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Programa de la Unión Patriótica Convocatoria al pueblo y la nación colombiana En su II Congreso Nacional la Unión Patriótica convoca al pueblo colombiano, campesinos, obreros, empleados y empresarios, a los soldados y guerrilleros, a los laicos y sacerdotes, a los intelectuales y estudiantes, científicos y profesionales, a los movimientos sociales, cívicos, regionales y políticos en general, a la tarea histórica de construir conjuntamente una Patria nueva y una nueva institucionalidad, a conformar una democracia participativa y pluralista, que haga posible una paz duradera y una vida digna en nuestro país para nuestro pueblo. Nos proponemos identificar las necesidades y aspiraciones del pueblo en su lucha heroica por la defensa y dignificación de la vida y plena vigencia de los derechos humanos, garantías sociales, familiares e individuales. Porque toda la nación sabe hoy que la supervivencia y desarrollo de la Unión Patriótica es el símbolo y el testimonio más claro de lo que será la derrota de la violencia social y la guerra sucia en Colombia, sustituyéndolas por la justicia y la equidad. El II congreso de la Unión Patriótica, se realiza dentro de un proceso de viraje en la vida nacional, que apunta hacia cambios, no solo en el régimen de gobierno o el Estado sino en el modelo económico vigente de dependencia, centralización y concentración de poder y la riqueza. La solución capitalista de la crisis, apoyada en la “ventanilla siniestra” con la siniestra justicia privada que la acompaña, no tiene perspectivas como alternativa democrática nacional y ha terminado enfrentándose ya no solo a la sociedad civil sino al propio Estado Para los albores del siglo XXI, proponernos construir en Colombia una democracia integral que logre real participación popular en lo económico, político, social y cultural, Un régimen que borre hasta las últimas huellas del absolutismo, la violencia y la injusticia social, que han acompañado secularmente la vida republicana y que rescate los valores institucionales y democráticos de nuestras mejores tradiciones populares nacionales. Nuestro compromiso fundamental, como destacamento democrático, es el conjunto del pueblo colombiano, con voluntad unitaria, dentro de la cooperación y solidaridad con todos los pueblos del mundo, especialmente con nuestros hermanos de América Latina. Estamos por la construcción y convergencia en un amplio frente, a la vez político y social, que busque la unidad de civiles y militares patriotas, que respete la autonomía de las diversas organizaciones partidistas, cívicas y comunitarias, que sea capaz de derrotar dentro del Estado la y la vida nacional toda forma de justicia privada y “guerra sucia”, que remplace la confrontación con la concertación, las armas por las urnas y la violencia por el dialogo, como medio para conquistar una vida digna, civilizada, segura y solidaria para todo nuestro pueblo. La Unión Patriótica es el movimiento político pluralista y democrático de la contemporaneidad colombiana. Es el movimiento que surge en el país con el nacimiento del poder local y sus alcaldías populares. Por lo tanto nuestra bandera principal es la toma de conciencia que de este es un país de regiones y que todas las soluciones, empezando por la paz, se definen en los contextos regionales sin perjuicio de la unidad nacional. Por esta razón el programa de la Unión Patriótica propone desarrollar conjuntamente la participación del pueblo en la vida democrática, local y regional, como esencia de los fueros municipales e impulso a sus formas asociativas. Para el cumplimiento de los propósitos nacionales populares, la Unión Patriótica plantea la inaplazable necesidad de organizar un nuevo Estado, eficiente y democrático que incorpore enérgicamente la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo colectivo. Ante el pueblo colombiano convocamos también al Estado a llevar adelante la política nacional de no alineación hasta lograr las relaciones y el frente común con todos los hermanos de América Latina y del Caribe por la moratoria indefinida de la deuda externa, liberando estos recursos con destino al desarrollo social; por la plena soberanía y no intervención en los asuntos internos de los Estados y la cooperación, ayuda mutua y relaciones económicas y comerciales con ventajas reciprocas. La vigencia de un Nuevo Orden Económico Internacional y Nacional y la eliminación de los elementos impuestos como la “Doctrina de la Seguridad Nacional” que humilla y subordina a nuestros ejércitos, deformando nuestro desarrollo socioeconómico, afirmarían la independencia y soberanía popular y nacional. Estamos invitando a la integración democrática y nacional a declararle la guerra a la guerra, al desempleo, al atraso, a la inseguridad, para colocar la economía y el Estado al servicio del hombre, la sociedad y la defensa de los recursos naturales, como garantía colectiva para la consolidación del progreso común y el asentamiento sólido de la paz democrática. Proponemos a la consideración del II Congreso Nacional de la Unión Patriótica y al conjunto del pueblo colombiano, un Proyecto Programático, que apunta a reformar para transformar. El programa, deberá ser el resultado de una amplia consulta y concertación popular, que pueda servir como instrumento de movilización consciente hacia la construcción de un gobierno de integración democrática y nacional que oriente el cambio histórico y social. Los grandes objetivos propuestos en el Proyecto de Programa General, se orientan hacia un cambio efectivo en las estructuras de la sociedad colombiana, sobre las bases de una democracia integral, que contenga: 1. 2. 3. 4. 5. Democracia política Democracia económica Democracia social Democracia cultural Democracia internacional Capítulo I 1. Democracia política 1.1 Formulación: La democracia política supone un Estado social de derecho que garantice al pueblo no solo la representación sino la real participación en la vida nacional y en los centros de decisión y poder del Estado. El pueblo debe reasumir sus funciones y derechos como constituyente primario, así como la defensa practica y cotidiana de los derechos y garantías individuales y sociales, eliminando los rezagos del monopolio bipartidista dentro de una democracia pluralista y avanzada. El fortalecimiento y ampliación del poder local, regional y nacional, requiere de mecanismos amplios para la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en las decisiones institucionales. Para el ejercicio libre y responsable de la democracia política, es necesario eliminar todo género de subordinación, violencia y justicia privada, y afirmar la democratización, unidad y depuración de derechos humanos y la sociedad civil. Para la Unión Patriótica la legitimidad y consolidación del proceso electoral pasa prioritariamente por la conquista y consolidación de la paz democrática y las plenas garantías y protección a sus legítimos derechos, por parte de todas las instituciones del estado y del conjunto de las fuerzas políticas y sociales. 1.2 Propuestas Programáticas: Dentro de este esquema general, enunciamos algunos puntos de reformas democráticas, constitucionales y legales: ** Reformas del artículo 218 de la Constitución Nacional, acogiendo la propuesta materia del artículo 87 de la reforma aprobada en la Legislatura de 1988, en el sentido de restaurar al pueblo el derecho inalienable como constituyente primario, a través del plebiscito y el referéndum, junto con la convocatoria de una Asamblea Popular nacional Constituyente, con amplia participación ciudadana, de los movimientos políticos, sociales y de las organizaciones comunitarias, previa información y discusión, deliberativa y suficiente, del temario y sus contenidos fundamentales. . esta consulta popular puede realizarse a través de las estructuras municipales y de as comunidades organizadas. ** Reglamentación complementaria del Acto Constitucional Numero 1 de 1986, sobre la consulta popular a nivel municipal, ampliando la democracia participante en los temarios y frecuencias de los plebiscitos locales. ** Iniciativa popular para las propuestas legislativas a nivel nacional, regional y municipal. ** Circunscripción electoral y cuociente electoral nacional y régimen especial para la representación directa de las comunidades indígenas. ** Creación de distrito y corregimientos autónomos indígenas que no dividan sino unifiquen los resguardos y garanticen la autonomía político – administrativa de los indígenas. ** Voto obligatorio y capacitación para el ejercicio de los derechos ciudadanos, con el fin de superar la abdicación electoral y respaldar con la conciencia el voto libre del clientelismo y el mercado tradicional. ** Financiación reglamentada de las campañas electorales y acceso democrático a los medios masivos de información y comunicación. ** Reformas al Código Electoral y organización del poder electoral, con representación multipartidaria. ** Estatuto de las minorías, para garantizar a las colectividades político – partidistas, distintas de los partidos tradicionales, la representación en los cuerpos colegiados de elección popular. ** Elección popular de gobernadores, procurador general de la nación, contralor nacional y personeros municipales con la función específica de defender los derechos humanos y representar el interés de las comunidades. ** Establecer la elección popular de alcaldes y concejos zonales, integrando concejos metropolitanos para las ciudades capitales e intermedias que tengan división político– administrativa zonal. ** Elevar a la categoría de departamento a las intendencias y comisarias de los territorios nacionales, denominación de estirpe colonia que debe ser suprimida. ** Obligatoriedad de la presentación de programas concretos y viables para los postulados y candidatos a cargos de representación popular y establecimiento reglamentado de informes periódicos y revocabilidad del mandato electoral. ** Representación y participación orgánica de los movimientos sociales y organizaciones comunitarias en las instituciones del estado, que tengan relación con planes y programas de desarrollo social. ** Modificación del régimen de “estado de sitio”, garantizando el derecho de reunión, asociación, información y movilización ciudadana, y prohibición del juzgamiento de civiles por Tribunales Militares. ** Derogatoria de toda limitación por razones partidistas, con pleno respeto al pluralismo democrático, en las instancias del Poder Judicial y Electoral y en todos los niveles del Estado, sufrimiento los efectos residuales del artículo 12 de la actual Constitución Nacional. ** Ampliación de la libertad y derechos de asociación a las organizaciones comunitarias y sociales, generalizando el silencio administrativo positivo aplicable a las peticiones para la obtención de las personerías jurídicas. ** Reglamentación inmediata de la Ley 11 de 1986, precisando la delegación de atribuciones de los concejos municipales a las junta de administración local o zonal, asignado de presupuesto adecuado al territorio, población, estrato socioeconómico, priorización de servicios y necesidades, etc. Determinar la iniciativa para los concejos en lo relacionado con la división políticoadministrativa en comunas y corregimientos. Ampliar la representación en las juntas directivas de las empresas de servicios públicos y sociales, incluyendo las que se privaticen a los usuarios, propietarios o no, y a los pobladores que carecen d e servicios. ** Determinar en la reglamentación de la Ley 11 de 1986 la elección popular de 7 representantes de la comunidad respectiva a las juntas de administración local o zonal y consignar la iniciativa legislativa y participación responsable de las organizaciones comunitarias de pobladores en días juntas. ** Reforma del decreto 77 de 1977 y reglamentación en el sentido de establecer una autentica descentralización político-administrativa con suficientes recursos técnicos y presupuestales, para atender las nuevas responsabilidades del municipio que antes correspondían a la nación. Deben superarse los criterios y prácticas de simple desconcentración funcional administrativa cuyo producto es la catalizacion de problemas por parte de las comunidades locales y los municipios mendicantes. Además, en el proceso de descentralización, deben respetarse los derechos adquiridos y la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado, así como consignar la participación comunitaria en los respectivos establecimientos públicos y sociales. ** Organización del Distrito Especial de Bogotá, como distrito capital, con alcaldía mayor, alcaldes y concejos zonales de elección popular, integrando un Concejo central metropolitano. La comunidad tendría iniciativa ante los concejos y representación popular de las juntas de administración zonal y las empresas de servicios públicos y sociales. Los concejos zonales tendrán presupuesto propio y planificación del desarrollo zonal, integrado al presupuesto y plan integral de desarrollo de la capital. La planificación tendrá carácter de participante. 1.3 Consideraciones: El problema esencial de la reforma del Estado, como expresión de la democracia política, radica en la naturaleza no solo cuantitativa sino cualitativa de esos cambios y en el grado de participación popular real; en su composición social, en la planificación participante, en la orientación de las inversiones, en el control social y la dirección general de la economía, como política con claros programas y fines de desarrollo social redistributivo. La democracia política de un Estado social de derecho, organizado científica y técnicamente para garantizar a nivel constitucional e institucional, amplios espacios de participación popular y control social, que permita en la práctica política y democrática y presupuestal, superar el clientelismo, la manipulación burocrática, la corrupción y el monopolio del poder. La democracia política debe avanzar de lo simplemente representativo a los niveles participativos, ampliando las consultas populares y el ejercicio de la democracia permanente sustentada en programas, mandato revocable capacitación y educación ciudadana para que el ejercicio electoral deje de ser la consignación periódica de “cheques en blanco” donde desaparece el vinculo entre el elector y el elegido en el momento del ejercicio representativo. Detrás de cada voto debe existir la conciencia ciudadana y la plena libertad de elección y participación en una democracia pluralista, moderna y avanzada. El estado, organizado sobre nuevas bases, orientado como una estructura de servicio de la comunidad, en una nación atrasada ty sometida a tremendas desventajas, presiones y desigualdades internas y externas, deben contribuir eficaz y diligentemente con su intervención a suprimir los privilegios injustos e inequitativos y a impulsar y regular el desarrollo económico, basado en prioridades sociales y nacionales y en la defensa de los recursos naturales y la propiedad del pueblo. Capítulo II. 2. Democracia económica 2.1 Formulación: El fundamento de la democracia económica, con perspectiva popular, exige la integración de un nuevo modelo de desarrollo alternativo, que haga posible la igualdad de oportunidades, superando el injusto, inequitativo e ineficiente sistema semicapitalista colombiano, montando sobre privilegios la servicio de los monopolios y oligopolios, nacionales y transnacionales en lo económico; y, en dinastías y oligarquías en lo político, característica dominante de la actual estructura de la sociedad colombiana. La organización planificada y democrática de la economía que imponga el equitativo reparto y el pleno empleo de la riqueza nacional entre las clases sociales que integran la nación, estimulando el desarrollo armónico de nuestra economía basado en el principio de que el interés social debe primar sobre el restringió interés particular o de grupo privilegiado, constituye la filosofía del nuevo modelo. Este principio debe tener aplicaciones prácticas como el condicionamiento de la protección arancelaria y la planificación participante, para que no solamente se favorezca con la protección a reducidos sectores manufactureros sino que se amplíe a los consumidores y productores de materias primas y alimentos. La organización de la economía nacional en beneficio de las mayorías supone el uso social del excedente y sus inversiones en unidades productivas nuevas de utilidad social y nacional, afirmada sobre la ampliación del mercado interno de masas. Esta alternativa económica, conlleva la necesaria intervención pública y social, para producir el cambio en la concentración de capitales especulativos y parásitos, cuyo horizonte es el consumo suntuario y la fuga del ahorro nacional, producto del trabajo colectivo. Esta situación debe transformarse mediante una acción que fomente el ahorro y la inversión en los sectores nacional y socialmente prioritarios y productivos. Dentro de esta nueva economía, la tendencia a la concentración del capital, la desnacionalización y descolombianizacion de las empresas, públicas y privadas, deberá detenerse con el fin de preservar el patrimonio del pueblo en función de una sana política de defensa económica nacional. La afirmación de la soberanía económica nacional y el desarrollo económico democrático, solidario e independiente, incorpora además de la planificación participante, el control social y publico de sectores del comercio exterior y de los recursos vitales y estratégicos de la Nación, junto con el desarrollo enérgico de la economía solidaria y sus variadas formas asociativas, dentro del contexto del pluralismo económico. El nuevo modelo economía garantizaría, la redistribución social de la renta, la difusión del capital y aplicación de los excedentes generados por el trabajo nacional, dentro de un proceso productivo y distributivo, progresista y democrático. El modelo orientado a la expansión del mercado interno, deberá propiciar los planes de desarrollo local y regional, el fomento a las iniciativas y acciones de producción asociativa, sustentadas en el trípode económico y social: estabilidad, progreso y justicia social. El actual modelo exportador tendría así un carácter complementario y no como sustituto de los abastecimientos y ampliación del mercado domestico. El desarrollo se concibe como un modelo solidario que produzca simultáneamente le eficiencia económica con eficiencia social. La lucha contra la devaluación e inflación constante, debe combatirse con mayor producción y mediante la progresiva “desupaquizacion” o indización de la economía. El alza en los precios y tarifas de servicios públicos, debe desconectarse de la deuda externa en defensa de los intereses populares. 2.2. Propuestas programáticas: Los puntos programáticos como lineamientos hacia un Plan Económico Popular: ** Incorporar el tercer sector de la economía: La economía solidaria, en el título III de la Constitución Nacional, con plenas garantías y derechos para las formas asociativas de la producción, integrándolas como subsistema dentro del sistema general de pluralismo económico, social y nacional. ** Modificar la constitución para facilitar expropiaciones por vía administrativa y no solo judicial, en lo relativo a la reforma agraria, urbana y de recursos de petróleos y minerales. ** Ampliar la aplicación legal de las figuras jurídicas sobre extinción y prescripción adquisitiva del dominio, con el objeto de democratizar la propiedad. ** Aplicar los mandatos constitucionales sobre monopolios y expropiación sin indemnización por razones de equidad o interés común, a las inversiones antisociales o propiedades ociosas, sustraídas a la actividad productiva. ** Controlar y limitar las prácticas monopólicas y oligárquicas, en defensa de los productores independientes y consumidores en general, manteniendo la vigilancia permanente en los precios y calidades en relación con los costos competitivos reales. Promover la apertura de las sociedades cerradas de capital monopolista convirtiéndolas en formas asociativas, con el objeto de ampliar y democratizar la propiedad y sus beneficios. ** Los yacimientos de petróleo, gas y minerales estratégicos, que aun son de propiedad privada, serán nacionalizados y sometidos al control fiscal y social. Debe aplicarse la expropiación sin indemnización a las empresas que mediante contratos de asociación o concesión lesionen los intereses de la nación. Se aumentaran las regalías de los contratos de explotación de petróleo, gas y minerales, teniendo en cuenta el costo de producción y garantizando al Estado la condición de operador en todo contrato de explotación y comercialización. ** establecer la planificación económica participante y democrática como condición para la formulación de l Plan Nacional que anualmente deberá presentar el ejecutivo nacional a la aprobación del congreso, previa presentación de prioridades por parte de la organizaciones comunitarias y las estructuras municipales. El Plan Anual deberá articularse con el presupuesto general de la nación y armonizar con los planes de desarrollo local y regional y los programas sectoriales de reforma agraria, urbana, financiera, industrial, etc. ** promover la descentralización económica, industrial y agroindustrial, a base de privilegiar polos de desarrollo, planes y programas regionales para revitalizar las zonas periféricas e impulsar el desarrollo de distritos fronterizos. ** Diseñar un plan quinquenal para desmontar en forma progresiva la indización (upaquizacion) de la economía convertida en inflación institucional mediante políticas de impulso a la producción y abastecimiento de la demanda interna para regular los precios e ingresos dentro de un programa sostenido de estabilización y lucha contra la inflación. ** Reforma industrial, manteniendo la protección a la producción nacional, pero condicionándola en el sentido de ampliar la producción, mejorar la productividad, calidad y competitividad, para aumentar los ingresos al trabajo y estabilizar los precios. ** Estatuto sobre la inversión extranjera, mediante reglamentación que canalice la utilización selectiva de estos recursos en unidades nuevas, sin condiciones coloniales, que aporten tecnología y generen excedentes para el país. ** Prohibir mediante canon constitucional emociones monetarias para financias empresas de carácter capitalista privado, que han venido auxiliando las quiebras y fraudes con los recursos públicos del Estado y la comunidad. ** Programar un autentico presupuesto de divisas, concertado con las fuerzas productivas y sociales, para el pleno aprovechamiento del poder de compra externo del país en función del desarrollo integral de la nación. ** La política de endeudamiento externo deberá orientarse mediante la contratación de créditos a largo plazo y tasas de interés estable y de fomento, articulando compromisos con el crecimiento del producto Interno Bruto y el equilibrio fiscal. ** La deuda externa deberá ser renegociada en términos de diferir las amortizaciones de capital e interese, mediante la reducción o condonación, con el fin de liberar recursos para el desarrollo social y aliviar los compromisos de las empresas de servicios públicos que incidan en las tarifas. ** subsidiar las empresas de servicios publicos y sociales con el producto de los impuestos a grandes capitales y regalías y establecer tarifas diferenciales en consideración a los estratos socio-económicos de los usuarios. ** Reducir los presupuestos públicos destinados al servicio de la deuda externa al limite de no afectar las inversiones y el funcionamiento de la economía estatal. ** Establecer legalmente al apropiación en el presupuesto nacional del equivalente al 2% del producto Interno Bruto –PIB- con destino a la investigación en los campos de la ciencia y la tecnología par impulsar el desarrollo económico y social del país. ** Reforma fiscal que consiste en el establecimiento de impuestos progresivos sobre tierras y capitales ociosos, especulativos o mal empelados, desde el punto de vista del interés nacional y social; reducción de los impuestos indirectos a los consumos populares, al trabajo, a las pequeñas rentas y a los pequeños establecimientos industriales y comerciales. Exenciones fiscales a las unidades productivas asociativas para estimular su producción y desarrollo. Esta reforma exige la trasformación del Presupuesto público en un Plan Económico del Estado tendiente a la programación y promoción del desarrollo económico nacional con contenidos populares. ** Sustituir el impuesto al valor agregado –IVA- como financiación de la descentralización municipal, por incrementos en las regalías petroleras, gasíferas y minerales e impuestos progresivos a los grandes capitales y grandes propiedades. Entre tanto aumentar las transferencias a los municipios para atender las nuevas cargas presupuestales generadas por la descentralización. ** Defender la inversión nacional en el sector bancario con el objeto de garantizar la soberanía económica y monetaria del país en el sistema financiero, bajo el control público y social colombiano. ** Reformar el sistema bancario y financiero en general, para mejorar su eficiencia y responsabilidad operacional y regular la reducción de las tasas de interés sin comprometer el patrimonio nacional. ** Creación de la banca de fomento, como sector nacionalizado, estableciendo líneas de crédito y fondos especializados para financiar el desarrollo integral de la economía y las nuevas inversiones sectoriales: agropecuarias, pesca y minería artesanal, industria y manufactura, específicamente bajo formas asociativas. La banca de fomento deberá desagregarse del sistema privado de la banca comercial capitalista. ** Constitución del Fondo financiero para consolidar y desarrollar el sector cooperativo y de economía solidaria en sus diversas formas asociativas, con participación en su dirección y manejo de las organizaciones del sector. ** Elevar a la categoría de Ley el decreto 2536 de 1986 sobre el Concejo Nacional de Economía Solidaria creando el Fondo Financiero Comunitario, el Banco de Proyectos y el área de asistencia técnica para la promoción y gestión empresarial asociativa. ** Fortalecer las empresas industriales y comerciales del estado, mediante una política de inversiones rentables con autonomía financiera, riguroso control público y social de la gestión ética y de la eficiencia administrativa. ** Profundizar la reforma agraria democrática mediante la limitación y redistribución nacional de la tenencia territorial, eliminado el latifundio y minifundio, social y económicamente improductivos. Estimular las formas asociativas en la producción agropecuaria y promover unidades agrarias cooperativas y empresas agroindustriales en el campo. Apoyar las propuestas de modificaciones a la actual Ley de Reforma Agraria planteadas por las organizaciones campesinas. ** Desarrollar una política de colonización dirigida y de reasentamiento de pobladores con pleno apoyo del estado para el establecimiento de unidades productivas generadores de trabajo estable y ampliamente remunerativo. Esta estrategia permitirá la defensa del ecosistema con sus variables ecológicas, energéticas, de conservación y del medio ambiente protección de aguas y suelos, riqueza ictiológica y minera, protegiendo con las propias organizaciones comunitarias los recursos de la nación y el pueblo. 2.3 Consideraciones: El modelo anacrónico colombiano semicapitalista, se puede definir como: crecimiento económico relatico, con crisis cíclica, subdesarrollo social, desperdicio de recursos y mengua creciente de la soberanía económica, monetaria, comercial y nacional, con tendencia a la privatización de la propiedad pública y el desmantelamiento del Estado. El modelo actual capitalista dependiente, imitativo y fracturado, hace demasiado vulnerable la economía colombiana. En el orden externo: compromisos y condicionamientos político-económicos a través de la deuda externa que conlleva a la desinversión neta e hipoteca de la economía. En el orden interno: inflación y devaluación permanentes generadores de bajos salarios altos precios y grandes ganacias, que consolidan los monopolios y oligopolios. Es decir un modelo económico insolidario que agrava la deuda social con el pueblo y acelera el saqueo de los recursos naturales y la desvalorización del trabajo nacional. Los términos desfavorables de intercambio que significan baja en los precios de las exportaciones y aumento en los precios de las importaciones acentúan la crisis estructural. Este modelo debe ser sustituido si aspiramos a la construcción de una nación solidaria, independiente, moderna y auténticamente democrática y soberana. La concentración de la riqueza y sus beneficios, la multiplicación de la miseria y la reducción de las oportunidades para las mayorías, contratista con el agresivo consumo suntuario de las minorías y su secuela de inversiones en el exterior, quiebras fraudulentas, fuga de capitales, socialización de las perdidas, y desmedida concentración de las utilidades en círculos privilegiados. Frente a moralidad impuesta de privatizar el patrimonio nacional, representado en las empresas publicas y de servicios con el pretexto de la ineficacia administrativa, se disfraza la inapetencia de los monopolios de desmantelar el estado en una subasta para imponer los modelos neoliberales importados a un país atrasado y dependiente. La falta de eficiencia y la corrupción del sector privado, es también demasiado evidente y fresca en sus múltiples ejemplos, para plantearnos la tesis inversa de la oficialización de empresas privadas por probada incompetencia. El modelo de economía de mercado impulsado en nuestro país y en América Latina en cumplimiento de exigencias internacionales del Fondo Monetario Internacional –FMI-, corresponde a la estrategia económica inspirada en los documentos Santa Fe I y II, que desarrollan las tesis norteamericanas del capitalismo neoliberal atacando la intervención del Estado para profundizar la privatización de las empresas publicas y de servicios, cuyo producto es la consolidación de los modelos monopolitos y estructuras subordinadas del capitalismo periférico. Los países endeudados del Tercer Mundo, como Colombia, se han convertido en exportadores de dólares para atender la deuda externa. Esta situación se agrava con la dependencia tecnológica el condicionamiento político de los empréstitos para refinanciar la deuda externa y cubrir el desplome de las importaciones primarias. Ante la insuficiencia de ingresos externos y ahorro interno, continuamos el endeudamiento de progresión geométrica. Es el mantenimiento crónico de una prosperidad a debe con enorme costo social y demerito de la soberanía económica y política. Capítulo III 3. Democracia social 3.1. Formulacion: La democracia social no puede reducirse a un planteamiento de igualdad formal anyte la Ley, de reformismo teórico o regateo constitucional, sino que requiere de las condiciones materiales y políticas que aseguren a las mayorías la igualdad de oportunidades ante la vida. En la constitución y las leyes vigentes se establece normas sobre garantías sociales e individuales como el derecha a la vida, la salud, educación, trabajo, vivienda, función social de la propiedad, prohibición de los monopolios, etc. También se señala como objetivo principal en la Constitución “La justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular”. Estos principios, producto de las luchas populares, se quedan escritos y esperan para su cumplimiento la construcción de una democracia integral participante. La existencia de minorías privilegiadas y mayorías marginadas, explica el conflicto social resultante de las condiciones de injusticia e inequidad. Esta situación de crisis del desorden tradicional no podrá resolverse sino con la construcción de un nuevo orden social democrático y mediante la organización y movilización consciente del pueblo, para la participación directa en los centros de decisión y poder del Estado. El pueblo debe tener canales políticos propios para acceder a las instituciones donde se definen los planes y programas de desarrollo socio-económico y se asignan los recursos para su ejecución. La participación directa en las instituciones del Estado no puede ser simplemente consultiva sino que debe ser decisoria. Las aspiraciones del pueblo colombiano para elevar sus condiciones y calidad de vida son legitimas y es justa la exigencia de la cancelación de la deuda social acumulada, como prioridad nacional indiscutible. La ampliación del mercado nacional y la generación de empleo productivo, son parte irreductible de la democracia social. La nueva mentalidad política no solo se debe sino que debe identificar y recoger los intereses colectivos y ser capaz de aplicar en forma consecuente los principios de prioridad y defensa incorruptible de las aspiraciones e intereses populares y de la sociedad en su conjunto, de justicia social y equidad humana . La defensa y afirmación de libertad de la sociedad la familia y el individuo, se sustentan en la plena vigencia de las garantías constitucionales y el respeto a los derechos humanos y los valores inalienables de la persona humana, como el derecho a la vida y al ejercicio pleno de la democracia en todas sus expresiones materiales y espirituales. 3.2. Propuestas programáticas: En desarrollo de estos principios se propone unos grupos de referencia que aspiran a superar la democracia abstracta por una democracia social que resuelva en forma concreta los problemas del trabajo la salud, la vivienda y la justicia. *** Reforma laboral democrática, garantizando el derecho de reunión, asociación. Movilización, huelga y contratación colectiva desarrollo del sindicalismo de industria por actividades económicas. ** Promulgación de un Nuevo Código Colectivo de Trabajo, concertado con el conjunto del movimiento de trabajadores y sindicalizados, del campo y la ciudad. ** Cumplimiento de los convenios ratificados por Colombia con la organización Internacional del Trabajo –OIT-; ratificar los firmados y suscribir los pendientes en defensa de los trabajadores colombianos. ** Incremento salarial, compartiendo con el trabajo las mejoras en la producción del capital y sus beneficios crecientes. ** Creación de nuevas unidades productivas de interés social, con participación de los trabajadores, generadores de empleo digno y permanente. ** Establecimiento del subsidio al desempleo forzoso. ** Mantenimiento de los derechos y conquistas prestacionales de los trabajadores. ** La reconversión industrial tecnológica debe tener como contraprestación social por parte del sector empresarial la capacitación de la fuerza de trabajo desplazada y su ubicación en nuevas fuentes de empleo que aseguren la estabilidad laboral. ** Creación del Concejo Nacional de Organizaciones Comunitarias, con el fin de unificar los sectores sociales, superando el paralelismo en las organizaciones populares, táctica tradicional divisionista propiciada desde el Estado. ** Promulgación del Estatuto Nacional de Contratación comunitaria, para la ejecución de obras de desarrollo social y utilidad común a nivel nacional, regional y municipal. ** Apoyar las iniciativas sobre leyes marco para el movimiento de acción comunal, pesca artesanal, fomento de la investigación científica y desarrollo tecnológico con la participación de las respectivas comunidades. ** Aplicación en la práctica del principio de “salario igual para trabajo igual” sin discriminación por razón de sexo, plenas garantías para su cumplimiento y especial protección para la mujer y el niño. ** Ampliación de la cobertura de seguridad social extendiendo la protección a los niños y ancianos. ** Plena participación de las organizaciones comunitarias en el Sistema Nacional de Salud, la cual no debe limitarse a la ejecución y administración de los programas a su veeduría, sino ampliarse al diseño, formulación, asignación y apropiación de recursos de los planes y programas a nivel nacional, sectorial y local, en desarrollo del decreto 1216 de 1989. ** Suministro y obligatorio a los niños y escolares, de los sectores populares de una ración diaria de leche para corregir la desnutrición; organización institucional de restaurantes populares y escolares, hogares infantiles y lavanderías, a cargo del Estado. ** Suministro de drogas básicas gratuitas y servicios intermedios de salud, gratuitos a los sectores de la población de escasos recursos y ampliación de los programas de medicina preventiva. ** Consagrar el derecho a la educación básica escolar y la educación gratuita y obligatoria a nivel primario, secundario y politécnico. ** Programas de prevención de la drogadicción y asistencia medico-social gratuita. ** Profundización de la reforma urbana, con el objeto de democratizar la propiedad, limitar la tenencia y llevar a la practica el derecho a la vivienda y los servicios básicos , mediante la financiación subsidiada para la vivienda popular y la instalación de servicios comunitarios. ** desarrollo de los planes y programa de vivienda popular y dotación de servicios básicos, a través de las estructuras municipales y comunitarias de tipo autogestionario, transformando al instituto de Crédito Territorial –ICT- en una institución de fomento y crédito para la construcción popular subsidiado por el Estado. ** Estabilidad en la carrera judicial, respeto a su organización gremial y amplia dotación presupuestal y logística al sector de la justicia para garantizar su seguridad y tecnificar los campos de su actividad social. ** Promulgación del Código de la Familia y reglamento de la Ley de 1981, contra todo tipo de discriminación a la mujer y al niño. ** El Producto Interno Bruto –PIB- como sumatoria de los bienes y servicios generados en la actividad económica nacional debe tener un seguimiento por el DANE a través de indicadores paralelos y comparativos sobre el desarrollo del Bienestar Nacional Neto-BNN-, medido y entendido como el acceso del pueblo a la nutrición, desarrollo biológico, educación, empleo, vivienda, salubridad, servicios, seguridad social y bienestar básicos. 3.3. Consideraciones: El inventario social en un país que tiene cerca de la mitad de su población por debajo de los niveles de pobreza critica, en el cual uno de cada dos colombianos es pobre y uno de cada cinco vive en la miseria, se traduce en desnutrición, desnudez, carencia de servicios, vivienda, educación, recreación, y ausencia de vida digan y civilizada. Por eso se requiere De una política intensiva de desarrollo social, ajena a la demagogia populista, ordenada y planificada conjuntamente con las comunidades, para entrar a formular y ejecutar los planes y programas de desarrollo social en forma participante. El crecimiento económico deshumanizado y sin desarrollo social armónico, tiene como contrapartida el conflicto y la violencia social. La dignidad humana y el progreso colectivo empiezan en la mejora de las condiciones materiales de la existencia del pueblo. El primer paso debe orientarse hacia la mejora de los ingresos y y defensa de la familia y el trabajo nacional, más que a las ofertas asistenciales, la presencia paternalista clientelista tradicionales. El desarrollo social se manifiesta en el aumento de niveles de marginalidad, la economía informal, el desempleo y subempleo, la miseria, la orfandad y el crimen. La desocupación incluye sectores del trabajo calificado: profesionales, científicos y técnicos quienes toman generalmente el camino del exilio económico con grave pérdida para el trabajo nacional. La erradicación de la pobreza absoluta, dentro de un criterio de democracia, consideramos, comienza con la erradicación de la riqueza absoluta. Los problemas sociales hacen parte del conjunto de la situación nacional: en lo político, económico y cultural. Las aspiraciones del pueblo colombiano para elevar sus condiciones y calidad de vida, son legítimas y es justa la exigencia de la cancelación de la deuda social cumulada como prioridad nacional indiscutible. Capítulo IV 4. Democracia cultural 4.1. Formulación: La cultura la enmarcamos como una unidad orientada a lograr la armonía del hombre, la sociedad y la naturaleza. La cultura constituye la acumulación de un todo articulado, que como la conciencia social, es el reflejo en la mente humana de la estructura y desarrollo de la sociedad. En esto se resume su carácter histórico a la vez permanente y evolutivo, creador. La cultura no puede desprenderse de la comprensión de la estructura socio-económica y los diversos elementos que la compone. Es la dimensión integradora de la cultura una herramienta trascendental para transformar la naturaleza humana y el ambiente en que se desarrolla la actividad de la sociedad y el hombre. La cultura comprende lo material y lo espiritual como una totalidad, la fractura de sus componentes aliena la sociedad y el hombre en los momentos de crisis. La preparación del pueblo para las nuevas formas de gestión y participación popular, hacen parte de la nueva escuela y la nueva pedagogía para el ejercicio de la democracia integral, como parte esencial de la cultura. El humanismo en la cultura supone la socialización del conocimiento. No se trata de amaestrar, de educar a los pobres para aceptar de buen grado la pobreza, sino de una cultura crítica abierta para buscar los caminos de la superación individual y la liberación nacional y social, superando la cultura de la dependencia. La cultura para la sumisión dentro de la alienación y las estructuras de dominación, es regresiva. Los medios masivos de comunicación deben emplearse para democratizar la cultura y formar la sensibilidad democrática. La universidad cerrada, elitista, debe dar paso a la universidad abierta, democrática. Libre, autónoma, como vivero de la inteligencia y no como invernadero del privilegio. El papel de la educación y la cultura es el de preparar para la vida, entendida como la comprensión de las formas sociales presentes y la necesidad de cambio parta avanzar, transformar la escuela, para por su intermedio modificar la sociedad y construir el hombre integral. La emancipación de la conciencia comprende la unidad e integración del trabajo material e intelectual y su relación dialéctica necesaria. Para una sociedad nueva una educación nueva. No se trata simplemente de adiestrar sino de capacitar y formar conciencias con espíritu crítico constructivo. La trasmisión del conocimiento, es apenas el punto de partida para sui y transformación enriquecedora que lleve el avance de la ciencia, la tecnología y el arte a niveles y actitudes de solidaridad y progreso frente a la sociedad y el país. Una cultura nacional abierta a todas las influencias del mundo, capaz de todos los mestizajes y los sincretismos, siempre dispuesta conquistar al conquistador, dentro del respeto a las entidades culturales propias. 4.2. Propuestas programáticas: Perfilamos algunos elementos para una política educativa y cultural orientada hacia la participación ciudadana y el desarrollo social. ** La universidad colombiana, la investigación, la ciencia y la tecnología deberán dirigir sus esfuerzos hacia los planes y programas de desarrollo económico y social del país. ** La universidad pública debe ser autónoma en su gobierno, con amplio presupuesto y plena participación de la comunidad universitaria, estableciendo como requisito de grado el servicio social universitario que debe reglamentarse en forma realista y eficaz. ** Impulso a la educación no formal para adultos y desarrollo de los politécnicos, garantizando el acceso a todos los establecimientos estatales impulsando la educación desescolarizada y no presencial, mediante la extensión cultural universitaria y la educación y a distancia. ** Participación de las organizaciones comunitarias en los concejos de dirección de las instituciones del Estado, que tenga relación con los planes y programas de desarrollo social y capacitación en los niveles políticoadministrativos y de gestión empresarial asociativa, como el SENA, ESAP, Digidec, Dancoop, Incora, DRI, etc. ** Creación legal del Concejo Nacional de educación y Capacitación Comunitaria, para formular y desarrollar concertadamente con las organizaciones populares, los planes de fomento a la educación ampliada y masiva de la población. ** Impulsa los Concejos Regionales de Cultura como espacios de encuentro e intercambio cultural, formación y capacitación de promotores del arte y la cultura popular. ** Enseñanza primaria y secundaria gratuita y obligatoria. ** Alfabetización masiva, a toda la población, movilizando las universidades, colegios y organizaciones comunitarias en una enérgica campaña educativa permanente. ** Ampliación de cupos y profesores oficiales para la educación secundaria con el fin de dar cumplimiento a la demanda. ** Respeto de las culturas y etnias, indígenas y negras, como parte esencial de los valores culturales de la nación. ** Reconocer oficialmente las lengua de las minorías nativas. ** Apropiar los recursos necesarios para el archivo histórico nacional. ** Desarrollar como servicio social comunitario la denominada “Radiodifusión Sonora” con el fin de garantizar el pluralismo en las fuentes de información, al tenor del proyecto de Ley 117 de 1988 al estudio de la Cámara. ** Defender la participación comunitaria en el Instituto Nacional de Radio y Televisión –Inravision- y ampliar los espacios institucionales para la divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura, dotando de espacios a las organizaciones comunitarias. ** Contribuir al crecimiento y desarrollo de las Casas de la Cultura en todos los municipios colombianos con participación de las comunidades. 4.3. Consideraciones: La organización de la economía y la sociedad y las formas de apropiación y distribución de los bienes materiales influyen directamente sobre las formas materiales, espirituales de la cultura. La organización institucional, la ciencia, la técnica, el arte en todas sus manifestaciones, son un patrimonio colectivo, que debe estar al servicio de la liberación humana. Sin embargo, en una sociedad escindida y segregada, la cultura y sus medios de difusión tienen propietarios y esta monopolizada. La cultura se ha convertido en una mercancía elitista y no en un medio libre para el desarrollo social. La apropiación desigual de la riqueza, produce la misma desigualdad en el acceso a los medios culturales; la información, la investigación, la ciencia y la tecnología, los libros y la educación en general. En este contexto, planteamos la necesidad de distribuir y ampliar socialmente el horizonte y posibilidades de la cultura. Los productos de la cultura ay que difundirlos en forma masiva. Estamos por una cultura popular desarrollada, una cultura de masa, democrática. La preparación del pueblo para las nuevas gormas de participación y gestión popular, hacen parte de la nueva escuela y la nueva pedagogía para el ejercicio de la democracia integral. Capitulo V 5. Democracia internacional 5.1. Formulacion: Entendemos que la base de una organización democrática internacional, para Colombia, está en la organización regional de los países débiles, como un medio de asociar sus recursos y defender su patrimonio y trabajo. Esta política no excluye las relaciones de cooperación y entendimiento con todos los países del mundo, capitalistas y socialistas. Los problemas contemporáneos de la economía y el hombre, están relacionados con las cuestiones sociales, políticas y culturales, de la seguridad democrática colectiva y de la consolidación y progreso de la paz mundial que elimine la amenaza atómica. Los problemas nacionales no pueden desligarse de los temas globales, se trata de construir una nueva solidaridad, una democracia internacional, basada en el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y el respeto a la soberanía y dignidad nacional. Cada pueblo es libre de darse el sistema social que estime necesario para su desarrollo histórico. La independencia dentro de la interdependencia esta a la orden del día. Las relaciones con ventaja reciproca, la ayuda mutua, la cooperación, la difusión en el campo científico y tecnológico, la defensa de los precios de las exportaciones primarias, deben hacer parte de la nueva solidaridad internacional y la democracia mundial. Esta política niega las formas coloniales y semicoloniales en las relaciones comerciales internacionales. Entendemos que la política internacional es el reflejo de las estructuras socioeconómicas y políticas internas, para identificar el grado de subordinación e independencia ante los poderes externos. 5.2. Propuestas programáticas: El esquema para una política internacional independiente tendría los siguientes elementos: ** Apertura de relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países del mundo, sin consideración a su régimen político. ** Mantener la política de no alineamiento a ningún bloque de poder. ** Impulsar los mercados de integración fronteriza y renovar sobre bases realistas, el mercado común andino y latinoamericano. ** Conformar empresas binacionales para la exploración, exportación y defensa conjunta de los recursos naturales. ** Propender por el desarrollo de reuniones regionales, monetarias y comerciales con los países limítrofes. ** Integración de las relaciones económicas, comerciales y culturales cimentadas entre los pueblos y las organizaciones populares, andinas y latinoamericanas. ** Defender el cumplimento de los tratados Torrijos-Carter sobre la devolución del Canal de Panamá y la neutralidad del mismo. ** Rechazar la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua, Centroamérica y el Caribe. ** Solidaridad con la lucha de los pueblos por la independencia y autodeterminación nacional y por el progreso social. 5.3. Consideraciones: La debilidad de los países periféricos y su estructura de dependencia y atraso los hace vulnerables. Esta verdad objetiva hace imprescindible que países como Colombia, deban fundamentar sus relaciones internacionales en los principios consagrados en la Carta Mundial de los Derechos Humanos, la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, el Nuevo Orden Económico Internacional y el Sistema Económico Latinoamericano –SELA-. El proceso de desarrollo del subdesarrollo a llevado a la exportación neta de capitales de los países pobres como tributarios de los países ricos. La deuda externa y los cambios desfavorables de intercambio, en el comercio exterior, hacen dramática la situación para los países del Tercer Mundo, incluyendo el nuestro. La nueva solidaridad internacional debe manifestarse no solo en las declaraciones diplomáticas, sino en los mercados remunerativos para los productos de exportación de los países débiles, como Colombia. El fracaso en la prorroga del Pacto Mundial de Cuotas Ceferetas, propiciado por los Estados Unidos en Londres, es una muestra de la ausencia de solidaridad con un país endeudado y víctima del consumo de narcóticos y su trafico internacional. CAPITULO X 10.1 Conclusiones: para donde va el proceso (vía para la construcción de la democracia integral y la garantía de los derechos humanos, derecho al desarrollo: crecimiento económico con desarrollo social base del humanismo)