores de
inspección, vigilancia y control, y la
vigilancia activa y permanente del
mercado.
BLANCA CRISTINA OLARTE: En este
momento, el país se encuentra en la
organización del Modelo de Inspección,
Vigilancia y Control (IVC) de Alimentos,
el cual le permitirá al país contar con un
marco de referencia que incorpore el
análisis de riesgo y gestión de asociados
al uso y consumo de bienes y servicios a
lo largo de todas las fases de las
cadenas productivas, con el fin de
proteger la salud humana individual y
colectiva, en un contexto de seguridad
sanitaria nacional.
Dicho modelo se basa en los
siguientes principios: integridad e
independencia, transparencia, eficacia y
eficiencia, calidad, previsión, unidad y
complementariedad y concurrencia.
Este modelo plantea la formulación
del Plan Nacional de Inspección,
Vigilancia y Control, el cual, al ser único,
se convierte en un instrumento para la
mejora del sistema de IVC, ya que
plantea las actividades por desarrollar en
el tema. A un futuro, se espera contar
con informes que den cuenta de dichas
actividades, y de esta forma estar en
mejora continua.
El trabajo operativo de dicho plan
será desarrollado por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, Invima, y las entidades
territoriales de salud, para lo cual se
debe contar con la información
estandarizada de las acciones de
inspección, vigilancia y control.
MCALLISTER TAFUR: La observancia
de las leyes y reglamentos podría
mejorarse de la siguiente manera:
- Comunicando a los sujetos de
control y las partes interesadas el
contenido de las normas, su importancia
en conservación de la inocuidad de los
alimentos y el riesgo que entraña su
incumplimiento. En este contexto, y
adoptando de manera preferente la
herramienta de análisis de riesgo en
materia de inocuidad de alimentos, lo
anterior
correspondería
a
la
comunicación de riesgo. Es decir, en la
medida en que los sujetos de control
comprendan el porqué de la norma y su
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importancia, en una gran proporción
optarán por su cumplimento y por la
autogestión.
- Estableciendo mecanismos que
permitan
reconocer
públicamente
aquellos actores de la cadena alimentaria
que cumplen con las normas. De la
misma manera, dando a conocer
aquellos que no las cumplen, como una
suerte de sanción social, sobre la base
de que los ciudadanos deben tener
acceso
a
esta
información
(transparencia).
- Fortaleciendo la capacidad de
inspección vigilancia y control de la
autoridades sanitarias. Haciendo más
expeditos y eficaces los procesos
sancionatorios.
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