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martes 15 de Marzo de 2016
Lo inevitable se pudo haber
hecho mejor
Por: Fernando Navajas
Economista jefe de FIEL
El debate inflacionario está al rojo vivo en la Argentina porque el actual equipo de Gobierno no entendió en
noviembre pasado, antes de la segunda vuelta, y por ende no tuvo en diciembre la claridad conceptual
necesaria como para explicarle a la sociedad que una operación de corrección de precios relativos como la
que heredó es equivalente a blanquear una fenomenal inflación reprimida y que por lo tanto la tasa de
inflación iba a subir, y bastante, pero de modo transitorio, en la primera mitad de 2016. En cambio se encerró
en el triunfalismo de que con el cambio de expectativas y un buen manejo monetario-cambiario la inflación se
iba a reducir y cometió el error de pronosticar un 25% para 2016, cuando en verdad no había ningún modelo
numérico serio que pudiera proyectar eso. Hace tres semanas, la última encuesta para 2016 dada a conocer
por Consensus Forecast (que releva los pronósticos de 24 consultoras profesionales en la Argentina) arrojaba
un 31,7% de aumento del IPC para 2016, con sólo tres respuestas que decían que va a estar en la pauta
oficial. Pero un aspecto importante es que la misma proyección de la inflación, pero para 2017 (si bien basada
en un número menor de respuestas) cae al 20% anual. Es decir que los analistas entienden, para mí
correctamente, que esta aceleración inflacionaria está vinculada con la purga de la inflación reprimida por la
compresión y distorsión de precios relativos heredada.
Hace un año, yo circulé un documento de trabajo de FIEL ("Subsidios a la energía, devaluación y precios")
que buscó dar una respuesta numérica a la pregunta sobre el efecto inflacionario de una eliminación de los
subsidios a la energía. Los resultados de mi ejercicio de simulación preferido eran que, sin contar el efecto de
la devaluación -que agravaba el agujero de los subsidios porque los costos de la energía están en dólares y la
demanda paga en pesos- ni con el efecto de la suba salarial, la eliminación total de los subsidios al gas y la
electricidad (si es que se iba por ese camino) le iba a adicionar a la inflación de 2016 un shock que, teniendo
en cuenta la inercia inflacionaria, iba a ser del orden del 11%. El resultado provenía de simular una ecuación
de precios en donde los efectos de los aumentos del tipo de cambio, las tarifas de energía y los salarios
agregaban shocks de corto plazo a una relación que dependía en el largo plazo de la emisión monetaria y el
déficit. Por lo tanto aparecía una duda que había que dilucidar, sobre si el efecto de estabilización de la
inflación resultante de eliminar los subsidios (porque se eliminan el déficit y la emisión monetaria) dominaban
en 2016 el efecto impacto de tener que subir las tarifas. Esta pregunta cuantitativa precisa requiere una
respuesta que sólo puede darse con una ecuación dinámica de precios basada en los componentes antes
mencionados (tipo de cambio, tarifas, salarios y emisión monetaria) y no con las cuentas de almacenero que
miden el impacto en la inflación por efecto en el IPC que tiene una determinada suba de precios. Esto es lo
que hemos estado escuchando y leyendo todos estos días. No está mal hacerlo si uno quiere medir impactos
contables fácilmente, pero no es una respuesta completa porque no tiene en cuenta los "efectos de segunda
vuelta" que están en la propia formación de precios, algo que ya ha ocurrido con el tipo de cambio, está recién
empezando a ocurrir con las tarifas de electricidad y va a ocurrir dentro de poco luego de los aumentos
salariales y de las tarifas de gas natural.
El problema es que estos aumentos de segunda vuelta dan lugar a aumentos de segunda vuelta del tipo de
cambio, las tarifas y quién lo sabe, más adelante en el año en los salarios. Contra esto batalla la política
monetaria y, atrás de ella, la política fiscal. De nuevo, sólo una ecuación dinámica de precios es capaz de
cuantificar estos efectos y la misma tiene que ser parte de una agenda explícita de un programa de
estabilización. Hoy no la tenemos, pero porque nos olvidamos de cosas que aprendimos antes cuando
estudiábamos inflación y estabilización. El debate de cuáles son o deberían ser las anclas nominales de corto
plazo y largo plazo es un debate que no se dio el año pasado y el Gobierno manifestó una sordera selectiva
frente a lo que escribimos varios economistas. Mientras que el papel del Banco Central ha sido para mí
consistente y congruente con trabajar para que la inflación de mediano plazo baje, dada la lentitud de la
política fiscal en reducir el déficit, el papel de los shocks de precios relativos en la dinámica inflacionaria ha
sido poco entendido o directamente descalificado. La negación o relativización de la importancia de contar con
algún ancla nominal de corto plazo en la transición llevó a que se leven anclas disponibles que no se deberían
haber sacrificado. Entre ellas, la economía tenía un ancla en materia de formación de precios que era
deflacionar los precios de los combustibles líquidos para transporte, por convergencia con los precios
internacionales. Esta opción fue a mi entender lamentablemente sacrificada en el altar de una operación de
transición del sector petrolero que le cuesta casi 2 puntos del PBI a la economía. Esta desatención de la
dinámica de precios no es gratis para la propia estrategia antiinflacionaria. Los costos son, entre otras cosas,
que el BCRA esté ahora peleando una batalla de credibilidad sobre la inflación futura que no se ve bien a
juzgar por las tasas de interés de más de 6 meses. Mi impresión es que si bien esto era inevitable, podríamos
haberlo hecho mucho mejor.
(*) Economista jefe de FIEL