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Aún lejos de modificar el secreto bancario
Noticia
La ley que le permitiría a la SAT tener acceso
a los datos que maneja el sistema bancario
continúa en suspenso tras la decisión del
pleno de regresar su iniciativa a la Comisión
de Economía.
Alejandro Pérez
16 08 12
Seidner explica que se esperará a que vengan
los técnicos de la OCDE en septiembre
próximo, pues “hay mucha especulación con
respecto a lo que esta entidad plantea”.
“No hemos sabido de casos de bandas de
sicarios integradas por miembros de la SAT o
la Superintendencia de Bancos”, expone
Carlos Barreda para explicar que no hay
riesgos de seguridad si se elimine el secreto
bancario.
Eliminar el secreto bancario representa la
posibilidad de que la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) pueda tener
acceso a información para corroborar los
ingresos reales de los contribuyentes.
Con una normativa que permita llevar
controles sobre estos datos se haría posible
salir de la lista de paraísos fiscales, que
clasifica la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).
Para alcanzar este objetivo, el pleno del
Congreso se preparaba el pasado 2 de agosto
para aprobar en su redacción final la iniciativa
4326, tal como lo habían pactado los jefes de
bloque.
El anteproyecto consiste en modificaciones al
Código Tributario y la Ley de Bancos para
brindarle más herramientas de control a la
SAT. Carlos Barreda, diputado de la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE), explica que
la forma en que quedó redactada la iniciativa
es suficiente para salir del listado en el que le
OCDE tiene a Guatemala.
Sin embargo, la iniciativa regresó el a la
Comisión de Economía del Congreso el
mismo día que se había previsto que se
aprobara, por una moción presentada por las
bancadas del Partido Patriota (PP) y Visión
con Valores (Viva).
Una de las razones argumentadas por los
diputados del PP y Viva para sacar la Ley de
la discusión en el pleno era su intención de
que se aplique sólo a extranjeros y se deje
afuera de su margen de acción a los
guatemaltecos.
También plantearon que se debe contar con
una orden de juez competente para tener
acceso a esta información. El argumento para
ambas propuestas fue la necesidad de
garantizarla seguridad de las personas cuya
información se hará pública y evitar un mal
uso de ella.
Otro de los aspectos que se revisarán
nuevamente en la sala de trabajo incluyen la
forma en que la nueva ley abordará el tema
de las financieras offshore. Según Emmanuel
Seidner, diputado del PP y presidente de la
Comisión de Economía, Q20 millardos que se
encuentran en el sistema bancario del país
corresponden a estas entidades. Para ello se
solicitará la opinión del Banco de Guatemala.
En cuanto a la posibilidad de sacar a los
guatemaltecos del margen de acción de la
normativa que se discute, Seidner explicó que
se trata de una propuesta que se evaluará en
la Comisión, pero que él no tiene una postura
al respecto. Otros aspectos que se revisan
son más controles para evitar la divulgación
discrecional de los datos que se manejan en
el sistema bancario.
La extracción de los artículos incisivos
Más allá del atraso que representa enviar la
iniciativa de nuevo a una Comisión está el
riesgo de que ésta pierda los elementos más
significativos para convertirla en una
herramienta contra las actividades ilegales
que se pueden cubrir con el secreto bancario.
Ricardo Barrientos, economista del Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi),
resalta que además de su importancia para
evitar la defraudación tributaria, una ley así
permite llevar más controles sobre las
actividades ilícitas al comparar los ingresos de
las personas con las ganancias que reportan.
Cuatro días después de que el proyecto
regresara a la Comisión, Barreda presentó
una nueva propuesta. El congresista señaló
que en ésta se incluyen los aspectos que
corren el riesgo de desaparecer en la 4326.
Barreda expone que aplicar la Ley sólo a
extranjeros y dejar fuera a los guatemaltecos
y las offshore del alcance de la ley es “quitarle
los dientes”, y no le permitiría al país salir de
la lista de la OCDE.
“No hemos sabido de casos de bandas de
sicarios integradas por miembros de la SAT o
la Superintendencia de Bancos”, expone el
congresista para explicar que no hay riesgo
en la seguridad con que estas dos entidades
tengan acceso a la información delas cuentas
bancarias.
El diputado de la UNE acepta que debe haber
orden de juez competente y aclara que este
era un tema que no se había cuestionado.
También señala que si se desea poner
sanciones a quien divulgue información
privada sobre el tema, se puede agregar en la
iniciativa, aunque la Ley de Acceso a la
Información
ya establece penas de cinco a ocho años,
más multas, para quienes difundan datos
protegidos por la normativa sin contar con la
autorización necesaria.
De momento, la Comisión de Economía está a
la espera de recibir nuevamente la iniciativa.
Seidner explica que se esperará a que vengan
los técnicos de la OCDE en septiembre
próximo, pues “hay mucha especulación con
respecto a lo que esta entidad plantea”. Esto
significa que las aspiraciones de eliminar el
secreto bancario se vuelven a ver
postergadas y el plazo para contar con su
aprobación es de nuevo indefinido.
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