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Perspectivas del Movimiento Campesino Colombiano1
Gustavo Alturo
Luis Peña
Juan Pablo Bohórquez Montoya2
Abstração
Este trabalho faz um levantamento histórico do movimento popular camponês
colombiano, colocando-o no modelo de desenvolvimento que foi estabelecido na
Colômbia nas últimas décadas. Assim, pode-se ver a correspondência entre o modelo de
desenvolvimento e fatores estruturais que levam à violência na Colômbia. Também se
especifica na parte final, as coincidências como pontos mínimos que refletem o presente.
Abstract
This paper makes a historical survey of popular Colombian peasant movement by placing
it in the development model that has been established in Colombia over the past decades.
Thus, one can see the correspondence between the model of development and structural
factors that lead to violence in Colombia and also specify, as stated in its end, matches in
the minimum points that claim at present by peasant social movements.
Resumen
Este trabajo hace un recorrido histórico del movimiento popular campesino colombiano
ubicándolo en el modelo de desarrollo que se ha venido estableciendo en Colombia a lo
largo de los últimos decenios. De este modo es posible evidenciar la correspondencia
entre el modelo de desarrollo y los factores estructurales que propician la violencia en
Colombia y también, especificar, como figura en su parte final, las coincidencias en los
puntos mínimos que lo reivindican al presente.
Introducción
La comprensión y explicación actual de las luchas campesinas sólo es posible si
se indaga históricamente en este movimiento, desde su propia perspectiva y lógica, y se
lo ubica en el contexto del modelo económico y social predominante. En virtud a este
trasfondo, es posible discernir tanto los elementos persistentes de inequidad y violencia
1
Este trabajo es el producto de las experiencias directas en el trabajo organizativo campesino;
igualmente, plasma la visión que un sector campesino, del cual hacen parte los autores, tiene de su realidad
y su proyecto de futuro.
2
Gustavo Alturo es Coordinador nacional de la Asociación Campesina Popular (Asocampo); Luis
Peña es coordinador de organización de la misma asociación y Juan Pablo Bohórquez es asesor
organizativo y político, profesor del Programa de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.
1
estructural como la persistencia y el sentido de aquellas en la Colombia contemporánea.
A. Algunos elementos históricos del movimiento campesino
A continuación presentaremos algunos rasgos generales que permitirán el acercamiento
al conocimiento de la historia desarrollada y vivida por el movimiento social campesino
colombiano, historia que, en buena parte, se encuentra inédita y carece de investigación
seria y profunda.
1. Surgimiento del movimiento campesino colombiano
Síntesis histórica de los años veinte
En la década de los años veinte, luego de la fundación del Partido Socialista
Utópico (1922), cuya incidencia, ora negativa ora positiva, en la génesis y el
desenvolvimiento de las primeras formas de protesta social no puede desconocerse,
surgieron en Colombia las primeras organizaciones sociales populares, entre ellas, las
asociaciones mutuales de artesanos, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, y los
movimientos indígenas y campesinos que clamaban, según el caso, por la devolución
de resguardos, la titulación y reconocimiento de los títulos de propiedad de tierras
colonizadas y la reforma a la estructura agraria, que aquel entonces se hallaba dominada
por la gran propiedad o latifundio, generalmente improductivo, que no sólo pretendía
expandirse extralegalmente sobre las tierras campesinos sino que reclutaba mano de
obra a la fuerza. En todas estas organizaciones, lo local y regional imprimirían rasgos
distintivos propios del desigual desarrollo económico, la debilidad del Estado cuando no
su ausencia a pesar de que precisamente en esta década se acometió su racionalización,
los efectos variables de la Gran Guerra y el disímil crecimiento no solo de la población
sino de las ciudades.
En 1924, como resultado de un vasto esfuerzo organizativo, se realizó en
Bogotá el primer congreso obrero-campesino, en el cual participaron las diferentes
organizaciones sociales que habían logrado consolidarse hasta el momento y tuvieron
lugar las primeras marchas y huelgas femeninas, en las que cabe destacar la participación
2
y el liderazgo de dirigentes femeninas como Enriqueta Jiménez, Belarmina Gonzáles,
Antonia Romero y Mercedes Corzo.
En esta época se perfilaron y surgieron también importantes líderes populares
como Tomas Uribe Márquez, Eduardo Mahecha, Francisco Heredia, María Cano y
José Ignacio Torres Giraldo entre otros, quienes desde 1923 concentran esfuerzos
comunes en su tarea de reivindicación social, quienes en unión con el líder indígena
José Manuel Quintín Lame impulsaron y conformaron el primer Congreso Nacional
Obrero, el cual tuvo lugar en la ciudad de Girardot el 20 de julio de 1925. Durante su
decurso se conformó la Confederación Obrera Nacional (CON), en la cual convergerían
organizaciones de artesanos, obreros, obreras, campesinas, campesinos, indígenas,
mujeres y demás luchadores populares de la época. Pero en vez de encontrar un eco o
apoyo en el Estado, como sucedería en la década siguiente cuando la República Liberal
logró incorporar a muchos de los militantes en sus filas y estatizar a varias de estas
organizaciones, todas ellas fueron estigmatizadas en virtud de su ideario socialista y el
gobierno conservador presentó incluso ante el parlamente un proyecto de pena máxima
para purgar el liderazgo social.
Ante la falta de respuesta estatal a sus reclamaciones, los campesinos comenzaron
a organizar de modo más efectivo la lucha por el acceso y el derecho a la tierra y se
unieron a otros sectores para reivindicar el conjunto de sus derechos económicos, sociales
y políticos frente al Estado y al poder casi feudal de los latifundistas. Desde entonces,
la reacción de aquél y de los terratenientes o nuevos empresarios de la tierra ante las
exigencias campesinas y populares ha sido la negación de derechos y la respuesta
acompañada de la difamación, el señalamiento, la represión, la persecución, y la
judicialización de manera violenta (SUHNER, 2002).
Producto del avance de las luchas sociales reivindicativas para mejorar las
condiciones infrahumanas de vida y la necesidad de trascender en incidir en la vida
política del país, ante un Estado con gobernantes que negaban a gran parte de la
población sus elementales derechos y, por el contrario, la violentaba y excluía, quienes
integraban la CON lograron conformar con ingentes esfuerzos el Partido Socialista
Revolucionario en el año 1926, partido que contribuiría decisivamente a orientar y
conducir importantes luchas sociales de las organizaciones y movimientos populares
3
hasta la década de 1930.
Principales luchas sociales de los años veinte
Los años veinte se caracterizan por gestar el gran surgimiento de la lucha social
reivindicativa, la cual se organizó en diferentes partes del país signadas por la negativa
terrateniente y patronal y la represión oficial. Algunos hechos históricos innegables
muestran esta realidad, como expondremos a continuación.
Muchas regiones del país vivieron huelgas obreras como las de los portuarios,
los braceros del río Magdalena, los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales, los
petroleros de Barrancabermeja, las mujeres de las hilanderías y otras empresas nacientes,
y los artesanos. A ello se suman los intentos de recuperaciones de tierras y resguardos
por parte de los campesinos, los indígenas y los colonos, según el caso. Entre todos estos
acontecimientos cabe destacar la huelga de las bananeras, que culminó en una masacre, y
la insurrección del Líbano.
La Masacre de las bananeras ocurrió el 6 de diciembre de 1928, en la estación
del ferrocarril del municipio de Ciénaga (Departamento de Magdalena), durante el
gobierno del presidente conservador Miguel Abadía Méndez y su directo responsable
fue el general Carlos Cortes Vargas del Ejército Nacional de la República, quien ordenó
a las tropas a su mando abrir fuego contra los campesinos trabajadores del enclave
norteamericano de la multinacional United Fruit Company que se habían congregado
pacíficamente para clamar por sus derechos laborales. Con un saldo de 3.200 muertos,
de acuerdo con las estimaciones del premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez
presentadas en su libro “Cien Años de Soledad”, y cerca de 800 víctimas más que
perecieron en los plantíos de banano durante los posteriores 120 días de persecución y
cacería de hombres y mujeres cuyo “delito” fue exigir solución a un pliego de peticiones
de nueve puntos. Algunos de los miles de mártires fueron Julia Ruiz, Petrona Yance y
Erasmo Coronel.
Posteriormente, los campesinos de la región cafetera del Líbano (Departamento
de Tolima), dadas las dificultades de mercadeo y los bajos precios del producto,
protagonizaron el 28 de julio de 1929 una insurrección que ha pasado a la historia con el
nombre de revolución bolchevique del Líbano (SÁNCHEZ, 1976). Este hecho se originó
4
en acuerdos suscritos entre los movimientos colombiano y venezolano de realizar un
levantamiento simultáneo para exigirle cambios políticos a los respectivos gobiernos. El
gobierno de Venezuela, empero, logró develar el plan y contuvo el levantamiento, pero
en Colombia, donde no se pudo dar aviso oportuno de lo planeado, la insurrección tuvo
lugar pero fue inmediata y duramente reprimida y buena parte de los sublevados fueron
masacrados por las fuerzas de seguridad del Estado.
2. Institucionalización del movimiento social y apertura al capitalismo
La década de los años treinta: la continuación de la lucha por la tierra
En esta década, la represión emprendida contra las organizaciones y
movimientos sociales continuó pero con la diferencia de que paralelamente se buscó la
institucionalización de dichas expresiones sociales como premisa a la apertura capitalista
en el territorio nacional. Para cumplir con este cometido, el entonces presidente, Alfonso
López Pumarejo, sancionó en 1936 la Ley 200 o Ley de tierras con el fin de neutralizar la
lucha campesina y garantizar a los terratenientes y las empresas capitalistas mano de obra
asalariada disponible y barata.
La década de los años cuarenta: violencia y desplazamiento campesino
Los años cuarenta se caracterizaron, en lo que al campesinado se refiere, por el
inicio de un nuevo periodo de violencia encubierto bajo la apariencia de lucha partidista
liberal-conservadora. Con la llegada a la presidencia del conservador Mariano Ospina
Pérez se inició en Colombia la época denominada históricamente como La Violencia.
Este fenómeno, considerado hoy una verdadera guerra civil, tuvo como detonante el
asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y la contienda fratricida que siguió a
su muerte se oficializó para acabar con el gaitanismo, en la medida que se lo temía como
amenaza política para el sistema, y acabar de paso con las organizaciones campesinas
surgidas en la década anterior y despojarlas de sus tierras en una guerra que los expertos
en el tema han calificado sin ambages de “contrarreforma agraria”, no tanto por las
conquistas nimias que para el campesinado había conllevado la Ley 200 sino porque la
producción cafetera había logrado consolidad una capa media de pequeños y medianos
5
propietarios rurales. La guerra, con sus muertos y despojos rurales, logró redefinir la
propiedad rural a favor de una concentración de tierras favorable al incipiente desarrollo
del capitalismo agroindustrial, lo cual redundó en una expulsión de campesinos hacia
las ciudades, en calidad de mano de obra barata y de nuevos usuarios cuya demanda de
servicios contribuiría a aumentar los ingresos del Estado.
En el tránsito entre ésta y la década siguiente surgieron las guerrillas liberales y
conservadoras, es decir, grupos armados ilegales pero respaldados por los directorios de
los respectivos partidos a fin de defender la causa política en el campo. Con el tiempo,
algunas de estas agrupaciones degeneraron en bandolerismo y otras fueron amnistiadas
durante el gobierno militar (1953-1957) como medida concertada de pacificación, lo
cual no evitó el asesinato de varios de los dirigentes desmovilizados, como fue el caso
de Guadalupe Salcedo, uno de los más aguerridos y notables líderes de las guerrillas
liberales de los Llanos Orientales. Por otra parte, la migración horizontal de campesinos
perseguidos contribuyó a ampliar, en condiciones de vida menos que infrahumanas, la
frontera agrícola, es decir, civilizó tierras en nuevas zonas de colonización, tierras que
posteriormente ingresarían al dominio terrateniente y agroindustrial.
La década de los años cincuenta o la era de la contrarreforma agraria
Durante los años cincuenta, La Violencia despojó al campesinado del interior
o región Andina de sus tierras, las cuales se concentraron en pocas manos en un
proceso de contrarreforma agraria que fue refrendado por el Frente Nacional o pacto
entre los partidos tradicionales que puso fin al gobierno militar. Estas tierras se usaron
principalmente para los monocultivos y dotar a la naciente agroindustria de espacio
de operaciones suficiente (BRITTAIN, 2005). Este despojo obligó al campesinado a
continuar y acentuar el proceso de colonización de nuevas tierras, en algunos casos
alentado por el Estado mismo, e impidió su reorganización por muchos años (ARRUDA
SAMPAIO, 2005).
3. El resurgimiento del movimiento campesino
6
Década de los años sesenta: agro-capitalismo y empobrecimiento del campesinado
Esta década es especialmente significativa en la historia nacional porque
durante su decurso surgieron y se consolidaron algunos de los movimientos insurgentes
que todavía continúan activos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), y apareció en escena el nuevo fenómeno de la lucha revolucionaria; tanto en la
génesis de los primeros como en la de la segunda, la Revolución cubana tuvo un papel
regional fundamental. Este acontecimiento fue utilizado por el Estado, por aquel entonces
sometido aún a los arbitrios de los terratenientes, los gremios económicos y los partidos
políticos tradicionales, como justificación para estigmatizar, perseguir y reprimir los
movimientos sociales e impedir el resurgimiento de las organizaciones campesinas en la
medida que vinculaba, sin distinciones ideológicas, a unos con otros. La pretensión del
campesinado de reorganizarse nuevamente se explica por el incremento de la penetración
del capitalismo en el campo y sus secuelas: la aceleración del empobrecimiento rural y la
salarización del campesinado y demás sectores del agro, fenómenos todos ellos que
fueron agravándose a medida que se ahondaba en el desmonte del Estado de Bienestar,
hecho que contribuyó a pauperizar a amplias capas de la población colombiana,
especialmente del sector rural.
Década de los años setenta o surgimiento del movimiento campesino ANUC
La difícil situación social vivida en los años anteriores revirtió en esta década
en una situación conflictiva. La ausencia de una auténtica reforma agraria contribuyó a
configurar un conflicto social y una crisis económica y política estructural. Las leyes de
Reforma Agraria, como la 200 de 1936 y la 135 de 1961, al igual que la conformación
de las instituciones del sector agropecuario, sólo generaban paliativos y titulación de
baldíos, mientras el campesinado continuaba viviendo en el abandono y la desesperanza.
En1967, el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo impulsó la
conformación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), bajo el
supuesto que podría tenerla bajo su control, y en 1968 creó, mediante el Decreto 755, la
Oficina de Organización Campesina. La nueva asociación, que en ese año contaba ya con
600.000 miembros registrados en 188 filiales regionales, ese caracterizó desde un inicio
7
por el hecho de que en su seno convergían tácitamente dos tendencias contrarias: de
una parte figuraban quienes consideraban que el gobierno realizaría la esperada reforma
agraria, y de otra quienes creían que ésta debía ser fruto de la iniciativa campesina, es
decir, un hecho autónomo para conquistar “la tierra pal’ que la trabaja” (ASOCIACIÓN
NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS - ANUC, 1987).
Sin embargo, las intenciones paliativas del gobierno no lograron fructificar. Los
años 1971 y 1972 se caracterizaron por grandes movilizaciones y recuperaciones
campesinas de tierra por la vía de hecho. En enero de 1972, los terratenientes y el
Ministerio de Agricultura se reunieron en Chicoral (Departamento de Tolima), y
aprobaron la conveniencia de legislar en contra del movimiento campesino y al impulso
de una contrarreforma agraria que se conoce con el sobrenombre de “Chicoralazo”. Las
decisiones allí tomadas causaron malestar en la ANUC y redundaron en la separación
definitiva de las dos tendencias y su materialización en dos vertientes separadas: la
ANUC-Línea Sincelejo que defendía la intención campesina de realizar por sí misma la
reforma agraria y la ANUC-Línea Armenia que propendía por una reforma liderada
desde la institucionalidad (ESCOBAR, 1983; ZAMOSC, 2001).
De ahí en adelante, la represión gubernamental se centró en la ANUC-Línea
Sincelejo, la cual, luego de diferentes e importantes movilizaciones y acciones de lucha
se vio forzada durante el resto de la década del setenta y parte de los años ochenta a
establecer organizaciones regionales como mecanismo necesario para continuar la lucha
por una reforma agraria integral, políticas de desarrollo rural y el bienestar social del
campo colombiano. Desde entonces el movimiento y las organizaciones campesinas han
ideado estrategias de resistencia y lucha para reivindicar sus derechos y alcanzar algunas
conquistas.
A partir de la segunda mitad de la década de 1980, los diferentes sectores de
la ANUC-Línea Sincelejo buscaron integrarse nuevamente en una dinámica nacional
y una solo expresión organizativa. Gracias a esta iniciativa, en agosto de 1987 se
logró constituir la ANUC-Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), organización que
inmediatamente reinició la lucha por la reforma agraria integral, es decir, aquella que
distribuya la tierra y la entregue a quien la trabaja junto con servicios agropecuarios y
sociales (ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS - ANUC, 1981,
8
1987). Por sus acciones en defensa del campesinado pobre que buscaba la recuperación
directa de la tierra, la nueva ANUC fue víctima de la acción represiva del Estado y el
paramilitarismo. Gran parte de su dirigencia, activistas y base social organizada pereció
asesinada y ello incidió en pérdidas de la economía campesina, tanto como de tierras, y
el desplazamiento forzado masivo hacia los pueblos y ciudades, fenómeno que generó
grandes masas de campesinado errante e indigente.
Durante cinco años, la ANUC-UR resistió la guerra generada en su propio país
y la persecución contra sus dirigentes campesinos, proceso durante el cual perdió a
muchos de sus integrantes y vio cómo su base se dispersaba y atomizaba. Durante su
Segundo Congreso, que se celebró en 1992, su estado de precariedad le impidió encontrar
soluciones o alternativas para superar su debilitamiento. Desde entonces, la organización
resiste y sobrevive desarticulada y diezmada, es decir, no ha logrado enrumbarse hacia
una nueva dinámica nacional organizativa, política y social que le permita multiplicar
sus bases y su dirigencia. Sin embargo, la ANUC sentó un precedente importante en los
movimientos campesinos porque desde su fundación hasta hoy, tanto de su propio seno
como de sus vertientes, han surgido diferentes organizaciones regionales y nacionales
de los sectores indígenas, afrodescendientes, de mujeres, jóvenes y campesinos, entre
ellas la Asociación Campesina Popular (Asocampo). A partir de diciembre de 2004, esta
organización ha venido liderando un proceso de integración de diferentes organizaciones
de los sectores campesino y popular. En este propósito ha retomando y racionalizando los
procesos vividos por el movimiento campesino y popular en los últimos veinte años, con
el fin de identificar nuevas alternativas políticas y sociales que permitan avanzar en la
construcción del país y la sociedad que todos y todas queremos.
B. Importancia del sector campesino en Colombia
1. Vocación de Colombia
Colombia es un país de vocación eminentemente forestal, aunque se ha
establecido como un país agrícola y su idiosincrasia es campesina así la mayoría de la
población habite actualmente en pueblos y ciudades capitales.
9
2. Concentración de la tierra
Los suelos más productivos de Colombia se encuentran localizados en el altiplano
cundi-boyacense y en los valles, lugares donde la concentración de la tierra es muy
alta. Paradójicamente, se han venido sancionando leyes y más leyes que no sólo han
dejado irresuelta la situación de los campesinos sin tierra sino que expresan la falta
de voluntad de acometer una reforma agraria integral por la vía estatal. Las políticas
capitalistas neoliberales de contrarreforma agraria, como la Ley 1152 del 2007, han
contribuido a estimular la ya de por sí alarmante concentración alarmante en la medida
que favorecen el fenómeno de la relatifundización en gran parte ociosa del país. Además
de la normatividad, la acción narco-paramilitar violenta y el despojo constituyen el
principal factor de concentración de la tierra y relatifundización. El 85 % de la tierra
productiva está concentrada en el 1% de los propietarios y el restante 15% está en manos
de pequeños productores que generan el 65% de la producción de alimentos que consume
el país. Son estos mismos campesinos los custodios de los recursos naturales, la cultura,
la identidad y el amor al trabajo (FAJARDO MONTAÑA, 2002).
Los efectos negativos de la concentración de la tierra se han visto reflejados en
la migración campesina a la ciudad y en la falta de producción campesina de alimentos
sanos y saludables para la población colombiana. Paralelamente, el campo y la ciudad
son invadidos de productos de las multinacionales, de importados y transgénicos insanos
para la salud de la población y la proliferación del monocultivo y la producción de
alimentos industriales para la fabricación de agrocombustibles se ha posicionado en
contra de la sanidad y la seguridad alimentaria de la nación.
3. El modelo agroexportador y las multinacionales
Lo expuesto anteriormente se puede sintetizar en términos más formales. El
modelo de desarrollo de la economía colombiana se asentó en una herencia colonial
que determinó las estructuras administrativas del Estado y una separación tajante del
campo y la ciudad que hoy en día continúa vigente. Durante el siglo XVIII, se desarrolló
y tuvo auge la economía de la hacienda, pero entrado ya el siglo XX la estructura de
la tenencia de la tierra adquiriría su rasgo distintivo o el sistema bimodal, es decir la
coexistencia del gran latifundio en las tierras planas (grandes plantaciones comerciales y
10
tecnificadas con productos comerciales como bananos, café, flores y más recientemente
palma africana) y el minifundio campesino en las laderas de las cordilleras. Ambos, en
alguna medida, surgieron del proceso de colonización de las tierras bajas que tuvo sus
antecedentes durante el siglo XIX en la colonización antioqueña (BERGQUIST, 1988;
SUHNER, 2002). Dicho sistema determinó un sistema productivo con cuatro vertientes:
las zonas campesinas, la ganadería extensiva, la producción comercial y una de expansión
de la frontera agrícola. La Tabla 1 resume la estructura agraria colombiana y los grupos
sociales que la componen.
Tabla 1. Estructura agraria colombiana y sectores de clase (años 60)
Ubicación geográfica
Estructura agraria
Principales sectores de
prevaleciente
clase “campesinos”
Región Andina
Economía campesina
Campesinos estables
Piedemonte de las fronteras de las Colonización
selvas de la Amazonía, Cuenca del
Orinoco, Litoral Pacífico y otras áreas
marginales
Campesinos en estado de
precariedad
Costa Atlántica, Llanos Orientales, Latifundios tradicionales
zonas marginales de los Andes y valles
interiores
Valles interiores de los ríos Magdalena Capitalismo agrario
y Cauca
Campesinos sin tierra
Trabajadores agrícolas
Fuente: Tomada y adaptada de León Zamosc (2001, p. 110).
A riesgo de simplificar, puede afirmarse sin embargo que la Tabla precedente
ilustra la estructura agraria colombiana vigente. Al igual que en varios países
latinoamericanos, parte del desarrollo agrario e industrial colombiano se basó en la
desposesión y expulsión de campesinos y habitantes rurales hacia las grandes ciudades.3
Este modelo fue apoyado desde principios del siglo XX por las misiones de los
organismos internacionales y, sobre todo, por las misiones del Banco de Reconstrucción
y Desarrollo de los años 50 y 70 lideradas por el economista estadounidense Lauchlin
3
José de Souza Martins (2002) señala que para la comprensión de los movimientos sociales
brasileños, especialmente el MST, se requiere entender el modelo de desarrollo agrario del Brasil, el cual es
distinto al de la mayoría de los países latinoamericanos en la medida que este país carecía de grandes masas
de campesinos que pudieran ser objeto de expropiación y proletarización y porque el desarrollo de los
latifundios dedicados a los cultivos para la exportación permitió el surgimiento de una burguesía y se
sustentó en un proceso de inmigración y asentamiento internacional de italianos y alemanes, entre otros.
11
Currie. La propuesta de desarrollo de Currie postulaba que era necesario acelerar el
desarrollo a través de procesos de migración del campo a la ciudad en algunas áreas
específicas. De otra parte, de acuerdo con James J. Brittain (2005, p. 37), un segundo
elemento fundamental era el traslado de las necesidades en demanda efectiva. Este
elemento estaría en concordancia con el periodo de expropiación de los pequeños
campesinos cafeteros, la cual tuvo lugar, como ya se mencionó, durante La Violencia
(1948-1963), y sirvió para consolidar el monopolio de la industria agroindustrial, no
solamente cafetera. Adicionalmente, se propuso la eliminación de los programas sociales,
las tarifas de protección y la reducción de salarios, y se sugirió restringir las formas de
organización de los trabajadores (elemento fundamental para comprender algunas de
las demandas de los movimientos campesinos). Esto suponía la existencia de un Estado
fuerte que pudiese sofocar las resistencias campesinas a este proceso (BERGQUIST,
1988; BRITTAIN, 2005).
Así, para la implementación de esta propuesta4, como ya lo dijimos, el
Estado creó la ANUC en 1967. En cierta forma, la pugna por la imposición de un modelo
de desarrollo dominante tuvo su punto de inflexión cuando en 1972, en virtud al “Pacto
de Chicoral”, se dio por concluida la etapa de reforma agraria asistida por el Estado y
comenzaron a imponerse en el país las políticas monetaristas. Por otra parte, el proceso
de desposesión campesina e industrialización del campo consolidó un sector de
trabajadores agrícolas y campesinos que contribuyó a la constitución de la Fensuagro-Cut
hacia 19875. Sobre esta estructura agraria se expandiría luego el modelo capitalista
neoliberal agro-exportador, primordialmente a través de la intromisión de las
multinacionales que implementan megaproyectos de saqueo de la biodiversidad, los
recursos mineros y energéticos, captan y monopolizan las comunicaciones y los servicios
a la par que introducen sistemas agro-industriales con cadenas productivas y aceleran la
proliferación de monocultivos comerciales maderables de pino y eucalipto, palma
4
La implementación de esta propuesta contradecía sin embargo uno de los presupuestos básicos del
modelo de industrialización de sustitución de importaciones impulsado por la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), cual era la consideración de que la producción campesina era más eficiente que
la de los latifundios. Por lo tanto, lo que se requería era procesos de reforma agraria asistidos por el Estado
y medidas de asistencia que beneficiasen a los campesinos y productores agrícolas eficientes.
5
La ANUC-UR y la Fensuagro-Cut son las dos organizaciones que han propiciado la constitución
de la Vía Campesina en Colombia.
12
aceiteras, caña, yuca, ajonjolí y maíz, entre otros, para la producción de agrocombustibles
por medio del uso de transgénicos y agro-tóxicos de la así llamada “revolución verde”.
4. Intentos constitucionales de transformación
No obstante, a principios de la década de 1990, parte de la sociedad colombiana
estableció distintos mecanismos para solucionar el prolongado conflicto que ha marcado
el devenir histórico nacional. Estos mecanismos, así como las concepciones sobre el
conflicto mismo, los problemas que se requerían solucionar y las fuerzas sociales que
deberían hacerlo, se expresaron en una Asamblea Nacional Constituyente que sesionó
durante el primer semestre de 1991. En esta Asamblea estuvieron presentes todos los
sectores sociales que supuestamente podrían determinar los derroteros del devenir social
colombiano al establecer las bases materiales de “un pacto social de paz”.
El resultado de este proceso fue una nueva constitución política que determinó
un modelo democrático de gestión de la crisis que contiene los siguientes elementos:
consagración del sistema económico capitalista; organización democrática de la sociedad
(denominada en adelante participativa); un poder constituyente limitado del pueblo; un
Estado social de derecho que establece los límites de la acción estatal y un ideal para
ser alcanzado por la sociedad colombiana manifestado en la garantía de unos derechos
fundamentales y otros de alcance progresivo, los derechos sociales, económicos y
culturales (BOHÓRQUEZ MONTOYA, 2001a).
En consecuencia, este modelo pretendió, a través de la consagración de una
serie de derechos y garantías, la inclusión de indígenas, afrocolombianos, campesinos6
y mujeres en el sistema político, inclusión que se formuló en términos de igualdad
social, política y cultural. Además, se consagraron normas generales para resolver o al
menos aminorar los factores que propiciaban la desigualdad económica de estos grupos
sociales. Dicho modelo se fundamentó en el presupuesto implícito –en un periodo de
6
En el desenvolvimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y en la consagración de las
normas constitucionales las demandas campesinas quedaron subsumidas en las de otros sectores sociales
mientras que las reivindicaciones de las comunidades indígenas y afrocolombianas se trataron como temas
separados.
13
reestructuración neoliberal de la economía colombiana7 y latinoamericana (generalmente
circunscrita a la llamada globalización) de gran interdependencia política y económica
respecto de los países desarrollados (DABÈNE, 1997; PETRAS & VELTMEYER,
2005)- que la crisis y el conflicto se podrían resolver mediante un acuerdo interno de los
colombianos.
No obstante, más de una década después de la promulgación de la
Constitución Política de 1991, se ha juzgado que este proceso fue fallido porque no se
consideraron las fuerzas “externas” que estaban moldeando, en un proceso contradictorio,
a la sociedad colombiana, como tampoco aquellas “internas” altamente beneficiadas por
el modelo socio-económico y político vigente8 (BOHÓRQUEZ MONTOYA, 2001b).
Entre las últimas, para el caso del sector agrario, y menos propensas a cualquier cambio
estructural, figuraban el sector financiero y los grandes propietarios de tierras
(BRITTAIN, 2005; ZAMOSC, 2001); y entre las primeras, aquellas que estaban
igualmente interesadas en mantener las estructuras sociales sin grandes modificaciones –
sin incluir los organismos multilaterales, la banca mundial y algunos Estados- se
encontraban las grandes corporaciones multinacionales del agro (FRIEDMANN, 1982;
RICHANI, 2005). Así, las disposiciones constitucionales y algunas modificaciones por
ellas propiciadas, básicamente en el sistema de justicia y electoral, no alteraron
fundamentalmente la “exclusión” de los campesinos, los trabajadores agrarios y los
pequeños propietarios del sistema político y del acceso a los recursos para desarrollar sus
actividades económicas.
Muchos de estos grupos sociales excluidos han creado una serie de organizaciones
en aras de la defensa de sus intereses. Los movimientos sociales campesinos lo hicieron
principalmente en las décadas del 60 y 70 y algunas de sus organizaciones forman parte
o de ellas surgieron los miembros de la Vía Campesina Colombia, organización que,
cual sus predecesoras, han luchado a lo largo de la historia colombiana por lograr las
transformaciones sociales y económicas que han alterado “tanto la evolución política
como el desarrollo económico [colombiano]” (BERGQUIST, 1988:19).
7
Si bien en la década del 90 se sintió con especial intensidad la aplicación del modelo neoliberal en
Colombia, este modelo tiene sus antecedentes en los años 20 y 60 en las misiones Kemmerer y en las
misiones Currie de los años 50 y 70 (BRITTAIN, 2005; KALMANOVITZ, 1986).
8
Igualmente estuvieron ausentes los dos principales grupos insurgentes: las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
14
En síntesis, es posible aseverar que el espacio político nacional no sufrió, ni mucho
menos, una transformación radical con la reforma constitucional de 1991 sino que, por
el contrario, los factores que propiciaban su cierre se han agudizado desde entonces. Un
mayor constreñimiento del espacio político y social se ha visto recientemente favorecido,
no sólo por las reformas neoliberales y la globalización sino por el surgimiento y la
consolidación de un proceso de contrarreforma agraria, paramilitar y del narcotráfico, 9
que se sustenta en lo que William Stanley (1996) ha denominado “the protection
racket State” [el Estado de protección ilegal]10. Este Estado se caracteriza por el uso
desproporcionado, pero discriminado, de la violencia contra los sectores sociales
opuestos a él, o a sus proyectos, con el objetivo de lograr no solamente la contención de
estos sectores, sino la meta de obtener concesiones políticas y económicas de las elites.
Si bien el cierre relativo del espacio político ha contenido relativamente parte
de las acciones colectivas de los movimientos campesinos y agrarios colombianos
(PRADA, 2002), esto mismo, aparentemente, ha propiciado que los movimientos sociales
busquen la acción transnacional como palanca para plasmar, en parte, sus objetivos
internos en la medida que se los considera, por lo general, inextricablemente vinculados
a procesos sociales, políticos y económicos que trascienden las fronteras nacionales,
y se los enmarca, del mismo modo, en el surgimiento y consolidación paulatina de la
organización y estructuras de la Vía Campesina Colombia.
9
En 1972, con la firma del “Pacto del Chicoral” (Tolima), se puso fin a los intentos previos de
reforma agraria “confiscatoria” y se dio paso a procesos de contrarreforma. En las siguientes dos décadas
se impulsó desde los organismos internacionales una reforma agraria basada en adquisiciones de la tierra a
precios de mercado que llevó a una contrarreforma por parte de los bancos e instituciones crediticias
porque comenzaron a confiscar las tierras de los campesinos que no podían pagar los distintos créditos (e
intereses) obtenidos para el ejercicio de sus actividades agropecuarias. Desde los años 80 se viene
impulsando también una contrarreforma agraria paramilitar que busca la acumulación de tierras no
solamente para la producción, sino como activo autovalorizador, fuente de estatus social y, generalmente,
terrenos de “recreo” de los nuevos poseedores y propietarios (BOHÓRQUEZ MONTOYA, 2007, 8).
10
El sentido de la palabra racket (del inglés) usada por Stanley, es difícilmente colmado por el
equivalente español: ilegal. Quizás se presta para mayor confusión. Una interpretación de los procesos de
seguridad y de la transformación del Estado colombiano, sustentado en parte el en el trabajo de Stanley,
puede encontrarse en el trabajo de Jairo Bedoya (2007).
15
C. Perspectivas del movimiento campesino colombiano
1. Principales problemáticas a resolver
Las principales problemáticas a resolver, en tanto impactan en grado superlativo
al movimiento campesino, son: la imposición del neoliberalismo y su modelo agrocomercial y agro-exportador, el cual impide implementar una reforma agraria integral
y fomenta, por el contrario, la concentración de la tierra y relatifundización del campo;
el asentamiento de las multinacionales con megaproyectos, cadenas productivas,
monocultivos, transgénicos y especialización en agro-combustibles; la neo-esclavización
salarial del campesinado, la violencia permanente y la acción del narcotráfico y el
paramilitarismo; las políticas dependientes y anti-democráticas que afectan gravemente
al campesinado. Todas éstas, por separado, o tomadas en su conjunto, han obligado a
los sectores sociales rurales, pero especialmente al campesino, a plantear propuestas
de cambio significativo, entre las que destacan el fortalecimiento organizativo del
movimiento campesino y la consolidación de una estrategia de coordinación nacional e
internacional.
2. Fortalecimiento de las expresiones organizativas del movimiento campesino
Entre
las
perspectivas
del
movimiento
campesino
nacional
figura
el
fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales campesinos con opción de
resistencia, acción y lucha alternativa para Colombia, hoy representada por la Asociación
Campesina Popular (Asocampo), la Asociación Nacional de Usuarios CampesinosUnidad y Reconstrucción (ANUC-UR),
El Concejo Nacional Agrario (CNA), la
Federación de Sindicatos Agrarios (Fensuagro), la Asociación Campesina de Colombia
(ACC), la Asociación de Mujeres Indígenas y Campesinas de Colombia (Anmucic),
entre otras. Todas estas organizaciones, cabe alertar, han venido siendo estigmatizadas,
sindicadas, perseguidas y judicializadas por sus oponentes y el Estado.
3. Coordinación nacional e internacional
Las organizaciones y movimientos sociales campesinos vienen participando
y fortaleciendo coordinaciones nacionales, continentales y mundiales como la
16
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), la CLOC
nacional y continental y Vía Campesina Mundial, todas las cuales pretenden globalizar la
resistencia y la lucha por la esperanza transformadora de una Colombia, una América y
un mundo mejor y posible para el campo.
4. Construcción colectiva de nuevas propuestas
Las organizaciones y movimientos sociales campesinos plantean la construcción
colectiva de una propuesta de paz y una democracia integral, estable y duradera que
fructifique en:
- Una solución política al conflicto social y armado en Colombia.
- El establecimiento de un gobierno nacional democrático.
- El desarrollo de una reforma agraria integral que distribuya la tierra entre quienes la
trabajan y garantice servicios agropecuarios y sociales dentro de una política nacional de
desarrollo sostenible y sustentable del campo colombiano.
- La defensa y el fortalecimiento de la economía campesina.
- El desarrollo de una política de soberanía territorial y alimentaria.
- La construcción de vida digna a través de planes de desarrollo territorial.
- La producción agroecológica campesina de alimentos.
- La defensa de la geodiversidad y la biodiversidad.11
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pie! y con ganas de echar p'alante: Ponencias y conclusiones del Congreso de
unidad y reconstrucción de ANUC. Bogotá: Asociación de Usuarios Campesinos ANUC.
11
La mayor parte de estas propuestas la ha ido construyendo en articulación con la Vía Campesina y
la CLOC; confróntese: COORDINADORA LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DEL
CAMPO - CLOC, 1996, 1997, 2005; COORDINADORA LATINOAMERICANA DE
ORGANIZACIONES DEL CAMPO - CLOC & VÍA CAMPESINA, 1997; VÍA CAMPESINA, 2000,
2001a, 2001b, 2007.
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