Download INFORME Banca ETICA y PUBLICA dic 2014

Banca ética y Banca pública
Realidad y posibilidades en Andalucía
Subvencionado por:
Informe elaborado por ADICAE Andalucía
Diciembre 2014
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El presente estudio ha sido llevado a cabo por ADICAE Andalucía, dirigido y coordinado por
Dña. Elisabeth Marin Moya, técnico especialista de ADICAE Andalucía, y ha contado con la
participación y colaboración de D. José Carlos Cutino, además de con el apoyo y ayuda de
voluntarios y colaboradores de ADICAE Andalucía, así como de expertos del ámbito
económico y jurídico que desinteresadamente han aportado su experiencia y conocimiento al
informe realizado.
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ÍNDICE
Introducción.............................................................................................................. 7
Capítulo 1: La Banca ética …................................................................................... 8
1. Orígenes.
2. Caracterización de las diferentes fórmulas de banca ética.
3. Banca ética Vs Cajas de Ahorros, Fundaciones bancarias
y los modelos bancarios tradicionales
4. Evolución en la UE y España. La realidad y el peso
global del subsector
5. La realidad de la banca ética en Andalucía
5.1. Implantación en la Comunidad Autónoma Andaluza
5.2. Formas jurídicas
5.3. Radiografía de las entidades
6. Retos y oportunidades
7. Conclusiones
Capítulo 2: La Banca pública ................................................................................ 33
1.Evolución histórica de la banca pública
2.El desmantelamiento de la banca pública y la reestructuración bancaria.
3.Tras la crisis, ¿hay razones para promover una banca pública?.
4.Las propuestas planteadas en Andalucía. De una banca pública a un
“ICO Andaluz”
Anexo: La visión de los consumidores andaluces …........................................... 51
Encuesta sobre la Opinión y percepciones de los consumidores
andaluces en relación a la denominada “Banca Ética” o social y
respecto de las iniciativas potenciales de banca pública
Bibliografía
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Introducción
Es evidente que en los últimos años venimos atravesando una grave y larga crisis económica,
que ha originado profundas consecuencias sociales, y en la que el papel de las entidades
financieras, sus reguladores y el propio sistema han quedado en entredicho. Desde ADICAE
Andalucía hemos venido poniendo de manifiesto cómo la situación es especialmente dramática
entre los consumidores, que han visto que en este periodo se ha reducido sus ingresos y
capacidad de ahorro de forma contundente, con una afección determinante sobre las clases
medias, sobre-endeudadas por la ilusoria alegría crediticia de las vacas gordas del presunto
crecimiento en el período de bonanza y muy mermadas en su capacidad adquisitiva y privadas
de todo acceso al crédito cuando la situación se tornó del revés.
Esta situación justificaría sobradamente, por sí misma, la necesidad de emprender reformas
favorables al crecimiento y a la reactivación económica, que ayudaran a impulsar la economía
de manera sostenida y sostenible, no solo de una manera coyuntural, sino también de modo que
se abordaran los problemas estructurales del sistema y contribuyeran a una mejora efectiva en
el marco de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, con el fin de fortalecer
su posición en el mercado de forma eficaz y duradera. En ese entorno, resulta imperativa la
necesidad de afrontar un cambio sustancial en la forma y los instrumentos para desarrollar la
actividad financiera y crediticia, escenario en el que se abren paso nuevas formas de banca que
resulta necesario analizar para valorar, hasta qué punto suponen una nueva forma de enfocar las
actividad del sector y de qué forma pueden aportar valor, no solo al Sistema Económico y al
Mercado en su conjunto, sino al consumidor y usuario en sus relaciones particulares.
Conscientes de esta situación, ADICAE Andalucía, que viene desarrollando una labor continua
y constante en el tiempo, con el fin de dotarse y dotar a la Sociedad Andaluza de herramientas
de información y formación tendente a promover y facilitar el ejercicio por parte de los
consumidores de sus derechos como tales, ha estimado que constituye una necesidad emergente
el llevar a cabo un análisis sobre nuevas formas de banca.
Para ello, el programa en el marco del cual se desarrolla este trabajo integrará el análisis de
diversos aspectos en relación a dos ámbitos que –a día de hoy- se presentan como alternativas
para ayudar a facilitar o promover el movimiento económico mediante una actividad financiera
social y sostenible que favorezca los intereses de las personas consumidoras y usuarias. De este
modo, abordaremos –por un lado- el análisis de la proyectada “Banca Pública” que ha cobrado
especial fuerza en el debate económico y político de la Comunidad Andaluza, y también las
aparentes nuevas formas de ejercicio y desarrollo de la actividad bancaria que se engloban bajo
el paraguas de lo que se ha dado en llamar “Banca Ética”. Así, se tratará, partiendo del análisis
de la realidad de la situación bancaria actual, hacia dónde nos podrían llevar este nuevo tipo de
prácticas y si sus propuestas aportan valor, son creíbles y factibles, además de su impacto y los
requerimientos que propiciaría en la regulación del sector financiero.
Por supuesto, este informe no quedaría completo sin contar con las propuestas de ADICAE
Andalucía que, partiendo de la necesidad de llevar a cabo acciones de mejora en el sector
financiero, conduzcan a una reforma del sector en pro y mejora de los derechos de la
ciudadanía, concebida como epicentro de las políticas sociales encaminadas a alcanzar los
niveles de dignidad y bienestar que la crisis se ha llevado por delante.
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Capítulo I
La Banca ética
La banca ética, también conocida como banca social, es el término a través del cual se
diferencia a un conjunto de entidades financieras cuya actividad no está, de entrada,
condicionada exclusivamente por criterios de maximización especulativa del beneficio a toda
costa. Por el contrario, por principio, su actividad se encuentra dirigida a la inversión en la
economía real –es decir, fuera de los mercados secundarios–, y en algunos casos incluso
cuentan con una estructura interna fundamentada en la participación social cooperativa.
En esa línea, los bancos éticos o sostenibles se definen como entidades financieras que, por un
lado, captan fondos de ahorro e inversión –como cualquier banco- y, por el otro, conceden
financiación que satisfacen las necesidades de recursos económicos de empresas y
organizaciones que trabajan bajo fórmulas y en sectores que mejoran, a juicio de estas
entidades, la calidad de vida de las personas y protegen el medio ambiente y la sostenibilidad
integral de la economía bajo criterios eminentemente sociales.
Vamos a ver a continuación cuál ha sido su origen y desarrollo, así como el grado de
implantación actual de esta figura a nivel general y en nuestro entorno inmediato.
Los orígenes
La banca ética no es un fenómeno reciente. Hunde sus raíces en los años 60, en los que surgen
entidades financieras que trabajan bajo el criterio de promover un uso responsable y
transparente del dinero, invirtiendo únicamente en iniciativas y empresas que justifican su
actividad aportando un valor añadido a la Sociedad y el Medio Ambiente, y que –además, y
como no podría ser de otro modo, tratándose de una actividad bancaria– son viables
económicamente.
En sus orígenes, este tipo de banca surge como parte de los movimientos de economía
alternativa que trabajan por una economía real promoviendo actividades que generen un
impacto social o medioambiental positivo. Ciertos escándalos públicos de corrupción
en Estados Unidos y conflictos políticos internacionales (la guerra de Vietnam, el régimen del
Apartheid en Sudáfrica...), hicieron que la ciudadanía en general y una serie de colectivos, de
forma particular, tomasen conciencia de la tremenda influencia que tenía en economía local y
global el que la relación ahorro-crédito estuviera férrea y completamente controlada por los
bancos tradicionales. Es decir, los ahorradores y legítimos dueños de ese dinero no tenían
capacidad para decidir sobre el destino que la entidad pudiera dar a las inversiones o a los
créditos que se concederían con sus ahorros. De este modo y manera, el ahorro de una ONG
que trabajara por la paz perfectamente podría estar siendo invertido en financiar proyectos
armamentísticos. Toda una paradoja.
Surge así todo un movimiento crítico y activo por la ética en los negocios y la actividad
financiera, y la búsqueda de una actividad financiera y crediticia alternativa que gestione los
recursos económicos con el objetivo de atender las necesidades reales de los ciudadanos frente
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a la actividad económica orientada al crecimiento especulativo, indiscriminado y carente de
cualquier principio que no sea el del rápido enriquecimiento y multiplicación de las grandes
fortunas. Esta sensibilidad se vio alimentada, además, por las dificultades de los países del Sur
para acceder a los recursos financieros internacionales a través de los cauces tradicionales,
obstáculo que propició el nacimiento de multitud de redes locales económicas que generaron
diferentes mecanismos de financiación local y solidaria para atender las necesidades que la
banca convencional no tenía interés en atender ni considerar siquiera. Un ejemplo muy
conocido es el sistema de microcréditos propuesto por Grameen Bank en Bangladesh, cuyo
fundador, Muhammad Yunus, recibió el Premio Nobel de la Paz de 2006 –Debido al éxito
cosechado por estos microcréditos, empezaron a aparecer multitud de financieras que los
comenzaron a ofrecer, pero tergiversando totalmente el modelo de Grameen Bank. Mientras
que el banco asiático los ofrecía a colectivos desfavorecidos y a unos tipos de interés muy
reducidos o en algunos casos casi nulos, cualquier persona podía acceder a los microcréditos
ofrecidos por el resto de entidades financieras no etiquetadas como “éticas”, eso sí, a unos tipos
de interés muy elevados (entre el 20% y el 30%), lo que provocó graves situaciones de
sobreendeudamiento, reflejándose claramente en la tasa de morosidad de estas entidades (2%
del Grameen Bank frente al 25% del resto).
A partir de las primeras experiencias se sucedieron dos enfoques sistemáticos en la selección de
criterios que permitían el acceso al crédito a través de estas redes. Primero se utilizaron
criterios de selección negativa, definiendo qué tipo de actividades no se financiarían:
armamento, prostitución, pornografía, tabaco, alcohol, actividades extractivas no sostenibles,
maderas tropicales... Tras esta postura, se hizo una reflexión que llevó a proponer criterios
desde una perspectiva positiva, formulando aquellas actividades que sí se financiarían: cultura,
comercio justo, atención a colectivos en riesgo de exclusión, educación, restauración del
medioambiente, energías renovables... Hoy en día predomina un interesante criterio de
selección positiva que difícilmente se puede entender si no es desde el rechazo a lo que se
considera socialmente indeseable.
Caracterización de las diferentes
fórmulas de banca ética.
Los rasgos esenciales que caracteriza a las entidades que se autodefinen como entidades
bancarias “éticas” son los siguientes:
➢ La ética se ubica en la base de todos los procesos de toma de decisiones. Además de un
comité financiero que evalúa la viabilidad económica de los proyectos financiados,
estos bancos suelen tener un comité ético que evalúa que el impacto social o
medioambiental del proyecto sea positivo y que la entidad que lo desarrolla cumpla con
los principios de la economía solidaria.
➢ La compatibilización del beneficio social, medioambiental y económico.
➢ La selección para su financiación de
sostenibles, ecológicos y con enfoque social.
proyectos de economía
productiva,
➢ La lucha contra la exclusión económica y la imposibilidad de acceso al crédito de los
más pobres para facilitar su progreso.
➢ La transparencia en su actividad, característica fundamental para mantener la
credibilidad de la banca ética. Estos bancos se comprometen a publicar los proyectos
beneficiarios de los créditos frente a la actividad bancaria tradicional, en la que es muy
complicado –casi imposible– conocer el destino final del dinero de los ahorradores.
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➢ La no especulación, que se refleja objetivamente en la no cotización en bolsa, en la
escasa participación en la banca de inversión y en el compromiso de no invertir en los
mercados secundarios.
➢ La adopción de diferentes formatos de bancos, cooperativas, asociaciones sin ánimo de
lucro, etc. en los que se suele fomentar la participación activa de socios, accionistas y
ahorradores en el proceso de toma de decisiones. Ciertos modelos de cooperativa
(Coop57, Fiare) se basan, incluso, en el concepto de democracia económica, en la que
todos los socios tienen la misma capacidad de voto independientemente de su
participación económica, y las decisiones se toman en asambleas de socios y en la junta
directiva.
➢ La adscripción a un conjunto más amplio de iniciativas para un modelo alternativo de
finanzas y de desarrollo, en el que las finanzas han de estar al servicio de las
personas, y no al contrario, fomentando su función social.
Existen dos modelos de organización de estas entidades financieras:
La banca ética convencional, conformada por el conjunto de intermediarias
financieras, bajo supervisión del Banco de España en materia de liquidez y
transparencia, que cumplen con las características anteriormente citadas
(economía real e impacto positivo para la sociedad), pero bajo un sistema de
organización bancaria tradicional. Es decir, el derecho a voto de sus socios o
accionistas está en función de su participación en el capital social o de la
proporción de activos poseídos respecto al total emitido. Un ejemplo de estas
entidades son Triodos Bank o Colonya Caixa Pollença.
A diferencia de la anterior, la banca ética, cooperativa o
ciudadana, comprende el conjunto de intermediarias financieras
que, cumpliendo los objetivos citados anteriormente (economía
real e impacto positivo para la sociedad), tienen un sistema de
gobierno asambleario puro en el que todo usuario del banco tiene
un voto de igual peso, sin considerar el capital invertido en dicha
institución. Este tipo de entidades suelen tener una mejor
acogida entre las organizaciones del sector terciario que entre
particulares y empresas. Algunas de estas instituciones ni
siquiera
tienen
ficha
bancaria
y
se
constituyen
como cooperativas de crédito. Ejemplos de estas entidades
son Proyecto Fiare, Banca Popolare Etica, Coop-57, O
Peto, Oikocredit, La Nef, entre otras.
Actualmente, en España están registradas como entidades financieras con estas características
las siguientes:
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Asociación para la Financiación Solidaria
Asociación por un Interés Solidario
Banca Ética de Badajoz
Coop57
Economía Solidaria Riojana
Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza
GAP
IDEAS
La Alcancía
Oikocredit
REAS Navarra
Red Anagos Préstamos Solidarios
Triodos Bank
FIARE
Los inicios de estas entidades son variopintos, encontrándonos casos muy diversos: ONGs o
redes de la economía social que se convierten en entidades financieras, como es el caso del
Charity Bank; bancos tradicionales aunque orientados a la economía social y que desarrollan su
actividad de acuerdo a una política ética (como el Cooperative Bank); o bien organizaciones
independientes que surgen de experiencias anteriores (Triodos Bank) o de la idea de un grupo
de personas (La Nef). Las entidades resultantes se han configurado, como se ha visto, como
cooperativas o como sociedades con estructura accionarial. Pero en ambos casos, se procuran
aplicar métodos, filtros u obstáculos para impedir que un socio o un grupo de socios puedan
adquirir un número excesivo de participaciones y dominar la entidad. De este modo, las
entidades constituidas como cooperativas promueven especialmente la participación de todos
sus socios, como es el caso de la Banca Popolare Etica, que quiere que todos sus socios –que
pueden ser particulares, empresas o instituciones y redes de la economía social- “sientan el
banco como suyo”.
Generalmente los productos que estos bancos ofrecen son de ahorro o inversión y de crédito,
pero también hay algunos que ofrecen seguros e incluso servicios de viaje, como el
Cooperative Bank. En cualquier caso, cada vez ofrecen más funcionalidades para operar, como
son la banca electrónica o las tarjetas de crédito, con cada vez un mayor elenco de productos
para los socios o “clientes” de las entidades, acercándose a la oferta que se puede encontrar en
lo que llamaríamos la banca tradicional.
No obstante, dado que su actividad, como se ha dicho anteriormente, consiste en proveer
financiación a proyectos que tengan un impacto social positivo, gracias a los recursos de
ahorradores o inversores responsables que esperan algo más que un simple rendimiento
económico, esto se ha visto reflejado en los destinatarios de sus créditos. Así, es habitual que
entre los mismos estén organizaciones del sector terciario o empresas que los aplican a
proyectos no lucrativos. En cualquier caso, lo que va a determinar la concesión de financiación
serán las características del proyecto específico, y que éstas encajen en el ideario y valores
éticos promovidos por el banco, cumpliendo con los requerimientos de viabilidad económica.
Los temas que abarcan los proyectos que estos bancos financian pueden ser muy variados:
Derechos Humanos, Cooperación Internacional, Responsabilidad Corporativa, organizaciones
sociales, impacto ambiental, protección de animales, proyectos sociales y educativos, energías
renovables, agricultura orgánica, producción sostenible, viviendas sociales, ahorros
energéticos, construcción sostenible, educación libre y alternativa, cultura, proyectos
asistenciales con personas mayores y minusválidos, y un largo etcétera. No obstante, algún
banco puede estar especializado en un sector específico, como el Bank für Sozialwirtschaft en
los sectores social y de salud. También en algunos casos, como valor añadido, además de
financiar aquellos proyectos con los que están implicados, ofrecen actividades de
asesoramiento a entidades o emprendedores, proporcionando asistencia al sector terciario para
que sus actividades sean más sostenibles, como es el caso del Charity Bank.
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En cuanto a la política de beneficios y dividendos, aunque en una pequeña parte de los casos
esos beneficios se reparten vía dividendos, lo habitual es que la mayor parte de los beneficios
se reinviertan en la entidad para fortalecer su estructura y que su actividad pueda abarcar más
proyectos y ampliar el abanico crediticio, en aras de su objeto social de contribuir al
crecimiento de la economía real.
Algunas características teóricas de la Banca Ética:
Coherencia entre los valores y principios de los clientes
y las actividades que apoya la entidad, pudiendo saber en
cualquier momento el destino de los ahorros.
Compromiso social, medioambiental
y de sostenibilidad integral de la economía por parte de la entidad.
Productos, en principio, algo menos competitivos
que la banca tradicional –en rentabilidad y variedad–, al tener
una serie de restricciones y no permitir invertir en bolsa.
Banca ética Vs Cajas de Ahorros,
Fundaciones Bancarias
y los modelos bancarios tradicionales.
No es extraño que al apelar a la función social de la banca ética, la ciudadanía evoque,
inevitablemente, otras figuras que han podido caer en cierto descrédito o no gozar de la
fiabilidad a la que deben aspirar las mismas.
Es el caso de las desafortunadamente decadentes cajas de ahorros como instituciones de
crédito sin ánimo de lucro y con finalidad social con marcado carácter territorial. A diferencia
de los bancos, los cuáles son sociedades anónimas, las cajas de ahorros tienen carácter
fundacional, motivo por el que deben destinar una parte de sus dividendos a fines sociales y
tienen representación de impositores, fundadores, empleados, administraciones públicas y
grupos de interés en su órgano superior de gobierno: la asamblea general.
En España el origen de muchas cajas de ahorros está en los Montes de Piedad, que eran casas
de empeños orientadas a los pobres y que no entregaban interés sobre los depósitos.
Tradicionalmente, las cajas se han dedicado únicamente al fomento del ahorro mediante la
captación de depósitos, por los que pagaban unos tipos de interés, y a efectuar préstamos
sobre el montante depositado, de carácter no financiero. Además, históricamente se habían
caracterizado porque su clientela tradicional habían sido particulares y pymes, y su ámbito de
actuación solía ser local o regional. Sin embargo, en 1977 se eliminaron las restricciones
legales a su actividad (Reforma de Fuentes Quintana), lo que les permitió ofrecer los mismos
servicios que los bancos. Actualmente, la Ley 26/2013 obliga de nuevo a las Cajas de Ahorros
a operar dentro de su comunidad autónoma de origen y a no sobrepasar un activo de 10.000
millones de euros, centrándose en la captación de depósitos (no más del 35% del total de su
comunidad autónoma de origen) y la financiación de PYMEs.
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Sus órganos de gobierno son elegidos por la Asamblea General, compuesta de 30 a 150
consejeros, representativos de los empleados, las administraciones públicos, los fundadores y
grupos de interés del área donde opera.
Actualmente en España ha finalizado un proceso de reforma que implica la transformación en
fundaciones bancarias de todas aquellas cajas de ahorros poseedoras, bien de un activo
superior a 10.000 millones de euros, bien de una cuota superior al 35% del total de los
depósitos en su comunidad autónoma, perdiendo la autorización para actuar como entidad de
crédito y conservando un mínimo del 10% de participación en el nuevo banco al que
necesariamente deben transferir su actividad financiera. Las fundaciones bancarias tienen
como finalidad la gestión de la obra social y de la participación financiera en la nueva entidad
de crédito.
Esta nueva regulación ha supuesto la práctica desaparición de todas las cajas de ahorros
existentes en España, con excepción de Caja Ontinyent y Caja Pollença, al transformarse la
mayor parte de las cajas de ahorro en bancos, desapareciendo por tanto la labor social que
debían emprender. A pesar de todo, la posibilidad de crear nuevas cajas de ahorros sigue
existiendo, regulada en el Decreto 1838/1975, si bien es cierto que la convulsión que en los
últimos años ha afectado a las cajas de ahorro y rurales ha provocado un cambio forzoso,
debido a los estragos causados por la extralimitación de funciones de los orígenes, los
excesos y la gestión dudosa de muchos de los miembros de las juntas directivas.
A pesar de ello, estas entidades cumplían una finalidad social que justificaba y sigue
justificando su existencia, sin menoscabo de la necesidad de su saneamiento y
reestructuración en algunos casos, bajo la premisa inexcusable de que las cajas de ahorro
vuelvan a ser lo que nunca debieron dejar de ser: entidades minoristas identificadas con su
territorio de origen para atender las necesidades financieras de las familias y de las
empresas españolas, evitando la exclusión financiera y desarrollando su labor cultural y
social.
Si las cajas de ahorro podrían considerarse relativamente afines a la banca ética en cuanto a
sus destinatarios y objetivos sociales, en cuanto a su estructura puede resultar difícil
diferenciarla de la banca tradicional o las cooperativas de crédito -que constituyen el resto del
tejido financiero español- si se adoptan las mismas fórmulas organizativas. En tal sentido,
frente a estas fórmulas, podemos hablar de estructuras similares, porque las diferencias reales
las encontramos en el fondo, en sus objetivos, su operativa y su forma de negocio.
Esto puede apreciarse mejor en la siguiente tabla:
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BANCA TRADICIONAL
BANCA ETICA
Fundamento
Búsqueda de beneficios económicos Obtención de beneficios económicos y
mayores en menor tiempo
sociales, primando siempre lo social
Perfil del cliente
Busca rentabilidad y seguridad
Desea un uso ético de su dinero
Participación del
cliente en la entidad
No existe la posibilidad de
participación por ser cliente
Los clientes tienen la posibilidad de
decidir dónde invierten su dinero sobre un
catálogo que le presenta la entidad
Toma de decisiones
Directivos
Todos los grupos de interés participan y
las decisiones son consensuadas de
forma vertical
Modelo de los
productos
Ofrecen productos que benefician
más al banco que al cliente
Ofrecen préstamos que se adaptan a las
necesidades del proyecto de los
solicitantes
Inversión y
financiación
Invierten en empresas sin aplicar
criterios negativos de exclusión, en
función de la obtención del beneficio
con el menor esfuerzo y riesgo
Invierten en empresas aplicando criterios
positivos de inversión y, sobre todo, en
empresas con un carácter social o de
emprendimiento local
Condiciones
crediticias
Conceden créditos con aval o
garantía patrimonial generalmente
elevado sobre la cantidad solicitada
Conceden créditos a los clientes que
tienen proyectos viables, sin necesidad de
avales o garantías
Información
No ofrecen información clara sobre
las gestiones de la entidad
Ofrecen información sobre dónde invierten
los fondos y gestiones que llevan a cabo
En cualquier caso, en resumen, la diferencia fundamental la encontramos en el uso que se da
al dinero: es decir, en dónde se invierten los fondos de los ahorradores. La banca tradicional
invierte donde puede obtener la máxima rentabilidad, mientras que la banca ética trata de
compatibilizar el beneficio económico con el social.
Aunque con algo menos de variedad, los productos ofrecidos por las entidades de banca ética
son similares a los de cualquier entidad de la banca tradicional, estando sujetos a sus
particulares principios y valores. Así, se ofrecen productos de ahorro e inversión como cuentas
corrientes, depósitos de ahorro y fondos de inversión éticos, adaptados a todos los perfiles de
ahorradores. El tipo de interés medio con los que remuneran estos productos, suele ser similar
(algo inferior) a los de la banca tradicional, pero ofrecen a los clientes la posibilidad de donar
todo o parte de esta remuneración a proyectos sociales. Eso sí, como ya se ha mencionado, la
banca ética no da la posibilidad de acceder al mercado bursátil de acciones (mercado
secundario), con el que se puede sacar una rentabilidad extra al dinero.
En cuanto a la actividad crediticia, la banca ética financia proyectos empresariales interesantes
desde el punto de vista social, medioambiental o cultural, destacando la concesión de
microcréditos. Los tipos de interés exigidos son similares a los del mercado, si bien puede
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haber reducciones para proyectos con especial interés social o para determinados colectivos.
Además, normalmente no se exigen garantías, a fin de evitar la previsible exclusión financiera
de parte de la sociedad que esto suele producir, por lo que se analiza cuidadosamente la
viabilidad económica del proyecto, bajo los criterios de inversión (positivos y negativos) de
cada entidad financiera, para determinar la concesión o no del crédito.
En suma, hay que entender que el concepto de “banco ético”, en esencia, se refiere a
instituciones financieras reguladas por los bancos centrales de cada país, que en el marco de
su funcionamiento pueden comprender casi todos los productos de ahorro o captación de
recursos habituales del sector. La principal diferencia estriba en cómo utilizan estas
herramientas, cómo comercializan tales productos y dónde aplican sus beneficios.
Evolución en la UE y España.
La realidad y el peso global del subsector
El desarrollo de la banca ética en Europa ha sido desigual, debiéndose esta asimetría a
diversos factores determinantes que han condicionado su implantación y posterior evolución y
arraigo en los diferentes tejidos financieros.
En primer lugar, las diferentes culturas que componen el puzzle europeo, han dado lugar a
unas preocupaciones éticas con características muy diferenciadas a la hora de determinar los
valores y actividades a priorizar.
Los países nórdicos y sajones, incluyendo Holanda,
priman los valores medioambientales y la ecología.
También es propio de estos países el desarrollo de la
filosofía antroposófica, que pone a la persona en el centro
de la actividad económica, entre otras, y que valora
especialmente la educación, medicina y terapias
alternativas.
Los países anglosajones, principalmente el Reino Unido,
promueven el desarrollo comunitario, en particular de zonas
marginales y deprimidas del país, así como la creación de empleo.
Por otro lado, apoyan a las organizaciones sociales que alcanzan la
mayor presencia, influencia y activismo de Europa.
En los países del área mediterránea los valores de la solidaridad, la acción social y la
inclusión de colectivos excluidos son los más representativos. También hay que
resaltar el papel y poder de la Iglesia Católica y los valores que representa, como
elemento aglutinador y dinamizador de esta zona.
Por último, señalaremos países que están a medio
camino, como Francia, Bélgica y Austria, que se
encuentran entre las zonas mediterránea y nórdica,
conjugando los valores de ambas, y que además
cuentan con características propias como la
concienciación y sensibilidad sobre derechos laborales
y la fuerte presencia de los sindicatos.
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En segundo lugar, y enlazado con el punto anterior, el desarrollo legislativo sobre ordenación
bancaria y sobre inversiones socialmente responsables, difiere de unos países a otros. En la
actualidad, la mayor parte de los países que han legislado en las llamadas finanzas sostenibles,
limitan su alcance a los fondos de pensiones y a la responsabilidad social de las empresas. En
cuanto al mínimo de capital social para constituir un banco, también difiere de un país a otro,
así, mientras en Italia, para crear un banco local, se requiere un millón de euros y, para un
banco nacional, seis millones y medio de euros, en Holanda son cinco millones de euros. Sin
embargo, en 1980, cuando se creó el Triodos Bank en Holanda sólo eran necesarios doscientos
mil euros. Lógicamente, el incremento en los requerimientos de capital, dificulta la creación
de bancos éticos, cuyas disponibilidades suelen ser limitadas en relación a la banca
convencional.
Por último, y a pesar de existir características culturales y normativas similares por países o
incluso regiones, las particularidades de cada banco dependen de la iniciativa, experiencia,
expectativas e intereses de los promotores de cada una de estas instituciones.
Hasta finales de los años setenta el número de bancos éticos europeos se reducía a tres: el
alemán Bank für Sozialwirtschaft AG constituido en 1923, el holandés ASN Bank en 1960 y
el alemán GLS Gemeinschaftsbank en 1974. Sin embargo, ya desde principios de los años
ochenta se aprecia un impulso en la constitución de bancos éticos hasta llegar a cinco durante
esa década, entre los que se cuenta el Triodos Bank, creado en Holanda en 1980. Sin embargo,
será en los años 90 cuando se experimente el mayor crecimiento, con ocho bancos
constituidos, entre los que aparecen la Banca Popolare Etica en Italia, el JAK en Suecia, así
como la implantación de la política ética en el Cooperative Bank. Este proceso ha continuado
después del cambio de siglo, con la creación del Charity Bank en 2002 y en septiembre de
2004 de una filial en España del Triodos Bank. También hay que destacar la implantación en
abril de 2005 de la Banca Popolare Etica en España, a través de Fiare. En la actualidad, hay
más de una treintena de bancos éticos con implantación en Europa, aunque su volumen
respecto a la banca tradicional aún es insignificante, representando los préstamos concedidos
por el conjunto de la banca ética europea en 2013 un 0,12% del total de préstamos concedidos
por la banca en Europa (12.077 millones de euros Vs 10.400 billones de euros)1.
En cuanto a la evolución del marco legislativo, hay que partir de que la producción normativa
específicamente orientada a la banca ética es prácticamente inexistente en el contexto
europeo, rigiéndose por las pautas ordinarias que regulan la actividad bancaria en el conjunto
de la UE y en el espacio propio de cada estado miembro. Así, en la mayor parte de los países
europeos, en los que existe alguna cobertura legislativa en relación con las inversiones
socialmente responsables, ésta se limita básicamente a los fondos de pensiones y a la
responsabilidad social corporativa (RSC) de las empresas.
De este modo, los estímulos normativos sobre la actividad se limitan a determinadas medidas
tributarias que tratan de incentivarla. En tal sentido, hay dos países con iniciativas fiscales
interesantes y especialmente relevantes que afectan de modo sustancial a la banca ética.
Por un lado, hay que destacar la reducción fiscal que fue aprobada en el Reino Unido en 2002,
la “Community Investment Tax Relief” (CITR), que establece una exención del 5% para
inversiones sociales y que apoyan el desarrollo local de comunidades desfavorecidas.
Por otro lado, en Holanda se estableció en 1995 la “Green Investment Directive” para
promover la accesibilidad a la financiación y el crédito a aquellos proyectos que benefician y
1Según el informe “Banking on ethics” de Campagna per la riforma della Banca Mondiale (CRBM) y datos del
BCE.
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no dañan el medioambiente. La iniciativa mantiene que los beneficios (intereses y dividendos)
de sus participantes, llamados “Green Intermediaries”, están excluidos de impuestos sobre la
renta. También hay que destacar en este país la creación en 1995 de la VBDO (Association of
Investors for Sustainable Development) formada por inversores socialmente responsables,
instituciones y organizaciones privadas para actuar como grupo de presión y desafiar a las
empresas.
Centrándonos en España, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. A pesar de
que durante la crisis la evolución de los ahorros en los hogares españoles ha sido negativa, la
banca ética ha pasado de tener un ahorro captado en nuestro país de 33 millones de euros en
2005 a contar con 1.283 millones de euros en ahorros captados en el año 2013. Mientras que
por el lado de los préstamos concedidos, se ha pasado de prestar 54 millones de euros en 2005
a prestar 777 millones de euros en 2013, según los barómetros estatales de la banca ética de
esos años, aunque durante los dos últimos años, como puede observarse en el gráfico, la
evolución de los préstamos concedidos no ha sido tan notable, siendo menor en volumen que
el ahorro captado, algo inusual.
Banca Ética en España
1400
1200
1000
800
Ahorro captado
Préstamos concedidos
600
En millones de euros
400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de los barómetros estatales de la banca ética de 2005 a 2013
A pesar de ello, como ocurre en el resto de Europa, el peso de la banca ética en España
respecto a la tradicional es aún muy reducido. En concreto, el ahorro captado en 2013 por la
banca ética respecto al ahorro total captado por la banca en España supuso un 0,11% (1.283
millones de euros Vs 1,17 billones de euros), mientras que el volumen de préstamos
concedidos ese mismo año supuso tan solo un 0,06% (777 millones de euros Vs 1,32 billones
de euros). En cambio, el peso del número de clientes es algo mayor, aunque aún muy
pequeño, contando con el 0,62% de los clientes de la banca nacional (159.408 Vs 25,7
millones). Un dato a destacar es que la tasa de morosidad de la banca ética es del 4,18%,
frente al 8,60% de la banca tradicional, lo que puede poner de manifiesto una mejor selección
a la hora de conceder préstamos, pero también un mayor acompañamiento y una mayor
elasticidad para afrontar las posibles dificultades sobrevenidas sobre la actividad financiada.2
2Datos del barómetro estatal de la banca ética de 2013 y del informe 2013 de la Asociación Española de Banca
(AEB).
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La realidad de la banca ética en Andalucía
Vamos a proceder a continuación a realizar un exhaustivo análisis de la realidad de la Banca
Ética en la Comunidad Autónoma de Andalucía, orientado a conocer en profundidad la
realidad de este fenómeno, su implantación, alcance, estructuras y modos de operar, para
poder valorar si realmente constituye una alternativa viable dentro del tejido financiero
andaluz.
Implantación en la Comunidad Autónoma Andaluza
Desde 1984, en que se fundó el Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza, podemos decir que
existe y está presente en Andalucía el modelo de las finanzas éticas. Andalucía es una
Comunidad Autónoma en la que se han creado varias entidades con estas características,
siendo pionera en este terreno gracias al conjunto de asociaciones y cooperativas constituidas
y operativas en su ámbito territorial, aunque como se ha visto por los datos aportados en el
apartado anterior, el volumen manejado por las finanzas éticas respecto a la banca tradicional
es aún exiguo.
Vamos a conocer a continuación las principales entidades referentes en el ámbito de las
finanzas éticas en Andalucía.
Fondo de Solidaridad, Paz Y Esperanza. Es una asociación sin ánimo de lucro inscrita
en el Registro Provincial de Asociaciones de Granada. El Fondo está compuesto por personas
y colectivos que pueden ser socios de cuota, socios depositantes, depositantes y simpatizantes.
Asociación por un Interés Solidario. Es una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en
el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía. Su modelo de organización es autogestionario, siendo los socios quienes
proponen y deciden el destino de los recursos disponibles, una vez evaluadas las solicitudes de
proyectos.
COOP57. Se trata de una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada. El capital
social está constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios de
servicios, de los socios colaboradores y, en su caso, de los socios de trabajo. Las aportaciones
al capital de los socios se acreditan mediante títulos nominativos.
FIARE (Fundación, Inversión y Ahorro Responsable). Se trata de un banco en manos
de la ciudadanía civil organizada, constituido en forma de sociedad cooperativa por acciones,
que actualmente opera en territorio italiano y español.
Ideas. Organización de
Comercio Justo, Economía Solidaria y Consumo
Responsable. Es una sociedad cooperativa sin ánimo de lucro, reconocida como de Interés
Social por su actividad solidaria. Se caracteriza por su estructura participativa y el fomento de
la igualdad de género, de acuerdo con los principios de Comercio Justo, tanto en el ámbito
local como internacional. Todas las acciones de la organización se fundamentan en principios
de igualdad, participación y solidaridad.
Oikocredit. Es una cooperativa internacional dedicada a las finanzas éticas, que
canaliza los ahorros de personas y organizaciones comprometidas de países desarrollados
hacia la financiación de proyectos empresariales con contenido social en países en vías de
desarrollo.
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Triodos Bank. Es un banco europeo independiente, que promueve una renovación del
sistema financiero a través de un modelo de banca con valores. Se presenta como una entidad
que utiliza el dinero de sus ahorradores e inversores para dar préstamos a empresas y
proyectos de la economía real, en sectores sociales, culturales y medioambientales. Triodos
Bank NV S.E. es la sucursal española de la Sociedad Anónima de nacionalidad holandesa
Triodos Bank NV.
Actualmente están presentes en Andalucía, a través de oficinas físicas permanentes o sistemas
de atención de forma específica, las siguientes entidades:
-
Coop57. Con una oficina central en Sevilla, y cuenta con una red de agentes locales
distribuidos por las distintas provincias.
-
Oikocredit. Esta entidad cuenta con una oficina central en Sevilla, desde donde
gestiona toda la Comunidad Autónoma.
-
Triodos Bank. Esta entidad cuenta con dos oficinas físicas en la Comunidad, una en
Sevilla y otra en Granada.
-
Asociación por un Interés Solidario. Esta asociación cuenta con su central en Sevilla,
desarrollando el conjunto de sus operaciones y gestiones a través de Internet.
-
Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza. Esta entidad sólo cuenta con una oficina en
Granada, donde se creó, siendo de ámbito local.
-
Ideas. Esta entidad tiene su sede principal en Córdoba, pero como otras entidades, su
labor principal la desarrolla por Internet, y a través de un establecimiento de Comercio
Justo en la misma ciudad.
-
Fiare. Dentro de su red de Internet atiende las necesidades de los clientes o socios
desde dos espacios virtuales de Andalucía Oriental y Andalucía Occidental, atendiendo
vía correo electrónico.
-
La Alcancia. Esta asociación es de origen andaluz, y desarrolla toda su actividad a
través una web que informa y gestiona colaboraciones desde la misma, sin presencia
física.
Formas jurídicas
Las figuras jurídicas de las entidades financieras sociales o éticas, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza, han adoptado cuatro posibles formatos organizativos:
asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, sociedades anónimas y cooperativas sin ánimo
de lucro.
Vamos a ver a continuación las peculiaridades de cada modelo:
-
Asociación sin ánimo de lucro. Una organización sin ánimo de lucro (OSAL), también
conocida como organización sin fines de lucro (OSFL), organización no
lucrativa (ONL), o entidad sin ánimo de lucro (ESAL), es una entidad cuyo fin no es la
consecución de un beneficio económico, sino que principalmente persigue una
finalidad social y/o altruista y/o humanitaria y/o comunitaria. Este tipo de instituciones
por lo general se financian gracias a ayudas y donaciones aportadas por personas
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físicas, empresas, instituciones y organizaciones de todo tipo. En algunos casos
también se reciben ayudas estatales puntuales o regulares (en forma de subsidios,
usufructo de fincas, exoneraciones fiscales o aduaneras, etc.).
-
Fundación. Una fundación es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser
organización sin ánimo o fines de lucro. Dotada con un patrimonio propio, otorgado
por sus fundadores, la fundación debe perseguir los fines que se contemplaron en su
objeto social, si bien debe también cuidar de su patrimonio como medio para la
consecución de los fines. Por ello, si bien el objeto de la fundación debe carecer de
ánimo de lucro, ello no impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a
actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio con mayores recursos para el
mejor cumplimiento de sus fines últimos.
-
Banco. Un banco es una empresa financiera que, bajo la forma mercantil de sociedad
anónima, se encarga de captar recursos en la forma de depósitos, y prestar dinero y
otros servicios financieros. La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades
o instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan servicios bancarios.
-
Cooperativa sin ánimo de lucro. Una cooperativa es una sociedad conformada por
personas que se han unido voluntariamente para formar una organización democrática
cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los
socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta
aunque las experiencias cooperativas se han dado también como parte complementaria
de la economía planificada. Su intención es hacer frente a las necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios mediante la
constitución de una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo,
consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que
conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas, define una
tipología muy variada de sociedades cooperativas.
Como se ha visto anteriormente, la figura jurídica que predomina en Andalucía en el ámbito
de las finanzas éticas es la de Cooperativa (casos de Coop57, Ideas, Oikocredit). Esta figura
jurídica, máxima expresión de lo que se ha dado en denominar “Economía Social”, no sólo
está implantada con fuerza en este ámbito, siendo nuestro caso el fiel reflejo de la pujanza de
esta figura en toda la Comunidad Autónoma en sectores como el agrícola y alimentario.
La segunda más habitual en cuanto a su presencia e introducción es la de asociación sin ánimo
de lucro (son los casos de AIS y Fondo solidaridad, Paz y Esperanza).
Por el contrario, las figuras de Fundación y de Banco, son las más fuertes y las que mayor
penetración presentan en el mercado. De hecho, podemos ver como FIARE y TRIODOS, que
se encuadran entre las que asumen este formato, son las que tienen propiamente un papel más
efectivo y una mayor presencia como entidad financiera o banco ético o social. Además, estas
dos entidades tienen un ámbito de actuación a nivel nacional y son, además, de origen
internacional (ya se ha comentado, en el caso de FIARE, que esta entidad está enmarcada en
la entidad italiana Banca Popolare Ética).
Como se ha constatado, por el crecimiento experimentado en los últimos años de la banca
ética –mostrado con anterioridad–, la irrupción de estas nuevas formas de entender la banca es
un hecho en el mercado español. Una realidad que ofrece nuevas oportunidades que permitan
poner esa actividad financiera al servicio de la Sociedad, y no al contrario como ha sido
norma histórica. Pero para saber hasta dónde pueden llevarnos las expectativas levantadas por
20
estas iniciativas socioeconómicas, es necesario conocer mejor su funcionamiento y operativa.
Radiografía de las entidades
Veamos a continuación, cómo se organizan estas entidades, sus procesos de toma de
decisiones y su caracterización económica en contraste con los de la actividad bancaria
tradicional.
_______________________________________
Órganos de Gobierno
y funcionamiento democrático efectivo
____________________________________
Todos los bancos éticos estudiados presentan un rasgo distintivo en común, en cuanto a la
organización de sus estructuras de poder y la sensibilidad que con ello quieren transmitir,
tanto a sus miembros como a la Sociedad en general. Ese rasgo distintivo es la forma de
gobierno y toma de decisiones, caracterizada por la proximidad a una base social de economía
solidaria y la atención a sus necesidades financieras. Desde esta posición de proximidad se
considerarían y evaluarían los proyectos necesitados de financiación, implicando a sus
diferentes clientes como partícipes en la toma de las decisiones de los proyectos financiados.
Desde esta perspectiva, los órganos de gobierno que gestionan estos bancos deben tener una
estructura netamente democrática, que asegure la participación activa de los
clientes/socios/miembros en los procesos de toma de decisión. Para ejemplificarlos, a
continuación detallaremos el funcionamiento de tres entidades de referencia en la banca ética
española, como son el COOP57, FIARE y TRIODOS. Y los consideramos representativos por
dos razones: la primera, porque son la referencia actual en las finanzas éticas en España; y
segundo, porque en su funcionamiento interno son muy diferentes, creando así expresiones
diferenciadas sobre un modelo ideal de este tipo de organizaciones:
COOP57. La estructura en red:
Su modelo está basado en la proximidad y cercanía con el cliente, por lo que su funcionamiento se
basa en una estructura reticular que persigue adecuar los productos financieros a cada necesidad
concreta. Ese modelo de desarrollo en forma de red, se organiza a través de la creación de secciones
territoriales, como son las creadas en Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia y Madrid, que tratan de
llevar su oferta allí donde están las necesidades y demandas. Todo ello bajo la premisa principal de la
existencia de una sola entidad jurídica que aplica los mismos principios y criterios de valoración en
todo el territorio, sin perjuicio de adaptarse a las peculiaridades de cada punto del mismo.
Así, al ser un sistema altamente capilarizado, se facilita que cada territorio se autogestione,
propiciando la mayor participación de su base social en la toma de decisiones, y haciéndola participe
de sus posibilidades de inversión en proyectos sociales en su entorno más cercano, destinando para
ello el ahorro de cada territorio. Pero a esto también se le añade la posibilidad de compensar las
carencias de recursos territoriales con el apoyo de los recursos excedentarios de otras secciones
territoriales del banco, dentro de un servicio central común para gestionar tales demandas cruzadas.
El organigrama es el típico de una cooperativa. Las máximas decisiones se toman en una Asamblea
General, donde se escoge la composición del consejo rector como órgano social de representación y
gobierno de la cooperativa. Esto se ve complementado por una estructura órganos ejecutivos propios
de cada sección territorial.
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Las Asambleas de Sección:
o
Es el órgano máximo de gobierno de cada sección.
o
Se reúne siempre antes de la celebración de las Asambleas Generales.
o
En esas asambleas de sección se eligen los representantes o delegados en la Asamblea
General.
o
Además elige los miembros del Consejo de Sección, de la Comisión Social y la
Comisión Técnica.
Consejo de Sección:
o
Es el órgano ejecutivo de representación y gobierno entre asambleas de la sección.
o
Aprueba la admisión de nuevos socios.
o
Aprueba las solicitudes de préstamos.
Comisión Social:
Se ocupa de la certificación de que la actividad se adecue a los criterios éticos y sociales que
caracterizan a COOP57. Lo conforman personas vinculadas a la economía social, asociaciones
y movimientos sociales independientes.
Comisión Técnica
Previo análisis y estudio, se ocupa de garantizar que los proyectos propuestos son viables y
aseguran el retorno del dinero invertido en los mismos.
FIARE:
FIARE es la marca filial de Banco Popolare Etica, S. Coop. de Italia en España. Sus
características básicas, entre otras, son la ausencia de ánimo de lucro y la democracia
cooperativa. Su objeto social principal es contribuir a lograr un marco de relaciones
económicas al servicio de las personas, y está muy orientado a una participación activa de la
Sociedad en general y de sus socios en particular.
FIARE consta inscrita tanto en el registro oficial del Banco de Italia como en el registro
oficial del Banco de España desde el inicio de sus actividades, con ficha bancaria en nuestro
país. Se trata, por tanto de una entidad supervisada y sujeta a los Fondos de Garantía de
Depósitos Italiano y Español dentro de la estructura bancaria de la Unión Europea.
Es un banco constituido en forma de sociedad cooperativa por acciones, que fomenta la
cooperación y la solidaridad. El Estatuto, más allá de estar conforme a los preceptos legales de
aplicación, presenta algunas peculiaridades que marcan la especificidad de Fiare Banca Ética
desde su acta fundacional. La amplia participación de los socios en el capital social del banco
y los procesos de decisión democráticos han desarrollado una estructura organizativa basada
en áreas territoriales y la estructura operativa típica de las cooperativas.
TRIODOS BANK (estructura centralizada):
Este banco ético se basa en un formato más acorde a la organización de los bancos
tradicionales. Una estructura jerárquica y centralizada, con la que se persigue tener capacidad
competitiva frente a la banca convencional, ateniéndose a sus mismas reglas y pautas de
funcionamiento. En tal sentido, presenta importantes diferencias con los modelos cooperativos
anteriores, especialmente en cuanto a la supervisión y autorización de sus operaciones. Frente
al modelo cooperativo sujeto al visto bueno de una comisión independiente social, Triodos
actúa bajo la supervisión del Banco Central Holandés y la Autoridad de Mercados Financieros
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Holandeses.
Para ello, partiendo de la referencia del esquema de organización y gobierno de un banco
tradicional, tienen una central y sucursales por las diferentes provincias españolas, lo que no
significa que no se tenga una visión democrática del gobierno de la entidad, como podremos
comprobar a continuación:
Comité Ejecutivo:
Está conformado por los directores estatutarios y uno o más directivos designados por éstos.
Los directores estatutarios son los máximos responsables de la gestión ejecutiva y son
nombrados por el Consejo de Administración.
Consejo de Administración:
Los nuevos miembros del Consejo de Administración son nombrados por la Junta General de
Accionistas, a propuesta del mismo. Se ocupa de supervisar el ejercicio de las actividades del
banco y ayuda y asesora al Comité Ejecutivo del banco, actuando en interés del banco como
empresa.
Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT):
El derecho al voto en la Junta General de Accionistas lo ejerce el Patronato de la SAAT, que
interviene en calidad de accionista único. Para evitar conflictos de interés, los miembros del
Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración de Triodos Bank no pueden ser miembros
de la SAAT. Los patronos de la SAAT son nombrados en la Junta Anual de Titulares de
Certificados.
Titulares de Certificados:
Los titulares de certificados de depósitos para acciones del banco perciben los derechos
económicos de sus participaciones y pueden ejercer su derecho de voto en la Junta Anual de
Titulares de Certificados, hasta un máximo de mil votos. Un titular de certificados puede tener
como máximo un 10% de los certificados emitidos en circulación. Estos son certificados
nominativos y no canjeables por acciones originales, ya que Triodos Bank no cotiza en Bolsa.
Comité de Dirección Internacional:
Es un órgano que reúne trimestralmente a los directores de cada país y unidad de negocio,
además del Comité Ejecutivo.
Como podemos apreciar, a la vista de las diferentes formas de configurar sus estructuras de
organización y gobierno dentro de la operativa bancaria de estas entidades que nos han
servido de modelo, podríamos hacer una clara contraposición entre los mismos, sin
menoscabo del carácter más o menos democrático y participativo de los procesos internos de
toma de decisiones. En su virtud y, de forma esquemática, podemos contraponer el modelo
cooperativo de COOP57, que ofrece una fórmula descentralizada en la toma de decisiones
sobre la estructura de los diferentes comités que nacen desde las bases sociales territoriales,
teniendo una representación regional, frente al modelo de gobierno que se ejerce en
TRIODOS, de carácter centralizado, con un comité de Dirección Internacional donde se
establece las pautas a seguir y que las demás zonas deben de ejecutar. Si bien es cierto que
este comité es elegido de manera indirecta por los accionistas, estos no tienen un poder tan
directo como lo pueden tener en la forma gubernamental cooperativa.
Además, se observa el banco o la cooperativa financiera ética se adapta a un modelo
organizativo o a otro en función de la realidad social donde se encuentre. Triodos, por
ejemplo, utiliza un modelo más centralizado, dado que cuando nació, quiso adaptarse al
formato de modelo de banca tradicional, pero con un mensaje totalmente diferente. Por eso
tiene una estructura más clasista, pero que consigue que los diferentes clientes que tienen se
adapten mejor a su política económica. Coop57 sería el modelo contrario a Triodos. Nacida en
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Cataluña, lo que aspira es a un modelo totalmente descentralizado, para ello, usa de referencia
las cooperativas de producción. Aquí la base se crearía a través de una estructura en Red,
donde cada parte tiene el mismo peso dentro de la organización y serían capaz de
autogestionarse las necesidades de demanda y oferta de la misma. Fiare, en cambio, sería el
modelo intermedio entre la cooperativa y la centralizada, eso sí, su estructura es meramente en
red, pero no tienen todas las partes el mismo poder dentro de la organización.
Independientemente de la organización estructural de los bancos, hay que decir que el modelo
de Coop57 influye más en el desarrollo de la región donde esté, dado que conoce la realidad
socio económica de la misma y permite un desarrollo mas sostenible, dentro de una economía
social, mientras que el modelo que presenta Triodos hace una planificación central de la
inversión social, sin tener en cuenta la realidad socio económica de la región.
____________
Solvencia
____________
Unos de los temas de los que más suele desconfiar el usuario convencional es la solvencia de
los diferentes bancos éticos que actúan en España y, particularmente en nuestra Comunidad.
Para aclarar dudas, podemos decir que en un test que hizo la Unión Europea en 2011 se
demostró que el índice de solvencia del principal banco ético que hay en España (Triodos) era
de un 14,3% (ratio BIS), muy por encima del 8% mínimo requerido. En el mismo periodo de
2010, esa cifra fue de 14,7%. Triodos Bank ya cumple con los estrictos requisitos de solvencia
y liquidez establecidos por la normativa de Basilea III, que deben estar totalmente
implementadas en 2019. Esto obedece a que Triodos sigue los dictámenes de solvencia del
Banco Central Holandés, que exige un mínimo de 10.000 € por cliente.
Otro ejemplo de solvencia lo podemos ver reflejado en COOP57, que al no ser un banco
propiamente dicho, no dispone de la cobertura del fondo de garantía de depósitos. El dinero
aportado por los socios lo es en concepto de capital social y, por tanto, responde de la buena
marcha de la cooperativa. En cualquier caso, los fondos integrados por el capital fundacional,
el capital social aportado por las entidades socias, las reservas y las previsiones, son los que
actúan de garantes ante posibles impagos. Por ello, tiene que seguir una serie de pautas que
garanticen los ahorros de las personas socias:
o
Destinar los excedentes financieros a las propias reservas del banco.
o
Crear un fondo solidario de garantía a raíz de aportaciones adicionales de las entidades
que reciben financiación.
o
Limitar el valor de los préstamos conforme a los fondos.
Esto hace, según los datos de la propia cooperativa, que los fondos que manejan estén por
encima del 8% del saldo de préstamos, un ratio de solvencia exigido a las entidades
financieras convencionales. Lo destacable y que hace esta cooperativa siga funcionando con
gran solvencia es el hecho de que las entidades peticionarias no pueden recibir en préstamos
más del 2% de los recursos de que dispone.
Sintetizando los datos expuestos, se ve reflejado que unos de los principales puntos fuertes
que tiene la banca ética respecto a la tradicional es el ratio de solvencia de sus entidades
financieras. Desde el punto de vista del consumidor, este nivel de ratio de solvencia es una
garantía para el consumo financiero, dado que da tranquilidad al usuario, lo que permite al
banco dar una imagen de responsabilidad empresarial, pudiendo ser utilizado como una gran
arma publicitaria, y desbancar así la imagen tradicional que se tiene de los nuevos bancos
éticos.
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__________________________
Condiciones en productos
_________________________
Desde el lado del crédito, los proyectos que pueden ser financiados tienen que reunir una serie
de condiciones, que prácticamente toman en consideración todos los bancos y cooperativas de
créditos solidarios:
1. Tener una finalidad de interés social.
2. Dirigirse a entidades con una mínima presencia dentro del territorio o región donde
esté la banca.
3. Colaborar al mantenimiento de una sociedad solidaria.
4. Funcionar con criterios democráticos
5. Crear puestos de trabajos, o preservar con garantías laborales los puestos de trabajo
actuales.
6. Distribuir equitativamente la riqueza generada.
7. Ser proyectos económicamente viables.
8. Ofrecer la capacidad suficiente para afrontar el retorno del préstamo solicitado.
Un ejemplo de esta forma de operar en la concesión de créditos es el que ofrece FIARE
cuyo ámbito prioritario de actuación está enfocado en las siguientes áreas:
o
El Sistema de Bienestar Social: servicios socio-sanitarios, vivienda social,
microcrédito asistencial; eficiencia energética y renovable.
o
Medio Ambiente: gestión de residuos, reciclado de materias primas, producciones
eco-compatibles.
o
Agricultura de proximidad: producción y comercialización de productos orgánicos
(ecológicos) fomento de canales cortos de comercialización, grupos de consumo y
procesos de soberanía alimentaria.
o
Cooperación Internacional: cooperación al desarrollo reconocida por el Ministerio
de Asuntos Exteriores, micro finanzas, finanzas éticas y solidarias:
o
Animación Sociocultural: educación, cultura, deporte, centros juveniles...
______________________________
Productos habituales
de la banca ética española
__________________________________
En los productos comercializados por la banca ética solemos encontrar el “apellido” ético o
solidario que recalca la finalidad social que persigue conseguir con su modelo de negocio. Los
principales productos o servicios financieros que ofrecen las entidades de banca ética, muy
similares a los procedentes de cualquier entidad financiera convencional, con las
peculiaridades propias de su naturaleza, son los siguientes:
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Libretas de ahorro solidaria. Con las mismas características que las libretas
de ahorro de la banca tradicional. En la gran mayoría de casos no suelen
cobrar comisiones de mantenimiento, sin necesidad de tener que tener
domiciliada la nómina o pensión. Con los recursos captados financian
proyectos sociales.
Tarjetas de débito o crédito solidario. Suelen cobrar comisiones de emisión y
renovación de la tarjeta, de importes similares a las de la banca convencional,
con la diferencia de que donan un porcentaje de las compras de los
consumidores a programas sociales.
Depósitos éticos o solidarios. Tienen las mismas características que las de la banca
tradicional, aunque la rentabilidad suele ser algo inferior, al no utilizar el dinero
captado para sacarle el máximo rendimiento a toda costa. Ofrecen la posibilidad de
donar parte de la rentabilidad obtenida a una amplia lista de organizaciones sin
ánimo de lucro.
Fondos de inversión éticos o solidarios. Buscan el máximo beneficio y
rentabilidad teniendo en cuenta aspectos éticos, medioambientales y sociales, al
margen de los puramente económicos, poniendo limitaciones al destino de sus
inversiones. Se rechaza, por ejemplo, la inversión en la producción de armas, la
industria tabaquera o la energía nuclear, la explotación del tercer mundo, etc. Al
tener dichas limitaciones, la rentabilidad ofrecida suele ser, de media, inferior a
la de otros fondos sin restricciones, y la variedad mucho menor.
Microcréditos. Se trata de préstamos a corto plazo de pequeña cuantía, a
tipos bajos de interés y con plazos de devolución flexibles, destinados a
financiar proyectos interesantes desde el punto de vista social,
medioambiental o cultural, a diferencia de los microcréditos ofrecidos
por el resto de entidades financieras o los préstamos personales de la
banca tradicional. Las garantías para acceder a la financiación se
sustituyen con medidas como la formación, el apoyo técnico y el apoyo
de entidades sociales como medios para garantizar que prospere la
actividad financiada. Se trata, por tanto, de un acceso a la financiación
para personas que difícilmente conseguirían un préstamo por las vías
tradicionales.
Bonos solidarios. Son bonos emitidos con el fin de captar recursos por la entidad,
al igual que los bonos tradicionales, con la particularidad de que los bonos
solidarios se destinan a la financiación de proyectos propuestos por los usuarios de
los servicios de una ONG.
Préstamos solidarios. Permite a la persona prestamista crear un depósito con sus
ahorros, sin perder el control sobre el uso y destino de los mismos, y con la
garantía de que ese dinero no servirá para financiar proyectos especulativos.
A continuación se reflejará qué clase de productos podemos encontrarnos dentro de las
principales entidades financieras éticas en España, por ello se hará un repaso a las tres
principales, como son , Triodos Bank, Fiore y Coop57:
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Productos complejos
en Triodos Bank
Más allá de los tradicionales depósitos, cuentas y tarjetas, Triodos Bank ofrece también
hipotecas y unos curiosos Certificados de Depósito para Acciones. Vamos a valorar el
contenido de sus productos.
Incorporación de cláusulas suelo en hipotecas. Triodos ofrece principalmente un tipo
de hipoteca, la denominada ‘eco hipoteca‘, cuyo diferencial está vinculado a la certificación
energética de la vivienda, de forma que los inmuebles más sostenibles medioambientalmente
obtienen un diferencial del 2,10%, mientras que los peor valorados tendrían una hipoteca de
Euribor + 3%. Se trata de diferenciales competitivos teniendo en cuenta cómo está el mercado
hipotecario, e indudablemente interesantes como estímulos para impulsar una opción
ambientalmente más responsable, pero –ciertamente- perjudican a aquellas familias que
carecen del suficiente poder adquisitivo como para optar a las viviendas energéticamente más
eficientes, cuyas mejores calidades se suelen reflejar inexcusablemente en su precio.
En cualquier caso, hasta hace pocos meses, Triodos no se había lanzado realmente a competir
en el mercado hipotecario. Sí lo había hecho de forma limitada, e incluso imponiendo
“cláusulas suelo” en algunos préstamos.
Certificados de Depósito para Acciones, o cómo jugar con las palabras. Hasta ahora, el
producto más complejo entre los que comercializa Triodos Bank son los llamados
Certificados de Depósito para Acciones (CDA), que, realmente, ni son depósitos ni son
acciones. Mediante ese producto el consumidor pasa a reforzar con su aportación el capital
social de la entidad, pero no adquiere la condición de accionista. Se trata de un producto muy
similar a las cuotas participativas de las antiguas cajas de ahorro, y con el que no se tiene
derecho a voto en las juntas generales de accionistas de Triodos Bank. Además, la
remuneración al titular podría interrumpirse si los resultados de la entidad no acompañan.
Los CDA no tienen vencimiento, no cotizan en Bolsa ni están garantizados por el Fondo de
Garantía de Depósitos. Con ellos el ahorrador asume y comparte el riesgo de la entidad, ya
que su remuneración depende directamente de la marcha económica de Triodos Bank. Se trata
de un producto con el que, a finales de 2012, Triodos ya había captado los ahorros de 26.876
titulares y en el que puso especial énfasis en 2013, tanto en sus oficinas como en las
publicaciones que envía periódicamente a sus clientes.
Tal y como reconoce el banco es un producto de escasa liquidez, ya que “solo es posible
negociar con los CDA de forma limitada y, en consecuencia, quizá los inversores tengan que
esperar antes de que puedan vender sus CDA o quizá no puedan vender sus CDA al precio
que pagaron por ellos o a un precio superior”. En esta operación de compraventa, que se
realiza en un mercado primario interno de CDAs – es decir, entre clientes del propio banco–,
existe riesgo de pérdida de los ahorros invertidos en este producto que, además, se puede
adquirir por teléfono o por Internet, es decir, sin haber leído previamente el folleto explicativo.
¿Cómo se fija el precio de emisión de los CDA? Lo establece diariamente el propio Triodos
Bank basándose “en el valor patrimonial neto por CDA calculado más recientemente y en los
conocimientos de los consejeros sobre los resultados actuales. Se pueden fijar periodos de
campañas de emisión donde existan condiciones particulares”. Es decir, el precio queda
sujeto a los criterios unilateralmente fijados por la entidad.
Además, Triodos Bank también vende acciones subyacentes, que son acciones nominativas,
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con un valor nominal de 50 euros. A 31 de diciembre de 2012 el número de acciones emitidas
era de 7.517.630. Estas acciones no pueden transferirse libremente, sino que su transmisión
solo puede realizarse entre el banco emisor y el suscriptor en el contexto de la emisión de
Certificados de Depósito para Acciones. Es decir, son un producto ligado a la marcha de los
mencionados CDA, en el que los consejeros realizarán una propuesta para el reparto de
beneficios. A título de ejemplo, decir que en 2012 apenas dio una rentabilidad del 1,92%, muy
por debajo de la inmensa mayoría de los depósitos bancarios convencionales.
Donar a una ONG… pero con tu dinero, no con el del banco
Otra de las peculiaridades de Triodos Bank es la posibilidad de donar parte de los
rendimientos de sus cuentas o depósitos remunerados a diversas entidades, entre las que se
incluye la Fundación Triodos, que puede ‘quedarse’ este dinero para invertirlo en proyectos de
desarrollo sostenible o bien donarlo a una serie de organizaciones adheridas a dicha
Fundación. Algo que, por supuesto, también podemos hacer con nuestros ahorros
independientemente de tener o no una cuenta en Triodos Bank, ya que somos nosotros -y no el
banco- los que donamos… aparte de las donaciones que el propio Triodos pueda realizar por
sí mismo.
Obviamente, no parece existir nada perverso en esa “invitación” a usar la banca como canal
facilitador para efectuar una contribución a un fin socialmente deseable, pero es obvio que su
mérito se diluye cuando el esfuerzo económico real lo hace el cliente y no la entidad, y, en
cualquier caso, es conveniente hacer un tratamiento publicitario prudente de estas
posibilidades para evitar un efecto rebote en el cliente que pueda no ver satisfechas sus
expectativas.
Fiare y sus caras hipotecas
Otra de las entidades de ‘finanzas éticas’ a la que nos hemos referido por operar en España es
Fiare. Pues bien, para un préstamo personal Fiare establece un tipo de interés de Euribor a 3
meses + 7,5% de diferencial, además de un 1% (con un mínimo de 250 euros) por gastos de
tramitación, 100 euros en concepto de aceptación del crédito, 0,10% del importe a asumir, y
conceptos como impuesto de timbre en los contratos de 16 euros para operaciones con
duración de hasta 18 meses y varios gastos notariales. En definitiva, unas condiciones muy
similares a las que impone la banca comercial.
En cuanto a los préstamos hipotecarios, las condiciones son éstas: duración máxima de 15
años, tipo de interés de Euribor a 3 meses + 5,5%, 250 euros ó 1% del préstamo en concepto
de apertura, 100 euros en concepto de aceptación del crédito, 0,10% del importe a asumir, y
otra serie de comisiones que pueden alcanzar, en su conjunto, los 360 euros. A modo de
ejemplo, un préstamo hipotecario por valor de 150.000 euros acabaría costando con el Euribor
actual 228.916 euros, con una cuota mensual de 1.260,59 euros. Actualmente hay muchos
bancos que tienen hipotecas mucho más baratas. Aunque, en teoría y sobre el papel, son
menos éticos que Fiare… A la vista de esto, la ética cuesta.
Qué es Coop57
En determinados sectores de la economía alternativa también está cogiendo fuerza Coop57,
una cooperativa de crédito en la que, para ingresar, es necesario aportar al menos mil euros de
participación. Examinando su organigrama llama la atención la cantidad de ‘figuras’ que
pueden decidir sobre la concesión o no de un préstamo: Sección Territorial, Comisión
28
Técnica, Coordinador, Consejo Rector, Consejo de Sección, Coordinador General… veamos
sus productos.
Tipos de préstamos. Coop57 ofrece varios tipos de créditos, que analizamos a continuación:
Créditos de intercooperación a sus entidades socias -cooperativas, asociaciones,
fundaciones, ONGs…-, que deben efectuar una aportación al capital social del 0,5% del
importe del préstamo si éste se pide a menos de un año, del 0,75% si es a entre 1 y 3 años, y
del 1% para préstamos de más de 3 años. El importe máximo es de 60.000 euros, y el plazo
máximo de 5 años. El tipo de interés que aplica es del 5,50% anual, aunque esto se decide
cada año en la Asamblea General.
Financiación de circulante. En este caso las entidades que quieran optar al crédito
deben aportar al capital social el 0,5% del importe del préstamo. En este producto el plazo es
de 18 meses, el máximo de saldo vivo por socio de 50.000 euros y el tipo de interés, 7,25%
anual.
Créditos a corto y largo plazo. La aportación que deben hacer las entidades es la
misma que en los créditos de intercooperación. El importe máximo es de 300.000 euros, el
plazo máximo de 7 años y el tipo de interés, del 6,50% anual.
Con estos datos, podemos decir que, en términos generales, Coop57 tiene unos préstamos no
excesivamente caros, comparándolos con la financiación que ofrecen las entidades financieras
tradicionales en la actualidad.
Como conclusión, al tener que competir con otras entidades financieras, muchos de los
productos que ofrece la banca ética a sus clientes son muy similares a los de la banca
tradicional, sin embargo estos tienen ciertas peculiaridades que los hacen diferentes.
Especialmente destaca el carácter responsable y ético que impregna cada uno de sus
productos, aunque como ya se ha destacado -y forma parte de las características de este tipo
de entidades-, los rendimientos para sus clientes son algo inferiores a los de sus rivales de la
banca convencional.
También por su carga responsable, destaca la cuenta Justa, que dedica un porcentaje al
comercio justo, y la cuenta corriente, que da la posibilidad de hacer una donación a una ONG
(algo que a priori no tiene por qué ser tan novedoso, si tienes una cuenta abierta en otra
entidad y quieres hacer una donación, también puedes hacerla).
El rendimiento medio de los depósitos ofrecido por la banca tradicional suele ser ligeramente
mejor, pero la banca ética garantiza transparencia en cuanto al uso de estos depósitos e
información constante a los depositantes, teniendo una amplia variedad de depósitos en cuanto
a vencimientos.
_________________
La Publicidad
_______________
Pese a que no se destinan a ello grandes inversiones, la publicidad que se realiza desde estas
entidades constituye un elemento importante para la captación de recursos y el incremento de
su cuota de mercado. Triodos Bank ha desarrollado un análisis comparativo con la publicidad
de la banca tradicional, poniendo de manifiesto que en la publicidad de la banca ética –
obviamente en la que desarrolla Triodos- se destacan tres aspectos diferenciales relevantes:
29
•
La solvencia económica, lo que permite invertir en acciones y proyectos
sociales.
•
Su carácter europeo e independiente, que aporta una imagen de poder y
modernidad, respecto a los bancos tradicionales españoles.
•
Su oferta de productos financieros, equiparable a la de los bancos
tradicionales, aunque ligeramente inferior. Hay que poner de relieve que
no suelen indicar sus tipos de interés, ni tampoco el pago de comisiones,
lo que puede ser indicativo de que sus condiciones puedan ser menos
ventajosas que la de los de la banca convencional.
Como resulta obvio y ya hemos apuntado, se destina un presupuesto a publicidad inferior al
de la banca tradicional. Según el propio Joan Melé (Director de comunicación Triodos
España), la idea que tiene que transmitirse en sus campañas publicitarias es la de la
recuperación de valores sociales y la primacía de éstos sobre el beneficio económico: “el
dinero debe de estar alineado con sus valores” (Joan Melé). Además, una de sus enseñas
publicitarias es la de la equidad salarial, de modo que el directivo que mayor salario percibe,
sólo cobra 8 veces más que el empleado peor pagado, lo que contrasta notablemente con las
abismales diferencias que propician los macro sueldos de los directivos de las entidades
bancarias clásicas. En otras palabras: la imagen que tratan de proyectar es la de un banco
convencional, pero con conciencia social; los productos que venden suelen tener peores
condiciones que los de la banca tradicional, pero apelan al sentido moral de los clientes para
enjugar la diferencia.
Desde FIARE, la publicidad o la imagen que venden es diferente. Emplean la contrapublicidad frente a los bancos tradicionales para obtener una posición de ventaja en el
mercado. De tal modo que se puede apreciar que apenas habla de sus productos, ni de las
repercusiones sociales de los mismos, sino que simplemente ponen de manifiesto los defectos,
vicios y excesos de la banca tradicional para así reforzar la percepción sobre sus virtudes. Esta
estudiada política de imagen del banco Fiare responde al ya mentado escaso presupuesto
destinado a la publicidad dentro de los bancos éticos -en especial en aquellos que nacieron
como cooperativas-, pero también a la fuerza publicitaria de las propias acciones en las que se
procura reflejar el papel moral que debe asumir la actividad financiera y ponen en evidencia
las prácticas habituales del sector.
Se puede afirmar que la fuerza de venta de los bancos éticos, como no podía ser de otro
modo, es el uso de los valores morales, para diferenciarse de la banca tradicional, puesto que
al no presentar ofertas más competitivas respecto a los demás bancos, tienen que esforzarse en
una imagen de compromiso social que aporte el valor añadido que no aporta comercialmente
el producto.
Retos y Oportunidades
Las cifras de los bancos éticos europeos muestran un crecimiento constante en sus actividades,
consiguiendo captar cada vez más recursos de clientes y paralelamente destinar esos fondos a
mayor número de créditos. En el futuro, se esperan que continúe esa tendencia creciente para
obtener un nicho de mercado mayor. Para ello, en muchos países los bancos se están apoyando
en organizaciones de la economía social, con el fin de desarrollar y expandir sus actividades.
30
En este escenario de crecimiento, un factor clave para el futuro de los bancos éticos es el
desarrollo de un contexto legislativo favorable a las Inversiones Socialmente Responsables en
cada país, que las fomente e impulse. Como ya se ha explicado anteriormente, hay algunos
países ligeramente más avanzados como Reino Unido y Holanda, pero la realidad es que la
mayor parte de los países europeos tienen legislaciones que no incentivan la creación y
crecimiento de los bancos éticos.
Ante esta realidad, cabe suponer que, si en un entorno poco favorecedor –por no decir hostil-,
se ha producido un continuado crecimiento sostenido de su actividad, a poco que se implanten
estímulos para su dinamización y diferenciación cabe esperar un incremento notable de su
implantación, en un mercado hastiado de los abusos de una banca convencional, cuya imagen
ha quedado muy erosionada en la aún no superada crisis económica.
El principal reto que tiene la banca ética es ganar cuota de mercado a la banca tradicional
hasta el punto de llegar a tener un peso en el sector mínimamente relevante, ocupando el lugar
que en su día ocuparon las malogradas cajas de ahorro y contribuyendo a la construcción de
un Sistema de Finanzas Éticas que poco a poco vaya ofreciendo soluciones a todas las
necesidades que nuestra sociedad plantea, trabajando básicamente en los ámbitos de la
sensibilización y la formación, en la gestión y generación de conocimiento.
El reto del crecimiento es importante, pero previamente se debe definir qué modelo de
negocio seguir. El crecimiento sin planificación puede traer consigo riesgos tales como la
pérdida de los objetivos originarios, convertirse en una estructura burocrática, la absorción por
parte de otros bancos o hacer ciertas concesiones a los actores en juego. Por ello, es
recomendable que la banca ética busque un crecimiento progresivo, en concordancia con sus
posibilidades, estableciendo, por ejemplo, un tope máximo en las participaciones del capital.
Es difícil no sucumbir ante la tentación de crecer rápidamente en estructura, pero es mejor
hacerlo de forma progresiva.
Para la banca ética también sería bueno crear una estrategia de “marketing diferencial”, ya que
competir en cuestiones de precio, publicidad o distribución es muy complicado. En ese
sentido, se deben buscar y resaltar los productos y recursos que den ventajas competitivas a la
banca ética como, por ejemplo, la cercanía con los clientes, al considerarlos no solo como
compradores, sino también como socios y verdaderos stakeholders. Se debe incidir, además,
en la transparencia y en aquellas características que emanan de la propia concepción de la
banca ética, pues son aspectos
difícilmente copiables por la banca tradicional.
Y como no, sería totalmente absurdo que un banco se defina como “ético” y aplique cláusulas
o prácticas abusivas y comercialice productos que podrían considerarse como “tóxicos”, por
lo que consideramos fundamental el buen trato al usuario de banca, un trato ético, responsable
y solidario, tal y como se autoproclaman estas entidades.
Conclusiones
A pesar de que el peso de la banca ética en el sector financiero aún es muy bajo, sin duda
puede ir ganando terreno en los próximos años y presentarse como una alternativa real de peso
a la banca tradicional. Aunque en un principio los productos ofertados por estas entidades
deberían ser algo menos competitivos que los de la banca tradicional, en cuanto a rentabilidad
y variedad –al tener ciertas restricciones–, el consumidor deberá valorar si esa mínima pérdida
31
de competitividad merece la pena a cambio de apoyar un modelo acorde con sus valores y
principios, en el que podrá saber en todo momento el destino de sus ahorros.
Tras el proceso de reestructuración bancaria vivido en nuestro país se ha podido constatar,
entre otros, la concentración bancaria sufrida, el mayor poder ejercido por las grandes
corporaciones bancarias –en el que prevalece el modelo capitalista de especulación pura y
dura, dando mayor peso a la economía financiera que a la real, obviando la importancia de la
obra social y del usuario-consumidor, el ciudadano de a pié–, el desabastecimiento al que han
obligado estas entidades a los consumidores de los pequeños núcleos rurales, y la práctica
desaparición del modelo de cajas de ahorro que, con mayor o menor acierto, durante las
últimas décadas había desarrollado una importante labor social. Un hueco que podría ser
ocupado por el modelo de banca ética.
Los continuos abusos sufridos por los usuarios y clientes de la banca tradicional siguen siendo
habituales y bien conocidos: prácticas agresivas de comercialización, cláusulas abusivas en
contratos, publicidad manipulada, aplicación de comisiones sin control, incumplimiento de las
resoluciones del Banco de España… Incurrir en el mismo tipo de prácticas afectaría de
manera vergonzosa a cualquier entidad que pretenda presentarse con “carácter social” o
“ético”.
Por ello, el nuevo modelo de “entidad financiera social” que postula ADICAE debería basarse
en un verdadero modelo de negocio social, muy cercano al que practican –o al menos dicen
practicar– determinadas entidades de “banca ética”. La actividad de estas entidades en el
mercado bancario debe excluir prácticas contrarias a los derechos del consumidor como las
que hemos descrito, sin menoscabo de que, además, la banca ética no dude en invertir con
criterios socialmente responsables en proyectos sostenibles, alejados de toda especulación
reprochable.
Pero ni siquiera en la banca ética el consumidor debe estar totalmente confiado. Deberá
informarse suficientemente sobre qué es lo que le está ofreciendo el banco en cuestión,
comparar comisiones y gastos y no dejarse llevar únicamente por las bonanzas o reclamos
‘éticos’ de la entidad financiera con la que vaya a operar. El hecho de que un banco se etiquete
como “ético” no garantiza –aunque debiera– la no aplicación de prácticas abusivas, que no se
introduzcan cláusulas abusivas en los contratos o incluso que no vayan a colocar algún que
otro producto tóxico al consumidor. El riesgo debería ser menor que con la banca
convencional, pero a pesar de ello el consumidor deberá estar alerta, ya que pueden existir
perfiles cuestionables o directamente contrarios a sus legítimos intereses. Antes de firmar
cualquier contrato con un banco, por muy ético que sea o aparente ser, es necesario
examinarlo exhaustivamente, cotejarlo con las posibles alternativas bajo un análisis integral de
su naturaleza y características, y, desde luego, asesorarse con expertos independientes o con
asociaciones de consumidores como ADICAE.
32
Capítulo II
La Banca pública
La crisis, con su efecto directo sobre la disponibilidad de dinero y crédito para el consumidor
y usuario final, para los autónomos y pymes, a los que se les ha cerrado el grifo financiero, ha
reabierto el debate sobre la necesidad de crear y mantener una banca pública que ocupe el
vacío que la banca privada ha dejado, al dar la espalada a esa parte tan importante de la
sociedad y su tejido económico, por entender que es la mejor manera de minimizar sus
riesgos. El debate, en un contexto político en Europa continuista con el que en su momento, y
como veremos más adelante, desmanteló la que existía en nuestro país, ha sido inmediato, y
preñado de fuertes connotaciones ideológicas y presiones procedentes de los lobbies que
podrían verse afectados por decisiones de esa trascendencia macroeconómica.
Pero vayamos al principio. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la necesidad de una
nueva banca pública a niveles estatales o autonómicos? La banca pública es la banca de
titularidad mayoritaria de la Administración, que opera al servicio del interés público y
general de la ciudadanía y conforme a las consignas que recibe de los poderes públicos
dotados de las competencias a tales efectos. Los bancos públicos pueden existir a todos los
niveles, desde nivel local a regional o nacional o incluso internacional. Cualquier organismo
gubernamental que pueda satisfacer las necesidades bancarias locales puede, en teoría, crear y
ser titular de una institución financiera.
Conceptualmente, y más allá de su titularidad –que por supuesto es determinante para su
catalogación-, la banca pública se distingue de la banca privada en que sus acciones son
motivadas para el interés público, el interés general en las formas o expresiones que
consideren los poderes públicos en cada momento. Los bancos privados, por el contrario,
tienen como objetivo primordial y prioritario la obtención de beneficios, en el plazo más breve
posible, para sus accionistas o para conseguir y consolidar su expansión comercial como su
más alta prioridad. Esto no quiere decir que la banca pública no genere beneficios, ya que es
un hecho que, aunque ese no sea su objetivo primordial, la banca pública bien gestionada y sin
desviarse de sus fines puede generar beneficios dentro de sus jurisdicciones. La diferencia es
que los beneficios generados por la banca pública se mantienen en el ámbito de lo público,
engordando la hacienda de todos y sirviendo para cubrir las necesidades de capital de las
administraciones en la prestación de los servicios esenciales, lo que puede redundar –a su vezen una menor presión tributaria para la ciudadanía.
Evolución histórica de la
banca pública en España
1986, año clave en la evolución reciente de la banca pública española. Ese año, siendo Carlos
Solchaga ministro de Economía y Hacienda, España se vio afectada por diversos factores
exógenos: los cambios que se venían experimentando en el mundo, y la incorporación a la
Unión Europea, lo que implicaba aceptar el marco jurídico que amparaba en Europa las reglas
de juego de los sistemas financieros comunitarios.
33
Como consecuencia de la legislación Europea y de la expectativa de entrada en España de las
instituciones de crédito del resto de países de la Comunidad Económica Europea (CEE), la
adhesión de España a la CEE trajo consigo la liberalización acelerada del mercado financiero
español. Según se desprende de la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria de la UE, a
partir de 1992 podrían instalarse en España entidades financieras y de crédito sin restricción
alguna. Este cambio tuvo gran trascendencia para la Banca Pública.
Se consideraba Banca Pública a toda aquella cuya propiedad pertenecía, en todo o en parte, al
Estado o a los organismos dependientes del mismo, y que, a su vez, incluía entre sus
funciones las referidas al cumplimiento de planes genéricos o sectoriales señalados por las
administraciones públicas para contribuir a la actividad económica nacional.
La historia de la Banca Pública de la España contemporánea comienza en 1872, con la
creación del Banco Hipotecario de España, al cual le seguirían luego la Caja Central de
Crédito Marítimo y Pesquero (1919), el Banco de Crédito Industrial (1920), el Servicio
Nacional de Crédito Agrícola (1925), el Banco de Crédito Local (1925), y el Banco
Exterior de España (1929).
La característica común de estos bancos oficiales, hasta su nacionalización en 1962, fue que
eran de capital privado, aunque se encontraban regulados y controlados por el Estado, que
promovía y autorizaba su creación, mediante ley o decreto, y determinaba su objeto social; su
constitución se cedía al sector privado y la adjudicación se realizaba mediante concurso
público. Los Poderes Públicos se reservaban el nombramiento del gobernador, que se
convertía en su representante oficial. Finalmente, la ley o decreto de creación podía conceder
al Estado el derecho a participar en los beneficios, aunque no fuese accionista, y a fijar normas
generales de funcionamiento.
Otro rasgo característico a estas entidades oficiales es su marcada especialización: nacen para
satisfacer preferentemente las necesidades de crédito de determinados sectores o de
actividades económicas específicas, que se estima no están atendidas adecuadamente por la
banca privada.
El tercer denominador común de esta banca pública se refiere a la procedencia de sus
recursos. No aceptan depósitos de particulares, o sólo de forma limitada, y se procuran
mediante procedimientos especiales: por una parte reciben financiación directamente del
Tesoro y por otra, el Estado les concede determinados privilegios para obtener los recursos
que precisen, como el monopolio en la emisión de títulos de deuda para la captación de
recursos, que por lo general tienen la consideración de fondos públicos.
La rentabilidad financiera de estos bancos públicos fue inferior a la de los bancos privados,
pero hay que tener en cuenta, por un lado, el coste más elevado que habían de pagar por sus
recursos y, por otra, su dedicación crediticia hacia sectores de baja rentabilidad. Estas
entidades no nacieron con un ánimo exclusivo de lucro, sino para financiar actividades que la
banca privada no atendían debidamente.
Hay que destacar, además, que la creación de estas instituciones no fue resultado de un
programa consciente, sino que respondió más bien a la necesidad de resolver casos
particulares.
Asimismo, el nacimiento de algunos de estos bancos contó con la oposición de los grupos
bancarios privados, que no aceptaron de buen grado la aparición de entidades oficiales
privilegiadas que pudiesen ocupar determinadas parcelas del mercado de crédito y
34
compitiesen con ellos; primero trataron de impedir su creación y, después, de controlarlos
entrando como partícipes en su capital para vigilar sus actividades y frenar su crecimiento.
A continuación se analizan los inicios y rasgos más distintivos de las entidades anteriormente
mencionadas:
El Banco Hipotecario Español
Se trata de la entidad oficial de crédito más antigua, datando del 2 de diciembre de 1872,
fecha de la ley que lo funda. Surge al amparo de una norma que le concedía la emisión en
exclusiva de las cédulas hipotecarias, pudiendo conceder préstamos hipotecarios con garantía
inmobiliaria al tesoro, a las corporaciones locales o a empresas privadas, con destino a la
agricultura, la industria, la minería o la construcción.
Aunque su objetivo principal era el crédito al sector agrario, en los primeros años de
funcionamiento éste este se dirigió más hacia el Gobierno y otros sectores ajenos al campo.
Entre las razones, figura la carencia de sucursales en el mundo rural donde era necesaria su
actuación.
Caja Central
de Crédito Marítimo y Pesquero
La Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero (CCCMP) fue creada en 1919, dependiendo
del Ministerio de Marina, para atender a las pequeñas y medianas empresas del sector
pesquero español. En 1930, la CCCMP pasó a depender del Instituto Social de la Marina
(Ministerio de Trabajo), aunque lo cierto es que su actividad fue casi nula hasta después de la
Guerra Civil.
Banco de Crédito Industrial
Fue creado en 1920, siguiendo la Ley de 2 de marzo de 1917, de protección y fomento de la
industria nacional. Su nacimiento fue debido a dos causas: en primer lugar, la comisión
protectora de la producción nacional tenía el poder decisorio acerca de las solicitudes de
préstamo previstas por la ley de 1917, y estaba claro que esa función era más propia de un
banco de carácter oficial; en segundo lugar, en otros países europeos se estaban estableciendo
bancos cuya misión era la reconstrucción inherente a la posguerra y al desarrollo de la
industria.
Servicio Nacional
de Crédito Agrícola
El Servicio Nacional de Crédito Agrícola surgió, en 1925, como organismo dependiente del
Ministerio de Agricultura.
Entre sus fines fundacionales se encontraban: dotar de medios financieros a los pequeños y
medianos agricultores, para mejorar sus explotaciones y para paliar los daños causados por
fenómenos meteorológicos. Su papel consistió en conceder préstamos a los agricultores, con
objeto de crear, conservar y mejorar la riqueza agrícola, forestal y agropecuaria, así como de
sus medios de producción y la instalación y perfeccionamiento de industrias agrícolas,
forestales y pecuarias.
35
Banco de Crédito Local
Se creó en 1925, con la finalidad de conceder financiación a las corporaciones locales en
general, destinada a la realización de obras o servicios de carácter público que no encajaran en
sus presupuestos ordinarios. Esta financiación se materializaría en préstamos a muy largo
plazo.
Banco Exterior de España
El Banco Exterior (BEX) se puso en marcha en 1929, para apoyar las exportaciones
españolas. Era el único en que coexistía participación pública y privada.
Caja Postal de Ahorros
Su creación, en 1909, cabe mención aparte, pues sus sucursales se correspondían con las
oficinas de correos que estaban instaladas por toda España. Sin embargo, no hubo voluntad
política de darle un protagonismo financiero.
En el año 1962 se aprueba la Ley de Ordenación de Crédito y la Banca, que comprendía dos
importantes disposiciones:
1.- la creación de un órgano rector de las Entidades de Crédito Oficial, denominado Instituto
de Crédito a Medio y Largo Plazo (I.C.M.L.P.), dependiente del Ministerio de Hacienda.
2.- la nacionalización y reorganización de las Entidades Oficiales de Crédito, que pasan a ser
entidades de derecho público con plena personalidad jurídica, aunque este proceso no afecta al
Banco Exterior de España ni a la Caja Postal de Ahorros.
El nuevo modelo de Banca Pública se ajustará a los siguientes principios:
1.Principio de subsidiariedad, soportando el crédito oficial sólo aquellos riesgos que
el crédito privado no asuma.
2.Sometimiento del Crédito Oficial a las necesidades del Plan Económico diseñado
por el Gobierno.
3.Financiación aportada por el Estado, generalmente vía emisión de deuda pública, a
través del I.C.M.L.P.
En el año 1971 se realiza una nueva reorganización del crédito oficial mediante la Ley sobre
Organización y Régimen de Crédito Oficial. Se sustituye al I.C.M.L.P. por el I.C.O. (Instituto
de Crédito Oficial), entidad de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio,
bajo dependencia del Ministerio de Hacienda. El ICO podrá financiarse por créditos del
Tesoro, por la propia emisión de deuda, y del producto de sus operaciones de crédito.
Quedan como Entidades Oficiales de Crédito: el Banco de Crédito Industrial, el Banco de
Crédito Local, El Banco Hipotecario de España, el Banco de Crédito Agrícola y el Banco de
Crédito a la Construcción; aparte quedan el Banco Exterior de España y la Caja Postal de
Ahorros.
Estas entidades Oficiales de Crédito adoptaron la forma de sociedades anónimas, siendo el
Estado el titular de todas las acciones. En 1982, desaparece el Banco de Crédito a la
36
Construcción, al fusionarse con el Banco Hipotecario de España.
En el año 1988 el ICO se convierte en un holding financiero, asumiendo la titularidad de las
acciones de las Entidades de Crédito Oficial, que además pasan a ser controladas e
inspeccionadas por el Banco de España, a través de la Ley sobre Disciplina e Intervención de
las Entidades de Crédito.
Ya en la década de los 90 se crea la Corporación Bancaria de España como banco matriz del
Grupo Argentaria y que incluye a los cuatro bancos oficiales, a la Caja Postal de Ahorros y al
Banco Exterior.
En esta nueva reorganización quedó fuera el ICO, el cual trasladó las acciones que poseía de
los bancos públicos al nuevo holding, y queda con su propia configuración jurídica, actuando
básicamente como agente financiero del Gobierno en la ejecución de aquellas operaciones,
tanto internas como internacionales, que se le encomienden.
En 1993 se realiza una primera privatización parcial de Argentaria, a la que le sigue una
segunda en 1996, y que es culminada en 1998 con la privatización total.
Repasada la historia de la Banca Pública en España, se puede analizar el peso de estos Bancos
Oficiales, sacando además algunas conclusiones destacadas.
En primer lugar, y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la Banca Pública ha tenido
una importancia cuantitativa de primer orden, pues a finales de la década de los 60 llegó a
conceder incluso más créditos que la banca privada, a pesar de los esfuerzos del sector
privado en limitar o ralentizar su desarrollo. En los últimos años del franquismo decayó
rápidamente, y continuó su tendencia declinante –con altibajos- en los años democráticos. En
cualquier caso, representó siempre una realidad importante en el sector financiero español.
En el siguiente cuadro se comparan la participación sectorial de los bancos en Europa
Occidental en el año 1988, prácticamente a finales de la vida de la Banca Pública en España,
que ocupaba el 11,3% de los activos totales.
37
En segundo lugar, se puede deducir, por el tipo de créditos que se concedieron (a la
agricultura, a la industria, a la exportación, a la vivienda, etc.), que este tipo de crédito tuvo
que ser fundamental para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, así como de los
hogares y consumidores modestos, precisamente aquellos sectores desatendidos por la banca
privada.
Y en tercer último lugar, se puede concluir que a la Banca Pública se le asignó durante casi
todo el período de su funcionamiento, un papel subsidiario con respecto a la banca privada.
Finalmente, parece que con la creación del Grupo Argentaria se intentó crear un holding capaz
de competir con el sector privado, proyecto frustrado por dos hechos: la crisis económica de
1992, que hizo que el Gobierno socialista de Felipe González emprendiera una privatización
parcial del holding para sanear el déficit público, y la llegada al poder del Partido Popular en
1996, empeñado en desmantelar casi todo el sector público español.
El desmantelamiento
de la Banca Pública y la reestructuración bancaria.
Las privatizaciones masivas que tuvieron lugar en España a partir de la década de los años
noventa, y muy en particular durante el gobierno del Partido Popular, empobreció a la larga al
Estado Español. . Como decimos, a principio de los años 90 el Gobierno de Felipe González
comenzó con el desmantelamiento de la banca pública en España como una de las principales
exigencias políticas en el proceso liberalizador de la economía española. El resultado fue la
creación de la corporación bancaria española "ARGENTARIA" que agrupó a entidades como
el Banco Exterior de España, Caja Postal, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito
Local o el Banco de Crédito Agrícola.
La victoria de Aznar en el 96, puso en bandeja la privatización de la banca pública que
culminó en 1998. También fue el PSOE, en esta ocasión de Zapatero, el que sentó las bases
38
para la liquidación del sector financiero de carácter social que suponían las cajas de ahorro,
concluyendo el PP de Rajoy este proceso de desmantelamiento.
Como consecuencia de todo ello, se ha facilitado el proceso por el cual el número de entidades
financieras se ha reducido de forma drástica, quedando la concentración del sector en manos
de unas pocas. Concretamente tres entidades financieras (Santander, La Caixa y BBVA)
concentran el 60% del mercado. Además de todo esto, y a pesar de las ayudas públicas para el
saneamiento de las entidades, la banca ha preferido comprar títulos de deuda pública con el
dinero prestado por el BCE antes que hacerlo fluir a familias y empresas, provocando con ello
un proceso de estancamiento de la economía social.
Lo cierto es que tras las privatizaciones, el Estado dejó de recibir fondos producidos por
empresas públicas altamente rentables, tales como Telefónica, Tabacalera, Repsol, Gas
Natural y Endesa, entre otras. Para darse cuenta de lo que significa para el Estado tales
privatizaciones, hay que conocer que los beneficios de la Lotería nacional, que el gobierno
español ha intentado privatizar, han ascendido en 2011 a 2.643 millones de euros, que es
mucho más que el dinero que el Estado ha intentado ahorrarse congelando las pensiones y
reduciendo los salarios de los empleados públicos. Un tanto semejante ocurría en aquellas
otras instituciones que fueron privatizadas dejando de generar recursos al Estado.
En este sentido es necesario destacar los efectos de las privatizaciones y el desmantelamiento
de la banca pública desde un punto de vista del consumidor. Son muchos los que no
consideran esto una buena solución. Así, los ciudadanos no tienen por qué saber que las
privatizaciones y el desmantelamiento de lo público mejoran la eficiencia o la productividad
de las empresas, pero posiblemente si sean conscientes de las pérdidas de empleos, la
corrupción que ha rodeado a algunos casos y el escandaloso enriquecimiento de ciertos
individuos o compañías. Y claro, todas estas cosas son importantes para la opinión pública.
Dicho de otra manera, el proceso privatizador puede ser interpretado por el consumidor de
forma positiva pero puede requerir del poder del Gobierno para regular a las empresas.
Aunque el balance de costos y beneficios sociales sea ampliamente positivo para las
privatizaciones, no es esa la manera como se forman las opiniones los consumidores
influyendo también factores de psicología y de ideología.
Otra cuestión importante a destacar es que la creación de una banca pública, ya sea estatal,
autonómica o provincial podría ser una buena herramienta para los órganos de gobierno para
socializar los beneficios reduciendo impuestos, ya que estos beneficios, en caso de obtenerse
irían a parar las arcas públicas dotándose de mayores ingresos, haciéndose de esta manera un
ajuste impositivo dentro de sus jurisdicciones en favor de los consumidores.
Pero además, volviendo al sector financiero, la privatización del crédito ha dificultado
enormemente la misión que tiene el Estado de garantizar la disponibilidad del crédito como
medida necesaria para estimular la actividad económica. De hecho, la única institución que
tiene como objetivo primordial esta garantía de crédito actualmente es el Instituto de Crédito
Oficial (ICO), que, por cierto, es rentable, presentando unos beneficios anuales de 20 millones
de euros. No obstante, su tamaño es excesivamente limitado y un gobierno progresista debería
haber estimulado su desarrollo y transformación en una Banca pública que hubiera
garantizado la disponibilidad de crédito, uno de los mayores obstáculos para que la economía
española se recupere. En esa dirección han ido las propuestas o iniciativas de distintos
movimientos sociales, o incluso grupos políticos que han intentado en los últimos años la
creación o reaparición de la banca pública en el panorama nacional, animados por la situación
de crisis que se está viviendo en estos tiempos y la falta de transparencia de la banca actual.
39
Sin embargo, estas iniciativas no han llegado a cuajar en ninguno de los gobiernos que han ido
pasando en estos años por el gobierno de España y tampoco han recibido el respaldo de los
que se han encontrado en la oposición.
Y es que los bancos públicos surgieron para asegurar que los antiguos servicios de crédito del
Estado pudieran ejercer directamente sus funciones de intermediación financiera sin depender
de las entidades privadas, como sigue ocurriendo en la mayoría de los países. Pero en España,
tras haber desmantelado la banca pública, el Estado perdió esas funciones, de tal modo que el
propio Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene que recurrir a la banca privada para colocar sus
préstamos. Resulta curioso observar cómo la banca privada no sólo hizo caso omiso de las
reiteradas demandas del ex presidente Rodríguez Zapatero de “arrimar el hombro” en la
concesión de créditos, sino que ha exigido al Estado mayores comisiones y garantías para
conceder los préstamos del ICO, a la vez que hace gala de sus millonarios beneficios. Es decir,
que la banca privada, además de negarse a modificar los criterios en la concesión de sus
créditos, ha puesto todo su empeño en obtener la máxima tajada posible del mero hecho de
tramitar los del ICO.
Paradójicamente, ese desmantelamiento y abandono de la banca pública entra en franca
contradicción con las necesidades que ahora acucian a la sociedad, y por ende al Estado, con
motivo de la crisis. El adelgazamiento de lo público y el engorde de los negocios privados
suponen que el volumen y los riesgos de éstos crezcan a un ritmo muy superior al de los
recursos públicos. Por ejemplo, si en 1995 el importe de los créditos doblaba al de los
ingresos fiscales del Estado, en 2007 lo quintuplica, con lo que son cada vez más limitados los
recursos públicos en comparación con los privados. Durante la crisis bancaria vivida entre
1977 y 1985, el saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas
billonarias en pesetas y la crisis actual ha obligado a hacerlas en euros. En este caso, hubiera
sido razonable aprovechar, al menos, tan enorme esfuerzo para restablecer la propiedad y el
control del Estado en el sistema bancario y paliar así los excesos privatizadores del pasado y
las consecuencias a las que nos han abocado.
En esa línea, las nacionalizaciones de las entidades rescatadas podrían y deberían
contemplarse como una medida positiva para los consumidores, ya que sería la consecuencia
lógica del esfuerzo público por evitar una bancarrota financiera que sí sería claramente
perjudicial para sus intereses. Su meta, en última instancia, no solo sería el saneamiento y
salvación de las entidades, sino también caminar hacia el buen funcionamiento de la
concesión de créditos y la refinanciación entre las propias entidades. Evitar que la situación
económica que ha afectado el panorama nacional sea más profunda y duradera en el tiempo es
otro de los argumentos que sustentan las nacionalizaciones. En este sentido, esta práctica
de salvamento financiero también es favorable para el ciudadano y para el propio mercado,
puesto que una crisis larga, sin duda, desacelera el consumo e incrementa el paro, ambos
factores muy negativos para su funcionamiento y para los intereses de cualquier consumidor.
Pero es que, además, aun dentro de la crisis económica y con su trasfondo financiero, el
sistema bancario debe contar con el pilar básico de la confianza de los clientes, pilar que se
estaba desmoronando y que es susceptible de recuperarse a través de una política de
nacionalizaciones selectivas capaces de devolver, en cierto modo, la confianza perdida y la
fortaleza a las entidades intervenidas y al sistema bancario en su conjunto. Con sus
inyecciones de capital, los gobiernos estarían demostrando que los ahorradores no están solos,
que cuentan con su apoyo y su respaldo y que su objetivo primordial es evitar una quiebra
bancaria que sería claramente perjudicial para ellos y para todo el sistema.
Pero la mera inyección de capital sin más se ha demostrado como una medida insuficiente.
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Pese a que estas aportaciones de capital público deben contemplarse como una medida de
salvamento y ayuda al sector financiero positiva, la realidad es que las nacionalizaciones
bancarias que se están produciendo en Europa y Estados Unidos están afectando de manera
negativa a los accionistas. En el mercado bursátil, los operadores están haciendo una lectura
negativa de las inyecciones de capital público, lo que está provocando duras caídas en los
valores bancarios. En las sesiones en las que se anunció que HBOS, Lloyds y Royal Bank of
Scotland recibirían inyecciones de dinero público, todas estas entidades registraron caídas
superiores al 5% en Bolsa. HBOS, en concreto, perdió más de 25% de su valor en sólo una
jornada. Fortis, en su primer día cotizando tras la entrada del capital estatal cedió un 77%. En
general, el hecho de que una entidad reciba dinero por parte del Estado se interpreta en el
mercado de forma negativa. Los inversores perciben que es una entidad en apuros, aunque sea
una lectura errónea en algunos casos.
Además, a medio plazo, otro punto perjudicial de los salvamentos bancarios con dinero
público desde la perspectiva del consumidor estriba en los posibles cambios de las entidades
en cuanto a su política de retribución al accionista. Muchos expertos aseguran que no estaría
bien visto que un banco siguiera dando dividendos a sus accionistas privados si ha necesitado
dinero público para recapitalizarse. Defienden que si un banco recibe dinero por parte del
Estado para evitar una posible quiebra y asegurar su supervivencia, lo lógico sería que dejara
de pagar dividendos a sus accionistas. Por el contrario, si la inyección de dinero público se
realiza para reforzar la solvencia, la entidad no tendría por qué suprimir el dividendo. En
Europa, por ejemplo, bancos que han sido recapitalizados por sus gobiernos, como el Royal
Bank of Scotland o Lloyds y HBOS (apoyados por el Gobierno británico) han anunciado que
no pagarán dividendos hasta dentro de cinco años. Lo mismo ha anunciado Barclays y el
estadounidense Sovereign, ya que el objetivo de la inyección con capital público es reforzar
sus deteriorados balances y no dar beneficios a unos accionistas privados que deberían haber
soportado su desplome.
Como hemos visto, por un lado hemos vivido un proceso histórico de creación de un tejido
bancario público seguido de una posterior privatización del mismo, para –en los últimos años
y como consecuencia de la crisis del sistema financiero- volver a intervenir un conjunto de
entidades bancarias “nacionalizándolas” total o parcialmente en un proceso cíclico que parece
abocado a una ulterior reprivatización de las mismas previo saneamiento a costa de las arcas
públicas.
Pero pasemos a pensar la manera en que el proceso de reestructuración bancaria ha tenido su
influencia sobre el consumidor a efectos prácticos. Ya dijimos anteriormente que la crisis
bancaria se ha llevado por delante un buen número de entidades. La banca está teniendo que
reorganizarse y se ha reagrupado. Como consecuencia de ello se han cerrado una cantidad
considerable de oficinas que pudiera ir en aumento en los próximos años.
El consumidor podría preguntarse, ¿Qué pasa si cierra mi sucursal? La primera consecuencia
la encontramos en el número de nuestra cuenta bancaria, que habría cambiado.
Además, la atención al consumidor puede empeorar, como ya se han quejado muchos de
ellos, ya que las entidades han completado sus procesos de fusión pero todavía no han
engrasado su funcionamiento. Es decir, en determinados departamentos todavía hay un
desajuste y realizar algunas operaciones puede demorarse en el tiempo provocando errores en
la gestión de la responsabilidad de la entidad que repercuten directamente en un menoscabo de
los derechos del consumidor. Son muchos los que se quejan de que fruto de esto que estamos
contando tienen que hacer más cola puesto que hay un mayor número de clientes en la oficina.
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Además los empleados cambian, lo que tiene que ser tenido en cuenta si resulta que hemos
pactado un cobro de comisiones por ejemplo con un director de forma concreta y este ya no
está. En definitiva una cosa está clara, y es que los consumidores deben de estar atentos para
en caso de cambios no permitir que haya variaciones en los términos y condiciones de cada
contrato que empeoren sus derechos.
Dicho todo esto de forma aclaratoria, y siguiendo con el hilo conductor en relación al proceso
de nacionalización de un banco o una entidad financiera, y por extensión de cualquier empresa
privada, decir que este proceso supone un cambio en la propiedad de la empresa que implica
la salida de los accionistas privados y su sustitución por alguna figura jurídica dependiente del
Estado. Es decir, la titularidad de las acciones que conforman la totalidad de la empresa, pasa
a manos públicas, obteniendo con ello el control total de la empresa. El procedimiento legal
más usual por el que se realiza este cambio de titularidad de las acciones de la empresa es la
expropiación, que supone el paso coactivo de un bien privado al Estado a cambio del derecho
a recibir una indemnización o justiprecio por parte de los propietarios iniciales por la pérdida
de la titularidad de dichos bienes. Es una condición necesaria el que exista esa coercitividad,
implícita en la iniciativa de la Administración para adquirir la propiedad de forma imperativa,
para que sea una expropiación, dado que si el proceso lo inicia el titular privado, hablaríamos
de una compraventa pactada o una donación si no existiera contraprestación monetaria.
En el caso de que no existiera derecho al cobro de una indemnización por parte del propietario
inicial, estaríamos hablando de confiscación, entendido este término como la pérdida de la
posesión de un bien sin posibilidad de obtener contrapartida alguna a cambio. En cualquier
caso, hay que diferenciar este supuesto de aquellos de expropiación en los que se estima una
indemnización por importe de cero euros, por ser ese el valor real de mercado estimable en el
bien expropiado.
¿Cómo se desarrolla el proceso de una expropiación?
El primer paso para nacionalizar una entidad financiera por la vía de la expropiación e
intervención de la empresa, es definir si dicha expropiación se realiza mediante expediente
administrativo o mediante expediente legislativo. Generalmente, en el caso que nos ocupa y
dado que hablamos de empresas importantes, cuya toma de control es imperiosa por los
riesgos sistémicos existentes, la expropiación habría de realizarse mediante ley al efecto. Esta
ley no deja de ser un Real Decreto aprobado por el Gobierno que pone en marcha la
expropiación. Se publica en el BOE y se fijan los parámetros de dicha expropiación, quiénes
serán los nuevos propietarios de la empresa (siempre de Derecho Público), cómo se
relacionará el estado con los antiguos propietarios y cuál será el método para valorar la
entidad financiera expropiada y poder fijar la correspondiente indemnización a los anteriores
propietarios. Cualquier casuística especial que afecte a la empresa y a su normal
funcionamiento, se contemplará también en esta ley. Por ejemplo, podemos echar un vistazo al
Real Decreto de Expropiación de Rumasa del año 1983 como la principal nacionalización de
un conglomerado empresarial que se ha hecho en este país durante la democracia.
Ese proceso debe estar presidido por los criterios de utilidad pública, interés social o cualquier
otro que puedan justificar la intervención estatal, criterios perfectamente aplicables en el
sector financiero actual. Estando determinados estos criterios, definir el decreto de
expropiación y tomar la titularidad y control de una empresa es relativamente sencillo, tal y
como se puede ver.
Para el caso de las entidades financieras, en España se ha creado un mecanismo específico –
no expropiatorio – de intervención de las entidades en riesgo a través del Fondo de
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Reestructuración Ordenada Bancaria, ente público dotado de personalidad jurídica al servicio
del Banco de España y del Ministerio de Economía y Hacienda, que puede tomar el control de
cualquier entidad financiera en el momento que el Banco de España lo solicite al Gobierno y
se apruebe la actuación por decreto. Esta toma de control y posterior recapitalización, si es
necesaria, le da un rango de propietario legítimo preferente, dado que las decisiones de gestión
de la entidad están encomendadas al propio fondo. Ya hemos visto por ejemplo cómo ha
actuado el FROB en el caso de Cajasur, interviniendo previamente mediante la asunción del
control de la entidad y la posterior venta a la BBK, o cómo está actuando con el caso de
la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Tal y como hemos podido ver, la nacionalización de las entidades bancarias de nuestro sistema
financiero se podría instrumentar jurídicamente con un mero decreto ley y el pago de una
indemnización escasamente relevante a los actuales propietarios (si pensamos en las que han
precisado de un “rescate” público por encontrarse en situación de quiebra técnica, que no han
sido pocas). No es mucho más complicado, siempre y cuando haya un interés social o
nacional relevante en juego como es el caso de las entidades financieras.
Otra cuestión sería la voluntad política para recuperar un sector bancario público o la
repercusión internacional de dicha medida y las consecuencias en otros ámbitos con nuestras
relaciones internacionales y con otros países o empresas. Pero claro está, se trata de meras
conjeturas, aunque el debate está abierto desde el momento que se están reflotando entidades
con un ingente esfuerzo de todos para luego malvender las entidades saneadas de nuevo al
sector privado… y, mientras, la ciudadanía sigue careciendo de los instrumentos financieros
públicos que podrían atender las necesidades de crédito de la Sociedad.
Tras la crisis, ¿hay razones
para promover una banca pública?
La situación económica que hemos pasado los últimos años a nivel mundial ha hecho que
salten muchas alarmas sobre la corrección del funcionamiento de nuestro sistema económico y
financiero. Y no extrañan las dudas si tenemos en cuenta los milmillonarios rescates
acometidos por los diferentes gobiernos a la banca, incluyendo España, los beneficios
astronómicos de los directivos durante la crisis y después de ella o la falta de identidad de la
actuación de algunas instituciones -como las cajas de ahorro- con sus fines estatutarios.
A todo ello hay que sumar, además, el hecho de que esos rescates a la banca han repercutido
directamente en los consumidores finales -que han sufrido la peor parte- no sólo por la cuasi
desaparición del crédito, sino porque esos rescates se reembolsarán por los consumidores a
través de la deuda del Estado, los recortes en partidas de servicios y prestaciones esenciales e
impuestos.
La crisis en la esfera financiera de la economía española ha tenido como consecuencia un
reordenamiento del sector, concentrando más poder en menos manos, convirtiendo a la banca
en el núcleo de un poder decisorio sobre la planificación económica de un país. Que la banca
no acceda, ni nadie la obligue, a hacer circular el dinero tras recibir ayudas milmillonarias
provoca la dificultad de acceso a financiación sobre todo de los más débiles, como los
consumidores de a pie. Los grandes grupos empresariales tienen acceso al crédito sin ningún
problema, pero la pequeña y mediana empresa, y sobre todo, la economía social se ve
abocada al cierre tras exprimir a los pocos trabajadores con los que cuente cada una. Otra
manera más de conformar una oligarquía de intereses empresariales que arrasan y se apropian
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de nichos de mercado.
Una de las propuestas planteadas por algunos economistas para solucionar los problemas de la
economía española ha sido ampliar el sector público de la banca, como plantean Vicenç
Navarro y Juan Torres en el documento Democratizar la economía para salir de la crisis
mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida –documento que, además ha servido
de debate para el programa económico de gobierno del grupo político Podemos-.
España es actualmente uno de los países de la Unión Europea de los Quince (el grupo de
países más rico de la UE) que tiene menos banca pública, y no es casualidad, también, que sea
uno de los países de dicha comunidad donde las familias y las pequeñas y medianas empresas
tienen más dificultad para poder conseguir dinero prestado. España es también uno de los
países de la UE donde hemos visto un mayor número de burbujas y una mayor inestabilidad
financiera. Y España es también uno de los países de la UE–15 donde la banca privada tiene
mayor influencia sobre los medios de comunicación y sobre las instituciones políticas
llamadas representativas. La gran mayoría de los medios de comunicación y partidos políticos
están profundamente endeudados y, por tanto, son dependientes del buen hacer de la banca.
La mayoría de los países del mundo tienen sistemas bancarios predominantemente públicos,
como Alemania, que posee el sistema bancario público más extenso de la UE-15. Francia es
otro país con un gran sector público bancario. Cabe destacar que cuando en un país de la UE
la situación financiera es inestable y los ahorradores perciben el peligro de perder sus ahorros,
los trasladan a la banca pública, como ha ocurrido en la mayoría de países europeos durante
los momentos de crisis de los últimos años, siendo uno de los casos más representativos el de
Reino Unido, que vivió un flujo de depósitos durante la crisis financiera al Northern Rock, el
mayor banco público británico del momento.
En momentos de crisis, históricamente los estados han tomado el control de todo el sistema
bancario, tanto público como privado, para salvar todo el sistema. Un caso conocido fue
durante la Gran Depresión en los años treinta en EEUU cuando la administración del
Presidente Franklin D. Rooselvet tomó el control de todo el sistema bancario. Algo parecido
ocurrió en 1992 en Suecia, cuando el gobierno nacionalizó todos los bancos insolventes por
motivos de urgencia, anteponiendo los intereses comunes a los de los accionistas de tales
bancos. Estas intervenciones fueron más eficaces que los famosos rescates bancarios. La
banca española ha recibido unos 130.000 millones de euros (sin contar el dinero recibido por
el Banco Central Europeo), sin que ello haya repercutido en facilitar el acceso al crédito, ni a
pymes ni a consumidores finales, ni por supuesto, a devolver a miles de familias sus ahorros
de toda la vida, atrapados en participaciones preferentes, como ha sucedido en el caso de
Bankia.
Todas las inyecciones de dinero público se han destinado a nuevos procesos de inversión
financiera especulativa y no de financiación de la inversión productiva: los bancos que han
recibido dinero barato de los bancos centrales lo han destinado a prestárselo a otras unidades
económicas (incluso a las propias administraciones públicas) a precios mucho más caros.
Por ello, hay opiniones que mantienen que España no puede continuar con la situación
anterior. Sería necesario, por un lado, expandir el sector bancario público, manteniendo en
este sector aquellos bancos que han recibido máxima ayuda pública, y por otro, asegurarse que
todo el sistema bancario, incluyendo el privado, sea considerado un servicio público, lo que
no quiere decir que se nacionalice toda la banca, sino que la privada tenga que funcionar
dentro de unos parámetros y con unos objetivos que sirvan al bien común.
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Volver a la banca pública española de los años setenta y ochenta del Siglo XX es imposible,
pero sí lo sería aprovechar la estructura de los bancos intervenidos para revisar el modelo
bancario que nos ha llevado a la crisis, basado en la especulación y el rendimiento económico
como único fin, y apostar por un modelo más social, comprometido con las necesidades de
los consumidores.
La Banca Pública tendría esa capacidad potencial de atender las necesidades abandonadas por
la gran banca privada. Un sistema financiero eficiente debe propulsar la demanda agregada a
través del incremento de la inversión y del consumo, no hacia actividades especulativas, como
ha venido ocurriendo. En este sentido, el funcionamiento “ético” de la Banca Pública,
inspirado por el interés general, tendría que dirigirse primordialmente a satisfacer estas
necesidades reales. La Banca Pública se convertiría así en el instrumento más eficaz para
hacer política económica.
Dicho de otro modo, que el ahorro de los consumidores se dirija hacia la especulación
inmobiliaria o hacia la cooperativa de aceite de un pueblo vecino es una decisión política que
hoy en día está en manos de la banca privada. Pretender, por tanto, nacionalizar parte del
sector bancario español es una exigencia razonable y necesaria si se quiere encauzar la
economía de un país desde una política democrática.
En contraposición a esta teoría –aparentemente amable- sobre la necesidad de una banca
pública, existen unos contrapuntos que ponen en duda algunos de sus postulados. Entre ellos
está el hecho incontestable de que las únicas entidades financieras quebradas de nuestro país
son la mayoría de las cajas de ahorros (prácticamente todas, salvo felices excepciones). Las
cajas participaban de las teóricas bondades de la banca pública, algunas de las cuales se
manifestaron a posteriori como dramáticos defectos. Las cajas fueron especialmente afectadas
por la crisis y la burbuja del crédito, aparentemente, porque estaban -y aún están- dirigidas por
políticos, lo que hacía difícilmente aplicable un control técnico de riesgos efectivo. Así, es
muy cierto que buena parte del crédito concedido por las cajas ha tenido como destinatarios a
partidos políticos, obras faraónicas, proyectos de administraciones locales de todo tamaño y
color y otro tipo de operaciones de dudoso o nulo retorno y alto riesgo. Esto ha tenido como
consecuencia grandes pérdidas y la necesidad de su recapitalización mediante la inyección de
dinero público en su capital, algo que no han necesitado los bancos privados.
La banca privada en España ha estado mucho más atenta a sus riesgos y no ha necesitado
tanto dinero público para recapitalizarse, lo que viene a demostrar que la eficiencia de la
banca privada ha sido, hasta ahora, muy superior a la de la banca pública, lo que ha animado
las soflamas contrarias a la misma por algunos sectores muy interesados en denostarla, que
además se han amparado en la ignorancia y la escasa educación político-financiera de la
ciudadanía. El mensaje es que esta crisis tiene mucho de falta de ahorro y exceso de crédito, y
esto ha sucedido porque la banca pública que hay, la central, se ha dedicado a mantener el
dinero barato para facilitar el endeudamiento sin que pareciera existir límite. La intención es
demostrar que cada vez que una banca pública mete mano en el dinero y el crédito provoca el
caos, como puede dar a entender la experiencia histórica.
Otra crítica que se suele realizar es que los objetivos del Estado son más partidistas que de
interés general. Los gobiernos buscan adquirir el control de empresas y bancos con el fin de
proveer empleo, subsidios y otros beneficios a sus seguidores, los cuales a su vez devuelven el
favor en la forma de votos, apoyos políticos y, a veces, sobornos. Una segunda crítica tiene
que ver con el comportamiento “burocrático” e improductivo de los gestores de estas
empresas públicas. Algunos piensan, en efecto, que la ausencia de un mercado competitivo
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que estimule y discipline a los Bancos Públicos puede inducir a la dirección de los mismos a
operar menos eficientemente que los bancos privados.
Un estudio reciente y completo de referencia sobre estas cuestiones es el de los autores Levy,
Micco y Panizza, una investigación empírica a dos niveles: nivel microeconómico que usa
datos sobre bancos particulares, y nivel macroeconómico que usa datos agregados de las
economías nacionales. En lo que se refiere a la evidencia encontrada usando datos de bancos
particulares, los autores no hallaron correlación entre el tipo de propiedad de los bancos y el
desempeño de los mismos en los países desarrollados, pero sí, en cambio, una fuerte
correlación entre ambas variables en los países en desarrollo. En particular, detectaron que los
Bancos Públicos localizados en los países en desarrollo tienden a caracterizarse por una menor
rentabilidad, mayores costes fijos, y mayor número de préstamos fallidos que los bancos
privados.
Sin embargo, estos autores no obvian el hecho de que los Bancos Públicos no buscan
maximizar sus beneficios y dividendos sino que tienen como objetivo el interés general de
todos, entre los que se encuentran los consumidores finales, lo que impide discernir hasta qué
punto ésta menor rentabilidad económica realmente responde a dicho objeto social (de la que
cabe esperar otro tipo de réditos no cuantificables en tales términos) o por una deficiente
explotación por el patronazgo político.
Otro punto a tener en cuenta sería la posibilidad de que la Banca Pública se vuelva el
monedero del Gobierno de turno, que es precisamente la debilidad aparente más fuerte de este
tipo de institución. El hecho de que es el Gobierno quien otorga los nombramientos directivos
del banco estatal y mantiene vínculos estrechos de varias formas, significa que el carácter de
la Banca Pública inevitablemente refleja el carácter del Gobierno de turno, a lo que se suma el
fenómeno de la corrupción.
Una evaluación objetiva de la Banca Pública en el mundo moderno no puede llevarnos a su
designación o desprecio demagogo y sistemático, pero tampoco a la apología acrítica y
dogmática.
Sí se puede concluir que para la implantación de un nuevo modelo de banca pública, que
podría ser complementario con una banca privada socialmente responsable (ética y
cooperativa), es realmente complejo de conseguirse por dos motivos fundamentales: en primer
lugar, por el predominio de un sistema económico de pensamiento neoliberal, según el cual la
economía ha de estar fundamentada en una estructura productiva y de servicios totalmente
privatizada basada en la maximización de la eficiencia económica, y en segundo lugar, por el
enorme poder de la banca privada dominante.
Las propuestas planteadas en Andalucía.
De una banca pública a un “ICO Andaluz”
Desde el grupo de Izquierda Unida de Andalucía, socios de gobierno de la Junta de Andalucía,
han presentado una propuesta para un sistema financiero propio andaluz. El planteamiento
inicial (y el objetivo final) es el de recuperar una banca pública, aunque dada la perentoria
situación y la premura de encontrar soluciones a la actual situación económica, se han
planteado modificaciones temporales para elaborar una alternativa más viable. La idea parte
del convencimiento de la necesidad de constituir una entidad financiera pública en Andalucía,
que aporte al sistema financiero la capacidad para acometer las funciones básicas y esenciales
demandadas por la gran mayoría socioeconómica de esta Comunidad.
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Desde esa perspectiva, se considera que la alternativa con mayores competencias y márgenes
de operatividad es la de una banca pública andaluza cuyo objetivo fundamental a corto plazo,
sería el de atender a las necesidades básicas de financiación e inversión de las pymes
andaluzas viables, apoyando proyectos a medio y largo plazo y que ofrezca un asesoramiento
financiero a empresas, permitiendo que los ahorros, ingresos y recursos públicos de los
ciudadanos puedan ser destinados al interés general de la mayoría social y no al interés
individual de una minoría que busca su propio interés privado. Esta institución operaría bajo
criterios de rentabilidad que permitieran la viabilidad de la entidad y actuaría bajo criterios de
transparencia pública y políticas éticas y sostenibilidad ambiental.
El objetivo a medio y largo plazo de esta institución sería convertirse en un instrumento
fundamental que ayudara a vertebrar la planificación estratégica del desarrollo industrial,
económico y social de Andalucía, desde la idea de que toda región económica desarrollada
tiene vinculada una institución financiera fundamental que apoya y atiende a las necesidades
que la realidad histórica y estructural de su tejido productivo necesita.
Los autores de la propuesta consideran que una Andalucía económicamente soberana y menos
dependiente de las turbulencias, exigencias y comportamientos externos de los capitales
financieros internacionales, exige una entidad financiera pública con control social y
vinculada tanto a las necesidades de financiación de sus empresas como a un proyecto de
desarrollo industrial, económico y social dentro de la Comunidad Andaluza, y que además,
sirva como mecanismo para paliar y corregir los efectos negativos e impactos sociales que se
derivan de la crisis financiera y económica.
Los objetivos de esta entidad financiera pública andaluza serían:
•
Dar cumplimiento a los mandatos derivados de los artículos 157, 158 y 162 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
•
Generar un polo financiero propio de Andalucía, que sitúe a la comunidad en igualdad
de condiciones con otras comunidades autónomas dentro del Estado, así como de otras
regiones del contexto europeo.
•
Atender las necesidades básicas de financiación e inversión de las pymes y
microempresas andaluzas.
•
Apoyar proyectos a medio y largo plazo de los agentes económicos andaluces que
favorezcan el desarrollo de un nuevo modelo productivo cuyas principales prioridades
sean la creación de empleo, la atención a las necesidades sociales y la protección y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
•
Servir como instrumento para la planificación del desarrollo industrial, económico y
social de Andalucía.
•
Generar los mecanismos financieros de prevención y solución de los cambios
provocados por los ciclos económicos.
•
Captar el ahorro de la ciudadanía andaluza y crear una banca de proximidad,
constituyendo un referente de entidad financiera trasparente, ética y adecuada a las
necesidades de los usuarios, y en especial de los más modestos.
•
Proporcionar servicios financieros y crédito a personas privadas solventes a los efectos
de financiar de las familias.
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Para ello, las competencias que la entidad financiera pública andaluza debería asumir son las
siguientes:
•
Proporcionar dinero a crédito conforme a los criterios de prioridad establecidos por la
planificación andaluza y los Estatutos de la propia entidad.
•
Emitir títulos o bonos de deuda pública para financiar sus actividades.
•
Captar el ahorro de la ciudadanía, empresas e instituciones andaluzas a través de la
creación de cuentas corrientes, depósitos tanto de ahorro, como a plazo fijo, "a la vista
o" a término", "a interés o no", "acompañadas o no de facilidades crediticias", así
como otros instrumentos de captación de dicho ahorro.
•
Proporcionar servicios y productos financieros conforme a lo criterio de transparencia,
eticidad y adecuación previstos en los Estatutos de la entidad.
•
Participar en la generación de instrumentos de capital-semilla, capital-riesgo, capitaldesarrollo, etc. para el apoyo del tejido productivo empresarial andaluz.
•
Otorgar garantías o avales a inversiones u operaciones corrientes.
•
Orientar a la ciudadanía, instituciones y empresas andaluzas que lo deseen sobre las
posibilidades de ahorro e inversión que le ofrece la banca pública andaluza, así como
otras entidades financieras
•
Otras funciones propias de las entidades bancarias de índole comercial.
El capital social inicial de la entidad se nutriría parcialmente del propio Presupuesto de la
Junta de Andalucía, así como de las aportaciones que el FROB debiera realizar en nombre del
Estado, como consecuencia del acuerdo bilateral a suscribir entre el Gobierno central y el de
la Junta de Andalucía.
Existen dos posibilidades para intervenir en la actividad financiera mediante un instrumento
de este tipo. La primera es un ente administrativo, la segunda una entidad financiera. La
primera solución ya existe en la práctica o en embrión (IAF), pero no resulta adecuada para
atender al problema real del momento, el del crédito, ni los objetivos generales previstos en el
Estatuto.
La segunda opción –por la que se apuesta políticamente por los proponentes- sería la de crear
un banco, sin limitaciones en cuanto a sus actividades (crédito, depósitos, servicios bancarios,
…), que no se cierre la posibilidad de su crecimiento futuro ni coarte su capacidad de acceder
a todas las fuentes de financiación posibles. Y que ese banco sea de titularidad cien por cien
pública, con independencia de su cooperación con el sector de la economía social, banca ética,
cajas de ahorros e incluso banca privada en sentido estricto para lograr sus fines.
En cualquier caso, se considera prioritario que esta entidad esté gobernada de acuerdo con los
principios de profesionalidad, independencia, responsabilidad social, banca ética,
transparencia, participación y control desde la soberanía popular, así mismo estará adherida a
la Comisión de Arbitraje. Su actividad debe orientarse a proporcionar crédito a las actividades
en función de las prioridades definidas por la política de desarrollo económico socialmente
justo, territorialmente equilibrado y ambientalmente sostenible. El resultado de su actividad
debe cubrir los costes de la misma y posibilitar su expansión, con independencia de las
políticas de subvenciones y ayudas de la Administración que puedan ir dirigidas a los
prestatarios, por lo que no estaría afectada por la regulación comunitaria de las ayudas de
Estado.
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Por el momento, este es el planteamiento. Está por ver su impulso y desarrollo político y
legislativo para verificar si llega a concretarse en una realidad que permita contrastar la
eficacia de este instrumento en un tejido financiero que se ha visto privado del referente que
ofrecían con sus virtudes y sus defectos, las cajas de ahorro andaluzas.
Lo cierto es que en el momento actual en que nos encontramos, la creación de una banca
pública de Andalucía está resultando mucho más complicado de lo que se esperaba sobre todo
por las diferencias manifestadas en el gobierno de coalición formado en esta legislatura.
Unos y otros no se ponen de acuerdo en el tipo de entidad que debe implantarse al respecto en
nuestra comunidad, circulando en este sentido una corriente favorable a la implantación de
una banca pública en un sentido amplio defendida por IU, y otra corriente, esta defendida por
el PSOE, que se acerca más a la creación de una “entidad de crédito pública”
Recientemente, el grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para estudiar la
viabilidad del proyecto impulsado por Izquierda Unida elevó una serie de conclusiones en la
que se apuesta por la creación de un instituto o entidad pública de crédito, que permita ayudar
a las pymes, las cooperativas y los autónomos que necesitan liquidez para crear empleo.
En cualquier caso, el proceso negociador para la implantación de un modelo de banca pública
en Andalucía está resultando especialmente complicado no tanto por las imposiciones de los
socios, en especial la banca pública si no por las políticas de consolidación fiscal al que obliga
el gobierno central que supondrán 600 millones de euros menos en las cuentas públicas.
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La visión de los consumidores
Opinión y percepciones de los consumidores andaluces en relación a la
denominada “Banca Ética” o social y
respecto de las iniciativas potenciales
de banca pública
Los consumidores echan de
menos un sistema financiero
comprometido y vinculado al
territorio que pisan
Solicitan, esto es, que se dé
valor a la economía real de
esos territorios antes que a
la actividad opaca y poco
transparente derivada de la
hiperfinanciarización global
NO, 96%
Los consumidores detectan
en los proyectos de banca
ética, de manera mayoritaria,
valores que por oposición
no encuentran en la banca
tradicional
Un sondeo elaborado por ADICAE entre 2.053 consumidores andaluces
ha servido para evaluar el punto de vista que éstos tienen acerca de dos
alternativas al sistema financiero actual sobre las que se pone el foco en
momentos de crisis económica y cuestionamiento de la banca, como los
actuales.
Los proyectos de banca denominada “ética”, por dirigir su negocio financiero hacia proyectos con responsabilidad social, y las reivindicaciones sobre el papel que debería jugar una banca de titularidad
pública entran en un debate que, por lo visto en las respuestas de esta
encuesta, está bastante más vivo de lo que se nos quiere hacer creer.
Este estudio demuestra, más allá de la percepción parcial que
cada consumidor tiene de los proyectos de banca ética o del papel que
pueda jugar una banca estatal, que los consumidores echan de menos un
sistema financiero comprometido y vinculado al territorio que pisan. Solicitan, esto es, que se dé valor a la economía real de esos territorios
antes que a la actividad opaca y poco transparente derivada de la hiperfinanciarización global con la que se entró en este siglo XXI.
La encuesta, en fin, es un buen indicador de las expectativas que
los consumidores andaluces tienen hacia el sistema financiero en general, hacia dónde debería dirigirse, y cómo debería comportarse con la
ciudadanía a la que, al final, debe su cuenta de resultados.
I.- Banca ética
La primera parte de la encuesta se dirige a analizar las sensaciones que
despierta a los consumidores aquello que se ha dado en llamar ‘banca
ética’. La primera pregunta les pide elegir una definición adecuada, y
parece claro que, al menos, la característica diferencial de estas entidades
está bien recogida.
Casi la mitad de los encuestados la definen como aquella entidad
que ofrece productos cuyo objetivo es crear una utilidad de carácter social, más allá del beneficio. Y otro 27% las refiere como banco que actúa
con respeto a los derechos e intereses de los clientes y la sociedad. No
Sí, 4%
implica lo mismo una cosa que otra pero, en cualquier caso, son dos valores que están muy por encima de lo habitualmente mostrado por la
banca tradicional, al menos en España.
Los consumidores detectan en los proyectos de banca ética, de
manera mayoritaria, valores que por oposición no encuentran en la banca
tradicional. Otro cantar es hablar de la penetración en el mercado andaluz de este tipo de entidades financieras. Apenas un 4% de los consumidores andaluces tiene productos contratados con este tipo de entidades.
Ello se deriva, directamente, de que los consumidores tienen más o
Dos de cada tres consumidores muestran un impulso
inicial favorable a convertirse en usuarios de una entidad financiera con valores
de banca ética
menos claro el concepto de estas entidades, pero no son capaces de señalar alguna marca relacionada con ‘banca ética’; dos de cada tres encuestados, ante un listado de firmas y preguntados por si les sonaba
alguna de ellas, confesaron que no conocían ninguna. Triodos es el proyecto más conocido por los consumidores, dentro de un bajo porcentaje.
¿Son los consumidores clientes potenciales para estas entidades?
En efecto, el 66% de los consumidores andaluces cambiarían de banco
para ser usuario de una entidad ‘ética’. Ahora bien, no a cualquier precio;
si se aplicasen costes mayores en comisiones, o en mayores intereses crediticios o menor rentabilidad, casi la mitad de los que mostraban ese impulso favorable rectificarían, y no cambiarían de entidad. Otro tercio se
lo pensaría, sólo un 15% mantendría su idea inicial de cambiar de banco.
En efecto, la vocación social de una entidad financiera es un valor importante para los consumidores, pero las economías familiares no están
para dispendios.
¿Se cambiaría a una entidad financiera diferente si tuviera
A partir de aquí, la encuesta detalla
poder de participación en la inversión de sus beneficios?
qué valores comerciales y de oferta serían
deseables para esos futuros potenciales
clientes; una amplia variedad de productos
y servicios es valorada como imporNs/Nc, 22%
tante o muy importante por dos de cada
tres encuestados. Sin embargo, la existenSí, 66%
cia o no de una amplia red de oficinas es
No, 12%
algo que resulta de mucha menor importancia para los consumidores andaluces;
para la mitad es indiferente o no tiene importancia, y un 30% lo considera importante.
Otra cosa es hablar de condiciones
contractuales. Para la práctica totalidad
de la muestra encuestada, los costes y las
Prácticamente la totalidad
de los encuestados señalan
que el ejemplar respeto de
los derechos de los usuarios es totalmente innegociable
La mayoría de los consumidores detecta que la banca
ética tiene vocación social
y compromiso con la ciudadanía, pero no ve que
ofrezca mejores productos,
más baratos o con mejor
atención
comisiones es un aspecto importante o muy importante para cambiarse de
banco hacia uno ‘ético’. Casi la misma importancia, un 86% de los encuestados, tiene el hecho de asegurar rentabilidad para los ahorros, y otro
83% considera importante o muy importante que, haya oficinas físicas o
no, exista un trato personalizado cercano y adecuado hacia el consumidor.
Si no es cliente de banca etica, ¿cómo influiría la posibilidad de
participar en decisiones sobre el destino de las acciones sociales de la entidad “ética”, y cómo influiría el hecho de que la entidad “ética” fuese
ejemplar en el respecto a los derechos de la clientela?
Otros dos aspectos son tremendamente valorados por los consumidores a la hora de analizar si se cambiarían a una entidad de banca ética.
Se basan en la participación del cliente a la hora de decidir, y en el respeto
escrupuloso a sus derechos. Para tres de cada cuatro, participar en la decisión del destino de las inversiones del banco es importante o muy importante. Y para el 96%, prácticamente la totalidad de los encuestados, el
ejemplar respeto de los derechos de los usuarios es totalmente innegociable.
Comparación con la banca tradicional
El siguiente bloque de preguntas trata de analizar la percepción comparada
que tienen los consumidores andaluces entre la banca tradicional y la banca
ética. De las respuestas se deducen conclusiones interesantes; a modo de
En comparación con la banca tradicional, la banca ética
aplica menos comisiones y más bajas
De acuerdo
33%
En desacuerdo
8%
Ns/Nc
58%
En comparación con la banca tradicional, la banca
ética ofrece mejor rentabilidad a mis ahorros
De acuerdo
17%
En desacuerdo
23%
Ns/Nc
60%
la banca ética se ve con valores diferentes, vinculados a
la responsabilidad social corporativa, pero no tanto como
alternativa bancaria per se
por mejores precios, ofertas
o trato
resumen, que en efecto la banca ética se ve con valores diferentes, vinculados a la responsabilidad social corporativa, pero no tanto como alternativa bancaria per se por mejores precios, ofertas o trato.
Básicamente, porque al no conocerse las propias marcas, es difícil conocer sus ofertas. Así, el 58% de los consumidores no sabe si la banca
ética aplica menos comisiones que la banca tradicional. Y el 60% desconoce si hay mejor trato al ahorro.
Algo mayor percepción hay acerca de que la banca ética pueda
ofrecer un trato más cercano y más capacidad de influencia para los consumidores. Un 41% cree que el trato es más cercano –eso sí, otro 48%
no lo sabe- y un 43% cree que la banca ética facilita mayor grado de
participación –otro 50% lo desconoce-. Vuelve a confirmarse que los
consumidores la perciben como más comprometida con el desarrollo social, económico y medioambiental, un 58% de acuerdo frente a un 37%
que no sabe-no contesta.
El 59% de los encuestados no sabe si estas entidades suponen
un mayor acceso al crédito frente a la banca tradicional. Y tampoco hay
percepción de que la banca ética permita mecanismos de reclamación
más eficaces y transparentes; un 56% lo desconoce y apenas un tercio
cree que sí implicaría mejores mecanismos de reclamación. Tampoco se
percibe como más solvente.
Tampoco da la sensación de
que la banca ética sea considerada como una herramienta para la mejora del
acceso al crédito de los consumidores
La mitad de los consumidores cree que la banca ética
es más respetuosa con los
derechos de los usuarios
que la banca tradicional. Otro
44% no sabe-no contesta
¿Por qué eligen los andaluces un banco?
La fuerza de la costumbre
La mitad de los consumidores no son capaces de describir por qué no
son clientes de banca ética, y consideran la antigüedad de la entidad
como un valor a la hora de elegir su oferta.
Se puede decir que la costumbre, la tradición, la antigüedad con
el banco sigue siendo un factor fundamental para los consumidores a la
hora de elegir una u otra entidad financiera. Así se desprende de los motivos que dan para no convertirse en clientes de banca ética; un 22% dice
que lleva muchos años con su banco, y casi la mitad, directamente, dice
que no lo sabe. Eso sí, dos de cada tres encuestados considera que la
Tres de cada cuatro encuestados confirman que la información de las entidades
financieras sobre sus beneficios es importante
En general, refiriéndonos a cualquier tipo de entidad, la información
sobre lo que hacen con los beneficios ¿ cómo de importante es para
usted a la hora de decidir convertirse en cliente?
38%
6%
18%
38%
‘experiencia’ del banco, cuánto tiempo lleva funcionando, es clave a la
hora de elegirlo para convertirse en cliente. Relacionado con esto, el número de oficinas que tiene, importante o muy importante para el 60% de
los encuestados. Y, sin embargo, el 80% de los mismos cree de importancia poder hacer uso de banca electrónica con garantías.
Los encuestados señalan
que diversos valores vinculados con la filosofía tradicioLa transparencia es un valor
nal de las cajas de ahorro
Tres de cada cuatro encuestados confirman que la información de las enson importantes a la hora de
tidades financieras sobre sus beneficios es importante o muy importante
elegir una entidad financiera
a la hora de elegirlas como clientes. De hecho, la transparencia es un valor
demandado por los consumidores andaluces en sí mismo, para toda la relación cliente-entidad. Así se demuestra al hablar de transparencia informativa y facilidad para reclamar y presentar quejas, que es de importancia
para el 95% de los encuestados, prácticamente toda la muestra.
Nostalgia de las cajas de ahorro
Como consecuencia, los encuestados señalan que diversos valores vinculados con la filosofía tradicional de las cajas de ahorro son importantes
a la hora de elegir una entidad financiera. La existencia de una obra social
es valorado como importante o muy importante por cuatro de cada cinco
encuestados, y es descartado por apenas un 4% de los encuestados. A su
vez, la vocación de inversión en acciones locales y cooperación al desarrollo es considerado como importante o muy importante por tres de cada
La existencia de una obra socuatro, y sólo un 5% considera que no tiene importancia alguna.
cial es valorado como importante o muy importante por
cuatro de cada cinco encuestados
prestar atención a estos aspectos no significa que el
consumidor descuide su
prioridad fundamental como
ciudadano crítico y exigente
Ahora bien, prestar atención a estos aspectos no significa que el consumidor descuide su prioridad fundamental como ciudadano crítico y exigente. Las mejores ofertas, productos y servicios financieros son un
valor absolutamente indispensable para el 82% de los encuestados, y el
trato personal es valorado igualmente por nueve de cada diez encuestados como fundamental a la hora de elegir entidad financiera.
Si mezclamos todos estos resultados daría la sensación de que
esas entidades con mayor antigüedad, que son las que atraen a la mayor
parte de los consumidores, tendrían este mejor trato personal con el que
conseguir esas mejores ofertas; se podría decir que los consumidores
andaluces aún consideran que una relación de confianza con sus comerciales bancarios posibilita un mejor trato por parte de su entidad financiera de toda la vida.
Evaluación de la propia entidad financiero
Las mejores ofertas, productos y servicios financieros
son un valor absolutamente
indispensable para el 82% de
los encuestados
la mitad de los encuestados
no creen que su dinero en el
banco cree utilidad social.
El siguiente bloque pone a los consumidores andaluces en la tesitura de
evaluar a su propia entidad financiera, al banco con el que operan, con
arreglo a esos parámetros y valores que hemos venido analizando respecto a la banca ética. Es decir, si los encuestados consideran que su
banco tiene una visión de responsabilidad social corporativa. Los resultados son altamente ilustrativos; el primero, que el 70% de los encuestados no ve reconocido su derecho a saber cómo se usa y a qué se destina
el dinero que deja en su banco. Es más, la mitad de la muestra cree que
ese dinero que deja en su banco financia industrias bélicas, perjudiciales
para el medio ambiente o actividades que recurren a la explotación laboral.
De ello se deriva la siguiente sensación, que confirma que la
mitad de los encuestados no creen que su dinero en el banco cree utilidad
social. Otro 30% no lo sabe, de lo que se deduce que apenas uno de cada
cinco andaluces cree realmente que el dinero que deja en el banco es invertido por éste para crear actividad económica y social realmente aprovechable para la ciudadanía.
Y, por fin, sobre la propia oferta de sus entidades financieras,
dos de cada tres tiene la sensación de que no se ajustan a lo que el cliente
necesita, y son objeto de condiciones contractuales abusivas, comisiones
excesivas y otros abusos. El consumidor andaluz está despertando, está empezando a ser consciente de que su relación con su banco parte de un desEl consumidor andaluz está equilibrio en el que, además, la entidad financiera busca manipularle
torticeramente para aumentar sus beneficios. ¿La banca ética? Buena idea,
despertando, está empepero para los consumidores tiene que demostrar todavía que está complezando a ser consciente de
tamente fuera de estas prácticas.
que su relación con su
banco parte de un desequilibrio
II.- Banca pública
No 10%
Ns/Nc 23%
Sí 67%
Es valorable la importancia
de la presencia de la Administración en la gestión del
banco a la hora de decidir
convertirse en cliente
Y le reivindican unos valores, unas prácticas, que parece que se echan de
menos en la banca privada
tradicional
Importancia de la presencia de la administración en la gestión del
banco a la hora de decidir convertirse en cliente
La segunda parte de la encuesta analiza la percepción que tienen los consumidores andaluces acerca de la banca pública, es decir, de la gestión de
titularidad institucional, estatal, en las entidades financieras y del papel que
debería tener el Estado en el sistema financiero. En primer lugar, los consumidores fueron encuestados sobre la importancia de la presencia pública
en las entidades financieras para atraerlos como clientes, y un volumen importante, seis de cada diez encuestados, consideran un valor favorable, un
acicate para cambiar de banco el hecho de que haya presencia pública en
él.
Casi la mitad de los encuestados definen banca pública
como una entidad del Estado
que busque beneficios para
la sociedad y toda la economía
Uno de los aspectos más publicitados como objetivo de
una banca pública, que es facilitar el crédito, es menos
valorado por los consumidores andaluces
Pero el aspecto más destacable a la hora de analizar la percepción de los
encuestados sobre la banca pública estriba en el hecho de que le reivindican unos valores, unas prácticas, que parece que se echan de menos
en la banca privada tradicional; es como si los consumidores andaluces
volcasen sus reivindicaciones en el ámbito financiero hacia un sector
bancario público que hiciese lo que no hace el sector privado. Lo primero, en la propia definición que dan al respecto; casi la mitad de los
encuestados definen banca pública como una entidad del Estado que
busque beneficios para la sociedad y toda la economía; y otro 20% lo
define como una entidad pública en la que los clientes pueden ejercer
control y toma de decisiones. Sólo uno de cada cinco cree que es un
“banco normal” gestionado por el Estado.
30%
45%
16%
9%
Esto es, la banca pública no
ha de ser tanto para dar
cuentas y créditos a quien no
puede acceder a ellos, sino,
sobre todo, para impulsar la
economía y el tejido productivo
Preguntados sobre las características que debe tener una banca
pública, y con posibilidad de respuesta múltiple, se ve más claramente
qué valores y objetivos debe tener cualquier proyecto público de entidad
financiera: la máxima transparencia es mencionada por siete de cada
diez encuestados, y casi la mitad piden que respete al máximo los derechos de los consumidores y que haga repercutir sus beneficios e inversiones a actividad social y económica local.
Paradójicamente, uno de los aspectos más publicitados como objetivo de una banca pública, que es facilitar el crédito, es menos valorado
por los consumidores andaluces. El 39% sí señala que debería facilitar
Los consumidores andaluces
manifiestan de manera mayoritaria que una banca pública
tendría un efecto positivo
sobre el desarrollo económico de la Comunidad
Los beneficios que podría
tener la implantación de una
banca pública en España y
Andalucía podrían convivir
con riesgos de corrupción
que deberían ser vigilados
el crédito a empresas y emprendedores de su ámbito territorial, pero apenas un 18%, menos de uno de cada cinco ciudadanos, cree que debería
luchar contra la exclusión financiera de ciertos consumidores; la banca
pública no ha de ser tanto para dar cuentas y créditos a quien no puede
acceder a ellos, sino, sobre todo, para impulsar la economía y el tejido
productivo y dar oportunidades económicas a los ciudadanos. Eso sí, sí
creen que una banca pública ayudaría a paliar esa exclusión financiera
de colectivos desfavorecidos.
Dos de cada tres andaluces creen necesaria y positiva la creación
de una banca pública, y, de estos, la mitad creen que debería haber banca
pública estatal y también autonómica.
Los consumidores andaluces manifiestan de manera mayoritaria
que una banca pública tendría un efecto positivo sobre el desarrollo económico de la Comunidad. Así lo confiesa el 72% de los encuestados, y
sólo uno de cada diez cree que no tendría efecto positivo. Además, el
61% considera que se promovería una competencia en el sector financiero andaluz, de la que podrían beneficiarse los consumidores, y un
58% señala que tendría un efecto positivo sobre el respeto a los derechos
de los consumidores.
La creación de una banca pública, ¿daría lugar a nuevos riesgos de
fraude y corrupción?
Eso sí, conviene no ignorar la sensación que cala entre un porcentaje no
desdeñable de consumidores de que una banca pública podría ser caldo
de cultivo para nuevos casos de fraude y de corrupción vinculada a la
política. Cuatro de cada diez consumidores cree que no, pero uno de
cada cinco opina que sí, y un tercio de la muestra no se atreve a dar una
respuesta, lo que indica que los beneficios que podría tener la implantación de una banca pública en España y Andalucía podrían convivir con
riesgos de corrupción que deberían ser vigilados.
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https://www.capitalmadrid.com/2014/5/9/33798/la-banca-etica-capto-ahorros-por-1300millones-en-2013-pese-a-la-crisis-un-40-mas.html
http://www.bankimia.com/blog/como-son-las-entidades-eticas-que-actuan-enespana/2014/06/12/
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