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La era Menem – Cavallo y el Agro
Las privatizaciones de empresas del Estado que caracterizó la primera etapa del gobierno
Menem, tuvieron como protagonistas a grandes empresas del capital externo, quienes se quedaron
con una gran parte del patrimonio nacional, particularmente el petróleo, gas, electricidad, etc.
estableciéndose un perverso sistema de canje por deuda (el famoso Plan Brady).
En el año 2000 hubo que pagar 11 mil millones de dólares en intereses de la deuda.
Entre 1990 y 1998 el Estado obtuvo por medio de las privatizaciones casi 20.000 millones
de dólares en efectivo y en títulos de la deuda externa, (Secretaría de Industria y Comercio; La
Inversión extranjera en la Argentina).
He aquí una lista parcial de las empresas privatizadas que lograron cercenar la capacidad
del Estado en el desarrollo económico. La subvaluación de las empresas implicó un saqueo directo
al patrimonio nacional acumulado a lo largo de generaciones de trabajo nacional:
-
Corporación Argentina de Productores de Carne
Unidades portuarias y elevadores de la Junta Nacional de Granos
Petróleo, áreas centrales. Activos de YPF.
Petroquímicas nacionales
SEGBA
Centrales eléctricas Puerto, Costanera, Guemes, San Nicolás
Somisa (vendida a Techint)
Aceros Paraná
Tandanor (Astilleros)
Centrales Hidroeléctricas (6 en el país)
Transportadoras y distribuidoras de gas
Transportadores de electricidad
Telefónica Argentina
ELMA (flota mercante de Estado)
La segunda ola de privatizaciones y concesiones (autopistas, vías navegables, elevadores
terminales del Puerto, Ferrocarriles del Estado, etc.) generó la participación de más protagonistas,
entre ellos algunos capitales nacionales, y los conocidos “Fondos de Inversión”, grupos de capital
extranjero que van y vienen entre los “países emergentes”, denominación postmoderna aplicada a
los países periféricos o subdesarrollados.
Todas estas privatizaciones favorecieron el asentamiento de las multinacionales de granos, la
apropiación de los puertos mediante compañías privadas, al desaparecer la Junta Nacional de Granos,
y la imposibilidad para el Estado de realizar una política diferencial respecto a la pequeña producción
agrícola al desaparecer también el ferrocarril que daba vida a ciudades y pueblos agrarios,
condenando a los productores a la intermediación de las grandes comercializadoras y acopiadoras de
granos asociadas a la exportación.
Cuando se produjo el salto cuantitativo de la exportación derivado de las grandes compras
de soja de China, los Fondos de Inversión encontraron todas las condiciones favorables para
alzarse con el gran negocio agroexportador de la pampa húmeda, negocio que en el mundo es
controlado por 30 empresas (norteamericanas en su mayoría) encabezadas por Cargill y
Monsanto.
La ola privatizadora generó el desarrollo de las “mafias” denunciada inclusive por el
ministro Cavallo en el caso del grupo Yabrán (que competía con una empresa norteamericana que
apadrinaba el ministro), y la corrupción generalizada penetró en vastos sectores privados e
institucionales, en gran medida relacionados.
Al promediar la década del ’90 el drenaje de capitales volvió a tomar el rumbo de los
“paraísos fiscales”, de las “inversiones seguras”, o a países “confiables”, como Suiza. Al finalizar la
década, las superganancias de las empresas privatizadas, comenzaron a drenar sus beneficios
hacia sus casas matrices, en los países centrales de Europa y los Estados Unidos.
La fuga de capitales que caracterizó siempre a la economía argentina, había alcanzado
entre los años 1980 y 1982, entre 16.000 y 21.000 millones de dólares según los organismos
internacionales (FIEL (1989). La cifra equiparaba el stock de deuda externa a lo largo del trienio
que ascendió a 16.481 millones de dólares, que el país continuaba pagando.
Esta verdadera exacción del trabajo nacional llegó a cifras siderales durante el gobierno
Menem. Las empresas extranjeras como consecuencia de la Convertibilidad (el 1 x 1) hacían un
doble negocio por cuanto toda la importación de bienes de capital, maquinarias y equipos los
traían desde sus casas matrices. Aún falta un estudio sobre la magnitud del saqueo de que fue
objeto el patrimonio y el trabajo nacional en dicho período.
Pero lo patético de esta realidad de la economía argentina, es que durante el 2008 y el
primer semestre del 2009, se fueron del país 43.000 millones de dólares (datos de todos los diarios
de Julio 2009) que corresponden a retornos de las empresas extranjeras y nacionales. Estos
capitales se irían del país –según la interpretación vulgar realizada en los diarios- por falta de
confianza en el país, es decir, no reinvierten una parte de las enormes ganancias que obtienen en
un país “inseguro”.
El Modelo Menem-Cavallo produjo un proceso de desindustrialización de gran escala que
castigó a empresas Pymes que producían para el mercado interno, ante la avalancha de productos
del exterior, beneficiados con el “un peso un dólar”.
Entregó graciosamente junto con YPF las reservas de las áreas centrales de reservas
petroleras descubiertas por YPF con el apoyo de los gobernadores de entonces, siendo Santa
Cruz una de las más beneficiadas. Y abrió las puertas al saqueo de la minería con el cambio
absoluto de la ley de explotaciones mineras.
Con las repatriaciones de capital, se fueron también las ganancias de una nueva y
extendida capa social beneficiada, receptora de los beneficios de la modernización y la “nueva
economía” en marcha.
El diario La Nación del 6 de agosto del año 2000 expresaba:
“En realidad, en conjunto el sector privado argentino –tanto empresas como personasaumentó más su endeudamiento con el extranjero que sus propiedades allí. Incluso existe la firme
sospecha entre los economistas de que mucha deuda la contraen los residentes en la Argentina
con dinero de ellos mismos en otros países. Por ejemplo, se crea una empresa off shore en un
paraíso fiscal, los propietarios permanecen en el anonimato, y ese emprendimiento otorga un
préstamos a una empresa o un particular que vive en la Argentina. Así los pagos por el capital y los
intereses irán fuera del país y se deducirán como costo del cálculo del impuesto a las ganancias
pagado aquí.
Y el ex-ministro Roberto Aleman señalaba en la misma oportunidad:
“En consecuencia, el endeudamiento neto del país, computando activos y pasivos de sus
residentes frente al resto del mundo, aumentó de u$s 65 mil millones a u$s 78 mil millones, cifra
extremadamente preocupante. (…) Los principales activos externos pertenecen a empresas y
personas, estimados en U$S 95,7 mil millones a finales de 1999 frente a 88,8 mil millones un año
antes.”
Reflexione el lector sobre la magnitud de capital generado, creado –y evadido- en la
Argentina, que está explicado por fuentes insospechadas de “estatistas” o “marxistas”, como son
La Nación y Aleman.
Los sectores que más crecieron en esos años fueron los vinculados a las empresas de
servicios privatizados, (que adquirieron todos sus insumos tecnológicos en sus países de origen),
al petrolero, entregado a una empresa “petrolera” que no tiene petróleo (Repsol), a los sectores de
la intermediación y exportación agrícola y los vinculados a la importación de insumos para el
campo.
Comenzaron a verse nuevamente nombres como Krupp-Thyssen en obras del subterráneo
y las clásicas como Siemens o de otros países industrializados.
El área de servicios privatizados, los supermercados y la construcción, incorporó mano de
obra y por esa vía bajó la desocupación.
El círculo vicioso de la riqueza y la pobreza se agudizó y creó ciertas condiciones en la
economía argentina que impulsó a pequeños ahorristas a cruzar el Río de la Plata y recalar en
Montevideo donde se registraron entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en depósitos
“extranjeros”, es decir, de muchos pequeños ahorristas argentinos. Para los demás peces gordos
estuvo –y está- disponible una gran cantidad de paraísos fiscales asociados al lujo y el placer:
Bahamas, Caimán, Dominica, Panamá, Antigua y Barbuda, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes
Británicas, Samoa, Malta, Mónaco, Mauricio (y la tradicional y apacible Suiza), donde sus Bancos y
empresas off shore ejercen la soberanía en sus territorios.
Casos resonantes del modelo de los ’90 en nuestro país fueron el contrabando de oro de
Piana, la quiebra del Banco Mayo, el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, las acusaciones
a Interbaires (grupo Exxel), algunas sociedades que conforman la empresa Aeropuertos 2000, la
informatización del Banco Nación, caso IBM, etc.
Pero sin embargo, el ex ministro Juan Aleman, citado anteriormente, en medio de la crisis
que estallara con la implosión de la Convertibilidad y el fracaso estrepitoso del gobierno De la Rúa
– Cavallo, decía como balance del gobierno menemista, en La Nación, el 15 de Setiembre de
2002:
“La política económica del gobierno de Menem fue exitosa. Esto surge claramente de un
aumento del PBI de cerca del 60%, con estabilidad y con un fuerte aumento del consumo, así
como de avances fenomenales en los servicios públicos. Si entramos más en el detalle podemos
consignar como logros el aumento de las exportaciones en más del 150%, la duplicación de las
cosechas de cereales y oleaginosas, la expansión explosiva de la minería, la duplicación de la
producción petroquímica. La crítica a esa política se centra en el tema social, en especial el
aumento de la desocupación y de la subocupación. Esto es un efecto colateral inevitable de la
profunda transformación estructural que acompaña el proceso de crecimiento.”
Una comparación inevitable surge con la realidad actual del “proceso de crecimiento” en
cuanto a los efectos colaterales inevitables del mismo.
Decía Aleman sobre los efectos colaterales inevitables:
El Estado nacional, incluidas sus empresas, redujo su dotación total de personal de unas
900.000 personas en 1989 a unas 300.000 en 1999. Las empresas privatizadas redujeron sus
dotaciones, de modo que quedaron sin empleo más de 300.000 personas; las empresas privadas
incorporaron maquinaria moderna ahorradora de mano de obra. Al mismo tiempo, el avance de la
informática también ahorró trabajo humano. La industria, a pesar de su fuerte expansión, fue
entonces expulsiva de mano de obra; la tasa de desocupación aumentó del 6% al 18$ en mayo de
1995, pero a partir de ese pico fue bajando hasta un mínimo del 12% en mayo de 1999, subiendo
luego por efecto de la nueva onda recesiva iniciada a mediados de 1998. Pero vino la catástrofe de
un gobierno paralizante primero y de graves errores de política económica después, que generaron
la situación actual.
La filosofía económica del liberalismo está bien reflejada en el ex Secretario de Hacienda
de Martínez de Hoz, quien fue el que dio el punto final a la entrega de Papel Prensa a los diarios
Clarin y La Nación, cerrando aquella apropiación con la complicidad de la Dictadura. Para ellos la
cuestión de la distribución de la riqueza es un tema social: “ no es que se haya ignorado el
problema social (sic) sino que –dice- por la fuerza de los hechos su solución es más lenta de lo
deseado.”
También el pragmatismo filosófico que predomina en la concepción de las corrientes
neoliberales como lo es en los liberales que niegan toda concatenación orgánica en el desarrollo
económico. Para unos, el “derrame” económico se producirá “tarde o temprano”; para los
pragmáticos, bastan medidas reformistas en la estructura económica que aseguren la
redistribución del ingreso.
En este ámbito económico se aceleró el crecimiento de la producción agrícola basado en el
incremento de la producción de soja basado en la creciente demanda china.
Uno de los actores aún vigente, durante proceso de desarrollo agropecuario que se
analiza, el dirigente de UATRE Gerónimo Venegas, exaltaba la creación del RENATRE y la Ley
25.191 que creó la Libreta del Trabajador Rural, y que integran todas las entidades del campo
(SRA, F.A.A., CRA y Coninagro). Y decía (Clarín, 28/09/2002):
“Hay aproximadamente 1.200.000 trabajadores rurales que deben tener sus beneficios
sociales, pero para eso hay que terminar con el trabajo en negro, con la evasión impositiva y
previsional, y con la competencia desleal que significa la inmigración ilegal de trabajadores de
otros países a la Argentina. Pero por sobre todas las cosas, hay que erradicar la práctica más
inhumana y poco solidaria que existe en el campo que es la del trabajo infantil. Actualmente hay
180.000 chicos que tendrían que estar en las escuelas, y sin embargo están trabajando por unos
poquísimos pesos en el campo.”
Esto decía Venegas en el año 2002, renegando de paso, de los inmigrantes bolivianos que
vinieron a trabajar con toda su familia y sus niños en las quintas hortícolas del Gran Buenos Aires,
donde aún falta mano de obra argentina porque no acepta las condiciones paupérrimas del trabajo
en los invernaderos y en las quintas hortícolas del Gran La Plata; familias bolivianas trabajando en
condiciones deplorables, pero que producen hoy el 50% del tomate y las verduras que consume la
ciudad y el Gran Buenos Aires.
En Mayo del 2002 un trabajo de investigación sobre el trabajo infantil en zonas rurales,
revelaba que más de 250.000 chicos trabajan en el país fuera de todo control. El estudio, firmado
por Alberto González de la Redacción del diario Clarín (7/05/2000) se basaba en un informe de la
Organización Internacional del Trabajo y decía entre otras cosas:
A los pibes se los quiere, sobre todo, para levantar las cosechas de tabaco, algodón, olivo,
papa y cebolla. En San Juan por ejemplo, el 40% de la fuerza laboral olivarera está integrada por
menores de 14 años. En la recolección de papa en Tafí del Valle, Tucumán, cerca del cuarenta por
ciento de los trabajadores son chicos que a veces no superan los 10 años. Sólo en Misiones,
durante la zafra de la yerba mate, trabajan alrededor de 25.000 niños. En la zafra tabacalera, el
20% son menores. Son muchos los chicos que trabajan en los nuevos cultivos de arándano, frutilla
y frambuesa; es casi imposible ver a u n hombre mayor de 18 años recorriendo los surcos. Y los
ejemplos se suceden en todas las provincias. El carácter de los cultivos extensivos de la pampa
húmeda excluyen obviamente el trabajo de los niños, precisamente porque la tecnología y la
escala de la producción del modelo, excluye también a los propios agricultores.
Esta superexplotación del trabajador y la exclusión de la familia agraria, es la otra cara del
modelo que se ha dado en llamar “la segunda revolución de las pampas”. Aunque no considere la
situación de las economías regionales donde se produce un desarrollo desigual semejante.
Bueno, este es otro resultado concreto del modelo de crecimiento agropecuario en un
extremo, más la continua desaparición de pequeños agricultores, mientras en el otro, las cerealeras
multinacionales y los pools de siembras acumulaban por decimo año consecutivo la parte principal de
la renta agraria.
Cuando se debate la distribución de la renta, generalmente se olvida esta realidad. No debe
olvidarse que la cuota de plusvalía que se acumula en un extremo, es la que se ha quitado en forma
absoluta, al trabajador agrario, sea un niño o un mayor.
EL CAMPO OREGANO
El gran salto delante de la producción agrícola basado en la soja, comenzó a mediados de
los ’90, cuando el gobierno Menem-Cavallo consolidaba su modelo, que hasta el día de hoy,
mantiene sus “vigas maestras”.
La incesante demanda china de soja, confluyó con los cambios devenidos con la
globalización capitalista mundial, y el aterrizaje de los Fondos de Inversión en distintas áreas de la
economía. El nuevo rostro de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires, es un ícono del
desembarco de dichas inversiones; el otro, los pools de siembras y la cadena alquiler de campos,
acopio, y exportación a cargo de las multinacionales de granos.
La soja transgénica patentada por Monsanto, potenció la productividad en base al menor
costo de producción. Pero demás, la incorporación de derivados de la soja en muchos alimentos
(leche, chocolates, polenta, y sobre todo aceites mezcla) expandió el negocio. Cargill, el gigante de
de los alimentos en el mundo, comenzó a procesar alimentos, además de haberse extendido en la
Argentina, en el negocio de las semillas, los agroquímicos, y otras actividades, desplazando o
adquiriendo con su enorme poder financiero, a otras empresas pequeñas y medianas.
Como todo salto en un sector de la economía, fue la conjunción de diversos factores (y
muy en particular la demanda externa) los que lo hicieron posible.
No fue mérito del gobierno, que cabalgó sobre el notable incremento del comercio mundial
y la demanda china en particular, en lo que fue definido como una onda larga de crecimiento
económico del capitalismo, que se frenó en el año 2008. Pero tampoco fue un milagro de la
“revolución tecnológica” y de los “emprendedores” porque el crecimiento acelerado de la soja
acompañó la destrucción sistemática de tambos, caída en la producción de algodón, deforestación
del monte nativo, reemplazo de otros cultivos y una crisis de la ganadería sin precedentes, a pesar
de la aparición de los feed-lots. ¿Es que no había emprendedores en estos sectores?
Tal desarrollo, no “derramó” hacia el interior de las regiones productoras, de acuerdo a la
repetida teoría del nuevo liberalismo en la época de la globalización, salvo en actividades
secundarias. El gran negocio fue, lo sigue siendo, para Cargill, Bunge, Nidera, Dreyfus y demás
empresas extranjeras, que retornan las ganancias a sus casas matrices.
¿Quién puede vanagloriarse de tal modelo “exitoso” si no es partícipe del sector que hoy
hegemoniza y controla lo principal del negocio agrícola?
La producción agrícola había alcanzado en la mitad de los ‘90 alrededor de 45 millones de
toneladas entre cereales y oleaginosas, en poco más de 20 millones de hectáreas, 15 de las
cuales eran de soja. El crecimiento en poco más de una década después, alcanzó los 95 millones
de toneladas, ocupando la soja, el 50% de ese volumen. La superficie plantada también creció
desplazando la ganadería y deforestando el bosque nativo superando las 30 millones de
hectáreas.
El no laboreo del suelo, la siembra directa y la menor fertilización en el caso de la soja,
disminuyeron notablemente el costo de producción lo que hizo posible su cultivo hasta en
superficies de pequeños productores.
El crecimiento de fábricas y talleres en la pampa gringa se fortaleció pero tuvo que disputar
con la importación de equipos pesados que fueron dominando en las grandes superficies, logrando
mayor rentabilidad por la propia escala, logrando éstas, mayor rentabilidad por la doble vía del
menor costo de producción y por la disponibilidad de capital de trabajo del cual carece el mediano
productor.
Creció el complejo industrial oleaginoso a la vera del Paraná, beneficiado primero por la
inversión realizada por el Estado en el dragado de la hidrovía y más tarde por el Acuerdo del
Mercosur por la hidrovía que permitió el ingreso de grandes buques graneleros, y por las
inversiones de las mismas empresas que se benefician del corredor fluvial que controlan el
comercio exterior. Simultáneamente el cooperativismo agrario perdió la capacidad que tenía en la
década del ’80.
En ese proceso, y bajo el corset de la Convertibilidad, ¿cómo fue la acumulación de capital
en el campo, producto del boom de la soja?
La Convertibilidad, el 1x1 fue el mejor mecanismo para la acumulación acelerada de los
Fondos de Inversión que favorecidos por las nuevas relaciones de producción se convirtieron en
“agricultores” de grandes extensiones sin necesidad de ser propietarios de la tierra,
desarrollándose principalmente los pools de siembras que dominan hoy la explotación de la tierra,
principalmente, a expensas de la gran demanda de soja de parte de China y la India.
Inversores como Soros (luego “retirado”), Elztain, Grobbo (asociado a un gran Banco de
Brasil), Bemberg, y otros, pudieron generar una enorme acumulación de capital.
En el sector exportador, la gigantesca Cargill, creció como la mayor exportadora de
Argentina.
El grupo Monsanto, inventor de la soja transgénica y Syngenta, resultado de la
globalización internacional, devinieron en los dos grandes grupos internacionales, absolutamente
dominantes en la Argentina como proveedores de insumos agroquímicos, semillas y otros
productos, y fueron los grandes ganadores desde la década Menem-Cavallo y el interregno de la
Rúa. Proceso que continúa con el actual gobierno a pesar de las retenciones que recauda y que
castigan sobre todo el productor chico.
Un recordado Secretario de Agricultura del Ministro Cavallo, Jorge Ingaramo señaló
públicamente en los inicios de la Convertibilidad, que del campo argentino debían desaparecer
200.000 productores, y asemejarse al modelo agrícola de los Estados Unidos.
Su estimación, según los datos que se disponen, está llegando a esas cifras, y el proceso
de desaparición de los pequeños y medianos productores, no se ha detenido.
En el último Congreso de la Federación Agraria (2008) que sesionó bajo el título de “Por
una agricultura con agricultores”, su presidente, afirmó: “No seremos la nueva camada de
productores que tienen que desaparecer”.
Las leyes objetivas del desarrollo económico durante el período 1990 a la fecha, que es la
continuidad orgánica de ese proceso de desarrollo iniciado mucho antes, confirma que el apotegma
liberal en boga en los ’90 que convenció a millones de que “el mercado asigna los recursos” (no las
políticas de Estado) no fue más que un recurso argumental y falaz para encubrir grandes y fáciles
negocios de parte de un sector dominante de la sociedad, vinculada desde antaño con los intereses
del gran capital europeo y norteamericano. En realidad, “el mercado” asigna los recursos a los dueños
de los grandes medios de producción, los inversores de capital y las grandes empresas
internacionales que controlan el comercio internacional de granos, cereales y alimentos.
Estimaciones modestas, permiten afirmar que en los últimos 20 años, hubo
un drenaje de capital de parte de las empresas extranjeras que dominan la
exportación argentina (incluyendo el resto de sus negocios en agroquímicos y
semillas) de al menos U$S 40.000 millones. La cifra que se escapa por la vía de la
subfacturación, es más difícil de estimar.
La era Menem-Cavallo y su continuidad, demuestra también que no existe una política
sectorial (rural en este caso) separada del contexto general de toda la política económica: energética,
industrial, bancaria y exportadora, porque la economía rural está imbricada con toda la estructura
económica del país.
La enorme caída del transporte ferroviario (con la secuela de desaparición de pueblos del
interior) encareció el transporte de los granos y cereales hacia los puertos. El ferrocarril, que
transporta 50 veces más que el camión en materia de energía por tonelada, ha sido destruido en su
estructura y salvo una revolución industrial que lo reconstruya no solo para el transporte de carga
sino de pasajeros, no volverá a servir al campo en décadas.
Hoy el 80% del transporte de granos, cereales y subproductos se realiza por camión.
Todas estas consecuencias del modelo agropecuario consolidado por el modelo de MenemCavallo-De la Rua, es lo que “ignoran” los defensores acérrimos de este modelo. Son los que ven con
un solo ojo el desarrollo del complejo sojero. Jamás se les escuchará una solo mención a las
consecuencias de despojo, éxodo y pobreza que engendró el modelo y coadyuvó a la concentración
de la pobreza en las orillas de las grandes ciudades.