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Programa de la Unión Patriótica
Convocatoria al pueblo y la
nación colombiana
En su II Congreso Nacional la Unión Patriótica convoca al pueblo colombiano,
campesinos, obreros, empleados y empresarios, a los soldados y guerrilleros,
a los laicos y sacerdotes, a los intelectuales y estudiantes, científicos y
profesionales, a los movimientos sociales, cívicos, regionales y políticos en
general, a la tarea histórica de construir conjuntamente una Patria nueva y una
nueva institucionalidad, a conformar una democracia participativa y pluralista,
que haga posible una paz duradera y una vida digna en nuestro país para
nuestro pueblo.
Nos proponemos identificar las necesidades y aspiraciones del pueblo en su
lucha heroica por la defensa y dignificación de la vida y plena vigencia de los
derechos humanos, garantías sociales, familiares e individuales. Porque toda
la nación sabe hoy que la supervivencia y desarrollo de la Unión Patriótica es
el símbolo y el testimonio más claro de lo que será la derrota de la violencia
social y la guerra sucia en Colombia, sustituyéndolas por la justicia y la
equidad.
El II congreso de la Unión Patriótica, se realiza dentro de un proceso de viraje
en la vida nacional, que apunta hacia cambios, no solo en el régimen de
gobierno o el Estado sino en el modelo económico vigente de dependencia,
centralización y concentración de poder y la riqueza.
La solución capitalista de la crisis, apoyada en la “ventanilla siniestra” con la
siniestra justicia privada que la acompaña, no tiene perspectivas como
alternativa democrática nacional y ha terminado enfrentándose ya no solo a la
sociedad civil sino al propio Estado
Para los albores del siglo XXI, proponernos construir en Colombia una
democracia integral que logre real participación popular en lo económico,
político, social y cultural, Un régimen que borre hasta las últimas huellas del
absolutismo, la violencia y la injusticia social, que han acompañado
secularmente la vida republicana y que rescate los valores institucionales y
democráticos de nuestras mejores tradiciones populares nacionales.
Nuestro compromiso fundamental, como destacamento democrático, es el
conjunto del pueblo colombiano, con voluntad unitaria, dentro de la
cooperación y solidaridad con todos los pueblos del mundo, especialmente
con nuestros hermanos de América Latina.
Estamos por la construcción y convergencia en un amplio frente, a la vez
político y social, que busque la unidad de civiles y militares patriotas, que
respete la autonomía de las diversas organizaciones partidistas, cívicas y
comunitarias, que sea capaz de derrotar dentro del Estado la y la vida
nacional toda forma de justicia privada y “guerra sucia”, que remplace la
confrontación con la concertación, las armas por las urnas y la violencia por el
dialogo, como medio para conquistar una vida digna, civilizada, segura y
solidaria para todo nuestro pueblo.
La Unión Patriótica es el movimiento político pluralista y democrático de la
contemporaneidad colombiana. Es el movimiento que surge en el país con el
nacimiento del poder local y sus alcaldías populares. Por lo tanto nuestra
bandera principal es la toma de conciencia que de este es un país de regiones
y que todas las soluciones, empezando por la paz, se definen en los contextos
regionales sin perjuicio de la unidad nacional. Por esta razón el programa de la
Unión Patriótica propone desarrollar conjuntamente la participación del pueblo
en la vida democrática, local y regional, como esencia de los fueros
municipales e impulso a sus formas asociativas.
Para el cumplimiento de los propósitos nacionales populares, la Unión
Patriótica plantea la inaplazable necesidad de organizar un nuevo Estado,
eficiente y democrático que incorpore enérgicamente la ciencia y la tecnología
al servicio del desarrollo colectivo.
Ante el pueblo colombiano convocamos también al Estado a llevar adelante la
política nacional de no alineación hasta lograr las relaciones y el frente común
con todos los hermanos de América Latina y del Caribe por la moratoria
indefinida de la deuda externa, liberando estos recursos con destino al
desarrollo social; por la plena soberanía y no intervención en los asuntos
internos de los Estados y la cooperación, ayuda mutua y relaciones
económicas y comerciales con ventajas reciprocas. La vigencia de un Nuevo
Orden Económico Internacional y Nacional y la eliminación de los elementos
impuestos como la “Doctrina de la Seguridad Nacional” que humilla y
subordina
a
nuestros
ejércitos,
deformando
nuestro
desarrollo
socioeconómico, afirmarían la independencia y soberanía popular y nacional.
Estamos invitando a la integración democrática y nacional a declararle la
guerra a la guerra, al desempleo, al atraso, a la inseguridad, para colocar la
economía y el Estado al servicio del hombre, la sociedad y la defensa de los
recursos naturales, como garantía colectiva para la consolidación del progreso
común y el asentamiento sólido de la paz democrática.
Proponemos a la consideración del II Congreso Nacional de la Unión Patriótica
y al conjunto del pueblo colombiano, un Proyecto Programático, que apunta a
reformar para transformar. El programa, deberá ser el resultado de una amplia
consulta y concertación popular, que pueda servir como instrumento de
movilización consciente hacia la construcción de un gobierno de integración
democrática y nacional que oriente el cambio histórico y social.
Los grandes objetivos propuestos en el Proyecto de Programa General, se
orientan hacia un cambio efectivo en las estructuras de la sociedad
colombiana, sobre las bases de una democracia integral, que contenga:
1.
2.
3.
4.
5.
Democracia política
Democracia económica
Democracia social
Democracia cultural
Democracia internacional
Capítulo I
1. Democracia política
1.1 Formulación:
La democracia política supone un Estado social de derecho que garantice
al pueblo no solo la representación sino la real participación en la vida nacional
y en los centros de decisión y poder del Estado.
El pueblo debe reasumir sus funciones y derechos como constituyente
primario, así como la defensa practica y cotidiana de los derechos y garantías
individuales y sociales, eliminando los rezagos del monopolio bipartidista
dentro de una democracia pluralista y avanzada.
El fortalecimiento y ampliación del poder local, regional y nacional, requiere
de mecanismos amplios para la participación de la ciudadanía y las
organizaciones sociales en las decisiones institucionales.
Para el ejercicio libre y responsable de la democracia política, es necesario
eliminar todo género de subordinación, violencia y justicia privada, y afirmar la
democratización, unidad y depuración de derechos humanos y la sociedad
civil.
Para la Unión Patriótica la legitimidad y consolidación del proceso electoral
pasa prioritariamente por la conquista y consolidación de la paz democrática
y las plenas garantías y protección a sus legítimos derechos, por parte de
todas las instituciones del estado y del conjunto de las fuerzas políticas y
sociales.
1.2
Propuestas Programáticas:
Dentro de este esquema general, enunciamos algunos puntos de reformas
democráticas, constitucionales y legales:
** Reformas del artículo 218 de la Constitución Nacional, acogiendo la
propuesta materia del artículo 87 de la reforma aprobada en la Legislatura de
1988, en el sentido de restaurar al pueblo el derecho inalienable como
constituyente primario, a través del plebiscito y el referéndum, junto con la
convocatoria de una Asamblea Popular nacional Constituyente, con amplia
participación ciudadana, de los movimientos políticos, sociales y de las
organizaciones comunitarias, previa información y discusión, deliberativa y
suficiente, del temario y sus contenidos fundamentales. . esta consulta popular
puede realizarse a través de las estructuras municipales y de as comunidades
organizadas.
** Reglamentación complementaria del Acto Constitucional Numero 1 de
1986, sobre la consulta popular a nivel municipal, ampliando la democracia
participante en los temarios y frecuencias de los plebiscitos locales.
** Iniciativa popular para las propuestas legislativas a nivel nacional, regional
y municipal.
** Circunscripción electoral y cuociente electoral nacional y régimen especial
para la representación directa de las comunidades indígenas.
** Creación de distrito y corregimientos autónomos indígenas que no dividan
sino unifiquen los resguardos y garanticen la autonomía político –
administrativa de los indígenas.
** Voto obligatorio y capacitación para el ejercicio de los derechos
ciudadanos, con el fin de superar la abdicación electoral y respaldar con la
conciencia el voto libre del clientelismo y el mercado tradicional.
** Financiación reglamentada de las campañas electorales y acceso
democrático a los medios masivos de información y comunicación.
** Reformas al Código Electoral y organización del poder electoral, con
representación multipartidaria.
** Estatuto de las minorías, para garantizar a las colectividades político –
partidistas, distintas de los partidos tradicionales, la representación en los
cuerpos colegiados de elección popular.
** Elección popular de gobernadores, procurador general de la nación,
contralor nacional y personeros municipales con la función específica de
defender los derechos humanos y representar el interés de las comunidades.
** Establecer la elección popular de alcaldes y concejos zonales, integrando
concejos metropolitanos para las ciudades capitales e intermedias que tengan
división político– administrativa zonal.
** Elevar a la categoría de departamento a las intendencias y comisarias de
los territorios nacionales, denominación de estirpe colonia que debe ser
suprimida.
** Obligatoriedad de la presentación de programas concretos y viables para
los postulados y candidatos a cargos de representación popular y
establecimiento reglamentado de informes periódicos y revocabilidad del
mandato electoral.
** Representación y participación orgánica de los movimientos sociales y
organizaciones comunitarias en las instituciones del estado, que tengan
relación con planes y programas de desarrollo social.
** Modificación del régimen de “estado de sitio”, garantizando el derecho de
reunión, asociación, información y movilización ciudadana, y prohibición del
juzgamiento de civiles por Tribunales Militares.
** Derogatoria de toda limitación por razones partidistas, con pleno respeto al
pluralismo democrático, en las instancias del Poder Judicial y Electoral y en
todos los niveles del Estado, sufrimiento los efectos residuales del artículo 12
de la actual Constitución Nacional.
** Ampliación de la libertad y derechos de asociación a las organizaciones
comunitarias y sociales, generalizando el silencio administrativo positivo
aplicable a las peticiones para la obtención de las personerías jurídicas.
** Reglamentación inmediata de la Ley 11 de 1986, precisando la delegación
de atribuciones de los concejos municipales a las junta de administración local
o zonal, asignado de presupuesto adecuado al territorio, población, estrato
socioeconómico, priorización de servicios y necesidades, etc. Determinar la
iniciativa para los concejos en lo relacionado con la división políticoadministrativa en comunas y corregimientos. Ampliar la representación en las
juntas directivas de las empresas de servicios públicos y sociales, incluyendo
las que se privaticen a los usuarios, propietarios o no, y a los pobladores que
carecen d e servicios.
** Determinar en la reglamentación de la Ley 11 de 1986 la elección popular
de 7 representantes de la comunidad respectiva a las juntas de administración
local o zonal y consignar la iniciativa legislativa y participación responsable de
las organizaciones comunitarias de pobladores en días juntas.
** Reforma del decreto 77 de 1977 y reglamentación en el sentido de
establecer una autentica descentralización político-administrativa con
suficientes recursos técnicos y presupuestales, para atender las nuevas
responsabilidades del municipio que antes correspondían a la nación. Deben
superarse los criterios y prácticas de simple desconcentración funcional
administrativa cuyo producto es la catalizacion de problemas por parte de las
comunidades locales y los municipios mendicantes. Además, en el proceso de
descentralización, deben respetarse los derechos adquiridos y la estabilidad
laboral de los trabajadores del Estado, así como consignar la participación
comunitaria en los respectivos establecimientos públicos y sociales.
** Organización del Distrito Especial de Bogotá, como distrito capital, con
alcaldía mayor, alcaldes y concejos zonales de elección popular, integrando un
Concejo central metropolitano. La comunidad tendría iniciativa ante los
concejos y representación popular de las juntas de administración zonal y las
empresas de servicios públicos y sociales. Los concejos zonales tendrán
presupuesto propio y planificación del desarrollo zonal, integrado al
presupuesto y plan integral de desarrollo de la capital. La planificación tendrá
carácter de participante.
1.3 Consideraciones:
El problema esencial de la reforma del Estado, como expresión de la
democracia política, radica en la naturaleza no solo cuantitativa sino cualitativa
de esos cambios y en el grado de participación popular real; en su
composición social, en la planificación participante, en la orientación de las
inversiones, en el control social y la dirección general de la economía, como
política con claros programas y fines de desarrollo social redistributivo.
La democracia política de un Estado social de derecho, organizado científica y
técnicamente para garantizar a nivel constitucional e institucional, amplios
espacios de participación popular y control social, que permita en la práctica
política y democrática y presupuestal, superar el clientelismo, la manipulación
burocrática, la corrupción y el monopolio del poder.
La democracia política debe avanzar de lo simplemente representativo a los
niveles participativos, ampliando las consultas populares y el ejercicio de la
democracia permanente sustentada en programas, mandato revocable
capacitación y educación ciudadana para que el ejercicio electoral deje de ser
la consignación periódica de “cheques en blanco” donde desaparece el vinculo
entre el elector y el elegido en el momento del ejercicio representativo. Detrás
de cada voto debe existir la conciencia ciudadana y la plena libertad de
elección y participación en una democracia pluralista, moderna y avanzada.
El estado, organizado sobre nuevas bases, orientado como una estructura de
servicio de la comunidad, en una nación atrasada ty sometida a tremendas
desventajas, presiones y desigualdades internas y externas, deben contribuir
eficaz y diligentemente con su intervención a suprimir los privilegios injustos e
inequitativos y a impulsar y regular el desarrollo económico, basado en
prioridades sociales y nacionales y en la defensa de los recursos naturales y la
propiedad del pueblo.
Capítulo II.
2. Democracia económica
2.1 Formulación:
El fundamento de la democracia económica, con perspectiva popular, exige la
integración de un nuevo modelo de desarrollo alternativo, que haga posible la
igualdad de oportunidades, superando el injusto, inequitativo e ineficiente
sistema semicapitalista colombiano, montando sobre privilegios la servicio de
los monopolios y oligopolios, nacionales y transnacionales en lo económico; y,
en dinastías y oligarquías en lo político, característica dominante de la actual
estructura de la sociedad colombiana.
La organización planificada y democrática de la economía que imponga el
equitativo reparto y el pleno empleo de la riqueza nacional entre las clases
sociales que integran la nación, estimulando el desarrollo armónico de nuestra
economía basado en el principio de que el interés social debe primar sobre el
restringió interés particular o de grupo privilegiado, constituye la filosofía del
nuevo modelo. Este principio debe tener aplicaciones prácticas como el
condicionamiento de la protección arancelaria y la planificación participante,
para que no solamente se favorezca con la protección a reducidos sectores
manufactureros sino que se amplíe a los consumidores y productores de
materias primas y alimentos.
La organización de la economía nacional en beneficio de las mayorías supone
el uso social del excedente y sus inversiones en unidades productivas nuevas
de utilidad social y nacional, afirmada sobre la ampliación del mercado interno
de masas. Esta alternativa económica, conlleva la necesaria intervención
pública y social, para producir el cambio en la concentración de capitales
especulativos y parásitos, cuyo horizonte es el consumo suntuario y la fuga del
ahorro nacional, producto del trabajo colectivo. Esta situación debe
transformarse mediante una acción que fomente el ahorro y la inversión en los
sectores nacional y socialmente prioritarios y productivos.
Dentro de esta nueva economía, la tendencia a la concentración del capital,
la desnacionalización y descolombianizacion de las empresas, públicas y
privadas, deberá detenerse con el fin de preservar el patrimonio del pueblo en
función de una sana política de defensa económica nacional.
La afirmación de la soberanía económica nacional y el desarrollo económico
democrático, solidario e independiente, incorpora además de la planificación
participante, el control social y publico de sectores del comercio exterior y de
los recursos vitales y estratégicos de la Nación, junto con el desarrollo
enérgico de la economía solidaria y sus variadas formas asociativas, dentro
del contexto del pluralismo económico. El nuevo modelo economía
garantizaría, la redistribución social de la renta, la difusión del capital y
aplicación de los excedentes generados por el trabajo nacional, dentro de un
proceso productivo y distributivo, progresista y democrático.
El modelo orientado a la expansión del mercado interno, deberá propiciar los
planes de desarrollo local y regional, el fomento a las iniciativas y acciones de
producción asociativa, sustentadas en el trípode económico y social:
estabilidad, progreso y justicia social. El actual modelo exportador tendría así
un carácter complementario y no como sustituto de los abastecimientos y
ampliación del mercado domestico. El desarrollo se concibe como un modelo
solidario que produzca simultáneamente le eficiencia económica con eficiencia
social.
La lucha contra la devaluación e inflación constante, debe combatirse con
mayor producción y mediante la progresiva “desupaquizacion” o indización de
la economía. El alza en los precios y tarifas de servicios públicos, debe
desconectarse de la deuda externa en defensa de los intereses populares.
2.2. Propuestas programáticas:
Los puntos programáticos como lineamientos hacia un Plan Económico
Popular:
** Incorporar el tercer sector de la economía: La economía solidaria, en el
título III de la Constitución Nacional, con plenas garantías y derechos para las
formas asociativas de la producción, integrándolas como subsistema dentro
del sistema general de pluralismo económico, social y nacional.
** Modificar la constitución para facilitar expropiaciones por vía administrativa
y no solo judicial, en lo relativo a la reforma agraria, urbana y de recursos de
petróleos y minerales.
** Ampliar la aplicación legal de las figuras jurídicas sobre extinción y
prescripción adquisitiva del dominio, con el objeto de democratizar la
propiedad.
** Aplicar los mandatos constitucionales sobre monopolios y expropiación sin
indemnización por razones de equidad o interés común, a las inversiones
antisociales o propiedades ociosas, sustraídas a la actividad productiva.
** Controlar y limitar las prácticas monopólicas y oligárquicas, en defensa de
los productores independientes y consumidores en general, manteniendo la
vigilancia permanente en los precios y calidades en relación con los costos
competitivos reales. Promover la apertura de las sociedades cerradas de
capital monopolista convirtiéndolas en formas asociativas, con el objeto de
ampliar y democratizar la propiedad y sus beneficios.
** Los yacimientos de petróleo, gas y minerales estratégicos, que aun son de
propiedad privada, serán nacionalizados y sometidos al control fiscal y social.
Debe aplicarse la expropiación sin indemnización a las empresas que
mediante contratos de asociación o concesión lesionen los intereses de la
nación. Se aumentaran las regalías de los contratos de explotación de
petróleo, gas y minerales, teniendo en cuenta el costo de producción y
garantizando al Estado la condición de operador en todo contrato de
explotación y comercialización.
** establecer la planificación económica participante y democrática como
condición para la formulación de l Plan Nacional que anualmente deberá
presentar el ejecutivo nacional a la aprobación del congreso, previa
presentación de prioridades por parte de la organizaciones comunitarias y las
estructuras municipales. El Plan Anual deberá articularse con el presupuesto
general de la nación y armonizar con los planes de desarrollo local y regional y
los programas sectoriales de reforma agraria, urbana, financiera, industrial, etc.
** promover la descentralización económica, industrial y agroindustrial, a
base de privilegiar polos de desarrollo, planes y programas regionales para
revitalizar las zonas periféricas e impulsar el desarrollo de distritos fronterizos.
** Diseñar un plan quinquenal para desmontar en forma progresiva la
indización (upaquizacion) de la economía convertida en inflación institucional
mediante políticas de impulso a la producción y abastecimiento de la demanda
interna para regular los precios e ingresos dentro de un programa sostenido de
estabilización y lucha contra la inflación.
** Reforma industrial, manteniendo la protección a la producción nacional,
pero condicionándola en el sentido de ampliar la producción, mejorar la
productividad, calidad y competitividad, para aumentar los ingresos al trabajo y
estabilizar los precios.
** Estatuto sobre la inversión extranjera, mediante reglamentación que
canalice la utilización selectiva de estos recursos en unidades nuevas, sin
condiciones coloniales, que aporten tecnología y generen excedentes para el
país.
** Prohibir mediante canon constitucional emociones monetarias para
financias empresas de carácter capitalista privado, que han venido auxiliando
las quiebras y fraudes con los recursos públicos del Estado y la comunidad.
** Programar un autentico presupuesto de divisas, concertado con las
fuerzas productivas y sociales, para el pleno aprovechamiento del poder de
compra externo del país en función del desarrollo integral de la nación.
** La política de endeudamiento externo deberá orientarse mediante la
contratación de créditos a largo plazo y tasas de interés estable y de fomento,
articulando compromisos con el crecimiento del producto Interno Bruto y el
equilibrio fiscal.
** La deuda externa deberá ser renegociada en términos de diferir las
amortizaciones de capital e interese, mediante la reducción o condonación,
con el fin de liberar recursos para el desarrollo social y aliviar los compromisos
de las empresas de servicios públicos que incidan en las tarifas.
** subsidiar las empresas de servicios publicos y sociales con el producto de
los impuestos a grandes capitales y regalías y establecer tarifas diferenciales
en consideración a los estratos socio-económicos de los usuarios.
** Reducir los presupuestos públicos destinados al servicio de la deuda
externa al limite de no afectar las inversiones y el funcionamiento de la
economía estatal.
** Establecer legalmente al apropiación en el presupuesto nacional del
equivalente al 2% del producto Interno Bruto –PIB- con destino a la
investigación en los campos de la ciencia y la tecnología par impulsar el
desarrollo económico y social del país.
** Reforma fiscal que consiste en el establecimiento de impuestos
progresivos sobre tierras y capitales ociosos, especulativos o mal empelados,
desde el punto de vista del interés nacional y social; reducción de los
impuestos indirectos a los consumos populares, al trabajo, a las pequeñas
rentas y a los pequeños establecimientos
industriales y comerciales.
Exenciones fiscales a las unidades productivas asociativas para estimular su
producción y desarrollo. Esta reforma exige la trasformación del Presupuesto
público en un Plan Económico del Estado tendiente a la programación y
promoción del desarrollo económico nacional con contenidos populares.
** Sustituir el impuesto al valor agregado –IVA- como financiación de la
descentralización municipal, por incrementos en las regalías petroleras,
gasíferas y minerales e impuestos progresivos a los grandes capitales y
grandes propiedades. Entre tanto aumentar las transferencias a los municipios
para atender las nuevas cargas presupuestales generadas por la
descentralización.
** Defender la inversión nacional en el sector bancario con el objeto de
garantizar la soberanía económica y monetaria del país en el sistema
financiero, bajo el control público y social colombiano.
** Reformar el sistema bancario y financiero en general, para mejorar su
eficiencia y responsabilidad operacional y regular la reducción de las tasas de
interés sin comprometer el patrimonio nacional.
** Creación de la banca de fomento, como sector nacionalizado,
estableciendo líneas de crédito y fondos especializados para financiar el
desarrollo integral de la economía y las nuevas inversiones sectoriales:
agropecuarias, pesca y minería artesanal, industria y manufactura,
específicamente bajo formas asociativas. La banca de fomento deberá
desagregarse del sistema privado de la banca comercial capitalista.
** Constitución del Fondo financiero para consolidar y desarrollar el sector
cooperativo y de economía solidaria en sus diversas formas asociativas, con
participación en su dirección y manejo de las organizaciones del sector.
** Elevar a la categoría de Ley el decreto 2536 de 1986 sobre el Concejo
Nacional de Economía Solidaria creando el Fondo Financiero Comunitario, el
Banco de Proyectos y el área de asistencia técnica para la promoción y gestión
empresarial asociativa.
** Fortalecer las empresas industriales y comerciales del estado, mediante
una política de inversiones rentables con autonomía financiera, riguroso control
público y social de la gestión ética y de la eficiencia administrativa.
** Profundizar la reforma agraria democrática mediante la limitación y
redistribución nacional de la tenencia territorial, eliminado el latifundio y
minifundio, social y económicamente improductivos. Estimular las formas
asociativas en la producción agropecuaria y promover unidades agrarias
cooperativas y empresas agroindustriales en el campo. Apoyar las propuestas
de modificaciones a la actual Ley de Reforma Agraria planteadas por las
organizaciones campesinas.
** Desarrollar una política de colonización dirigida y de reasentamiento de
pobladores con pleno apoyo del estado para el establecimiento de unidades
productivas generadores de trabajo estable y ampliamente remunerativo. Esta
estrategia permitirá la defensa del ecosistema con sus variables ecológicas,
energéticas, de conservación y del medio ambiente protección de aguas y
suelos, riqueza ictiológica y minera, protegiendo con las propias
organizaciones comunitarias los recursos de la nación y el pueblo.
2.3 Consideraciones:
El modelo anacrónico colombiano semicapitalista, se puede definir como:
crecimiento económico relatico, con crisis cíclica, subdesarrollo social,
desperdicio de recursos y mengua creciente de la soberanía económica,
monetaria, comercial y nacional, con tendencia a la privatización de la
propiedad pública y el desmantelamiento del Estado.
El modelo actual capitalista dependiente, imitativo y fracturado, hace
demasiado vulnerable la economía colombiana. En el orden externo:
compromisos y condicionamientos político-económicos a través de la deuda
externa que conlleva a la desinversión neta e hipoteca de la economía. En el
orden interno: inflación y devaluación permanentes generadores de bajos
salarios altos precios y grandes ganacias, que consolidan los monopolios y
oligopolios. Es decir un modelo económico insolidario que agrava la deuda
social con el pueblo y acelera el saqueo de los recursos naturales y la
desvalorización del trabajo nacional. Los términos desfavorables de
intercambio que significan baja en los precios de las exportaciones y aumento
en los precios de las importaciones acentúan la crisis estructural. Este modelo
debe ser sustituido si aspiramos a la construcción de una nación solidaria,
independiente, moderna y auténticamente democrática y soberana.
La concentración de la riqueza y sus beneficios, la multiplicación de la miseria
y la reducción de las oportunidades para las mayorías, contratista con el
agresivo consumo suntuario de las minorías y su secuela de inversiones en el
exterior, quiebras fraudulentas, fuga de capitales, socialización de las perdidas,
y desmedida concentración de las utilidades en círculos privilegiados.
Frente a moralidad impuesta de privatizar el patrimonio nacional, representado
en las empresas publicas y de servicios con el pretexto de la ineficacia
administrativa, se disfraza la inapetencia de los monopolios de desmantelar el
estado en una subasta para imponer los modelos neoliberales importados a un
país atrasado y dependiente. La falta de eficiencia y la corrupción del sector
privado, es también demasiado evidente y fresca en sus múltiples ejemplos,
para plantearnos la tesis inversa de la oficialización de empresas privadas por
probada incompetencia.
El modelo de economía de mercado impulsado en nuestro país y en América
Latina en cumplimiento de exigencias internacionales del Fondo Monetario
Internacional –FMI-, corresponde a la estrategia económica inspirada en los
documentos Santa Fe I y II, que desarrollan las tesis norteamericanas del
capitalismo neoliberal atacando la intervención del Estado para profundizar la
privatización de las empresas publicas y de servicios, cuyo producto es la
consolidación de los modelos monopolitos y estructuras subordinadas del
capitalismo periférico.
Los países endeudados del Tercer Mundo, como Colombia, se han convertido
en exportadores de dólares para atender la deuda externa.
Esta situación se agrava con la dependencia tecnológica el condicionamiento
político de los empréstitos para refinanciar la deuda externa y cubrir el
desplome de las importaciones primarias. Ante la insuficiencia de ingresos
externos y ahorro interno, continuamos el endeudamiento de progresión
geométrica. Es el mantenimiento crónico de una prosperidad a debe con
enorme costo social y demerito de la soberanía económica y política.
Capítulo III
3. Democracia social
3.1. Formulacion:
La democracia social no puede reducirse a un planteamiento de igualdad
formal anyte la Ley, de reformismo teórico o regateo constitucional, sino que
requiere de las condiciones materiales y políticas que aseguren a las mayorías
la igualdad de oportunidades ante la vida.
En la constitución y las leyes vigentes se establece normas sobre garantías
sociales e individuales como el derecha a la vida, la salud, educación, trabajo,
vivienda, función social de la propiedad, prohibición de los monopolios, etc.
También se señala como objetivo principal en la Constitución “La justicia social
y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases
proletarias en particular”. Estos principios, producto de las luchas populares, se
quedan escritos y esperan para su cumplimiento la construcción de una
democracia integral participante.
La existencia de minorías privilegiadas y mayorías marginadas, explica el
conflicto social resultante de las condiciones de injusticia e inequidad. Esta
situación de crisis del desorden tradicional no podrá resolverse sino con la
construcción de un nuevo orden social democrático y mediante la organización
y movilización consciente del pueblo, para la participación directa en los
centros de decisión y poder del Estado. El pueblo debe tener canales políticos
propios para acceder a las instituciones donde se definen los planes y
programas de desarrollo socio-económico y se asignan los recursos para su
ejecución. La participación directa en las instituciones del Estado no puede ser
simplemente consultiva sino que debe ser decisoria.
Las aspiraciones del pueblo colombiano para elevar sus condiciones y calidad
de vida son legitimas y es justa la exigencia de la cancelación de la deuda
social acumulada, como prioridad nacional indiscutible.
La ampliación del mercado nacional y la generación de empleo productivo, son
parte irreductible de la democracia social. La nueva mentalidad política no solo
se debe sino que debe identificar y recoger los intereses colectivos y ser capaz
de aplicar en forma consecuente los principios de prioridad y defensa
incorruptible de las aspiraciones e intereses populares y de la sociedad en su
conjunto, de justicia social y equidad humana .
La defensa y afirmación de libertad de la sociedad la familia y el individuo, se
sustentan en la plena vigencia de las garantías constitucionales y el respeto a
los derechos humanos y los valores inalienables de la persona humana, como
el derecho a la vida y al ejercicio pleno de la democracia en todas sus
expresiones materiales y espirituales.
3.2. Propuestas programáticas:
En desarrollo de estos principios se propone unos grupos de referencia que
aspiran a superar la democracia abstracta por una democracia social que
resuelva en forma concreta los problemas del trabajo la salud, la vivienda y la
justicia.
*** Reforma laboral democrática, garantizando el derecho de reunión,
asociación. Movilización, huelga y contratación colectiva desarrollo del
sindicalismo de industria por actividades económicas.
** Promulgación de un Nuevo Código Colectivo de Trabajo, concertado con
el conjunto del movimiento de trabajadores y sindicalizados, del campo y la
ciudad.
** Cumplimiento de los convenios ratificados por Colombia con la
organización Internacional del Trabajo –OIT-; ratificar los firmados y suscribir
los pendientes en defensa de los trabajadores colombianos.
** Incremento salarial, compartiendo con el trabajo las mejoras en la
producción del capital y sus beneficios crecientes.
** Creación de nuevas unidades productivas de interés social, con
participación de los trabajadores, generadores de empleo digno y permanente.
** Establecimiento del subsidio al desempleo forzoso.
** Mantenimiento de los derechos y conquistas prestacionales de los
trabajadores.
** La reconversión industrial tecnológica debe tener como contraprestación
social por parte del sector empresarial la capacitación de la fuerza de trabajo
desplazada y su ubicación en nuevas fuentes de empleo que aseguren la
estabilidad laboral.
** Creación del Concejo Nacional de Organizaciones Comunitarias, con el fin
de unificar los sectores sociales, superando el paralelismo en las
organizaciones populares, táctica tradicional divisionista propiciada desde el
Estado.
** Promulgación del Estatuto Nacional de Contratación comunitaria, para la
ejecución de obras de desarrollo social y utilidad común a nivel nacional,
regional y municipal.
** Apoyar las iniciativas sobre leyes marco para el movimiento de acción
comunal, pesca artesanal, fomento de la investigación científica y desarrollo
tecnológico con la participación de las respectivas comunidades.
** Aplicación en la práctica del principio de “salario igual para trabajo igual”
sin discriminación por razón de sexo, plenas garantías para su cumplimiento y
especial protección para la mujer y el niño.
** Ampliación de la cobertura de seguridad social extendiendo la protección a
los niños y ancianos.
** Plena participación de las organizaciones comunitarias en el Sistema
Nacional de Salud, la cual no debe limitarse a la ejecución y administración de
los programas a su veeduría, sino ampliarse al diseño, formulación, asignación
y apropiación de recursos de los planes y programas a nivel nacional, sectorial
y local, en desarrollo del decreto 1216 de 1989.
** Suministro y obligatorio a los niños y escolares, de los sectores populares
de una ración diaria de leche para corregir la desnutrición; organización
institucional de restaurantes populares y escolares, hogares infantiles y
lavanderías, a cargo del Estado.
** Suministro de drogas básicas gratuitas y servicios intermedios de salud,
gratuitos a los sectores de la población de escasos recursos y ampliación de
los programas de medicina preventiva.
** Consagrar el derecho a la educación básica escolar y la educación gratuita
y obligatoria a nivel primario, secundario y politécnico.
** Programas de prevención de la drogadicción y asistencia medico-social
gratuita.
** Profundización de la reforma urbana, con el objeto de democratizar la
propiedad, limitar la tenencia y llevar a la practica el derecho a la vivienda y los
servicios básicos , mediante la financiación subsidiada para la vivienda popular
y la instalación de servicios comunitarios.
** desarrollo de los planes y programa de vivienda popular y dotación de
servicios básicos, a través de las estructuras municipales y comunitarias de
tipo autogestionario, transformando al instituto de Crédito Territorial –ICT- en
una institución de fomento y crédito para la construcción popular subsidiado
por el Estado.
** Estabilidad en la carrera judicial, respeto a su organización gremial y
amplia dotación presupuestal y logística al sector de la justicia para garantizar
su seguridad y tecnificar los campos de su actividad social.
** Promulgación del Código de la Familia y reglamento de la Ley de 1981,
contra todo tipo de discriminación a la mujer y al niño.
** El Producto Interno Bruto –PIB- como sumatoria de los bienes y servicios
generados en la actividad económica nacional debe tener un seguimiento por
el DANE a través de indicadores paralelos y comparativos sobre el desarrollo
del Bienestar Nacional Neto-BNN-, medido y entendido como el acceso del
pueblo a la nutrición, desarrollo biológico, educación, empleo, vivienda,
salubridad, servicios, seguridad social y bienestar básicos.
3.3. Consideraciones:
El inventario social en un país que tiene cerca de la mitad de su población por
debajo de los niveles de pobreza critica, en el cual uno de cada dos
colombianos es pobre y uno de cada cinco vive en la miseria, se traduce en
desnutrición, desnudez, carencia de servicios, vivienda, educación, recreación,
y ausencia de vida digan y civilizada. Por eso se requiere
De una política intensiva de desarrollo social, ajena a la demagogia
populista, ordenada y planificada conjuntamente con las comunidades, para
entrar a formular y ejecutar los planes y programas de desarrollo social en
forma participante.
El crecimiento económico deshumanizado y sin desarrollo social armónico,
tiene como contrapartida el conflicto y la violencia social. La dignidad humana
y el progreso colectivo empiezan en la mejora de las condiciones materiales de
la existencia del pueblo. El primer paso debe orientarse hacia la mejora de los
ingresos y y defensa de la familia y el trabajo nacional, más que a las ofertas
asistenciales, la presencia paternalista clientelista tradicionales.
El desarrollo social se manifiesta en el aumento de niveles de marginalidad, la
economía informal, el desempleo y subempleo, la miseria, la orfandad y el
crimen. La desocupación incluye sectores del trabajo calificado: profesionales,
científicos y técnicos quienes toman generalmente el camino del exilio
económico con grave pérdida para el trabajo nacional.
La erradicación de la pobreza absoluta, dentro de un criterio de democracia,
consideramos, comienza con la erradicación de la riqueza absoluta.
Los problemas sociales hacen parte del conjunto de la situación nacional: en lo
político, económico y cultural. Las aspiraciones del pueblo colombiano para
elevar sus condiciones y calidad de vida, son legítimas y es justa la exigencia
de la cancelación de la deuda social cumulada como prioridad nacional
indiscutible.
Capítulo IV
4. Democracia cultural
4.1. Formulación:
La cultura la enmarcamos como una unidad orientada a lograr la armonía
del hombre, la sociedad y la naturaleza. La cultura constituye la acumulación
de un todo articulado, que como la conciencia social, es el reflejo en la mente
humana de la estructura y desarrollo de la sociedad. En esto se resume su
carácter histórico a la vez permanente y evolutivo, creador. La cultura no
puede desprenderse de la comprensión de la estructura socio-económica y los
diversos elementos que la compone. Es la dimensión integradora de la cultura
una herramienta trascendental para transformar la naturaleza humana y el
ambiente en que se desarrolla la actividad de la sociedad y el hombre.
La cultura comprende lo material y lo espiritual como una totalidad, la
fractura de sus componentes aliena la sociedad y el hombre en los momentos
de crisis.
La preparación del pueblo para las nuevas formas de gestión y participación
popular, hacen parte de la nueva escuela y la nueva pedagogía para el
ejercicio de la democracia integral, como parte esencial de la cultura.
El humanismo en la cultura supone la socialización del conocimiento. No se
trata de amaestrar, de educar a los pobres para aceptar de buen grado la
pobreza, sino de una cultura crítica abierta para buscar los caminos de la
superación individual y la liberación nacional y social, superando la cultura de
la dependencia. La cultura para la sumisión dentro de la alienación y las
estructuras de dominación, es regresiva. Los medios masivos de comunicación
deben emplearse para democratizar la cultura y formar la sensibilidad
democrática.
La universidad cerrada, elitista, debe dar paso a la universidad abierta,
democrática. Libre, autónoma, como vivero de la inteligencia y no como
invernadero del privilegio.
El papel de la educación y la cultura es el de preparar para la vida, entendida
como la comprensión de las formas sociales presentes y la necesidad de
cambio parta avanzar, transformar la escuela, para por su intermedio modificar
la sociedad y construir el hombre integral.
La emancipación de la conciencia comprende la unidad e integración del
trabajo material e intelectual y su relación dialéctica necesaria. Para una
sociedad nueva una educación nueva. No se trata simplemente de adiestrar
sino de capacitar y formar conciencias con espíritu crítico constructivo. La
trasmisión del conocimiento, es apenas el punto de partida para sui y
transformación enriquecedora que lleve el avance de la ciencia, la tecnología
y el arte a niveles y actitudes de solidaridad y progreso frente a la sociedad y el
país.
Una cultura nacional abierta a todas las influencias del mundo, capaz de
todos los mestizajes y los sincretismos, siempre dispuesta conquistar al
conquistador, dentro del respeto a las entidades culturales propias.
4.2. Propuestas programáticas:
Perfilamos algunos elementos para una política educativa y cultural orientada
hacia la participación ciudadana y el desarrollo social.
** La universidad colombiana, la investigación, la ciencia y la tecnología
deberán dirigir sus esfuerzos hacia los planes y programas de desarrollo
económico y social del país.
** La universidad pública debe ser autónoma en su gobierno, con amplio
presupuesto y plena participación de la comunidad universitaria, estableciendo
como requisito de grado el servicio social universitario que debe reglamentarse
en forma realista y eficaz.
** Impulso a la educación no formal para adultos y desarrollo de los
politécnicos, garantizando el acceso a todos los establecimientos estatales
impulsando la educación desescolarizada y no presencial, mediante la
extensión cultural universitaria y la educación y a distancia.
** Participación de las organizaciones comunitarias en los concejos de
dirección de las instituciones del Estado, que tenga relación con los planes y
programas de desarrollo social y capacitación en los niveles políticoadministrativos y de gestión empresarial asociativa, como el SENA, ESAP,
Digidec, Dancoop, Incora, DRI, etc.
** Creación legal del Concejo Nacional de educación y Capacitación
Comunitaria, para formular y desarrollar concertadamente con las
organizaciones populares, los planes de fomento a la educación ampliada y
masiva de la población.
** Impulsa los Concejos Regionales de Cultura como espacios de encuentro
e intercambio cultural, formación y capacitación de promotores del arte y la
cultura popular.
** Enseñanza primaria y secundaria gratuita y obligatoria.
** Alfabetización masiva, a toda la población, movilizando las universidades,
colegios y organizaciones comunitarias en una enérgica campaña educativa
permanente.
** Ampliación de cupos y profesores oficiales para la educación secundaria
con el fin de dar cumplimiento a la demanda.
** Respeto de las culturas y etnias, indígenas y negras, como parte esencial
de los valores culturales de la nación.
** Reconocer oficialmente las lengua de las minorías nativas.
** Apropiar los recursos necesarios para el archivo histórico nacional.
** Desarrollar como servicio social comunitario la denominada “Radiodifusión
Sonora” con el fin de garantizar el pluralismo en las fuentes de información, al
tenor del proyecto de Ley 117 de 1988 al estudio de la Cámara.
** Defender la participación comunitaria en el Instituto Nacional de Radio y
Televisión –Inravision- y ampliar los espacios institucionales para la
divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura, dotando de espacios a las
organizaciones comunitarias.
** Contribuir al crecimiento y desarrollo de las Casas de la Cultura en todos
los municipios colombianos con participación de las comunidades.
4.3. Consideraciones:
La organización de la economía y la sociedad y las formas de apropiación y
distribución de los bienes materiales influyen directamente sobre las formas
materiales, espirituales de la cultura. La organización institucional, la ciencia, la
técnica, el arte en todas sus manifestaciones, son un patrimonio colectivo, que
debe estar al servicio de la liberación humana. Sin embargo, en una sociedad
escindida y segregada, la cultura y sus medios de difusión tienen propietarios y
esta monopolizada. La cultura se ha convertido en una mercancía elitista y no
en un medio libre para el desarrollo social. La apropiación desigual de la
riqueza, produce la misma desigualdad en el acceso a los medios culturales; la
información, la investigación, la ciencia y la tecnología, los libros y la educación
en general. En este contexto, planteamos la necesidad de distribuir y ampliar
socialmente el horizonte y posibilidades de la cultura. Los productos de la
cultura ay que difundirlos en forma masiva. Estamos por una cultura popular
desarrollada, una cultura de masa, democrática.
La preparación del pueblo para las nuevas gormas de participación y gestión
popular, hacen parte de la nueva escuela y la nueva pedagogía para el
ejercicio de la democracia integral.
Capitulo V
5. Democracia internacional
5.1. Formulacion:
Entendemos que la base de una organización democrática internacional,
para Colombia, está en la organización regional de los países débiles, como un
medio de asociar sus recursos y defender su patrimonio y trabajo. Esta política
no excluye las relaciones de cooperación y entendimiento con todos los países
del mundo, capitalistas y socialistas.
Los problemas contemporáneos de la economía y el hombre, están
relacionados con las cuestiones sociales, políticas y culturales, de la seguridad
democrática colectiva y de la consolidación y progreso de la paz mundial que
elimine la amenaza atómica.
Los problemas nacionales no pueden desligarse de los temas globales, se
trata de construir una nueva solidaridad, una democracia internacional, basada
en el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en
los asuntos internos y el respeto a la soberanía y dignidad nacional. Cada
pueblo es libre de darse el sistema social que estime necesario para su
desarrollo histórico.
La independencia dentro de la interdependencia esta a la orden del día. Las
relaciones con ventaja reciproca, la ayuda mutua, la cooperación, la difusión
en el campo científico y tecnológico, la defensa de los precios de las
exportaciones primarias, deben hacer parte de la nueva solidaridad
internacional y la democracia mundial. Esta política niega las formas coloniales
y semicoloniales en las relaciones comerciales internacionales.
Entendemos que la política internacional es el reflejo de las estructuras
socioeconómicas y políticas internas, para identificar el grado de subordinación
e independencia ante los poderes externos.
5.2. Propuestas programáticas:
El esquema para una política internacional independiente tendría los
siguientes elementos:
** Apertura de relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países del
mundo, sin consideración a su régimen político.
** Mantener la política de no alineamiento a ningún bloque de poder.
** Impulsar los mercados de integración fronteriza y renovar sobre bases
realistas, el mercado común andino y latinoamericano.
** Conformar empresas binacionales para la exploración, exportación y
defensa conjunta de los recursos naturales.
** Propender por el desarrollo de reuniones regionales, monetarias y
comerciales con los países limítrofes.
** Integración de las relaciones económicas, comerciales y culturales
cimentadas entre los pueblos y las organizaciones populares, andinas y
latinoamericanas.
** Defender el cumplimento de los tratados Torrijos-Carter sobre la
devolución del Canal de Panamá y la neutralidad del mismo.
** Rechazar la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua,
Centroamérica y el Caribe.
** Solidaridad con la lucha de los pueblos por la independencia y
autodeterminación nacional y por el progreso social.
5.3. Consideraciones:
La debilidad de los países periféricos y su estructura de dependencia y
atraso los hace vulnerables. Esta verdad objetiva hace imprescindible que
países como Colombia, deban fundamentar sus relaciones internacionales en
los principios consagrados en la Carta Mundial de los Derechos Humanos, la
Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, el Nuevo Orden
Económico Internacional y el Sistema Económico Latinoamericano –SELA-.
El proceso de desarrollo del subdesarrollo a llevado a la exportación neta de
capitales de los países pobres como tributarios de los países ricos. La deuda
externa y los cambios desfavorables de intercambio, en el comercio exterior,
hacen dramática la situación para los países del Tercer Mundo, incluyendo el
nuestro.
La nueva solidaridad
internacional debe manifestarse no solo en las
declaraciones diplomáticas, sino en los mercados remunerativos para los
productos de exportación de los países débiles, como Colombia. El fracaso en
la prorroga del Pacto Mundial de Cuotas Ceferetas, propiciado por los Estados
Unidos en Londres, es una muestra de la ausencia de solidaridad con un país
endeudado y víctima del consumo de narcóticos y su trafico internacional.
CAPITULO X
10.1 Conclusiones: para donde va el proceso (vía para la construcción
de la democracia integral y la garantía de los derechos humanos,
derecho al desarrollo: crecimiento económico con desarrollo social base
del humanismo)