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El “proteccionismo comercial verde”:
un análisis de tres nuevas cuestiones
que afectan a los países en desarrollo
María Victoria Lottici
Carlos Galperín
Julia Hoppstock*
Resumen
El medio ambiente está siendo utilizado, en forma creciente, para justificar medidas proteccionistas
que lucen un mayor grado de legitimidad social. En los últimos años se han ido incorporando nuevas
cuestiones, de las cuales en este trabajo se analizan tres: el crecimiento verde y la economía verde, las
medidas de respuesta al cambio climático, y la liberalización de bienes y servicios ambientales.
Estas nuevas cuestiones se utilizan tanto para aplicar barreras a los bienes y servicios provenientes de
los países en desarrollo como para mejorar el acceso de las exportaciones de los productos industriales
de los países desarrollados. Todo ello converge en un “proteccionismo verde” que apunta a ser utilizado
para mejorar el saldo comercial de los países desarrollados, en especial en su relación con los países
en desarrollo.
En los múltiples foros donde estos temas se están debatiendo, la Argentina ha planteado que estas
cuestiones no deberían derivar en un proteccionismo verde ni fomentar políticas que constituyan
restricciones encubiertas al comercio internacional, de manera inconsistente con el sistema multilateral
de comercio y con el derecho internacional ambiental, en particular con el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas.
* Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales y G20 (DIAEM) – Cancillería argentina.
CEI | Revista Argentina de Economía Internacional | Número 1 | Febrero 2013
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
1. Introducción
C
on las sucesivas negociaciones comerciales internacionales, los aranceles se fueron reduciendo y fueron
perdiendo así su peso como instrumento de protección de los sectores productivos locales, en particular de los
países desarrollados. Es así como al mismo tiempo que ello ocurría, comenzó a crecer el papel de las medidas no
arancelarias.
Entre las medidas no arancelarias, las relacionadas con la protección del medio ambiente están siendo utilizadas de
manera creciente como un argumento para limitar el comercio internacional, debido a que cuentan con dos ventajas
en relación con otras medidas: primero, lucen un mayor grado de legitimidad a los ojos del ciudadano común;
segundo, pueden aplicarse con mayor discrecionalidad.
Este uso de las medidas comerciales ha sido criticado desde un punto de vista teórico. Así se ha demostrado que
la política comercial de un país importador no es un sustituto satisfactorio de la política ambiental que podría
aplicar el país exportador que contamina al producir los bienes que exporta, ya sea que se trate de un problema
circunscripto al país productor o se refiera a una contaminación que trasciende sus fronteras, como ser un problema
bilateral, regional o global (Baumol y Oates, 1988: cap. 16; Copeland y Taylor, 2004). Es por ello que los trabajos
teóricos han planteado que, para resolver un problema ambiental, lo más adecuado es el uso de un instrumento
propio de la política ambiental(1).
Sin embargo, con el argumento legítimo de proteger el ambiente, en la práctica se utilizan medidas que restringen
el comercio y que no resultan las más efectivas para lograr el objetivo ambiental deseado. Algunas de ellas
corresponden al ámbito de la política comercial mientras que otras forman parte de los instrumentos de la política
ambiental. Este conjunto de medidas se ha denominado “proteccionismo ambiental” (Laplante y Garbutt, 1992) o
“proteccionismo verde”.
Los países desarrollados son quienes más están recurriendo a este tipo de medidas en razón de que buscan, a
través de ellas, transferir los costos de la implementación de sus obligaciones ambientales –asumidas en diversos
acuerdos multilaterales de medio ambiente– a los países en desarrollo, y así no perder competitividad vis a vis
estos países. En ese contexto, estas medidas afectan en mayor grado a las exportaciones provenientes de los países
en desarrollo.
A pesar de que la cuestión del proteccionismo verde es relativamente reciente, se puede diferenciar entre las viejas
y las nuevas tendencias, remarcando que las nuevas no vienen a reemplazar a las viejas sino a sumarse a ellas,
complementando y reforzando los instrumentos, argumentos y ámbitos de discusión existentes.
En este contexto, en los últimos años se han sumado nuevos instrumentos y argumentos que incrementan el grado
de discrecionalidad disponible por parte de quienes fijan la política comercial. Entre estas nuevas cuestiones, se
pueden señalar tres: i) la aplicación de los conceptos de “crecimiento verde” y “economía verde”, como una nueva
justificación para poner en práctica medidas comerciales y medidas ambientales con efectos comerciales; ii) las
medidas de respuesta al cambio climático, como una forma de trabar importaciones; y iii) la liberalización de los
bienes y servicios ambientales, como un mecanismo por el cual los países desarrollados buscan mejorar el acceso
de sus exportaciones de productos industriales a otros mercados.
A ello se le agrega un nuevo fenómeno de estrategia negociadora por el cual un mismo tema es introducido en
diferentes foros de negociación, no solo comerciales sino también ambientales y de cuestiones productivas y
económicas sectoriales, donde los países en desarrollo no suelen asistir con negociadores expertos en cuestiones
comerciales, muchas veces por motivos presupuestarios y por falta de recursos técnicos disponibles, todo lo cual
crea una dificultad adicional para enfrentar el proteccionismo verde encubierto.
El objetivo de este artículo es mostrar cómo –mediante algunas de estas nuevas tendencias– se utiliza el ambiente
como un argumento para mejorar el saldo comercial. Para ello, en la sección 2 se resumen los instrumentos y
argumentos del proteccionismo verde tradicional. En la sección 3 se realiza un breve análisis de las estrategias de
diversificación de foros y su relación con el proteccionismo verde. En la sección 4 se presenta el desarrollo y la
aplicación de los conceptos de crecimiento verde y economía verde. En la sección 5 se examinan las medidas de
lucha contra el cambio climático –también conocidas como medidas de respuesta. En la sección 6 se presenta el
1 Aunque se ha sugerido que la política comercial podría utilizarse como una segunda opción cuando no se puede o no se quiere utilizar la
política ambiental (Copeland y Taylor, 2004).
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nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
debate –tanto en el terreno analítico como en el de las negociaciones comerciales– sobre la liberalización de los
bienes y servicios ambientales. Por último, en la sección 7 se presentan las conclusiones.
2. Instrumentos y argumentos del proteccionismo verde
tradicional(2)
El proteccionismo verde tradicional se vale de diferentes instrumentos de política comercial. Algunos de ellos se
están aplicando, mientras que otros, a pesar de discutirse desde hace muchos años, aún no han logrado superar la
etapa de propuesta y debate, incluso a nivel legislativo.
Entre los instrumentos que se aplican se destacan los requisitos de acceso a los mercados bajo la forma de medidas
técnicas y requisitos de información, y los subsidios internos a la producción e innovación, mientras que entre los
instrumentos que siguen en etapa de debate cabe mencionar la aplicación de aranceles aduaneros diferenciales,
los pagos en frontera en función de los procesos y métodos de producción, y los derechos compensatorios por
subsidios ambientales implícitos.
Los requisitos de acceso bajo la forma de medidas técnicas y requisitos de información se utilizan como un modo de
diferenciar a los bienes según la magnitud de los impactos ambientales ocurridos durante la etapa de producción
y/o de consumo. Estos requisitos se conocen también como medidas sobre procesos y métodos de producción
(PPM, por sus siglas en inglés). Mediante las medidas técnicas se indica qué insumos y qué procesos de producción
son permitidos y cuáles no, mientras que los requisitos de información apuntan a informar al consumidor final –v.g.,
mediante etiquetas adosadas al producto final– o a las empresas –v.g., a través de certificaciones de gestión ambiental–
respecto de los impactos ambientales vinculados con el producto y los procesos y métodos de producción. Estas
medidas pueden estar relacionadas con características del producto final –asociadas a externalidades que ocurren
durante la etapa de consumo y disposición final– o pueden no estar relacionadas con el producto final –referidas
a externalidades que ocurren durante la etapa de producción y transporte al mercado de destino– (OECD, 1997).
Estas medidas y requisitos pueden ser de carácter obligatorio o voluntario. Sin embargo, muchas veces las normas
voluntarias actúan de facto como obligatorias si quienes las requieren son, por ejemplo, los principales distribuidores
de dichos bienes en un mercado. Estas medidas y requisitos pueden dificultar el acceso al mercado de los productos
de los países en desarrollo ya sea porque: i) al exportador le resulta muy costoso implementarlos, en particular si
se trata de pequeñas y medianas empresas; ii) los criterios para la certificación pueden no tomar en cuenta que el
exportador podría cumplir con el objetivo de protección ambiental pero de un modo distinto al fijado en la medida,
debido a las distintas características de su país respecto del país de destino; iii) se impone una metodología externa
con estándares desarrollados para otros contextos específicos, que no se adecua a las circunstancias particulares
del país exportador.
Asimismo, cabe señalar que en la OMC está en discusión en qué medida la discriminación comercial basada en los
PPM es consistente con las reglas del sistema multilateral de comercio.(3)
Un país puede otorgar subsidios para la producción interna y para investigación y desarrollo de bienes y servicios
ambientales, como también para la modificación de las tecnologías utilizadas, a fin de hacerlas más acordes a
las exigencias ambientales locales y de los mercados externos. En este sentido, un punto a cuidar es que dichos
subsidios pueden llegar a vincularse con futuras barreras arancelarias y no arancelarias si es que favorecen ciertos
cambios tecnológicos que luego se piensa exigir también a los productos importados que pueden provenir de
países donde los productores no reciben subsidios equivalentes.
En cuanto a los aranceles aduaneros diferenciales, un país puede modificar sus aranceles aplicados con el objeto de
reducir la importación de ciertos bienes o favorecer la compra de otros. Por ejemplo, puede aplicar un mayor arancel
a bienes intensivos en gases de efecto invernadero y uno más bajo a bienes que permitan una menor emisión de
estos gases, lo que implicaría una discriminación en función del proceso y método de producción. El límite máximo
2 Esta sección se basa en CEI (2011) y Chidiak y Galperín (2011).
3 Sobre esta cuestión y sus consecuencias sobre las exportaciones de los países en desarrollo, ver Tetarwal y Mehta (2000).
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para este cambio es el arancel consolidado en la Organización Mundial del Comercio (OMC).(4)
Un importador puede estar obligado a abonar un pago en frontera en función del impacto ambiental generado por
el producto durante las etapas del ciclo de vida previas al ingreso al mercado de destino. Un ejemplo de esto es el
pago que se está estudiando aplicar en algunos mercados por la emisión de gases de efecto invernadero ocurrida
durante la producción y el transporte del producto. Esto se conoce como ajuste en frontera del carbono y la forma
de aplicarlo se puede relacionar con el instrumento de política ambiental empleado por el país importador. Por
ejemplo, si los productos locales están gravados por un impuesto a la emisión de carbono, ese impuesto también se
aplicaría a los productos importados. Si el país importador utiliza un sistema de permisos negociables de emisión,
el importador debería presentar la cantidad de permisos acorde con la emisión realizada. La dificultad en el cálculo
de la cantidad emitida de los gases y la arbitrariedad que de ello puede derivar conllevarían el riesgo de que este
instrumento se utilice como una medida proteccionista encubierta, que además sea inconsistente con las normas
comerciales multilaterales.
Un quinto instrumento, en debate desde hace muchos años, es el derecho compensatorio por subsidios ambientales
implícitos, que presupone que una regulación ambiental menos exigente o un control estatal menos estricto harían
que los productores de un país enfrenten menores costos de gestión ambiental que aquellos instaurados en un país
donde la exigencia y el control fuesen mayores. Esa diferencia de exigencias es señalada por algunos autores como
un subsidio implícito por parte del estado y por ello sostienen que constituye una competencia desleal, que podría
estar sujeta a un derecho compensatorio. Además de la complejidad que implicaría definir cuál debe ser el nivel
de exigencia apropiado y de la intromisión en la soberanía de otro país que tal definición conlleva, es una forma
de desvirtuar la noción de derechos compensatorios, concebida para remediar el mecanismo que constituye una
práctica desleal –un subsidio– y no la omisión en campos no normados.
En cuanto a los argumentos, este tipo de proteccionismo se vale de algunos específicos de tipo ambiental y otros
de tipo económico (OECD, 1997). En relación con los argumentos ambientales, se sostiene que es necesario limitar
el ingreso de productos importados, porque así se protegen el medio ambiente y los recursos naturales. Este
argumento tiene algunos matices. En primer lugar, se plantea que hay que cuidar el ambiente del país que compra
el producto por los daños que podría causar el consumo de productos importados. Esto se refleja en los requisitos
que limitan el acceso de productos, en la exigencia de reciclar los productos y en las normas sobre la disposición
final de los residuos resultantes del consumo del producto importado.
En segundo lugar, se afirma que debe cuidarse el ambiente compartido. Este puede incluir áreas comunes a algunos
países, especies animales cuyo hábitat es compartido por varios países y los denominados bienes ambientales
globales, esto es, aquellos que son comunes a todos los países, como la capa de ozono.
En tercer lugar, se argumenta que debe protegerse el ambiente del país que produce los bienes. Por ejemplo,
exigir que en la producción de un bien no se contamine el agua o el aire en el país donde se lo fabrica y que no se
sobreexploten sus recursos naturales. Estas últimas son las cuestiones más discutidas, porque se pretende imponer
a otro país normas sobre cómo cuidar su ambiente. Estas normas pueden ser interpretadas como una forma de
buscar imponer los valores del país importador sobre cuestiones ambientales a la población de otros países o, a
veces, solo como una excusa para frenar las importaciones.
Por su parte, los argumentos económicos se basan en los efectos de las medidas de política ambiental que toman
el país importador y el país exportador. En primer lugar, se sostiene que la competitividad de los productos se
vería perjudicada en los países que cuentan con una política ambiental más rigurosa debido a los mayores costos
de cumplimiento asociados. En segundo lugar, se afirma que la política ambiental puede hacer que las inversiones
migren hacia países con regulaciones menos exigentes, lo que se conoce como la hipótesis de los “refugios de
contaminación” (pollution havens, en inglés).
Si estas dos hipótesis fuesen ciertas, a un país le convendría optar por una de las dos alternativas siguientes:
i) no adoptar internamente medidas más exigentes que los demás países, lo cual llevaría a igualar hacia abajo el
nivel de los estándares ambientales –lo que en teoría se ha denominado la hipótesis race-to-the-bottom–, y sería una
restricción que enfrentaría la política ambiental;
ii) implementar medidas en frontera a ser aplicadas sobre los productos importados para compensar la diferencia
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El arancel consolidado es el que un país registra en la OMC como el arancel máximo que va a cobrar a un determinado producto.
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nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
de costos ocasionada por la mayor rigurosidad de su política ambiental, argumento utilizado para justificar algunos
de los instrumentos reseñados, como los pagos en frontera, los derechos compensatorios y las normas técnicas.
Desde un punto de vista teórico se ha sostenido que, manteniendo los demás factores constantes, una medida
ambiental más rigurosa puede ocasionar un incremento de los costos de producción y de gestión, y así afectar la
competitividad y la decisión de localizar inversiones y hacer que un país se especialice en bienes más contaminantes.
Sin embargo, la respuesta del análisis empírico es diferente: los estudios que sobre el tema se han llevado a cabo
durante los últimos 25 años concluyen que dichos efectos –aunque existen– no son suficientes como para modificar
las corrientes de comercio y de inversión, salvo en casos específicos donde el factor ambiental es un componente
muy importante en los costos totales.
3. “Forum shopping” y otras estrategias de diversificación de
foros
Muchas de las medidas que hacen al proteccionismo verde, en particular las tres nuevas cuestiones que se analizan
en este artículo, han visto facilitado su avance y aplicación gracias a distintas estrategias negociadoras que
aprovechan la diversidad de foros donde se pueden discutir y negociar estas cuestiones.
Los foros donde se tratan estos temas difieren en cuanto al área de interés, los países participantes y su misión,
entre otras características. Por ejemplo, algunos foros se dedican en particular al debate de temas ambientales,
mientras otros se centran en los temas económicos, comerciales o referidos a un sector de la actividad económica,
como por ejemplo, transporte. Algunos reúnen a todos los países (multilaterales), otros a un grupo (plurilaterales),
y otros a los de cierta región (regionales). En lo que hace a la misión, algunos se centran en negociar principios y/o
normas, otros en la discusión de declaraciones políticas que pueden influir sobre la definición de los principios
legales que son utilizados para el desarrollo de normas específicas, y otros se dedican al análisis de las cuestiones
y a la asistencia a sus miembros, aunque sus recomendaciones pueden influir en los temas de agenda de los foros
donde se llevan a cabo las negociaciones.
Este complejo entramado de organizaciones, en muchos casos con competencias superpuestas, favorece diversas
estrategias negociadoras no excluyentes entre sí, entre las que se destacan (Alter y Meunier, 2009): i) el “forum
shopping”, que es la estrategia de seleccionar el mejor foro para que el tratamiento de una cuestión resulte favorable
a los intereses de quien lo propone; ii) la creación de inconsistencias entre acuerdos, que se refiere a la búsqueda
de dictar en un foro reglas contradictorias con las de otro foro donde se cuenta con minoría, con el fin de crear un
contrapeso; y iii) el cambio de régimen, donde un país busca dictar principios y reglas en un foro para ser utilizados
como antecedente para las negociaciones en otro ámbito o como referencia para la aplicación de las normas de
otro foro; o para un fin más ambicioso, como el de rediseñar el sistema de reglas o cambiar mandatos negociadores
previamente acordados.
Además, en paralelo con estas tres estrategias, se observa en los países desarrollados una tendencia a plantear
cuestiones similares en diferentes foros de manera simultánea a fin de que, de no lograr los consensos necesarios
en un ámbito, se arribe a un acuerdo en otro. Por ejemplo, esto ocurre cuando se incluye, en ciertos organismos
internacionales, una cuestión para negociación que pertenece en realidad al mandato primario de otro foro.
Todo esto tiene consecuencias sobre la práctica de la negociación. En primer lugar, los resultados de la negociación de
una cuestión van a depender de los antecedentes, prioridades y procedimientos de cada foro, y de las características
de los negociadores que participan en ellos. Por caso, en un tema en el que convergen cuestiones ambientales y
comerciales, es más probable que se prioricen los aspectos de cuidado ambiental en un foro ambiental que en uno
comercial.
En segundo lugar, la postura de un país en un foro puede determinar la postura que sostenga en otros, lo que obliga
a una necesidad de congruencia de posiciones, no siempre fácil de cumplir, ya que los negociadores de un mismo
país suelen provenir de diferentes áreas de gobierno –y en algunos casos, de organismos no gubernamentales– que
pueden tener diferencias de opiniones entre sí.
En tercer lugar, estas estrategias son mejor aprovechadas por los países que cuentan con mayor cantidad de
recursos, negociadores y especialistas, ya que están en condiciones de llevar a cabo negociaciones paralelas en
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distintos foros (Davis, 2009). Esto se evidencia en una asimetría entre los países desarrollados y los países en
desarrollo, que se manifiesta en las siguientes cuestiones:
i) en general, la mayoría de los países desarrollados tiene mecanismos domésticos de coordinación de posiciones
entre los negociadores que asisten a los diversos organismos, al contrario de lo que ocurre en los países en desarrollo,
en los cuales no suelen existir estos mecanismos de coordinación interna. Como consecuencia, la posición que
sostiene cada país en desarrollo sobre un determinado tema suele diferir dependiendo del foro en el que se discuta;
ii) la coordinación de posiciones entre los países en desarrollo no presenta el mismo grado de eficacia en todos los foros;
iii) la gran mayoría de los países en desarrollo no cuentan con recursos suficientes como para que los negociadores
expertos en temas comerciales también participen en los foros ambientales y puedan presentar propuestas que
contrapesen las de los países desarrollados, que buscan favorecer a sus productores locales.
A estos factores se suma que, muchas veces, las agendas de los organismos internacionales están inspiradas en las
políticas de los países desarrollados, lo cual influye sobre el contenido de los informes técnicos que elaboran sus
Secretarías.
Como resultado, todo ello debilita la posición de los países en desarrollo vis a vis los países desarrollados e implica
que los negociadores de los países en desarrollo deban ejercer mayores esfuerzos para cubrir la proliferación de
los mismos temas en diversos foros, atento a las limitaciones de recursos mencionadas.
En suma, las estrategias de diversificación comentadas hacen que, en los debates sobre el proteccionismo verde,
los países en desarrollo tengan más dificultades para sostener sus posturas en un pie de igualdad con los países
desarrollados que quieren aplicar dichas medidas, lo que exige una cooperación entre los países en desarrollo para
compartir recursos y sostener posiciones congruentes en los distintos ámbitos.
4. Economía verde y crecimiento verde: dos conceptos que
habilitan el proteccionismo verde encubierto
El debate sobre los conceptos de economía verde y crecimiento verde surge en los últimos años en un contexto
internacional caracterizado por la crisis económica que viene afectando en mayor magnitud a los países desarrollados.
Como resultado de esta crisis, se ha acentuado el empleo de medidas proteccionistas (Doporto Miguez, Fossati y
Galperín, 2009; OMC, 2012 b).
Estos dos conceptos, y las medidas que de ellos derivan, tienen la potencialidad de distorsionar el comercio
internacional a través de la aplicación de medidas proteccionistas basadas en argumentos ambientales que actúen
en detrimento de las economías en desarrollo. A su vez, como parte de una estrategia de cambio de régimen –o de
rediseño del sistema de reglas–, se pretendería utilizarlos en reemplazo del concepto de desarrollo sostenible y así
crear un nuevo principio que, tal como se ha venido desarrollando, no se opondría de manera explícita al uso del
proteccionismo encubierto.
Los países desarrollados son quienes impulsan la discusión de estos conceptos, con la oposición de la mayoría
de los países en desarrollo. El debate se promueve en múltiples ámbitos, entre los que se destacan: i) un foro
ambiental multilateral que analiza los temas y brinda asistencia y asesoramiento, como el PNUMA (Programa de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente); ii) un foro económico compuesto en su gran mayoría por países
desarrollados, que se centra en el análisis de los temas, como la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico); iii) un foro plurilateral compuesto por un grupo de países desarrollados y en desarrollo,
como el G20, que en su origen se creó para debatir cuestiones económicas pero que, con la crisis económica
internacional, sumó temas comerciales y ambientales; y iv) un foro multilateral con una misión negociadora, como
fue la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas – Río más 20.
El desarrollo de este debate se puede dividir en dos etapas: una primera, de definición de los conceptos de economía
verde y crecimiento verde, y de proposición de medidas de política que permitan llevarlos a la práctica, en la que
el PNUMA y la OCDE han tenido un papel protagónico; y una segunda, de negociación de principios en base a estos
conceptos, en la que se destacan el G20 y Río más 20.
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4.1. Etapa de definición de los conceptos y de proposición de medidas: el papel del
PNUMA y de la OCDE
Tanto el PNUMA como la OCDE han sido parte de la etapa de definición de los conceptos de economía verde y
crecimiento verde, y de la discusión de medidas de política que se derivan de ellos. El PNUMA utiliza el concepto
de economía verde, mientras la OCDE el de crecimiento verde. Se trata de foros en los que se producen análisis
y documentos que se han tomado como antecedentes para el tratamiento en otros organismos. Asimismo, son
ámbitos donde los países desarrollados han mostrado tener influencia sobre sus decisiones.
El PNUMA hizo visible el concepto de economía verde en 2008, en su llamado a un “Nuevo Acuerdo Verde Mundial”
(Global Green New Deal), diseñado como una respuesta política a la crisis económica y financiera. El PNUMA
considera que una economía verde debe “mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que
reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas” (PNUMA, 2011). Este Nuevo Acuerdo
recomendaba un paquete de inversiones públicas y una serie de reformas complementarias de políticas y precios
con las que se procuraba impulsar la transición hacia una economía verde, al mismo tiempo que se revitalizaban las
economías, se creaban empleos y se abordaba la pobreza persistente.
Algunos ejemplos de medidas propuestas por el PNUMA en el marco de una economía verde incluyen: i) la aplicación
de subsidios de carácter ambiental (v.g., medidas de apoyo a los precios, incentivos fiscales, subsidios directos y
préstamos) para promover el desarrollo de infraestructura y de tecnologías verdes –incluidas las industrias verdes
incipientes– entre las que destaca la mejora de la eficiencia energética, las energías renovables y el transporte
sostenible; ii) la reducción de subsidios a actividades perjudiciales para el ambiente (v.g., subsidios a la industria
pesquera y a los combustibles fósiles); y iii) la aplicación de impuestos e instrumentos basados en el mercado para
promover inversiones e innovaciones verdes (v.g., impuestos a la contaminación y al uso de recursos naturales,
permisos negociables de emisión, pagos por servicios ambientales).
Para el PNUMA, el concepto de economía verde no sustituye al de desarrollo sostenible, concepto de más larga data y
con presencia en diversos instrumentos legales internacionales, tanto comerciales como ambientales (Recuadro 1).
Sin embargo, a diferencia del concepto de desarrollo sostenible, el concepto de economía verde podría habilitar la
adopción de medidas que restrinjan de manera encubierta el comercio, como se discutirá más adelante.
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Por su parte, el Consejo de Ministros de la OCDE adoptó en junio de 2009 la “Declaración sobre Crecimiento Verde”,
firmada por los 34 países miembros de esa organización(5). La OCDE define el crecimiento verde como aquel que
busca “fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, garantizando al mismo tiempo que los activos naturales
5 La OCDE es una organización surgida en 1960 que cuenta, en la actualidad, con 34 miembros, entre los cuales se encuentran tanto economías
más avanzadas (los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre otros) como países en desarrollo
(México, Chile y Turquía). Por otra parte, China, India, Brasil, Indonesia, Sudáfrica y la Argentina participan como observadores.
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continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende el bienestar de las
personas. Para lograr este fin, el crecimiento verde debe estimular la inversión y la innovación, que serán la base de
un crecimiento sostenido y darán lugar a nuevas oportunidades económicas” (OECD, 2011).
En dicha Declaración, se aprobó el mandato para que la OCDE desarrolle una “Estrategia de Crecimiento Verde”, que
reúne aspectos económicos, ambientales, sociales, tecnológicos y de desarrollo, para lo cual está llevando adelante
un creciente cuerpo de análisis y de recomendaciones. Las medidas propuestas por la OCDE incluyen dos grandes
conjuntos de políticas (OECD, 2011): i) aquellas orientadas a incrementar la innovación en tecnologías verdes (v.g.,
compras públicas, estándares y regulaciones, instrumentos de política fiscal y de fomento de la competencia); y
ii) aquellas que colocan un precio a la contaminación y que proporcionan incentivos para el uso eficiente de los
recursos naturales (v.g., impuestos sobre la energía y las emisiones de carbono, sistemas de permisos negociables
de emisión, regulaciones ambientales, estándares, enfoques voluntarios). Muchos gobiernos –principalmente de
países miembros de la OCDE– publicitan que están llevando a la práctica medidas enmarcadas en esta iniciativa.
4.2. Etapa de negociación: G20 y Río más 20
En la etapa de negociación, los países desarrollados buscaron trasladar al G20 y a Río más 20 los conceptos de
economía verde y crecimiento verde definidos previamente en otros ámbitos. Por su parte, la mayoría de los países
en desarrollo sostuvieron sus críticas al uso de estos conceptos basados en sus potenciales efectos proteccionistas
y en que no tienen en cuenta el trato diferenciado entre países desarrollados y en desarrollo (Recuadro 2).
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Esta cuestión se trató en el G20(6) –un foro plurilateral– y se incluyó en la Declaración de Cannes de noviembre de
2011. Dicha Declaración (G20, 2011) indica, entre otras cuestiones, que los países del G20 promoverán estrategias
de desarrollo para optimizar el potencial del crecimiento verde y asegurar el desarrollo sostenible, y que la
Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas – Río más 20, de junio de 2012, sería una oportunidad
para reinsertar el desarrollo sostenible en el corazón de la agenda internacional, como una solución a largo plazo
para el crecimiento, la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la protección ambiental. En la Declaración
se hace referencia, además, a que un “crecimiento verde inclusivo” generará oportunidades en nuevas industrias y
en áreas como las energías renovables y los servicios ambientales. La adición del vocablo “inclusivo” fue propuesta
por algunos países como una posible manera de tener en cuenta los aspectos sociales y de pobreza.
En la Declaración de Los Cabos de junio de 2012 (G20, 2012), los Líderes se comprometieron a mantener su enfoque
en el crecimiento verde inclusivo como parte de la agenda del G20, promoviendo, para ello, el desarrollo de un
conjunto de políticas –voluntarias y no prescriptivas– para ese crecimiento y exhortando a promover su aplicación.(7)
Asimismo, destacaron dos cuestiones afines a la posición de los países en desarrollo: i) que el crecimiento verde no
debe ser utilizado para introducir medidas proteccionistas y ii) que se analicen mecanismos efectivos para movilizar
fondos públicos y privados para la inversión en el crecimiento verde inclusivo en los países en desarrollo, incluida
la Plataforma de Diálogo sobre Inversiones Verdes Incluyentes público-privadas.
En este punto, cabe destacar que alcanzar consenso en una definición de economía verde en el contexto del
6 El G20 es un foro para la cooperación económica y financiera, creado en diciembre de 1999, que está conformado por 20 economías que, en
conjunto, generan el 85% de la producción mundial y cuentan con dos tercios de la población del mundo. Sus miembros son: Alemania, Arabia
Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia,
Sudáfrica, Turquía, y la Unión Europea.
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Para profundizar en los resultados de la reunión Cumbre de Los Cabos, ver Gobbi, Grande y Fernández (2013).
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desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza constituyó uno de los desafíos de la Conferencia de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas – Río más 20 (Río de Janeiro, 20-22 de junio de 2012).
En dicha reunión, los países en desarrollo agrupados en el G77 y China –coordinados en este tema por la Argentina
e India– lograron que el desarrollo sostenible continúe siendo el paradigma central, en forma contraria a la posición
de países como Corea, la UE, Japón y Suiza, que buscaron que la economía verde fuera un fin en sí mismo. En este
sentido, los países en desarrollo sostuvieron que la economía verde debería prestar debida atención a los tres
pilares del desarrollo sostenible de una forma equilibrada, y estar dirigida al desarrollo económico y social y a la
erradicación de la pobreza, cuestiones que siguen siendo las prioridades fundamentales de los países en desarrollo.
También estos países enfatizaron que cualquier concepto de economía verde debería respetar los principios de
equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas en materia ambiental.
Asimismo, prevaleció la posición de los países en desarrollo de que la economía verde respete la soberanía de
los estados sobre sus recursos naturales y el espacio de definición de políticas nacionales propias, evitando así
condicionalidades e imposiciones externas. Además, se acordó que las políticas de economía verde deberían
fortalecer la cooperación internacional, incluidas la provisión de recursos financieros, la creación de capacidades
y la transferencia de tecnologías hacia los países en desarrollo. Por último, sostuvieron que las estrategias de
“crecimiento verde” no deberían derivar en un “proteccionismo verde” ni fomentar políticas que constituyan
restricciones encubiertas al comercio internacional o discriminaciones arbitrarias o injustificables, de manera
inconsistente con el sistema multilateral de comercio y con el derecho internacional ambiental.
En esta línea, el documento final de Río más 20 incorpora estas cuestiones (Recuadro 3).
CEI | Revista Argentina de Economía Internacional | Número 1 | Febrero 2013
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
5. Los efectos comerciales de las medidas de respuesta al
cambio climático
El debate sobre la cuestión de “comercio y cambio climático” se da en un contexto internacional en el que los
países desarrollados se encuentran en proceso de diseñar e implementar medidas de mitigación al cambio climático
relacionadas con el comercio.
Los países desarrollados justifican el diseño de estas medidas con argumentos ambientales y económicos. Por el
lado de la justificación ambiental, las medidas comerciales pueden actuar como un incentivo o una “amenaza” para
que los demás países tomen medidas que tengan un grado de exigencia similar a las propias, en particular aquellos
países que no han asumido compromisos cuantitativos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), de acuerdo con el régimen de cambio climático de las Naciones Unidas (Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático - CMNUCC y su Protocolo de Kioto). Esto se relaciona con el objetivo de evitar
la denominada “fuga de carbono” (carbon leakage, en inglés), que define una situación donde la disminución de la
emisión de dióxido de carbono de un país se ve compensada por la mayor emisión en otros países.(8)
Por otro lado, el argumento económico está relacionado con el objetivo de los países desarrollados de que sus
industrias no pierdan competitividad por los mayores costos derivados de las obligaciones de mitigación frente
a aquellas industrias ubicadas en los países en desarrollo que no tienen dichas obligaciones. Es por ello que las
medidas comerciales suelen ser reclamadas por los sectores productivos más afectados por el cambio en la política
ambiental interna como una condición para aceptar dicho cambio.
Para el logro de estos objetivos, los instrumentos que más se proponen son de tipo no arancelario, entre los que se
destacan: i) los requisitos de acceso bajo la forma de normas técnicas y requisitos de información, y ii) los pagos en
frontera en función del proceso y método de producción (Hoppstock et al., 2009).
Estas cuestiones se vienen debatiendo en diferentes ámbitos, y se están discutiendo instrumentos tanto a nivel
unilateral como multilateral. El debate central sobre las consecuencias comerciales de las medidas de respuesta al
cambio climático se viene dando en la CMNUCC, mientras que debates más específicos sobre diferentes medidas
se llevan a cabo en otros ámbitos, entre los que se destacan la OMC, la Organización Internacional de Normalización
(ISO) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
En ese contexto, la mayoría de los países en desarrollo, incluida la Argentina, vienen manifestando su preocupación
en los foros multilaterales pertinentes respecto de la posible implementación de medidas de respuesta relacionadas
con el comercio que perjudiquen sus exportaciones.
5.1. El debate central en la CMNUCC
El régimen de cambio climático de las Naciones Unidas trata explícitamente las preocupaciones relacionadas con las
medidas de respuesta y sus efectos en el comercio internacional en el artículo 3.5 de la CMNUCC(9), y en los artículos
2.3 y 3.14 del Protocolo de Kioto(10).
Esos artículos se relacionan con las reglas de la OMC que tienen como objetivo evitar restricciones encubiertas al
comercio. En particular, el artículo XX del GATT 1994 establece que las medidas comerciales pueden tener fines u
8 Esta “fuga” puede darse por diferentes motivos (Sijm et al., 2004): i) un cambio en el tipo de insumos utilizados (v.g., tipo de energía) y ii)
un cambio en la distribución a nivel mundial de la producción de bienes intensivos en emisiones de GEI como consecuencia de las medidas de
política ambiental adoptadas por los países. Este último cambio puede deberse a una relocalización de las industrias intensivas en GEI o a una
variación en el nivel de producción por el aumento de los costos que ocasiona la política ambiental.
9 El artículo 3.5, que ha sido reafirmado en la Decisión 1. CP/16 (adoptada en Cancún, en diciembre de 2010), establece que “Las Partes
deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y
desarrollo sostenibles de todas las Partes, particularmente de las Partes que son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente
en mejor forma a los problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no
deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional”.
10 El artículo 2.3 del Protocolo de Kioto establece, en la misma línea que su artículo 3.14, que las Partes Anexo I –en su mayoría, países
desarrollados– se empeñarán “en aplicar las políticas y medidas de respuesta de tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos
sobre el comercio internacional y las repercusiones sociales, ambientales y económicas para otras Partes, especialmente las Partes que son
países en desarrollo, y en particular las mencionadas en los párrafos 8 y 9 del artículo 4 de la Convención, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 3 de la Convención”.
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CEI | Revista Argentina de Economía Internacional | Número 1 | Febrero 2013
El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
objetivos ambientales o de conservación legítimos, y que deberán cumplir con la condición de que no constituyan
un medio de discriminación arbitrario o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional.
En ese contexto, la posible utilización de medidas comerciales con el objetivo de luchar contra el cambio climático
ha estado bajo negociación en el Grupo Ad-Hoc de Cooperación a Largo Plazo de la CMNUCC, específicamente en
el subgrupo sobre las “consecuencias económicas y sociales de las medidas de respuesta”. Dicho Grupo, que ha
concluido su labor en diciembre de 2012 en la 18° Conferencia de las Partes, que tuvo lugar en Doha, Qatar, ha
decidido que el tema seguirá bajo discusión en el marco del Foro sobre el Impacto de la Implementación de las
Medidas de Respuesta en el contexto de los Órganos Subsidiarios de la Convención. Este foro, creado en 2011
como respuesta a un pedido del G77 y China de contar con un ámbito de intercambio de experiencias sobre las
consecuencias de las medidas de respuesta, seguirá reuniéndose en 2013 y debatirá, entre otras cuestiones, las
medidas unilaterales que podrían afectar el comercio de los países en desarrollo, con el objetivo de recomendar
una decisión para que sea adoptada en la próxima Conferencia de las Partes (diciembre de 2013, Varsovia, Polonia).
En el marco de esas negociaciones, mientras que los países desarrollados no estiman conveniente debatir el tema de
comercio y cambio climático en la CMNUCC, la mayoría de los países en desarrollo estiman que el tema de comercio
debe debatirse e incluirse en cualquier eventual resultado de la Conferencia de las Partes de esta Convención.
En particular, la Argentina –al igual que alrededor de noventa países en desarrollo, entre ellos India, China, los países
del Grupo Africano, Filipinas, Malasia, Bolivia y Venezuela– sostiene que las medidas de respuesta relacionadas con
el comercio en proceso de ser diseñadas e implementadas por los países desarrollados no son un medio apropiado
ni efectivo para responder al cambio climático, en línea con los siguientes argumentos:
i) dichas iniciativas podrían derivar en restricciones encubiertas al comercio de los productos de los países en
desarrollo y conllevar la necesidad de que estos países readecuen sus patrones de producción a estándares
ambientales que no contemplen sus necesidades de desarrollo ni sus condiciones sociales y económicas especiales;
ii) las medidas de respuesta aplicadas por los países desarrollados al comercio de los países en desarrollo traspasarían
los costos de mitigación a los países de menores recursos. Esto violaría los principios de la CMNUCC, en particular,
el de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas (artículo 3.1 de la CMNUCC); el principio por el
cual las partes tienen derecho al desarrollo sostenible (artículo 3.4 de la CMNUCC); y el principio que postula que
las medidas de respuesta no deberían constituir una restricción encubierta al comercio internacional (artículo 3.5
de la CMNUCC). Asimismo, ese tipo de medidas aplicadas a los países en desarrollo serían contrarias al principio de
responsabilidades históricas, por el cual las emisiones que datan desde la revolución industrial corresponden a los
países desarrollados y no a los países en desarrollo;
iii) la imposición de medidas comerciales obligaría a los países en desarrollo a tomar acciones voluntarias de
mitigación para cumplir con los requisitos de estas medidas sin contar con los recursos financieros ni con la
tecnología que los países desarrollados se obligaron a transferir a los países en desarrollo (artículos 4.3, 4.5 y 4.7
de la CMNUCC);
iv) algunas de las medidas de respuesta comerciales –tales como los etiquetados referidos a la emisión de gases de
efecto invernadero, que se tratan en la sección 5.2–no se aplicarían a productos industriales, sino principalmente
a materias primas, productos agropecuarios y alimenticios, los que resultan, en muchos casos, las principales
exportaciones de los países en desarrollo. Ello implicaría penalizar en mayor medida el comercio de los países
en desarrollo y, por ende, su desarrollo económico y social, lo que no resultaría consistente con el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas de la CMNUCC;
v) las medidas de respuesta relacionadas con el comercio se basan en las emisiones durante la etapa de producción
y no durante la de consumo, por lo que no se toma en cuenta que una gran parte de las emisiones en los países
en desarrollo se relaciona con las exportaciones que se hacen para satisfacer los patrones de consumo de los
países desarrollados.(11) Por lo tanto, quienes defienden estas medidas estarían sosteniendo que la responsabilidad
corresponde al productor, mientras que los críticos sostienen que el importador también es responsable por la
emisión vinculada con sus importaciones.(12)
11 Esto se conoce como “carbono incorporado en el comercio” (carbon embedded).
12 Por ejemplo, Peters y Hertwich (2008) calcularon que la emisión de carbono incorporada en las importaciones de los países con
compromisos de reducción de emisiones –en su mayoría, países desarrollados– originadas en países sin compromisos de reducción –países en
desarrollo– equivale al 11% de la emisión originada en los países desarrollados.
CEI | Revista Argentina de Economía Internacional | Número 1 | Febrero 2013
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
5.2. El debate sobre las medidas específicas: el etiquetado de los productos
relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero
La huella de carbono de los productos hace referencia a la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero
resultantes de la producción de los bienes a lo largo de su ciclo de vida (producción, distribución, consumo y
disposición final o reciclaje). Aunque su objetivo es informar al consumidor sobre la contribución del producto a la
emisión de estos gases, las preocupaciones de muchos países, en particular de los países en desarrollo exportadores,
es que estas medidas pueden tener consecuencias negativas sobre su comercio.(13)
La principal propuesta unilateral es la contenida en la Ley Grenelle 2 de Francia, que estableció que a partir del 1
de julio de 2011 se lleve a cabo una etapa de experimentación –con una duración mínima de 12 meses, que en
principio se ha extendido hasta comienzos de 2013– en la que se evaluará el proceso más adecuado para informar
al consumidor sobre el contenido de carbono de los productos y sus embalajes, así como también sobre el consumo
de recursos naturales o el impacto ambiental atribuible a los productos durante todo su ciclo de vida. Esta evaluación
permitirá definir, por ejemplo, si el etiquetado de productos de consumo en Francia será voluntario u obligatorio y
cuáles sectores o categorías de productos estarán involucrados.
Este requisito de información podría derivar en exigencias de etiquetados con diferentes criterios ambientales que,
en principio, se exigirían por igual a productos nacionales e importados, incluidos aquellos provenientes de países
en desarrollo.
Para la Argentina, la Ley Grenelle 2 podría suponer un obstáculo técnico al comercio, porque el etiquetado implicará
un mayor costo –por la certificación– y un gravamen administrativo para los productores de países en desarrollo.
Además, el impacto sobre las exportaciones será mayor: i) si el eco-etiquetado sobre el impacto en emisiones de
gases de efecto invernadero fuese de naturaleza obligatorio, y ii) si efectivamente se introdujese un eco-etiquetado
del consumo de recursos naturales o del impacto sobre los medios naturales durante el ciclo de vida de los productos.
Asimismo, existe preocupación por la posible legitimación que la legislación francesa podría brindar a una potencial
elaboración de una normativa similar en la Unión Europea para la creación de esquemas de etiquetado voluntarios
pero que, promovidos por los gobiernos, podrían constituirse, de hecho, en obligatorios.
Estas críticas fueron planteadas por la Argentina en la OMC en el ámbito del Comité de Obstáculos Técnicos al
Comercio (OTC), donde en junio de 2011 apoyó la Preocupación Comercial Específica (PCE) de Corea relativa a la
Ley Grenelle 2 de Francia(14), y en las siguientes reuniones de ese Comité(15) presentó una PCE propia. Al respecto, la
Argentina solicitó aclaraciones respecto de distintas cuestiones relativas a esa Ley, entre ellas (OMC, 2012 a):
i) si el cálculo de la huella de carbono se aplicará a las exportaciones de productos agropecuarios e industriales de
los países en desarrollo y de países menos adelantados o solo a los productos agropecuarios e industriales de los
países desarrollados, atendiendo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas;
ii) si se prevén cláusulas de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo como está previsto en el
artículo 12 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, es decir, que atiendan las necesidades en materia
de desarrollo, finanzas y comercio de países en desarrollo, y medidas ideadas para no afectar las exportaciones de
países en desarrollo;
iii) si incluye artículos relativos a asistencia técnica para los países en desarrollo, en particular para las pequeñas y
medianas empresas ubicadas en esos países.
La Argentina también planteó que la Ley Grenelle 2 constituiría un obstáculo innecesario al comercio desde el
punto de vista de su diseño, eventual aplicación y posible impacto, en especial en los países en desarrollo (OMC,
2012 c). La ley implica un trato desfavorable hacia los productos importados similares, principalmente de los
países en desarrollo, puesto que: i) discrimina sobre la base de procesos y métodos de producción no relacionados
directamente con los productos, como el impacto ambiental y las emisiones derivadas de la producción de un
bien; ii) el nivel de las emisiones de carbono resultantes de la distribución y el transporte de los bienes en la Unión
13 Para un análisis de la canasta de exportaciones argentinas potencialmente afectada por los esquemas de medición de huella de carbono
de los productos, ver Lottici (2012).
52
14 PCE “Francia – Ley No. 2010-788: Compromiso Nacional para el Medio Ambiente (Ley Grenelle 2)”.
15 Reuniones del Comité OTC de noviembre de 2011 y de junio y noviembre de 2012.
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
Europea será prácticamente insignificante en comparación con el de países alejados geográficamente; y iii) los
costos para certificar un producto son sustancialmente mayores para una empresa de un país en desarrollo que para
una de un país desarrollado.
Estas preocupaciones son compartidas por otros países en desarrollo, como India, Sudáfrica, Uruguay y Cuba, que
expresaron su inquietud por la Ley Grenelle 2, junto con la Argentina, en las reuniones del Comité OTC.
Al respecto, la Unión Europa expresó que la Ley Grenelle 2 no contiene disposiciones que prevean un etiquetado
ambiental obligatorio y que las autoridades francesas buscan contribuir con la etapa de experimentación de la
ley a las reflexiones sobre etiquetado ambiental actualmente en curso en numerosas instancias nacionales e
internacionales (OMC, 2012 a). Sin embargo, también resaltó que aún no se ha adoptado una disposición sobre
etiquetado nacional ni tampoco se han propuesto disposiciones relativas a los tipos de productos involucrados o
a las modalidades de la puesta en marcha del etiquetado. Es por ello que la UE estima que los debates dentro del
Comité OTC resultan, por el momento, prematuros. Por último, la UE se mostró dispuesta a brindar información sobre
los resultados del período de experimentación, los cuales probablemente serán dados a conocer a principios de
2013 (OMC, 2012 a).
En términos más generales, la cuestión de la huella de carbono también se viene debatiendo en la OMC en el marco
del Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión Ordinaria, como parte de la discusión sobre el efecto de las
medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en relación con los países en desarrollo (párrafo
32. i de la Declaración de Doha).
Según los países desarrollados, el debate debe centrarse en el intercambio de experiencias y en los efectos positivos
de esas medidas sobre las exportaciones, mientras que, para la mayoría de los países en desarrollo, la atención debe
enfocarse en cómo evitar posibles efectos negativos sobre las exportaciones de los países en desarrollo.
En particular, la Argentina ha sostenido en la OMC su preocupación por la proliferación de diferentes metodologías
para el cálculo de la huella de carbono, como la PAS 2050 (Publicly Available Specification 2050) del Reino Unido, el
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero –desarrollado por el World Resource Institute y el World Business Council
for Sustainable Development–, y la norma ISO 14067 en proceso de elaboración por la Organización Internacional
de Normalización (ISO), que se comenta más adelante.
Al respecto, la Argentina ha manifestado en este Comité de la OMC que dichas metodologías presentan dificultades
en cuanto a su alcance, transparencia en sus procesos de elaboración y costos de certificación, debido a que:
i) en las metodologías de cálculo no existe un criterio uniforme respecto de qué etapas del ciclo de vida del
producto quedarían abarcadas para la contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese
sentido, mientras que algunas metodologías incluyen las emisiones ocurridas durante la producción, distribución,
y/o consumo del producto, otras también suman las emisiones generadas en la fabricación de los insumos, lo cual
presentaría serias dificultades metodológicas y prácticas;
ii) resulta preocupante el incremento de los estándares privados en materia ambiental, incluidos los estándares
de huella de carbono, dado que esos estándares limitarían el acceso de los productos de países en desarrollo,
menoscabando el rol de los estados como reguladores del comercio internacional;
iii) asimismo, el proceso de certificación de la huella de carbono resultaría costoso y de difícil cumplimiento, en
especial para los países en desarrollo y para las pequeñas y medianas empresas ubicadas en esos países. Dicha
inquietud se basa, en primer lugar, en que muchos países en desarrollo no cuentan con certificadoras nacionales
propias, por lo cual en la mayoría de los casos deberían contratar certificadoras extranjeras y, en segundo lugar, en
que en general, se requiere que la certificación se realice en el país importador.
Por último, el otro ámbito donde se discute este tema es la Organización Internacional de Normalización (ISO),
donde se encuentra en desarrollo la norma ISO 14067 sobre “Huella de carbono de los productos - Requisitos y
directrices para la cuantificación y la comunicación”. Este estándar se encuentra en un estado avanzado de desarrollo
en la etapa de “proyecto de norma internacional” (DIS, por sus siglas en inglés – Draft International Standard) (ISO,
2012). Cabe señalar que, en la última votación de junio de 2012, este estándar obtuvo alrededor de un treinta por
ciento de votos negativos, en su mayoría de países en desarrollo, incluida la Argentina. Ello significó que aún no se
encuentra listo para pasar a la próxima etapa de publicación y que está en proceso de revisión.
El proyecto de norma ISO plantea ciertas preocupaciones graves desde la perspectiva del comercio de productos y servicios:
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
i) esta cuantificación se basa en el análisis del ciclo de vida del producto (LCA, por sus siglas en inglés - life cycle
assessment), descripto en la serie de normas ISO 14040, y cuenta con limitaciones inherentes, como por ejemplo,
que no exista una base científica para reducir los resultados del análisis del ciclo de vida del producto a un único
número general;
ii) el proyecto de norma ISO resulta subjetivo, ya que permite diferentes cálculos de la huella de carbono de los
productos basados en el ciclo de vida completo del producto o en un ciclo de vida parcial –con posibilidad de elegir
los procesos que pueden ser excluidos o incluidos del cálculo– e incluso permite la eliminación de etapas, procesos,
insumos o productos;
iii) en cuanto a la calidad de los datos, la medición de la huella de carbono podría presentar grandes diferencias,
tomando en cuenta que los productores pueden elegir para su cálculo entre una amplia gama de datos primarios
o secundarios, normas de categorías de productos no armonizadas (PCR, por sus siglas en inglés – product category
rules), inventarios nacionales, normas específicas sectoriales u otras fuentes genéricas de datos, entre otros.
Todo esto da pie a diferenciaciones e incertidumbre en el cálculo de la huella de carbono de un producto. Ello
podría inducir a error a las partes interesadas (los consumidores, los productores y los comerciantes).
En consecuencia, el uso de parámetros ambientales como una potencial herramienta comercial para la imposición
de barreras no arancelarias constituye una fuente de preocupación, sobre todo cuando no se basa en parámetros
objetivos.
Sobre la base de estas consideraciones, la India, junto con la Argentina, China, Colombia, Líbano, México, Singapur
y Sudáfrica, entre otros países, insistieron –en las reuniones de la ISO de 2011 y 2012– en incluir en el texto de la
norma una cláusula de salvaguarda relativa al comercio (trade-related disclaimer), en cuanto a: i) que esta norma no
se adopte ni se aplique con objeto o efecto de crear obstáculos o restricciones al comercio internacional; y ii) que
los etiquetados sobre huella de carbono no deben ser utilizados para comunicar un mejor desempeño ambiental
de un producto, tomando en cuenta que estos etiquetados solo brindan información sobre uno de los impactos
ambientales de los productos. No obstante ello, en reuniones posteriores de la Junta de Manejo Técnico de la ISO
(Technical Management Board) se ha decidido eliminar esta cláusula relativa al comercio. Asimismo, recientemente
esa Junta ha propuesto reinsertar esa disposición en el último proyecto de norma, aunque con un contenido
diferente al del anterior, que diluye y debilita su objetivo original.
Por todas estas razones, constituye una preocupación para la Argentina que el proyecto de norma ISO pueda ser
utilizado como una herramienta para la imposición de barreras no arancelarias por parte de aquellos miembros que
incorporen esta norma en sus reglamentos técnicos, mediante la diferenciación de los productos en función de sus
huellas de carbono.
Pero el concepto de huella de carbono, aún en una etapa inicial de su aplicación y prueba, ya estaría siendo superado
por el desarrollo de metodologías relativas a la “huella ambiental”. Esta huella es más amplia que la huella de
carbono, ya que se refiere no solamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también al impacto
sobre la biodiversidad, los recursos naturales y sobre el uso y manejo del agua, entre otros criterios. Esta diferencia
es de especial relevancia en aquellos casos de varios sectores productivos en los cuales las emisiones de gases de
efecto invernadero no son el principal factor de impacto ambiental.
Esta huella se encuentra en la etapa inicial de análisis en la UE, donde se está desarrollando –a nivel unilateral–
una metodología armonizada de huella ambiental de los productos. El proyecto está siendo coordinando por la
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea junto al Joint Research Center (Centro Común de
Investigaciones o JRC, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea.(16)
La UE ha señalado que resulta necesario un enfoque sector-específico y producto-específico de modo de tomar en
consideración las características particulares de las funciones de producción de cada sector. Para ello, la calidad de
los datos resulta un elemento esencial, ya que existen muchas deficiencias en los datos y fallas en la comunicación
de la información.
16 Si bien la Comisión Europea viene trabajando en conjunto con el Joint Research Center sobre este tema desde 2003, en diciembre de
2008 recibió una invitación del Consejo Europeo para estudiar un método común y voluntario para auditar las emisiones de carbono de las
organizaciones y el cálculo de la huella ambiental de los productos. Posteriormente, en abril de 2011, en el marco del Single Market Act, se invitó
nuevamente a la Comisión Europea a evaluar el impacto ambiental de los productos y de las organizaciones.
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
Un punto preocupante es que la UE avance en este tema sin contar todavía con una definición de huella ambiental
consensuada internacionalmente. Además, es probable que los criterios para su certificación no consideren las
características propias de los países en desarrollo ni de sus sistemas productivos, por lo que serían de difícil
cumplimiento por parte de los productores de esos países.
5.3. El debate sobre las medidas específicas: el ajuste en frontera mediante los
permisos negociables de emisión obligatorios
El uso de los permisos negociables es un instrumento de política ambiental que hace tiempo se utiliza para controlar
las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su alcance comprendía a los emisores radicados en los
países en que se exigía su uso, como es el caso del vigente Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea
(EU-ETS) y del proyecto de Acta de Energía Limpia y Seguridad que se ha debatido en el Congreso de Estados Unidos.
En el caso del sistema de la UE, su aplicación a las emisiones realizadas en otros países se inicia a partir de la
Directiva 2008/101/CE que modifica la Directiva 2008/87/CE de establecimiento de un régimen para el comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, con el fin de incluir las actividades de la
aviación en ese régimen, de modo de reducir el impacto sobre el cambio climático atribuible a ese sector.
Al respecto, la Directiva incluye las emisiones de dióxido de carbono de todos los vuelos con destino y origen en
aeródromos comunitarios a partir de 2012, independientemente de que el operador aéreo esté basado o no en la
UE, y para las emisiones producidas a lo largo de todo el territorio recorrido. La Directiva establece que los derechos
de emisión de cada aerolínea se calcularán en base al promedio de las emisiones anuales de las aerolíneas durante
el periodo 2004-2006. De los derechos de emisión, a cada operador le serán asignados gratuitamente el 82% de
sus cuotas de emisión –con base en el promedio de los años 2004-2006–, un 15% deberá ser comprado en subasta
y el restante 3% se mantendrá como una reserva para las compañías que se incorporen posteriormente o que
superen el límite de excepción por mínimo tráfico. Si este 3% de la reserva no es asignado, se subastará. Asimismo,
si bien la medida establece que esta exigencia no se aplicaría a los operadores de países que apliquen medidas con
eficacia comparable, no se encuentran definidas en la Directiva cuáles serían dichas medidas.
La entrada en vigencia de esta medida fue el 1 de enero de 2012, pero su aplicación a aerolíneas de terceros
estados fuera de la UE ha sido postergada en noviembre de 2012 por un año. Según la UE, esta decisión fue tomada
a partir de los progresos en las negociaciones en relación con el establecimiento de un mecanismo para la reducción
de emisiones, ocurridos en la reunión de Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de
noviembre de 2012. La decisión de suspensión de la UE será revisada en función de los resultados de la Asamblea
General de la OACI de septiembre-octubre de 2013.
En este contexto, la decisión de la UE obedece también a que la medida ha generado una fuerte oposición a nivel
multilateral (en la CMNUCC y la OACI) y plurilateral, donde se destaca el documento consensuado por más de
20 países(17), entre los que se encuentran la Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, India, Japón y Rusia. Uno de
los principales argumentos es que la UE se ha excedido en su jurisdicción legal al exigir permisos por emisiones
ocurridas fuera de su espacio aéreo. En febrero de 2012, y tras haberse reunido junto con otros países en Nueva Delhi
en septiembre de 2011, este conjunto de países definió en Moscú una serie de posibles medidas a implementar
en caso de que la UE no revea su decisión, entre las que sobresalían: prohibir que sus empresas aéreas participen
del esquema europeo; iniciar un caso de solución de diferencias en el marco de la OACI; evaluar su consistencia
con las normas de la OMC; revisar los acuerdos bilaterales de aviación con los países de la UE; e imponer algún tipo
de impuesto a las empresas aéreas europeas. Varios de estos países tomaron algunas medidas para proteger a sus
operadores, o aprobaron regulaciones a través de sus Parlamentos para prohibir que sus aerolíneas cumplan con la
Directiva, como fue el caso de India, China y Estados Unidos.
La Directiva en cuestión es una normativa unilateral y con aplicación extraterritorial que resulta contraria al
derecho internacional en general, y en particular a la CMNUCC y su Protocolo de Kioto, en especial su principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Esta norma unilateral también presenta otros inconvenientes : i) en su proceso de elaboración no se han tomado
en consideración las situaciones de todos los países en desarrollo posiblemente afectados, particularmente de los
17 El documento es la “Joint declaration of the Moscow meeting on inclusion of international civil aviation in the EU-ETS”, del 22 de febrero
de 2012.
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
países en desarrollo ubicados geográficamente lejos del continente europeo, ni el impacto en el comercio de esos
países; y ii) la medida tampoco ha tenido en cuenta los costos que para la industria conllevaría su cumplimiento, que
afectaría en especial a los operadores de los países en desarrollo.
A nivel multilateral, en la OACI se están realizando esfuerzos para arribar a una solución consensuada en la materia.
Allí se está discutiendo la cuestión de la aviación y el cambio climático, que incluye medidas técnicas y de operación
de los vuelos y, como ya se mencionó, un plan de mecanismos de mercado referidos a las emisiones de gases de
efecto invernadero que genera la aviación civil.
Lo que está en discusión son variantes de un sistema de comercio de permisos de emisiones, que de manera
implícita implicarían exigir a todos los países un límite a la emisión. De este modo, estas variantes entrarían en
conflicto con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, base de la negociación en la CMNUCC.
Este principio también rige en esta negociación particular de la OACI, porque el Protocolo de Kioto, en su artículo
2.2, establece que las Partes Anexo I deberán limitar sus emisiones del transporte aéreo trabajando a través de la
OACI. Esta posición es defendida por la mayoría de los países en desarrollo, mientras que los países desarrollados
alegan, en forma contraria, que debe aplicarse el principio de no discriminación y de trato igualitario por el que se
rige la OACI.
La definición de lo que ocurra con el transporte aéreo podría ser tomado como modelo para el transporte marítimo,
en particular en las negociaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), lo cual afectaría de manera clara
el comercio internacional en su conjunto, ya que el 90% del comercio se transporta por este medio (IMO, 2011).
Por otro lado, a nivel unilateral se destaca la iniciativa de Estados Unidos de exigir a los importadores de manufacturas
la entrega de permisos en una cantidad equivalente a las emisiones de gases de efecto invernadero durante la
producción. Esta iniciativa se ha plasmado en diferentes proyectos de ley presentados en el Congreso de ese país,
entre los que se destaca el Acta de Energía Limpia y Seguridad, pero ninguno ha sido aprobado por ambas Cámaras
del Congreso.
Al igual que la medida de la UE para las emisiones de la empresas de aviación civil, esta propuesta de Estados
Unidos fue presentada como una medida de política ambiental interna que busca evitar la “fuga de carbono”. Sin
embargo, de manera implícita tiene un objetivo extraterritorial, ya que intenta influir en las políticas ambientales
de otros países mediante un pago en frontera, similar a un arancel a la importación basado en las características del
proceso y método de producción de los bienes. Según cálculos preliminares, esta iniciativa podría afectar al 10%
de las exportaciones argentinas a Estados Unidos (Hoppstock et al., 2009).
6. Liberalización de bienes y servicios ambientales
A diferencia de las otras cuestiones analizadas, en este caso no se trata del uso del ambiente como argumento para
limitar las importaciones, sino de su uso con el objetivo de promover las exportaciones, reduciendo las trabas al
acceso a los mercados de los denominados bienes y servicios ambientales.
El problema básico con el que se enfrenta esta cuestión es que no existe una definición precisa sobre qué se
entiende por este tipo de bienes y servicios, ya que, a diferencia de lo que puede ser el sector automotriz, siderúrgico
o agropecuario, no existe un sector de bienes y servicios ambientales. Es por ello que se han propuesto diversos
criterios de selección de bienes, como por ejemplo, los bienes cuyo uso final es controlar, prevenir o corregir la
contaminación y conservar los recursos naturales, los bienes cuyo proceso y método de producción tiene un bajo
impacto ambiental, y los bienes con un impacto ambiental menor a otros con uso similar (Fastame y Niscovolos,
2007).
Los primeros trabajos que analizaron este tipo de bienes consideraron solo los productos industriales (OECD, 1996),
dejando de lado los productos agropecuarios. Además, los enfoques que a la fecha han sido objeto de mayor análisis
y desarrollo han incluido la elaboración de listas de bienes.
El foro donde se lleva a cabo la principal negociación sobre este tema es la OMC –en el marco de la Ronda Doha–
en el cual se acordó que los miembros debatirán la reducción o la eliminación de los obstáculos arancelarios y no
arancelarios a los bienes y servicios ambientales. Pero también el tema se viene discutiendo en otros dos foros, en
los cuales la cuestión se planteó con anterioridad a la Ronda Doha, a pesar de que la OMC continúa siendo el ámbito
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
primario: la OCDE, compuesta en su mayoría por países desarrollados, y la APEC (Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico), de carácter regional y conformada por países desarrollados y en desarrollo. Una diferencia entre
estos dos foros es que en la OCDE el objetivo del debate sobre la clasificación de los bienes fue analítico, mientras
que en la APEC la clasificación de productos forma parte de un proceso negociador entre sus miembros sobre la
reducción de barreras al comercio (Steenblik, 2003).
En los apartados que siguen se presenta, primero, un breve análisis de las consecuencias comerciales de esta cuestión
y luego, los avances en la negociación y las principales posiciones negociadoras en los tres foros mencionados.
6.1. Problemas comerciales desde la perspectiva de los países en desarrollo
En principio, una reducción de las barreras comerciales favorece un mayor comercio de estos bienes. Sin embargo,
los efectos pueden diferir según el país de que se trate e influir en las posturas negociadoras. Es así que se pueden
mencionar algunos problemas y consecuencias generales, además de las consecuencias particulares que derivan
del enfoque que se da a esta cuestión en la OCDE, la APEC y la OMC, que se presentan en cada una de las secciones
respectivas.
Los dos primeros problemas son consecuencia de las propuestas que se basan en la confección de listas de bienes,
que son apoyadas por gran parte de los países, en particular los países desarrollados y algunos países en desarrollo.
El primer problema es que, con el objetivo de mejorar la protección del ambiente, se puede terminar reduciendo
los aranceles de productos industriales que no se usen para fines ambientales. Esto se debe a dos cuestiones
(Steenblik, 2003):
i) la primera cuestión es el llamado error de inclusión: como no existe una sección del nomenclador arancelario que
corresponda solo a los bienes ambientales, estos bienes están en códigos arancelarios que incluyen bienes que
no son ambientales. Así, si se reducen los aranceles correspondientes a un cierto código arancelario, se mejora el
acceso a bienes que no son ambientales. Este error se puede reducir al utilizar un código con un mayor grado de
detalle. Sin embargo, el inconveniente es que el mayor detalle al que se encuentran armonizados los códigos a nivel
internacional es a 6 dígitos, lo cual deja suficiente margen para que se presente este problema; y
ii) la segunda cuestión es el denominado problema del uso dual o múltiple: hay bienes que pueden utilizarse tanto
para un fin ambiental como también para otros usos. Como en la clasificación arancelaria no figura el tipo de uso
sino solo el bien, la reducción arancelaria puede beneficiar a bienes que no se utilicen para fines ambientales.
El segundo problema se relaciona con el hecho de que la mayoría de las propuestas solo incluyen bienes industriales:
como los aranceles promedio de los bienes industriales en los países en desarrollo son mayores que en los países
desarrollados(18), cualquier reducción arancelaria afectaría más a los países en desarrollo. En consecuencia, el mayor
“sacrificio” en términos arancelarios estaría a cargo de los países en desarrollo y beneficiaría más a las exportaciones
de los países desarrollados. A esto se suma que los denominados bienes ambientales resultan de interés exportador
neto de los países desarrollados: el 87% de los ingresos totales generados por la industria de bienes y servicios
ambientales corresponde a países desarrollados, entre los que se destaca la participación de EE.UU. (38%), Europa
occidental (29,5%) y Japón (19,3%). Asia, por su parte, participó con el 4,2% de esos ingresos, seguida por América
Latina (1,9%), Medio Oriente (1%) y África (0,5%) (UNCTAD, 1998).
El tercer problema es que la liberalización de bienes y servicios ambientales es una forma de obtener reducciones
arancelarias para bienes industriales, las cuales son más difíciles de lograr en la negociación específica que
corresponde a estos productos, como es el caso de la negociación sobre acceso a productos no agrícolas (NAMA,
por sus siglas en inglés) que forma parte de la Ronda Doha.
El cuarto problema es que la exclusión de productos agropecuarios de los bienes beneficiados favorece a quienes
tienen aranceles altos en estos productos, en particular muchos países desarrollados.
El quinto problema es que la liberalización de los bienes y servicios ambientales no favorece el desarrollo tecnológico
18 El arancel consolidado promedio para productos no agropecuarios de países en desarrollo es de 28,5%, mientras que para países
desarrollados es de 6,3%; por su parte el arancel aplicado promedio es de 9,9% para los primeros y de 3,4% para los segundos (Fossati y
Doporto Miguez, 2007). En la sección 6.2 se muestra que esta diferencia en los aranceles promedio también se verifica para un conjunto de
bienes identificados como ambientales según la definición de la OCDE.
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
en los países en desarrollo, porque la mayoría de las patentes relacionadas con las tecnologías ambientales y
las energías renovables se encuentran en manos de los países desarrollados. En ese contexto, el patentamiento
de energías limpias está dominado por algunos países de la OCDE, fundamentalmente Japón, Estados Unidos y
Alemania (UNEP, EOP e ICTSD, 2010).
Por último, en este tipo de bienes es muy influyente el rol de los estados en lo que hace a las compras públicas,
mediante las cuales se puede favorecer cierto tipo de bienes, servicios y tecnologías desarrollados localmente en
detrimento de los importados (OECD, 2001).
6.2. La lista de la OCDE
Fue en la OCDE donde –en la década de 1990– se comenzó con el trabajo analítico relacionado con la definición
de los bienes y servicios ambientales, como parte de su plan de trabajo sobre política ambiental y competitividad
industrial (Steenblik, 2003). Es así como se llegó a una definición que considera que “la industria de bienes y
servicios ambientales consiste en actividades de producción de bienes y servicios para medir, prevenir, reducir,
minimizar o corregir la contaminación del agua, el aire y el suelo, así como los problemas relacionados con los
residuos, el ruido y los ecosistemas. Ello incluye tecnologías, productos y servicios más limpios que reducen el
riesgo ambiental y minimizan la contaminación y el uso de los recursos” (OECD y Eurostat, 1999). A partir de esta
definición, en 1998 se confeccionó una lista donde se clasificó a estos bienes en tres categorías: i) gestión de la
contaminación; ii) tecnologías y productos más limpios; y iii) gestión de los recursos (ver Recuadro 4).
Cabe destacar que este enfoque de listas de productos difiere de uno previo desarrollado por la UNCTAD sobre
“productos ambientalmente preferibles”, definidos como aquellos “productos que causan un daño significativamente
menor al ambiente en alguna etapa de su ciclo de vida que los productos alternativos que tienen la misma finalidad”
(UNCTAD, 1995). Algunos ejemplos de estos productos son las bolsas reutilizables de lona o de yute en lugar de las
de plástico o de papel, los productos agrícolas orgánicos y los biocombustibles. Para determinar que un producto
causa menos daños ambientales que otros se tienen en cuenta, generalmente, los siguientes criterios: a) la utilización
de recursos naturales y de energía; b) la cantidad y peligrosidad de los desechos generados por el producto en su
ciclo de vida; c) los efectos sobre la salud de las personas y los animales; y d) la conservación del medio ambiente
(OMC, 2004). Esta definición alternativa permite la inclusión de productos agrícolas, a diferencia de la lista de la
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
OCDE que solo incluye productos industriales.
Dado que los países de la OCDE ya han reducido de manera importante la mayoría de los aranceles al comercio
de bienes industriales –incluidos los bienes ambientales– y han comenzado a liberalizar el comercio de servicios
ambientales, un incremento del flujo de comercio de estos productos requeriría una reducción de los aranceles
que aplican los países en desarrollo. Por ejemplo, el arancel promedio de estos bienes aplicado por los países
desarrollados (Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Canadá) era de 3,4% en 1996, mientras que el arancel
aplicado por un conjunto de países en desarrollo era de 18% (OECD, 2001). Asimismo, los aranceles aplicados a
estos bienes por los países en desarrollo también presentan grandes diferencias entre sí, con tasas arancelarias que
van desde 0% hasta 15%, 30% e incluso 70% (OECD, 2001). Por su parte, en el caso de la región sudamericana,
estos niveles varían entre 6% en Chile, 11% en el CAN y entre 8,6% y 12% en el MERCOSUR (García, 2008).
De esta forma, la posición de los países desarrollados que empujan una reducción de los aranceles fijados por
los países en desarrollo encubre un interés por promover un mayor acceso a los mercados de bienes industriales
producidos, principalmente, por sus economías.
Además, a pesar de que el objetivo de los estudios de la OCDE ha sido el de analizar este tema, el enfoque de listas
que desarrolló ha sido la base de muchas propuestas negociadoras presentadas en la OMC.
6.3. La negociación en la APEC
La negociación en la APEC(19) se inscribe en el marco de las liberalizaciones tempranas sectoriales voluntarias (ESVL,
por sus siglas en inglés) decididas en 1996. En 1997 el sector de bienes y servicios ambientales se incluyó como
uno de los sectores a liberalizar de manera temprana. En 1998 se definió una primera lista de bienes.(20) En 2009 se
aprobó un programa de trabajo sobre estos bienes y servicios, y en 2011 se acordó “reducir los aranceles aplicados
al 5% o menos para finales de 2015, teniendo en cuenta las circunstancias económicas de sus economías miembros
y sin perjuicio de sus posiciones en la Organización Mundial del Comercio” (APEC, 2011 a), así como también definir
una lista de bienes para 2012 (APEC, 2011 b).
Esta lista se aprobó en la 20° Reunión de Líderes Económicos de la APEC celebrada en Vladivostok (Rusia) los días
8 y 9 de septiembre de 2012. Según la Declaración de Vladivostok, los bienes ambientales que conforman la lista
de la APEC “contribuyen directa y positivamente al crecimiento verde y a los objetivos de desarrollo sostenible”.
Además, los líderes económicos de la APEC reafirmaron su compromiso de reducir los aranceles aplicados para
finales de 2015.
Los 54 bienes identificados como bienes ambientales en la lista de la APEC corresponden en su totalidad a
bienes industriales: maquinarias y aparatos mecánicos (correspondientes al Capítulo 84 del Sistema Armonizado),
maquinarias y aparatos eléctricos (Capítulo 85) e instrumentos y aparatos de óptica (Capítulo 90); solo un producto
–v.g., tableros ensamblados para revestimiento de suelo de madera de bambú– corresponde a maderas y sus
manufacturas (Capítulo 44) (APEC, 2012).
El resultado final de esta negociación habría reflejado los intereses de todas las economías de la APEC, debido a
que los bienes que fueron considerados como “sensibles” por alguno de sus 21 miembros quedaron excluidos del
listado final (ICTSD, 2012). Este ejercicio dejó la posibilidad de que otros bienes se añadan a la lista en el período
previo a 2015, indicando que la lista podría llegar a convertirse en un ejercicio continuo. Además, el hecho de que el
compromiso sea técnicamente no vinculante –los miembros de la APEC no enfrentan sanciones por incumplimiento–
podría haber ayudado a los negociadores a ser más ambiciosos en la liberalización de estos bienes.
A partir de aquí se espera que los líderes de la APEC aborden en su programa de trabajo el tratamiento de las
medidas no arancelarias y la liberalización del comercio en servicios (ICTSD, 2012), tal como lo plantearon en la
Reunión de Líderes de 2011.
19 La APEC es un foro económico de la región Asia-Pacífico creado en 1989 y conformado por 21 miembros: Australia, Brunei Darussalam,
Canadá, Chile, China, China Taipei, Corea, Estados Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva
Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Singapur, Tailandia, y Vietnam. De los 21 miembros de la APEC, 8 de ellos también son miembros de la OCDE.
20 Este primer listado contenía 109 productos a 6 dígitos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), un poco
menos que los 132 productos de la lista de la OCDE y con la cual no tenía mucha coincidencia: ambas listas compartían alrededor del 30% de
los productos (Steenblik, 2003). Una explicación de esta diferencia está en la ya comentada distinción en la génesis de la cuestión –analítica
en la OCDE y negociadora en la APEC– y en que en la lista de la APEC no se incluyeron algunos productos que forman parte de otras iniciativas
sectoriales, como por ejemplo, los productos químicos.
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
Cabe destacar que, si bien la lista de la APEC no está vinculada a las negociaciones sobre liberalización de bienes
y servicios ambientales que se lleva a cabo en la OMC, la conformación de esta lista de bienes industriales podría
enviar una señal a las negociaciones en Ginebra, al prejuzgar a favor del enfoque de listas propuesto por países
desarrollados y algunos países en desarrollo y al dejar sin resolver la problemática del uso múltiple –no solo
ambiental– de los bienes industriales, que se comentó precedentemente.
6.4. La negociación en la OMC
La Ronda Doha de la OMC es la primera ronda de negociaciones comerciales multilaterales en la que se plantean
expresamente cuestiones ambientales. De los temas que se están negociando, el que más atención ha recibido en
el Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria (CCMA SE) es “la reducción o, según proceda, la
eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ambientales” (subpárrafo 31 iii
de la Declaración de Doha).(21)
Al respecto cabe destacar que, como no existe una definición universalmente aceptada de bienes y servicios
ambientales, los delegados que negocian estas cuestiones en la OMC no cuentan con una definición sobre qué es
un bien o servicio ambiental. Sin embargo, la mayor parte de las propuestas negociadoras corresponden a bienes y
servicios industriales, en consonancia con la definición desarrollada por la OCDE.
El enfoque para la liberalización de los bienes y servicios ambientales bajo el subpárrafo 31 iii aún sigue abierto, y
las siguientes propuestas continúan sobre la mesa de negociaciones:
- Enfoque de listas (países desarrollados y algunos países en desarrollo –como Arabia Saudita, Qatar, y Filipinas–)(22): se
identificarían bienes y servicios considerados como ambientales, con objeto de su liberalización, lo que significaría
aumentar la ambición en el acceso a mercados de productos industriales (NAMA). Aquí se nota el problema del
uso dual o múltiple ya comentado. Por caso, Japón ha presentado propuestas para liberalizar bienes tales como
heladeras, autos y veleros, alegando que se pueden considerar como “bienes ambientales” por su mayor eficiencia
energética;
- Enfoque de peticiones y ofertas (Brasil)(23): cada país podría asumir compromisos de liberalización a partir de un
proceso de peticiones y ofertas(24) en los bienes de interés que contribuyan al medio ambiente. El tratamiento que
debería darse a estos bienes sería objeto de negociación bilateral entre las partes interesadas, teniendo en cuenta
que este resultado deberá ser consolidado y “multilateralizado” en virtud del principio de nación más favorecida.
- Enfoque integrador (Argentina e India)(25): propone la reducción/eliminación de derechos de importación
exclusivamente para aquellos bienes y servicios que sean utilizados en proyectos ambientales específicos, teniendo
en cuenta el trato especial y diferenciado. Este enfoque intenta un abordaje alternativo a las listas y contempla las
preocupaciones de los países en desarrollo, buscando asegurar: i) beneficios para el comercio, el medio ambiente y
el desarrollo; ii) el trato especial y diferenciado; iii) la transferencia de tecnologías limpias; y iv) el acceso a mercados
para productos de interés de los países en desarrollo. En ese sentido, se favorece un criterio de clasificación de los
bienes ambientales según su uso final en proyectos ambientales específicos, evitando realizar distinciones de los
bienes basadas en procesos y métodos de producción no relacionados con los productos y rechazando el enfoque
de listas, por no garantizar el uso ambiental de los bienes en cuestión.
- Enfoque combinado (México y Chile): la propuesta define que los países desarrollados seleccionarían (selfdesignation) un conjunto de productos a liberalizar (“grupo alfa”), y lo propio harían los países en desarrollo (“grupo
beta”). Los países desarrollados deberían reducir a cero el arancel correspondiente a su grupo de bienes, mientras
que los países en desarrollo deberían aplicar a su grupo de productos una reducción adicional del 50% al arancel
21 Los otros dos temas del párrafo 31 son: i) la relación entre las normas vigentes de la OMC y las obligaciones comerciales específicas
establecidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA); y ii) procedimientos para el intercambio regular de información
entre las Secretarías de los AMUMA y los Comités pertinentes de la OMC, y los criterios para conceder la condición de observador.
22 JOB(09)/132 (Canadá, Comunidades Europeas, Corea, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Territorio Aduanero Distinto
de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, 2009); JOB(09)/169 y Add.1 (Arabia Saudita, 2009); JOB/TE/2 (Filipinas, 2010).
23 JOB(07)/146 (Brasil, 2007) y JOB(09)/184 (Brasil, 2009).
24 Mediante este método de negociación, los países solicitan reducciones en los bienes que son de su interés exportador a cambio de
reducciones en su propio mercado.
25 60
TN/TE/W/62 (Argentina, 2005); JOB(07)/77 (Argentina e India, 2007) y TN/TE/W/74 (Argentina, 2010).
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
que surja de la aplicación de la fórmula suiza(26). El período de implementación sería de 5 años para los países
desarrollados y de 10 años para los países en desarrollo, ambos con igual reducción de arancel en cada año. Un
remanente de productos sería objeto de compromisos de reducción basados en un proceso de peticiones y ofertas.
La propuesta también contiene especificaciones respecto al trato especial y diferenciado.
- Enfoque híbrido (Singapur, Australia, China, Colombia, Hong Kong, Noruega, Sudáfrica): se propone establecer
una lista central común (Common Core List) de bienes ambientales multilateralmente acordados, cuyo tratamiento
arancelario sería objeto de negociación por parte de los miembros. El tratamiento especial y diferenciado consistiría
en períodos de implementación diferentes para países desarrollados y en desarrollo. Además, cada miembro
seleccionaría una lista complementaria de bienes (Self-Selected List), que recibiría un tratamiento arancelario aún
no definido y, por lo tanto, objeto de negociación por parte de los miembros. Asimismo, para la definición de los
bienes de la lista, se tendrían en cuenta los bienes utilizados en proyectos ambientales, lo que se relacionaría con
el enfoque integrador. Por último, y en forma puramente voluntaria, los miembros podrían asumir compromisos
adicionales sobre bienes ambientales, a través de un proceso de peticiones y ofertas.
En ese contexto, resulta preocupante que en las negociaciones se haya privilegiado el enfoque de listas, por los
problemas ya comentados. Asimismo, en esta negociación aún no se ha prestado la suficiente atención a la cuestión
de las barreras no arancelarias, incluida en el mandato de Doha, y cuya importancia ha sido destacada por la
Argentina, junto con otros países en desarrollo, como Brasil, Sudáfrica, China e India.
Por último, en relación con los servicios ambientales, la visión de las negociaciones en el ámbito de la OMC también
está enfocada en función de la industria. En esta discusión, los servicios ambientales se agruparon inicialmente
en cuatro categorías: i) servicios de alcantarillado; ii) eliminación de desperdicios; iii) servicios de saneamiento
y similares; y iv) otros. En los últimos años, algunos miembros de la OMC han instado a que la clasificación de
los servicios ambientales refleje mejor cómo opera la industria, y cada vez más países de la OCDE han incluido
categorías adicionales en las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC.
Ejemplos de estas categorías incluyen la protección de la naturaleza, el control de la contaminación atmosférica, y
la remediación y limpieza del suelo, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas (OECD, 2005).
7. Conclusiones
Si bien la protección del medio ambiente es un objetivo legítimo y deseable para la comunidad internacional,
el medio ambiente está siendo utilizado por ciertos países desarrollados para justificar medidas proteccionistas
dotadas de un mayor grado de legitimidad social. En los últimos años se han ido incorporando nuevas cuestiones y
nuevos argumentos, de los cuales en este trabajo se analizaron tres: i) el crecimiento verde y la economía verde, ii)
las medidas de respuesta al cambio climático y iii) la liberalización de bienes y servicios ambientales.
En lo que hace a la economía verde, los resultados de Río más 20 plasmaron la posición de la Argentina, visión
que también se ha planteado en otros foros multilaterales, como el G20 y el PNUMA. Esta visión resalta que el
concepto de economía verde no debería sustituir al paradigma del desarrollo sostenible, sino agregar valor a este
último, tal como fuera acordado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) de 1992 (Programa 21 y Declaración de Río) y en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002
(Declaración y Plan de Acción de Johannesburgo). En ese sentido, la economía verde es uno de los instrumentos
para alcanzar el desarrollo sostenible, que sigue siendo el objetivo general de la comunidad internacional.
Además, la Argentina ha planteado que las estrategias de crecimiento verde no deberían derivar en un proteccionismo
verde ni fomentar políticas que constituyan restricciones encubiertas al comercio internacional o discriminaciones
arbitrarias o injustificables, de manera inconsistente con el sistema multilateral de comercio y con el derecho
internacional ambiental, en particular con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por ello,
resulta de importancia asegurar que esas políticas no transfieran injustamente los costos de implementación de
las obligaciones ambientales de los países desarrollados a los países en desarrollo, a través de la imposición a los
productos de exportación de los países en desarrollo de medidas ambientales relacionadas con el comercio, como
por ejemplo, estándares y etiquetados de huella de carbono de los productos, y mecanismos de ajuste en frontera
del carbono.
26 La fórmula suiza es una fórmula de reducción de aranceles por la cual la reducción es mayor a medida que crece el nivel del arancel.
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo
En síntesis, la Argentina defiende el concepto de desarrollo sostenible como el objetivo central de la comunidad
internacional y estima necesario que, en línea con el resultado de Río más 20, cada país siga su propio modelo de
desarrollo, en el contexto de las prioridades definidas a nivel nacional. En ese respecto, se estima que se debe evitar
la imposición a los países en desarrollo de ciertas visiones de crecimiento verde –tales como las que tienen los países
de la OCDE– que no se adecuarían a las prioridades y condiciones nacionales de aquellos países. Dichas posturas
buscan que el crecimiento verde sea un objetivo en sí mismo, así como también justificar, con supuestos objetivos
ambientales, la adopción de medidas que restringen el acceso de productos de terceros países, la promoción de
inversiones y subsidios “verdes”, y la generación de mercados para productos “verdes” y tecnologías ambientales
provenientes fundamentalmente de los países desarrollados.
En lo referente a las medidas de respuesta al cambio climático con efectos comerciales, la Argentina sostiene que
los estándares y normas sobre etiquetados de huella de carbono deberían diseñarse e implementarse de manera
tal que: i) resulten compatibles con las reglas de la OMC y con los principios de la CMNUCC, sin que constituyan
un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o una restricción encubierta al comercio internacional, ni
que impongan obligaciones cuantitativas de reducción de emisiones a los países en desarrollo; ii) se basen en
evidencia científica y tengan verdaderos beneficios ambientales; iii) su elaboración se realice de forma transparente
e inclusiva a través de un proceso de consulta a todas las partes interesadas y/o potencialmente afectadas; y iv) se
tengan en cuenta las capacidades y necesidades especiales de los países en desarrollo.
En ese contexto, la posible adopción por parte de los países desarrollados de medidas como los etiquetados de
huella de carbono y la exigencia de presentar permisos negociables de emisión de gases de efecto invernadero
para ingresar a un mercado se han convertido en uno de los puntos más controvertidos del debate internacional
sobre cambio climático, por los intereses económicos en juego y por la divergencia de posiciones sobre el tema. Por
ello, resulta imprescindible para los países en desarrollo lograr que el régimen internacional de cambio climático
no derive en restricciones encubiertas al comercio y no agrave las asimetrías económicas prevalecientes entre los
países ricos y los de menores recursos.
Por su parte, la liberalización de bienes y servicios ambientales puede ser empleada para promover las exportaciones
de ciertos bienes y tecnologías que, en general, son producidos por los países desarrollados, a diferencia de las
otras dos cuestiones aquí analizadas, que pueden ser utilizadas para justificar restricciones al acceso a los mercados
y el otorgamiento de subsidios internos. El argumento del cuidado del ambiente brinda legitimidad social a la
intención de los países desarrollados de reducir los aranceles a los bienes industriales en los países en desarrollo y
a favorecer el desarrollo de las tecnologías de los países desarrollados, en detrimento de la capacidad de innovación
de los países en desarrollo.
Además, las tres cuestiones analizadas en este artículo se vienen planteando en distintos foros donde, en general,
los países desarrollados cuentan con mayores recursos para asistir con especialistas e intentar lograr consensos
en sus temas de interés, incluso en aquellos foros que no tienen competencia primaria sobre estos temas. Las
estrategias de diversificación de foros han facilitado el avance de estas cuestiones y vienen demandando, por
parte de la mayoría de los países en desarrollo, un mayor esfuerzo para evitar que estas puedan ser utilizadas para
justificar un proteccionismo verde encubierto.
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El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres
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