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La mayor crisis conocida, que estamos viviendo desde hace más de seis años, ha
dejado al descubierto no sólo las carencias en el diseño y funcionamiento de la
Eurozona, sino también las debilidades estructurales de la economía asturiana, que
los años de bonanza económica habían contribuido a ocultar.
Las medidas de austeridad económica que se están adoptado por parte del
Gobierno del Partido Popular, cuyo único objetivo es la reducción del déficit público,
se han demostrado como un fiasco, incidiendo negativamente en los factores
claves para el crecimiento a largo plazo, y con ello dificultando las posibilidades de
salida de la crisis.
A dichas medidas, y no solo a la propia crisis, se ha de achacar:
• La ruptura del patrón de crecimiento, no se están adoptando acciones
estimulantes para abordar un cambio de modelo productivo sustentando en
actividades que den firmeza al crecimiento, estabilidad y calidad al empleo,
que aporten valor añadido e innovación, y que todo ello confiera a la
economía la solidez necesaria para salir de la crisis.
• Un mayor desplome del sector de la construcción y la continua caída
del peso de la industria en la economía, sin abordar, con rigor, coherencia
y en el marco del dialogo social, una reconfiguración sectorial de la
economía, en la que todos los sectores han de adaptar su dimensión en
función de sus fortalezas, ventajas competitivas y estratégicas.
• La puesta en peligro del Estado de Bienestar, con el continuo deterioro
del sistema de pensiones y de los servicios públicos como la sanidad, la
educación, la justicia, las ayudas a los dependientes, lo que dificulta el
acceso a los más desfavorecidos mientras se favorece la iniciativa privada.
• El persistente ataque a los derechos de los trabajadores, con continuas
modificaciones de la normativa laboral que suponen la más amplia, profunda
y lesiva Reforma Laboral, que afecta a todos los trabajadores y durante toda
su vida profesional, configurando unas relaciones laborales basadas en el
poder unilateral del empresario atentando directamente a la negociación
colectiva y priorizando los aspectos individuales en detrimento de los
colectivos.
• Un volumen de empleo cada vez menor y más precario, con actividades
que han perdido más del 60% del empleo existente antes de la crisis.
• Unos niveles de desempleo inasumibles, con el aumento continuado del
número de parados que no perciben ninguna prestación y del número de
familias en las que todos sus miembros se encuentran en paro.
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• Una importante fractura social, que se manifiesta, no solo en la
desafección a partidos e instituciones, sino en diferencias cada vez mayores
entre clases y colectivos sociales, e incluso entre países.
La solución para salir de la crisis no es competir en costes, como se pretende,
sino competir en calidad, diseño, innovación y tecnología, para alcanzar los
niveles de competitividad requeridos.
Desde el movimiento sindical hemos venido reivindicando y entendemos que la
prioridad es otra política económica dirigida al crecimiento y a la creación de
empleo. Es posible el saneamiento de las cuentas públicas con el crecimiento
del Estado de Bienestar, la financiación de las políticas públicas basada en un
sistema fiscal más progresivo y no en el endeudamiento, la competitividad
ligada a la innovación y la formación de los trabajadores y no las reducciones de
plantilla y el deterioro de los derechos de los trabajadores. El problema no son
las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia o las políticas sociales,
el problema es la falta de empleo.
La solución pasa por generar empleo de calidad y mejorar las condiciones del
empleo existente. Más empleo implica más consumo, que dinamizaria a las
empresas a invertir más y repercutiendo en el volumen de empleo. Más empleo
supone mayores cotizaciones, que contribuyen a estabilizar el sistema de
pensiones – la dificultad del sistema es la falta de empleo y de trabajadores que
cotizan, por tanto, la solución no pasa por reducir la cuantía de las pensiones,
sino por crear empleo.
Para MCA-UGT Asturias es cada vez más urgente que se adopten medidas
dirigidas a disponer de:
• Un sistema fiscal equilibrado y estable, ampliando los plazos de
aplicación del acuerdo de consolidación fiscal haciéndolos compatibles con
la recuperación de la actividad económica y la creación de empleo;
aumentando los ingresos con instrumentos más justos y progresivos y la
recuperación de figuras impositivas vinculadas al patrimonio; y potenciando
las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal y la evasión de capitales.
• Un sistema financiero dedicado a la inversión productiva, aumentando
la credibilidad en el sistema financiero; haciendo fluir el crédito a las
empresas y particulares, mediante la movilización publica de recursos y
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financiación; y la agilización de las actuaciones del ICO y convirtiendo al
BCE en un instrumento dinamizador de la política monetaria.
• Un sistema productivo que asegure el crecimiento a largo plazo,
recuperando el papel del Estado como agente dinamizador de la actividad
productiva, siendo necesario que la inversión productiva publica no sea
considerada como gasto y quede fuera del cómputo del déficit, invirtiendo de
manera decidida, en factores claves de competitividad, transversales a todas
las actividades productivas, como son:
o Fomentar la cultura de la innovación en todas las actividades
productivas, de forma que ningún sector ni empresa consideren la
innovación como algo ajeno a ellas. Esta innovación debe estar ligada
a una mayor participación de los trabajadores en los procesos de
innovación.
o Mejorar la dotación en infraestructuras, generalizando el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación; facilitando el
transporte multimodal de mercancías, mejorando las interconexiones
energéticas con los países de nuestro entorno e incrementando los
equipamientos sociales…etc.
o Abordar una auténtica reforma del sistema energético, disponiendo de
un marco energético estable, predecible y sostenible, en lo ambiental
y en lo económico, arbitrando soluciones eficientes para controlar los
costes de energía, revisando los sistemas de fijación de precios de
los distintos tipos de energía con el fin de alcanzar un nivel
competitivo que conjugue los intereses de productores y
consumidores y no suponga una rémora al desarrollo de los sectores
productivos. En el caso concreto de los grandes consumidores de
energía eléctrica es necesario pasar de un sistema de fijación de
precios marginalista y con tarifas reguladas a la contratación a largo
plazo, no indexada a mercado, que, junto a una flexibilización del
modelo de gestión de demanda, contribuya a paliar la volatibilidad de
los precios.
o Modernizar las estrategias de distribución y comercialización que
faciliten la apertura de nuevos mercados.
• Una política industrial al servicio del crecimiento y desarrollo de la
industria.
La crisis ha afectado de lleno a este sector y algunas de las empresas de
mayor peso que representan la columna vertebral de la industria asturiana.
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Hay que tener muy presente el peso que la industria tiene sobre el conjunto
de la economía siendo en términos regionales el 19,2 del PIB y en el empleo
regional el 14,7% y como la crisis ha puesto de manifiesto, la importancia de
contar con un sector industrial fuerte y competitivo para nuestra economía.
Es necesaria una política industrial con la que incrementar la presencia y la
competitividad de nuestra industria, con medidas de carácter vertical y
transversal que apuesten por la inversión productiva, el empleo de calidad,
la internacionalización y actuaciones en I+D+i, determinando sectores
estratégicos y conservando los tradicionales.
El trinomio “competitividad-calidad-precio”, que hizo posible nuestro
despegue industrial, ha sido superado por otras economías emergentes con
mejores ratios, lo que se supone una importante depreciación de nuestros
productos, a nuestro juicio solo recuperable a través de una clara apuesta
por la innovación y el desarrollo.
Las políticas públicas deben prestar especial atención a la consecución de
un sector industrial sólido, fuerte y diversificado capaz de hacer frente a los
retos presentes y futuros.
La política industrial asturiana será más efectiva si cuenta con unos objetivos
claros, concretos, cuantificados y delimitados en el tiempo, basados en un
adecuado y compartido diagnóstico previo de los problemas y las
actuaciones a emprender.
Por ello, las actuaciones en pro de la industria han de ser,
fundamentalmente, de carácter sectorial, complementadas con actuaciones
horizontales, pero debidamente sectorializadas, todos ellas articuladas en el
marco de Planes Sectoriales específicos.
Los instrumentos de apoyo a los sectores, tanto sean créditos, subvenciones
o medidas no dinerarias, han de estar condicionadas al cumplimiento estricto
de condiciones, entre las que hay que destacar la creación o mantenimiento
del empleo, la preservación futura de la actividad industrial y estar
vinculadas al esfuerzo inversor realizado por la empresa.
Esta estrategia industrial resultante tendrá que integrar, en lo que se refiere
a la acción de la administración del Principado de Asturias, los instrumentos
de planificación y programación presupuestaria existentes, con los ajustes y
complementos que se consideren adecuados.
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• Un sector de
crecimiento.
la
construcción consolidado que
contribuya
al
El sector de la construcción juega un papel importante en el conjunto de
cualquier economía, debido por una parte a su capacidad de arrastre de
otros sectores, tanto industriales como servicios, porque su producción es
necesaria para que el resto de actividades puedan seguir funcionando, y por
otra porque tiene una incidencia directa en la calidad de vida de los
ciudadanos.
La crisis generalizada ha provocado el desmoronamiento de este sector,
cuya caída en su vertiente inmobiliaria, ha supuesto la pérdida de miles de
puestos de trabajo y empresas, no solo en el propio sector de la
construcción sino también en aquellos cuya actividad depende, en buena
parte, de él.
En la estrategia para promover el cambio de modelo productivo que MCAUGT Asturias propugna que el sector de la construcción ha de alcanzar la
dimensión y configuración adecuada para afrontar, en las mejores
condiciones, una previsión de las necesidades de empleo para un sector
adaptado a las nuevas circunstancias y acorde con la nueva estructura y así
logre la salida de la crisis y disponga de una estabilidad que le preserve de
los vaivenes de los ciclos económicos. Por lo tanto se debería incidir en:
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Definir qué modelo de ciudad perseguimos, proporcionando un desarrollo
equilibrado y sostenible, una ciudad que cuente con infraestructuras,
servicios y equipamientos necesarios, repartidos de forma equilibrada
dotándolo de bases productivas necesarias para su desarrollo
económico, lo cual pasa, en muchos casos, por la recuperación de los
centros urbanos y barrios degradados. En una etapa como la actual,
adquieren mayor relevancia las voces que señalan que una región que
decide abandonar, drásticamente, las inversiones en el sector de la
construcción, acepta resignada, pero conscientemente la debacle
económica, con una difícil recuperación y deprimiendo definitivamente al
sector y al resto de sectores que el mismo arrastra.
Se debe superar la percepción existente acerca de que el sector de la
construcción está ajeno a la innovación. Es cierto que en este sector la
difusión de la innovación no se produce de forma tan rápida como en
otras actividades y aunque se han producido avances en las últimas
décadas estas se producen de forma poco estructurada y poco
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aprovechada. En este sentido se debe aprovechar la aplicación del
Código Técnico de Edificación para que se inicien y se exijan que se
cumplan los procesos de innovación destinados a la utilización de nuevos
materiales, el uso de las TIC, el reciclado y recuperación de los residuos
de la construcción y la demolición, la comodidad de los edificios.
Reforzar la formación de los trabajadores para que lo anterior pueda
llevarse a cabo, así como profundizar en la realización de campañas que
hagan atractivo este sector para los jóvenes.
Se debe apostar por una política integral de Rehabilitación ya que el 60%
del parque de viviendas edificado supera los 30 años pudiendo en
algunos casos ser calificadas su estado como ruinoso, malo o deficiente.
Estas cifras demuestran por si solas la necesidad inmediata de acometer
medidas que potencien la rehabilitación, que incluyan acciones dirigidas
a viviendas, edificios, barrios y zonas especialmente degradadas de
nuestras ciudades, centradas en los aspectos como la mejora de la
accesibilidad, su entorno y su eficiencia energética.
Las actuaciones en rehabilitación conllevan una reanimación de la
demanda no solo en el sector de la construcción sino también en los
relacionados con él y, por tanto, en la generación de empleo.
Sin olvidarnos de seguir apostando por una política de vivienda que
afronte una salida del stock de viviendas vacías convirtiendo la vivienda
libre en vivienda protegida, una política pública de alquiler dirigida
especialmente a los jóvenes y colectivos más desfavorecidos, iniciativas
públicas de edificación en régimen de autoconstrucción que faciliten el
acceso a la vivienda a familias con escasos recursos.
Dichas políticas deben llevarse a cabo con la implicación de las
Administraciones Públicas, con objetivos claros, delimitados y
cuantificados que se precisarían en programas concretos, sencillos,
transparentes y de fácil aplicación y control.
Teniendo en cuenta que el sectarismo del Gobierno de Rajoy en el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2014 sigue
discriminando a Asturias, recortando sustancialmente la inversión en
infraestructuras, demostrando que Asturias no es una prioridad para el
Gobierno del PP, si a esto añadimos las previsibles dificultades para que
nuestra Comunidad apruebe unos presupuestos regionales, que aunque
austeros, tienen una gran incidencia en el desarrollo regional, el
panorama no podría ser más desolador, por tanto, instamos a los
partidos con representación en la Junta General del Principado a que
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agoten todas las posibilidades de acuerdo para no añadir más
incertidumbre a la economía regional.
El dialogo social y la concertación tiene que seguir siendo un instrumento
fundamental para el desarrollo de Asturias, por tanto, instamos al
Gobierno Regional a que agilice la ejecución de todas las medidas
contempladas en el AEPA y siga profundizando en el dialogo con los
agentes sociales.
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