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Los gobiernos
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La democracia constructiva
frente a la autocracia destructora
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Los gobiernos de
Carlos Andrés Pérez
La democracia constructiva
frente a la autocracia destructora
Gumersindo Rodríguez
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Dedicado a la memoria del presidente Carlos Andrés Pérez, para
quien los mejores premios públicos siempre fueron nuevas luchas
para seguir sirviendo a Venezuela, y para quien el tiempo era la riqueza más escasa de la que disponíamos para salir del atraso, la
pobreza y la ignorancia.
En reconocimiento: Al doctor Carmelo Lauría, mi colega en el
gabinete económico del Consejo de Ministros, quien con su inteligencia, eficiencia y probidad contribuyó significativamente a
concretar las nacionalizaciones de las industrias del petróleo y el
hierro. Al doctor Argenis Gamboa, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, bajo cuya experta conducción gerencial se consolidó el gran complejo industrial hidroeléctrico y siderometalúrgico
de Venezuela.
Al doctor Guillermo Domínguez, Viceministro de Cordiplan
quien diseñó el modelo de selección del Programa de Becas Gran
Mariscal de Ayacucho para impedir cualquier dis­cri­mi­na­ción social y política.
Al doctor Leopoldo López Gil, Director y Presidente Ejecutivo del
Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, quien con su acertada gerencia le garantizó a decenas de miles de jóvenes venezolanos procedentes de las clases trabajadoras y medias el acceso a los
mejores centros académicos de Venezuela y el mundo.
Especial mención de reconocimiento a mis hijos por el apoyo y
estímulo que me brindaron para realizar este libro y por la cooperación técnica que me prestaron desde sus respectivas profesiones:
Nelson Rodríguez Caballero (Ingeniero en Computación), Aglae
Rodríguez de Mizrahi (Economista), Francisco Rodíguez Caballero (Economista, PhD Harvard University) y Carolina Rodríguez de
Kipnis (Lingüista). Así como también a mi nieto, el economista
Jaime Mizrahi.
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ÍNDICE
Presentación de Francisco Suniaga
Presentación del autor
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Parte I
Introducción21
Parte II
Capítulo I
La expansión de la demanda popular, la productividad
de la economía y el uso de la capacidad ociosa
Capítulo II
De la nacionalización de las industrias del petróleo y del hierro
a la aplicación del V Plan de la Nación 1976-1980
33
43
Parte III
Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación
(1976-1980) 55
Parte IV
Capítulo IV
La instrumentación de las metas de inversión agrícola del V Plan
77
Parte IV
Capítulo V Las inversiones sociales y el V Plan de la Nación
85
Parte V
Capítulo VI
La realización de las metas reales y la superación de las metas
financieras del V Plan de la Nación 1976-1980
Capítulo VII
La ampliación y consolidación del patrimonio productivo del país
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95
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Parte VI
Capítulo VIII
La “reacción económica” y la ofensiva contra el V Plan de
la Nación 1976-1980
121
Capítulo IX
La contracción, la fuga de divisas y la reconcentración de la riqueza
y del poder económico 131
Capítulo X
Las consecuencias de la agresión económica contra el progreso del país 137
Parte VII
Capítulo XI
El nuevo gobierno y la persistencia de la contracción económica
Capítulo XII
En el umbral de la recuperación económica
Capítulo XIII
Una prédica económica en el desierto
Capítulo XIV
Los costos reales de una política económica equivocada
Capítulo XV
Cronología de un “fracaso exitoso” 143
147
151
159
165
Parte VIII
Capítulo XVI Los beneficios plutocráticos de las pugnas intrapartidistas
Capítulo XVII
Las presiones plutocráticas contra la renovación económica y social
171
181
Parte VIII
Capítulo XVIII
Los contrabandos ideológicos y la acción del futuro gobierno
187
Parte IX
Capítulo XIX
Búsqueda del equilibrio macrosocial
Capítulo XX
Democratización social de las instituciones
197
213
Parte X
Capítulo XXI
La conmoción social y el gran viraje de la política económica
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Capítulo XXII
Del Plan de Ajustes a la reactivación económica
Capítulo XXIII
La fragilidad del proceso de recuperación económica
231
239
Parte XI
Capítulo XXIV
La caída electoral del régimen democrático
Capítulo XXV
La farsa socialista y cleptoliberalismo
245
251
Parte XII
Capítulo XXVI
Es socialista la política monetaria de la oclocracia gobernante
257
Anexo 1. Recomendaciones sobre la nueva política económica
y el mensaje inaugural
261
Anexo 2. Medidas económicas y sociales urgentes para prevenir
explosiones de violencia en sectores marginales
267
Anexo 3. La Emergencia Económica275
Anexo 4. La inflación y las importaciones 279
Anexo 5. Pedro Rosas Bravo
El Gran Viraje y el Programa de Ajustes Macroeconómicos
puesto en práctica a partir de febrero de 1989 283
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Presentación
Desde que ocupara la jefatura de Cordiplan durante buena parte de la primera
administración del presidente Carlos Andrés Pérez, Gumersindo Rodríguez ha sido
el propulsor de un debate en el que nadie, desde el campo de la Economía ha querido
acompañarlo en sentido alguno. Se ha empeñado en demostrar en declaraciones,
conferencias, artículos de prensa y libros, que la Gran Venezuela era posible. Que las
políticas económicas restrictivas impuestas por las administraciones posteriores a
primera de CAP, en particular la de Luis Herrera Campins, cortaron un proceso de
desarrollo factible. Acepta que había para 1978 algunos desequilibrios económicos,
pero nada que no se pudiera enmendar, sobre todo si se consideran los grandes potenciales y los activos con los que para entonces contaba la República.
Su empeño en que se discutan sobre estadísticas confiables las bondades, debilidades y las enormes potencialidades económicas alcanzadas durante aquel primer
gobierno de CAP ha sido un guante que ningún colega suyo de prestigio ha querido
recoger. Por lo menos no en los términos que él lo demanda: con la publicación de
obras de rigurosidad académica que apoyen sus planteamientos, o los rechacen. Por
años ha sido, en ese sentido, una voz solitaria porque ni siquiera los economistas “del
partido” han querido acompañarlo.
Resulta también curioso que los grandes economistas que formaron parte del
segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez no hayan provisto a Venezuela con una
suerte de memoria de sus actuaciones. Pareciera que el impacto del 27 de febrero de
1989 no solo los apartó de la vida política, que en aquellos primeros tiempos de Pérez
II coparon, sino que también enmudeció sus voces.
Durante los años que corrieron entre 1993 y hasta bien entrada la larga administración de Hugo Chávez, desde el poder se demonizó la gestión de los gobiernos de CAP,
y su forma de hacer política y economía política. En esa demonización, que lideró
Chávez, participó de muy buena gana un segmento del estamento político y económico
del país, incluyendo a los medios de comunicación y sus opinadores y a voceros de su
propio partido, Acción Democrática. Tanto fue el escarnio que si le preguntaran a un
joven de hoy, por ejemplo, sobre el V Plan de la Nación, seguro tendrá muy mala opinión de un texto del que no ha leído ni una línea ni mucho menos un análisis.
A lo largo de todo este tiempo, la voz de Gumersindo Rodríguez, llamando
a un debate serio y objetivo sobre los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y sus
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programas económicos, no ha sido escuchada. Hablar mal de los gobiernos de
CAP, sin aportar sustancia ni argumentación objetiva alguna, pasó a ser un divertimento que a pesar de su ligereza técnica generó un juicio negativo condenatorio
e inapelable, contra él y sus ministros del área económica, una suerte de mito
negativo de la venezolanidad.
En los últimos años del gobierno Chávez y del chavismo, personificado en
Nicolás Maduro y su administración, ha habido un cambio de tono en los juicios
políticos sobre la democracia de 1959-1999; los venezolanos han tomado plena conciencia de lo que significó el sistema fundado por Rómulo Betancourt. Hubo necesidad de llegar a un deterioro insólito de la institucionalidad del país, a la destrucción
del aparato productivo, del signo monetario, a tasas inflacionarias anuales elevadísimas y a un nivel de crispación política intolerable para que se entendiera cuán grave
fue el error en el que se incurrió durante buena parte de los años ochenta y noventa.
Ahora se comprende que la Venezuela previa a Chávez tenía los problemas que
tienen todos los países. Que esos problemas, como en todas partes, se resolvían con
la eficiencia relativa, por lo general subóptima, como se resuelven los conflictos, en
esencia distributivos, que tienen las sociedades complejas, democráticas y modernas.
Esa realidad natural, ahora tan obvia, no fue aceptada por los venezolanos entonces
y, azuzados por el resentimiento de notables personeros nacionales, se cometió el
error de entregarle el país a las peores manos.
En la medida en que el deterioro económico, ético, político y social creado y
promovido por el chavismo ha ido carcomiendo las entrañas de Venezuela, han aparecido obras que juzgan críticamente la conspiración tácita ejecutada, se podría decir,
a partir de 1988, desde el día mismo en el que Carlos Andrés Pérez ganó su segunda
presidencia. Obras como “La rebelión de los náufragos”, de Mirtha Rivero, han expuesto a los venezolanos el error cometido y sus dimensiones y poco a poco se han
realizado las reivindicaciones políticas del período comprendido entre 1959 y 1988.
El debate ya se ha decantado y los aventureros que con sus odios y torpezas pusieron
al país bajo la bota de un coronel golpista han sido claramente identificados.
No ha sido así sin embargo en el ámbito económico. En esta importante área el
debate clarificador sigue pendiente. Hace poco más de un año, Gumersindo Rodríguez publicó dos obras en un nuevo intento por convocar ese debate: Rómulo Betancourt y la siembra de petróleo y Rómulo Betancourt y la generación política de 1958. En ellas
desmenuza analíticamente la economía política del gobierno de Rómulo Betancourt
y su relación con quienes les tocó acompañarlo en sus luchas políticas. La respuesta
ha sido tibia.
En esta oportunidad, Gumersindo Rodríguez reedita los argumentos económicos que ha esgrimido desde su salida del gobierno del primer gobierno de CAP en
1977. Añade documentos valiosísimos como son los dos memorandos que envió a
Carlos Andrés Pérez antes y después del 27 de febrero de 1989. En el primero le ex14
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presa que, aunque comparte la idea del programa, cree percibir grandes peligros en
una aplicación súbita, sin las previsiones necesarias para que el impacto del ajuste no
golpeara tan duramente a las clases populares, y aconseja una dosificación que no fue
tomada en cuenta. En el segundo, prescribe una serie de medidas que podían servir
para superar la crisis.
Va incluso más allá. Del análisis frío y objetivo de los números llega a la conclusión ahora más dolorosa: para 1992, el ajuste había cumplido sus propósitos y el país
estaba en muy buenas condiciones para reencontrar las vías del crecimiento y desarrollo económico sobre bases sólidas. El fracaso del golpe militar del 4 de febrero fue
una demostración de la fortaleza de la economía para ese entonces. Fue en el plano
estrictamente político, al parecer con el reconcomio como único argumento, incluyendo el de su propio partido, donde se generaron las maniobras que dieron al traste
con una Venezuela posible y su posterior entrega a la cleptocracia gobernante, como
la denomina el autor.
Ojalá esta vez los argumentos y opiniones emitidas por Gumersindo Rodríguez
en esta obra, Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, la democracia constructiva frente a la autocracia destructora sirvan para promover ese debate económico que los especialistas en
esa materia le están debiendo al país.
Francisco Suniaga
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Presentación del autor
En carta enviada en el mes de octubre de 2012 al doctor Ricardo Hausmann
–Ministro de Cordiplan durante la segunda presidencia de Carlos Andres Perez y
hoy eminente profesor de la Universidad de Harvard en, los Estados Unidos– le informe sobre la próxima publicación de una tercera edición de mi libro “El Primer
Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979)”. Le sugerí, además, que él y otros
economistas, como Miguel Rodríguez y Pedro Rosas Bravo, para citar solo a dos, de
tan meritoria y destacada actuación durante el segundo gobierno de CAP (19891993), deberían publicar un trabajo que explicara de nuevo a los venezolanos los
propósitos de la política económica entonces adoptada. Me refería por supuesto al
denostado programa orientado a realizar el potencial de progreso colectivo sembrado
por los precedentes gobiernos democráticos, y a corregir del pasado lo que la ciencia
y la experiencia aconsejaban en el contexto de ese momento de nuestra historia económica. Finalmente, le ratifiqué mi convicción de las bondades del programa y la
coincidencia en que el objetivo del Presidente, y de ellos como sus calificados ministros del área económica, era reorientar cualitativamente el crecimiento económico
según el potencial productivo y las preferencias legítimas de un país cada vez mas
apto para producir mejor y para derivar de esa producción grados crecientes de bienestar social.
Mi idea era que profesionales de su respetabilidad científica y de su probada
moral de servicio público escribieran un documento sobre la fundamentación de la
política económica y social del segundo periodo constitucional del presidente Pérez.
Un trabajo que nos recordara lo que Venezuela seria hoy sino se hubiera impuesto la
barbarie oclocrática sobre los buenos resultados económicos, sociales y culturales
logrados por un sistema democrático en permanente proceso de perfeccionamiento
y de profundización de su legitimidad.”
Pedro Rosas Bravo, Ministro de Hacienda durante el segundo Gobierno del
presidente Pérez, en alguna medida ha comenzado esa tarea con en detallado análisis
que explica los propósitos de corto, mediano y largo plazo de la política de ajustes
económicos –fiscales, monetarios y político-administrativos–, que fueran formulados por el Ministro de Cordiplan, doctor Miguel Rodríguez. Criterios que constituían –en mi opinión– una valiosísima contribución para reemprender ‘el crecimiento no inflacionario de la economía’, pues no teníamos por qué dudar de que podíamos
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disponer de los recursos de divisas aportados por entes multilaterales, para afrontar
la transición hacia ese crecimiento real, no inflacionario.
El planteamiento venezolano formulado en ese diseño fue, desde el punto de
vista estrictamente técnico-económico, tan bien elaborado que resultó suficientemente convincente para asegurar a las instituciones acreedores, que el uso del potencial productivo interno podía ser activado y reordenado hacia la producción de bienes transables, que generaran en el mediano plazo los recursos de cambio externo
con los cuales pagar a satisfacción el servicio de la deuda. Ello constituyó un sólido
factor para reiniciar el proceso de reexpansión selectiva de la economía, que se propone el Presidente Carlos Andrés Pérez. (ver anexo 5 ).
En el analisis del ministro Rosas Bravo, se precisan “las causas del acentuado
desequilibrio que podrían igualmente considerarse de naturaleza dual: una, de índole estructural relacionada con la persistente y marcada dependencia del sector moderno de la economía respecto a las importaciones de insumos y materias primas, lo
cual demanda una creciente disponibilidad de divisas para sostener su viabilidad. Y
otra, de naturaleza coyuntural asociada en el ámbito interno con el considerable déficit que presentó, en 1987 y 1988, la gestión financiera del sector público consolidado (5,4% y 9,3% del PTB, respectivamente). Todo ello coincidió con el otro factor
coyuntural, en el sector externo, determinado por la importante reducción de los
precios del petróleo y el peso de la deuda externa sobre la balanza de pagos”.
En una perspectiva de mediano y largo plazo,el distinguido profesional de las
ciencias economicas y experimentado funcionario en los niveles superiores de las
autoridades monetarias nacionales destaca que: “También en ese aspecto la estrategia
tuvo que ser igualmente dual: en el corto plazo, se impuso atacar los factores desequilibrantes internos y externos de tipo coyuntural. Y de manera concomitante con
la adopción de tales medidas de corto plazo, se pusieron en práctica diversas reformas de naturaleza estructural con el propósito de crear las condiciones favorables
para la puesta en escena de una nueva estrategia de crecimiento económico que le
garantizará viabilidad a la nueva política económica”.
En función de los objetivos trazados para el éxito de este programa de crecimiento económico equilibrado, el Gobierno actuó decisivamente para la expansion de
la demanda agregada interna, capaz de facilitar la absorción productiva de la mano de
obra desocupada, mediante el aumento del consumo privado esencial de las mayorias
de las clases trabajadoras y medias, y la formación de riqueza fisica y de riqueza humana para aumentar sostenidamente la productividad del trabajo y del capital.
Las estadísticas demuestran que durante el periodo analizado, la demanda agregada interna real se incrementó en más de una quinta parte –al pasar de 358.985
millones de bolívares a 437.996 millones de bolívares, y dentro de esta, el consumo
real privado –que representaba más del 82% del consumo total– se incrementó en
cerca de una cuarta parte, y la formación bruta real de capital fijo, se amplió en dos
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quintas partes. El incremento de la expansión de la demanda agregada interna real
por persona desempleada en 55% –de 584.626 bolívares a 905.900 bolívares– contribuyó a que la proporción de la fuerza de trabajo ocupada aumentara de 6 millones de
personas a 7 millones de personas –17%–. Facilitó la reducción del desempleo acumulado de 660.000 personas a 580.000 personas –14%– y a unos descensos de 4%
en la desocupación laboral y de 3% en la tasa de desempleo de la fuerza de trabajo.
Esta notoria incorporación al empleo de mano de obra –en gran medida no calificada– fue acompañada de un aumento del 4% del producto interno bruto real por
persona de la fuerza laboral ocupada.
Iniciada en el primer trimestre de 1989 y negativamente interferida por la
conjura política que ilegítimamente separo del poder al Primer Magistrado en el segundo trimestre de 1993, el programa fue el marco macroeconómico dentro del cual
se produjo durante 1990-1993 una tasa promedio anual de crecimiento real del Producto Interno Bruto No Petrolero de 5%, coincidente con la tasa anual promedio de
crecimiento de la totalidad del Producto Interno Bruto.
El impulso de este moderado pero más autosustentable progreso de las fuerzas
productivas internas se afincó en el uso socialmente más eficiente tanto de los recursos no renovables como de los recursos reproducibles. La reducción del desempleo
acumulado aseguró una mayor tasa de explotación del potencial productivo ocioso,
y una mayor participación de los ingresos del trabajo y del capital en el Producto
Interno Bruto.
Estas estadísticas y otros argumentos dados a lo largo de este nuevo libro “Los
gobiernos de Carlos Andrés Pérez, son los que me han llevado a insistir en que esta
historia se escriba y se promueva su lectura y discusión en los centros académicos y
no académicos del país. Hay que decirlo una y otra vez: el programa económico de
1989, a pesar de los acontecimientos que acompañaron el inicio de su instrumentación, alcanzó parte sustancial de sus metas y abrió el camino para la recuperación
definitiva de la economía del país. Sería un acto de justicia para el presidente Pérez y
quienes lo acompañaron en el diseño y ejecución de las políticas económicas de su
segundo gobierno.
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Parte I · Introducción
Una explicación introductoria a la primera edición (1986)
Este trabajo se propone informar sobre los logros básicos de una gestión económica de gobierno en la que me correspondió participar como Ministro de Estado
Jefe de Cordiplan y como Coordinador del Gabinete Económico del Consejo de
Ministros desde marzo de 1974 hasta enero de 1977. Esperamos estimular de esta
manera a los hombres públicos –que ocupen importantes posiciones en las decisiones del Estado– a rendir cuenta a la ciudadanía del resultado social neto del manejo
de los recursos nacionales encomendados a su administración.
No debe entenderse este trabajo de carácter económico como una obra escrita
de tipo convencional, donde aparezcan rigurosamente ordenadas las referencias bibliográficas indicativas de las fuentes conceptuales y documentales que influyeron
en los logros obtenidos y en los beneficios sociales de su distribución. En el caso de
este informe, las fuentes informativas que sustancian estadísticamente el contenido
de cada capítulo, aparecen al pie de los cuadros correspondientes. En lo que respecta a las influencias conceptuales sobre el autor, resulta imposible presentar una reseña bibliográfica. Por una parte, a pesar que en la obra de gobierno que analiza el
autor tuvo una importante participación, las decisiones las recomendaba un ente
colectivo bajo su coordinación y las adoptaba el Ejecutivo Nacional dirigido por el
Presidente de la República, según el mayor grado de compatibilidad posible entre
los intereses globales de la nación y las aspiraciones de los distintos factores sociales
que la integran. Por la otra, resultaría difícil destacar en referencias bibliográficas las
diversas influencias intelectuales sobre tantos individuos, instituciones y organismos participantes en el diseño e instrumentación de un programa gubernamental
de vastos alcances, en una economía mixta que procura lograr los propósitos sociales del Estado, mediante la concertación con el sector privado, orientada hacia los
resultados más rentables de la coordinada gestión de sus diferentes unidades operativas y empresas.
El principal objetivo de este informe es registrar y evaluar cuantitativa y cualitativamente los resultados económicos obtenidos por el Estado democrático durante
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el período en consideración, y compararlos con el costo real de los recursos colectivos aplicados.
Las técnicas de investigación utilizadas y la información procesada son los mismos que, con propósitos similares, manejan la Organización de las Naciones Unidas
y su Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Si esta misma evaluación fuera en el futuro realizada por
estos organismos, en lo sustancial llegarían a similares resultados y conclusiones.
Pero este informe, además del análisis de la gestión económica del Estado venezolano durante una etapa destacadamente significativa de su historia, también interpreta aquellos aspectos subyacentes en el campo de la economía política que condicionaron el diseño e instrumentación de las estrategias, los más importantes planes
y programas del sector público. En opinión del autor, como se precisa en los capítulos finales de este libro, importantes decisiones y realizaciones económicas del Estado durante la última etapa de la gestión analizada entraron en conflicto con intereses
económicos privados poderosos, y con las ideas de sus principales dirigentes y profesionales de las ciencias económicas objetivamente a su servicio.
Durante el período de ejecución exitosa de los programas más importantes
del Plan Económico del Estado –V Plan de la Nación 1976-1980– se ampliaron
sustancialmente las bases del potencial productivo de la nación cuya provechosa
utilización requería de una expansión sostenida de la demanda interna y de las
exportaciones de bienes de las empresas estratégicas del Estado y de las empresas
privadas que utilizan los insumos básicos producidos por éstas. Contrariamente a
las prescripciones de la moderna teoría del desarrollo en los países no industrializados, y a los mismos intereses a mediano y largo plazo del capital privado en una
economía mixta como la venezolana, se desató una poderosa persuasión ideológica
adelantada por los sectores más poderosos del establecimiento económico tradicional –apoyada en la importación de las nuevas modas ideológicas ( fashions) de
inspiración neoliberal, thatcherismo y reaganismo y luego Consenso de Washington– dirigida a crear un ambiente favorable para “redimensionar hacia abajo” la
economía venezolana –supuestamente amenazada por el gigantismo de sus empresas petroleras, siderometalúrgicas, petroquímicas y por las obras calificadas de faraónicas en hidroelectricidad, irrigación, vialidad, transporte subterráneo y navegación nacional e internacional–.
Bajo el efecto de esta persistente prédica, las nuevas autoridades que asumieron
el poder gubernamental en 1979, emprendieron el desmantelamiento de los programas en marcha con el inexplicable beneplácito de la cúspide del empresariado privado que, en la irracional defensa de sus intereses de corto plazo, contribuirían en el
mediano y largo plazo a socavar las bases de la prosperidad económica de la nación
y de sus propias empresas, del bienestar de las mayorías y de la estabilidad de sus
instituciones democráticas.
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Parte I · Introducción
Una explicación introductoria a la primera edición (1986)
Lo que vino después, todos lo sabemos. Pero no todo se perdió. Había en los
programas públicos del V Plan de la Nación 1976-1980 factores de irreversibilidad
técnica y financiera que imposibilitaban arruinar toda la arquitectura del desarrollo
–erigida a partir de 1945 por la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, rescatada de las distorsiones estructurales que le impuso la dictadura militar derrocada en 1958 y consolidada por los gobiernos democráticos durante los siguientes quinquenios constitucionales.
No tardaron en revelarse los costos sociales de la instrumentación de aquel exabrupto macroeconómico que entre otras cosas proponía la reducción de las reservas
internacionales y la promoción de la exportación del ahorro privado interno, y el recorte de las inversiones, para combatir el supuesto peligro inflacionario en una economía que el propio gobierno de turno estaba colocando en el plano inclinado del estancamiento económico, de la devaluación generadora de inflación y de la destrucción de
la demanda real de las mayorías consumidoras. Todo ello intensificaba el proceso de
sobrevaluación externa de la moneda en detrimento del empleo en los sectores productores de bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones.
La represión del aparato productivo fue acometida por quienes al frente de los
destinos de la nación durante 1979-1983, deliberadamente aplicaron la atrabiliaria
prédica contra el “sobredimensionamiento económico”, “el efecto Venezuela” y “el
plan de la destrucción nacional”. Ello ocurrió en el preciso momento en que el potencial productivo, ampliado por efecto de los grandes proyectos exitosamente concluidos, debía explotarse a plenitud mediante la expansión de la demanda agregada
interna y del aumento de las exportaciones de bienes manufacturados –competitivamente producidos a base de los insumos físicos y de los servicios disponibles en las
industrias siderometalúrgicas, petroquímicas, hidroeléctricas y cementeras, significativamente ampliadas y modernizadas durante la instrumentación del V Plan de la
Nación 1976-1980–.
La evolución de los ingresos fiscales petroleros extraordinarios generados por
la crisis que concluyó en el derrocamiento del monarca persa y en el conflicto diplomático entre el gobierno islámico de Irán y el gobierno de los Estados Unidos que
culminó en cierto momento con la triplicación de los precios de los hidrocarburos.
Pero estos recursos de divisas fueron en parte sustancial reciclados hacia los centros
financieros internacionales mediante la exportación de capitales privados, inducida
por el descenso en las tasas de rendimiento del capital privado en el país y apoyada
por las mismas autoridades monetarias. En medida importante esta canalización del
ahorro privado nacional acumulado hacia el financiamiento de las naciones más ricas, fue en parte facilitada mediante el aumento de la deuda externa del sector público, triplicada hasta alcanzar treinta mil millones de dólares. Este endeudamiento se
destinaba a cubrir la resultante escasez de divisas del mismo gobierno que recomendaba su exportación privada. El pago por parte del Estado del servicio de este pasivo
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reduciría considerablemente su capacidad para cubrir el componente importado de
ulteriores inversiones reproductivas en capital físico y en capital humano del país.
Mientras el nivel de desempleo y subempleo combinados ascendió a un millón y
medio de venezolanos aptos para el trabajo productivo y representaba un cuantioso
costo social en producción anual no realizada, las inversiones financieras privadas en
el exterior alcanzaron cerca de sesenta mil millones de dólares –más de cinco años
de valor de producción petrolera nacional–. Esta suma –de haberse aplicado a pagar
el componente foráneo de una formación neta de capital fijo dentro del territorio
nacional de más de doscientos mil millones de dólares– habría preservado el estado
de pleno empleo de la fuerza de trabajo que tendió a prevalecer durante el primer
gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Una explicación introductoria a la segunda edición (1988)
Este trabajo, en su segunda edición, continúa siendo esencialmente el mismo
en lo que respecta a la orientación de la interpretación de los hechos económicos
analizados en la primera edición, pero se agregan cuatro capítulos sobre la administración del presidente Jaime Lusinchi acerca de lo económicamente más relevante
que entonces había transcurrido de su período constitucional 1984-1989.
En estos capítulos se intenta un balance de las realizaciones económicas y sociales de la referida administración, que puede expresarse en la afirmación que encabeza uno de los correspondientes capítulos: “frente a la desastrosa administración
económica de Luis Herrera Campíns, la del presidente Jaime Lusinchi aparece como
un éxito”. Pero no fue suficiente para recuperar el tiempo perdido y resarcir a la sociedad de los cuantiosos costos incurridos durante la aplicación de aquella atrabiliaria
aventura macroeconómica. Varios fueron los factores que explican que esa administración no haya estado a la altura de las expectativas del país en lo que se refiere a la
corrección estructural de las trabas creadas al proceso de cabal aprovechamiento del
vasto potencial productivo –tanto de naturaleza física como de naturaleza humana–
acumulado durante los gobiernos democráticos instaurados en los cuatro quinquenios constitucionales iniciados en 1959. Hube de destacar que una de las más
importantes variables contrarias al logro de los propósitos del presidente Lusinchi
–derivadas de su visión social progresista y de su constructiva trayectoria parlamentaria– fue la falta de coherencia ideológica, organizativa y profesional de su equipo
ministerial y del partido de gobierno, explicables por la exacerbada pugna interna
por el liderazgo partidista. Esto minó la unidad y eficiencia del aparato administrativo en escala nacional y regional, y determinó que la dirección de las políticas económicas fundamentales y la política financiera de la gerencia de la deuda– la pública
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Parte I · Introducción
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externa y de la administración de los inventarios de divisas del país– no fueran racionalmente instrumentadas. Evidentes omisiones impidieron cumplir el propósito de
aportar el monto requerido del componente importado de un múltiplo creciente de
inversiones internas en capital fijo y en capital humano, que asegurara la continua
expansión de la demanda agregada y la industrialización “aguas abajo” de los insumos producidos por las industrias básicas, ampliadas y modernizadas en las metas
logradas del V Plan de la Nación 1976-1980. De esa manera se habría logrado trascender el umbral de los rendimientos industriales crecientes como la ruta para hacer
más competitiva la producción de bienes transables exportables y sustitutivos de
importaciones, mantener la estabilidad interna y externa del signo monetario y restablecer sobre bases permanentes el nivel de pleno empleo alcanzado durante el primer
gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Las preferencias ideológicas y los intereses específicos de representantes de sectores en el alto gobierno con una visión social considerablemente distante de la filosofía de la socialdemocracia progresista en que se inspira la doctrina de Acción Democrática, no fueron propicios para la declaración y aplicación razonable de un
legítimo diferimiento en el pago del servicio de la deuda pública externa. Esta medida habría liberado durante el período presidencial del Presidente Lusinchi suficientes
recursos de cambio extranjero asignables a un programa de capitalización interna
con amplios efectos multiplicadores en el corto plazo sobre el empleo, los ingresos
reales y el mercado de consumo de los sectores mayoritarios de la población, y en el
mediano y largo plazo habría impactado positivamente la eficiencia productiva de todo
el sistema económico. De esta manera se habría promovido la competitividad de los
diferentes sectores y actividades, contribuido a la estabilidad de los precios, atenuado
la conflictividad distributiva entre el capital y el trabajo y afianzado sobre bases más
firmes la consolidación y el perfeccionamiento de las instituciones democráticas.
Los capítulos XVII y XVIII están dedicados a analizar la capacidad de presión
política de los sectores económicos más poderosos, apoyados algunos en las inmensas fortunas internas y los capitales invertidos en los más importantes centros financieros mundiales, que se refleja en su dominante potencial de financiamiento de las
campañas electorales de los principales partidos democráticos, y en su influencia en
los medios de comunicación social que tan significativamente contribuyen a la formación de las preferencias de los electores y de los elegidos, y al desprestigio de
aquellas propuestas programáticas en el campo de las políticas económicas desfavorables a sus intereses.
En medida considerable, la obra de gobierno de la organización política representativa de las mayorías populares, que acceda electoralmente al ejercicio formal de
los poderes públicos, estará obligada a procurar la satisfacción de las legítimas expectativas económicas y sociales de los electores bajo el cerco de las restricciones opuestas por el poder subyacente de las minorías económicamente más poderosas y por un
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elevado grado de indefensión intelectual y doctrinaria de sus propios militantes y
dirigentes y de sus representantes en el Poder Ejecutivo Nacional, el parlamento, los
gobiernos regionales y municipales y los entes públicos descentralizados.
En la seguridad que Carlos Andrés Pérez ganaría la elección presidencial en
diciembre de 1988 y en la expectativa que su nueva gestión emprendería la reconstrucción económica y social que en virtud de las restricciones enfrentadas y omisiones incurridas no pudo completar el gobierno del presidente Lusinchi, gran parte del
razonamiento contenido en los capítulos agregados tenía una orientación preventiva
y procuraba contribuir a la superación de los obstáculos económicos, sociales, políticos y administrativos que podrían dificultar o impedir que durante el período constitucional de su nuevo mandato fuera alcanzada la meta de la precaria recuperación
económica en marcha y profundizados y trascendidos exitosamente los alcances progresistas de su primera administración.
Conscientes de la gravedad de la crisis estructural acumulada y del poder organizado de los factores más regresivos de nuestra sociedad para neutralizar ex post lo
que no pueden impedir ex ante advertí entonces: “AD vuelve al poder. Sigue en el
poder. La expresión más correcta es: sigue cada vez más en el gobierno y cada vez
menos en el poder. Porque el poder se ejerce cuando se controlan las fuerzas fundamentales y cuando se logra que la sociedad se mueva en la dirección de un diseño
explícita o implícitamente formulado. Pero si bien Acción Democrática está en el
gobierno, los grandes factores del capital organizado que controlan los medios de
comunicación, de formación de opinión y de imágenes y de presión psicológica, etc,
la cercan mediante procedimientos abiertos unos, sutiles otros, bien sea por presión,
por prédica ideológica, etcétera. Se logra así que AD internalice las propias conveniencias de esos poderosos sectores... El ejercicio del poder está constreñido por
otras fuerzas de la sociedad que AD no controla”.
“Pensando en el desafío que en estas condiciones críticas de la política, Carlos
Andrés Pérez tiene en mi opinión seis meses para afrontar la situación e iniciar la
respuesta a los problemas estructurales más graves. Como amigo de CAP, identificado con su obra, creo que dispone de ese lapso para salvar de la crisis inminente al
sistema, no solo en lo económico y social sino en lo político. Si no lo hace, puede
sucumbir su gobierno, sucumbir él, sucumbir el sistema. Creo que tiene seis meses
para actuar, si no entramos en un área sombría, oscura… y revelo mi incompetencia
para decir hacia dónde nos dirigiríamos… repito, si no lo resolvemos nosotros, otros
lo harán. En el oscuro panorama de la política venezolana, CAP, por su inteligencia
y por sus obras, resplandece como la última esperanza. Así lo creo.” (Agustín Blanco
Muñoz: “Acción Democrática o Memorias de una Contradicción”. Habla Gumersindo Rodríguez. Páginas 601 y 628-629. Marzo 1989).
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Parte I · Introducción
Una explicación introductoria a la tercera edición (2013)
Una explicación introductoria a la tercera edición (2013)
El Presidente Electo para el período 1989-1994, Carlos Andrés Pérez, tuvo la
deferencia en los comienzos del mes de enero de 1989 de solicitar mi opinión acerca
de lo que creía aconsejable, a los fines de su consideración, para preparar su mensaje
inaugural al Congreso de la República al posesionarse para iniciar su nuevo mandato
constitucional. Fiel a la ética de la franqueza y la lealtad que rigieron siempre nuestras
relaciones como amigos e interlocutores, le expresé, en correspondencia del 31 de
enero de 1989, los riesgos económicos, sociales y político-institucionales que podrían
derivarse inmediatamente del conjunto de medidas de tratamiento shock contempladas en el Programa de Ajuste Económico con que pensaba iniciar en su nueva administración. Este Programa podría no solo frustrar aquellos propósitos legítimos de
rectificación de las distorsiones e irracionalidades acumulados, asociadas al crecimiento cuantitativo de la economía nacional y de sus fuerzas productivas, sino también poner en peligro la estabilidad misma de la democracia venezolana.
En el memorando entregado al Presidente Electo el 31 de enero de 1989, le
expresé: “De acuerdo con la información a nuestro alcance, no hay la menor duda
que en su orientación fundamental la nueva política económica contiene implícito un
peligro de ruptura en la continuidad del pensamiento económico y social del presidente Carlos Andrés Pérez, una pérdida de identidad concep­tual con los valores del
paradigma social democrático de avanzada y un riesgo de incompatibilidad con las
realidades del poder político en la sociedad venezolana. Desde el punto de vista estrictamente técnico, en atención a las variables cuantificables de su modelo macroeconómico, poco podría obje­tarse a las proposiciones del distinguido colega Dr.
Miguel Rodríguez, en mi opinión el más brillante macroeconomista con que cuenta
el país. Pero desde el punto de vista de la trama de realidades subyacentes, no cuantificables, de la distribución del poder económico y político en Venezuela, la instrumentación súbita de ese diseño, sin la modificación de los respectivos desequilibrios
y distorsiones sociales e institucionales, nos sometería al riesgo de un fracaso no
previsible en la consistencia estrictamente economicista del análisis en que se fundamenta. Ello simplemente revela la insuficiencia de las disciplinas económicas para
aprehender toda la compleja trama de la vida económica y social de un sistema político y social en agudo proceso de crisis, descomposición y decadencia”.
Expliqué luego que: “El paquete de medidas propuesto tiene la requerida calidad técnica para convencer a las autoridades del Fondo Monetario Internacional, del
Banco Mundial, y, posiblemente, a la banca acreedora, de la necesidad de aportar
recursos financieros para la corrección de los desequilibrios externos en un ambiente de crecimiento selectivo de nuestras fuerzas productivas y para una reordenación
en la secuencia temporal del pago del servicio de la deuda externa. Consideramos que
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ésta ha sido una valiosísima contribución del “Paquete” para un crecimiento no inflacionario de la economía, formulado por el distinguido colega Miguel Rodríguez.
No tenemos por qué dudar de que podemos disponer de los recursos de divisas
aportados por estos entes para afrontar la transición hacia ese crecimiento real, no
inflacionario. El planteamiento venezolano formulado en este diseño es, desde el
punto de vista estrictamente técnico-económico, lo suficientemente convincente,
para asegurar a estas instituciones y a los demás acreedores, que el uso del potencial
productivo interno puede ser activado y reordenado hacia la producción de bienes
transables, que generan en el mediano plazo los recursos de cambio externo con los
cuales pagar a satisfac­ción el servicio de la deuda externa. Esto constituye un sólido
factor para reiniciar el proceso de reexpansión selec­t iva de la economía, que se propone el presidente Carlos Andrés Pérez’’.
Traté luego de anticipar las conclusiones principales del citado memorando en
los siguientes términos: “El problema comienza cuando se analizan la inserción de
este programa en la realidad social y política interna, y la articulación de las medidas
específicas entre sí con las variables del poder económico y político del país. La incompatibilidad entre la eficacia externa señalada en el punto precedente y la necesidad de un consejo social interno, puede generar una serie de fricciones políticas e
institucionales, que obliguen en breve plazo a la rectificación del programa, y en
consecuencia, a la pérdida de credibilidad en la seriedad y capacidad de la dirigencia
gubernamental para afrontar exitosamente la crisis. De esa manera se perdería el
apoyo de la economía privada interna para com­plementar el proceso público de inversión, se acentuaría la presión de los operadores financieros sobre la paridad de la
moneda, y se pondrían en peligro los desembolsos de los correspondientes financiamientos externos…”.
Me permití recomendar que: “El mensaje inaugural del Presidente debe centrarse, en lo relacionado con las medidas económicas, a enunciar el marco referencial
que indique y convenza a los diferentes sectores de la nación sobre su factibilidad
para corregir, durante el período, y sin traumatismos perturbadores, los desequilibrios estructurales internos y externos, sin detallar las medidas específicas contempladas. En la mente del Presidente debe estar presente la capacidad de absorción de
las medidas, sin desequilibrios innecesarios, por el potencial productivo del país, por
la solidez estructural de su sector externo a mediano plazo, por las diferentes clases
e intereses sociales y por la comunidad política democrática. La dimensión temporal
de la ampliación de las medidas, para su respectiva gradualización a objeto de suavizar en el tiempo su impacto perturbador sobre el cuadro social e institucional y asegurar el mayor grado de consenso interno para su instrumentación exitosa, debe tener importancia decisiva en este enfoque. Este análisis realista a la luz del horizonte
temporal de la aplicación de las medidas, debe referirse al contexto de decisiones
sobre aspectos tales como: la unificación cambiaria en función de la acumulación de
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Parte I · Introducción
Una explicación introductoria a la tercera edición (2013)
las reservas internacionales, la protección del valor real de los ahorros tomando en
cuenta los éxitos de la lucha contra la inflación y contra el desequilibrio externo, y los
movimientos internacionales de las tasas de interés. Aspectos tales como los aumentos de sueldos y salarios y otras medidas compensatorias según la creciente capacidad
de la economía real para absorberlos, deben abordarse conjuntamente con la reforma
progresiva del sistema fiscal en consonancia con el crecimiento del ingreso real de los
contribuyentes. Recomendé que sobre la base de una coherente declaración de principios en materia económica, el Presidente debería de inmediato abocarse con su
equipo a examinar la articulación de las medidas específicas a la luz de este marco
conceptual y metodológico. (El texto completo del Memorando del 31 de enero de
1989 para el Presidente Electo se anexa al final del libro. Anexo 1).
Anunciadas las medidas inmediatas del Programa de Ajuste de lo que se denominaría “El gran viraje”, no fuimos sorprendidos por la explosión de violencia social
en la Región Metropolitana. En conversación con el Ministro de Cordiplan del nuevo Gobierno, más tarde presidente del Banco Central de Venezuela –mi amigo el
doctor Miguel Rodríguez– en el momento en que salía para una reunión con los directivos del Fondo Monetario Internacional en Washington, le expresé lo que percibía como una desquiciadora reacción de vastos sectores empobrecidos en la precedente situación de estancamiento económico y de destrucción del poder adquisitivo
de las mayorías trabajadoras, en el sector formal y en el sector informal de la economía. Temía –le manifesté con preocupación– que al regresar de Washington podría
encontrar a la ciudad ardiendo por los cuatro costados. Así ocurrió a partir del 27 de
febrero de 1989, en lo que se conoció como “El Caracazo”.
El doctor Octavio Lepage, uno de los políticos intelectualmente más sólidos de
la dirigencia democrática del país –Ex Secretario General de Acción Democrática en
la primera etapa de la resistencia contra la dictadura militar derrocada en 1958, Ex
Presidente del Congreso Nacional, Ex Ministro de Relaciones Interiores– recuerda
aquellos turbulentos acontecimientos desatados por la llama que incendió aquella
pradera impregnada de explosivo combustible social. Comenta Lepage que en los
días iniciales del segundo gobierno de Pérez, AD incrementó sus reticencias sobre lo
que podía venir con el plan de ajustes. A la pregunta: ¿Se percibió el desastre social
del país? Expresa que: “Eso se atribuyó al aumento de la gasolina, que no hubo tal
aumento, fue posterior. Fue una reacción espontánea inicialmente. Mi percepción es
que era gente que vivía en Guarenas, que ha sido siempre una ciudad dormitorio de
Caracas, y cuando llegan y encuentran el 27 de febrero que los pasajes los han aumentado, que los habían duplicado, reclamaron y un chofer retrechero diría: ‘Esa vaina
va y el que no quiera pagar, que no se monte’. La gente se exaltó, vinieron los gritos,
quemaron un autobús y eso se trasladó a Caracas. Ahora, esa reacción, espontánea en
sus momentos iniciales en Guarenas, cuando se extiende a Caracas los malandros se
apoderaron del liderazgo de ese movimiento. No hay que perder de vista que no fue
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atacada ninguna oficina del Gobierno, no hay un solo departamento oficial que hubiera sido atacado por las turbas del 27 de febrero, fueron todos ataques a las casas
de abastos, a las ventas de la línea blanca, fue un gran robo colectivo aquello. Lo que
inicialmente comienza como una protesta legítima, se desbordó. Hay la idea, de gente que conoce de esas cosas, de que eso adquirió la magnitud que alcanzó porque
intervino en la acción alguien veterano en movilización de masas o de grupos violentos; allí aquellos extremistas, que nunca se acogieron a la pacificación, actuaron aprovechándose de aquella protesta espontánea de la gente. El país, el partido, el Gobierno, todos fueron sorprendidos por aquella revuelta”.
“Pero –agrega– es que hay otro elemento que la mayoría de la gente ignora.
Pérez lo señaló mucho después, y es que para ese momento no existía prácticamente
la Policía Metropolitana, que estaba en rebeldía, porque el Grupo Zeta era dueño de
la situación. La policía, que sí tiene entrenamiento para lidiar con disturbios callejeros, se inhibió y parece que en algunos casos hasta se sumó a los disturbios. Tuvo que
intervenir el Ejército –era Ministro de la Defensa Ítalo del Valle Alliegro– y el Ejército no sabe reprimir porque no está entrenado, por eso es tan peligroso usar las
Fuerzas Armadas en represión de disturbios, porque en cualquier momento causa un
problema muy grave”.
Conversé con el Presidente en los días que siguieron a la conmoción. Producto
del intercambio de criterios que en esa entrevista se produjo, le resumí mi opinión en
un memorando entregado el 7 de marzo de 1989. En este documento concentre mi
atención en el diagnóstico de los problemas sociales generados por las irracionalidades e ineficiencias del sistema económico que impiden su equilibrado crecimiento y
que pueden socavar las bases mismas de las instituciones del Estado democrático. En
este sentido puse énfasis particular en el hecho de que, debido a las políticas contractivas iniciadas en 1979, se detuvo el crecimiento del producto y del ingreso real y del
empleo, lo que impide ahora “absorber y neutralizar rápidamente el potencial de
violencia social en estos sectores. Entonces el tiempo que los individuos y familias
permanecían en la marginalidad se reducía continuamente gracias al crecimiento del
empleo en los sectores de la producción de bienes y servicios públicos y privados.
Existía una rotación y movilidad sociales que atenuaban el peligro que significa para
una parte sustancial de la población sobrevivir en permanente estado de creciente
miseria económica. Las “salidas” del estado de marginalidad se han rezagado y reducido de manera absoluta. Las “entradas” rápidamente se han incrementado con
la pauperización de las clases proletarias y con el proceso de proletarización de la
clase medía. El período de permanencia en la marginalidad se ha prolongado, al
mismo tiempo que la miseria que padecen estos sectores se intensifica con las oleadas
de nuevos entrantes procedentes del campo, de otros países, de las clases trabajadoras tradicionales, del crecimiento demográfico explosivo del mismo sector. Estos
deben distribuirse un producto económico, principalmente en la economía informal,
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Parte I · Introducción
Una explicación introductoria a la tercera edición (2013)
en proceso de intensificado estancamiento. Determinar el factor que transforma estas condiciones en destructiva violencia social, es como predecir, en la especialidad
de la ingeniería de resistencia de materiales, cuál es el miligramo que produce el
punto de fractura.
La proletarización de las clases medias, sobre todo la proletarización de los estratos profesionales debido al proceso inflacionario y al estancamiento en el empleo
y en las remuneraciones profesionales reales, genera un potencial de violencia organizada que al converger, en un momento crítico determinado, con la explosión social
anárquica de los sectores marginales, amenaza la existencia de todo el sistema político y social existente. En los sectores de la clase media profesional arruinada, de los
oficiales militares en los rangos bajos y medios, y en el estudiantado y de la marginalidad se genera la oferta de los impredecibles liderazgos anarquicamente estimulados
para resolver la profunda crisis estructural que padece la sociedad venezolana en las
actuales circunstancias. La convergencia de estas dos fuerzas puede determinar el
derrumbe y la sustitución del presente orden económico, social e institucional.
Después de mencionar una serie de programas específicos destinados al propósito de prevenir la conflictividad determinada por la pobreza destructora del capital
humano del país y del patrimonio institucional de la democracia, advertimos sobre
la imperatividad de una reforma fiscal que impida que los efectos positivos en el
corto plazo de una cruzada social de esta naturaleza, sean anulados poco después
mediante la destrucción inflacionaria del poder adquisitivo interno. Esta previsión la
explicamos en este documento cuando afirmamos que: “Una acción estructurada
sobre la orientación señalada en este memorándum, debe ser utilizada como pieza
táctica para inducir y obligar a los factores del establecimiento económico y de la
oposición, a aceptar una reforma a fondo del sistema de tributación sobre el consumo suntuario, las ganancias excesivas internas y externas y los incrementos en los
valores de patrimonios reales y financieros. Deberán presentarse los programas correspondientes, como una gran inversión en bienestar social y en capitalización humana, para reproducir nuestra fuerza de trabajo en condiciones cualitativas cada vez
más propicias al progreso material e intelectual del país. Pero actualmente el Gobierno estaría tan solo en condiciones de aportar una modesta cuota inicial para el despegue de los programas respectivos. Para concretar estos programas en el plazo más
corto posible, y lograr así las metas propuestas, será necesario que los sectores privilegiados y la oposición no resistan la aprobación de la reforma tributaria progresiva,
de donde habrán de obtenerse los recursos requeridos para aumentar la producción
y el consumo social de los sectores más pobres sin perjuicio de las inversiones productivas y de la solidez del valor interno y externo del signo monetario”. (Anexo (2):
Memorando para el Presidente de la República del 7 de marzo de 1989).
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Parte II · Capítulo I
la expansión de la demanda popular,
la productividad de la economía
y el uso de la capacidad ociosa
La obra de la administración de Carlos Andrés Pérez durante su primer período
constitucional respondía a la filosofía de la social democracia moderna y profundizaba
los programas de desarrollo independiente y de democratización económica del país
históricamente sustentados por el partido Acción Democrática. Estas realizaciones se
afincaron en los logros de las administraciones de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni
para proyectar la sociedad venezolana hacia nuevos horizontes de progreso colectivo.
La instrumentación de esa política dirigida por el presidente Carlos Andrés
Pérez –en la que tuve la función auxiliar de coordinador en lo económico y social–,
permitió que el Programa de Gobierno del Partido presentado al electorado en las
elecciones de 1973 se cumpliera en sus más relevantes metas, y que fuera superado
con hechos tan importantes como la nacionalización de las industrias del petróleo y
del hierro y el Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho.
En el programa electoral fue contraído el compromiso de impedir que el país se
deslizara hacia el estancamiento o marasmo económico inducido por la gestión económica
de la administración precedente durante el período constitucional 1969-1974. (Anexo 1).
Este propósito se logró mediante la combinación de una política macroeconómica expansiva para aprovechar el potencial productivo ocioso de nuestra riqueza
laboral y una política conservacionista de nuestra principal riqueza no renovable. El
alza internacional de los precios de los hidrocarburos asegurada por la organización
de los países en desarrollo que los exportan promovida por el Gobierno Constitucional de Rómulo Betancourt, fue concretada fiscalmente en Venezuela por la iniciativa de Acción Democrática en el Parlamento a fines de 1970, que estableció la
fijación unilateral de los valores de referencia de crudos y derivados. La mejora
sustancial de los ingresos fiscales petroleros fue aprovechada por la nueva administración iniciada en 1974 para optimizar la tasa de crecimiento del producto interno
no petrolero con la menor tasa de extracción posible de riqueza no renovable de
superior valor en el futuro. En la búsqueda de este objetivo de lograr un progreso
continuo de la relación incremental entre producto interno neto/ capital natural no
renovable, la producción petrolera fue reducida en cerca de un millón de barriles
diarios –de 3.461.000 a 2.404.000 barriles diarios. No obstante que el precio del
petróleo se estabiliza en 13 dólares por barril, el producto real interno no petrolero
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crece durante el primer año de gobierno en 10%, en el segundo año en 11%, en el
tercer año en 9%, en el cuarto año en 8% y en el quinto año en 4%, para una tasa
promedio de 8.4% para todo el período.
El crecimiento neto de la economía interna –que es considerablemente ilusorio
cuando se basa en el agotamiento prematuro de un patrimonio físico no reproducible– durante el período analizado resultó en una elevada proporción del mayor grado
de utilización de la riqueza humana previamente desocupada. Esto significa que la
fuente del progreso económico y social tendía a sustentarse en una riqueza cuantitativamente reproducible mediante la propia dinámica demográfica y a superarse cualitativamente en función de los niveles de remuneración laboral real traducibles en
progresos nutricionales, sanitarios, asistenciales, educativos y culturales.
La tasa de crecimiento del producto interno neto impulsado en la etapa inicial
por la explotación de la capacidad productiva física ociosa y por el uso de la mano de
obra desempleada, tendía a moderarse poco antes de la conclusión de los grandes
proyectos de inversión en capital físico y en capital humano del V Plan de la Nación
1976-1980, pero era sustancialmente superior a la alcanzada durante el período precedente en cerca de un 53%. Por esta razón el producto material interno –que constituía el 50% del producto no petrolero– se expandió en términos reales a razón de
3.009 millones de bolívares por año, es decir 2.2 veces más que el incremento respectivo de 1.377 millones de bolívares durante el gobierno del Presidente Caldera durante 1969p-1973. (Cuadro 1).
La meta de reducir sustancialmente el desempleo que subestimado en las estadísticas convencionales existentes representaba el 10% de la fuerza de trabajo en
1973, fue realizada en 1976 cuando había descendido a casi la mitad gracias a la concreción productiva de los programas de expansión económica, y declinado en
104.000 personas el número de desempleados al pasar de 350.000 a 246.000 personas. Entre 1976 y 1978, la tasa de desempleo vuelve a descender de 6% a 5% al crearse 167.000 nuevos empleos por año, lo que permitió la ocupación productiva de las
nuevas incorporaciones a la fuerza de trabajo y la absorción del desempleo acumulado en 44.000 personas por año. Esto significa que durante los dos primeros años de
instrumentación del V Plan de la Nación 1976-1980 se había alcanzado el nivel de
pleno empleo al aprovecharse el 95% de la riqueza laboral de la nación. (Cuadro 2)
La estabilidad en el uso cabal del potencial de riqueza humana del país se aseguraba, por una parte, con la conclusión de las grandes inversiones públicas constitutivas de los programas sectoriales del V Plan de la Nación 1976-1980 y sus impactos multiplicadores sobre las inversiones privadas más intensivas en el uso de mano
de obra, y por la otra, mediante una distribución del ingreso nacional real que al beneficiar preferentemente el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y medias
mantendría los niveles de demanda agregada interna cónsonos con el creciente potencial productivo de la mayor dotación de capital físico y de capital humano espe34
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Parte II · Capítulo I
Expansión de la demanda popular, productividad de la economía
y uso de la capacidad ociosa
cializado representado en programas tales como los de entrenamiento técnico coordinados por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y el Programa
de Becas Gran Mariscal de Ayacucho.
La distribución racionalmente más justa del ingreso nacional constituía simultáneamente una meta para profundizar la justicia social en una moderna democracia
económica y un instrumento al servicio de la explotación cabal y de la ininterrumpida ampliación del potencial económico de la nación. De esa manera se podría garantizar la adecuación de la demanda de bienes y servicios a la capacidad real de la
oferta para satisfacerla en condiciones de productividad creciente y de solidez interna
y externa del signo monetario y de solvencia de las cuentas fiscales y del patrimonio
público. Respondiendo a estos propósitos del Estado democrático, y en función de
sus iniciativas distributivas y redistributivas, durante 1974-1978 los ingresos laborales
reales, –que entre 1970-1973 alcanzaron 656 millones de bolívares por año– aumentan durante los dos primeros años de la nueva gestión administrativa en 4.193 millones de bolívares por año, es decir, 6.4 veces el valor anual alcanzado durante la precedente administración socialcristiana. En medida significativa, este espectacular
ascenso del poder adquisitivo laboral fue posible por la mejora en los términos de
intercambio del país debido al alza previamente ocurrida en los precios de los crudos
y derivados que se reflejó en una decisiva absorción por el sector público de la participación del capital en el ingreso nacional, lo que en consecuencia facilitó su racional
redistribución a favor de las clases trabajadoras y medias y su impacto expansivo
sobre la demanda agregada interna en función del cabal aprovechamiento del potencial productivo ocioso en las diferentes actividades productivas nacionales.
Después del efecto inicial del aumento decretado de sueldos y salarios en el
sector público y el sector privado, los ingresos reales de las clases trabajadoras y medias continúan incrementándose a un ritmo cónsono con el crecimiento de la productividad de la economía interna. Durante 1976-1978 los ingresos reales laborales
ascendieron a razón de aproximadamente 3.000 millones de bolívares por año. Estas
conquistas laborales fueron el resultado tanto de un aumento de la productividad del
trabajo como de una más favorable distribución del ingreso bajo la acción protectora
del Estado, complementada por un incremento en el producto real per cápita de
5.095 bolívares en 1974 a 5.880 en 1978, del producto real de la fuerza laboral por
persona de 15.924 bolívares a 18.672 bolívares, del ingreso real per cápita de 4.280
bolívares a 5.222 bolívares y de la remuneración real laboral per cápita de 6. 193 bolívares a 8.229 bolívares. En consecuencia, en el reparto del ingreso real, mientras las
remuneraciones del capital crecían anualmente a una tasa del 10%, las remuneraciones del trabajo lo hacían a una tasa del 21%. Por una parte, ello permitió que la sociedad venezolana se moviera hacia una nueva frontera de justicia distributiva al
disminuir la tasa de explotación del factor trabajo, pues mientras en 1974 los ingresos
reales de los trabajadores representaron 1.50 veces los ingresos totales del capital, y
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en 1978 pasaron a representar 1.72 veces el valor de la misma variable. Por otra parte,
esta expansión del poder adquisitivo de las mayorías trabajadoras permitía sostener
altos niveles de demanda agregada interna en la que el consumo privado representa
su mayor componente, y dentro de éste predominaba el consumo esencial de los
trabajadores y de las clases medias, que decisivamente contribuía a la explotación de
la capacidad instalada, de las tierras ociosas y de la mano de obra desempleada. A
pesar de que la población se incrementó entre 1974-1978 en 1.500.000 personas, el
consumo real per cápita de bienes de consumo básicos pasa de un promedio anual de
1.288 bolívares en el período precedente a 1.711 bolívares en 1974-1978, es decir 1.3
veces más. (Cuadros 3, 4 y 5).
A medida que la tasa de crecimiento real de las remuneraciones laborales exceda la tasa de crecimiento de la población en general, y la tasa de crecimiento de la
fuerza de trabajo en particular, tendía a aumentar sostenidamente el consumo productivo de las clases trabajadoras y de las clases medias traducibles tanto en más
elevados grados de bienestar colectivo como en crecientes rendimientos productivos
de la propia riqueza humana. Esa inversión social de los hogares en la forma de consumo esencial, salud, educación y cultura fue durante el quinquenio presidencial
1974-1978 complementado en el área de la educación superior mediante el diseño y
efectiva instrumentación del Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, que al
autor de este estudio correspondió crear y dirigir durante su gestión ministerial durante 1974-1977. Este proyecto, iniciado cuatro meses después de la instalación del
nuevo gobierno e incorporado luego a los programas del V Plan de la Nación 19761980, trazó una meta inicial de 15.000 becas, de las cuales se habían otorgado dos
años después cerca de 11.000. Más de 7.000 jóvenes estudiaban en excelentes universidades del exterior y el resto en universidades nacionales. Miles de venezolanos jóvenes procedentes de las clases trabajadoras y medias, seleccionados de acuerdo con
su coeficiente intelectual y su potencial de excelencia académica, sin discriminación
social y política alguna, viajaron al exterior a realizar sus estudios en las disciplinas
científicas, técnicas y humanísticas previamente establecidas de acuerdo con las prioridades públicas y privadas establecidas en el V Plan de la Nación 1976-1980. Los
gobiernos democráticos subsiguientes mantuvieron la continuidad de este Programa, que benefició durante el período 1974-1998 a cerca de 84.000 jóvenes, de los
cuales el 96% culminó exitosamente sus estudios según certificación del respectivo
organismo cultural de la Organización de las Naciones Unidas.
36
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Parte II · Capítulo I
Expansión de la demanda popular, productividad de la economía
y uso de la capacidad ociosa
Gráfico 1
Fuente: B.C.V.: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1973, 1979 y 1983.
Gráfico 2
Fuente: B.C.V.: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1973, 1979 y 1983.
37
GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 37
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L os
gobiernos de
C ar los A ndrés P érez
G umersindo Rodríguez
Gráfico 3
Fuente: B.C.V.: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979.
Gráfico 4
Fuente: B.C.V.: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1978 Y 1983.
38
GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 38
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Parte II · Capítulo I
Expansión de la demanda popular, productividad de la economía
y uso de la capacidad ociosa
Gráfico 5
Fuente: B.C.V.: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1980 Y 1983.
Gráfico 6
Fuente: B.C.V.: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979, 1980 Y 1983.
Cordiplan: Mensaje del Presidente al Congreso, 1976.
GRÁFICO 7
39
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L os
gobiernos de
C ar los A ndrés P érez
G umersindo Rodríguez
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1981 y 1983; Informe Económico 1979.
Cuadro Nº 1
CRECIMIENTO Y MODIFICACION ESTRUCTURAL DEL PRODUCTO
TERRITORIAL BRUTO
(EN MILLONES DE BOLIVARES A PRECIOS DE 1968)
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
(1)
(2)
PTB
PTB
PETROLERO
1/
46,706
10,089
50,917
11,176
52,469
10,640
54,173
9,687
57,471
10,288
60,978
9,147
64,590
7,118
70,015
7,178
74,796
6,997
77,024
6,841
77,396
7,366
78,857
6,849
75,628
6,614
76,144
6,137
72,494
5,884
(3)
PTB
NO PETROLERO
36,617
39,741
41,829
44,485
47,183
51,831
57,472
62,837
67,799
70,183
70,030
72,008
69,014
70,007
66,610
(4)
(5)
(3:1)
PTB 2/
MATERIAL
INTERNO
0.78
16,446
0.78
18,509
0.80
19,513
0.82
21,208
0.82
22,640
0.85
24,473
0.89
27,154
0.90
29,567
0.91
32,452
0.91
34,510
0.90
34,464
0.91
34,043
0.91
34,214
0.92
35,163
0.92
32,783
(6)
(7)
(5:3)
PTB
AGRICOLA
0.45
3,419
0.47
3,544
0.47
3,592
0.48
3,543
0.48
3,730
0.48
3,958
0.47
4,236
0.47
4,083
0.48
4,403
0.49
4,545
0.49
4,677
0.47
4,765
0.50
4,676
0.50
4,843
0.49
4,863
(8)
(7:5)
0.21
0.19
0.18
0.17
0.16
0.16
0.16
0.14
0.14
0.13
0.14
0.14
0.14
0.14
0.15
Fuente: BCV: Informe Económico 1973 A-1V-3; Informe Económico 1979 A-IV-3; Informe Económico Indicadores
Básicos II.4; Informe Anuario de Series Estadísticas 1982 V1-3; Informe Anuario de Series Estadísticas 1983 VI-3.
1/ = Incluye Refinación.
2/ = Incluye agricultura, manufactura (sin refinación de petróleo), minería, electricidad y agua, construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones.
40
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Parte II · Capítulo I
Expansión de la demanda popular, productividad de la economía
y uso de la capacidad ociosa
Cuadro Nº 2
FUERZA DE TRABAJO Y NIVELES DE OCUPACION
(EN MILES DE PERSONAS)
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
(1) TOTAL
FUERZA DE TRABAJO
(2) TOTAL
OCUPACION
(3) TOTAL
DESEMPLEO
3,832
3,981
4,125
4,219
4,421
4,561
4,685
4,806
3,586
3,781
3,919
4,001
4,149
4,272
4,351
4,337
246
200
204
218
272
289
333
469
(4) TASA DE
DESEMPLEO
( 3:1)
0.06
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.07
0.1
Fuente: BCV: Informe Económico 1980 A-1V-13; Anuario de Series Estadísticas 1982 V1-121; Informe Económico 1983 CUADRO VI-54; Anuario de Series Estadísticas 1983 VI-92.
Cuadro N° 3
PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO E INGRESOS
(En millones de bolívares)
(1)
P.T.B.
(Real)
a/
(2)
P.T.B.
(Nominal)
(3)
Ingreso
Nacional
(Nominal)
(4)
(1:2)
(5)
Ingreso
Nacional
Real a/
(6)
Remuneración
Laboral
(Nominal)
(7)
Remuneración
Laboral
Real a/
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
50,917
52,469
54,173
57,471
60,978
64,590
70,015
74,796
77,161
77,396
78,857
75,628
76,144
72,494
52,309
57,416
61,797
73,477
112,506
118,280
135,317
155,884
170,956
207,737
254,201
285,208
291,268
285,263
42,105
46,064
51,555
61,885
99,907
105,510
122,264
139,765
152,478
185,417
230,304
259,170
253,273
232,140
0.97
0.91
0.88
0.78
0.54
0.55
0.52
0.48
0.45
0.37
0.31
0.27
0.26
0.25
40,842
41,918
45,368
48,270
53,950
58,031
63,578
67,087
68,615
68,604
71,394
69,976
65,851
58,035
21,012
23,083
25,864
28,652
36,451
45,713
53,978
63,728
75,437
86,602
105,143
119,642
124,529
124,785
20,382
21,006
22,760
22,349
19,684
25,142
28,069
30,589
33,945
32,042
32,594
32,303
32,378
31,196
Fuentes: BCV: Informe Económico 1979. A- IV-3. A-IV-1 A-IV-4; Informe Económico 1983. Indicadores Básicos II.4;
Anuario de Series Estadísticas 1982. VI-1. V-3. VI-4; Anuario de Series Estadísticas 1983. VI-2. VI-3. Vl-4
(a/) A precios de 1968
41
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L os
gobiernos de
C ar los A ndrés P érez
G umersindo Rodríguez
Ingreso Real Per
Cápita
(4:1)
Remuneración
Laboral Per Cápita
(5:2)
(1)
1970 10,275
1971 10,612
1972 10,939
1973 11,279
1974 11,631
1975 11,993
1976 12,361
1977 12,736
1975 13,122
1979 13,515
1980 13,920
1981 14,408.7
1982 14,818.2
1983 15,211.8
P.T.B. Per Persona
de Fuerza Laboral
(3:2)
P.T.B. Per Cápita
(3:1)
Ingresos Laborales
Reales
Ingreso Nacional Real
(millones de
Bs. a precios de 1968)
P.T.B.
(millones de Bs. a
precios de 1968)
Fuerza de trabajo
(miles de personas)
Población
(miles de habitantes)
Cuadro Nº 4
PRODUCTIVIDAD SOCIAL DE LA FUERZA DE TRABAJO
(2)
3,288
3,396
3,500
3,609
3,722
3,820
3,832
3,981
4,125
4,219
4,421
4,561
4,685
4,806
(3)
50,917
52,469
54,173
57,471
60,978
64,590
70,015
74,796
77,024
77,396
78,857
75,628
76,144
72,494
(4)
40,842
41,918
45,368
48,270
53,950
58,031
63,578
67,067
68,615
68,604
71,394
69,976
65,851
58,035
(5)
20,382
21,006
22,760
22,349
19,684
25,142
28,069
30,589
33,945
32,042
32,594
32,303
32,378
31,196
(6)
4,955
4,944
4,952
5,095
5,243
5,386
5,664
5,873
5,880
5,727
5,665
5,249
5,139
4,766
(7)
(15,485)
(15,450)
(15,478)
(15,924)
(16,383)
(16,908)
(18,271)
(15,788)
(18,672)
(18,345)
(17,837)
(16,581)
(16,253)
(15,054)
(8)
(3,975)
(3,956)
(4,147)
(4,280)
(4,638)
(4,839)
(5,143)
(5,268)
(5,229)
(5,076)
(5,129)
(4,857)
(4,444)
(3,815)
(9)
(6,199)
(6,186)
(6,503)
(6,193)
(5,289)
(6,582)
(7,325)
(7,684)
(8,229)
(7,595)
(7,373)
(7,082)
(6,911)
(6,491)
BCV: Informe Económico 1979. A-IV-111.A-1V3: Informe 1980, A-IV-13; Anuario de Series Estadísticas 1981.V1-134.
VI-124; Informe Económico 1983; Indicadores Básicos II.4; CuadroVI-51. Cuadros No. 1, 2, 4 y 5.
Cordiplan: Mensaje del Presidente de la República al Congreso Nacional 1976. Cuadro N°21.
Cuadro N° 5
RELACION ENTRE REMUNERACION DEL TRABAJO
Y REMUNERACION DEL CAPITAL
(en millones de bolívares a precios de 1968)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
(1)
Remuneración
Laboral Real
20,382
21,006
22,760
23,349
19,684
25,142
28,069
30,589
33,945
32,042
32,594
( 2)
Remuneración Real
del Capital Privado
14,749
13,741
15,550
17,066
13,100
14,341
17,963
17,733
19,758
20,187
20,893
( 3)
(1:2)
1.38
1.53
1.46
1.37
1.50
1.75
1.56
1.72
1.72
1.59
1.56
Fuentes: Cuadro N° 3.
42
GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 42
04/11/2013 04:03:15 p.m.
Parte II · Capítulo II
De la nacionalización de las industrias del petróleo y del hierro a la aplicación
del V Plan de la Nación 1976-1980
Parte II · Capítulo II
De la nacionalización de las industrias del
petróleo y del hierro a la aplicación del
V Plan de la Nación 1976-1980
La decisión histórica de la nacionalización de las industrias estratégicas del petróleo y del hierro y la mayor, capacidad económica del Estado para concentrar una
parte determinante del excedente generado en los sectores productivos, interno y
externo, se tradujeron en una modificación radical en el cuadro de la distribución de
la remuneración global del capital en el país.
Durante 1970-1973, el sector público tan solo captó el 32% de las utilidades del
capital en el país (excluyendo los impuestos internos sobre los ingresos del capital
nacional), para captar durante 1974-1978 el 56%. Este proceso no solo aseguró un
mayor control de la sociedad sobre los beneficios del capital, sino que permitió garantizar una masa crítica de recursos financieros para ampliar la escala y la calidad
del patrimonio público en las alturas dirigentes de la economía. (Cuadro 6).
Sobre la base de este poder económico del Estado y de una mayor existencia de
recursos productivos internos generados por el uso de la capacidad instalada y de la
mano de obra antes desempleada y del ambiente de confianza económica y de paz
social gracias a la creciente satisfacción de las expectativas de las mayorías, el Estado
democrático pudo disponer de una amplia y sólida base social de apoyo para acometer y consolidar la más importante transformación en la distribución del poder económico que conozca la historia del país, al establecer el control por el Estado venezolano de las propiedades y derechos de las empresas transnacionales del petróleo y
el hierro, y para la realización de un vasto programa de inversiones reproductivas en
“las alturas dirigentes de la economía”–petróleo y gas, aluminio y acero, electricidad
y agua, petroquímica y cemento, transporte marítimo y aéreo, tele comunicaciones,
etc.
La nacionalización de la industria petrolera permitió que parte significativa de
sus beneficios que antes se fugaban al exterior, se incorporaran en proporción determinante al patrimonio productivo nacional. De no haber sido por la nacionalización
del petróleo en 1976, entre ese año y 1983 las transnacionales del petróleo habrían
trasegado a sus casas matrices cerca de 60.000 millones de bolívares de utilidades
netas, o sea unos 10.000 millones de bolívares por año.
Durante ese proceso expansivo de la economía venezolana, el déficit de las
empresas no extractivas del sector público, –que alcanzó durante el gobierno del
presidente Rafael Caldera cerca de 430 millones de bolívares (108 millones de bolí43
GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 43
04/11/2013 04:03:15 p.m.
L os
gobiernos de
C ar los A ndrés P érez
G umersindo Rodríguez
vares por año) –en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se transformó en un
superávit de 9.771 millones de bolívares– cerca de 2.000 millones de bolívares por
año. (Anexo 2).
En el contexto de las condiciones económicas, sociales y financieras mencionadas se diseñó e inició la instrumentación del V Plan de la Nación 1976-1980.Los
fundamentos conceptuales del V Plan de la Nación respondían a la filosofía económica más avanzada de la socialdemocracia en general y a la visión doctrinaria implícita en los programas del partido Acción Democrática en particular. Se estableció
expresamente en su texto que el Plan “se fundamentaba en el diagnóstico crítico de
la sociedad económica del país y se proponía ordenar la acción del Estado hacia la
consolidación de una economía de servicios con miras a la capitalización social en el
hombre. Esta economía de servicios debe apoyarse en una sólida economía de producción que garantice el bienestar material de todas las clases de la población. “En el
sector social de la economía se medirá el resultado final de la gestión productora de
la sociedad. Los indicadores de los resultados de la gestión del aparato social de producción deben expresarse en los avances en calidad y cantidad de consumo real de
bienes, de los niveles educativos y culturales, de la dotación de viviendas, de los de
salud y protección social, etc. El éxito del sistema de producción no debe medirse
solo en términos de Producto Territorial Bruto o Ingreso Per Cápita, sino fundamentalmente en términos de su contribución directa e indirecta al logro de los indicadores del sector de economía social que capitalice en el hombre. El simple crecimiento
de las magnitudes técnicas del Producto Territorial Bruto y del ingreso Per Cápita no
constituye un indicador de éxito de la gestión económica de la sociedad, sino va
acompañado de las necesarias relaciones de distribución de los frutos del progreso
económico que garantice a las mayorías adecuados niveles de consumo y ahorro
personal y familiar, mayores niveles de salud, vivienda y educación y un creciente
grado de participación en la vida social e institucional del país”. (Anexo 3).
Demostrada la capacidad y eficacia del Gobierno durante los dos primeros años
de su ejercicio al asegurar la expansión de la economía y transformar su crecimiento
en una más justa distribución y disfrute de los bienes y servicios producidos, el V
Plan de la Nación 1976-1980 concentraría sus prioridades en la aplicación de una
parte sustancial de los recursos disponibles a los programas de inversión básica en la
infraestructura productiva sobre la que sólidamente se apoyaría el sistema nacional
de producción. De esa manera se suministrarían con grado creciente de eficiencia
nacional los bienes finales y los servicios necesarios al proceso de continua capitalización social en el hombre.
Contra el escepticismo surgido de la ignorancia de quienes se alarmaron con el
exitoso proceso de expansión real y se erigieron desde entonces en los predicadores
del estancamiento económico, los responsables del diseño e instrumentación del V
Plan de la Nación 1976-1980 partíamos de la premisa realista de la existencia en la
44
GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 44
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Parte II · Capítulo II
De la nacionalización de las industrias del petróleo y del hierro a la aplicación
del V Plan de la Nación 1976-1980
economía nacional de recursos productivos excedentes transformables en mayores
niveles de producción material representada en más bienes finales de consumo y uso
y en una proporción de medios de producción de eficiencia creciente en razón de los
avances científicos y técnicos y de la mejora cualitativa del capital humano nacional.
El hecho de que para 1978 el país estuviera concretando física y económicamente las
principales metas del V Plan de la Nación 1976-1980 en los sectores básicos –sin retrocesos en la productividad total de los factores– comprobada la existencia de ese
potencial no aprovechado que se materializaba en más elevados volúmenes de producción, inversión y consumo. De no haber existido el potencial real de producción
de nuestra hipótesis, las metas reales del V Plan de la Nación no habrían podido
concretarse físicamente, y en consecuencia se habrían experimentado poderosos desequilibrios entre la demanda y la oferta, fuertes e irreversibles presiones inflacionarias y bruscos cambios en el valor externo del signo monetario.
En el contexto cambiario de una paridad de Bs 4,30 por dólar, el índice de precios al por mayor que para 1974 había crecido en 16.7%, lo hace en 13.7% en 1975,
en 7.2% en 1976, en 10.4% en 1977 y en 1978 en 7.4%.
Como puede inferirse del análisis en el capítulo precedente, el potencial impacto negativo de este incremento de precios en el poder real de compra final de las
mayorías consumidoras, fue significativamente neutralizado por el mayor número de
miembros de las familias productivamente empleados, la solidez en el valor externo
del bolívar que proscribía la devaluación como determinante inflacionario del índice
de precios al consumidor, la posibilidad de menores márgenes de comercialización
administrables por productores y comercializadores nacionales en razón de los costos unitarios decrecientes a medida que crecían los volúmenes de producción y ventas y se utilizaba cabalmente las capacidades industrial, agroindustrial y comercial
ociosas. En este contexto expansivo, la política de precios se orientaba hacia el logro
de una distribución justa entre los empresarios y las mayorías consumidoras de los
beneficios adicionales generados por la escala superior de la producción, la mayor
productividad de todos los factores, y los progresos tecnológicos alcanzables con la
modernización de las fuerzas productivas privadas con el apoyo de los créditos y
avales del Estado. La profundización de la competencia legítima entre productores,
importadores y comercializadores, y la gradual restricción por el Estado de las prácticas monopólicas u oligopólicas, reforzaba esa orientación del sistema de precios
dirigida a la protección del consumo esencial de las familias de la clase obrera y de la
clase media, y contribuía a que el índice del costo de la vida, –que mide los precios
finales pagados por las mayorías consumidores– creciera a una tasa anual de 8% , es
decir en un 27% menos que la respectiva tasa de crecimiento del índice de precios al
por mayor. (Banco Central de Venezuela: Informe económico 1979, A-187, 188 y 189).
A pesar de que durante el período inicial de instrumentación del V Plan de la
Nación 1976-1980 se fueron convirtiendo en un múltiplo de inversiones en estructu45
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G umersindo Rodríguez
ras físicas de producción parte sustancial de las reservas de divisas acumuladas al
inicio de la década gracias a los precios más elevados del petróleo, las reservas netas
internacionales del país -es decir las acreencias externas menos las deudas externasque durante 1973-1974 alcanzaron un valor promedio anual de 18.624 millones de
bolívares –4.331 millones de dólares–, durante 1977-1978 alcanzaron 33.722 millones de bolívares –7.842 millones de dólares–. Entre 1977-1978 esta posición externa
acreedora neta permitió al país obtener de sus activos financieros invertidos en el
exterior cerca de 2 veces más que los intereses que debía pagar en el servicio de su
deuda externa. (Cuadros 7 y 8).
Las metas del V Plan de La Nación 1976-1980 se fundamentan sobre una base
realista del potencial de crecimiento del país, como lo revelan las cifras sobre los logros durante los primeros dos años (1976-1978) de aplicación de este importante
instrumento de desarrollo. El desconocimiento de la vigencia integral del V Plan de
la Nación se pone en marcha a partir de 1979 por parte de la administración del
Presidente Luis Herrera Campíns. El V Plan de La Nación se proponía durante 19761980 alcanzar una tasa de crecimiento real del Producto Territorial Bruto de 8.2%
anual, y para los primeros años (1976-1978) de 7.2%; en 1976 alcanza 8.4% y en
1977,8%; las medidas restrictivas adoptadas en 1978, redujeron la tasa de crecimiento
a 3%. Ello significa que durante los primeros años de ejecución del V Plan(19761978) se logró una tasa de crecimiento del producto territorial de 6.1% en relación
con una meta de 7.7%, es decir cerca del 80% de esta meta. De no haber ocurrido el
proceso restrictivo de 1978, y de haberse mantenido el promedio en la tasa de crecimiento de los dos años precedentes (7.6%), la tasa de crecimiento del producto territorial bruto habría representado para todo el período en que nos correspondía aplicar
el V Plan (1976-1978) el 93% de las metas. Es bueno destacar que las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno al final de su período estuvieron motivadas, por una
parte, por el propósito de liberar recursos físicos y humanos (cemento, mano de obra
calificada, etc.) requeridos para la concreción de los programas de inversión básica
que estaban siendo absorbidos por la sobreexpansión de áreas no prioritarias del
sector privado, como la construcción comercial y residencial de lujo; y por la otra, por
las limitadas existencias de divisas debido al excesivo gasto externo de consumo
privado, en los que se destacaban los pagos por la demanda de servicios turísticos y
la compra de bienes de consumo conspicuo o prescindible. Esa restricción selectiva
aplicada en 1978 aseguró la continuidad de los programas de inversión básica, y redujo el ritmo de crecimiento de los gastos socialmente improductivos de los estratos
más ricos del sector privado, lo que se tradujo en una desaceleración de la tasa de
aumento del producto territorial estimado convencionalmente en las cuentas nacionales sin ponderar debidamente su contribución neta al bienestar global de la nación.
De todas maneras, el crecimiento del producto interno bruto no petrolero –y dentro
de éste su componente material– como el indicador más importante del progreso de
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Parte II · Capítulo II
De la nacionalización de las industrias del petróleo y del hierro a la aplicación
del V Plan de la Nación 1976-1980
las fuerzas productivas internas se correspondió con los objetivos fundamentales del
V Plan de la Nación 1976-1980. Para esta magnitud que había ascendido de 82% del
Producto Territorial Bruto en 1973 a 89% en 1975, se estableció una meta para aumentar su participación de 92% para los años finales del V Plan de La Nación 19761980. Esta meta ya se había logrado en su totalidad en 1978. (Cuadros 9, 10 y 11).
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Cuadro N° 6
PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO EN LA REMUNERACION GLOBAL DEL CAPITAL
(en millones de bolívares a precios corrientes)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
(1)
(2)
Remuneración Superávit o
Global del
Déficit de las
Capital
Empresas no
Extractivas el
Estado a/
21,093
22,981
25,691
33,233
63,456
60,797
68,286
76,037
77,041
99,574
123,958
137,281
-332
-176
-53
131
2,394
2,322
1,683
1,690
1,682
-819
-3,609
-1,222
(3)
Utilidad
Neta de
Industria
Petrolera
3,760
7,805
6,221
12,480
14,813
14,234
(4)
(5)
(6)
(7)
Regalía e
Participación Remuneración (6:1)
Impuesto
Pública
Capital Privado
sobre la renta
(2+3+4)
(1:5)
en petróleo y
hierro
3,888
7,881
8,020
11,353
36,802
31,688
28,297
29,599
25,231
33,358
45,358
70,888
3,556
7,705
7,967
11,484
39,196
34,010
33,740
39,094
33,134
45,015
56,562
83,900
17,537
15,276
17,724
21,749
21,749
26,787
34,546
36,943
43,907
54,559
67,396
53,381
(0.83)
(0.66)
(0.69)
(0.66)
(0.38)
(0.41)
(0.51)
(0.49)
(0.57)
(0.55)
(0.54)
(0.39)
BCV: Informe Económico 1979. A-IV-4. A-V-39. A-V-42. A-V-13; Informe Económico 1983. VI -2. a/ Antes de Pagar Impuesto Sobre la Renta.
Cuadro N° 7
RENDIMIENTO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y CANCELACION DEL SERVICIO
DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
(en millones de bolívares a precios corrientes)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
(2)
(3)
(4)
(I)
Tipo de Interés
Intereses
Intereses
Reservas
en los Estados Obtenidos de Pagados sobre
Internacionales
Unidos.
las Reservas Deuda Pública
Netas
a/
Internacionales
Externa
3,871
5.03
195
172
5,803
3.72
216
180
6,633
5.21
346
219
10,080
7.54
760
275
27,168
7.28
1,978
271
37,831
5.27
1,994
234
36,688
4.41
1,618
437
34,767
6.33
2,201
913
32,676
9.42
3,078
1,730
37,922
12.39
4,699
2,408
38,206
14.87
5,693
4,100
49,059
11.90
5,838
5,762
49,983
8.15
4,074
5,208
52,378
9.28
4,861
5,009
(5)
(3:4)
(1.13)
(1.20)
(1.57)
(2.76)
(7.29)
(8.52)
(3.70)
(2.41)
(1.78)
(1.95)
(1.39)
(1.01)
(0.78)
(0.97)
(6)
Servicio
(7)
Total Deuda
(3:6)
Externa
298
476
652
742
1,357
1,259
3,458
4,210
4,177
6,128
9,124
9,807
12,550
8,647
0.65
0.45
0.53
1.02
1.46
1.58
0.47
0.52
0.74
0.77
0.62
0.59
0.33
0.56
a/ Estimación utilizando la tasa de interés pagada sobre Letras del Tesoro a 90 días, emitidas
por el Gobierno de los Estados Unidos.
BCV: Informe Económico 1979. A-1-3, A-V-58, A-1I.87; Anuario de Series Estadísticas 1982 11-8. 1-3.111,50; Anuario
de Series Estadísticas 1983 11-5. 1-3. 111-33.
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Parte II · Capítulo II
De la nacionalización de las industrias del petróleo y del hierro a la aplicación
del V Plan de la Nación 1976-1980
Cuadro N° 8
DEUDA EXTERNA NETA
(en millones de bolívares a precios corrientes)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
(1)
Deuda
Externa
2,931
3,770
4,340
5,201
4,709
6,023
14,146
20,275
31,186
35,326
41,516
40,913
52,706
58,942
(2)
Reservas
Internacionales
netas
3,871
5,803
6,633
10,080
27,168
37,831
36,688
34,767
32,676
37,922
38,206
49,059
49,983
69,437
(3)
Deuda
Externa Neta
(1-2)
-940
-2,033
-2,293
-4,879
-22,459
-31,808
-22,542
-14,492
-1,490
-2,596
-3,310
-8,146
-2,723
-5,495
BCV: Informe Económico 1979 A-V-46. A-11-87; Informe Económico 1983 111-24, 11-5; Anuario de Series Estadísticas
1982 111-40. V-58; Anuario de Series Estadísticas 1983 Indicadores Básicos II-3.
Cuadro N° 9
IV Plan de la Nación 1970-1974
(1)
(2)
Meta (IV Plan) PTB Logrado en
(P.T.B. en
millones de
millones de
bolívares de
bolívares de
1968
1968)
56,215
50,917
59,501
52,464
63,295
54,173
67,567
57,471
72,056
60,978
Promedio Anual
(63,727)
(55,201)
V Plan de la Nación 1976 - 1980
1976
69,686
70,015
1977
75,681
74,796
1978
82,474
77,024
Promedio Anual (1976-1981)
(75,947)
(73,945)
1979
89.577
77.396
1980
97,737
78,857
Promedio Anual (1979-1980)
(93,657)
(78,127)
Promedio Anual (1976-1980)
(84,802)
(76,036)
1970
1971
1972
1973
1974
(3)
(4)
(2-1)
(2:1)
5.2%
-7,037
-9,122
-10,093
-11,078
-( 8.526)
(0.87)
329
-885
-5,450
-( 2.002)
-(12.181)
-(18.880)
-(15-530)
-( 8.766)
-0.97
-0.83
(0.90)
Cordiplan: IV Plan de la Nación 1970-1974. Cuadros Nos.1-5.1-10; V Plan de la Nación 1976-1980. Cuadro N° II-1.
BCV: Informe Económico 1979 A-IV-3; Anuario de Series Estadísticas 1982 VI-3.
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Cuadro N° 10
PRODUCTO TERRITORIAL Y PRODUCTO INTERNO
(en millones de bolívares a precios de 1968)
1976
1977
1978
1979
1980
(1)
P.T.B.
(V Plan)
69,686
75,681
82,474
89,577
97,737
(2)
P.T.B.
Interno
(V Plan)
62,308
67,928
74,324
81,333
89,432
(3)
P.T.B.
Logrado
70,015
74,796
77,024
77,396
78,857
(4)
P.T.B.
Interno
Logrado
63,678
68,715
71,112
70,870
72,754
(5)
(2:1)
0.89
0.90
0.90
0.91
0.92
(6)
(4:3)
0.91
0.92
0.92
0.92
0.92
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadro N°II-1; BCV: Informe Económico 1979. A-IV-3; Anuario de Series
Estadísticas 1982 VI-3; Anuario de Series Estadísticas 1983 VI-3.
Cuadro N° 11-A
METAS Y LOGROS DE PRODUCCION DEL IV Y DEL V Plan de la Nación
IV Plan de la Nación 1970-1974
Producto Territorial Bruto (en millones de bolívares a precios de 1968)
1970
1971
1972
1973
1974
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
P.T.B. Tasa de P.T.B. Tasas de
P.T.B.
P.T.B
(6:5) P. T. B. P. T. B.
Meta del creci- Logrado creci- Per Cápita Per Cápita
Interno Interno (9:8)
IV Plan miento
miento
(Meta)
Logrado
(Meta) Logrado
(Meta)
Logrado
52,215
59,501
63,295
67,567
72,056
318.634
5.9% 50,917
5.8% 52,469
6.4% 54,173
6.7% 57,471
6.6% 60,978
6.3% 276,008
9.0%
3.0%
3.3%
6.1%
6.1%
5.5%
5,406
5,521
5,665
5,832
5,999
5,685
4,955
4,944
4,952
5,095
5,243
5,038
46,518
49,584
53,125
56,377
61,073
(0.89) 53,335
41,137
43,148
45,680
45,449
52,824
45,648 (0.86)
Fuentes: Cordiplan: IV Plan de la Nación 1970-1974.Cuadros1-3, 1-5. 1-10; BCV: Informe Económico 1973 A-IV-3;
Informe Económico 1979 A-IV-3.
Cuadro N° 11-B
METAS Y LOGROS DE PRODUCCION DEL IV Y DEL V Plan de la Nación
V Plan de la Nación 1976-1980
Producto Territorial Bruto (en millones de bolívares a precios de 1968)
(1)
(2)
P.T.B.
Tasa de
(Meta) crecimiento
(Meta)
1976 69,686
5.65%
1977 75,681
8.6%
1978 82,474
9.0%
227,841
7.7%
1979 89,577
8.6%
1980 97,737
9.1%
187,314
8.9%
Promedio 1976-1980
(83,031)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
P.T.B.
Tasas de
P.T.B.
P.T.B (6:5) P. T. B. P. T. B.
Logrado crecimiento Per
Per
Interno Interno (9:8)
Logrado Cápita Cápita
(Meta) Logrado
(Meta) Logrado
70,015
8.4%
5,638 5,664
62,308 63,678
74,796
6.8%
5,942 5,873
67,928 68,715
77,024
3.0%
6,285 5,870
74,324 71,113
221,835
6.1%
5,955 5,802 (0.97) 68,187 67,835 (0.99)
77,396
0.5%
6,628 5,727
81,333 70,870
78,857
1.9%
7,021 5,665
89,432 72,754
156,253
1.2%
6,825 5,696 (0.84) 85,383 71,812 (0.84)
(75,618)
6,390
5,749
-0.90 76,785 69,824
(1)
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadros II-1; BCV: Informe Económico 1979 A-IV-3; Anuario de Series Estadísticas 1982 VI-3. Cuadros No 1 y 17; Anuario de Series Estadísticas 1983 VI-3.
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Parte II · Capítulo II
De la nacionalización de las industrias del petróleo y del hierro a la aplicación
del V Plan de la Nación 1976-1980
Gráfico 8
Fuentes: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979.
Gráfico 9.A
Fuentes: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979; Cordiplan: IV y V
Plan de la Nación
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Gráfico 9.B
Fuentes: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979; Cordiplan: IV y V
Plan de la Nación.
Gráfico 10
Fuentes: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979; Cordiplan: V Plan
de la Nación.
52
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Parte II · Capítulo II
De la nacionalización de las industrias del petróleo y del hierro a la aplicación
del V Plan de la Nación 1976-1980
Gráfico 11.A
Fuentes: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979; Cordiplan: V Plan
de la Nación.
Gráfico 11.B
Fuentes: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979; Cordiplan: V Plan
de la Nación.
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Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del
V Plan de la Nación (1976-1980)
El efecto de esta política de reorientación selectiva en el uso del potencial
físico de producción y mediante la preasignación legal de los recursos financieros
y de la pre contratación de los créditos públicos correspondientes, permitió que,
a pesar de todos los intentos de sabotaje económico y político contra los programas básicos por parte del nuevo Gobierno, se pudiera alcanzar para fines del período del V Plan (1980) una parte determinante de los objetivos en ese campo. En
efecto, al concluir la ejecución del V Plan de la Nación en 1980, la inversión total
realizada representó 1,4 veces la meta prevista –de la pública 1.1 veces, y de la
inversión en los sectores básicos 1.1 veces. (Cuadros 12 y 13) .
De una meta de producción total real de 227.841 millones de bolívares a ser
lograda entre 1976 y I978, el V Plan de la Nación 1976-1980 estableció el objetivo
de asignar el 25% de esta producción –57.224 millones de bolívares– a la inversión reproductiva. Se logró una producción real durante esa fecha de 221.835
millones de bolívares, y se concretaron inversiones por 87.892 millones de bolívares –1.5 veces de la meta prevista–. Este fue el resultado de la superación amplia
de las metas de inversión pública y privada. La meta de inversión pública real
prevista para 1976-1978 fue de 33.057 millones de bolívares y la inversión realizada fue de 35.057 millones de bolívares, es decir el 107% de la meta prevista. La
inversión privada, ante el estado de confianza económica predominante, el respeto a los derechos legítimos de propiedad, la gradual reducción de la extorsión
contra los beneficios del capital por parte de funcionarios corruptos y el decidido
apoyo gubernamental mediante el crédito, sobrepasó ostensiblemente las previsiones del V Plan; en efecto, de una meta de inversión privada real de 24.167 millones para ese lapso, se logró una inversión privada de 52.494 millones, es decir
2.2 veces de la meta prevista.
Esta superación de las metas de inversión en general, y de la inversión privada en particular, era una comprobación de la justeza del diagnóstico del V Plan de
que en la economía existía un potencial de recursos físicos y humanos ampliamente subutilizados que, mediante apropiadas medidas de acción directa y de
estímulos por parte del Estado, podía concretarse en altos niveles de consumo y
en una mayor formación de patrimonio productivo. Fue en virtud de estos logros
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que una parte sustancial de los recursos físicos que absorbían excesivamente inversiones privadas no prioritarias e incluso socialmente improductivas, fueran liberados con destino al logro de las metas de inversión básica del Estado, a objeto
de que la superación de las metas del V Plan se realizaran de una manera más
armónica y proporcional, como ya se ha indicado. (Cuadros 12 y 13).
El resultado final de la ejecución de los programas del V Plan de la Nación
(1976-1980) comprobaba que éste no se inspiraba en un criterio dogmático estatista sino en el pragmatismo socialmente racional de acometer, ex ante, los grandes programas públicos infraestructurales que conducirían, ex post, a una creciente formación de capital por los particulares y a una privatización más
productiva del patrimonio económico de la nación.
El programa de inversiones productivas básicas (petróleo y gas, electricidad
y agua, acero, aluminio, cemento, transporte y comunicaciones) absorbía en el V
Plan un porcentaje determinante de la inversión global, en general, y de la inversión pública, en particular. El V Plan de la Nación (1976-1980) preveía para el
período 1976-1980 una inversión total real de 100.523 millones de bolívares, de
los cuales 53.158 millones debían constituir inversión pública, es decir, el 53%; y
dentro de esta inversión pública se determinaba que el 75%, o sea 39.844 millones
de bolívares, se destinara a la formación de capital fijo en los sectores básicos de
la producción.
La inversión total realizada durante 1974-1978 fue de 87.892 millones de
bolívares, y la inversión pública realizada fue de 35.392 millones de bolívares, es
decir, el 66% de la meta prevista para todo el período del V Plan y el 40% de la
inversión total realizada. A pesar de que los logros de las metas de inversión pública para ese sub-período se lograron en 107%, el hecho de que las metas de inversión privada se lograron en 217%, determiné que la participación porcentual
realizada de la inversión pública dentro de la inversión total (40%) no alcanzara
para entonces la totalidad de la meta prevista (58%) y que la participación porcentual realizada de la inversión en los sectores básicos (72%) no alcanzara plenamente la meta anticipada (75%). Fue para desacelerar el excesivo crecimiento de
la inversión privada en los sectores no prioritarios y aportar más recursos físicos
para el logro de las metas previstas de inversión pública en general, y de inversión
en los sectores básicos en particular, que se adoptaron al final del período las
medidas selectivas de restricción económica que hemos señalado.
Como se mencionó al comienzo de este capítulo, el efecto de esta política
de reorientación selectiva en el uso del potencial físico de producción del país,
combinado con el factor de irreversibilidad introducido en la ejecución de los
programas correspondientes, permitió que, a pesar de todo los intentos de retardar, redimensionar hacia abajo y desmantelar los proyectos físicos por parte
del nuevo Gobierno, se pudiera alcanzar, para fines del período del V Plan
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Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación (1976-1980)
1976-1980, una parte determinante de los objetivos establecidos en ese campo.
(Cuadros 12 y 13).
En lo que se refiere al logro de metas específicas en los diferentes subsectores del sector básico de las inversiones públicas, deben destacarse las realizaciones
en el campo de la inversión en petróleo y gas. En un sector como éste debe tenerse en cuenta, por una parte, el enfoque del V Plan de la Nación 1976-1980 sobre
los propósitos de transformación allí formulados, que trascendían el período de
su ejecución y los proyectaban sobre el espacio histórico de más de una década, y
por la otra, considerar los efectos que en la instrumentación específica sobre los
programas de inversión tenía el hecho de la transferencia –desde el comienzo del
período de vigencia del Plan– de las empresas del petróleo del dominio de las
transnacionales al control del sector público venezolano. Afortunadamente, el
diseño administrativo de la industria petrolera establecido en el V Plan de la Nación 1976-1980, aseguró la autonomía operativa de este sector, y en medida sustancial lo protegió contra las interferencias y las arbitrariedades del nuevo Gobierno en lo referente a la interrupción o paralización de los programas de
inversión en marcha.
Como se ha indicado, la parte más importante de toda la inversión fue la
inversión prevista en el V Plan de la Nación 1976-1980 para los sectores estratégicos, y particularmente en el sector energético, incluyendo el subsector petrolero.
Las inversiones en petróleo (20%), en electricidad y agua (20%), en transporte y
comunicaciones (15%), en manufactura (19%), representan casi 3/4 de la inversión
total, quedando cerca de 1/4 para la inversión agrícola (7%), para la vivienda (8%)
y para los servicios sociales y recreativos (11%).
A lo largo del período de ejecución del V Plan de la Nación 1976-1980, fueron concretándose las metas más importantes de los programas de inversiones
básicas en los diferentes sectores, a pesar de los retardos mencionados impuestos
por la nueva administración. En el caso de la industria petrolera, una de las razones más importantes de la nacionalización fue asegurar al Estado el control del
proceso de inversión, pues en medida sustancial, ante las perspectivas de la reversión en 1983, las empresas transnacionales de hecho administraban un proceso de
desinversión. Ante un requerimiento estimado de inversiones de cerca de 2.000
millones de bolívares a precios de 1968, la industria petrolera tan solo realizó inversiones durante 1975 por 275 millones, es decir, un 13% de las inversiones requeridas. Difícil era instrumentar en una industria como ésta una reorientación
del proceso de inversión; sin embargo, las metas se fueron cumpliendo de acuerdo con las previsiones del V Plan de la Nación 1976-1980. De una inversión real
prevista de 6.164 millones de bolívares para 1978, se pudieron concretar para esa
fecha 3.441 millones de bolívares, es decir, el 59%. La estructura operativa autónoma que se dio a la administración de la industria desde el momento mismo de
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la nacionalización, aseguró la continuidad del proceso de inversión previsto y su
cabal realización y superación en los dos años subsiguientes a la conclusión teórica de la instrumentación del V Plan en 1980. La meta total de inversión para todo
el período, de 10.372 millones, queda completamente cubierta para 1981, cuando
frente a un faltante de 1.507 millones de bolívares en la inversión concluida en
relación con la meta global para 1980, se concretaron inversiones por 4.064 millones de bolívares; es decir, que para 1980, el programa de inversiones del V Plan
para la industria petrolera se había cumplido en un 85% y para 1981 en 125%.
(Cuadro 14).
De esa manera el número de pozos completados pasa de 334 en 1976 a 645
en 1978, y a 1.001 en 1980. En el caso específico del programa de inversiones
exploratorias y perforatorias, la meta esencial del V Plan fue “cubicar un volumen
superior a los 6.000 millones de barriles de crudo y la potencialidad productora
de gas natural en las áreas tradicionales...” (V Plan de la Nación, Pág. 214). Para
fines del V Plan, ya las reservas de petróleo habían pasado de 18.228 millones de
barriles en 1976, a 19.666 millones en 1980, para llegar a 25. 845 millones en 1983,
es decir, un incremento desde 1976 de 7.617 millones de barriles. De la misma
manera las reservas de gas natural pasaron de 1.179.806 MM3 en 1976 a 1.281.105
MM3 en 1980, y a 1.590.393 MM3 en 1983. La duración teórica de las reservas de
petróleo pasó de 22 años en 1976 a 25 años en 1980 y a 39 años en 1983. Así mismo, la duración teórica de las reservas de gas pasa de 71 años en 1976 a 81 años
1983. (Cuadro 15).
En 1976 hube de expresar que el objetivo del “aumento de las reservas y la
mejora en la calidad de los hidrocarburos que contienen, incrementando la proporción de productos livianos, nos provee de una mayor capacidad de negociación dentro del contexto geopolítico de nuestras relaciones con los Estados Unidos, a la vez que ofrece a ese país los suministros más confiables que requiere,
tanto para el funcionamiento de su economía como para su mayor seguridad estratégica. Las multinacionales del petróleo, actuando en su propio interés o con
base a sus propios temores... actuaban contra el interés del abastecimiento y de la
seguridad estratégica de los Estados Unidos”. (Conferencia en las Guarniciones
del Centro, en la ciudad de Maracay, el día 19 de noviembre de 1976).
Relacionada con la política de defensa de las riquezas básicas no renovables, de
aprovechamiento del potencial natural subutilizado y del abastecimiento de insumos básicos a todos los sectores de la economía, el programa de energía del V Plan
de la Nación 1976-1980 se proponía metas ambiciosas pero realistas en el contexto
de la capacidad de ejecución de la gerencia del sector público en Venezuela. La inversión en hidroelectricidad estaba dirigida no solo a suministrar tan valioso insumo a las actividades de producción y de consumo sino también a liberar combustibles utilizados en generación térmica de electricidad a fin de fortalecer la respectiva
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Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación (1976-1980)
capacidad exportadora del país. Para 1978 el programa de inversión del V Plan de la
Nación 1976-1980 en electricidad y agua se estaba cumpliendo con un logro de la
meta para 1976-1978 en un 120%, y para 1980 esa meta se había cumplido en 117%,
cuando frente a un objetivo de inversión de 10.364 millones de bolívares a precios
de 1968, para todo el período del Plan se había adelantado la ejecución de inversión
por 12.084 millones de bolívares. La concreción de estas inversiones permitió ampliar la capacidad de generación instalada de 5.176.000 Kw. en 1976 a 7.728.000 Kw.
en 1980 y a 9.691.000 Kw. en 1983.
En el caso de un insumo básico como el agua, su cantidad producida pasa de
998 millones de metros cúbicos en 1976 a 1.451 millones de M3 en 1980 y a 1.758
millones de M3 en 1983. Gracias a estos logros se pudo ampliar el consumo de
electricidad de 16.682 miles de Kw. en 1976 a 27.740 miles de Kw. en 1980 y a
30.062 miles de Kw. en 1982, incrementándose la población servida de 5.024.000
habitantes a 8.256.000 y a 9.674.000 durante el mismo período. Así misino la población urbana servida de agua potable pasa de 7.996.000 personas en 1976 a
9.956.000 personas en 1980 y a 11.558.000 en 1983. (Cuadros 16 y 17).
Los programas de inversión básica en la industria manufacturera –acero,
aluminio, industria metalmecánica, desarrollo naval, etc.– a pesar de los serios
problemas confrontados en la obtención de insumos estratégicos y de mano de
obra especializada debido a que se ejercía una gran demanda generada por el proceso de intensificación y crecimiento en escala de las inversiones privadas, las
metas del V Plan de la Nación 1976-1980 se cumplieron de manera bastante satisfactoria. La meta de inversión prevista de 9.568 millones de bolívares para 19761978 se cumplió en un 81%. A pesar de los retardos impuestos por la nueva
administración,la meta se había cumplido en 93% al lograrse una inversión bruta
fija pública de 10.494 millones de bolívares a precios de 1968; el remanente pendiente por más de 809 millones fue más que rebasado por una inversión de 935
millones en 1981.
Se logro en medida considerable el objetivo del V Plan de “continuar y profundizar el proceso de sustitución de importaciones en la fabricación de bienes
intermedios y de capital, como vía adecuada para mejorar nuestra balanza de pagos, constituimos en país menos dependiente y lograr una apropiada integración
intersectorial e intrasectorial” (V Plan de la Nación, Pág. 129). A pesar de las dificultades en la concreción de las metas productivas del Plan IV de Sidor, en
parte heredadas de la administración del presidente Caldera, en la producción de
acero se logra pasar de 752.000 Tm. en 1976 a 1.784.000 en 1980 y a 2.146.000 en
1983. La producción de aluminio pasa de 45.000 en 1976 a 156.000 en 1980, a
314.000 en 1981, a 273.000 en 1982 y a 332.000 en 1983. La producción de fertilizantes se incrementa durante el mismo período de 126.000 a 441.000 a 485.000
a 630.000 y a 576.000 (Cuadros 18 y 19).
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Las inversiones en transporte y comunicaciones –vías férreas, sistema de
transporte masivo rápido en Caracas, ampliación de la flota aérea y marítima, teléfonos, carreteras, etc., también se caracterizaron en gran medida por su irreversibilidad, lo que impidió su total paralización por la administración del presidente
Herrera en la medida que ésta imponía al proceso de inversión su política restrictiva o de “enfriamiento”. Las inversiones previstas para el período 1976-1978 por
5.428 millones de bolívares habían sido, para 1978, más que cubiertas en cerca de
125%, relación de ejecución que se mantuvo hasta 1980; así que una meta para
todo el período 1976-1980 de 7.085 millones de bolívares resultó en una realización de 10.962 millones, es decir, un 41% más de lo programado. De esta manera
se puso en operación una parte importante de ese programa de inversiones como
fue la primera etapa del sistema de transito subterráneo en Caracas, contratada e
iniciada a fines de la administración del presidente Pérez. La red de vialidad, que
entre 1970 y 1974 había aumentado en 5.537 kilómetros al pasar de 41.805 a
47.342, durante el período del V Plan de la Nación 1976-1980 se incrementa en
11.148 al pasar de 50.854 en 1975 a 62.003 en 1980. (Cuadros 20 y 21).
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Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación (1976-1980)
CUADRO N° 12
V Plan de la Nación. TASA DE INVERSION
(en millones de bolívares a precios de 1968)
(1)
P.T.B.
(V Plan)
(2)
P.T.B.
Logrado
(3)
Inversión
Total
(V Plan)
(4)
(3:1)
(5)
Inversión
Total
Lograda
(6)
(5:2)
1976
1977
1978
1979
1980
69,686
75,681
82,474
89,577
97,737
70,015
74,796
77,024
77,396
78,857
16,847
20,082
20,295
21,323
21,976
(0.24)
(0.27)
(0.25)
(0.24)
(0.22)
24,374
31,426
32,092
26,074
22,290
(0.35)
(0.42)
(0.42)
(0.34)
(0.28)
Fuentes: Cuadro N° 1, BCV: Anuario de Series Estadísticas 1983. V1-7.
CUADRO N° 13
INVERSION PUBLICA Y PRIVADA PROGRAMADA Y REALIZADA
(en millones de bolívares a precios de 1968)
(1)
Inversión
Total
(V Plan)
1975
1976 16,847
1977 20,082
1978 20,295
57,224
1979 21,323
1980 21,976
43,299
1976100,523
1980
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10)
Inversión (2:1) Inversión Inversión (5:4) Inversión Inversión (7:2) (8:5)
Pública
Total
Pública
Privada
Privada
(V Plan)
Realizada Realizada
(V Plan) Realizada
18,994
17,780
10,040
24,374
10,028
6,807
14,346
12,273
31,426
12,294
7,809
19,132
10,744
32,092
13,070
9,551
19,016
33,057 (0.58) 87,892
35,392 (0.40) 24,167
52,494 (0.73) (1.48)
10,501
26,074
11,097
10,822
14,977
9,600
22,290
10,828
12,376
11,462
20,101 (0.46) 48,364
21,925 (0.45) 23,198
26,439 (1.15) (1.21)
53,158
(0.52) 136,256
57,323
(0.42)
Fuente: BCV: Anuario de Series Estadísticas 1983. VI.7; Cuadros 47, 49 y 52. 47,365
78,933
(0.89) (1.38)
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Gráfico 12
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979; Cordiplan: V Plan de la Nación.
Gráfico 13
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979; Cordiplan: V Plan de la Nación.
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04/11/2013 04:03:17 p.m.
Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación (1976-1980)
Gráfico 14
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979; Cordiplan: V Plan de la Nación.
Gráfico 15
Fuente: B.C.V: Anuario De Series Estadísticas 1982 y 1983; B.C.V: Informe Económico 1979 Y 1983.
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GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 63
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CUADRO N° 14
METAS Y LOGROS DEL V PLAN EN INVERSION Y PETROLEO
(en millones de bolívares a precios de 1968)
1975
1976
1977
1978
1976-1978
1979
1980
1976-1980
1981
(1)
Inversión
Pública
(V Plan)
(2)
Inversión
en Petróleo
(V Plan)
10,040
12,273
10,744
33,057
10,501
9,600
20,101
53,158
1,404
2,231
2,529
6,164
2,455
1,753
4,208
10,372
1982
1983
(3)
Inversión
Pública
Realizada en
Petróleo
275
635
1,077
1,729
3,441
2,339
3,085
5,424
8,865
4,064
4.919
8.983
3,489
(4)
(3-2)
(5)
(3:2)
(-2.723)
(0.56)
(1,216)
(-1.507)
(1.29)
(0.86)
(6)
(2:1)
(0.19)
(0.21)
(0.20)
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadro N°II-11; BCV: Informe Económico 1979. A-IV-8; Anuario de Series
Estadísticas 1982 VI-8; Anuario de Series Estadísticas 1983 VI-7.
CUADRO N° 15
RESERVAS DE PETROLEO Y GAS
(1)
Pozos
Completados
(2)
Reservas
Petróleo
(millones
de barriles)
(3)
Duración
Teórica
de las
Reservas
(años)
(4)
Reservas
de Gas
Natural
(millones
M3)
(5)
Duración
Teórica
Reservas
de Gas
Natural
(años)
487
622
601
498
421
407
281
334
425
645
786
1,001
982
1,180
866
14,913
14,039
13,762
13,919
13,812
18,567
18,398
18,228
18,373
18,266
18,515
19,666
20,150
24,581
25,845
11
10
II
12
11
17
22
22
22
23
22
25
26
36
39
930,808
927,518
1,083,304
1,099,311
1,074,255
1,170,488
1,173,837
1,179,806
1,185,122
1,210,895
1,264,935
1,281,105
1,384,593
1,549,821
1,590,393
36
33
41
43
39
50
69
71
67
71
67
64
74
79
81
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
(6)
(7)
Potencial de
Gas
Producción Desperdicio
de Petróleo (millones m3)
(miles de b/d)
2,450
2,430
2,410
2,480
2,547
2,551
17,162
18,444
16,167
14,537
14,619
9,862
4,289
3,048
2,828
2,292
2,328
2,235
1,920
1,788
1,200
Fuente: BCV: Informe Económico 1973 A-IV-3I. A-IV-33; Informe Económico 1979 A-IV-42; Anuario de Series Estadísticas
1982 VI-42; Anuario de Series Estadísticas 1983 VI-24. V Mensaje al Congreso de la República. 1984. Cuadro 55.
64
GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 64
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Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación (1976-1980)
Gráfico 16
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979. Cordiplan: V Plan de la Nación.
Gráfico 17
Fuente: B.C.V: Anuario De Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1963 y 1979. V Mensaje al Congreso
de la República 1984.
65
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G umersindo Rodríguez
Gráfico 18
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1963 y 1979. V Mensaje al Congreso
de la República 1984.
CUADRO N° 16
V PLAN: INVERSION EN ELECTRICIDAD Y AGUA
(en millones de bolívares a precios de 1968)
1975
1976
1977
1978
1979
1980
(1976-80)
1981
1982
1983
(I)
Inversión
Pública
Total
(V Plan)
(2)
Inversión
Pública
Electricidad
y Agua
(V Plan)
10,040
12,273
10,744
33,057
10,501
9,600
20101
53,158
1,962
2,093
2,108
6,163
2,038
2,163
4,201
10,364
(3)
Inversión
Pública
Realizada
en Electricidad
y Agua
1,180
1,629
2,860
2,933
7,422
2,778
1,884
4,662
12,084
3,662
4,347
3,128
(4)
(3-2)
(5)
(3:2)
(1,259)
(1.20)
(461)
(1,720)
(1.11)
(1.17)
(6)
(2:1)
(0.19)
(0.21)
(0.20)
Fuentes: Cordiplan: V Plan de la Nación Cuadro N° II-11. BCV: Informe Económico 1979 A-1V-8; Anuario de Series
Estadísticas 1982 V1-8; Anuario de Series Estadísticas 1983 V1-7.
66
GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 66
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Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación (1976-1980)
CUADRO N°. 17
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD Y AGUA
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
(1)
(2)
Inversión Bruta Capacidad de
Fija Electricidad Generación
y Agua
(miles de Kw)
(millones de Bs.
a precios
de 1968)
(3)
Consumo de
Electricidad
(miles de Kw)
(4)
Población
Servida
(miles)
(5)
Agua
Producida
(millones M3)
(6)
Población
Urbana
Servida
de Agua
(miles)
5.612
5.823
6.366
6.906
7,996
8.388
8.905
9.264
9.956
10.553
10.958
11.558
683
368
474
1.262
1.138
3.161
3.22
3.297
3252
3.439
7.763
8.685
9.276
10.58
11.566
2.793
2.969
3.167
3.844
674
744
1.083
1.363
1.953
3.377
3.4
4.391
4.638
5.176
5.427
6.103
13.964
15.451
16.682
18.644
18.382
4.225
4.619
5.024
6.683
7.302
819
889
998
1.091
1.245
3.099
2.189
3.453
4.522
3.185
7.514
7.728
8.413
9.313
9.691
24.13
27.74
29.035
30.062
30.904
7.734
8.256
8.859
9.674
1.345
1.451
1.584
1.703
1.758
Fuentes: BCV: Informe Económico 1973. A-IV-5. A-1V-60. A-IV-59; Informe Económico 1979. A-IV-9. A-IV-71. A-IV68. A-IV.70. VI-74; Anuario de Series Estadísticas 1982 VI-70. VI-71. VI-72; Anuario de Series Estadísticas 1983 VI-48.
VI-45. VI.44.
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gobiernos de
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G umersindo Rodríguez
Gráfico 19
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979. Cordiplan: V Plan de la Nación.
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Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación (1976-1980)
CUADRO N°18
V PLAN: INVERSION EN MANUFACTURA
1975
1976
1977
1978
(1976-1978)
1979
1980
(1976-1980)
1981
1982
1983
(en millones de bolívares a precios de 1968)
(1)
(2)
( 3.)
(4)
Inversión
Inversión
Inversión
(3-2)
Pública
Pública en
Realizada
(V Plan)
Manufactura en Industria.
(V Plan)
Manufacturera
10,040
12,744
10,744
33,057
3,431
4,420
1,717
9,568
1,099
2,403
2,245
2,245
7,761
10,501
9,600
20,101
1,113
622
1,735
1,252
1,481
2,773
53,158
11,303
10,494
935
832
361
(5)
(3:2)
(-1.807) (0.81)
(998)
(-809)
(1.56)
(0.93)
(6)
(2:1)
(0.29)
(0.09)
(0.19)
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadro N° II-11. BCV: Informe Económico 1979 A-IV-8; Anuario de Series
Estadísticas 1982. VI-8; Anuario de Series Estadísticas 1983. VI-7.
CUADRO N°19
PRODUCCION DE INSUMOS BÁSICOS PARA LOS DIFERENTES
SECTORES PRODUCTIVOS
(miles de T. M.)
(1)
Acero
(miles Tm)
l969
1970
789
1971
771
1972
964
1973
907
1974
895
1975
919
1976
752
1977
678
1978
679
1979
1,283
1980
1,784
1981
1,818
1982
1,990
1983
2,146
(2)
Aluminio
(miles Tm)
(3)
Cemento
(miles Tm)
(4)
Cabillas
(miles Tm)
(5)
Amoniaco
(miles Tm)
22
22
23
33
51
52
45
43
80
210
156
314
273
332
2,644
2.800
2.982
3,413
3,495
3,455
3,538
3,742
4,107
3,973
4,842
4,876
5,432
4,151
293
325
356
383
384
353
329
379
358
322
469
482
444
364
49
238
180
294
330
273
331
439
504
535
462
(6)
(7)
Urea
Fertilizantes
(miles Tm) (miles Tm)
129
89
138
4
99
55
168
27
160
117
126
151
161
135
84
220
297
276
441
315
485
372
630
390
576
Fuente: BCV: Informe Económico 1973; Informe Económico 1979 A-IV-62; Anuario de Series Estadísticas 1982. VI-61;
Anuario de Series Estadísticas 1983. VI-35.
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G umersindo Rodríguez
Gráfico 20
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979. Cordiplan: V Plan de la Nación.
Gráfico 21
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979.
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Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación (1976-1980)
Gráfico 22
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979.
Gráfico 23
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1973 y 1979.
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gobiernos de
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G umersindo Rodríguez
Gráfico 24
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1973 y 1979.
Gráfico 25
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1973 y 1979.
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Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación (1976-1980)
Gráfico 26
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1973 y 1979.
Gráfico 27
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1973 y 1979.
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Gráfico 28
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1973 y 1979.
Gráfico 29
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979. Corpdiplan: V Plan de la Nación.
74
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Parte III · Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación (1976-1980)
CUADRO N° 20
V PLAN: INVERSION EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
(en millones de bolívares a precios de 1968)
(1)
Inversión
Pública
(V Plan)
1975
1976
1977
1978
(1976-1978)
1979
1980
(1976-1980)
1981
1982
1983
(2)
(3)
Inversión
Inversión
Pública
Pública Realizada
Transporte y
Transporte y
Comunicaciones Comunicaciones
(V Plan)
10,040
12,273
10,744
33,057
10,501
9,600
20,101
53,158
1,382
1,739
2,601
2,459
6,799
1,960
2,203
4,110
10,962
2,153
2,388
1,552
1,912
2,029
1,487
5,428
1,318
1,059
2,377
7,805
(4)
(3-2)
(5)
(3:2)
(6)
(2:1)
1,371
(1.25)
(0.16)
1,786
3,157
(1.25)
(1.41)
(0.16)
(0.15)
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadro N° II-11. BCV: Informe Económico 1979 A-IV-8; Anuario de Series
Estadísticas 1982 VI-8; Anuario de Series Estadísticas 1983 VI-7
CUADRO N° 21
RED DE VIALIDAD
AÑO
(Kilómetros)
TOTAL
(Kilómetros)
PAVIMENTADO
(Kilómetros)
ENGRANZONADO
(Kilómetros)
TIERRA
(Kilómetros)
1973
44,970
19,903
16,274
8,793
1974
47,342
19,599
17,527
10,216
1975
50,854
20,889
21,910
8,005
1976
58,560
21,221
22,771
14,568
1977
58,931
21,833
22,561
14,537
1978
61,059
22,586
24,013
14,460
1979
61,826
22,620
24,746
14,460
1980
62,003
22,887
24,656
14,460
1981
62,211
2.3.228
24,530
14,453
1982
62,244
23,422
24,468
14,354
1983 1/
62,440
23,906
24,532
14,002
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones - Dirección General de Vialidad Terrestre. V Mensaje al Congreso
de la República 1984. Cuadro N° 82. 1/: Cifras Provisionales.
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Parte IV · Capítulo IV
La instrumentación de las metas de
inversión agrícola del V Plan
Las inversiones públicas en el sector agrícola tuvieron un comportamiento diferente de las inversiones en otros sectores productivos. Por una parte, la política del
Gobierno en cuanto a formación de capital en la agricultura asignaba especial importancia al crédito a los particulares en el sector, y a estimular a las instituciones financieras privadas a la colocación de una parte significativa de su cartera en esa actividad.
Debe considerarse en la evaluación de los resultados durante el período de ejecución
del V Plan de la Nación 1976-1980 la persistencia de factores estructurales que inducen un drenaje de capital del agro hacia sectores de rentabilidad comercial relativa más
elevada en la economía urbana.
Este factor, intensificado en sus efectos negativos por el encarecimiento oligopólico de los insumos y bienes de capital aplicados en la producción agropecuaria, neutraliza considerablemente el impacto positivo que el esfuerzo de capitalización física y financiera promovido por el sector público. En este contexto, los indicadores de ejecución
de los programas de inversión pública en el sector no tuvieron la magnitud que se
comprobó en los demás sectores analizados.
El porcentaje anticipado de ejecución de la inversión pública agrícola programada
para el subperíodo 1976-1978 fue de 59%, y de 51% para el sub período 1979-1980. Sin
embargo, el porcentaje total de ejecución alcanzó 57% para todo el período, constatado
en una inversión pública realizada de 2.007 millones de bolívares frente a una inversión
pública programada de 3.771 millones de bolívares. (Cuadro 22).
A pesar de los problemas estructurales que limitan la efectividad y la eficiencia del
proceso de inversión en el sector agropecuario, el estímulo oficial al sector privado contribuyó a mejorar el porcentaje de ejecución en lo que respecta a la inversión agrícola
global, es decir, a la inversión conjunta del sector público y del sector privado prevista en
el V Plan de la Nación 1976-1980. Los créditos agropecuarios pagados por el sector
público durante el período del V Plan alcanzaron 12.512 millones de bolívares a precios
corrientes, es decir, 2.502 millones de bolívares por año, lo que representa 4 veces el
monto total de los créditos concedidos durante 1970-1974. En términos de su poder
adquisitivo referido a medios de producción, la suma de los créditos agrícolas pagados
anualmente durante 1976-1978 alcanzó 5.523 millones de bolívares, monto 1.3 veces
superior al total pagado anualmente durante 1970-1973. Estos créditos representaron 1.4
veces el valor de la inversión pública real en el sector, programada para el correspondien77
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te lapso. En términos de poder adquisitivo de 1968, tales créditos representaron 1.5 veces el monto de la inversión pública real prevista para todo el período del V Plan (19761980). (Cuadros No. 22 y 23).
Frente a las críticas formuladas al presupuesto gubernamental por no realizar todas las erogaciones de inversión previstas para el sector, señalé en 1976: “Una crítica que
se hace al Presupuesto de 1977, es que la asignación para inversiones agrícolas es inferior
a la prevista en el V Plan de la Nación... Sin embargo, con base en el mismo V Plan se
adoptó la medida de obligar al sector financiero privado a dedicar el 20% de la cartera
de los bancos comerciales al financiamiento de la agricultura. Este financiamiento obligatorio progresó más allá de lo previsto, rebasándose sus metas y reduciendo la necesidad privada de financiamiento agrícola por parte del Estado. Los bancos comerciales
duplicaron el monto de sus créditos a la agricultura, pasando de 1.630 millones de bolívares a mediados de 1975 a 3.775 para mediados de 1976, pudiendo estimarse que dedicaron, durante el período, más de 7 mil millones de bolívares al financiamiento de esta
actividad”. “Como el sector privado respondía más allá de nuestras expectativas, procedimos a retirar de las previsiones presupuestarias parte de los recursos que teníamos
asignados para la agricultura. Si el sector privado estaba dispuesto a financiar esta actividad, no había razón para que el gobierno duplicara este financiamiento más allá de la
capacidad de absorción de este sector. Parte de estos recursos, así liberados, se dedican
ahora a cubrir el financiamiento de la educación y la salud”. (Conferencia en la Guarnición de Caracas, 1976. Publicado en Economía Pública, Planificación y Capitalismo de Estado en
Venezuela, Págs. 417-426).
Contra todas las dificultades estructurales que mediatizan el proceso de concreción productiva de la inversión en la agricultura, el esfuerzo privado, reforzado por la
acción crediticia del sector público, contribuyó significativamente al porcentaje de realización de la meta de inversión agrícola global. Ello hizo posible que la formación combinada de capital público y privado alcanzara un nivel considerablemente más elevado.
En 1978 se había concretado el 79% de la meta global prevista para 1976-1978, gracias a
que la meta privada se había realizado en 96%. De haberse mantenido el mismo grado
de dinamismo de la inversión privada agrícola, la meta global se habría logrado a plenitud para 1980. Se logró para todo el período una realización de esta meta en un 74%,
considerablemente superior al logro de la meta pública de solo 57%. (Cuadro 24).
Este proceso de inversión, y su posterior enfriamiento oficialmente promovido
por la nueva administración, determinó que entre 1976-1978 el producto agrícola real se
incrementara a razón de 300 millones de bolívares por año y para 1978-1980 a razón de
156 millones de bolívares por año. Ello se reflejó, por ejemplo, en un aumento de la
producción de arroz de 276.770 toneladas métricas en 1976, a 544.300 en 1978 y a 711.
778 en 1980; de maíz, de 532.147 Tm. en 1976 a 803.850 en 1978, a 661.592 en 1980; de
sorgo, de 124.073 Tm. en 1976 a 358.623 en 1978, a 583.700 en 1980; (BCV: Informe Económico 1980. A-IV-3. A-IV-14). (Anexo 4).
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Parte IV · Capítulo IV
La instrumentacion de las metas de inversion agrícola del V Plan
Gráfico 30.A
Gráfico 30.B
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979. Cordiplan: V Plan de la Nación.
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L os gobiernos
Gráfico 31
de
C ar los A ndrés P érez
G umersindo Rodríguez
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979. Cordiplan: V Plan de la Nación.
CUADRO N° 22
V Plan de la Nación: LA INVERSION AGRICOLA
(en millones de bolívares a precios de 1968)
1975
1976
1977
1978
(1976-1978)
1979
1980
(1976-1980)
1981
1982
1983
( 1 ) Inversión ( 2 ) Inversión ( 3 ) Inversión
Pública Total Pública en
Pública
(V Plan)
Agricultura
Agrícola
(V Plan)
Realizada
10,040
12,273
10,744
33,057
10,501
49,600
20,101
53,158
814
799
763
2,376
754
581
1335
3,711
495
560
448
403
1,411
304
382
686
2,097
246
199
96
(4)
(3-2)
(5)
(3:2)
(6)
(2:1)
(- 965)
(0.59)
(- 649)
(-1,614)
(0.51)
(0.57)
(0.07)
(0.07)
(0.07)
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadro N°II-11. BCV: Informe Económico 1979. A-IV-8; Anuario de Series
1982 VI-8; Anuario de Series 1983 VI-7.
80
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Parte IV · Capítulo IV
La instrumentacion de las metas de inversion agrícola del V Plan
Gráfico 32
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979.
CUADRO N° 23
PODER ADQUISITIVO DEL CREDITO PUBLICO AL SECTOR AGRICOLA
(en millones de bolívares)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
(1976-1980)
(1)
Créditos
Agrícolas
Pagados
(Valor
Nominado
(2)
Valor Real de
los Créditos
(precios de
1968) a/
350
441
512
694
1,117
334
407
456
576
804
2,577
1,042
936
1,165
1,181
3,282
1,115
1,126
2,241
5,523
1,686
1,642
2,241
2,624
2,787
3,218
a/ Se deflactó por el índice de conversión de la inversión nominal en inversión real.
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L os
gobiernos de
C ar los A ndrés P érez
G umersindo Rodríguez
CUADRO N° 24
V PLAN: INVERSION AGRICOLA PUBLICA Y PRIVADA
(en millones de bolívares a precios de 1968)
1
2
3
Inversión Inversión Inversión
Agrícola Agrícola Agrícola
Pública
Total Pública
(% de
(V Plan) (V Plan)
Inversión
a/
Agrícola
Total V Plan)
1976
0.47
1977
0.45
1978
0.44
1979
0.44
1980
0.37
(1976-1980)
1,732
1,776
1,734
5,242
1,714
1,570
3,284
8,526
814
799
763
2,376
754
581
1,335
3,711
4
5
6
7
8
9
10
11
Inversión Inversión Inversión Inversión (5:2) (7:4) (4:3) (7:6)
Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola
Privada
Total
Pública Privada
(V Plan) Realizada Realizada Realizada
(6+7)
918
977
971
2,865
960
989
1,949
4,815
1,382
1,494
1,288
4,164
1,045
1,109
2,154
6,318
560
448
403
1,411
304
382
686
2,097
822
1,046
885
(2,753) 0.79 (0.96) (1.2) (1.5)
741
727
1,468 0.66 (0.75) (1.5) (2.2)
4,221 (0.74) (0.88) (1.3) (2)
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadro N° II-9. BCV: Informe Económico 1979 A -1V-9; Anuario de Series
Estadísticas 1982 V1-9; Anuario de Series Estadísticas 1983 VI.8. a/ Se dividió la inversión agrícola pública por su
participación en el total (Columna I)
Gráfico 33
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979 y 1983.
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Parte IV · Capítulo IV
La instrumentacion de las metas de inversion agrícola del V Plan
Gráfico 34
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979 y 1983.
Gráfico 35
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979 y 1983.
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C ar los A ndrés P érez
G umersindo Rodríguez
Gráfico 36
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979 y 1983.
Gráfico 37
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979 y 1983.
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Parte IV · Capítulo V
Las inversiones sociales y el V Plan de la
Nación
En el campo de las inversiones físicas destinadas directamente al sector social
de la economía, se destacan las realizadas en los servicios sociales y recreativos que
absorbían cerca de 1/5 de las inversiones públicas previstas en el V Plan de la Nación
1976-1980.
El enfoque de la política de la vivienda durante la primera administración del
presidente Carlos Andrés Pérez modificó sustancialmente la programación del Estado en esa importante área del desarrollo nacional. Se parte del reconocimiento del
hecho de que sin una red de servicios en el campo de la electricidad, del sistema de
cloacas y acueductos, y de obras de apoyo comunales, la política de construcción indiscriminada de unidades de viviendas en ausencia de esa infraestructura perdía
mucho de su sentido y propósitos. También se asume objetivamente que sin la disponibilidad interna de suministro de los correspondientes insumos básicos como cemento, cabillas, perfiles, etc., un programa sobredimensionado de construcción de
viviendas en el corto plazo puede entrar en conflicto con los requerimientos de éstos
en otras actividades en pleno proceso de expansión. Esta presión sobre la oferta interna podría traducirse en serios trabamientos físicos perjudiciales al crecimiento
equilibrado de la economía y en fuerte presión sobre la balanza de pagos a través de
las importaciones de estos insumos. De manera que un programa ambicioso de viviendas de interés social debe descansar sobre una base sólida de autosustentación
interna debidamente respaldado por la instrumentación coordinada de los correspondientes proyectos públicos y privados de producción de insumos primarios e industriales y de construcción de infraestructura que sean físicamente indispensables
para su efectiva materialización en la secuencia temporal prevista.
En el contexto de las restricciones físicas existentes en la disponibilidad de
insumos para la construcción de viviendas, y sobre todo de viviendas de interés social, el V Plan de la Nación 1976-1980 atribuyó a la iniciativa privada un papel de
decisiva importancia en la optimización del uso de los recursos escasos, para la satisfacción gradual de las necesidades acumuladas de este capital social fundamental
para elevar el grado de bienestar social de las clases trabajadoras y medias.
Fue objetivo estratégico prioritario del V Plan de la Nación 1976-1980 “acelerar
progresivamente la construcción pública de viviendas que se realizaría a través del
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L os
gobiernos de
C ar los A ndrés P érez
G umersindo Rodríguez
Instituto Nacional de la Vivienda y los Programas de Vivienda Rural. Ello implicaba
una mayor utilización del espacio de las viviendas a ser construidas, un aumento en
las unidades destinadas para alquiler, y un reacondicionamiento de unidades existentes. (V Plan de la Nación 1976-1980, Pág. 329).
Las metas de inversión pública en la construcción de viviendas del V Plan de la
Nación 1976-1980 respondían a estos criterios. Esas metas fueron cumplidas de manera satisfactoria: la prevista para 1976-1978 fue realizada en 102% y la correspondiente al período restante, en 104%, lo que significó un cumplimiento de la meta global
para todo el período en 103%. (Cuadro 25). Estos logros en el porcentaje del cumplimiento de las metas de construcción de viviendas, reflejaba la realización exitosa de
los programas industriales del V Plan de la Nación 1976-1980, que ampliaron la oferta
interna de materiales, tales como cemento, cabillas, perfiles, etc., e impidieron en
otros sectores insuperables cuellos de botella y paralización de obras en marcha, y
contuvieron los precios de las unidades construidas dentro de límites compatibles con
el notorio incremento de los ingresos reales de las clases trabajadoras y medias.
Una directriz relevante de la política de vivienda del V Plan de la Nación 19761980 se dirigía a “incorporar el sector privado a la construcción de viviendas y a su
equipamiento destinados a los grupos de bajos y medianos ingresos, a través del aumento de la capacidad crediticia del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, Fondo
Nacional de Desarrollo Urbano y otros programas de desarrollo mixto”. (V Plan de
la Nación 1976-1980 Pág. 329). Se logró mediante la instrumentación de los programas de viviendas previstos en el V Plan de la Nación 1976-1980 involucrar de manera decisiva al sector privado en el aumento de la construcción de viviendas. Durante
el período 1970-1974, el sector público llevó a cabo el 61% de la construcción total de
viviendas. Esta situación se modificó durante 1974-1975, cuando el sector público
construyó solamente el 57% de todas las viviendas en el país. Durante la aplicación
del V Plan de la Nación 1976-1980, la participación privada aumenta de manera determinante, relegando la participación pública a 45% para 1978 y a 47% para 1980.
Esta mayor participación privada se reflejó en los valores reales a precios de 1968, de
la construcción de viviendas en el país durante la ejecución del V Plan de la Nación
1976-1980. El sector privado ha representado en promedio el 85% del valor total de
la construcción durante 1976-1980. (Cuadro 26).
Esta política resultó en una mayor construcción de unidades de viviendas con
respecto a la administración precedente, a pesar del ritmo forzado de construcción
de 69.250 unidades por parte del Gobierno en el año electoral de 1973. Durante
1970-1973 se construyó un promedio anual de viviendas por parte del sector público
y privado de 58.768 unidades de viviendas. Durante el período inicial del V Plan
(1976-1978) se construyó un promedio anual de 61.929 viviendas, cifra que se incrementa a un promedio anual de 75.943 para los años finales del V Plan de la Nación
1976-1980. (Cuadro 27).
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Parte IV · Capítulo V
Las inversiones sociales y el V Plan de la Nación
Las condiciones infraestructurales en lo que se refiere a insumos primarios e
industriales, abastecimiento de electricidad y agua, urbanismo, etc., hicieron posible
–como se previó claramente en el V Plan de la Nación 1976-1980– acelerar los programas de construcción pública y privada de viviendas con la mira de alcanzar más
de 100.000 unidades por año a partir de 1980. Esta meta formulada por el presidente Rafael Caldera al final de su primera administración, era difícilmente realizable
entonces sin producir perturbaciones del equilibrio interno y externo de la economía
y sin sacrificar parte importante de los recursos de divisas producidas por la exportación petrolera con los que se podría pagar el componente foráneo de un múltiplo
de inversiones en los sectores básicos, incluyendo aquellos que producen insumos
para la propia industria de la construcción de viviendas. En las nuevas condiciones
productivas del país creadas por la instrumentación de los programas industriales del
V Plan de la Nación 1976-1980 se ha concretado una oferta creciente de insumos
para la industria de la construcción que permiten alcanzar y superar aquella loable
aspiración. La producción de cemento aumentó de 3.455.000 Tm. en 1975 a 4.107.000
en 1978, a 4.842.000 en 1980 y a 5.432.000 en 1982. Así mismo la producción de
cabillas aumenta de 353.000 Tm. en 1980 a 482.000 Tm. en 1981 y 444.000 en 1982.
(Cuadro 19). Todo este soporte infraestructural y productivo de apoyo a la industria
de la construcción de viviendas ha hecho posible que la acción combinada del sector
público y del sector privado se aproximen sobre esta base más autónoma y autosostenible, a la construcción de más de 100.000 unidades por año; puede indicarse que
la construcción de un promedio anual de 95.203 durante 1981-1982 es una comprobación de las previsiones del V Plan de la Nación 1976-1980 en este campo.
A la infraestructura de los servicios sociales y recreativos se le asignan en el V
Plan el 11% de los recursos totales de inversión pública. La meta prevista para 19761978 se había cumplido en 1978 en 114%, para descender su ritmo de ejecución durante 1979-1980 a solo 82% de la meta establecida para ese lapso; en total, la meta
para el período 1976-1980 se logró en 101%, al realizarse una inversión de 5.874
millones con respecto a un objetivo de 5.809 millones. (Cuadro 28).
Estas inversiones sociales pueden evidenciarse en áreas tan importantes como
la infraestructura física de los servicios educacionales y sanitario-asistenciales del
país. Durante el período del V Plan de la Nación 1976-1980 el número de planteles
educacionales se incrementa en 2.109 al pasar de 10.903 en 1974-1975 a 13.012 durante 1979-1980, lo que significa una construcción de 422 planteles por año, en relación
con 41 durante 1969-1970 y 1972-1973. (Cuadro 29). El número de camas en los
hospitales públicos aumenta de 29.268 en 1973 a 29.876 en 1975, y luego se incrementa en 2.230 entre 1976-1978 al pasar de 30.482 a 32.712, y descender luego a 31.725
entre 1978-1979. (Cuadro 30).
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G umersindo Rodríguez
CUADRO N° 25
V PLAN: INVERSION EN VIVIENDA
(en millones de bolívares a precios de 1968)
(1)
Inversión
Pública
(V Plan)
1975
1976
1977
1978
(1976-1978)
1979
1980
(1976-1980)
1981
1982
1983
10,040
12,273
10,744
33057
10,501
9,600
20,101
53,158
(2)
(3)
Inversión Pública
Inversión
Vivienda
Pública Realizada
(V Plan)
en Vivienda
667
811
1,053
2,531
936
819
1,755
4,286
678
1,039
874
2,591
952
881
1,833
4,424
949
769
379
(4)
(3-2)
(5)
(3:2)
(6)
(2:1)
(60)
(1.02)
(78)
(138)
(1.04)
(1.03)
(0.08)
(0.09)
(0.08)
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadro N° II-11. BCV: Informe Económico 1980.A-IV-77; Informe Económico
1979.A-IV-8; Anuario de Series Estadísticas 1982. VI-77; Anuario de Series Estadísticas 1983. VI-51.
Gráfico 38
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979 y 1980. Cordiplan: V Plan de la
Nación.
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Parte IV · Capítulo V
Las inversiones sociales y el V Plan de la Nación
CUADRO N° 26
VALOR DE LA CONSTRUCCION PUBLICA Y PRIVADA (1976-1980)
(en millones de bolívares a precios de 1968)
(1)
Construcción
Privada de
Vivienda
(2)
Construcción
Pública de
Vivienda
(3)
(1 + 2)
Construcción
Total de Vivienda
(4)
(1:3)
1976
1977
1978
1979
1980
4,760
4,766
5,609
678
1,039
874
5,438
5,805
6,483
5,056
4,459
952
881
6,008
5,340
0.88
0.82
0.87
0.84
0.84
Fuente: BCV: Informe Económico 1980. A-IV-77; Anuario de Series Estadísticas 1983 VI-51.
Gráfico 39
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1983; Informe Económico 1980.
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L os
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G umersindo Rodríguez
CUADRO N° 27
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL
(unidades)
(1)
Total
(2)
Sector
Público
(3)
Sector
Privado
(4)
(3:1)
(5)
Número de Viviendas
Financiadas a Constructores
por Entidades de Ahorro y
Préstamo
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983 I/
47,931
48,760
45,872
92,510
55,778
61,383
67,696
65,011
53,081
67,831
84,055
91,418
98,987
61,296
28307
29,879
23,125
69,250
31,405
35,380
31,491
23,943
24,179
32,931
39,954
43,023
48,458
29,161
19,624
18,881
22,747
23,260
24,373
26,003
36,205
41,068
28,902
34,900
44,101
48,395
50,529
32,135
(0.41)
(0.39)
(0.50)
(0.25)
(0.44)
(0.42)
(0.53)
(0.63)
(0.55)
(0.52)
(0.53)
(0.53)
(0.51)
(0.52)
2,337
2,212
1,682
5,475
4,531
5,272
5,367
11,799
24,412
13,648
9,233
7,291
6,054
800
Fuente: Cordiplan: IV Mensaje del Presidente al Congreso (1983). Cuadros No. 143 y 147; II Mensaje del Presidente al
Congreso (1976). Cuadros No. 94 y 98: V Mensaje del Presidente al Congreso (1984). Cuadros No. 143 y 147. 1/ Citas Provisionales.
Gráfico 40
Fuente: Ii, Iv, V Mensajes Del Presidente Al Congreso 1976, 1983, 1984.
No. De viviendas financiadas a constructores por entradas de ahorro y prestamo.
90
GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 90
04/11/2013 04:03:21 p.m.
Parte IV · Capítulo V
Las inversiones sociales y el V Plan de la Nación
CUADRO N° 28
V PLAN: INVERSION SOCIAL
(en millones de bolívares a precios de 1968)
1976
1977
1978
1979
1980
(1976-1980)
1981
1982
1983
(1)
Inversión
Pública
(V Plan)
10,040
12,273
10,744
33,057
10,501
9,600
20,101
53,158
(2)
(3)
Inversión
Inversión
Pública Social y Pública Social
Recreativa
y Recreativa
(V Plan)
Realizada
1,133
1,287
1,214
1,169
1,119
1,505
3,466
3,961
1,211
903
1,132
1,010
2,343
1,913
5,809
5,874
1,741
1,395
2,072
(4)
(3-2)
(5)
(3:2)
(495)
(1.14)
(-430)
(65)
(0.82)
(1.01)
(6)
(2:1)
(0.10)
(0.12)
(0.11)
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadro II.11. BCV: Informe Económico 1979. A-IV-8; Anuario de Series
Estadísticas 1982. VI-8; Anuario de Series Estadísticas 1983. VI-7.
Gráfico 41
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979. Cordiplan: V Plan de la Nación.
CUADRO N° 29
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G umersindo Rodríguez
V PLAN: CONSTRUCCION DE PLANTELES EDUCATIVOS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Número de Planteles Planteles Planteles Personal Personal Personal Docente
Planteles Educativos Educación Educación Docente Docente Docente Educación
Educativos
(PreMedia
Superior
Total
Pre-escolar Educación Superior
Oficiales escolar y
Oficial
Oficial
Oficial y Primaria Media
Oficial
Primaria
Oficiales)
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
10,004
9,953
10,025
10,167
10,623
10,903
11,801
12,412
12,905
12,768
13,012
13,339
13,664
14,106
9,529
9,395
9,381
9,446
9,800
9,982
10,776
11,264
11,694
11,556
11,710
11,959
12,080
12,336
466
547
629
705
801
900
996
1,118
1,175
1,171
1,260
1,337
1,531
1,723
9
11
15
16
22
26
29
30
36
41
42
43
53
47
62,931
66,118
73,306
85,053
89,609
113,813
120,627
132,205
141,210
144,804
164,251
169,892
179,982
203,978
42,074
43,903
47,201
50,875
51,485
57,262
64,767
71,248
76,736
78,463
92,565
93,666
97,640
102,114
14,311
15,031
18,514
24,701
25,138
33,323
38,182
43,900
44,983
45,442
47,850
51,110
57,074
76,148
6,546
7,184
7,591
9,477
9,986
13,228
14,678
17,057
19,491
20,899
23,836
25,116
25,268
25,716
Fuente: BCV: Informe Económico 1979. A-1V-112; Anuario de Series Estadísticas 1980. VI-132; Anuario de Series
Estadísticas 1980 VI.99.
CUADRO N° 30
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976 (1)
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
(1)
(2)
(3) Número de Número de
Total 2/
Hospitales Camas en Hospitales
Públicos
Hospitales
Públicos
Públicos
y Privados
(Clínicas)
186
183
182
183
182
186
192
199
206
199
203
207
208
221
28167
27839
27906
29268
28939
29876
30482
31148
32712
31725
32063
32767
34131
35154
342
341
340
347
355
380
385
439
444
446
458
462
464
477
(4)
(5)
(6)
(7)
Total 2/
Camas por Habitantes
Tasa de
Camas cada - 1.000 por medico Mortalidad
Publicas y habitantes
(por 1.000
Privadas
Habitantes)
32877
32572
32924
34924
34263
35867
36163
39687
41386
40575
41356
42061
43546
44672
3.20
3.00
3.00
3.00
3.00
2.90
2.90
3.10
3.10
3.00
3.00
2.90
3.00
3.00
1098
1040
966
924
895
911
864
874
888
879
857
821
6.7
6.6
6.7
6.8
6.3
6.2
6.2
5.8
5.6
5.5
5.5
5.6
5.5
Fuente: Cordiplan: V Mensaje del Presidente al Congreso Nacional. Cuadro N° 27. BCV: Informe Económico 1979.
A-IV-115. A-IV-L14. A-1V-116; Anuario de Series Estadísticas 1982 VI-135 VI-136 VI-137; Anuario de Series Estadísticas
1983 VI.102 VI.103.
1/ A partir de la nacionalización de la industria petrolera se incluyen los hospitales de las empresas del sector.
2/ Incluye hospitales de fundaciones benéficas y de la industria petrolera hasta 1976.
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Parte IV · Capítulo V
Las inversiones sociales y el V Plan de la Nación
Gráfico 42
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979. Cordiplan: V Mensaje del Presidente al Congreso.
Gráfico 43
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979. Cordiplan: V Mensaje del Presidente al Congreso.
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Gráfico 44
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1980 y 1983; Informe Económico 1979.
Gráfico 45
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1980 y 1983; Informe Económico 1979.
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Parte V · Capítulo VI
La realización de las metas reales y la
superación de las metas financieras del
V Plan de la Nación 1976-1980
El análisis de la experiencia de la instrumentación del V Plan de la Nación 19761980 durante el lapso 1976-1978, demostró el acierto de la premisa de la política de
expansión puesta en marcha al iniciarse el período constitucional 1974-1979, fundamentada en la existencia de un cuantioso potencial de recursos materiales y humanos
insuficiente e ineficientemente aprovechados. El hecho de que ese proceso materializara en un mayor nivel real de consumo y de acumulación de capital fijo basada
principalmente en el ahorro interno, indicaba que en la economía existía, previamente subutilizada, gran parte de los factores cuyo cabal aprovechamiento era la garantía
para salir del marasmo económico que impedía alcanzar una superior tasa de crecimiento del producto interno bruto no petrolero y acercarnos a la meta del pleno
empleo de la fuerza de trabajo.
La dimensión presupuestaria convencional es la correspondiente a los recursos fiscales que se expresa en la diferencia entre ingresos y gastos recurrentes del
sector gubernamental, que en lo fundamental refleja la captación de recursos reales
por la vía impositiva que dejan de ser consumidos e invertidos por el sector privado.
Mediante la optimización en el uso de esos recursos en sus gastos recurrentes, el
Gobierno Nacional debería retornar a la colectividad un valor agregado social
cuantitativa y cualitativamente superior al que, con su uso, habrían generado los
contribuyentes privados.
Pueden existir recursos reales superiores a los que efectivamente procesa el
sistema económico en la satisfacción de un nivel de demanda existente inferior a la demanda potencial constreñida en el mercado debido a la distribución del poder adquisitivo adversa a las mayorías consumidoras. En este caso es absurda una política
macroeconómica que someta ese potencial productivo existente al cepo de un positivo saldo presupuestario máximo como el desiderátum del equilibrio de las cuentas
fiscales. Pueden, de esa manera, generarse consecuencias económicas, sociales y políticas objetivamente violatorias de imprescindibles normas de convivencia pacífica
en una sociedad democrática. En el potencial productivo, que en razón de esta restricción del gasto gubernamental dejaría de aprovecharse, se incluye el capital humano de las clases trabajadoras y medias cuyas expectativas reales de consumo y de
ahorro se sacrificarían para rendir culto a la teología del equilibrio permanente de las
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cuentas presupuestarias del Gobierno Central aleatoriamente beneficiosas para las
clases más ricas.
De esta manera se pueden desatar los riesgos de un desequilibrio macrosocial
que perturbe la normalidad financiera de otros entes públicos descentralizados y de
los Gobiernos Regionales y Municipales. En la realidad institucional de la economía
venezolana, si el equilibrio de las cuentas presupuestarias se aplicara al balance de
todos los entes del sector público consolidado –Gobierno Central, Entes Autónomos, Estado, Gobernaciones y Municipalidades–, la recesión económica que se induciría como consecuencia de tal restricción fiscal, repercutiría negativamente sobre
los ingresos laborales y empresariales, y sobre las ventas y las transacciones comerciales y financieras, en detrimento del potencial tributario de los contribuyentes. Ello
intensificaría el riesgo de un creciente déficit fiscal al que la ortodoxia económica
dominante trataría infructuosamente de prevenir con subsiguientes restricciones del
gasto gubernamental. Las expectativas racionales de los operadores financieros nacionales e internacionales, al anticipar el inevitable deterioro fiscal, harían más costosa la colocación de las emisiones de deuda pública interna y externa, y se inducirían
en el sistema financiero restricciones del crédito bancario y elevación de las tasas de
interés sobre los préstamos. Es decir, que en lugar de contribuir a la liquidez y solvencia del Estado, la ortodoxia vigente induciría a partir del presente, (ex ante), a
profundizar la recesión y a minar, (ex post), las bases de un saludable equilibrio fiscal
a mediano y largo plazo. Este potencial equilibrio fiscal se apoyaría en una mayor
capacidad de tributación de los contribuyentes, racionalmente compatible con una
tasa de crecimiento del producto interno bruto no petrolero superior a la tasa de
crecimiento del producto interno bruto total, un aprovechamiento cabal de la riqueza laboral y del capital físico acumulados, y un contexto macro social basado en los
conceptos de equidad en la distribución del ingreso nacional real favorable al bienestar social, y a la armoniosa relación entre los trabajadores, los empresarios, y el Estado democrático.
Cuando la relación incremental entre el producto neto potencial y el producto
neto realizado es superior a la unidad, la demanda agregada interna debería expandirse en función directa de la relación entre la demanda potencial legítima –cuyo aumento reflejaría un múltiplo socialmente razonable de la tasa de crecimiento de la población– y la demanda existente en condiciones de una tasa de explotación del trabajo por
el capital compatible con la continua mejora de la calidad del capital humano de la
nación.
En este contexto normativo, el comportamiento social del Estado en el manejo
de la relación entre los gastos gubernamentales y los ingresos fiscales recurrentes,
dependería de la proporción de la demanda pública en la demanda total, y de los
efectos multiplicadores de ésta sobre el consumo y la inversión del sector privado,
sobre el nivel de ocupación productiva de la fuerza laboral, la distribución del ingre96
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Parte V · Capítulo VI
La realización de las metas reales y la superación de las metas
financieras del v plan de la nación 1976-1980
so real entre el capital y el trabajo, y la interrelación entre las magnitudes fiscales y las
magnitudes monetarias y cambiarias. Ello significa que la meta del equilibrio fiscal
no debía ignorar la existencia objetiva de estas variables ni la secuencia temporal de
la dinámica de la brecha real entre ingresos y egresos gubernamentales, las expectativas racionales de los operadores financieros y su impacto sobre el costo de la deuda
pública y de los préstamos bancarios al sector privado, los impactos distributivos y
redistributivos de las restricciones presupuestarias y la retroalimentación que generan al intensificar la recesión, el desempleo y el subconsumo, y la inevitable conflictividad así inducida y los elevados costos sociales y fiscales para neutralizarla.
Durante la instrumentación del V Plan de la Nación 1976-1980 hubo que manejar la realidad de un déficit fiscal subyacente endógenamente determinado en medida considerable por la naturaleza misma de las políticas de desarrollo orientadas a
profundizar y consolidar los cambios económicos estructurales iniciados por el régimen democrático a partir de la Revolución de Octubre de 1945 y reactivados en la era
constitucional iniciada en 1958.
El factor de la recurrencia de los ingresos y los egresos gubernamentales debe
ser reinterpretado en el caso venezolano, debido a que en una determinante proporción constituyen una transferencia de valor patrimonial natural perecedero extraído
para reproducirlo mediante su uso óptimo en capital físico y capital humano duraderos de superior rentabilidad nacional. Excluidos del presupuesto ordinario de ingresos y gastos gubernamentales estos dos rubros de gastos de capital natural no renovable y de capital físico reproducible, habría que evaluar simultáneamente las
implicaciones de los saldos de los flujos recurrentes de ingresos y egresos fiscales, y
el cambio en el valor del patrimonio neto de la nación, resultante de la respectiva
conversión de la riqueza económica perecedera en riqueza económica permanente
reproducible. La normativa que debería aplicarse consistiría en: (i) maximizar el saldo fiscal ordinario como porcentaje positivo del producto interno bruto no petrolero; (ii) minimizar tanto el rezago que media entre la percepción de los ingresos fiscales y su gasto como los costos reales netos para la sociedad derivados de la secuencia
temporal en que se realizan; (iii) la ampliación de la demanda agregada interna en
función directa de la relación entre el patrimonio neto reproducible y el patrimonio
productivo total; (iv) el uso del endeudamiento público interno y/o externo en función directa de la relación entre el consumo esencial de los miembros de la fuerza
laboral y el consumo total, y de la relación entre la formación de capital y el ahorro
total; y (v) el uso público de la deuda externa en función directa de la relación entre
componente foráneo y componente nacional de la formación de capital fijo y de la
relación entre el capital fijo existente en los sectores productores de bienes transables
y el capital existente en los sectores de la producción no petrolera total.
Debido al rezago temporal que media entre la percepción de los ingresos fiscales y los egresos gubernamentales, un superávit corriente puede significar una reduc97
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ción del gasto de los consumidores, una determinada proporción ociosa del potencial
productivo, una indeseable desaceleración del crecimiento del producto interno bruto no petrolero y un aumento de la desocupación de la fuerza de trabajo.
En las circunstancias de Venezuela durante la etapa analizada, se presentó la
favorable coyuntura iniciada en los comienzos de la década de los años setenta de
un sustancial ascenso de los ingresos fiscales corrientes de origen externo que se
expresó un superávit fiscal sin desactivación inmediata de la demanda interna
El excedente financiero externo en gran medida representaba una mayor participación del Capital del Estado en la remuneración total del Capital, lo que permitió
a las autoridades aumentar directa e indirectamente la demanda agregada interna y
las remuneraciones del factor trabajo en el sector público y en el sector privado. En
consecuencia, el ingreso laboral real por persona aumentó en 24%, y la participación
del trabajo en la distribución del Ingreso Nacional asciende de 36% a 43%. Esto
significaba que la tasa de explotación del trabajo por el capital privado y público desciende en 19%. Estas mejoras en el poder adquisitivo de las mayorías consumidoras,
por una parte reflejaron un aumento inicialmente moderado de la productividad por
persona de la fuerza laboral, y por la otra, el efecto de una redistribución a favor de
las clases trabajadoras y medias de la mayor participación del capital público en la
remuneración total del capital en la economía nacional.
La contribución neta del gasto de parte de este excedente financiero a la demanda agregada interna durante el bienio previo a la entrada en vigencia del V Plan de la
Nación 1976-1980, facilitó el aprovechamiento del potencial productivo ocioso y se
reflejó en un aumento de la tasa de crecimiento del producto interno bruto nacional
de más del 10% y en una reducción de la tasa de desempleo de 9% a 6% de la fuerza
de trabajo. Estos resultados generados gracias a un aumento del gasto público sin
una carga tributaria previa sobre el poder adquisitivo de los contribuyentes internos,
permitieron neutralizar los aumentos iniciales en el índice de precios al consumidor
cuya inevitable elevación fue más moderada que la ocurrida en otros países latino­
americanos y en los países de la OPEP beneficiarios de un comparable proceso de
reactivación económica.
Desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo en que se fundamentaron
las medidas de reactivación económica emprendidas durante los primeros cien días
del Gobierno Constitucional inaugurado en el primer trimestre de1974, éstas implicaron al mismo tiempo una reducción del saldo de la deuda social acumulada de la
nación con su principal fuerza productiva y el objetivo del Estado de contribuir decisivamente al ajuste continuo entre el crecimiento real de la demanda agregada interna al existente potencial económico subaprovechado y al que se incorporaría mediante la ejecución de los programas de capitalización física y de capitalización
humana del próximo V Plan de la Nación 1976-1980. Esta política de desarrollo se
proponía combinar la conservación y la más precisa cuantificación de la riqueza no
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Parte V · Capítulo VI
La realización de las metas reales y la superación de las metas
financieras del v plan de la nación 1976-1980
renovable de los hidrocarburos y la defensa de sus precios, el uso eficiente del ahorro
interno y la complementaria contribución del ahorro externo, la aplicación de los
progresos científicos y tecnológicos para inducir una mayor productividad total de
los factores y la continua mejora biológica e intelectual del componente humano del
capital nacional.
Tales propósitos deberían ser alcanzados asegurando el mayor grado posible de
compatibilidad entre el crecimiento de las magnitudes económicas del producto interno y el patrimonio productivo de la nación en el contexto de su autosustentabilidad ecológica, de la profundización de la democracia representativa, de la justa distribución del ingreso y la riqueza entre las diferentes clases y regiones del país y del
pleno ejercicio de la soberanía de la nación en el manejo de sus riquezas y de sus
decisiones en el concierto de sus relaciones económicas, políticas y diplomáticas con
el resto de las naciones.
Desde el punto de vista de la economía política apropiada para concretar exitosamente en el corto plazo la meta prioritaria del rescate, defensa, protección y desarrollo de las principales riquezas físicas de la nación, en el contexto de la expansión
de la economía y de la satisfacción de las aspiraciones populares, el Estado democrático pudo disponer de una amplia y sólida base social de apoyo para acometer y
consolidar la más importante transformación en la distribución del poder económico
que conozca la historia del país: el control por el Estado venezolano de las propiedades y derechos de las empresas transnacionales del petróleo y del hierro y la simultánea iniciación de un vasto programa de inversiones reproductivas en “las alturas dirigentes de la economía” (petróleo y gas, aluminio y acero, electricidad y agua,
petroquímica y cemento, transporte marítimo y aéreo, telecomunicaciones, etc.).
Una amplia brecha se revelaría cuando al proceder a las erogaciones financieras
necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas físicas y humanas del V Plan
de la Nación 1976-1980, debido a que el costo de las obras excedía considerablemente el monto de los recursos de divisas atesorados en el Fondo de Inversiones de Venezuela, asignados para el pago del componente foráneo de los correspondientes
proyectos.
La indivisibilidad técnica que en el tiempo restringía considerablemente la modularidad en la ejecución de las obras, era reforzada por la anticipación de las necesidades generadas por el crecimiento demográfico y la elevada tasa de urbanización, la
articulación intersectorial e intrasectorial determinada por el vector de la demanda
final de bienes y servicios, el incremento de los costos por eventuales discontinuidades e interrupciones en la ejecución de las obras, las cláusulas de escalación debido a
los previsibles encarecimientos de los bienes de capital en el ciclo ascendente de los
negocios en los mercados suplidores, etc. En estas condiciones económicas y sociales
y de rigideces organizativas en el curso del cronograma de la instrumentación de los
programas y proyectos respectivos, era inevitable concentrar su realización en un
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horizonte temporal relativamente corto. Por esta razón el pago del componente importado de las inversiones programadas para el período de instrumentación del V
Plan de la Nación 1976-1980 excedía notoriamente la reserva de divisas acumulada
disponible para tal propósito. Dado el papel preponderante del Estado en el control
de la propiedad del patrimonio productivo resultante de estas inversiones, no era
entonces políticamente admisible el recurso de la privatización de estos proyectos, ni
procedente el aumento de la producción petrolera en violación de los acuerdos con
la Organización de los Países Exportadores de Petróleo en defensa de los precios de
crudos y derivados.
La crítica de la oposición a estos programas se concentró esencialmente en las
dificultades de financiamiento y en la incapacidad futura para cancelar las obligaciones de la deuda pública a ser incurrida por este concepto. Hube de señalar entonces
que “financiar ahora estos programas por vía del crédito público no solo permite
adelantarlos y protegerlos de las alzas en los costos de estas inversiones en el futuro,
sino que también nos obligamos como país de manera anticipada a un ahorro predeterminado para asegurar a mediano y largo plazo el pago del servicio de una deuda
que nos permite desde ahora adelantar la constitución de tan importantes activos
productivos. Estos activos en el futuro valdrán mucho más que lo que debemos pagar por el servicio de esa deuda... Independientemente de que la ejecución de los
proyectos podrían tomar menos tiempo del previsto en el V Plan de la Nación 19761980, el Estado se compromete a llevarlos a cabo de manera casi irreversible y los
contribuyentes, desde ahora, deben prepararse para aportar al Estado los recursos
requeridos para hacer realidad tan importantes programas de capitalización anticipada”. ( Conferencia dictada en la Guarnición Militar de Caracas. 1976. Publicada en el
libro del autor Economía Pública, Planificación y Capitalismo de Estado en Venezuela. 1981.
Págs. 417-426).
Ese déficit subyacente del sector público solo podría evitarse o reducirse a un
alto costo nacional mediante un aumento sustancial en la extracción y exportación
de crudos y derivados en violación de las cuotas convenidas en la Organización de
los Países Exportadores de Petróleo con efectos negativos en el corto plazo sobre los
precios unitarios de los hidrocarburos en los mercados energéticos mundiales y en el
mediano y largo plazo cuando las condiciones de la demanda y la composición cualitativa de las ventas de crudos y derivados permitan imponer valores de exportación
sustancialmente más favorables. En el supuesto de que se experimentara un nivel de
las reservas internacionales inferior al requerido para garantizar la convertibilidad
del signo monetario, pagar el componente externo del gasto esencial interno imprescindible y honrar el servicio de deuda externa pública y privada de corto plazo, las
consecuencias inevitables sobre la devaluación de la moneda, la escasez de bienes
esenciales y el encarecimiento de los bienes de capital importados, las más elevadas
tasas de interés pagaderas por los deudores públicos en los mercados financieros
100
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Parte V · Capítulo VI
La realización de las metas reales y la superación de las metas
financieras del v plan de la nación 1976-1980
externos, etc., podrían obligar a redimensionar hacia abajo los proyectos públicos y
reducir por un múltiplo los programas privados de formación de riqueza productiva
nacional. La reversión del correspondiente proceso recesivo así originado se imposibilitaría en condiciones de destrucción inflacionaria del poder adquisitivo de las mayorías consumidoras en razón de la devaluación de la moneda en un país como Venezuela –fuertemente importador de bienes de consumo esencial y de insumos
necesarios para producirlos localmente en el corto plazo–. En el escenario de conflictividad social y de desconfianza por parte de los residentes más ricos con alta
propensión a la diversificación de sus inversiones en monedas de referencia internacional cuando se reduce el valor real de su patrimonio interno, se refuerzan sus expectativas racionales de devaluación del signo monetario intermitentemente sobrevaluado por la dinámica inflacionaria interna, en relación con las tendencias
estabilizadoras en los países con los cuales realizamos el mayor volumen de nuestras
transacciones reales y financieras. Las inevitables y sucesivas salidas de capital privado así inducidas y su negativo impacto multiplicador sobre la base y la liquidez
monetaria resultarán inevitables y se concretarán en la reducción de los préstamos
bancarios y en su otorgamiento solo en términos efectivamente más onerosos. La
explosiva combinación de la restricción del gasto gubernamental de consumo y de
capital, causada por el descenso de los ingresos reales recurrentes y el descenso de
la formación privada de capital fijo, en respuesta a los niveles crecientes de capacidad privada instalada ociosa, resultaría en una brusca caída de la formación de riqueza productiva, por un múltiplo, de la exportación del ahorro privado interno. Ello
resultaría en considerables costos sociales debido al aumento del desempleo y de la
pobreza generalizada y en creciente inestabilidad política amenazadora de la permanencia del sistema democrático.
El Gobierno se oponía a la comisión de estos errores evidentemente propiciatorios del fracaso de su propia estrategia de desarrollo y del incumplimiento de las
metas de los programas del V Plan de la Nación 1976-1980, cuando no existían razones económicas, sociales e institucionales válidas para arriesgarse a cometerlos.
Las estimaciones de las perspectivas de los ingresos fiscales petroleros que constituían la parte más importante de los recursos en divisas destinados al pago del componente importado de los proyectos prioritarios –decididos sobre la base de la exigente evaluación de su factibilidad técnica y económica por los expertos del Gobierno y del
Banco Mundial– eran bastante favorables. Ello nos permitió fundamentar nuestra
opinión cuando aseguramos al país y al Congreso Nacional que “en el caso específico
de la industria petrolera, estimaciones del Banco Mundial consideran que la “recuperación económica de los países industrializados, producirá un incremento de la demanda
de petróleo crudo y productos derivados (principalmente fuel oil) que permitirá a los
países exportadores aumentar la producción manteniendo estables los precios, o alternativamente aumentar los precios sin perder su participación en los mercados” y preci101
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samos “que la posición relativa de Venezuela en el mercado petrolero mundial no se
deteriorará en los años venideros”. De acuerdo con estas estimaciones, “el promedio
ponderado de los precios por barril de petróleo venezolano, pasará de 11.31 dólares por
barril en 1976, a 16.18 dólares en 1980 y 22.60 dólares en 1985. (Conferencia pronunciada en el Consejo de las Américas, Nueva York, el 21 de octubre de 1976, publicada
en la obra del autor Economía Pública, Planificación y Capitalismo de Estado en Venezuela, Págs.
449-478).
La exitosa instrumentación del V Plan de la Nación 1976-1980 comprobó el
realismo de sus explícitas proyecciones financieras. Para las correspondientes decisiones financieras, y en particular las que involucraron acudir a la contratación de
deuda pública externa para complementar el pago con recursos propios del componente foráneo de los proyectos respectivos, las proyecciones del Banco Mundial facilitaron negociar el servicio de esos pasivos en términos relativamente más favorables
para el país, y la utilización inmediata de los ingresos de divisas por tal concepto,
hizo posible explotar a nuestro favor los efectos de la recesión en los mercados de
bienes de capital en los países industrializados para obtener beneficiosos márgenes
de descuentos en las correspondientes adquisiciones y mejores términos contractuales en las cláusulas de indexación referentes a los ajustes motivados por la previsible
evolución de los costos de las futuras entregas de las adquisiciones y los servicios
asociados a éstas.
La deuda pública externa que se generaría no sería la contraparte de un desbalance presupuestario entre ingresos y egresos recurrentes del Gobierno, sino la diferencia en el presupuesto cambiario del sector público consolidado entre los gastos
totales de formación de capital fijo del Estado y las reservas acumuladas para pagar el
componente foráneo de las inversiones netas correspondientes. Como esta inversión
constituía un múltiplo sustancial de su componente foráneo, esa deuda externa debía
materializarse en una formación pública de capital productivo permanentemente reproducible, cuya producción real de bienes transables exportables y sustitutivos de
importaciones contribuiría simultáneamente a aprovechar y ampliar el potencial económico del país, a aumentar empleo bien remunerado de su fuerza laboral y a elevar
los niveles de consumo, ahorro y nuevas inversiones y al pago puntual del servicio de
la deuda externa contraída para el logro de -tales propósitos. Este pasivo representaría
una proporción declinante del creciente valor agregado nacional, de las exportaciones
y de los ingresos fiscales totales. En el caso de la deuda pública interna que debía incurrirse para pagar el componente doméstico de esta formación de capital productivo,
las necesidades de financiamiento serían menores debido a los excedentes acumulados
en distintas entidades estatales y paraestatales y a la posición acreedora neta del Estado con respecto a los particulares. El pago del servicio de este pasivo público cuyos
tenedores eran principalmente personas jurídicas y naturales venezolanas siempre
afectaría positivamente al ingreso del capital nacional, y en términos reales represen102
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Parte V · Capítulo VI
La realización de las metas reales y la superación de las metas
financieras del v plan de la nación 1976-1980
taría en el mediano y largo plazo una proporción decreciente del producto interno
bruto no petrolero y de la totalidad de los ingresos fiscales.
La previsión del endeudamiento neto del sector público durante la ejecución del
V Plan de la Nación 1976-1980 alcanzó la cantidad de 17.927 millones de bolívares
corrientes. Pero factores tales como el reconocimiento de compromisos anteriores –
acumulados y deficientemente registrados o contabilizados–, la necesaria ampliación
de la escala de los programas incluidos y de otros que era imprescindible agregar debido a razones técnico-económicas y a la superación anticipada de las metas en determinados proyectos, los aumentos ocurridos en los precios que afectó a los programas
de ejecución rezagada en la etapa final (1978-1980) del V Plan de la Nación 1976-1980,
los correspondientes requerimientos de endeudamiento incurridos rebasaron en
30.026 millones de bolívares corrientes las previsiones determinadas durante la fase
inicial de aprobación de los programas y proyectos y la contratación de los endeudamientos respectivos.
Puede comprobarse estadísticamente que la estimación de los ingresos previstos al aprobarse el V Plan de la Nación 1976-1980, fue superada con creces por los
ingresos efectivos del Gobierno Nacional. Para el final del V Plan de la Nación 19761980 que oficialmente ocurrió durante la administración del presidente Herrera
Campíns, la meta de los ingresos ordinarios había sido superada en 45.343 millones
de bolívares, es decir en un 124%. Esto significa que el excedente alcanzado sobre la
meta representaba el 151% del excedente del endeudamiento efectivo sobre el endeudamiento previsto. De haber utilizado el nuevo Gobierno este sobrante para cancelar
el excedente no previsto del endeudamiento, todavía habría dispuesto de 15.317 millones para atender otras obligaciones de desarrollo.
Las proyecciones del Banco Mundial sobre los precios del petróleo que constituían una implícita garantía adicional de pago de la deuda externa contraída para
ensanchar el patrimonio nacional en proyectos autopagables fueron confirmadas, y
en medida importante, superadas. Los precios del petróleo pasaron de un promedio
de 13. 90 dólares por barril durante 1974-1978, a 19.27 en 1979, 31.94 en 1980, 38.23
en 1981, y 33.27 en 1982. Para 1980 los ingresos fiscales petroleros realizados acumulados excedían las previsiones del V Plan de la Nación 1976-1980 en 34.189 millones
de bolívares; un año después –1981– los ingresos fiscales petroleros excedieron los
ingresos del año precedente en 25.504 millones de bolívares. La suma de estos excedentes por el orden de los 59.693 millones de bolívares representó el 167% del endeudamiento externo ocurrido durante el período del V Plan de la Nación 1976-1980. La
nueva administración pudo haber utilizado estos sobrantes para cancelar totalmente
el endeudamiento externo adicional no previsto, y disponer de recursos adicionales
de divisas para contribuir al pago del componente externo adicional de los programas de formación de riqueza productiva en el VI Plan de la Nación 1981-1986. (Cuadros 31 y 32).
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Como ya se ha indicado, el incremento de la deuda interna fue absorbido en
medida sustancial por el propio sector público, su aumento fue en gran parte el reflejo de una mayor capacidad financiera de los entes descentralizados del Estado, cuyos
excedentes debieron ser absorbidos por otros entes del sector público para adelantar
y aun sobrepasar sus programas de inversión real.
Entre 1976 y 1978, la deuda interna pasó de 8.901 millones de bolívares, a
19.589 millones de bolívares, en tanto que la adquisición de esta deuda por parte de
entes públicos –Seguro Social, Fondo de Inversiones, Banco Central, P.D.V.S.A.,
etc.– subió de 1.918 millones de bolívares a 15.428, es decir, de una participación
dentro del total de 22% a 79%. Deduciendo esta parte de la deuda pública interna
adquirida por los propios entes del sector público, la deuda interna neta, decrece en
2.822 millones entre 1976 y 1980, se incrementa en 9.075 millones en 1981 y decrece
en 5.341 millones en 1982. El incremento neto total entre 1976 y 1982 fue de solo 912
millones de bolívares. Basta tomar en cuenta que los créditos agrícolas e industriales
concedidos durante este período por el sector público al sector privado por 35.897
millones de bolívares excedieron en 39 veces el incremento en la deuda interna neta
del Estado. Puede así afirmarse que durante este período el sector público fue un
sustancial acreedor neto en la economía interna. (Cuadro 33).
En el caso de la deuda externa, la posición fue aun más favorable. Al tomar en
cuenta las reservas internacionales como una acreencia pública contra el exterior
deducible de sus pasivos externos, el país, al comienzo de la instrumentación del V
Plan de la Nación 1976-1980, era realmente un acreedor internacional neto. A pesar
de que la deuda pública externa bruta alcanzó, para fines del V Plan de la Nación
1976-1980 el monto de 41.516 millones de bolívares, la deuda externa neta alcanzó
solo 3.310 millones de bolívares y representaba una proporción considerablemente
menor del valor internacional de los activos internos correspondientes financiados y
de su potencial de producción de bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones. (Cuadro 8).
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Parte V · Capítulo VI
La realización de las metas reales y la superación de las metas
financieras del v plan de la nación 1976-1980
CUADRO N° 31
V PLAN: METAS Y RESULTADOS FINANCIEROS
(en millones de bolívares corrientes)
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos Endeudamiento Endeudamiento Endeudamiento
Ordinarios Ordinarios Petroleros Petroleros
Público
Público Efectivo
Externo
Estimados Realizados Estimados Realizados
(V Plan)
(V Plan)
(V Plan)
34,129
38,110
24,624
28,762
2,747
9,597
8,123
35,531
40,474
25,025
29,421
4,070
12,343
6,129
38,485
40,106
26,970
25,762
3,593
14,358
10,911
38,835
50,055
26,310
33,377
3,742
5,435
4,140
39,119
62,697
25,585
45,381
3,775
6,220
6,190
92,672
70,885
5,970
603
78,247
49,223
16,489
11,793
1983
1/
75,320
40,749
10,450
6,236
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadros 11-13 y 11-14; IV Mensaje del Presidente de la República al Congreso (1983). Cuadros No. 26, 27, 32 y 33; V Mensaje del Presidente de la República al Congreso (1984). Cuadro No. 26.
BCV: Anuario de Series Estadísticas 1983. III 24. 1/ Cifras provisionales.
CUADRO N° 32
V PLAN: METAS Y RESULTADOS FINANCIEROS
(en millones de bolívares a precios corrientes)
(1)
Diferencia entre
Ingresos Ordinarios
Realizados e Ingresos
Ordinarios Previstos
1976
1977
1978
1979
1980
3,981
4,943
1,621
11,220
23,578
45,343
(2)
(3)
(4)
Diferencia entre
Diferencia entre
(3:1)
Ingresos Petroleros endeudamiento Efectivo
Realizados e Ingresos
y endeudamiento
Petroleros Previstos
Previsto
3,835
4,396
1,208
7,057
19,796
33,886
6,850
8,273
10,765
1,693
2,445
30,026
(0,66)
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación. Cuadros II-13, II-14; IV Mensaje del Presidente al Congreso (1983); Cuadros
No. 26, 27, 32, 33 y 69.
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Gráfico 46
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1980. II, IV, V Mensajes del Presidente
al Congreso, 1976, 1983, 1984.
Gráfico 47
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1980. II, IV, V Mensajes del Presidente
al Congreso, 1976, 1983, 1984.
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La realización de las metas reales y la superación de las metas
financieras del v plan de la nación 1976-1980
Gráfico 48
Fuente: B.C.V: Informe Económico 1979 y 1983; Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983.
Gráfico 49
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979. *Ingresos Pub. Divisas – Divisas
Con, Inv y Pago Deuda Ext.
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Gráfico 50
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1983. IV Mensaje al Congreso de la República 1983. V Mensaje al Congreso de la República 1984. Cordiplan: V Plan de la Nación.
108
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Parte V · Capítulo VI
La realización de las metas reales y la superación de las metas
financieras del v plan de la nación 1976-1980
Gráfico 51
Fuente: Cordiplan: V Plan de la Nación; IV Mensaje del Presidente al Congreso 1983.
CUADRO N° 33
DEUDA PUBLICA INTERNA NETA
(en millones de bolívares a precios corrientes)
(1)
Deuda
Pública
Interna
(2)
Acreedores
Públicos
(3)
Deuda
Pública
Interna Neta
(1-2)
(4)
(2:1)
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
8.901
15.017
18.451
19.915
19.589
26.482
31.236
34.946
1,918
10,389
13,827
15,433
15,428
13,246
23,341
26,035
6,983
4,628
4,624
4,482
4,161
13,236
7,895
8,911
0.22
0.31
0.75
0.77
0.79
0.55
0.75
0.75
(5)
(6)
Créditos Sector Incremento
Público para Deuda Pública
Agricultura y
Interna Neta
Manufactura
3,592
4,711
4,060
4,525
5,406
6,080
7,523
-2,355
-4
-142
-321
9,075
-5,341
Fuente: BCV: Informe Económico 1980. A-11-39; Anuario de Series Estadísticas 1982. V-7. Cuadro No. 40; Anuario de
Series Estadísticas 1983. V-9.
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Gráfico 52
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979 y 1983. Cordiplan: V Plan de la
Nación.
Gráfico 53
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico de 1980. II, IV, y V Mensajes al Congreso de la República.
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Parte V · Capítulo VI
La realización de las metas reales y la superación de las metas
financieras del v plan de la nación 1976-1980
Gráfico 54
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1980.
Gráfico 55
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1983; Informe Económico 1979.
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Parte V · Capítulo VII
La ampliación y consolidación
del patrimonio productivo del país
Afirmé en marzo de 1979: “El análisis de resultados de la operación de la economía venezolana bajo la dirección del Estado en los últimos cinco años, debe centrarse mucho más en la dimensión patrimonial de la economía, en sus componentes
de riqueza física creada por el hombre (acumulación de capital fijo), riqueza natural
no renovable (reservas de petróleo, hierro, carbón, bauxita), riqueza humana (salud,
educación, formación técnica), que en el comportamiento en el corto plazo de las
dimensiones macroeconómicas convencionales del producto territorial, ingreso nacional e ingreso per cápita. Para la sociedad en su conjunto lo que más le interesa no
son solamente los volúmenes de producción y de ingresos reales, y su comportamiento coyuntural en el corto plazo, sino en qué medida estas magnitudes cristalizan en
el mediano plazo en más capital social acumulado en la forma convencional de medios de producción y en la forma de riqueza humana con mayores potenciales de
eficiencia productiva. El Estado de Ganancias y Pérdidas de una economía social
puede fluctuar de un año a otro y resultar en distintos comportamientos en atención
a los factores endógenos que afectan la gestión productiva de la sociedad. Así mismo,
las cuentas financieras del Estado pueden presentar situaciones superavitarias, deficitarias o de equilibrio durante un determinado período, en atención al comportamiento de corto plazo que afecta la generación de ingresos y la aplicación de los
distintos rubros del gasto público. Pero la medida real de los resultados, tanto de la
gestión de la economía social, como dentro de ella, de la gestión del sector público,
es el activo neto que resulta al final de un período de programación de las distintas
operaciones de generación, captación y aplicación de recursos”. (Conferencia sobre
el “Estado de la Economía Nacional”, Cámara de Comercio de Puerto Ordaz, 15 de
marzo de 1979, publicado en Economía Pública, Planificación y Capitalismo de Estado en
Venezuela. 1981. Págs. 298-307).
Al final del período, la tasa de crecimiento de la economía descansaba sobre
una base patrimonial más sólida que la que existió al inicio del boom petrolero.
El capital fijo real nacional (público y privado) que a precios de 1968 puede estimarse alcanzó en 1974, 150.000 millones de bolívares, para 1978 pudo aproximarse
a más de 250.000 millones; es decir, que entre 1974-1978 el capital fijo real de la nación se incrementó en 67% con respecto al monto existente en 1974. Si tomamos en
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cuenta que para obtener una unidad de producto se requiere para entonces 3.57
unidades de capital, esto significa que durante el período 1974-1978 se agregó a la
economía un potencial anual de producción de cerca de 28.000 millones de bolívares. La política de formación de capital del sector público directamente en sus propias unidades económicas e indirectamente en las unidades del sector privado, se
llevó a cabo al mismo tiempo que una parte sustancial de los ingresos públicos reales
se destinaba a la formación de capital humano mediante el gasto corriente en educación, salud, seguridad social, etc.
Los gastos de inversión global del sector público rebasaron sus niveles dé ahorro durante 1974-1978; a pesar de que el ahorro real del sector público se incremento
de 122 millones de bolívares por año durante 1970-1973 a 8.515 millones por uno
durante 1974-1978, los gastos públicos globales de inversión real se incrementaron de
4.655 millones por año a 9.997 millones de bolívares por año, es decir, 2.1 veces más;
por esta razón, los recursos dedicados por el sector público a la formación de capital
excedieron los ahorros públicos durante este último período en cerca de 1.482 millones de bolívares por año, es decir, por un total de 7.409 millones de bolívares; en
síntesis, los gastos directos de inversión estatal representaron el 55% de los ingresos
reales captados por el sector público y excedieron en 17% el nivel de ahorro público
para lograr esta tasa de capitalización social superior a \su propia tasa de acumulación de ahorros excepcionalmente elevada (47% de sus ingresos), el sector público
utilizó la estrategia de aprovechar el creciente patrimonio real de la nación para garantizar la incorporación de recursos externos al proceso de formación de capital
global en el país, mediante operaciones de crédito público externo. En lo interno, el
hecho de que el Estado actuara como suplidor de recursos financieros para apoyar la
formación privada de capital, reducía al mínimo la posición deudora real neta con
respecto al sector privado. En lo externo, para fines de 1978, las reservas internacionales del país excedieron en 5% el monto del endeudamiento. Durante 1974-1978 los
intereses obtenidos por las reservas internacionales fueron de 2.528 millones de dólares, en tanto que los intereses pagados por la deuda externa fueron 834 millones de
dólares, lo que significó que los intereses de las reservas internacionales representaran más de 3 veces el valor de los intereses de la deuda y pagaran el 75% del valor del
servicio de ésta.
Si en lo interno y en lo externo las estadísticas demuestran que el sector público
era un acreedor neto, cabría indagar cómo pudo el Estado financiar un excedente de
su inversión con respecto a sus ahorros de más de 7.000 millones de bolívares y contribuir a facilitar el financiamiento del excedente de la inversión privada sobre los
ahorros privados internos. Ésta ha sido una discrepancia estadística que se ha presentado en los lustros recientes entre las cifras de la inversión real pública y los niveles de ahorro público, discrepancia que se redujo sustancialmente entre 1974-1978
con respecto a 1970-1973. Entre 1970-1973 la inversión pública real fue de 4.655
114
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Parte V · Capítulo VII
La ampliación y consolidación del patrimonio productivo del país
millones de bolívares por año, y el ahorro público real, de 122 millones de bolívares
por año, lo que significa que la inversión pública excedió el ahorro público en 4.533
millones por año, arrojando un total de 18.132 millones de bolívares; ello se reflejó
en un nivel de deuda subyacente o no registrada de 15.526 millones de bolívares; esta
última proviene de sustraer el incremento del endeudamiento registrado (2.606 millones de bolívares) del exceso de la inversión sobre el ahorro (18.132 millones). Durante 1974-1978 la inversión bruta fija del sector público por 49.986 millones de bolívares excede en 17% el total de ahorro público de 42.577 millones de bolívares, es
decir que el ahorro público que entre 1970-1973 cubrió el 2.6% de la inversión pública, entre 1974-1978 cubrió el 85%; como el endeudamiento real registrado para este
período fue de 20.433 millones de bolívares, frente a un exceso de la inversión pública real sobre el ahorro público real de 7.409 millones de bolívares, podría decirse que
sólo una parte del endeudamiento real registrado (36%) cubrió el déficit entre ahorro
e inversión, y que el resto (13.024 millones) representó esencialmente el endeudamiento que hubo de regularizar el nuevo Gobierno para cubrir la deuda no registrada durante la Administración precedente. Si tomamos en cuenta que el reconocimiento de deuda preexistente no registrada no significa endeudamiento real adicional,
el problema o discrepancia real se reduce a la diferencia entre las inversiones realizadas y el ahorro general, tanto en la economía en su conjunto como en la economía
pública y en la economía privada por separado. En la economía global la inversión
pública y privada real fue de 124.513 millones de bolívares frente a un ahorro público
y privado de 91.458 millones de bolívares, es decir, un exceso de inversión sobre
ahorro de 33.055 millones de bolívares. Este exceso fue de 25.646 millones de bolívares para el sector privado y de 7.409 millones para el sector público. Tomando en
cuenta que durante 1974-1978 ingresaron al país 6.070 millones de dólares en la forma de inversiones privadas y préstamos privados externos, cuyo equivalente real en
bolívares de 1968 es de 12.877 millones de bolívares, el remanente no financiado del
exceso de la inversión privada sobre los ahorros privados internos puede calcularse
en 12.769 millones de bolívares. Puede señalarse que para la economía pública y
privada en su conjunto el remanente no explícitamente financiado entre inversión y
ahorro alcanzó un total de 20.178 millones de bolívares. Esto significaría la existencia para la fecha de una deuda pública real no registrada de 7.409 millones de bolívares, que constituye el 48% de la deuda real no registrada para 1973 (15.526 millones
de bolívares). En el caso de la economía privada, una parte del remanente no explícitamente financiado pudo estar representado en deuda externa y en deuda interna
no registrada (deudas con trabajadores y suplidores no debidamente contabilizadas).
Si consideramos que la inversión pública anual durante 1974-1978 representó
cerca de 3 veces la inversión pública anual durante 1970-1973, el hecho que la deuda
no registrada se haya reducido a menos de la mitad de la existente para 1973, significa que ésta cubrió el 83% de la inversión pública durante el primer período y el 15%
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durante el segundo. Es obvio también que el sector privado, que durante el período
1970-1973 tan solo pudo aplicar a sus inversiones reales el 94% de sus ahorros, al
realizar durante el período 1974-1978 inversiones por encima de éstos en un 54%,
haya tenido que acudir a elevados niveles de endeudamiento de los cuales una parte
no ha sido registrada en las estadísticas convencionales correspondientes.
En todo caso, lo que interesa no es el monto de la deuda global, o de la deuda del sector público y del sector privado (registrada o no registrada), sino qué
proporciones éstas representan en el total de los activos productivos acumulados
y de la capacidad de éstos para generar los recursos con los cuales pagar el servicio de las obligaciones correspondientes. Para 1979 la deuda del sector público en
términos reales (es decir a aprecios de 1968) alcanzó un valor de 20.177 millones
de bolívares, suma que según las informaciones dadas por la nueva Administración inaugurada ese año incluía una parte sustancial de la deuda no registrada
existente al final de 1978. Esta deuda real del sector público representé el 16% de
todas las inversiones fijas acumuladas durante el período y el 8% del capital fijo
total para 1979. El servicio anual de la deuda pública en términos reales era para
1979 de 1.797 millones de bolívares, lo que representó el 6% del producto territorial bruto potencial adicional que se podía producir con el capital fijo real acumulado durante los cinco años precedentes.
La base patrimonial de la economía era todavía mucho más sólida. Por ejemplo,
la política de conservación y de ampliación de las reservas de petróleo las había incrementado durante el período en 4.703 millones de barriles al pasar de 13.812 millones de barriles en 1973 a 18.515 millones en 1979, lo que significa, al precio del
petróleo para este último año, de 17.69 dólares por barril, un valor adicional de
83.196 millones de dólares, es decir, 6.6 veces el valor de la deuda total y 10.1 veces
la deuda contraída en moneda extranjera. (Cuadros 34, 35 y 36).
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Parte V · Capítulo VII
La ampliación y consolidación del patrimonio productivo del país
CUADRO N° 34
INGRESOS REALES CAPTADOS POR EL SECTOR PUBLICO
(en millones de bolívares a precios de 1968)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10)
Ingreso
Ingreso
(2:1) Consumo Ahorro Inversión (5-6) Endeudamiento (5:6) (8:6)
Nacional Nacional
Público Público Pública
Público
Real Real Público
Real
Real
40,842
41,918
45,368
48,270
176,398
53,031
58,031
63,578
67,087
68,615
311,261
68,604
71,394
69,976
209,974
5,711
7,171
7,058
8,855
28,795
21,166
18,548
17,546
18,765
14,912
90,937
16,375
17,907
23,260
57,542
(0.14)
(0.17)
(0.16)
(0.18)
6,683
6,695
7,478
7,480
(0.39) 6,897
(0.32) 8,768
(0.28) 10,288
(0.28) 11,021
(0.22) 11,382
(0.24) 10,270
(0.25) 10,888
(0.33) 11,513
942
476
-420
1,375
489
14,265
9,780
7,258
7,744
3,530
42,577
6,105
7,019
11,747
24,871
2,876
3,152
6,001
6,589
18,618
6,808
7,780
10,028
12,294
13,076
49,986
11,097
10,828
13,763
35,688
-1,298
-2,676
-6,421
-5,214
7,457
2,000
-2,770
-4,550
-9,546
-4,992
-3,809
-2,016
914
909
499
280
2,602
818
2,240
4,990
5,924
6,461
20,433
2,011
1,928
1,612
5,551
(0.14)
(0.85) (0.41)
(0.70) (0.16)
Fuentes: Cuadros 2 y 6. BCV: Informe Económico 1980 A-V-46; Anuario de Series Estadísticas 1982 VI-8; Anuario de
Series Estadísticas 1983 VI.7. Cordiplan: IV Mensaje del Presidente de la República al Congreso 1983. Cuadro 32; IV
Mensaje del Presidente de la República al Congreso 1976. Cuadro 29; V Mensaje del Presidente de la República al
Congreso 1984. Cuadro 32.
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CUADRO N° 35-A
AHORRO E INVERSION BRUTA FIJA PRIVADA
(en millones de bolívares a precios corrientes)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
(1)
(2)
(3)
(5)
(7)
(8)
Ahorro Inversión (2-1) Inversiones Créditos
Financ.
Privado Bruta Fija
Extranjeras Agrícolas Público a
Privada
Directas y Oficiales Industria
Prestamos Pagados
Manuf.
Externos
Privada
8,634
8,662
28
9,155 10,310 1,155
11,435 9,980 -1,455
15,095 12,831 -2,264
44,319 41,783 -2,536
15,530 18,924 3,394
15,264 20,389 5,125
21,854 27,589 5,735
20,335 39,858 19,523
24,389 43.59I 19,202
97,372 151,351 52,979
30,830 40,478 9,648
37,165 36,974 -191
12,489 34,059 21,570
80,484 111,511 31,027
1,217
1,509
383
2,825
5,934
1,965
5,139
3,969
5,409
9,623
26,105
8,729
7,495
6,682
22,906
4,433
3,158
350
441
512
694
1,117
1,686
1,642
2,241
2,624
2,787
3,218
3A22
2,577
1,742
247
193
245
353
1,879
1,950
2,470
1,436
1,742
2,190
2,958
2,944
1,836
(9)
(10)
(11)
(7+8) Componente (5:10)
Externo
Inversión
Privada
688
705
939
2,332
1,470
3,565
3,592
4,711
4,060
17,398
5,525
5,406
6.0154
15,709
5,521
3,578
2,637
3,416
3,257
4,059
13,369
5,966
6,993
9,646
9,672
15,768
48,045
12,037
10,995
10,154
33,186
0.44
0.54
0.69
Fuentes: BCV: Informe Económico 1979 A-IV-8.A-IV-37. A-IV-65.A-IV-6; Anuario de Series Estadísticas 1982 VI.8.
VI-7.II-5.VI.38; Anuario de Series Estadísticas 1983.VI-20. VI-41.II-2. VI-6.
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Parte V · Capítulo VII
La ampliación y consolidación del patrimonio productivo del país
CUADRO N° 35-B
AHORRO E INVERSION REAL PRIVADOS
(en millones de bolívares a precios de 1968)
(1)
(2)
Ingreso Nacional
Ahorro
Real Privado
Real Privado
1970
1971
19’72
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
35,131
34,747
38,310
39,415
147,603
32,784
39,483
46,032
48,322
53,703
220,324
52,229
53,487
46,716
152,432
8,375
8,331
10,063
11,774
38,543
8,386
8,395
11,364
9,761
10,975
48,881
11,407
11,521
3,372
26,300
(3)
(4)
(5)
(2:1) Inversión Bruta Fija (2-4) Real Privada
(6)
(2:4)
(7)
(4:1) (0.24)
(0.24)
(0.26)
(0.30)
(0.26)
(0.21)
(0.25)
(0.20)
(0.20)
(0.22)
(0.22)
(0.07)
1.05
0.65
0.74
0.25 1,969
0.34 -25,646
0.23 -9,335
8,402
9,382
8,782
10,008
36,574
10,219
11,214
14,346
19,132
19,616
74,527
14,977
11,462
9,196
35,635
7,023
4,638
-27
-1,051
1,281
1,766
-1,833
-2,819
-2,982
-9,371
-8,641
-3,570
59
-5,824
(8)
(2-4) Fuentes: BCV: Informe Económico 1979 A-IV-8; Informe Económico 1983. Cuadro VI-19; Anuario de Series Estadísticas 1982 VI-8; Anuario de Series Estadísticas 1983 VI-7.
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CUADRO N° 36
COMPOSICION DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
(en millones de bolívares a precios corrientes)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
(1)
Deuda
Pública Total
5,491
6,482
7,210
8,434
(2)
Deuda Externa
(3)
(2:1)
2,931
3,770
4,340
5,201
(0.53)
(0.58)
(0.60)
(0.62)
10,176
12,801
22,397
34,739
49,099
4,709
6,023
14,146
20,275
31,186
(0.46)
(0.47)
(0.63)
(0.58)
(0.64)
54,533
60,753
66,323
83,212
93,662
35,326
41,516
40,913
52,706
58,942
(0.65)
(0.68)
(0.61)
(0.63)
(0.63)
(4)
Incremento
Deuda Externa
2,270
26,477
23,380
Fuentes: BCV: Informe Económico 1979. Cuadro A-V-46; Anuario de Series Estadísticas 1983 III-24.
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Parte VI · Capítulo VIII
La “reacción económica” y la ofensiva
contra el V Plan de la Nación 1976-1980
La base más sólida del patrimonio económico de la nación aseguraba un potencial de progreso material que eficientemente utilizado podía constituir fuente permanente de bienestar material para todos los pobladores del territorio.
El uso de este acervo de enriquecimiento colectivo en los años futuros dependería de la organización institucional de la sociedad mediante una adecuada coordinación
entre la función productora del sector público y la iniciativa de los distintos estratos
sociales del sector privado, es decir, de la idoneidad de la dirigencia pública y privada
para concertar esfuerzos y recursos y determinar el orden racional de prioridades a fin
de extraer de su aplicación rendimientos crecientes en términos de bienestar social de
las mayorías y de la ampliación continua de la capacidad productiva nacional.
La oportunidad del aumento de los ingresos petroleros fue a comienzos de la
década de los setenta aprovechada por el país de la manera que hemos analizado en este
trabajo, lo que demuestra que hasta ese momento la organización de nuestras instituciones públicas no obstruía abiertamente la aplicación de una política de desarrollo
para transformar nuestras riquezas físicas y sociales en más elevados niveles de producción, consumo, inversión y formación de capital humano. Pero la dinámica del proceso
en marcha generaba dialécticamente sus propias tensiones y contradicciones que iban
a someter a dura prueba la capacidad del sistema institucional para conducir exitosamente la economía del país en las condiciones de crisis de crecimiento que generaba el
propio éxito de las políticas instrumentadas. A este respecto, hube de señalar en febrero de 1977: “Cuando la política de desarrollo se desenvuelve dentro de los patrones de
producción y distribución existentes y procura solo ampliar o reproducir a niveles más
elevados la estructura prevaleciente, no encontrará la resistencia de las clases beneficiarias del orden tradicional. En estos casos, el modelo de desarrollo, o mejor dicho, de
crecimiento, contiene implícitamente el patrón tradicional de distribución, y procura
fortalecerlo. Pero cuando una nueva imagen de desarrollo se concreta a través de políticas dirigidas a realizar las aspiraciones de las clases más débiles, los programas correspondientes pueden entrar en conflicto con los intereses de los grupos sociales económicamente privilegiados. En anticipación a este conflicto y para afrontarlo
debidamente, es indispensable que la nueva política de desarrollo aborde de manera
explicita el problema de la distribución del poder. Debe formularse con meridiana cla121
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ridad la infraestructura de distribución del poder sobre la base de la cual se instrumentarán los programas de desarrollo con el mínimo de obstrucciones, fricciones o resistencias”. “Dentro del contexto de la distribución del poder donde han descansado los
factores tradicionales de desarrollo es extremadamente difícil –para no decir imposible– instrumentar los planes y los programas mediante los cuales cristalice la nueva
imagen de un desarrollo más equilibrado y más justo. Frente al Estado dispuesto a
concretar esa nueva imagen del desarrollo, durante el proceso de toma de decisiones
por el sector público se organizará todo tipo de resistencia u obstrucción –ex ante– a
objeto de impedir o mediatizar el propósito y contenido renovador de las nuevas políticas. Una vez que han sido adoptadas las decisiones se intentará todo tipo de resistencia u obstrucción –ex post– para acomodar sus efectos a las necesidades del orden
existente, para neutralizarlos o anularlos. La capacidad de obstrucción de los factores
tradicionales de poder depende en última instancia de su poder económico en relación
al poder económico del sector público, y de su grado de dependencia financiera con
respecto a éste, de su liderazgo sobre el resto de las clases de la sociedad, y de su influencia directa o indirecta sobre los responsables de la adopción e instrumentación de las
decisiones”. (Conferencia pronunciada en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
el 28 de febrero de 1977. Publicada en el libro del autor Economía Pública, Planificación y
Capitalismo de Estado en Venezuela. 1981. Págs. 571-602).
El proceso de expansión económica, a pesar de la orientación trazada por el
Gobierno para nacionalizar y desconcentrar internamente el poder económico, ocurrió en el contexto del equilibrio, o status quo, en la correlación de fuerzas entre las
diferentes clases o grupos de interés, que no fue modificado en sus aspectos determinantes en función de los propósitos de democratización económica y social perseguidos en el Programa Electoral de Gobierno del actual Presidente de la República. Los
partidos democráticos en general, y el partido de gobierno en particular, a pesar de
que subjetiva e ideológicamente están formalmente comprometidos con los intereses
de las grandes mayorías que deben beneficiarse de ese proceso de desarrollo, a medida
que avanzaba la instrumentación de los programas y proyectos del V Plan de la Nación 1976-1980, fueron sutilmente persuadidos y neutralizados para frenar o mediatizar la realización de la política de desarrollo democrático en marcha. Los efectos de la
expansión reducían en el corto plazo la capacidad ociosa en la economía y propiciaba
el pleno empleo de la mano de obra y el uso cabal de los factores materiales de la producción, lo acentuaba las contradicciones y conflictos en la distribución del valor
agregado en la economía social. En las primeras etapas de la expansión, la distribución del ingreso real creado por el uso de la capacidad ociosa y por la mejora en los
términos de intercambio logrados con respecto al sector externo gracias al alza de los
precios del petróleo y a la nacionalización de esta industria petrolera, el proceso discurría en términos de relativa armonía social porque no significaba históricamente
costos para los grupos económicos dominantes. Pero en una situación de uso pleno
122
GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 122
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Parte VI · Capítulo VIII
La “reacción económica” y la ofensiva contra el V Plan de la Nación
1976-1980
de la capacidad productiva en general, de la mano de obra en particular y de la reducción del inventario de divisas del país, el proceso de acumulación por parte de las
clases más ricas tan solo podía sostenerse mediante la reducción de la parte del valor
agregado que correspondería a las mayorías y a la acumulación socialmente reproductiva para beneficio general de la población.
Cuando el desempleo se reduce del 10% al 5% de la fuerza de trabajo, y entran en
vigencia las medidas oficiales de estabilidad en el trabajo y de protección de las prestaciones laborales, se fortalece el poder de contratación de la clase obrera y se reduce la
participación capitalista en el valor agregado incremental. Por eso desciende la tasa de
explotación del factor trabajo medida por la relación entre la remuneración capitalista
y la remuneración laboral. En 1974 los ingresos reales laborales representaron 1.50 veces los ingresos del capital y en 1978 representa 1.72 veces. Es entonces cuando se
sienten públicamente las primeras iniciativas públicas del capital privado organizado
contra el “recalentamiento de la economía”. Era obvia la implícita sugerencia de desmontar la política de pleno empleo como medio para debilitar la posición negociadora
del factor trabajo en la correlación de fuerzas sociales en el país.
En el momento en que entran en ejecución los programas básicos de desarrollo
que ensanchan el control del sector público sobre “las alturas dirigentes de la economía”, ocurre una intensificación del proceso de acumulación privada de capital que
compite fuertemente con la instrumentación de los programas básicos por recursos
físicos y recursos humanos especializados. Es éste el momento en que la construcción
de la Represa de Guri, los programas de construcción industrial, de la vialidad agrícola,
etc., requieren de un elevado volumen de recursos físicos que absorbía el capital privado en la construcción comercial y en la construcción residencial de lujo en los centros
urbanos más ricos. Este sobredimensionamiento de la inversión privada no prioritaria
amenazó la viabilidad física de las inversiones públicas básicas y creó congestionamientos o “cuellos de botella” en puntos críticos del sistema económico. Es entonces cuando se intensifica la crítica de los capitalistas tradicionales contra la “política faraónica”
y la “gigantomanía” de los planes del gobierno.
La internacionalización de la propensión a invertir del capital nacional se exacerba en el preciso momento en que la economía se acerca al uso pleno de su capacidad
financiera externa, cuando era alto el componente importado de los programas de inversión pública básica y tendía a reclamar una proporción cada vez mayor del inventario de divisas del país. Las reservas internacionales declinaron de 9.336 millones de
dólares en 1975 a 7.599 millones de dólares en 1978, y las divisas utilizadas para pagar
el componente importado de los programas públicos suben de 22% al 62% de los ingresos ordinarios de divisas del Gobierno, al mismo tiempo que las compras privadas
de bienes suntuarios y los gastos de viajeros al exterior pasan de 827 millones de dólares
a 3.363 millones de dólares y las salidas de capital privado, de 1.060 millones de dólares
a 2.299 millones de dólares. (Cuadros 37 y 38).
123
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En este momento arrecia la campaña contra “el efecto Venezuela”, “la indigestión
económica”, “el sobredimensionamiento”, etc. La prédica interesada del capital organizado penetra las débiles defensas ideológicas del movimiento popular, y muy particularmente de los dos principales partidos democráticos, y procura convertirlos en involuntarios e inconscientes agentes de sus estrechos intereses de grupo. Es entonces
cuando un hombre de la trayectoria nacionalista democrática de Pérez Alfonzo, lanza
“su voz de alarma” contra el “Plan de la Destrucción Nacional”. “Ahora descubrimos
–advierte– un derrumbe que amenaza atrapar en sus escombros todas las actividades
nacionales. Ese derrumbe es el resultado de la negligencia e irresponsabilidad que prevalecen. El esperpento denominado V Plan de la Nación, con su inexcusable endeudamiento, se proyecta y se intenta aplicar cuando lo que ocurre se veía venir”. El pueblo
en su conjunto tendrá que colaborar para redimensionar el cacareado coraje y audacia
de un gobierno capaz de incurrir en la situación causante de esa herencia”. (Clase Magistral, octubre de 1978).
Al mismo tiempo el entonces candidato socialcristiano y luego Presidente de la
República Luis Herrera Campíns se hacía eco de la misma prédica: “Sostengo que el
Estado venezolano tiene un tremendo poder económico acentuado con las nacionalizaciones de las industrias del petróleo y del hierro, que actúa aplastantemente contra la
persona y eso no es conveniente”. “Es decir, es necesario un Estado que aliente la
creación de sociedades intermedias entre la persona y ese mismo Estado, capaces de
impedir que se abuse con el enorme poder económico y político de éste...” (Entrevista
en el diario El Nacional el 4 de noviembre de 1978).
Nuestra respuesta y nuestra interpretación de esta prédica, a la luz de los conflictos entre clases y grupos de interés, fue inmediata. Refiriéndonos a los partidos democráticos señalábamos: “La pérdida de importancia de la ideología y su pragmatismo sin
definidos rumbos doctrinarios, los hace vulnerables al contrabando ideológico de los
intereses particulares del capital organizado. De allí, por ejemplo, que sea fácil infiltrar
en los programas de gobierno de los partidos democráticos, criterios capitalistas ortodoxos sobre la rentabilidad de las empresas públicas, la venta de unidades del Estado al
sector privado, los subsidios y las exoneraciones directas o indirectas a los grupos económicos de gran escala, etc., que no siempre se corresponden con los propósitos sociales de los partidos ni con la ideología implícitas en sus prédicas y retórica”. “La falta de
una política de formación de dirigentes administrativos capacitados por parte de los
partidos y la confusión programática que ya hemos señalado, los coloca, a pesar de su
voluntad, en manos de los factores más organizados del poder capitalista”. “El hecho
de que los partidos políticos no dispongan de esta clase de recursos técnicos y de que
la acción pública se haga técnicamente cada vez más compleja, determina que inevitablemente la función de la gerencia pública se concentre en manos de los más capacitados, desde un punto de vista tecnocrático, pero cuya educación y visión del mundo y
especializaciones mismas se han formado con propósitos diferentes de los que corres124
GUMERSINDOR 2013 Libro.indb 124
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Parte VI · Capítulo VIII
La “reacción económica” y la ofensiva contra el V Plan de la Nación
1976-1980
ponde exigir a quienes deben estar específicamente preparados para la defensa de los
intereses colectivos...” (Conferencia en la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, el 15
de noviembre de 1978. Publicada en el libro del autor Economía Pública, Planificación y
Capitalismo de Estado en Venezuela. 1981. Págs. 644-660).
Esta prédica desde afuera y esta inducción desde adentro, aseguraría, en el período constitucional subsiguiente, la instrumentación de la política de redimensionamiento de las bases de la economía democrática y de reconcentración del poder económico
interno a favor de las minorías plutocráticas y en contra de las mayorías trabajadoras.
Afirmé entonces: “Y me preocupa también que no se enfrente a esta prédica injustificadamente pesimista, sobre cuyas bases las fuerzas establecidas del orden económico
procuraran calentarle las orejas al próximo gobierno para inducirlo a adoptar políticas
contrarias a los mejores intereses nacionales”. “Lo que está planteado es la necesidad de
aprovechar a plenitud el potencial productivo en que hemos sembrado el petróleo y no
puede ser la contracción y el redimensionamiento hacia abajo que propone Juan Pablo
Pérez Alfonzo: “Redimensionar hacia abajo, mediante una injustificada contracción
económica, significa lanzar a la desocupación a inmensas legiones de trabajadores...”.
“Redimensionar hacia abajo agravaría los problemas de distribución de los ingresos y
de las riquezas, porque los primeros en ser excluidos del derecho a participar en el producto social serían los cientos de miles de venezolanos que quedarían fuera del mercado de trabajo, mientras los ricos más privilegiados tienen capacidad para beneficiarse
de sus desastrosos efectos sobre los más pequeños y medianos”. “Las regiones se encuentran actualmente en su fase de expansión y consolidación de sus sectores productivos. Las inversiones que en ellas se han realizado tienen un período de maduración
de unos cuantos años, por lo que todavía las economías regionales seguirán dependiendo en alto grado de las erogaciones corrientes y de los gastos de inversión del Gobierno
Central, lo que las hace altamente vulnerables ante cualquier reajuste de las magnitudes
del gasto del sector público. Así mismo las nuevas clases empresariales del interior del
país han emprendido los proyectos, hoy en marcha, sobre una base de capital propio
muy precaria, lo que las hace depender en sus inversiones del financiamiento a mediano y largo plazo del sector público y en particular de los intermediarios financieros del
Estado.
Esta elevada relación deuda/capital las hace muy vulnerables en el mercado financiero y las pone a merced de la ortodoxia cobradora de sus principales acreedores. En
un proceso drástico de reajuste del gasto público, no solo se verían afectadas las rentabilidades y los flujos de caja de estas empresas por la baja en la demanda de sus productos, sino que la urgencia que tendría el Estado de cobrar rigurosamente en la fecha de
vencimiento de sus saldos acreedores, las sometería a duras pruebas que terminarían en
un proceso de embargos, de liquidaciones y, al final, de transferencia de la propiedad a
los intereses económicos más poderosos de los centros metropolitanos más ricos”.
“No queda la menor duda que el reajuste que propone Pérez Alfonzo culminaría en la
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reversión de la política de democratización del poder económico y de desconcentración
regional o espacial de las actividades productivas que ha venido instrumentando el
actual Gobierno”. “Redimensionar hacia abajo desestimularía la inversión en el país
por parte de toda la comunidad de ahorristas pequeños, medianos y grandes, y produciría una masiva salida de capitales para financiar el desarrollo de los países más privilegiados económicamente” (Conferencia en la Cámara de Comercio e Industria de
Margarita, el 22 de octubre de 1978. publicada en el libro del autor Economía Pública,
Planificación y Capitalismo de Estado en Venezuela. 1981. Págs. 541-565).
La política económica del nuevo Gobierno a partir de 1979 se ajustó en lo fundamental a estas recomendaciones contraccionistas. Los organismos económicos agrupados en Fedecámaras saludaron esta “rectificación” “del modelo de desarrollo”. Es el
momento mismo en que estaba entrando en funcionamiento una parte sustancial de las
inversiones realizadas programadas en el V Plan de la Nación 1976-1980 que requerían
de un ensanchamiento de la demanda global para utilizarlas a cabalidad y en que se
incrementaba el inventario de divisas por un múltiplo de los niveles existentes al final
del período, facilitándose así el pago del componente importado de mayores volúmenes de consumo e inversión. Como ya hemos demostrado, durante la Administración
de Carlos Andrés Pérez se agregó a la economía un potencial anual real de producción
de 28.000 millones de bolívares. Una política de “enfriamiento de la economía selectivo” pudo ser parcialmente justificable en el momento crítico en que se requería detener
el excesivo crecimiento de las áreas no prioritarias de la economía privada, a objeto de
liberar insumos físicos de inversión necesarios para adelantar los programas básicos y
ahorrar recursos de divisas para asegurar el pago de su componente importado. En
medida sustancial, las restricciones selectivas en áreas como la inversión en construcción comercial y residencial de lujo, adoptadas al final del período constitucional, tenían esta justificación y se orientaban con este propósito. De esa manera fue posible
asegurar la continuación de las inversiones básicas y hacer más compatible el crecimiento de la economía privada con los objetivos prioritarios del programa de desarrollo en marcha.
De haber persistido la tendencia a la reducción del inventario de divisas como limitante para la adquisición del componente importado esencial de la inversión y del
consumo, la solución aplicable y que no sugirieron los adversarios del V Plan de la Nación 1976-1980 debió ser un control racional de las salidas de divisas, y medidas eficaces
para aumentar el ahorro privado y su aplicación dentro del país. Mientras el ahorro público real representó el 1.6% del ingreso público nacional real en 1973, a 47% durante
1974-1978, el ahorro privado pasa de 26% a 20% del ingreso privado real. De haberse
mantenido la tasa de ahorro real privado preexistente, el ahorro real privado habría alcanzado durante 1974-1978, 57.532 millones de bolívares y se situó en 48.881 millones
de bolívares, es decir, 8.651 millones de bolívares menos. Si se hubieran adoptado políticas para detener esta excesiva propensión consumista privada, habría sido posible ob126
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Parte VI · Capítulo VIII
La “reacción económica” y la ofensiva contra el V Plan de la Nación
1976-1980
tener este fondo real de acumulación, colocable en deuda pública interna para financiar
programas básicos, y aplicable también de manera directa a inversiones privadas. La inversión de este ahorro potencial en la economía interna habría generado un gasto neto
en componente importado de cerca de 3.200 millones de bolívares o su equivalente
nominal de 1.414 millones de dólares a precios corrientes, lo que hubiera presionado
sobre la balanza de pagos. Si tomamos en cuenta que las salidas de capital privado se
incrementaron en 1.510 millones de dólares durante el período y que los gastos de viajeros en el exterior lo hicieron en 1.265 millones de dólares, –un total de 2.775 millones de
dólares– bastaba haber reducido este egreso de divisas a la mitad para asegurar la inversión de ese ahorro interno sin perturbar el equilibrio de las cuentas externas.
Los adalides del “enfriamiento” de la economía jamás plantearon la necesidad de
este redimensionamiento de los excesos consumistas y de la propensión externa a invertir del sector privado. Allí estaba la clave para aliviar las tensiones económicas generadas por el proceso de expansión y de acumulación de capital reproductiva del V Plan
de la Nación 1976-1980. Se atacaba más bien el consumismo público, y se olvidaba que
el ahorro público se incrementó en 41.032 millones más de lo que habría sido de haberse mantenido la misma tasa de ahorro público del período precedente. En síntesis, aun
sin haber ocurrido el aumentó en los precios del petróleo a partir de 1979, el camino a
recomendar era la adopción de medidas aún más eficaces para inducir tasas más elevadas de ahorro privado y para moderar la fuga de divisas.
Afortunadamente, y tal como lo había previsto el Banco Mundial en sus recomendaciones sobre los programas del V Plan de la Nación 1976-1980, se produjo el aumento
de los precios del petróleo a partir de 1979. En el momento preciso en que se estaban
concretando en más potencial productivo las inversiones reproductivas, se resuelve con
amplitud el problema de la balanza de pagos y de las restricciones cambiarias, lo que
aseguraba el pago del componente importado de una más elevada tasa de crecimiento
sin presiones inflacionarias. Los ingresos de divisas del sector público, que habían descendido de 8.886 millones de dólares en 1974 a 7. 266 millones de dólares en 1978, suben
a 8.895 en 1979, 11.562 en 1980 y 17.803 en 1981. Por esta razón, las previsiones financieras del V Plan de la Nación 1976-1980, se materializaron en un amplio superávit.
La prédica y la práctica contractivas resultaban aún más irracionales que a finales
de la administración de Carlos Andrés Pérez. Pero el nuevo Gobierno se empeñaba en
instrumentarlas, con la complacencia de una parte de los grupos económicos más poderosos y sin que esta política despertara la debida resistencia de los sectores organizados de la oposición. Nos opusimos a la instrumentación de este exabrupto económico
como nos opusimos a la prédica original de sus proponentes.
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4,399
298
6,360
476
75,508
652
10,372
742
28,298 1,357
40,145 1,259
40,506 3,458
40,480 4,210
32,676 4,177
37,922 6,128
38,206 9,124
49,059 9,807
49,983 12,550
8,647 25,413
(10)
Salida Privada de Divisas
650
876
355
67
215
3,098
8,550
8,366
12,221
4,515
6,198
1,106
13,155
7,163
(9)
Servicio Deuda Externa
(7)
Divisas Obtenidas por
Endeudamiento Interno y Externo
3,366
-2,691
-4,343
-2,521
20,582
5,716
-8,552
27,341
-40,111
-21,291
-11,983
2,921
-28,135
22,520
(8)
Reservas Internacionales del País
(6)
(4:5)
7,878
8,931
9,667
11,146
14,551
21,689
28,980
38,593
51,846
44,032
44,839
51,893
60,771
44,885
(3)
Divisas Requeridas Para
Inversión Pública
6,696 1,309
875
4,512
8,711 1,475
996
6,240
8,947 1,700 1,913 5,534
12,347 1,918 1,831 8,625
38,209 2,427
649
35,133
35,050 4,145 3,500 27,405
31,474 5,738 5,308 20,428
33,522 8,265 14,005 11,252
31,248 6,611 9,902 11,735
38,248 8,050 7,457 22,741
49,716 8,781 8,079 32,856
76,551 11,087 10,650 54,814
57,643 12,352 12,655 32,636
82,925 9,069 6,451 67,405
(2)
Divisas Requeridas Para
Consumo Público
(5)
Necesidad de divisas Sector
Privado (Consumo + Inversión)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
(1)
Ingresos Ordinarios Públicos
en Divisas
(4)
Divisas Disponibles para
el resto de la Economía
CUADRO N° 37
UTILIZACION DE LOS INGRESOS ORDINARIOS PUBLICOS EN DIVISAS
(en millones de bolívares a precios corrientes)
1,819
856
2,292
3,397
5,513
4,558
11,313
6,218
9,886
18,180
23,392
27,632
38,021
Fuente: Cuadro N° 42 y 43. BCV: Informe Económico 1979 A- VI-8,A-V-57 A-V-58; Anuario de Series Estadísticas
1983. II-5, III-33.
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Parte VI · Capítulo VIII
La “reacción económica” y la ofensiva contra el V Plan de la Nación
1976-1980
CUADRO N° 38
GASTOS DE CONSUMO SUNTUARIO EN EL EXTERIOR Y SALIDAS DE CAPITAL
(en millones de bolívares a precios corrientes)
(1)
Saldo en
Cuenta
Corriente
Sector
Petrolero
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
8,045
9,469
10,836
16,392
42,540
33,338
36,443
37,380
35,239
54,864
76,256
80,738
62,268
(2)
Salidas de
Capital
Privado y
Gastos de
Viajeros al
Exterior
2,206
1,187
2,744
3,720
5,986
5,430
13,286
9,705
15,648
24,540
30,431
36,524
48,793
28,815
(3)
Import.
De Bienes
Suntuarios y
Compras de
Hog. En el
Exterior
984
1,101
1,263
1,327
1,995
2,685
3,895
5,666
8,700
9,118
10,901
12,577
15,012
9,984
(4)
Salidas de
Capital
Privado
1,819
856
2,292
3,397
5,513
4,558
11,313
6,218
9,886
18,180
23,392
27,632
38,021
25,413
(5)
(2:1)
(6)
(3:1)
(7)
(4:1)
0.27
0.11
0.25
0.23
0.14
0.16
0.36
0.26
0.44
0.45
0.40
0.45
0.78
0.12
0.11
0.12
0.08
0.15
0.08
0.11
0.15
0.25
0.17
0.14
0.16
0.24
0.23
0.09
0.21
0.08
0.13
0.14
0.31
0.16
0.28
0.33
0.31
0.34
0.61
Fuente: BCV: Informe Económico 1979 A-IV-4; Anuario de Series Estadísticas 1982 II-2.
Gráfico 56
Fuente: B.C.V: Anuario de Series Estadísticas 1982 y 1983; Informe Económico 1979.
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Parte VI · Capítulo IX
La contracción, la fuga de divisas
y la reconcentración de la riqueza y
del poder económico
Tres días después de asumir Luis Herrera Campíns la Presidencia de la República, y mediante la demostración cuantitativa del formidable patrimonio productivo
neto que su gobierno recibía de la precedente gestión administrativa, advertí que
“constituía un acto de masoquismo económico, cuyos efectos pagarán indudablemente los más débiles” la regresiva decisión del nuevo gobierno de “poner en marcha un
programa de reajuste de la producción sobre la base de una apreciación tan peregrina
como la de que la economía venezolana estaba hipotecada”. Tenía la convicción que
el presidente Herrera Campíns y su contradictorio triunvirato económico integrado
por Leopoldo Díaz Bruzual, Manuel Quijada y Luis Ugueto, de esa manera cavaban
la fosa del fracaso económico del Gobierno. (Conferencia dictada en la Cámara de
Comercio de Puerto Ordaz, el 15 de marzo de 1979. Publicada en el libro del autor
Economía Pública. Planificación y Capitalismo de Estado en Venezuela, Págs. 298-307). 1981.
El 31 de mayo de 1979, en declaraciones al diario El Nacional sostuve que “es un
absurdo macroeconómico inducir políticas contraccionistas en una economía que
precisamente en los actuales momentos está recogiendo en mayor potencial productivo el fruto de los esfuerzos de acumulación de capital realizados durante el último
quinquenio”. “La economía estaría pasando de una etapa avanzada de producción de
insumos estratégicos a una etapa más compleja de articulación interna del aparato
productivo fundamentado en una mayor independencia nacional en cuanto a los
bienes que procesa”; “lo que debería plantearse es mantener un clima de razonable
expansión de la demanda agregada y una serie de políticas de carácter selectivo para
asegurar el mercado más firme de las empresas usuarias y procesadoras de los bienes
y servicios generados por las inversiones estratégicas ejecutadas durante el último
quinquenio”. “El tipo de gestión económica que se está adoptando sin ninguna referencia a la disponibilidad real de la capacidad productiva, pertenece a la familia de las
políticas económicas recomendadas por los “muchachos de Chicago”. Los efectos de
la contracción no se hicieron esperar. Se inició el descenso de la tasa de crecimiento
y de los niveles absolutos del producto real total. El producto interno bruto real baja
de 70.183 millones de bolívares en 1978 a 69.014 millones en 1981. El desempleo pasa
de 5% a 6% de la fuerza de trabajo y en términos absolutos la desocupación se incrementa de 218.000 a 289.000 personas durante el mismo lapso.
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Ese despilfarro de recursos sociales se hace estadísticamente tan evidente que
el producto por persona de la fuerza laboral total cae de 18.672 bolívares en 1978 a
17.837 bolívares en 1980, para luego descender a 15.084 bolívares en 1983. En consecuencia, durante el mismo lapso la remuneración laboral per cápita empezó a reducirse de 8.229 bolívares en 1978 a 7.373 bolívares en 1980 y a 6.491 bolívares en 1983.
Esta represión del potencial productivo afectó negativamente el consumo real privado que desciende de 3.255 bolívares per cápita en 1978 a 3.014 bolívares per cápita en
1980 y a 3.009 bolívares per cápita en 1983, impactando destructivamente el consumo esencial de las clases trabajadoras y medias. El factor fundamental detrás de este
proceso de pauperización dirigido por el propio Estado fue la política de redimensionamiento hacia debajo de la demanda agregada interna en el mismo momento que
aumentaba espectacularmente la oferta interna potencial al cumplirse las metas de
los programas y proyectos del V Plan de la Nación 1976-1980. La fuerza más destructiva del enfriamiento económico fue el recorte de la inversión en el conjunto de la
demanda agregada interna, como resultado del impacto de las políticas oficiales –que
ejerció a la inversa sus efectos multiplicadores primarios– reflejados en la caída de la
inversión bruta fija real privada de 19.616 millones de bolívares a 11.462 millones en
1980 y a 9.196 millones de bolívares en 1981.
En el grave contexto de reducción de la demanda agregada interna adelantada
por las nuevas autoridades, se acentuaba la tendencia a la sobrevaluación del bolívar
causada por la combinación de un tipo fijo de cambio nominal y una tasa de inflación
interna superior a la tasa de inflación en las naciones con las que el país realiza el
mayor volumen de sus transacciones comerciales y financieras.
Este desequilibrio intensificado por las distorsiones y omisiones de las políticas
monetarias y fiscales del nuevo gobierno agravaba, por una parte, el bajo grado de
competitividad de la producción nacional de bienes transables exportables y sustitutivos de exportaciones en detrimento de la demanda agregada total, y por la otra,
inducían la fuga del ahorro privado en razón de la expectativa racional de los operadores financieros sobre la inevitabilidad de las devaluaciones intermitentes del tipo
de cambio nominal.
La demanda real global baja de 106.000 millones de bolívares en 1978 a 98.813
millones de bolívares en 1980, y continúa descendiendo en los años subsiguientes’.
Esta caída sostenida de la demanda efectiva o solvente y el uso a niveles cada vez más
bajos de la capacidad existente, se reflejaron en un descenso de la tasa real de rendimiento de las inversiones privadas y de sus ganancias de capital y en la intensificación
de los riesgos de la tenencia de riqueza monetaria nacional en las carteras financieras
de las personas naturales y jurídicas más ricas en el país. La tendencia a la diversificación de las tenencias de riqueza privada en términos de una moneda de referencia
internacional, en esta turbulenta coyuntura económica se reflejaría inexorablemente
en la masiva fuga de capitales. Además de la fuga de los ahorros de los residentes
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Parte VI · Capítulo IX
La contracción, la fuga de divisas y la reconcentración de la riqueza
y del poder económico
venezolanos, fue significativa la exportación de capitales de las empresas transnacionales establecidas en Venezuela.
En declaraciones al periodista Alfredo Peña del diario El Nacional el 26 de octubre de 1981, al expresar mi crítica a las erróneas políticas gubernamentales, expresé: “Combinaron la liberación de precios con el estancamiento económico. Esto
desestimuló la inversión. La liberación de precios sirvió a la empresa transnacional
para vender más caro y obtener mayores utilidades. Pero esas utilidades no iban a la
inversión, que era desestimulada por el enfriamiento de la economía. La empresa
transnacional pudo así sacarle el máximo al consumidor y enviar sus ganancias al
exterior. La fuga de divisas es el fruto del enfriamiento económico que permitió a la
empresa transnacional recoger el dinero venezolano en el mercado y mandarlo al
extranjero descapitalizando al país”.
La fuga de divisas fue, al mismo tiempo, consecuencia y causa agravante del
estancamiento de la economía promovida por el Gobierno. La salida de divisas significa una reducción múltiple de la liquidez interna: por cada dólar de salida de capital tendía a reducirse la liquidez interna en cerca de diez bolívares, lo que deprimía
aún más el nivel de la actividad económica. La reacción del Gobierno ante esta situación se concretaba en reducir los gastos públicos de desarrollo e incrementar los tipos internos de interés para ensanchar el diferencial con respecto a las tasas internacionales, y contener así la salida de fondos. La contracción de los gastos públicos de
desarrollo y el proceso de desinversión privada inducido por la baja en la demanda y
por los altos diferenciales en las tasas de interés, profundizaban el proceso recesivo,
reducían drásticamente el valor de los activos reales y financieros de los propietarios
internos de riqueza y estimulaban así una aceleración en el ritmo de salida de capitales. Las salidas de capital privado, que durante 1974-1978 alcanzaron un promedio
anual de 1.743 millones de dólares, suben a 4.228 millones de dólares en 1979, 5.440
millones de dólares en 1980 y 6.426 millones de dólares en 1981. Mientras esta realidad económica indicaba que el país confrontaba un serio desequilibrio en su presupuesto de divisas, tanto los economistas del Gobierno como los de la oposición organizada, insistían en corregir el desequilibrio presupuestario interno. De esa
manera todo el sistema institucional gobierno-oposición favorecía de hecho una extremada liberalidad en el gasto del recurso más escaso que son las divisas generadas
por el agotamiento del petróleo, y una extremada ortodoxia para imponer el ahorro
en moneda interna, cuya creación y control depende de la soberanía interna del Estado y de las autoridades monetarias.
Persistíamos en nuestras críticas –fundamentados razonamientos técnicos, hechos y estadísticas– sin ser oídos ni por el Gobierno, ni por la oposición, ni por los
colegas economistas de todas las tendencias.
El 2 de abril de 1981, el diario El Universal tituló unas declaraciones mías, “Control de Cambios para evitar Descapitalización de la Economía sugiere Gumersindo
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Rodríguez”. En esas declaraciones sostuve: “que aun manteniendo la paridad del
bolívar, la alternativa más viable sería el control de cambios, que encerraría dentro de
nuestras fronteras a los operadores de la economía y les cortaría la comunicación
directa con los más atractivos mercados de inversión en otros países, principalmente
los Estados Unidos. También quedarían bloqueados los turistas y viajeros venezolanos, que gastan una parte sustancial de las divisas producidas por el petróleo en divertirse en el exterior, como lo demuestra el hecho de que Venezuela es el segundo
país, después de Francia, en enviar turistas a los Estados Unidos: cerca de 400.000 al
año. Encerrados dentro de nuestras fronteras no quedaría otro recurso a inversionistas y turistas nacionales que mirar hacia la economía interna. De inmediato podría
ponerse en marcha una política de reexpansión de la economía, sin peligro de debilitamiento de las reservas internacionales, pues mucho de lo que hoy invierten los
venezolanos en activos externos y gastan en turismo y recreación en otros centros,
se dedicaría a la compra de equipos, maquinarias, repuestos, materias primas, etc. El
menor gasto de divisas mejoraría la liquidez monetaria y el crédito bancario, lo que
conjuntamente con un mayor nivel de inversiones públicas permitiría una expansión
de la demanda y mejoraría los rendimientos de las inversiones privadas. Parte de la
liquidez privada que dejaría de filtrarse hacia el exterior podría congelarse mediante
la emisión de obligaciones públicas y privadas de sólidos rendimientos que contribuiría a moderar la tasa inflacionaria. Los fondos congelados por el sector público y el
sector privado se dedicarían posteriormente a la formación de capital productivo en
la economía interna”.
Todos estos planteamientos resultaron lamentablemente en una prédica en el
desierto. Por razones difíciles de explicarnos racionalmente, la oposición organizada
los oyó en silencio. El Gobierno los ridiculizó. El Presidente del Banco Central
Leopoldo Díaz Bruzual respondió que quien como yo defendiera el control de cambios era “un ignorante, un insensato o estaba loco”. El silencio cómplice de los economistas más consagrados, fue más que notorio, sospechoso.
La política de contracción siguió su curso a un costo real para la sociedad cada
vez más intolerable. El 22 de julio de 1981 expusimos para El Diario de Caracas nuestras estimaciones aproximadas de este costo nacional en términos reales: “esa política de enfriamiento para poner fin a la “gigantomanía” del Gobierno anterior se ha
traducido en gigantomaníaca destrucción de la riqueza social por el bajo uso de la
mano de obra desempleada, de la capacidad excedente en las plantas industriales, de
tierras ociosas, no cultivadas, y de materiales no utilizados. Esas pérdidas gigantomaníacas reales fueron del orden de 6.000 millones de bolívares en 1979 y de 12.000
millones en 1980, y se acercan este año a los 15.000 millones de bolívares. Esto no
ha podido lograr el supuesto propósito de controlar la inflación, que de un 10% durante la administración anterior se ha elevado a cerca de 25% durante la actual”.
Puede expresarse que del potencial adicional de riqueza creada durante 1974-1978
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Parte VI · Capítulo IX
La contracción, la fuga de divisas y la reconcentración de la riqueza
y del poder económico
(28.000 millones de bolívares), se desaprovechó el 21% en 1979, más del 42% en 1980
y más del 53% en 1981. Continué insistiendo en la urgencia del control de cambio
para contener esa debacle.
El diario El Nacional publicó el 7 de agosto de 1982 unas declaraciones mías
bajo el título “Propone Gumersindo Rodríguez: es necesario el control de cambio”.
“El Ex-Ministro propone que, en primer lugar, las divisas que sean destinadas a usos
no prioritarios como viajeros y compras de bienes de lujo en el extranjero, tengan un
valor de 7.30 bolívares por dólar. En segundo término, que para el pago de la deuda
pública y privada externa ya contraída debe mantenerse el tipo de cambio actual de
4.30 bolívares por dólar. En tercer lugar, para la adquisición de bienes de capital,
productos esenciales agrícolas y farmacéuticos, el dólar debe ser más barato. Rodríguez explica que si se sigue aplicando la actual política se llegará inexorablemente a
una devaluación de la moneda nacional, por lo cual éste es el momento conveniente
para tomar la medida de controlar la venta de divisas en el régimen cambiario múltiple. “La devaluación, de todos modos, nos llevaría a posteriori a varios tipos de
cambio”, comenta.
En esas declaraciones estaba implícito el rechazo a la devaluación como una
salida a la crisis cambiaria venezolana por sus inmediatos efectos inflacionarios en un
país dependiente todavía de la importación de bienes de capital y de insumos destinados a su producción interna. Esta eventualidad inflacionaria neutralizaría en gran
medida los efectos de la reactivación económica que proponíamos, pues, por una
parte, disminuiría el poder adquisitivo de los ingresos laborales nominales en detrimento de la participación del consumo esencial privado en la demanda agregada interna, y por la otra, al ampliar la brecha entre la inflación nacional y la inflación en
los países con los cuales realizamos el mayor volumen de transacciones reales y financieras, potenciaría la sobrevaluación del tipo real de cambio y contribuiría al estancamiento de la demanda agregada total resultante de la pérdida de competitividad
del país por el inevitable retroceso en la producción de bienes transables exportables
y sustitutivos de importaciones.
La política de contracción continuó haciendo sus estragos en todos los sectores
de la economía. El producto real interno que había declinado de 72.008 millones de
bolívares en 1980 y a 69.014 millones de bolívares en 1981, desciende aún más a
66.610 millones de bolívares en 1983.
Las cifras del desempleo en 1983 eran más del doble de las alcanzadas en 1980
–de 272.000 personas sube a 460.000 personas , y el producto interno real por persona de la fuerza laboral total disminuye durante el mismo lapso en una quinta parte- de
17.837 bolívares a 15.084 bolívares. En consecuencia, desciende en 14% la remuneración por persona de la fuerza laboral –de 7.373 a 6491– y se estanca el consumo real
privado per cápita, con efectos más graves sobre el consumo esencial de las clases
trabajadoras y medias en relación con el consumo per cápita de las clases más ricas.
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Me referí, en declaración al diario El Impulso, de Barquisimeto, el 24 de febrero
de 1983, a la decisión tomada pocos días antes por las autoridades gubernamentales
–fiscales y monetarias– al adoptar el control de cambios múltiples que habíamos recomendado en 1981, pero en las condiciones más desesperadas del estado crítico de
las reservas internacionales.
“Como aprendices de brujos –expresé– están hoy recogiendo la cosecha de sus
desaciertos”. “Esta política errada del Gobierno le ha costado al país entre 1979 y
1981 una salida de capitales de más de 70 mil millones de bolívares. Si agregamos lo
ocurrido en 1982, se puede hablar de 100 mil millones de bolívares”. “Si la economía
hubiese progresado durante 1979-1982 a la misma tasa de crecimiento del período
1973-1978, la producción real de bienes y servicios hubiese alcanzado 361 mil millones de bolívares. El estancamiento de la economía la situó en 309 mil millones de
bolívares, es decir, de 52 mil millones de bolívares a precios de 1968”. “Las medidas
adoptadas por el Gobierno se producen en el momento más doloroso para los grupos más pobres. Se mantuvo la libertad cambiaria permitiendo a los más ricos y a las
poderosas empresas transnacionales sacar sus disponibilidades monetarias que ahora
podrán ser regresadas para hacer cuantiosas utilidades”. Estoy de acuerdo con la
medida, pero convencido que se comete una flagrante violación de los derechos económicos de las mayorías, con su retardada adopción. Esto es una forma de corrupción económica de mucho más alcance que los otros negociados y estafas que se
amparan a la sombra del poder gubernamental”
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Parte VI · Capítulo X
Las consecuencias de la agresión
económica contra el progreso del país
Con propósito ilustrativo expresamos que en el supuesto que los residentes
venezolanos exportadores de capital privado en su condición de principales beneficiarios de corto plazo de la reciente crisis cambiaria, gastaran dentro del país tan solo los
intereses anuales correspondientes a su capital externo acumulado entre 1970 -1983
podrían producirse ingresos externos por un monto de más de 50.000 millones de
bolívares, que representaría 1/3 del consumo interno anual total y 2/5 de la capacidad anual de gasto de las clases trabajadoras. No queda duda alguna que este poder
latente de compra, controlado por los sectores económicos privilegiados de nuestro
país, profundizaría la injusticia en la distribución del ingreso y de la riqueza en la
economía venezolana e induciría la asignación de los recursos sociales de producción
hacia la preferente satisfacción de la demanda de las clases más ricas. Este desequilibrio distributivo contribuiría a acentuar la distorsión de nuestro patrón interno de
producción, orientándolo hacia la oferta de bienes de inferior intensidad en el uso de
mano de obra y superior intensidad en el uso de medios productivos foráneos. Tal
sesgo en el comportamiento de nuestra estructura productiva propendería hacer más
difícil la absorción del desempleo y la superación de las tendencias deficitarias de la
cuenta corriente de la balanza de pagos de nuestra economía no petrolera.
El control de cambios como ruta transitoria, y la consecuente devaluación del
bolívar, tienen dos implicaciones de extraordinaria importancia para el futuro inmediato de la economía venezolana. Por una parte, ejercen un efecto altamente positivo
sobre la dinámica de la economía interna, pues al cerrar en medida considerable las
filtraciones de la demanda agregada interna hacia el exterior, amplía los efectos multiplicadores y aceleradores de cualquier gasto neto de inversión y de consumo público o privado. En las condiciones actuales de capacidad incompletamente utilizada,
los efectos multiplicadores y sus resultados económicos, impondrían la necesidad de
ejercer un control cada vez más estricto sobre la asignación de divisas y sobre las
importaciones no esenciales, a fin de reducir al mínimo las filtraciones hacia el exterior de la demanda agregada interna. En las etapas subsiguientes al ampliar la escala
de operación de las unidades productivas en los sectores básicos, nos proyectaríamos
hacia el umbral de los costos decrecientes o de los rendimientos crecientes, y lograríamos reforzar el uso cabal del potencial productivo ocioso mediante el impacto de
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la demanda agregada interna combinada con nuestras ventas externas gracias a la
mayor competitividad de la producción de bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones. La mayor apertura de la economía, y sus beneficiosas consecuencias, debe resultar de un aumento en la productividad total de sus factores. La
apertura total prematuramente instrumentada cuando todavía no se han cruzado
estas fronteras productivas puede retrotraernos en lo económico, social e institucional a etapas aparentemente o imaginariamente superadas.
En la precipitada apertura internacional y la liberación de los precios, el mercado libre ha asegurado un enriquecimiento sustancial de los estratos sociales más ricos
–que inducidas por la errónea política económica de la Administración de Herrera
Campíns– colocaron parte sustancial de sus activos financieros en el exterior. La liberación de precios generó un alto nivel de beneficios comerciales y de ingresos
profesionales de los grupos privilegiados de las clases medias altas y de las clases ricas
que no se reinvirtieron nacionalmente debido al enfriamiento económico, la estrechez del mercado y los crecientes niveles de capacidad instalada ociosa.
La política monetaria incrementaba la diferencia entre los intereses nominales
en el país y los intereses nominales en el exterior con el propósito de reducir el atractivo de la sustitución de las tenencias de liquidez en moneda nacional por depósitos y
otros activos en los mercados financieros internacionales. Esta cruda visión monetaria asumía que para los tenedores de riqueza en el país, este diferencial entre las tasas
nominales de interés dentro y fuera del territorio era la variable decisiva en la composición de sus carteras, ignoraba, cómo la tendencia a la sobrevaluación del signo monetario nacional y la insostenibilidad del tipo de cambio nominal fijo constituía la
principal amenaza sobre el prospectivo valor real del patrimonio neto de las personas
naturales y jurídicas. La amplitud de esta brecha entre la tasa de interés interna y la tasa
de interés externa ejercía un efecto negativo sobre el consumo y la inversión privados
que reforzaba el propósito restrictivo de la política fiscal dirigida al enfriamiento de la
economía. En la medida que las tasas de interés a corto plazo fueran reflejadas en las
tasas de interés a mediano y largo plazo, el impacto negativo sobre los patrimonios
privados se intensificaba, debido a la elevada participación en éstos de los activos inmobiliarios, al creciente costo del financiamiento hipotecario y a la expectativa racional de su previsible pérdida de valor en términos de una moneda de referencia internacional, cuando inevitablemente se ajustase el tipo nominal de cambio fijo.
Los ahorristas hubieran aceptado tasas de rendimiento reales inferiores, pero
contra lo que debían protegerse era la destrucción acelerada de su patrimonio, resultante de las políticas restrictivas de las autoridades fiscales y monetarias reflejadas en
la caída del valor de sus activos reales y financieros, y en su inminente depreciación
en términos de la primera moneda internacional de referencia.
Sobre la materia veníamos alertando al país desde 1981. Ni los economistas del
Gobierno ni los de la oposición pusieron la menor atención a nuestros planteamien138
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Parte VI · Capítulo X
Las consecuencias de la agresión económica
contra el progreso del país
tos. Tanto el Gobierno como la oposición no llegaron, a lo largo de tres años, a
diagnosticar –como insistíamos– que el problema principal era el subyacente déficit
cambiario y no el déficit fiscal y que lo que se debía hacer de inmediato era reducir el
primero, mediante un estricto control cambiario y determinar el nivel del segundo,
requerido para reactivar la economía y optimizar su potencial tributario como la ruta
menos costosa para restablecer luego el equilibrio fiscal. La combinada insistencia de
oficialistas y opositores en mantener la restricción fiscal y respetar la libre convertibilidad del bolívar al tipo de cambio fijo, condujo a las masivas fugas privadas de
capitales que alcanzaron cifras espeluznantes. Lo que para nosotros constituía un
delito económico contra el patrimonio nacional perpetrado en el suministro a los
particulares más ricos de las divisas generadas por el boom petrolero del comienzo
de la década de los ochenta, era para las autoridades monetarias una estrategia maestra de política antiinflacionaria que nos deslastraba de tanta liquidez interna causante
de las alzas en el índice del costo de la vida, acicateado por la liberación de precios
decretada al inaugurarse el nuevo gobierno en 1979.
Según nuestras estimaciones, durante 1979-1983 las salidas de capital privado
alcanzaron la suma de 29.740 millones de dólares, casi tres veces más que las ocurridas por un monto de 10.663 millones de dólares durante 1970-1979. Eso significa que
la exportación privada anual del ahorro nacional durante el gobierno del presidente
Luis Herrera Campíns fue cinco veces mayor que la ocurrida en los gobiernos de
Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez. En el supuesto que el componente foráneo
representa 1/3 de la formación de capital fijo, podemos afirmar que el costo para el
patrimonio productivo de la nación de esta exportación privada del ahorro nacional,
fue durante 1979-1983 tres veces superior al incurrido durante 1970-1979. Este costo
social de oportunidad del capital privado transferido para financiar el progreso económico de las naciones más ricas, estimado en 90.000 millones de dólares durante el
período de instrumentación del plan de enfriamiento de la economía, fue considerablemente superior si tomamos en cuenta el proceso paralelo de descapitalización física y de descapitalización humana dirigido dentro de nuestras fronteras por las propias autoridades. La inversión bruta fija de capital declinó en más de la mitad –de
24.935 millones de dólares a 11.884 millones de dólares– que se reflejó en un aumento del desempleo de más del doble –206.000 personas a 460.000 personas. Esta
destrucción de riqueza física y de riqueza humana, en tan vastas proporciones fue al
mismo tiempo causa y consecuencia de la política de redimensionamiento hacia abajo de la economía venezolana decretada –a confesión de parte y para relevo de prueba– por el Gobierno inaugurado en el primer trimestre de 1979, pues en opinión del
propio Presidente, esto era necesario para controlar “el tremendo poder económico
del Estado acentuado con las nacionalizaciones del petróleo y el hierro, que actúa
aplastantemente contra la persona, y eso no es conveniente”.
Los altos costos que inconsultamente se hizo pagar a la nación y a la mayoría de
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sus habitantes comprueba que lo que pudieron salvar los exportadores privados de
capital inducidos por el propio Estado, representa mucho menos de lo que todo el
país pudo haber ganado si se hubieran aplicado, dentro de nuestras fronteras, todo
este potencial sacrificado de creación de riqueza productiva.
Al convertir todo el capital privado exportado entre 1970 y 1983 a la tasa del
dólar vigente en 1983 en el mercado libre, se obtendría una cifra cercana a los 500.000
millones de bolívares. Al deducir de esta cifra el costo de adquisición de los dólares
de 172.732 millones de bolívares, la ganancia nominal neta se situaría en 327.000
millones de bolívares. Esto representaría cerca de 2 veces el valor del saldo acumulado de todos los ahorros institucionales en el país, 1.3 veces el ingreso nacional disponible, cerca de 2 veces los gastos de consumo final interno, 2.6 veces los ingresos
laborales y 5.6 veces los ingresos del capital privado del país. Pero en todo caso resulta en una riqueza privada neta considerablemente inferior a la que el mismo sector
habría cosechado de no haber incurrido el país, dirigido por el Gobierno, en los altos
costos sociales de oportunidad que hemos mencionado en ese capítulo.
A pesar de que esta riqueza privada externa acumulada es inferior a la que hubieran incrementado sin esa brutal represión del uso del potencial productivo, representa hoy un instrumento social de control y explotación que se ejerce sobre los
sectores sociales que no tuvieron la opción de proteger fuera del territorio el valor de
su cuantioso capital humano.
En la actualidad, más de 700.000 venezolanos viven en una intolerable situación de desempleo, sin las compensaciones de seguro contra el paro forzoso existente en muchos de los países industrializados donde se radicó parte del ahorro exportado por los residentes nacionales más ricos.
El poder de compra de las masas trabajadoras se estrecha en cerca de una quinta parte todos los años, y los estratos más pobres reducen su consumo de leche y de
otros alimentos básicos por la eliminación de subsidios y los precios cada día más
elevados. En fuerte contraste con la creciente pauperización de la base principal de
la riqueza humana de la nación –profundizada por el desarrollo y consecuencias del
redimensionamiento hacia abajo de nuestra economía– los estratos privilegiados de
las clases medias altas y de las clases ricas incrementan su despilfarro de riqueza interna en la forma de consumo superfluo y de inversiones socialmente improductivas
en construcciones comerciales y residenciales de lujo, yates, aviones ejecutivos, etc.
Debemos reconocer que los beneficiarios de esta situación actuaron simplemente como ciudadanos protectores de sus particulares intereses, de los de sus familiares y de sus empresas. El Estado, cuya misión en estas situaciones es proteger el
interés de la sociedad en su conjunto, y dentro de ésta de manera preferente, el de los
ciudadanos económicamente más débiles, actuó como promotor de un desequilibrio
macroeconómico que indujo una reestructuración de las tenencias de riqueza privada
contraria a la que requería el uso pleno del potencial productivo de la nación. De esa
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Parte VI · Capítulo X
Las consecuencias de la agresión económica
contra el progreso del país
manera el desaprovechamiento de la riqueza física, de la riqueza humana y de la riqueza financiera, resultó en un nivel realizado de las remuneraciones de los factores
productivos considerablemente inferior a las que era posible lograr, y en un antagonismo creciente entre capital y trabajo en el proceso de la distribución y redistribución de un producto social neto todavía insuficiente para saldar la deuda social acumulada con los más pobres que creció inusitadamente durante el período del
enfriamiento económico puesto en marcha a partir de 1979.
Correspondió al Gobierno del presidente Jaime Lusinchi, durante el período
constitucional 1984-1989, el imperativo de iniciar la corrección de la errónea gestión
económica del Estado cuyos resultados amenazan no solo la viabilidad del crecimiento autosostenible del país sino también su estabilidad social y la permanencia de
sus instituciones democráticas.
Con este propósito, de inmediato deben crearse los estímulos adecuados para
restablecer la confianza económica, la estabilidad social, y la seguridad de los legítimos derechos de la propiedad privada, y del disfrute de sus rendimientos y valorización que contribuyan a una ordenada repatriación de los capitales privados exportados y de sus correspondientes beneficios acumulados. Al mismo tiempo deben
adoptarse medidas que desde el corto plazo orienten y canalicen estos previsibles
flujos de riqueza financiera privada de manera tal que ni disloquen el nivel y la estructura del consumo interno, ni exacerben las existentes desigualdades en la distribución del poder de compra que intensifican los conflictos interclasistas e intergrupales
internos.
Por una parte, deben establecerse estímulos al ahorro invertible en instrumentos financieros públicos o privados, para retirar del consumo no esencial una parte
sustancial de este poder de compra que ingrese al país, y canalizarlo hacia la inversión real en la medida que lo vaya permitiendo la elasticidad del aparato productivo
interno para eficientemente absorberlo. Por la otra, deben adoptarse incentivos fiscales para que una proporción de este mismo poder de compra no se dirija al consumo
suntuario y sea captado por el Estado para el financiamiento de inversiones económica y socialmente reproductivas, en actividades tales como la construcción de viviendas destinadas a las clases de menores recursos, becas y créditos a los estudiantes
universitarios procedentes de las clases trabajadoras y medias, etc. (Gumersindo Rodríguez: “Control de Cambio, Enriquecimiento Privado y Distribución Económica
y Social”. Diario El Nacional, 18 de enero de 1985).
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Parte VII · Capítulo XI
El nuevo gobierno y la persistencia de
la contracción económica
Durante 1974-1977, el potencial productivo estimado se aprovechó a plenitud.
Para 1978, la acumulación de capital productivo había contribuido a elevar el producto potencial a 83.191 millones de bolívares. Según nuestra estimación, gracias a la
política de expansión económica durante los dos primeros años de instrumentación
del V Plan de la Nación 1976-1980, el producto interno bruto obtenido representó el
93% del producto interno bruto potencial. La entrada en operación de las inversiones
concluidas contribuyó significativamente a incrementar el producto interno bruto potencial real a 88.629 millones de bolívares en 1979, a 92.985 millones de bolívares en
1980, 97.418 millones de bolívares en 1981, 101.518 millones de bolívares en 1982 y
103.816 millones de bolívares en 1983. Es el excepcional momento cuando esta amplia existencia de capital productivo y este mayor potencial de crecimiento interno,
coincide con un considerable aumento de los ingresos ordinarios de divisas del sector
público. Estos ingresos ascienden de 6.901 millones de dólares en 1978 a 8.605 millones de dólares en 1979, 11.630 millones de dólares en 1980, 17.674 millones de dólares
en 1981 y 11.627 millones de dólares durante 1983-1984. Esto habría permitido un
crecimiento sostenido del producto interno bruto real sin perturbación en el equilibrio de las cuentas externas de la economía, dadas las favorables condiciones de amplia capacidad productiva ociosa y de potencial acumulación de un inventario de reservas de divisas más que suficiente para cubrir el componente externo del consumo
y de la inversión y para pagar puntualmente el servicio de la deuda externa contraída
con motivo de la ampliación del patrimonio productivo de la nación. A pesar de estas
propicias condiciones, se impuso la política de “enfriamiento” dirigida por el Gobierno
de Luis Herrera Campíns con el beneplácito de los sectores económicos más conservadores, y de quienes, en el seno de las principales organizaciones políticas atacaron desde
dentro y desde fuera la estrategia expansionista del gobierno de Carlos Andrés Pérez en
los inicios de la instrumentación exitosa del V Plan de la Nación 1976-1980.
Las medidas macroeconómicas restrictivas adoptadas por el nuevo gobierno, al
comenzar su mandato constitucional para el período 1979-1984, resultaron de inmediato en niveles de creciente desaprovechamiento del potencial productivo acumulado. Este proceso fue inducido mediante una fuerte contracción de la demanda agregada interna en general y de la formación bruta de capital fijo en particular.
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La demanda agregada interna real que durante 1973-1978 se expandió en 43.095
millones de bolívares –de 63.265 millones de bolívares a 106.364 millones de bolívares, se contrajo luego de manera continua hasta disminuir a 86.816 millones de bolívares en 1983. De esta manera, la demanda agregada interna real que representó en
1973 el 30% del capital fijo real total y en 1978 el 35%, desciende al 30% en 1979, a
29% en 1980, a 27% en 1981, a 26% en 1982 y a 23% en 1983.
De la misma manera, la liquidez monetaria ampliada real que se había incrementado de 18.230 millones de bolívares en 1973 a 39.353 millones de bolívares en
1978, declina a 36.125 millones de bolívares en 1979, 35.361 millones de bolívares en
1980, 35.658 millones de bolívares en 1981, 35.016 millones de bolívares en 1982,
para luego alcanzar 41.792 millones en 1983.
La contracción económica iniciada en 1979 al asumir Luis Herrera Campíns la
Presidencia de la República se reflejó en un fuerte descenso de la producción realizada en relación con la producción potencial de la nación. La diferencia real entre
producto interno bruto potencial y producto interno bruto realizado subió de 5.449
millones de bolívares en 1978 a 11.233 millones de bolívares en 1979, 14.128 millones
de bolívares en 1980, 21790 millones de bolívares en 1982, 25.374 millones de bolívares en 1983, y 31.325 millones de bolívares en 1984.
La política de contracción instrumentada por el gobierno del presidente Luis
Herrera Campíns, generó una inercia económica que en sus dos primeros años de
gestión no había podido contrarrestar la administración del presidente Jaime Lusinchi, cuyas medidas de constitución de reservas financieras y de rigidez presupuestaria
objetivamente tendieron a consolidar en el corto plazo los efectos de las restricciones
económicas establecidas en el período 1979-1983.
Durante 1983-1985 ha seguido creciendo el potencial productivo real de Venezuela que, además del capital fijo real, incluye su fuerza laboral activa. Puede estimarse que para 1984 el capital fijo real total se situó en 398.000 millones de bolívares y
en 1985 en 412.000 millones de bolívares. Al aplicar la relación capital/producto
promedio de 3.7 para los últimos diez años, este capital fijo real pudo arrojar 109.000
millones de bolívares en 1984 y 111.000 millones en 1985. Así mismo, si tomamos en
cuenta que entre 1983 y 1985 la población económicamente activa se ha incrementado de 5.527.654 personas en 1983 a 5.716.207 en 1984 y a 5.921.990 en 1985, puede
estimarse que mediante el aprovechamiento pleno del capital fijo existente pudo haberse logrado un producto real por persona ocupada de cerca de 18.900 bolívares.
Esto significa que por el solo concepto del desempleo de 763.495 personas en 1984 y
de 829.000 personas en 1985, la nación perdió aproximadamente durante este bienio
casi 30.000 millones de bolívares.
Según las estadísticas del Banco Central de Venezuela y nuestras propias estimaciones, el Producto Territorial Bruto real promedio obtenido durante los dos primeros años del gobierno del presidente Jaime Lusinchi –72.000 millones de bolíva144
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Parte VII · Capítulo XI
El nuevo gobierno y la persistencia de
la contracción económica
res– representó solo las dos terceras partes del Producto Territorial Bruto real
potencial 109.000 millones de bolívares.
En este proceso de subutilización del potencial productivo del país, el despilfarro de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo desempleada ha representado
cerca del 40% del total, correspondiendo el resto a los demás factores productivos
subutilizados o ineficientemente aprovechados.
Las mencionadas pérdidas de riqueza social durante los últimos 7 años ha sido
de 185.171 millones de bolívares, de los cuales 109.299 (59%) corresponden a la Administración de Luis Herrera, y el resto (41%) a los efectos aún no contrarrestados de
esta política durante el actual período constitucional.
De no adoptarse un vuelco audaz en la política económica del Gobierno
para neutralizar y superar esta drástica inercia contractiva, el costo social del despilfarro de tan valioso potencial productivo se incrementará en función directa de
la eficiencia potencial del capital fijo acumulado, de la feracidad de las tierras
cultivables y de la calidad productiva de la riqueza humana apta para el trabajo. Es
necesario liberar la potencialidad productiva de la nación de esta rémora y reducir
al mínimo el costo que de manera inconsulta las minorías dirigentes descargan
sobre los hombros de sus mayorías empobrecidas. Ello debe obligar a la representación popular en los relevantes poderes públicos a diseñar e instrumentar las
políticas económicas y sociales que ponderen más los intereses de quienes constituyen la gran riqueza humana de la nación que la prédica de una anacrónica ortodoxia fiscal y monetaria restrictiva de la producción y del empleo. Esta pseudo
macroeconomía del equilibrio es promovida intelectual y políticamente por poderosos grupos económicos nacionales y foráneos legitimados por la opinión de
expertos inocentes, interesados o profesionalmente incompetentes. La historia
económica ha demostrado que la participación de los sectores económicos más
ricos en la distribución del valor agregado neto es decisivamente más favorable en
la restricción económica que debilita el poder de contratación social de las clases
trabajadoras y profesionales organizadas que en la expansión y el pleno empleo
que lo fortalece y consolida.
De no ser completamente superada la política económica de contracción mediante la puesta en marcha de un plan decisivo de reactivación de todas las fuerzas
productivas de la nación, al final de su término constitucional los costos sociales
reales legítimamente atribuibles al gobierno del presidente Jaime Lusinchi en la forma de riqueza económica real desperdiciada, podría constituir un múltiplo superior
al que por más de 109.000 millones de bolívares el gobierno del presidente Herrera
Campíns obligó a pagar a los venezolanos. Tal costo resultó de las consecuencia del
exabrupto macroeconómico de reducir drásticamente la demanda agregada cuando
la rebasaba la oferta potencial ampliada por las previas políticas de desarrollo y acción del propio Estado democrático.
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Las omisiones del actual Gobierno son aparentemente menores que las de su
predecesor, pero su gravedad en el espacio histórico en que ocurren pueden ser social y políticamente más perjudiciales para la nación y sus mayorías más pobres y para
la estabilidad y permanencia de las instituciones democráticas. La demanda agregada
interna real continúa descendiendo durante los dos primeros años del presente gobierno a una tasa anual del 1,2%, mientras que su relación porcentual con el capital
fijo real se reduce de 17% a 15%. Dos variables de significativa importancia en el
comportamiento de esa magnitud macroeconómica y controladas directa e indirectamente por las autoridades fiscales y monetarias, como la liquidez real ampliada y el
gasto real total del sector público consolidado, no fueron racionalmente activadas
para liberar del marasmo en que continuaba atrapado el uso del potencial productivo
del país. La liquidez real monetaria ampliada y el gasto real del sector público consolidado declinan ,respectivamente, a las tasas de 14% y 11%. Dentro del gasto real
total del sector público consolidado, los gastos reales de capital fijo caen a una tasa
del 33%.En nuestra estimación, para alcanzar el nivel real de demanda agregada total
necesaria para concretar una tercera parte del producto real potencial no aprovechado en 1984 –13.000 millones de bolívares– se requería aumentar la demanda agregada real interna en cerca de 12.000 millones de bolívares. Por el contrario, la demanda
agregada interna real disminuyó en 1.000 millones de bolívares.
A objeto de reducir a la mitad el número de desempleados y dotarlos apropiadamente de instrumentos físicos de producción, se requería un aumento de la inversión bruta fija real en 1984 de 21.364 millones de bolívares con una densidad de
capital de 56.000 bolívares por persona; o alternativamente, de 15.260 millones de
bolívares con una densidad de capital de 40.000 bolívares por persona. Por el contrario, la formación de capital real pasó de 9.903 millones de bolívares en 1983 a
13.440 millones en 1984. Dentro de ésta, la formación bruta de capital fijo que
aportó el Estado como garante del ejercicio del derecho al trabajo por los ciudadanos aptos para desempeñarlo, se redujo de 12.237 millones de bolívares a 7.768
millones de bolívares (63%). Al aplicar los mismos criterios normativos para atender este problema en 1985, hemos estimado que la inversión real total requerida fue
de 11.034 millones de bolívares, dentro de la cual el aporte público fue de 6.400
millones de bolívares (58%). (Declaraciones al diario El Nacional, en fecha 9 de noviembre de 1985).
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Parte VII · Capítulo XII
En el umbral de la recuperación
económica
El Producto Territorial Bruto en términos reales fue 77.024 millones de bolívares en 1978 y descendió a 72.494 millones de bolívares durante el primer año de gobierno de Luis Herrera Campíns. El decrecimiento absoluto de esta variable ha sido
detenido durante el primer bienio de la administración del presidente Jaime Lusinchi. Con la instrumentación de una política económica expansiva, es perfectamente
posible que a partir de 1985 esta magnitud se incremente anualmente a una tasa de
2,4% en 1986 –1.725 millones de bolívares–; 2.8% en 1987, –2.062 millones de bolívares–; y 3.1% en 1988 -2.347 millones de bolívares)-. De esta manera, en 1988, el
Producto Territorial Bruto habrá sobrepasado ligeramente el nivel alcanzado en
1978, y se situará en 78.000 millones de bolívares. Esto puede indicar que el valor
acumulado de los incrementos reales del Producto Territorial Bruto durante el período 1986-1988 –6.134 millones de bolívares– resulte considerablemente inferior a los
costos sociales pagados por la nación en términos de producción potencial no realizada, debido al desempleo nacional inducido por la política de “enfriamiento económico” durante 1979-1984.
Debemos reflexionar que el valor presente de la correspondiente producción
neta compensatoria en el futuro de los sacrificios voluntarios o involuntarios realizados ahora por las clases trabajadoras y medias, debe descontarse a una tasa de actualización más elevada en razón de la urgencia con que deben satisfacerse las necesidades esenciales acumuladas de estos sectores mayoritarios de la población. Esta
dimensión temporal en la distribución del producto social neto, significa que el retardo en la recuperación de la economía es atribuible a la negligencia del mismo Estado
que recibe la mayor parte de la remuneración del capital petrolero del país. Ello implica, por una parte, el desconocimiento del derecho al trabajo que debe garantizar el
Estado y, por la otra, la intensificación de la desigualdad de que son víctimas las
mayorías trabajadoras y electoras del país.
En el enfoque de la gestión administrativa de este Gobierno hay que tener en
cuenta que su principal objetivo debía ser la superación de la grave crisis económica
en que dejó hundido al país el Gobierno de Luis Herrera Campíns. La desidia informativa de este Gobierno, la ausencia de una sostenida y bien documentada política
de denuncia por parte del partido de gobierno y la tolerancia de algunos medios de
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comunicación, han permitido que lentamente el país vaya olvidando los desmanes
económicos cometidos porla administración socialcristiana. El Gobierno del doctor
Lusinchi ha empleado parte considerable de su tiempo, de sus esfuerzos, y de sus
recursos, en cerrar las profundas heridas a la economía, a la sociedad y a las instituciones democráticas causadas por aquella inconsciente y desastrosa agresión contra
los intereses colectivos.
Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Producto Territorial Bruto
real, aumentó en 23.000 millones de bolívares, es decir, a razón de 4.600 millones
de bolívares por año. La gestión económica del gobierno de Luis Herrera Campíns, a pesar que percibió ingresos petroleros –70.000 millones de dólares– por
casi el doble de los percibidos –36.000 millones de dólares– por el gobierno de
Carlos Andrés Pérez, fue factor determinante de una reducción del Producto Territorial Bruto real de 4.530 millones de bolívares, es decir, 906 millones de bolívares por año.
Para entender el daño de esta gestión pública inconscientemente destructiva
hay que considerar que además de la cuantiosa masa de los ingresos fiscales petroleros ordinarios, se incrementó la deuda pública total de 49.000 millones de bolívares a 127.000 millones de bolívares –2.6 veces–, y la deuda externa de 31.000 millones de bolívares a 85.000 millones de bolívares –2.7 veces–. Si medimos la
inconsciencia destructiva de esa gestión administrativa con respecto al potencial
económico que se desperdició, la magnitud de esta represión económica contra el
país aparece aún más devastadora, pues la economía dejó de obtener un cuantioso
producto real de su vasto potencial productivo. En este sentido, el Estado se dedicó
en esta etapa a empobrecer a la nación al costo de un oneroso servicio de su deuda
pública interna y externa.
El gobierno del presidente Jaime Lusinchi ha tenido que administrar las consecuencias de esta catástrofe en medio de las dificultades exógenas creadas por la baja
de los precios del petróleo. Sin embargo, ha controlado sustancialmente el desplome
vertical de las variables más importantes de la economía.
La caída del Producto Territorial Bruto real de 1.047 millones de bolívares por
año durante el gobierno de Herrera Campíns ha sido reducida a cerca de 600 millones de bolívares por año entre 1983 y 1985. Si el Producto Territorial Bruto real
hubiera seguido descendiendo durante 1984-1985 a la tasa experimentada durante
1983 (-5.6%), la economía habría registrado una pérdida de 4.060 millones de bolívares en 1984 y 3.832 millones de bolívares en 1985, o sea, una suma total de 7.892
millones de bolívares. Durante el gobierno del presidente Lusinchi, esta pérdida se
ha reducido a 1.276 millones de bolívares, lo que significa que durante su administración se han bajado los costos del desastre –desatado por el gobierno de Luis
Herrera Campíns– en 6. 616 millones de bolívares; es decir, que esta pérdida se ha
evitado en un 84%.
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Parte VII · Capítulo XII
En el umbral de la recuperación económica
Desde el punto de vista social, con referencia específica al problema del desempleo, se evidencia también el considerable esfuerzo de este gobierno para reparar los
daños inferidos al pueblo por el gobierno socialcristiano. Durante 1973-1978 se crearon 671.000 empleos, o sea 134.000 empleos por año, y el desempleo disminuyó en
155.000 personas –31.000 personas por año–. Entre 1978-1983, se crearon 418.000
empleos o sea 84.000 empleos por año, y el desempleo aumentó en 375.000 personas
–75. 000 personas por año–.
La contención de esta crisis durante el gobierno de Lusinchi puede comprobarse en el hecho de que durante 1983-1985 se han creado 235.000 nuevos empleos,
–118.000 empleos por año y 40% más que durante el gobierno socialcristiano–,
mientras el desempleo se incrementó en 42.000 personas, –21.000 personas por año
y 72% menos– que durante el gobierno socialcristiano del presidente Herrera Campíns.
La simple observación estadística del registro de estos logros nos permite expresar que a estas alturas de la administración del presidente Lusinchi se ha demostrado que no solo es posible romper la inercia del retroceso económico heredado de
la política de enfriamiento de la precedente gestión económica del Estado, sino también acelerar la marcha que permita trascender el umbral del crecimiento al que estamos entrando y proyectarnos al crecimiento autosostenible en armonía con nuestro
potencial productivo en continuo progreso y hacia el pleno empleo de nuestra riqueza laboral cada vez mejor calificada.
Para concretar la viabilidad de una política integral de expansión en las condiciones venezolanas de inestable equilibrio del presente, debe partirse de la premisa
de que frente a la existencia de una amplia capacidad potencial interna de producción, el factor limitante en el contexto de los mercados energéticos mundiales –cuyo
uso debe ser optimizado– es el inventario de divisas para adquirir el esencial componente foráneo de la formación de capital físico y de capital humano dentro de nuestras fronteras. La clave del éxito de esta estrategia de reactivación está en la administración cuidadosa de la escasa disponibilidad de divisas en poder del sector público.
Este inventario de poder internacional de compra puede reducirse aún más con el
descenso de los precios del petróleo y el pago del servicio de la deuda externa contratada por el gobierno precedente como contraparte de la masiva fuga de capitales
privados. Si una política nacionalmente eficiente de sustitución de importaciones
facilita un mayor grado de autoabastecimiento de bienes finales e intermedios y la
reducción de las compras externas de bienes suntuarias podría disminuir el coeficiente de importaciones de 20% a 14% del Producto Territorial Bruto. De aplicarse
una tasa nominal de cambio en el rango de 7.5 bolívares por dólar a 10.0 bolívares
por dólar, las compras externas de estos rubros se reducirían anualmente entre 7.000
millones de dólares y 5.300 millones de dólares. En el curso de un trienio se dispondría opcionalmente de un ahorro de divisas en un rango de 21.000 millones de dóla149
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res y 16.000 millones de dólares. Si asumimos que las exportaciones petroleras y no
petroleras puedan incrementarse en 6.500 millones de dólares por año y que el Estado negocie con los acreedores externos el pago anual de solo 1.000 millones de dólares del servicio de su deuda externa, podría el país disponer de más recursos para
pagar el componente foráneo de una mayor formación neta de capital en los sectores
productores de bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones.
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Parte VII · Capítulo XIII
Una prédica económica en el desierto
Mediante la instrumentación de nuestra propuesta para reducir a la mitad el
pago del servicio anual de la deuda pública externa y proscribir rigurosamente los
sobreprecios y las sobrefacturaciones de los bienes importados sometidos al régimen
de control cambiario en vigencia, el país podía disponer de 14.000 millones de dólares, destinados a financiar el componente externo de importantes proyectos públicos
y privados para la producción de bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones. Si este componente representa 2/5 del total de las inversiones, la medida
sugerida hubiera permitido concretar una formación neta de capital fijo real de 35.000
millones de dólares. La instalación y construcción dentro del territorio nacional de las
3/5 partes restantes de este aumento del capital físico del país mediante el aprovechamiento de capacidad física productiva interna ociosa y mano de obra desem­pleada,
habría resultado de inmediato en amplios efectos multiplicadores reales sobre la producción, el empleo y los ingresos.
En el caso de que técnicamente se requieran tres unidades de capital para obtener
una unidad de producto, esta adición al patrimonio productivo de la nación podía generar cerca de 11.666 millones de dólares cada año de bienes exportables y sustitutivos de
importaciones. Aun dejando disponible para uso interno de consumo y de inversión las
dos terceras partes de este incremento del valor agregado de la correspondiente producción de bienes transables, el excedente podría dedicarse para pagar puntualmente a
mediano plazo cerca de 3.900 millones de dólares a diferentes acreedores internacionales de Venezuela.
En la proximidad de su victoria electoral hube de remitir al candidato presidencial
Jaime Lusinchi un memorándum donde proponía que “el problema de la deuda debe
tratarse con los Estados Unidos al más alto nivel político”, y que de “la evaluación de la
estabilidad del país y de las implicaciones de ésta en el contexto de la política de América Latina y del Caribe, depende, en considerable medida, el criterio que al Gobierno de
los Estados Unidos merezca la calidad de los activos financieros venezolanos en la cartera de los bancos norteamericanos”. También señalé en ese documento que desde la
cumbre del poder Ejecutivo de los Estados Unidos, este criterio “desciende a los auditores y contralores de los bancos afiliados al Sistema de la Reserva Federal, lo que afecta la
calificación de nuestros pasivos financieros contraídos con estas instituciones.
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En lo que respecta al abastecimiento de materias primas indispensables para
evitar la fuerte presión sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos, recomendé
“explorar de inmediato la posibilidad de aprovechar las reservas o excedentes del
Gobierno de los Estados Unidos, tal como lo hizo México recientemente, mediante
la obtención de un crédito de la Agencia Oficial Commodity Credit Corporation por
1.000 millones de dólares, para disminuir las presiones sobre los recursos de divisas
del país en el inicio de la nueva administración”.
Debido a la ausencia de oportuna iniciativa en estas importantes materias al
iniciarse el gobierno del presidente Lusinchi, los préstamos de los bancos norteamericanos a Venezuela fueron declaradas “préstamos sub-estándar” por las autoridades
norteamericanas.
Ante los efectos de la negligencia incurrida por la administración del presidente Luis Herrera Campíns al incumplir en el pago de los intereses de la deuda externa
–a pesar de disponer de reservas suficientes para hacerlo– propuse que “debe precisarse de inmediato un cuadro de la capacidad gubernamental de pago de los intereses
de la deuda externa pública y privada”, y “estudiar la idea de que las grandes empresas
compradoras de petróleo, adelanten al Fisco los ingresos por sus compras futuras,
mediante la adquisición de Letras del Tesoro emitidas por el gobierno venezolano”.
En el caso de la deuda comercial privada de corto plazo, vencida o por vencer, para
evitar su efecto negativo sobre los créditos para importaciones, recomendé que lo
procedente “sería la emisión de obligaciones en dólares por parte del Estado para ser
adquiridas pagadas en bolívares por los importadores y que con estos instrumentos
los deudores privados venezolanos renegociarían mejores plazos y en otros términos
su deuda externa”.
Con estas medidas –destinadas tanto al fortalecimiento de la calidad de los
pasivos financieros públicos y privados del país como a proteger el nivel de las reservas internacionales en el corto plazo–, consideré que “se podrían pagar los intereses
mientras se renegocia la deuda sin la presión de los saldos vencidos”. En mi opinión,
también podía mejorarse la capacidad de negociación a largo plazo de la deuda externa pública –en gran parte vencida o por vencer– “mediante la separación de un alto
porcentaje de los ingresos petroleros para abrir un fideicomiso como depósito-garantía irrevocable en el Fondo Monetario Internacional o en el Sistema de la Reserva
Federal, con el exclusivo objeto de que allí acudan a retirar sus intereses los acreedores externos del Estado”. Este mecanismo, que daría a los acreedores suficiente confianza y probablemente los “induciría a extender los plazos basados en la seguridad
de que los recursos para materializar la remuneración de sus inversiones estarían
siempre disponibles y a buen resguardo”.
En los centros decisorios del poder político tendía a prevalecer un orden diferente de prioridades que las que debían aplicarse para afrontar las graves condiciones
en que la administración precedente legó al nuevo gobierno las bases económicas y
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Parte VII · Capítulo XIII
Una prédica económica en el desierto
sociales de la nación que implicaban una seria amenaza para la estabilidad y la existencia misma del sistema institucional de la democracia representativa, restablecido
el 23 de enero de 1958.
Mientras la economía nacional debió ser declarada en estado crítico para corregir a tiempo las profundas quiebras y distorsiones estructurales desatadas por la administración del presidente Herrera Campíns, lo que se declaró en emergencia fue la
vida interna del partido de Gobierno. El propósito de este despliegue interno de
fuerzas era afianzar un nuevo liderazgo partidista nacional dirigido a imponer el
candidato para el siguiente quinquenio presidencial, sin consolidar desde el comienzo las bases y las condiciones indispensables para el éxito del término constitucional
que estaba iniciándose. En el contexto de ese error, era más importante concentrar
en manos de los Secretarios Generales del partido, en las diferentes regiones, la
orientación en el uso los recursos del Situado Constitucional y los del Presupuesto
Coordinado en función del dominio logístico organizativo del sistema electoral interno que designaría al próximo candidato presidencial de la organización, para el
período constitucional 1989-1994.
Un poderoso intervencionismo del Gobierno en el seno del partido tuvo como
contraparte un amplio grado de liberalismo en las relaciones entre el Estado y el
sector privado de la economía del país, cuando lo que estaba planteado en la emergencia era reducir al mínimo el elevado grado de incompatibilidad de las irracionales
decisiones del capital nacional y foráneo inducidas por el propio Estado y los intereses del progreso integral de la nación. Para lograr este objetivo principal, las políticas
gubernamentales debían dirigirse a maximizar la proporción del ahorro nacional
invertido productivamente dentro de nuestras fronteras, al aumento del empleo bien
remunerado en la economía privada organizada, a la mayor estabilidad posible en los
precios de los bienes de consumo esencial, al aumento de la producción, la productividad y la competitividad en la oferta nacional de bienes transables exportables y
sustitutivos de importaciones, a la mayor utilización del potencial productivo ocioso
en los diferentes sectores y regiones, a la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables y a la protección del medio ambiente.
Los desajustes estructurales propios de una economía minera extractiva en proceso de industrialización habían sido reforzados por los desequilibrios macroeconómicos internos de carácter fiscal, monetario y cambiario que resultaron en la irracional
coexistencia de una propensión inflacionaria destructora de la capacidad de consumo
de las mayorías, una brecha creciente entre ahorro e inversión, una utilización decreciente de la capacidad física instalada y niveles socialmente intolerables de desempleo
en la economía formal y de marginalidad improductiva en la economía informal.
La prioridad en la reordenación de las fuerzas productivas no podía consistir en
que la política económica se ajustara a las reglas de un mercado distorsionado y transitoriamente enloquecido, sino que las autoridades públicas impartieran e instrumen153
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taran la normativa según la cual la acción democráticamente concertada entre el
Estado, el trabajo y el capital, emprendería la racional corrección de los principales
desequilibrios reales y financieros del sistema económico nacional. Estos desajustes
sectoriales y espaciales, macroeconómicos –fiscales, monetarios y cambiarios–, y de
las cuentas internacionales –fuga subrepticia de capitales privados mediante sobre
precios y sobrefacturaciones de las importaciones y las deudas privadas externas simuladas–, intensificaban la insuficiencia de las reservas internacionales para la adquisición del componente foráneo del proceso de reactivación económica y creación
de riqueza productiva interna.
No era posible explicarse por qué en estas condiciones el Ministro-Jefe de Cordiplan anunciara que el gobierno no requería ni pediría poderes especiales para enfrentar las graves distorsiones heredados de la administración saliente. Después de
las consultas con los economistas afectos al neoliberalismo y a la fantasía de la racionalidad y la perfección de los mercados en nuestro contexto productivo, el Ministro
anunció que de inmediato se restituirían las garantías económicas suspendidas por el
Gobierno constitucional del presidente Rómulo Betancourt durante 1959-1964.
En entrevista con Alfredo Peña en su Foro del Diario El Nacional, el día lunes
27 de febrero de 1984, declaré: “Yo no tuve la suerte de ser consultado, en mi condición de Ex Ministro de CORDIPLAN y Coordinador del Gabinete Económico del
Gobierno del Presidente Pérez. Como estudioso de las cuestiones económicas, me
hubiera gustado emitir mi opinión ante los centros de decisión que adoptaron o recomendaron las medidas que dio a conocer el Presidente”. En esas declaraciones
propuse que durante la emergencia los “recursos de divisas tienen que ser administrados mediante un rigurosísimo control de cambios. El Estado debería asumir el
control de sus fronteras en lo que respecta a la salida de divisas. Yo diría que es necesario un estado de sitio económico en materia financiera. El Estado no puede
permitir que los recursos económicos se manejen en la misma forma discrecional
como se hacía en RECADI en la administración anterior. Pudiera suceder que algunos sectores de la economía privada, por la influencia que ejerzan sobre RECADI y
sobre el Banco Central, obtengan dólares mediante sobrefacturación y el uso de otras
prácticas o maniobras ilícitas. La salida o fuga de capitales no puede permitirse por
ningún concepto en el mercado libre ni en el mercado controlado. Incluso a la empresa transnacional contra la que se hace tanta doctrina antiimperialista en Venezuela, debería exigírsele la contribución de retener dentro de las fronteras del país,
–mientras dure la emergencia– dividendos y amortizaciones de capital. Más adelante,
al hablar de la transitoria emergencia, indiqué: “Lo que está planteado es un control
de precios, costos, salarios y beneficios. La sinceración de precios no podrá ser inmediata porque en las actuales circunstancias requiere de cierta gradualidad a objeto de
prevenir más costosas consecuencias sociales. La discusión de una ley de costos,
precios y salarios puede producir perturbaciones en el cuadro social y político actual.
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Creo que entre tanto, si se discutiera la ley, –que puede ser un instrumento muy importante para regular la distribución del ingreso en Venezuela–, sería imprescindible
que el Estado ejerciera estrictas medidas de control. Yo, repito, soy partidario de
plenos poderes para el presidente Lusinchi. Sin este requisito previo, pienso sinceramente que las fuerzas espontáneas del mercado no producirán los resultados que se
desean de las medidas para corregir la gravedad de sus tradicionales imperfecciones.
La decisión gubernamental más importante que se adoptó en esta etapa fue la
designación de los negociadores de la deuda pública externa. Se designó como Presidente de la correspondiente Comisión al Dr. Carlos Guillermo Rangel, un hombre
de innegables méritos públicos que tuvo una distinguida actuación como Presidente
del Fondo de Inversiones de Venezuela durante la administración de Carlos Andrés
Pérez. Una parte considerable de los integrantes de la Comisión negociadora adolecía
de la misma limitante del Dr. Rangel de no ser expertos internacionales en la materia,
ni tener las conexiones mundiales requeridas para asegurar el éxito de su gestión.
Algunos de estos miembros ejercían implícitamente la representación de los grupos
económicos internos para los que trabajaban como funcionarios o asesores. Con la
natural incomodidad que me producía cuestionar una representación presidida por
un estimable amigo y venezolano tan distinguido como Carlos Guillermo Rangel,
objeté públicamente el nombramiento de esta Comisión y la orientación que seguía
el nuevo Gobierno en el proceso de negociación del pago del servicio de la deuda
externa.
El día 12 de mayo de 1984, en declaración a los principales diarios de la capital,
expresé mi opinión sobre la decisión de los bancos norteamericanos de calificar
como sub-estándar los préstamos venezolanos en sus carteras correspondientes, lo
que se habría evitado si se hubiera dedicado alguna atención al planteamiento mencionado en mi memorándum para el doctor Jaime Lusinchi en octubre de 1983. Ello
“crearía” –advertí– “serios problemas en la renegociación de la deuda pública venezolana”. “Esta calificación de sub-estándar puede ser una especie de “bandera roja”
que puede llevar a los supervisores gubernamentales de los bancos norteamericanos
a obligar a éstos a hacer apartados de reservas para pérdidas por estos préstamos y a
aumentar el capital de estas instituciones”, medidas que harían casi imposible la renegociación de la deuda con la mayoría de las instituciones correspondientes. Agregué: “Los banqueros saben que Venezuela pagará, pero negociando con nosotros y
haciéndonos llegar el agua al cuello, más jugosos serán sus intereses, comisiones,
etc”. Señalé: “Los que han representado a Venezuela en las negociaciones, y la mayoría de los que integran sus equipos técnicos, tienen un incuestionable valor institucional interno, dignos de las más elevadas posiciones del Estado, pero no tienen ni el
entrenamiento en el terreno ni los contactos en los Estados Unidos, que es el principal acreedor, para ejercer el mayor impacto a favor del país en las negociaciones”.
“Debe también señalarse que Venezuela está dependiendo de estas gestiones de los
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banqueros extranjeros que tienen el monopolio de las negociaciones y que impiden
que en el proceso entren otros participantes tales como los bancos de inversión,
compañías de seguros, fondos de pensiones, etc., cuya competencia en las proposiciones de refinanciamiento frente a los banqueros daría a Venezuela una mayor capacidad de negociación”. No quise en esa oportunidad agregar algo que se desprendía
de las vinculaciones empresariales y financieras de un grupo determinante de los
integrantes y técnicos de la Comisión, para no arrojar más leña al fuego de la crítica.
Ocurría una desviación implícita en el proceso negociador consistente en presionar
al sector público a pagar cuanto antes el servicio de su deuda a cambio de términos
más favorables para el pago de las deudas privadas vencidas de los grandes grupos
económicos internos. Para evitar esta distorsión, propuse, sin que fuera oído por el
Gobierno, por el partido de Gobierno, y por la CTV: “Que el partido de Gobierno
como organización socialdemócrata, defensora histórica de la soberanía nacional,
tenga en esa comisión una representación técnica calificada, sin vinculaciones de
ningún género con los intereses del negocio bancario internacional y que en esa representación haya una voz autorizada de la CTV, que represente la mayoría de los que
sufrirán los efectos de cualquier reajuste en la economía interna que se requiera para
concretar la renegociación”.
Esta era una prédica en el desierto, frente a la más absoluta indiferencia del
Gobierno, de los partidos democráticos, de la cúpula empresarial y de los colegas
profesionales de las ciencias económicas. Mientras celosamente se guardaban para el
pago puntual a los banqueros internacionales las reservas de divisas de las autoridades monetarias, se toleraba la salida de capitales por la vía indirecta de los sobreprecios y las sobrefacturaciones en las importaciones autorizadas a los factores económicos privilegiados. Ello me indujo a señalar, en declaración al diario El Nacional el
día 5 de febrero de 1985: “Por eso, cuando se habla hoy de condenar a los operadores
privados que se llevaron ese dinero, los políticos que ayer callaron frente a la necesidad del control de cambios para impedirlo, hoy tienen escasa autoridad para condenarlo. Fueron ellos quienes, con su omisión, contribuyeron a dejar las puertas abiertas para que los ciudadanos más ricos en defensa de sus intereses particulares y
empresariales, incurrieran en esa masiva fuga de capitales”, y agregué que actualmente: “puede estimarse que cerca de un 30 por ciento del total de divisas otorgadas para
importaciones –entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales–, se siguen fugando
por estos conceptos, lo que significa una salida disimulada de divisas”.
Estas detracciones ilícitas de los recursos cambiarios han privado a la nación
entre 1984 y 1987 de una suma de 3.500 millones de dólares, cuya aplicación para
adquirir el componente importado de una inversión reproductiva de 8.750 millones de dólares habría agregado una capacidad anual de producción de bienes y
servicios transables de cerca de 3.000 millones de dólares. Ello sería más que suficiente para cancelar 2/3 de los 5.000 millones de dólares anuales que estamos
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Parte VII · Capítulo XIII
Una prédica económica en el desierto
obligados a pagar a los acreedores externos por concepto del servicio de la deuda,
según los términos leoninos que nos han recomendado los mismos banqueros
internacionales.
Ello me condujo, en las declaraciones a la prensa capitalina publicadas el día 11
de marzo de 1985, a proponer fórmulas específicas para controlar el fraude de los
sobreprecios y sobrefacturaciones: “Me consta”, expliqué, “que ante los más altos niveles del Estado se han hecho recomendaciones para establecer un sistema que permita controlar los precios y el valor de las importaciones objeto de impedir sobreprecios
y sobrefacturaciones. Este control operó exitosamente en la época del control de cambios durante la administración de Rómulo Betancourt en la década del 60. Pero por
razones que no me he podido explicar, no se ha procedido a la aplicación del recomendado sistema de precios de referencia”. Y en relación a la renegociación del pago del
servicio de la deuda externa, señalé y propuse específicamente: “Creo también que el
Estado venezolano no debe tener ahora la desesperación de pagar la deuda pública
externa por el monto de cinco mil millones de dólares anuales, cuando puede hacer
esperar a los acreedores durante un período más prolongado. Esta de­sesperación para
pagar de inmediato es admitir implícitamente que el Estado venezolano es financieramente cuestionable en sus relaciones externas. Una declaración unilateral de pago
del servicio de la deuda pública externa a un plazo más prolongado de acuerdo al ingreso de divisas del país, y la reducción de los pagos anuales a dos mil millones de
dólares, permitiría sostener un más elevado ritmo de crecimiento económico con el
uso de los otros tres mil millones de dólares restantes. Si atacamos la sobrefacturación podemos obtener del valor de las importaciones un ahorro adicional de otros
mil millones de dólares. Ello significaría que nuestra economía, aun dentro de las
condiciones actuales del mercado petrolero, podría disponer de más de 4.000 millones de dólares para pagar el componente importado esencial correspondiente a un
sustancial múltiplo de riqueza productiva interna”. Ya sobre esta materia había propuesto específicamente en mis declaraciones a la prensa el 11 de mayo de 1984:
“Que Venezuela estudie la posibilidad de una declaración unilateral sobre los términos –plazos muertos, períodos de pago, etc.– en que pagaría el servicio de su deuda
pública externa, tal como se ha hecho implícitamente en el caso de la deuda externa
privada, en la que se fijó a los acreedores los términos de refinanciamiento requeridos para hacer las correspondientes asignaciones de divisas. Los acreedores que no
se adhieran a los términos propuestos por el Estado, tendrían el derecho a renegociación en términos menos favorables en el tiempo que aquellos que acepten los fijados soberanamente por el país. Para los acreedores que acepten estos términos, el
país depositaría en el Federal Reserve System, el Fondo Monetario Internacional o el
Banco de Basilea (Banco de Transacciones Internacionales) –en cuenta especial solo
utilizable para el pago de intereses y capital de la deuda externa– una proporción sustancial de sus ingresos de exportación”.
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La obsesión de pagar cuanto antes hasta el último céntimo de las obligaciones
externas impedía poner la merecida atención a estos planteamientos.
Hemos mencionado que las renegociaciones y las ratificaciones conducidas por
las autoridades hasta ahora nos comprometen a pagar cerca de cinco mil millones de
dólares anuales de deuda externa pública y privada. Hasta el presente se han cancelado cerca de 20.000 millones de dólares. De haberse pagado la mitad, de acuerdo con
nuestro planteamiento, y controlado los sobreprecios y las sobrefacturaciones, habríamos dispuesto de cerca de 14.000 millones de dólares para financiar el componente externo de proyectos para la producción de bienes exportables y sustitutivos de
importaciones. Si este componente importado representa 2/5 del total de la inversión, ello habría permitido concretar una formación bruta de capital fijo por cerca de
35.000 millones de dólares. Este patrimonio económico nacional, sobre la base de
que tres unidades de capital pueden producir 3 unidades de valor agregado en condiciones normales de explotación del aparato productivo, generaría 11.666 millones
de dólares cada año. Aun dejando disponible para uso de consumo e inversión internos la mitad de esta producción de bienes transables, quedarían libres para pagar
anualmente a mediano plazo, sin interrupción alguna, cerca de 6.000 millones de
dólares a los acreedores internacionales.
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Parte VII · Capítulo XIV
Los costos reales de una política económica
equivocada
El Estado, en la voz autorizada del Presidente de la República, Jaime Lusinchi,
y de los principales dirigentes económicos de su gobierno, repetidas veces ha explicado que en las adversas condiciones de un elevado pago por el servicio de la deuda
pública externa y de una baja en los ingresos fiscales petroleros han tenido que afrontar las graves consecuencias de la política de contracción económica puesta en marcha por el gobierno de Luis Herrera Campíns desde el primer trimestre de 1979.
Es indiscutible el legado de destrucción de las fuerzas productivas y de la confianza económica que transmitió el gobierno del presidente Herrera al Gobierno del
Presidente Lusinchi. A lo largo de la administración socialcristiana mantuvimos una
prédica constante– a la que ni el gobierno ni el propio principal partido de la oposición hicieron caso– sobre la insensatez con que se manejaban las reservas de divisas
del país. La oposición recomendaba la reducción del gasto público en el momento en
que para detener la contracción se requería una expansión de la demanda agregada
interna y en que el “enfriamiento” económico puesto en marcha por el gobierno era
reforzado por la gigantesca filtración del potencial de crecimiento que significaba la
exportación de los ahorros privados. Esta filtración no solo reducía la proporción del
ahorro real destinada a la formación bruta de capital fijo en el país, sino que al contraer la base y la liquidez monetarias, restringir el crédito bancario y elevar las tasas
de interés sobre los préstamos, intensificaba los efectos negativos de la restricción
fiscal.
Basado en el fabricado argumento de que había recibido una “nación hipotecada”, el gobierno de Luis Herrera Campíns, persuadido por los sectores más conservadores privados y oficiales puso en marcha un plan de contracción sin precedentes
en los anales económicos del país.
Entre 1974 y 1978, los ingresos ordinarios públicos en divisas fueron del orden
de los 169.000 millones de bolívares –cerca de 40.000 millones de dólares- y durante
la administración de Luis Herrera estos ingresos se situaron en 305.000 millones de
bolívares -cerca de 71.000 millones de dólares–.Si el gobierno de Herrera hubiera
“ahorrado” solo una cuarta parte del incremento de los ingresos ordinarios de divisas, habría cancelado la supuesta “hipoteca externa” dejada por la administración del
presidente Pérez. Sin embargo, al entregar el poder en 1984, dejó una deuda externa
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de más del doble de la que encontró en 1979 sin la contraparte equivalente de las
obras que debieron financiarse con su contratación.
Los recursos de divisas producidos por el alza de los precios del petróleo fueron
puestos a disposición del sector privado para que realizara en el exterior las inversiones que la contracción económica oficialmente dirigida inducía no realizar dentro del
propio país, como lo prueba el descenso de la inversión bruta fija privada real de
cerca de 20.000 millones de bolívares en 1978 a cerca de 5.000 millones de bolívares
en 1983. Si durante la administración del presidente Herrera se hubieran mantenido
las salidas privadas de capital al nivel normal del período 1974-1978, habrían dejado
de fugarse y quedado disponibles para financiar el componente externo de nuestra
formación privada de capital real de cerca de 22.000 millones de dólares. Partiendo
de que el componente externo de una inversión privada representa 2/5 de su valor
total, este inventario de divisas habría permitido una inversión bruta fija total de más
de 55.000 millones de dólares que con los requerimientos de 3 unidades de capital
para obtener una unidad de producto, habría aportado anualmente en términos de
valor agregado una capacidad de producción de 18.400 millones de dólares. Esto
ofrece una base para estimar el costo nacional real de la salida adicional de capital
privado durante el gobierno de Luis Herrera Campíns,
Es cierto que Lusinchi heredó una deuda de más de 35.000 millones de dólares,
pero gracias al cumplimiento de los Programas Básicos del V Plan de la Nacion 19761980, Venezuela dispone de una capacidad de generación eléctrica que ascendió de
poco más de 3 millones de kilovatios en 1973 a cerca de 18 millones de kilovatios en
la actualidad, y una capacidad de producción de agua que pasó de 744 millones de
metros cúbicos a más de 2.000 millones de metros cúbicos durante el mismo período. Asimismo cuenta con una capacidad de producción de aluminio que se incrementó de 33.000 toneladas en 1973 a más de 400.000 toneladas en la actualidad, y
una capacidad de producción de acero que aumentó de 900.000 toneladas a cerca de
4 millones de toneladas durante el mismo lapso. El capital humano del país se ha
ampliado con el incremento de la fuerza laboral en cerca de 1.900.000 personas entre
1977 y 1987, dentro de la cual ha crecido considerablemente la participación del capital humano especializado en nuestros centros de educación técnica y superior, como
lo revelan las decenas de miles de graduados del Programa de Becas Gran Mariscal
de Ayacucho.
La medida del éxito económico de un gobierno no es cuánto creció el producto
en términos absolutos, sino en cuánto creció en relación con el potencial productivo
del país, pues lo que interesa es la eficiencia con que una nación maneja el patrimonio
que se construye con el esfuerzo de sus ciudadanos, especialmente de sus mayorías
trabajadoras. Importa también el criterio cualitativo de la composición de esta producción en función de la constante mejora biológica, intelectual y moral de la población. De acuerdo con estos criterios normativos, podemos afirmar que durante la
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Parte VII · Capítulo XIV
Los costos reales de una política económica equivocada
administración del presidente Herrera Campíns parte sustancial del potencial productivo acumulado y del que se acopió gracias al nuevo aumento de los precios de los
hidrocarburos fue tan erróneamente aplicado que objetivamente contribuyó a reducir los grados de bienestar generados durante los precedentes quinquenios de la democracia y a elevar los costos nacionales reales de las decisiones que deberían adoptar los gobiernos futuros para restaurarlos.
Me referí a esta interpretación de los gobiernos de Herrera Campíns y de Jaime
Lusinchi en declaraciones al diario El Nacional el 9 de diciembre de 1985. Allí sostuve: “La pérdida de riqueza real (calculada a precios constantes de 1968) durante los
últimos 7 años, ha sido de 185.171 millones de bolívares, de los cuales 109.299 millones (el 59%) corresponden a la administración de Luis Herrera y el resto (41%) a los
efectos aun no contrarrestados de esta política durante el actual período constitucional”, y concluía: “De no adoptarse un vuelco audaz en la política económica del gobierno para revertir esta drástica inercia contractiva, su responsabilidad de la destrucción del potencial productivo será creciente a medida que aumente el mayor
capital fijo subutilizado, las tierras no cultivadas, la creciente mano de obra desempleada. Matemáticamente puede demostrarse que a medida que pasen los años, en
una situación de relativo estancamiento o de estabilización, el diferencial entre el
producto potencial y el producto alcanzado será creciente y la responsabilidad de los
dirigentes de la economía pública tendrá una cuantificación de dimensiones cada vez
más alarmantes. De no frenarse de inmediato la contracción y poner en marcha un
plan decisivo de reactivación, al final de su período, el costo social en término de
riqueza no aprovechada será un múltiplo sustancial del costo social, que por más de
109.000 millones de despilfarro del potencial productivo hizo el gobierno de Luis
Herrera pagar a los venezolanos”.
El problema venezolano no es la deuda externa sino la incapacidad manifiesta
de la gestión pública durante los dos últimos quinquenios para manejarla apropiadamente. Esto es tanto más cierto en el contexto de las condiciones creadas a partir del
“viernes negro” en 1983 y la adopción de las subsiguientes medidas de administración cambiaria que, como veníamos señalando desde 1981, tienen como efecto reducir a menores proporciones las salidas de capital y ampliar el margen para el crecimiento de las fuerzas productivas internas. Durante la libre convertibilidad, el país,
dada su estructura productiva dependiente de las injusticias en la distribución del
ingreso y de las riquezas, requería de más dólares en el proceso de evolución normal
de su economía, para satisfacer a plenitud la propensión a diversificar la cartera de
inversiones de los más ricos mediante la colocación de fondos en el exterior y para
permitir sus gastos externos de consumo suntuario, productivos, materias primas y
bienes y servicios esenciales. Por eso en mi prédica por el control de cambios a lo
largo de la administración del presidente Herrera, hasta la adopción de la modalidad
respectiva de administración cambiaria el “viernes negro”, no me cansé de insistir
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sobre los efectos positivos que esta medida tendría sobre el crecimiento de la economía interna. Creo necesario repetir lo que sostuve cuando el 2 de abril de 1981 propuse en declaraciones al diario El Nacional el “control de cambios para evitar la descapitalización de la economía”: “La alternativa más viable sería el control de cambios
que encerrara dentro de nuestras fronteras a los operadores de la economía y les
cortara la comunicación directa con los más atractivos mercados de inversión de los
otros países, principalmente los Estados Unidos. También quedarían bloqueados los
turistas y viajeros venezolanos que gastan una parte sustancial de las divisas producidas por el petróleo en divertirse en el exterior, como lo demuestra el hecho que
Venezuela es el segundo país, después de Francia, en enviar turistas a los Estados
Unidos (cerca de 400 mil al año). Encerrados dentro de nuestras fronteras no quedaría otro recurso a inversionistas y turistas nacionales que mirar hacia la economía
interna. De inmediato podría ponerse en marcha una política de reexpansión de la
economía sin peligro de debilitamiento de las reservas internacionales, pues mucho
de lo que hoy los venezolanos invierten en activos externos y gastan en turismo y
recreación en otros centros, se dedicaría a la compra de equipos, maquinarias, repuestos, materias primas, etc. El menor gasto de divisas mejoraría la liquidez monetaria y el crédito bancario, lo que conjuntamente con el mayor nivel de inversiones
públicas permitiría una mayor expansión de la demanda y mejoraría los rendimientos
de las inversiones”.
Capturado en medio del torbellino de la crisis, y jamás convencido por los argumentos técnicos, el gobierno del presidente Herrera desesperadamente se vio en la
obligación, para no hundirse más en el tremedal de su incompetencia, de intervenir
en el mercado cambiario y adoptar las medidas de administración de divisas, en lo
sustancial, todavía vigentes.
Esta realidad institucional significó una intangible económica pues facilita a la
economía un mayor grado de expansión con un menor inventario de divisas. La
considerable brecha entre producto potencial y producto realizado es una garantía de
que se podrán alcanzar tasas elevadas de crecimiento del producto interno no petrolero y reducir sustancialmente el desempleo sin el riesgo de desatar una espiral inflacionaria.
Si la propensión al ahorro global es un tercio del ingreso nacional y la propensión a importar constituye otro tercio, en macroeconomía elemental ello implica que
el efecto de una inversión o un gasto de consumo, por ejemplo, tiene un efecto multiplicador de 1.5 veces el monto de la erogación original. Pero si las medidas cambiarias ejercen sus efectos proteccionistas, los operadores económicos públicos y privados incrementan su propensión al gasto interno y la propensión a importar y a
ahorrar se reducen ambas a solo poco menos cerca de un quinto, el efecto multiplicador se expande a 2 veces el monto de cualquier gasto inicial de consumo o de inversión, es decir, se intensifica en 33%.
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Parte VII · Capítulo XIV
Los costos reales de una política económica equivocada
Si a ello agregamos el efecto expansivo que sobre la liquidez interna tiene la
protección del inventario de divisas del país, este incremento equivalente de las actividades productivas del país es aún mayor. Este era un recurso o “activo” del que no
disponían los dirigentes de la economía antes de las medidas cambiarias adoptadas
en 1983, y que es mucho mayor en las actuales circunstancias de un creciente efecto
proteccionista de la devaluación y de la restricción cambiaria.
Los capitales privados venezolanos que, en medio de la confusión económica,
creada por la administración de Luis Herrera abandonaron el país, son reintegrables
a la economía interna, si se adoptan las correspondientes medidas públicas para estimularlos e inducirlos a seguir esta nueva dirección. El gobierno nacional es deudor
externo, pero el país, si consideramos el capital externo de los venezolanos como
parte del patrimonio colectivo, es en su globalidad, un acreedor internacional neto.
A este respecto, en Conferencia dictada en la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad
Central de Venezuela, el día 17 de octubre de 1987, expliqué: “Debemos considerar
que Venezuela no es en su globalidad económica un deudor internacional neto. Con
el objeto de calcular la posición acreedora neta, debemos incluir los activos externos
tanto del sector público como del sector privado. Las reservas internacionales del
Banco Central, del Fondo de Inversiones, los activos de Petróleos de Venezuela,
Sociedad Anónima (PDVSA) en empresas extranjeras, etc., deben estar alrededor de
los 13.000 millones de dólares. Los activos financieros externos del sector privado se
acercan, según estimaciones que considero muy conservadoras, a los 40.000 millones
de dólares. Esto significa que los activos externos conjuntos del sector público y
privado exceden las obligaciones de ambos sectores (estimados hoy en 33.000 millones de dólares) en cerca de 20.000 millones de dólares. A los actuales tipos de interés,
esto significaría que el país debería obtener por concepto de su posición inversionista hasta 1.400 millones de dólares por año, después de deducir los intereses de sus
obligaciones públicas y privadas; es decir, cerca de 30.000 millones de bolívares al
cambio libre, o sea 15% del ingreso nacional. Mediante la aplicación de estos intereses netos en moneda extranjera a la adquisición del componente externo de la formación interna de capital, se concretaría una inversión anual de cerca de 75.000 millones de bolívares, con lo que sería posible producir amplios efectos multiplicadores y
al mismo tiempo la constitución de un patrimonio productivo capaz de generar cerca de 25.000 millones de bolívares de valor agregado nacional cada año”. Si con las
medidas apropiadas lográramos que conjuntamente con los intereses se reintegraran
cada año el 10% del capital, durante un período constitucional podrían reincorporarse a la economía interna cerca de 14.300 millones de dólares (8.190 de capital, menos
de 1/5 de capital privado colocado en el exterior, y 6.110 de intereses sobre los saldos
disponibles). Esto significaría una capacidad de financiamiento del componente externo (40%) de una inversión total de 35.750 millones de dólares, que arrojaría todos
los años un valor agregado de cerca de 12.000 millones de dólares. Es, por lo tanto,
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injustificable la excusa de que los niveles de endeudamiento externo y la nueva realidad de los precios del petróleo constriñen de manera extrema la capacidad del sector
público para expandir la producción, el empleo, las inversiones y el consumo. Por eso
concluí la Conferencia en estos términos: “La magnitud de la deuda pública y privada de Venezuela no constituye, desde el punto de vista estructural, un factor limitante para el progreso de nuestra economía y de nuestras fuerzas productivas internas.
El problema radica en la incompetencia de las autoridades públicas para orientar y
estimular el uso del activo neto de sus tenedores de la manera más apropiada a los
intereses del desarrollo nacional y del bienestar de las mayorías. Racionalmente gerenciados, los balances de la deuda pública en general, y los de la deuda pública externa en particular, pueden transformarse, de un pasivo, en un activo factor de progreso colectivo”.
Desde el comienzo mismo de la nueva administración hemos venido recomendando la adopción de modificaciones tributarias estimuladoras para facilitar el regreso de los capitales invertidos por los venezolanos en el exterior. Hemos planteado la
necesidad de incluir en el cálculo de la renta gravable, los ingresos obtenidos sobre
inversiones externas por residentes nacionales. En la reciente reforma parcial de la
legislación de impuesto sobre la renta que, bajo el efecto mediatizador de los factores
plutocráticos y del sector privilegiado de la burguesía emergente, se estableció el
principio de la obligación de los contribuyentes de reportar los ingresos que obtengan extraterritorialmente. Pero aquello fue una especie de “saludo a la bandera”,
imposible de ser aplicado a inversionistas sofisticados con eficaces procedimientos
de evasión. En razón del peligro o riesgo de evasión de la medida por parte de los
dueños de los patrimonios externos mediante la constitución de compañías “offshore”, que hace extremadamente difícil la identificación de los contribuyentes, fue
por lo que, en declaraciones publicadas por el diario El Nacional el día 12 de julio de
1985, propusimos: “Las reformas legales necesarias para castigar con prisión (4 a 5
años) a quienes defrauden al Fisco”. “Las reformas que sean necesarias al impuesto
sobre sucesiones donde se establezca que aquella parte del valor de las declaraciones
sucesorales que no sean compatibles con el récord de las contribuciones al impuesto
sobre la renta sea apropiada por el Estado. Para evitar el riesgo de ir a la cárcel y de
que los herederos de sus fortunas queden a merced del Estado, habría una fuerte
tendencia de sus actuales propietarios a actuar dentro de la ley y a ponerse a derecho
fiscal”.
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Parte VII · Capítulo XV
Cronología de un “fracaso exitoso”
Es indiscutible que la administración del presidente Jaime Lusinchi ha impedido hasta el momento que la economía se desplome por el precipicio hacia donde la
venía conduciendo la administración socialcristiana de Luis Herrera Campíns. De
una caída del valor agregado real de más de 4.000 millones de bolívares en 1983, la
economía fue colocada en la parte positiva del cuadrante económico. Se ha logrado
hasta 1987 un incremento del valor agregado real de 6.000 millones de bolívares.
Esto significa que se ha absorbido el correspondiente saldo negativo acumulado
durante el precedente gobierno, pero que el incremento neto de 2.000 millones de
bolívares es todavía notoriamente insuficiente para atender los requerimientos de
una población que, durante el período, creció en 1.800.000 habitantes, reflejado en
un aumento de la fuerza laboral de 700.000 personas. Dado el potencial productivo
excedente –en el cual se destaca la fuerza laboral cuya tasa de desempleo ha alcanzado hasta el 14%– estos magros resultados no se corresponden con la abundante
existencia de recursos físicos y humanos todavía insuficientemente aprovechados
que podrían concretarse en más elevadas tasas de crecimiento del producto interno
bruto no petrolero y de los ingresos reales del capital y del trabajo.
En esta evaluación de los resultados de la actual gestión debe tenerse en cuenta
que durante un lapso similar en la gestión presidencial de Carlos Andrés Pérez, el
valor agregado real aumentó en 14.000 millones de bolívares frente a un incremento
poblacional de 1.500.000 habitantes y de la fuerza de trabajo de 400.000 personas.
El aumento del valor agregado real durante la presente administración ha representado cerca de dos quintas partes de la misma magnitud realizada durante el
gobierno de Carlos Andrés Pérez. Un porcentaje menor de esta diferencia entre los
resultados económicos de 1974-1978 y de 1984-1987 es explicable por la inercia de los
efectos de las políticas contractivas aplicadas durante 1979-l983. Pero si consideramos el elevado potencial de crecimiento ocioso representado por la fuerza de trabajo
desocupada, la capacidad física subutilizada y el excedente de las reservas internacionales, debemos atribuir el lento crecimiento de la economía a la ausencia de apropiadas políticas económicas para reducir la amplitud de la brecha creciente entre producción potencial y producción realizada. En comparación con la disponibilidad de
estos factores productivos durante la gestión presidencial de Carlos Andrés Pérez, el
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actual gobierno de Jaime Lusinchi, ha dispuesto de un superior nivel (40%) de reservas internacionales; 1.3 veces más de capacidad de producción de cemento; tres veces
más de capacidad de provisión de agua; cuatro veces más de capacidad de generación
eléctrica y de capacidad de producción de acero; doce veces más de capacidad de
producción de aluminio, etc. Otro factor más favorable al crecimiento de la economía interna en el tránsito hacia la reactivación plena de las fuerzas productivas es la
existencia del control estatal de los recursos de divisas que permite asignarlos preferentemente al pago del componente foráneo de los gastos de capital físico y de capital
humano prioritarios para el desarrollo nacional.
Aún las proyecciones oficiales más optimistas sobre el incremento de la producción real para el final del quinquenio constitucional del presidente Lusinchi –objetivamente basadas en las políticas gubernamentales que más influencia ejercen sobre
la relación entre demanda agregada y oferta potencial– resultarían en un producto
interno bruto real cerca de 83.000 millones de bolívares en 1988, superior en 10.000
millones de bolívares al producto interno bruto realizado en 1984. De concretarse
esta proyección, tal cifra representaría menos de dos tercios del incremento del valor
agregado real durante el quinquenio presidencial de Carlos Andrés Pérez a pesar de
que durante el quinquenio correspondiente al gobierno de Lusinchi el potencial productivo ocioso ha sido tres veces más elevado. Este resultado debe ser evaluado
como una prueba de la reversibilidad de la represión económica contra el vasto potencial productivo de la nación, cuyo más importante factor es la fuerza de trabajo,
pero también como una medida de la ineficiencia de la gestión económica del nuevo
gobierno que lo hace históricamente responsable de la negligencia en el uso del existente patrimonio productivo del país, que se refleja en menor productividad de la
totalidad de su fuerza laboral, en el desempleo abierto o disfrazado en el sector informal, en la reducción del poder adquisitivo de las clases trabajadoras y medias y en la
pérdida de poder de contratación de las organizaciones laborales frente al capital
organizado. En secciones precedentes de este mismo estudio hemos demostrado que
la fuga subrepticia de capitales privados al amparo de las corruptelas en la administración del control cambiario en la forma de sobreprecios y sobrefacturaciones y los
pagos del servicio de la deuda pública que debidamente negociados son diferibles en
el tiempo, ha privado a la nación y al Estado de los recursos de divisas para pagar el
componente foráneo de un múltiplo sustancial de inversiones, cuyos efectos directos
e indirectos permitirían la absorción del desempleo en actividades productivas permanentes en la economía formal.
Según las estadísticas de la oficina gubernamental de Estadística e Informática, durante la administración del presidente Jaime Lusinchi el desempleo ha descendido del 12% al 9%, pero el actual empleo como porcentaje de la fuerza laboral
(91%) no alcanza todavía la situación de pleno empleo experimentada durante el
gobierno de Carlos Andrés Pérez (94,6%). Cerca de 2/5 de la ocupación laboral
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Parte VII · Capítulo XV
Cronología de un “fracaso exitoso”
ocurre en la economía informal en actividades de baja o nula productividad económica y social. La sobrevivencia de la masa de desempleados y de una parte considerable de quienes vegetan en la economía informal –particularmente los más jóvenes– constituye un elevado costo económico sobre las familias de quienes trabajan
en la economía formal. La creciente ineficiencia social en el uso de la riqueza humana de la nación, se constata en el descenso del producto real por persona de toda la
fuerza laboral (ocupados y desempleados) que se inicia con el enfriamiento de la
economía diseñado e instrumentado por la administración del presidente Herrera
Campíns a partir del primer trimestre de 1979. El producto real por persona de la
fuerza laboral que durante 1974-1978 se incrementó de 16.383 bolívares a 18.672
bolívares (14%),descendió a 15.084 bolívares en 1983 (20%) y a 12.476 en 1988
(33%). Mientras el creciente desempleo incrementaba los costos de la sobrevivencia
de los desempleados o aparentemente empleados absorbidos por los trabajadores
ocupados en el sector formal de la economía, se redujo la productividad de éstos
durante los lapsos cuando se sintieron los efectos negativos del enfriamiento y del
estancamiento de la economía (1979-1983) y (1984-1988). El producto real por persona ocupada desciende de 19.654 bolívares a 16.715 bolívares (15%) durante 19791983; y de 16.715 bolívares a 13.637 en 1988 (18%). Esta involución de la economía
productiva se ha reflejado en la declinación de los ingresos reales y poder de compra
de cada miembro de la fuerza laboral en general y de la fuerza laboral ocupada en
particular. Los ingresos laborales reales por persona descendieron de 8.229 bolívares en 1979 a 6.491 bolívares en 1983 (22%) y de a 6.491 bolívares en 1983 a 5.232
bolívares en 1988 (19%).La caída de la remuneración laboral real por persona ocupada, de 8.676 bolívares en 1979 a 7.148 bolívares en 1983 (18%) y de 7.148 bolívares
en 1983 a 5.719 bolívares en 1988 (20%), ponderada por las cargas directas e indirectas de parte del costo de mantenimiento de los desempleados y precariamente
empleados, implica un proceso de acelerado empobrecimiento de las mayorías consumidoras, cuyas consecuencias negativas para el crecimiento económico son obvias y resultan impredecibles para la estabilidad del sistema de nuestras instituciones
democráticas. El debilitamiento del poder de negociación de la población trabajadora organizada y sindicalizada, correlacionada con el exceso de su oferta sobre la
demanda en el mercado laboral, contribuye a desmejorar la participación del trabajo
en la distribución del ingreso nacional. Esto se reflejó en los lapsos respectivos en
que la relación de explotación del trabajo por el capital –el cociente resultante de la
división de la remuneración del capital por la remuneración del trabajo– desciende
de 1.94 mientras la economía se encaminó hacia el pleno empleo durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez a 1.78, pero se incrementa en 1987.Dado el hecho que
durante el boom petrolero de la primera mitad de la década del setenta y con la nacionalización de la industria petrolera, aumentó la participación del capital del sector público en la remuneración del capital total, las diferentes formas de redistribu167
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ción del ingreso instrumentadas por el Estado debían moderar o neutralizar la
intensificación de la explotación del trabajo por el capital privado y/o público.
En la medida que el Estado reduzca el gasto público de consumo y/o de inversión en condiciones de una amplia brecha entre el producto potencial y el producto
realizado, está reforzando el efecto negativo de la desigualdad en la distribución del
ingreso nacional en el crecimiento económico y en el aumento del empleo. Esta desfavorable consecuencia de la desigualdad en la distribución del ingreso real es más
evidente cuando desciende la proporción del ahorro nacional destinada a la formación de capital fijo y cuando en la composición del consumo aumenta la participación
de los bienes y servicios importados y de aquellos de producción nacional altamente
intensivos en el uso de capital y de otros componentes foráneos.
En el período de expansión económica durante 1974-1978 que condujo al logro
del pleno empleo en 1977, el gasto público de consumo y de inversión contribuyó a
que la relación entre demanda agregada interna real y número de desempleados, pasara de 367.000 a 1.101 (200%). En cambio, esta relación cae de 1.101 a 444 en 1983
(-148%) y a 385 en 1987 (-15%). La formación bruta de capital fijo como porcentaje
de la demanda agregada interna ascendió de 29% en 1974 a 39% y declina luego a
22% en 1983 y a 21% en 1987. Este proceso de subcapitatilización de la economía y
de subutilización de la capacidad instalada refleja, tanto el uso de las divisas públicas
para la exportación del ahorro privado y para la cancelación del servicio de la deuda
pública en detrimento de la formación de riqueza interna y de la creación de empleos productivos. El deterioro del poder adquisitivo de las mayorías consumidoras
y el crecimiento de la propiedad financiera externa de los residentes más ricos, tiene
una doble incidencia negativa en la reactivación de la economía y en el bienestar de
la población.
El consumo privado per cápita que aumentó de 16.228 bolívares en 1974 a
18.895 bolívares (16%) en 1978, se reduce a 14.945 bolívares (-26%) en 1983 y a 14.692
en 1987 (-1.7%) limitando considerablemente el consumo de bienes esenciales de las
mayorías trabajadoras y de las clases medias empobrecidas, mientras se propicia el
consumo no esencial y conspicuo de una minoría opulenta. Las clases más ricas han
sido puestas a buen resguardo con sus cuantiosas riquezas colocadas en el exterior
cuyas remuneraciones no se integran a las estadísticas del ingreso en nuestras cuentas
nacionales.
Debo recordar lo que en declaración al diario El Nacional afirmé el día 18 de
enero de 1985 al referirme a esa realidad: “Se ha profundizado el abismo entre los
ricos y los pobres, y se arroja más leña al fuego latente de los conflictos y los resentimientos sociales. Estamos en presencia hoy, –como dijo Benjamín Disraeli en su
tiempo en Inglaterra– de la coexistencia de las repúblicas económicas y sociales dentro de nuestra nación. Una Venezuela súper opulenta y la otra, la Venezuela súper
empobrecida. En la actualidad más de 700.000 venezolanos viven en una intolerable
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Parte VII · Capítulo XV
Cronología de un “fracaso exitoso”
situación de desempleo sin las compensaciones del seguro del paro de paro forzoso
existente en otros países; el poder de compra de las masas trabajadoras se estrecha en
cerca de un 20% todos los años; las clases más pobres reducen su consumo de leche
y de alimentos básicos por la eliminación de subsidios y los precios más elevados;
mientras los integrantes de las clases medias altas y de las clases ricas incrementan su
consumo suntuario, adquieren automóviles de lujo, siguen disfrutando de sus vacaciones en el exterior, visitan los restaurantes más sofisticados de la capital, celebran
de la manera más fastuosa sus matrimonios, compromisos y cumpleaños, etcétera”.
En la mencionada declaración también nos referimos al impacto que sobre la
economía interna, sobre la distribución del ingreso y sobre la composición de la demanda y de la oferta, tendría el gasto interno de las remuneraciones del capital privado invertido en el exterior. Bastaría que tan solo regresaran los intereses de la inversión privada de cerca de 40.000 millones en el exterior, que pueden hoy estimarse en
más de 3.000 millones de dólares, para que se produjeran profundas perturbaciones
en la estructura de la demanda y de las actividades productivas y en la correlación
social en el uso o aprovechamiento de las riquezas sociales internamente producidas.
Calculados a la tasa del mercado libre de 30 bolívares por dólar, esto representaría
cerca de 90.000 millones de bolívares –cerca de 15.000 millones de bolívares a precios de 1968– es decir, poco menos de la mitad de los ingresos reales que el sector
propietario reporta dentro del territorio. Esto significa que, tomando en cuenta las
remuneraciones reales de su capital externo no reportados (15.000 millones de bolívares), y las que se reportan internamente (30.000 millones de bolívares), el sector
minoritario más rico tiene ingresos reales anuales de 45.000 millones de bolívares, es
decir, el 75% del ingreso nacional real computado oficialmente, y 1.5 veces el ingreso
real de la fuerza laboral. En la declaración varias veces citada, afirmamos: “No queda
la menor duda que este poder latente de compra en manos de estos grupos privilegiados agrava la distribución del ingreso y de la riqueza en Venezuela, atrae los recursos sociales de producción hacia la preferente satisfacción de la demanda de las clases
más ricas y acentúa de esta manera la distorsión de nuestro patrón interno de producción, concentrándolo en la oferta de bienes de baja intensidad de mano de obra, con
un alto componente importado en insumos y tecnologías suministradas por los países industrializados. Así se perpetuará la tendencia al desempleo y a la posición deficitaria de la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos. Este abismo entre la creciente pobreza de las mayorías trabajadoras y la opulencia de los sectores más ricos,
puede tener consecuencias impredecibles, o en cuya predicción tendrían más que
decir los especialistas en la ingeniería de resistencia de materiales que los economistas, los sociólogos y los expertos en ciencias políticas. Determinar cuan cercanos o
cuan distantes estamos del “punto de fractura” –como lo expresarían los expertos en
resistencia de materiales–, es en la vida social una tarea compleja, pero apasionante
para los profesionales de la lucha por el poder y sobre todo para aquellos que entran
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en la historia destruyendo las estructuras convencionales de dominación y exclusión.
La incertidumbre se abre cuando las opciones sustitutivas, popularmente más atractivas, esconden una irracionalidad económica y social tanto o más destructivas que
los superables grados de injusticia existentes en la mayoría de las democracias contemporáneas”.
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Parte VIII · Capítulo XVI
Los beneficios plutocráticos de las pugnas
intrapartidistas
La política económica, y en especial la política fiscal y la política monetaria, ha
contribuido a agravar los problemas de la subutilización del potencial productivo
nacional.
La medida más eficaz que debió adoptarse para afrontar en el corto y mediano
plazo el problema del déficit fiscal, era la posposición negociada del pago del servicio
de la deuda pública externa, que habría liberado simultáneamente recursos financieros del sector público y las divisas para atender de inmediato los requerimientos de
adquisiciones externas necesarias para la reactivación de la economía interna. Los
costos de adquisición de bienes y servicios, –sobre todo los costos de los servicios
laborales y las alzas de salarios en el sector público– han tenido una incidencia deficitaria con evidentes implicaciones inflacionarias por la forma apresurada como se
han concedido estos aumentos. Los aumentos por concepto de estas remuneraciones
laborales, pudieron realizarse en forma gradual y distribuirse más racionalmente en
el tiempo, para lograr el objetivo real previsto en un período de 3-5 años. Mediante
el compromiso firme de concretar por etapas estos aumentos en términos reales, se
constituiría una acreencia de riqueza implícita de los trabajadores que las correspondientes instituciones financieras aceptarían como garantía para conceder créditos
destinados a la compra de bienes de consumo durables y no durables. De esa manera
un sector de los consumidores podría materializar en el presente, la compra de estos
bienes mediante los préstamos otorgados por las instituciones crediticias públicas y
privadas, mediante el uso de parte de los ahorros depositados por aquellos sectores
de la población en condiciones de diferir la satisfacción de sus necesidades de consumo. Las autoridades fiscales y monetarias podrían decidir los términos e incentivos
para que el efecto neto de las operaciones activas y pasivas de los distintos entes financieros y los estratos de los consumidores resulte en la ampliación de la demanda
agregada compatible con la oferta potencial, dada por la capacidad física instalada y
la riqueza laboral aprovechable. De esta manera se habría reducido el efecto de la
ampliación de la demanda sobre los precios en razón de la relación más equilibrada
entre el consumo y el ahorro, y del descenso de los costos unitarios a medida que la
mayor explotación de la capacidad instalada se refleje en precios finales más estables.
La ordenación de la secuencia temporal de los aumentos graduales de las remunera171
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ciones laborales en el sector público y en el sector privado atenuaría el riesgo inflacionario que generalmente ocurre cuando las alzas de sueldos y salarios se concentran en un lapso determinado. Estos aumentos, al reflejarse de inmediato en mayores
costos de producción y distribución, pueden inducir presiones inflacionarias inerciales difíciles de revertir.
Debemos agregar que si se instrumenta una efectiva política de expansión del
producto y de los ingresos reales del capital y del trabajo mediante el aprovechamiento del potencial productivo ocioso, es posible realizar una reforma tributaria que
progresivamente grave los incrementos de los beneficios privados y las ganancias de
capital generados por el crecimiento económico, y que al mismo tiempo castigue los
gastos de consumo superfluos y socialmente improductivos de las personas naturales
y jurídicas y estimule el ahorro. Esta combinación de la progresividad tanto de la
imposición directa como de la indirecta –condicionada y vinculada al ascenso continuo de la producción y de las ventas, del empleo de la fuerza de trabajo y del aumento de los beneficios y de la valorización de los capitales– reduciría gran parte de los
efectos negativos que los impuestos sobre la renta ejercen sobre las inversiones privadas en condiciones de estancamiento económico.
La ausencia de políticas macroeconómicas destinadas a la plena explotación de
la capacidad productiva del país y de la reforma del sistema tributario progresivo que
asegure el financiamiento de los gastos públicos sin inducir reducciones de las inversiones privadas reproductivas, no dejaba al gobierno del presidente Lusinchi otro
camino que cubrir las insuficiencias fiscales mediante la emisión de obligaciones del
Gobierno para ser adquiridas por las autoridades monetarias o acudir a la devaluación del bolívar que significaba una forma de tributación decidida al margen del
Parlamento mediante una resolución conjunta del Ejecutivo Nacional y del Banco
Central de Venezuela. Durante 1986, el Gabinete exploró la primera alternativa, y en
reunión de la cúspide gubernamental con la alta dirección del Partido de Gobierno,
se tomó la decisión de reformar la legislación que rige el Banco Central de Venezuela, a objeto de facilitar la absorción por parte de este Instituto de emisiones de deuda
pública interna equivalente al déficit fiscal. En ese momento podíamos aceptar esta
iniciativa, convencidos de que las fórmulas más racionales del aplazamiento del pago
del servicio de la deuda externa y la reforma fiscal no serían aprobadas. Al cerrarse
todos estos caminos, no quedó otro recurso que la “maxidevaluación”. Mediante ella
se desincorporó de la lista de asignaciones de dólares preferenciales –7,50 bolívares
por dólar– al mayor volumen de las importaciones. Por éstas deben pagarse ahora
14,50 bolívares por dólar asignado. Así mismo, se cambiaron las reglas del juego vigentes para la asignación de divisas destinadas al pago de la deuda externa privada,
encareciendo sustancialmente en términos de bolívares los dólares vendidos a los
importadores para cumplir sus compromisos con sus proveedores y mantener el
flujo normal de sus negocios.
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Parte VIII · Capítulo XVI
Los beneficios plutocráticos de las pugnas intrapartidistas
Con las ganancias cambiarias realizadas al vender por bolívares los dólares generados por los ingresos fiscales petroleros y con otros recursos fiscales acumulados
se procuró conjurar el problema del déficit fiscal. En declaraciones al diario El Nacional el día 18 de mayo de 1987 enjuicié esta situación en los siguientes términos:
“Esa maxidevaluación ha tenido un efecto inflacionario más que proporcional al
incrementar el precio del dólar, que es sustancialmente superior al que, según los que
temen a la “emisión inorgánica” de dinero, habría ocurrido mediante el aumento de
la liquidez monetaria. A través del aumento nominal del valor en bolívares de los
bienes finales e intermedios importados, del incremento en bolívares de las obligaciones privadas externas, y del aumento de los ingresos nominales de los trabajadores, el efecto es inmediato y directo y más que proporcional sobre los precios finales.
En cambio, cuando se expande la demanda por vía del aumento de la liquidez monetaria neta gracias a la gestión del Banco Central, puede ocurrir un aumento de los
precios en aquellos sectores productivos donde la capacidad está completamente
utilizada, pero ello no tiene que ocurrir en los sectores y actividades donde existe
capacidad instalada ociosa, mano de obra desocupada, etc. Esto quiere decir que el
gobierno careció del talento económico para asumir el menor riesgo de inflación de
demanda que habría resultado en más producción real y más empleo, y decretó por
vía de la “maxidevaluación”, una inflación de costos que reduce el poder de compra
de la población, distorsiona la estructura de costos y precios relativos y estanca la
creación de empleos y encarece los costos de funcionamiento del Estado, y en consecuencia, a muy cercano plazo, reproduce el déficit fiscal a niveles más elevados,
cuya ilusoria solución impondrá maxidevaluaciones cada vez más inflacionarias.
Sobre la misma materia, pero concentrando el análisis en el efecto de estas medidas sobre el desarrollo de los programas básicos de obras en los sectores estratégicos de la economía que no han sido interrumpidos por el actual Gobierno, había
declarado meses antes al diario El Nacional: “Hay continuidad en los programas básicos de inversión en el sector energético y metalúrgico, que... obedece a las fuerzas
inerciales creadas por los programas de desarrollo diseñados por la administración
de Carlos Andrés Pérez y al empeño del Ejecutivo Nacional en continuarlos, pero en
un sector como la economía social del capital humano, la política gubernamental no
protege debidamente al factor más valioso que es el hombre en su alimentación, su
educación y salud y otras necesidades básicas de las mayorías nacionales. Esto se
debe a que, en medida considerable, “el financiamiento del Estado en general, y de
los programas básicos en particular, se está realizando a través de un impuesto inflacionario gigantesco sobre las transacciones cambiarias, que genera inflación de costos, devalúa el poder adquisitivo de la población, reduce la demanda agregada real e
impide resolver los problemas del desempleo y la caída del ingreso real de las mayorías más pobres. Esto se traduce en una depreciación acelerada del capital humano
del país. Cuando esos proyectos básicos entren en producción, la demanda real glo173
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bal será insuficiente para absorber internamente su producción, mientras que la
mano de obra estaría menos capacitada para aprovechar mejor ese moderno equipamiento. Estamos al mismo tiempo instalando una capacidad física –ociosa para el
futuro– y creando una chatarra humana. De esa manera, a mediano y largo plazo
coexistirán esa chatarra física y la chatarra humana incapacitada para aprovecharla”.
Los efectos de las desacertadas políticas económicas en los diferentes sectores
de la población, y particularmente en los estratos de las clases trabajadoras y clases
medias empobrecidas, han ejercido una influencia significativa sobre las bases y sobre la mayoría de los cuadros dirigentes del partido de gobierno, y minado los fundamentos sociales y psicológicos del apoyo al sedicente “nuevo liderazgo” de la corriente oficialista interna. Las fuerzas subyacentes del descontento generado por la
escasa o nula realización de las expectativas populares, adopta una particular dinámica en las actuales condiciones venezolanas. La reciente experiencia de la administración socialcristiana dejó tal impacto negativo en la memoria colectiva, que cualquier evaluación por vía de la inferencia estadística del sistema de encuestas,
demostraría un apoyo relativo al actual Gobierno y al partido de gobierno que se
explica más por el desprestigio colectivo de ese adversario específico que por la realización de las expectativas de bienestar de los sectores mayoritarios de la población
durante la gestión económica de la actual administración.
Tampoco este descontento se canaliza hacia las fuerzas de la extrema izquierda
o hacia otras opciones de centro derecha populista, porque en razón de su debilidad,
dispersión e incapacidad para estructurarse como factores de mayor alcance popular,
no constituyen ahora alternativas reales de poder, es decir, que esos sectores no están
en condiciones de atraer la atención colectiva como instrumentos de protesta para
influir en los mecanismos de transferencia del poder político en nuestra sociedad. En
este contexto, las simpatías de la protesta social subyacente se orientan, en una primera etapa, hacia aquella tendencia interna en el seno de la propia estructura política
gobernante, a la que se le asigne o atribuya el mayor grado de identificación implícita
con las aspiraciones de las mayorías descontentas frente a los insatisfactorios resultados de la actual gestión oficial. Si los cuestionarios y el proceso de conducción de las
encuestas políticas y electorales se diseñaran sobre la base de estas realidades, con
toda seguridad que los resultados, por un lado serían relativamente desfavorables a
los partidos de la oposición externa al Gobierno, y por el otro serían altamente favorables a la implícita oposición interna a la conducción política, económica y social de
la actual fracción gobernante en el mismo seno del partido con el mayor potencial
electoral.
En el caso específico que nos toca analizar en esta sección, el descontento es
absorbido por el propio partido de Gobierno, gracias a la existencia de una fuerza
interna a la que las mayorías insatisfechas atribuyen la capacidad para rectificar las
políticas económicas y sociales que han ampliado la brecha entre sus expectativas de
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Parte VIII · Capítulo XVI
Los beneficios plutocráticos de las pugnas intrapartidistas
bienestar y las magras realizaciones obtenidas. Es ésta la razón que convierte la figura de Carlos Andrés Pérez en el factor hacia el cual se canaliza el apoyo de las mayorías descontentas y hacia el cual se dirigen las esperanzas populares de rectificación
de la acción gubernamental del partido Acción Democrática.
Las consecuencias de esta realidad externa se reflejan en la creciente insatisfacción colectiva que al filtrarse y penetrar las estructuras internas de los principales
partidos produce cambios en la correlación de las fuerzas que en su seno rivalizan
por el poder partidista y por su representación electoral nacional y regional para aspirar a las diferentes instancias en el poder ejecutivo y en los cuerpos deliberantes.
En artículo publicado en la revista Bohemia el 27 de enero de 1986, a veinte
meses de la decisión sobre la candidatura presidencial dentro de Acción Democrática, tratamos de interpretar este proceso en los siguientes términos: “En el seno del
partido es explicable que varias personalidades diluciden sus legítimas aspiraciones y
su derecho al reconocimiento preferente de sus obras, y también es razonable pensar
que algunos sectores del partido, en la previsión de que la candidatura del ex mandatario sea un hecho históricamente inevitable, organicen desde ahora una resistencia
táctica para negociar en el momento de la decisión sobre candidatura presidencial, y
preservar o incrementar de esa manera su parcela o cuota de poder interno”.
“A medida que transcurre el tiempo, el pueblo le tributa a Pérez su pleno reconocimiento, y su mismo partido legítimamente se apropiará del prestigio de su obra
como parte vital de su patrimonio histórico e institucional. Es precisamente esta
realidad histórica lo que genera las interpretaciones comentadas sobre una nueva
aspiración presidencial de Carlos Andrés Pérez. No puede negarse al ex-presidente
Carlos Andrés Pérez el derecho a evaluar la situación para determinar la conveniencia histórica de una nueva aspiración a la Presidencia de la República. La conclusión
de esa evaluación dependerá en gran medida de los logros que obtenga la democracia
venezolana en este quinquenio”. “La percepción que de esta realidad tengan los distintos niveles dirigentes de ese partido y el efecto que ello signifique para sus posiciones parlamentarias o legislativas, será determinante en la decisión final sobre candidatos. En el caso del partido de Gobierno, se producirán realineamientos internos,
de acuerdo a la percepción que de las posibilidades electorales tengan los integrantes
del ente encargado de la decisión sobre el Candidato Presidencial. Según la tendencia
indicada por las más autorizadas y confiables evaluaciones técnicas de opinión, la
maquinaria dirigente involucrada en la selección del candidato, pragmáticamente
defenderá sus posiciones parlamentarias o legislativas, orientándose hacia la opción
que ofrezca la mayor seguridad de victoria electoral. En estas condiciones, el dirigente de mayor arrastre electoral del partido de Gobierno, –Carlos Andrés Pérez–, recibirá la creciente presión de la estructura partidista para que la abandere en los comicios, salve la integridad de la organización y defienda la posición del partido en la
distribución del poder político en el país”.
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“Resultará difícil al ex-Presidente rehuir su responsabilidad histórica para asegurar la continuidad y el poder social y político de este instrumento de transformación colectiva que es Acción Democrática”, “Las posibilidades de victoria y derrota
de una candidatura así seleccionada, dependerán de múltiples factores: credibilidad
histórica, talento táctico, autonomía programática, penetración en la periferia electoral, etc. La posibilidad de que una victoria electoral resulte en un mejor gobierno que
los precedentes gobiernos partidistas, –incluyendo el del propio ex-Presidente–, dependerá de la coyuntura económica internacional, alineación de fuerzas en el poder
legislativo, competencia técnica y visión social democrática de los equipos de asesores técnicos, y participación en ellos de independiente progresistas, etcétera”.
En la Convención Nacional celebrada en 1985, el “nuevo liderazgo” obtuvo
una resonante victoria interna en cuanto a la elección de los cuadros de la Dirección
Nacional, lo que fue interpretado erróneamente por el círculo de poder gubernamental como una prueba de su imbatibilidad interna y de la consolidación de su
victoria con miras a las elecciones de 1988. Carlos Andrés Pérez, con una clara percepción de las realidades económicas, sociales y políticas que amenazaban las posiciones de sus rivales internos, resumió su interpretación de ese hecho con la expresión “llueve y escampa”. Los dirigentes, en los distintos niveles, desde la cúpula de la
“ortodoxia” o “nuevo liderazgo” hasta las organizaciones municipales y distritales,
en el camino hacia esa Convención, habían acumulado los títulos correspondientes
para negociar con el factor que le ofreciera la mayor posibilidad de triunfo y de poder
interno, y por lo tanto definieron de inmediato lo que podríamos llamar su autonomía negociadora. Este tipo de fluidez de las lealtades internas era inconcebible en
los tiempos de la resistencia o en los primeros años de la reconquista democrática.
Las afiliaciones ideológicas internas –caso del MIR– o de las adscripciones personalistas –caso del ARS y el MEP– eran en el pasado los factores determinantes del
proceso de “cuadraturas”. Pero durante los 30 años de régimen democrático y de
ejercicio del poder en las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales, se ha generalizado un tipo de dirigente partidista profesionalizado a tiempo completo en las
actividades políticas de cuya remuneración depende para asegurar su supervivencia
económica y la de quienes lo rodean. Este fenómeno se produce con mayor intensidad en el seno de un partido de extracción popular, como Acción Democrática,
donde la mayoría de sus dirigentes no proceden de familias con bienes de fortuna y
donde la dedicación integral a la política ha impuesto un grado creciente de profesionalización política partidista.
No teníamos dudas de la victoria de la candidatura de Carlos Andrés, como lo
sugerimos en el artículo mencionado en la revista Bohemia. El círculo de poder gubernamental tan solo disponía en esta lucha del arsenal de recursos políticos, administrativos y económicos del “patronage” oficial, cuya potencia de captación interna
declina a medida que el gobierno entra en la fase de lo que se conoce como “la cuen176
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Parte VIII · Capítulo XVI
Los beneficios plutocráticos de las pugnas intrapartidistas
ta regresiva”. El “nuevo liderazgo” pagaría con su derrota interna los errores tácticos
cometidos en el diseño e instrumentación de su estrategia para consolidar su poder
político.
Los esfuerzos de la dirigencia partidista en el seno del Gobierno del presidente
Lusinchi y en los niveles superiores y medios de las jerarquías partidistas fueron
principalmente dirigidos hacia las actividades políticas y electorales para controlar el
poder grupal dentro de la organización, en detrimento de las tareas de conducción
de las políticas administrativas, económicas y sociales del Estado y de la definición
de las prioridades de los planes, programas y proyectos y de su control de ejecución,
con la excepción de aquellas tareas subsidiarias en los estados que parecían indispensables para la manipulación política al detal en el seno del partido. Es decir, que el
“nuevo liderazgo” ex-ante, trataba de blindar su poder sobre la maquinaria partidista
frente a sus competidores internos y se exponía al riesgo de sufrir una derrota ex post
en razón de las deficiencias de su gestión económica y social para la plena recuperación de la economía. Ello hacía cada vez más difícil la reducción de la creciente brecha entre expectativas de las mayorías –golpeadas por la contracción económica
puesta en marcha en el precedente período constitucional– y la realización de sus
legítimos objetivos de bienestar económico y social durante el presente gobierno. El
vacío organizativo e intelectual dejado en el alto gobierno por la implícita omisión
del partido en el manejo de los asuntos económicos del Estado de acuerdo con su
visión social democrática de desarrollo en función de los intereses de la mayoría de
los pobladores empobrecidos por cinco años de desgobierno socialcristiano, fue llenado por la tecnocracia administrativa sin la clara orientación superior de las jerarquías partidistas –parlamentarias y gubernamentales– en lo que se refiere a las prioridades e instrumentos para realizarlas en armonía con los intereses del progreso
independiente del país y la escala social de valores, atribuida por los electores a los
dirigentes partidistas cuando los seleccionó como sus gobernantes de turno. más
grave aún fue el hecho de colocar al frente del manejo de sectores vitales de las finanzas del Estado y de sus políticas fiscales y monetarias a personalidades más sensibles
a las prédicas y prejuicios de los representantes del establecimiento económico tradicional que al paradigma social democrático del partido de Gobierno. Este factor de
poder, –cuyo credo social es en lo fundamental incompatible con el modelo de la
propuesta social democrática de avanzada– está más interesado en mediatizar las
iniciativas económicas y sociales progresivas dirigidas hacia el bienestar de las clases
trabajadoras y medias que constituyen la fuente permanente de la riqueza humana de
la nación.
La presunta neutralidad ideológica y el sentido de cuerpo de las burocracias
organizadas no siempre las predispone a la defensa de los principios económicos y
sociales más avanzados que deben regir la normativa y la instrumentación programática en la gestión de los gobiernos democráticos. Corresponde a las organizaciones
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que reciben el mandato de las mayorías para regir los destinos de la nación, preservar
su autonomía en el establecimiento de sus prioridades y de sus metas y del control de
su instrumentación para realizarlas efectivamente en función de su escala de valores
sociales y de sus propósitos históricos.
Las deficiencias intelectuales y técnicas de los partidos populares que luchan
por el poder para transformar las estructuras económicas y sociales existentes y hacerlas compatibles con el interés de la nación en general y de sus mayorías explotadas
y excluidas en particular, los expone a la extinción cuando no son capaces de utilizar
efectivamente el poder que le otorgan las mayorías electoras en función de sus aspiraciones y expectativas legítimas. La pérdida de su legitimidad política se acelera
cuando sus omisiones en el ejercicio del poder inclinan el balance de fuerzas sociales
a favor de los factores dominantes que se resisten a perder sus privilegios tradicionalmente consagrados. A las consecuencias de estos riesgos históricos que corría un
partido socialdemocrático como AD en Venezuela, hube de referirme en una Conferencia pronunciada en la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, el día 15 de noviembre de 1978, en los siguientes términos: “La penetración de los factores de poder establecidos en los centros de decisión, mediante la dependencia financiera y
publicitaria de los partidos, se complementa con una creciente participación e influencia de los representantes de estos grupos y de su visión del mundo y de la gerencia, en la asignación y aplicación de los recursos públicos y en la distribución de sus
resultados. En la medida que los partidos políticos no dispongan de estructuras
técnicas y profesionales propias, deberán depender de las clases económicas organizadas, que en forma determinante tienen el monopolio de la tecnología y de la ciencia
gerencial”. Señalamos en esa misma oportunidad que el “hecho que la acción pública
se torne más compleja, hace que inevitablemente la función de la gerencia pública se
concentre en manos de los más capacitados desde el punto de vista tecnocrático,
pero cuya educación y visión del mundo y cuyas especializaciones mismas se hayan
formado con propósitos diferentes de los que deben exigirse a quienes tienen que
estar específicamente preparados para la defensa de los intereses colectivos.
En la medida que no dispongamos de una ideología traducida en normas operacionales precisas para manejar los excedentes públicos en función del indiscutible
beneficio social, los sectores más poderosos podrán imponer en la asignación de estos recursos, criterios que tenderán a ponderar más el estrecho criterio mercantil que
el amplio concepto del beneficio público en la computación de los rendimientos que
deben obtenerse del patrimonio del Estado. Esta situación incidirá necesariamente
en la distribución de los futuros excedentes económicos generados por el Estado y
en la capacidad de éste para imponer a la economía privada normas de comportamiento provechosas para promover el interés colectivo. En estas condiciones, la ausencia de definidos criterios de maximización del excedente económico en poder del
Estado a fin de optimizar su asignación en función de una mayor capitalización so178
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Parte VIII · Capítulo XVI
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cial en el hombre, dificultará y mediatizará la puesta en marcha y ejecución exitosa
de programas para un proceso acelerado de inversiones públicas en activos y en infraestructuras físicas y sociales complementarias de éstas, para una promoción y diversificación de la propiedad del capital entre todas las clases y entre todas las regiones, para una utilización apropiada y eficiente de nuestra capacidad no aprovechada
y para una sostenida superación de los niveles en la distribución del ingreso y la riqueza a favor de las clases más pobres, etc. En determinadas condiciones ello puede
conducir a un proceso regresivo que resulte en el desmantelamiento de las conquistas
hasta ahora disfrutadas, y al final en una reconcentración de la riqueza y de los ingresos entre clases y regiones, con su secuela de conflictos y sus efectos perturbadores
sobre la estabilidad y el destino de las instituciones sociales de la democracia.
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Parte VIII · Capítulo XVII
Las presiones plutocráticas contra la
renovación económica y social
En el análisis del caso específico de la candidatura de Carlos Andrés Pérez para
el período constitucional 1989-1994, en razón del potencial de transformación económica, social e institucional que representa, de su trayectoria gubernamental y de su
mensaje de redención social, se instrumentarán las estrategias y las tácticas destinadas
a constreñir su mensaje y la acción de un próximo gobierno suyo dentro de los límites
de los intereses del establecimiento económico tradicional. Con tal propósito es posible que se aprovechen como instrumentos las deformaciones y distorsiones del sistema institucional de la democracia y del funcionamiento de sus principales partidos.
La experiencia histórica del período constitucional 1974-1979, fue aleccionadora para los factores más poderosos del capital nacional y transnacional, pues del
Presidente de quien probablemente esperaban el tratamiento más tolerante de sus
fueros tradicionales y de los privilegios históricos de los que eran beneficiarios, al
instalarse en el ejercicio de la Primera Magistratura se colocó al frente del país para
superar las inercias internas de su propio partido y trazar nuevas rutas para el progreso nacional en cuyo seguimiento prevalecerían los intereses de la nación sobre los
derechos tradicionalmente consagrados de los más poderosos. En la explicitación de
los propósitos del mandato constitucional que iniciaba, se procuraba lograr el grado
más justo de compatibilidad posible entre los intereses de los diferentes integrantes
del establecimiento económico privado y los intereses de las mayorías de las clases
trabajadoras y medias. Ésta era la forma correcta de legitimar la estable y provechosa
coexistencia en nuestra economía mixta de un vigoroso capitalismo privado y un
poderoso capitalismo de Estado, en la que las ganancias del primero sean cada vez
más el reflejo de los beneficios sociales que produzca y en que de su concertación
democrática con el poder económico del segundo, resulte el mayor grado de bienestar para la mayoría de los pobladores de la nación.
En la agenda de la acción de gobierno que los factores del poder económico
nacional e internacional preveían iba a cumplir aquel gobierno de Carlos Andrés
Pérez, no se incluían las metas de la rápida y eficaz nacionalización de las industrias
del petróleo y del hierro; la ampliación y articulación de un capitalismo de Estado
centrado en las industrias estratégicas del acero, el aluminio, la electricidad, etc.; la
distribución y redistribución del ingreso a favor de las mayorías laborales; la profun181
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da democratización de la propiedad del patrimonio productivo mediante el crédito a
las pequeñas y medianas empresas; la formación de un nuevo estrato intelectual y
profesional procedente de las raíces más profundas del pueblo con el Programa de
Becas Gran Mariscal de Ayacucho; la protección del medio ambiente y de las riquezas
renovables, etc. Tampoco los factores de la dominación neocolonizadora previeron
que el presidente Carlos Andrés Pérez concretaría la posición democrática nacionalista del país en el concierto del Tercer Mundo, que en nuestro Continente se expresó
en el apoyo al derrocamiento de la tiranía somocista en Nicaragua, en la acción soberana de Panamá sobre el control del Canal y en la distensión en las relaciones entre
Cuba y el resto de América Latina con el propósito de facilitar en el mediano y largo
plazo la inserción de ese país a la comunidad de las naciones democráticas.
El éxito de la nacionalización de la industria petrolera creó una estructura operativa nacionalmente más eficiente que la de las antiguas concesionarias. Ello permitió de inmediato poner fin al proceso de descapitalización que venía ocurriendo bajo
el dominio del cartel petrolero; elevar las reservas en casi 5 veces el nivel existente en
1973; y recuperar de esas empresas para el país en los primeros cinco años, 30 veces
el costo pagado por la estatización de sus activos.
La nacionalización del petróleo y del hierro significó no solo un triunfo técnico
y económico, sino también una victoria ideológica contra la prédica interesada de los
factores del poder económico tradicional de que la representación popular era incapaz de organizar de manera eficiente las fuerzas productivas estratégicas de una sociedad como la nuestra.
Esta victoria se reforzó con el éxito que tuvo la instrumentación de las metas
del V Plan de la Nación 1976-1980, basadas en el diseño para el desarrollo y ampliación de la escala de las industrias básicas, que hoy generan sustanciales excedentes
económicos reales –contra las predicciones deficitarias por parte de sus detractores
privatistas– y que pueden hoy aportar cerca de 1.500 millones de dólares en exportaciones no tradicionales. Esto constituyó una validación de la doctrina social democrática del control público de las “alturas dirigentes de la economía” y de la práctica
eficiente de su manejo en función de los intereses colectivos. También produjo de esa
manera una profunda transformación en el uso del excedente económico del país,
que puso bajo el control del poder del Estado democrático la masa crítica de recursos
para impulsar el desarrollo económico en la dirección más conveniente al interés
nacional en el resto de las actividades productivas.
A partir de esa sólida posición en la concentración y uso del excedente económico
nacional fue posible que el sector público pudiera simultáneamente acometer un programa de desarrollo de las industrias estratégicas –descalificado por las sectas ideológicamente manipuladas de la ultra izquierda como una desviación “desarrollista”– y un
programa de desconcentración en la distribución de los ingresos y de la riqueza –descalificado por la prédica de la ultra derecha económica como demagogia “populista–.
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Parte VIII · Capítulo XVII
Las presiones plutocráticas contra la renovación
económica y social
Hemos sustanciado los éxitos incuestionables de las realizaciones de los proyectos industriales estratégicos. Las medidas de distribución y redistribución del ingreso
y las riquezas, eran parte inseparable de un programa de expansión económica orientado hacia una composición social del producto, en función de la mejora biológica e
intelectual de los sectores más pobres de la población.
Las imposturas de los predicadores del “antipopulismo consumista no objetan
con la misma fuerza el gasto de consumo superfluo ni las inversiones conspicuas de
los residentes más ricos realizadas con los incentivos fiscales y el apoyo crediticio del
Estado. Parte significativamente importante de los gastos corrientes –en alimentación popular, educación y salud– estigmatizados como populistas por la prédica de
la derecha económica, ha resultado en una sólida formación del capital más importante de nuestra época, que es el capital humano, científico y tecnológico, sin el cual
no se podría operar eficientemente el capital físico instalado.
Aún no se han contabilizado los efectos sobre el crecimiento económico de las
promociones del Programa Gran Mariscal de Ayacucho, que me correspondió poner
en marcha y dirigir a lo largo de toda mi gestión. Tampoco se han evaluado los resultados de la educación y el entrenamiento sobre el valor del patrimonio productivo
que no se registran convencionalmente en la contabilidad de los individuos, de las
familias, de las empresas, del Estado y de la nación en su conjunto.
La más profunda transformación en la correlación de poder social ocurrida en
la historia económica del país entre el capital foráneo y el patrimonio de los venezolanos y en la distribución del ingreso nacional real entre el capital del Estado y el
capital privado, fue acompañada de políticas públicas distributivas y redistributivas
cuyas consecuencias reales repercutieron positivamente en el uso productivo de la
riqueza humana acumulada y masivamente desaprovechada, en una distribución menos injusta del valor agregado en las empresas entre el capital y el trabajo y en la expansión de las inversiones públicas y privadas como la base fundamental en el incremento de la productividad de todos los factores. En este sentido, es pertinente
referirnos a las estadísticas mencionadas en otras secciones de este estudio que permiten establecer la importancia de las políticas distributivas del gobierno de Carlos
Andrés Pérez como base del crecimiento de la economía no petrolera. Las políticas
de pleno empleo, que redujo el desempleo de 10% a menos de 5% de la fuerza de
trabajo, y los aumentos de las remuneraciones laborales decretadas por el Estado,
resultaron en una modificación radical en la distribución del valor agregado en toda
la economía. La sustancial mejora en la participación del pueblo en el uso de los ingresos y las riquezas fue la base de una expansión de la demanda real y de las fuerzas
productivas internas que sorprendió –por sus resultados positivos para el pueblo y
para los mismos empresarios– a los sectores conservadores que prejuiciadamente se
opusieron a las medidas públicas que los generaron. Por ello, la explotación de la
capacidad ociosa de plantas, tierras cultivables, infraestructuras físicas, mano de
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obra, etc., permitió, contra las predicciones “anti-populistas”, aumentar la productividad de la economía interna y asegurar un proceso de inversiones privadas sin precedentes en la historia económica del país. Estas inversiones privadas reales fueron
en 1978 casi el doble de las realizadas en 1973. Se derrumbó también el argumento
de la prédica reaccionaria sobre la ineficiencia congénita del sector público, y quedó
en ruinas también la tesis de que la justa distribución del ingreso es populismo opuesto al crecimiento económico. La economía interna creció a una tasa dos veces superior a la tasa obtenida en el quinquenio precedente. Pudo así constatarse la validez de
la tesis de la doctrina social democrática –en sintonía con el progreso de la ciencia
económica contemporánea– según la cual la acción del Estado, para lograr una distribución más justa del ingreso social es condición necesaria para asegurar el crecimiento de la demanda real y de las fuerzas productivas de las naciones. Fracasado
ideológicamente su interesado conservatismo ante el resultado positivo de las políticas públicas instrumentadas, los factores privados del poder económico establecido
se dedicaron, por una parte, a recoger de inmediato en beneficios y valorizaciones de
su patrimonio el producto de una obra que se realizó contra sus expectativas y presiones, y por la otra, a neutralizar las proyecciones progresistas de la gestión económica del Estado en la medida que simplemente las percibieran o interpretaran como
desfavorable a sus particulares intereses.
Insisto en referirme de nuevo a lo que, al respecto, expresé en mi previamente
mencionada Conferencia en la Academia de Ciencias Políticas el 28 de febrero de
1977 en los siguientes términos: “Durante el proceso de toma de decisiones por el
sector público se organizará todo tipo de resistencia u obstrucción, ex ante, a objeto
de impedir o mediatizar el propósito y contenido renovador de las nuevas políticas.
Una vez adoptadas las decisiones se intentará todo tipo de resistencia u obstrucción,
ex post, para acomodarlas a las necesidades del orden económico privado existente,
para anularlas o neutralizarlas en sus positivos efectos”.
Los grupos económicos más poderosos cuestionaron al pleno empleo que
mejoraba la capacidad de contratación del sector laboral, a la inversión acelerada de
los programas básicos que detraía recursos físicos absorbidos por inversiones privadas no prioritarias o conspicuas, y al uso preferente por el Estado –para atender el
componente externo de las inversiones reproductivas– de las divisas que los grupos
más ricos requerían para diversificar sus carteras de inversión externa.
Surgió así la ofensiva contra el “gigantismo”, el “sobredimensionamiento” y los
“proyectos faraónicos”. Esta prédica –a la que nos enfrentamos por todos los medios
a nuestro alcance– fue infiltrada como contrabando en los grandes partidos de una
manera exitosa. Su influencia se reveló luego en el conjunto de decisiones macroeconómicas contractivas del gobierno socialcristiano que gobernó al país durante 19791984. En varias secciones de este libro afirmamos que “la prédica interesada del capital organizado penetró las débiles defensas ideológicas del movimiento popular, y
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Parte VIII · Capítulo XVII
Las presiones plutocráticas contra la renovación
económica y social
muy particularmente de los dos principales partidos democráticos, y los convirtió en
agentes inconscientes e involuntarios de los particulares intereses irracionalmente
perseguidos por los sectores económicos más poderosos”.
Para fines del período constitucional del presidente Pérez, la presión de esta
campaña había penetrado en los factores decisorios de los poderes públicos que no
resultaba arriesgado predecir la concreción de su influencia en la adopción de las
políticas para enfrentar reales o supuestos desequilibrios de las cuentas fiscales, monetarias y cambiarias en el sistema económico.
Con posterioridad a mi voluntario retiro del Consejo de Ministros y de la Jefatura del Gabinete Económico a comienzos de 1977, se percibió la presión económica
de las realidades del pleno empleo, de la dinámica de los programas industriales básicos y del uso de las divisas por el sector público. Las autoridades gubernamentales
preventivamente adoptaron una serie de medidas restrictivas de carácter selectivo
que incidieron en las inversiones privadas no prioritarias –como inversión residencial y comercial de lujo– a objeto de liberar recursos físicos y cambiarios requeridos
para concretar en la secuencia temporal prevista, las metas de los programas básicos
del V Plan de la Nación 1976-1980. Se logró así el objetivo de proteger los programas
básicos, pero a costa de una sustancial desaceleración de la tasa de crecimiento del
producto real interno.
Mientras me correspondió ejercer la coordinación del Gabinete Económico, el
producto real interno –no minero extractivo– creció en 11% en 1974, en 10% en
1975, en 9% en 1976, en 8% en 1977. A medida que se iba copando la capacidad excedente, la tasa de crecimiento tendía a moderarse. Pero baja acentuadamente al
4%en 1978, –a 42% de la tasa promedio durante el subperíodo 1974-1977– como
consecuencia de las medidas de restricción selectiva mencionadas. Es cierto que esta
restricción selectiva era compatible con la jerarquía prioritaria de los programas de
acumulación reproductiva del sector público. Estas medidas se acordaron en un contexto de presión ideológica e institucional que hicieron prácticamente imposible la
adopción de otras alternativas racionales socialmente más convenientes, y acordes
con la continuidad del proceso de crecimiento de las fuerzas productivas en marcha.
Pero esas soluciones eran más polémicas, más cuestionables, y más fáciles de desacreditar por la prédica reaccionaria, si las adoptaba un gobierno minado, según sus detractores internos y externos, por la “corrupción administrativa “e impulsado por los
“desvaríos” económicos de sus estrategas y planificadores.
Retrospectivamente, el análisis nos revela que el problema de la escasez de recursos físicos internos y de cambio extranjero experimentados al final del período
constitucional 1974-1979 y la misma escasez de material humano especializado, era
manejable de manera más racional si se hubiera reformado el sistema tributario a fin
de reducir el consumo superfluo y las inversiones conspicuas de las clases más ricas,
inducir a sus grandes corporaciones privadas al financiamiento de los gastos de un
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programa intensivo de formación técnica, y limitar sus fugas de divisas en función
de los costos externos esenciales del proceso de desarrollo interno. Pero en las condiciones de la presión pública interesada que había calado en importantes factores
dirigentes, en medio precisamente del proceso electoral y de los conflictos internos
del partido de gobierno –avivados en parte por esta prédica contra el “gigantismo” y
la “corrupción”– era más que arriesgado proponer y sostener consistentemente estas
soluciones. En todo caso, ni Juan Pablo Pérez Alfonzo, ni AD y su candidato, ni
COPEI y su candidato, ni la CTV, ni los partidos de la izquierda, propusieron las
soluciones alternativas mencionadas. La nuestra habría sido otra prédica en el desierto, como lo fue la de un destacado venezolano –el colega Alcides Villalba– quien
como experimentado experto del Banco Central de Venezuela, tuvo la integridad y
el coraje de proponer el control de cambios, que hubiera permitido acopiar entonces
los recursos de divisas para pagar el componente foráneo de los programas prioritarios de inversión, proteger las reservas internacionales y prevenir la sangría de la fuga
de capitales privados que durante el mandato del presidente Herrera Campíns recicló
parte determinante de los ingresos en divisas generadas por el nuevo boom petrolero
hacia los principales centros financieros de los países más ricos.
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Parte VIII · Capítulo XVIII
Los contrabandos ideológicos y la acción
del futuro gobierno
Como hemos señalado en este análisis, Carlos Andrés Pérez es el Candidato
Presidencial para el próximo período constitucional sobre el cual la cúpula conservadora del establecimiento económico habrá de concentrar las fuerzas de su inteligencia
persuasiva a objeto de dominar, ex ante, el espacio de las definiciones ideológicas y
programáticas que constituyan el cuadro de referencia para la futura toma de decisiones en la asignación de los recursos colectivos. De esa manera se pretenderá asegurar
que la orientación económica del próximo gobierno y su instrumentación práctica
resulten, ex post, en realizaciones compatibles con los propósitos privados de la obtención de los máximos beneficios independientemente de que éstos sean producidos en
mercados de competencia perfecta o imperfecta o provengan de la acelerada destrucción de nuestra principal riqueza no renovable, de la desarticulación de los equilibrios
ecológicos, de la indefensión de la soberanía económica de la nación y de la desestabilización de las instituciones de la democracia representativa. Este activismo ideológico
de la derecha económica venezolana no se manifiesta frente a la candidatura socialcristiana de la misma manera que frente a la candidatura socialdemocrática. En el caso
de la candidatura de Eduardo Fernández, la simpatía de los estratos más ricos del establecimiento económico fluye no solo de sus destacados méritos personales, políticos
e intelectuales sino también de los antecedentes de las administraciones socialcristianas que se han caracterizado por ser menos cuestionadoras de los privilegios de las
plutocracias metropolitanas y socialmente más moderadas en la defensa de las reivindicaciones económicas de las masas trabajadoras del país.
Insistimos en el recuento de los antecedentes de la obra gubernamental de Carlos Andrés Pérez durante 1974-1979 y de la reacción en su contra de los sectores de
la ultraderecha, con el propósito de facilitar la explicación de las previsibles acciones
que serán diseñadas e instrumentadas por los agentes intelectuales de los sectores
más ricos del establecimiento económico en el futuro proceso electoral. Tales acciones serán dirigidas a influir en el marco de referencia programático dentro del cual
adoptarán los electores su decisión el día de los comicios para la elección del Presidente de la República y de los representantes en el Poder Legislativo. Será éste el
camino más seguro para condicionar las ideas económicas de los candidatos presidenciales e influir en sus programas de gobierno en función de las políticas econó187
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micas y sociales más favorables a la maximización de la tasa de rendimiento de los
capitales privados en general y de los negocios de algunos capitalistas en particular.
La lectura de los resultados de la inferencia estadística de las encuestas de medición de la opinión de los votantes –influenciables por la persuasión de los medios
de comunicación– puede revelar preferencias electorales de éstos inducidas por la
prédica sistemática de conceptos elaborados y difundidos desde las correspondientes
unidades estratégicas y tácticas organizadas y financiadas con fondos aportados por
los sectores más ricos del establecimiento económico. Tanto la acción persuasiva
directa sobre los candidatos como la ejercida indirectamente mediante la información a estos de las aparentes preferencias de los lectores –inducidas por los mismos
medios de comunicación– promueve en la dirigencia de los partidos democráticos
una fuerte propensión ideológica favorable a las propuestas económicas, sociales e
institucionales formuladas y difundidas desde los laboratorios intelectuales organizados y financiados por la cúpula del establecimiento económico. Este aspecto subjetivo de la transformación de la dirigencia democrática –dirigido a desviarla de sus
propósitos históricos de modernización económica y democratización social en apoyo de la satisfacción de las necesidades y expectativas legítimas de las clases trabajadoras y medias– es objetivamente reforzado por la dependencia financiera en que las
costosas campañas electorales han colocado a nuestros grandes partidos de base
popular. Como explicamos en el capítulo XVII de este estudio: “Hasta ahora la influencia de las instituciones partidistas sobre el manejo de los ingresos del Estado ha
tenido un efecto renovador de la estructura del poder y un impacto altamente progresista sobre el uso social de los frutos de crecimiento económico. Ello se ha debido
a que la soberanía popular expresada a través de los partidos democráticos y de las
organizaciones sindicales afines no había sido interferida en gran escala por los factores del poder económico interno y externo. Pero las formas de lucha cívica entre
los partidos han sufrido una considerable modificación con el uso de los costosos
medios de comunicación social que conlleva peligros potenciales contra la transparencia en la expresión de la voluntad popular en una democracia representativa. Estos medios de comunicación social en manos de los sectores más poderosos del capital privado organizado contribuyen decisivamente a formar las preferencias, los
valores y las imágenes a los que deben remitirse y hasta subordinarse en sus tácticas
electorales los partidos democráticos. Estos medios están en capacidad de influir
–persiguiendo objetivos predominantemente utilitaristas y crematísticos– en la actitud de la mayoría de la población frente a determinadas políticas del Estado dirigidas
al beneficio de los estratos más empobrecidos. Esto puede luego traducirse en una
resistencia mayoritaria a políticas públicas de beneficio social, tales como reformas
progresistas de la legislación fiscal con fines redistributivos destinadas a profundizar
el proceso de democratización de la economía y a reducir la pobreza en los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad.
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Parte VIII · Capítulo XVIII
Los contrabandos ideológicos y la acción del futuro gobierno
La suma de recursos económicos que requieren los partidos para pagar el uso
de estos costosos medios, frente a su baja capacidad de captación de contribución
financiera entre sus militantes, los coloca en una situación de dependencia con respecto a los factores más poderosos del establecimiento económico. Esta es una dependencia difícil de ser superada y trascendida cuando desde el poder se trate de
decidir e instrumentar acciones de gobierno para promover el interés social que no
sean totalmente compatibles con los intereses específicos de estos grupos. Los peligros también pueden ser de orden ético, que a largo plazo inciden negativamente en
la fe del pueblo en la democracia, como cuando los grandes partidos democráticos
en sus compromisos con sus proveedores financieros y comunicacionales descienden
hasta el nivel de concesiones tan repudiables como postular a los cuerpos deliberantes a miembros de las familias más ricas –sin trayectoria pública y a veces sin tradición empresarial alguna– mediante la exclusión de destacados y competentes miembros de las propias organizaciones partidistas –dedicado toda su vida al servicio
público y a la política–.
Si ese era un problema de sustancial gravedad hace una década, ha adquirido
una significación social e institucionalmente más peligrosa en las actuales circunstancias cuando, en medio del empobrecimiento de la nación, por una parte ha crecido relativamente la riqueza de los grandes grupos económicos, y sobre todo su riqueza externa en términos de moneda nacional, y por la otra, se ha multiplicado el uso y
el costo de las campañas electorales en los medios de comunicación social. No debe
extrañarnos entonces, que la capacidad de influencia o “leverage” político de estos
factores de poder económico se haya fortalecido significativamente y constituya una
variable económica decisiva en la conducción de la campaña electoral de 1988. A esto
debemos agregar que en el seno mismo de los partidos y alrededor de sus comandos
electorales, se estructuran, a la sombra de la organización, grupos vinculados al negocio comunicacional, que se lucran del manejo interno de las cuentas publicitarias
financiadas con los fondos provenientes, en gran medida, de los poderosos sectores
económicos mencionados. Estos recursos constituyen un cuantioso “tesoro de guerra” que en parte termina siendo disfrutado en la paz privada de sus principales
gestores, administradores y beneficiarios.
Debe señalarse que la estrategia de la ampliación y diversificación de las colocaciones de fondos destinados al financiamiento político, se origina en la peculiar
evolución institucional de nuestra economía mixta. Después de la crisis de los partidos históricos en el siglo XIX, no se ha podido constituir un partido político que
explícitamente represente los intereses de los factores dominantes en la economía
privada. Éstos, por lo tanto, deben confrontar las realidades de la democracia y del
poder de los partidos como factores decisorios formalmente autónomos pero susceptibles de ser manejados desde afuera en función de los intereses de minorías
económicas privilegiadas. Como el poder de cualquiera de los dos grandes partidos
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no puede ser abiertamente controlado por el poder del establecimiento económico
privado, éste actúa en los procesos electorales guiados por un tácito diseño político
de planificación contingente que –una vez producida la victoria comicial de una de
las opciones partidistas– facilite a la cúpula del establecimiento económico proteger
como extractores de rentas su participación en el reparto del cuantioso excedente
económico manejado por el Estado. De esta manera quedan sus intereses amparados
contra los correspondientes riesgos electorales por una especie de seguro colectivo
cuyas primas son pagadas durante las campañas electorales mediante contribuciones
diversificadas aportadas a los relevantes contendientes.
En este proceso existen obvios contrastes en las preferencias de los diferentes
contribuyentes electorales privados. Uno de los más conocidos es la rivalidad por
parte de la plutocracia tradicional frente a la burguesía emergente formada a la sombra de las conexiones con el aparato del Estado en la contratación de las grandes
obras de construcción pública. Frente a este tipo de burguesía de origen burocrático
–según la calificaron de los revolucionarios chinos a un similar sector capitalista
formado a la sombra del poder del Kuomintang– fueron implacables los sectores de
la plutocracia tradicional, cuando en su contra movieron toda su artillería comunicativa durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Su propósito era prevenir el
fortalecimiento de un sector que surgió durante la etapa del boom de las obras públicas en tiempos de la dictadura militar y prosperó tambien en el régimen democrático
tanto por su acercamiento al nuevo poder político como por las ventajas de su especialización técnica en la industria de la construcción. La ofensiva contra este estrato
de la burguesía nacional alentada por la plutocracia metropolitana los bautizó como
integrantes de un grupo de “los doce apóstoles” contra quienes se desató una campaña de desprestigio que –bajo las banderas de la lucha contra la corrupción– contribuyó a su debilitamiento progresivo y puso al servicio de la causa de sus atacantes a
importantes factores de la dirigencia partidista y respetables sectores de la opinión
pública.
En las actuales condiciones, después de la debacle financiera de los grupos intermedios de la burguesía durante la contracción y de los colosales enriquecimientos
plutocráticos externos, –expresados en moneda nacional al cambio libre–, la capacidad de financiamiento de las campañas electorales por parte de los estratos más poderosos de la burguesía metropolitana está fuera del alcance de cualquier otro sector
de la burguesía venezolana. El uso político de esta cuantiosa riqueza financiera privada se refuerza intelectualmente con los instrumentos de la retórica persuasiva a fin
de condicionar la actitud de los dirigentes que accedan a los centros decisorios de los
poderes públicos para orientar la gestión del Estado por los canales legales y administrativos en función de la maximización de la tasa de beneficio del capital en general y de los grandes capitales privados en particular. La legitimidad social de este
propósito privatista se fundamenta en el deleznable argumento de la espontánea fil190
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Parte VIII · Capítulo XVIII
Los contrabandos ideológicos y la acción del futuro gobierno
tración de parte de los enriquecimientos de la minoría más rica hacia la mayoría más
pobre de la población. De esa manera se lograría un mayor grado de compatibilidad
entre los intereses de los propietarios privados de los medios de producción, de los
propietarios de la fuerza de trabajo y de la colectividad en su conjunto. Se desprende
de esta falacia la necesidad de prevenir que en los comandos de decisión e instrumentación de las políticas económicas y sociales interfieran otros conceptos y propósitos
socialmente más racionales en la asignación de los recursos públicos y privados y en
la distribución y redistribución de sus resultados. En la aplicación de este sectario
requerimiento se excluye, neutraliza y mediatiza en los centros públicos de decisión
la influencia profesional de quienes representen una visión diferente de los fines y
funciones del Estado que fundamente la legitimidad de los beneficios privados en los
comprobables beneficios sociales de donde provienen y que procure asegurar mediante la intervención pública consciente la justa distribución y redistribución del
ingreso nacional real. La ausencia de la aplicación de esta normativa es violatoria de
los derechos económicos de las mayorías cuando en el proceso de la operación espontánea de las supuestas leyes naturales del sistema económico existen fuerzas que
obstruyen el debido flujo de la cantidad y calidad de los bienes y servicios que la
constitución debe asegurar a todos los pobladores del territorio nacional para el disfrute de una vida decorosa, para la plena realización de su potencial material y espiritual y para su continua calificación como la riqueza principal de la nación.
Factores de carácter técnico-científico influyen en la selección de los dirigentes
gerenciales en los niveles jerárquicos superiores del Estado que pueden debilitar la
aplicación de los criterios de racionalidad social y de justicia distributiva en la adopción e instrumentación de decisiones económicas del Estado. Como señalamos en el
Capítulo XVI de este trabajo, el “hecho que la acción pública se torne más compleja,
hace que inevitablemente la función de la gerencia pública se concentre en manos de
los más capacitados desde el punto de vista tecnocrático, pero cuya educación y visión del mundo y cuyas especializaciones mismas se han formado con propósitos
diferentes de los que deben exigirse a quienes tienen que estar específicamente preparados para la defensa de los intereses colectivos”. Influencia decisiva ejerce en este
proceso restrictivo de la aplicación de los criterios de racionalidad económica y de
eficiencia social los esfuerzos organizados de las corporaciones privadas para persuadir mediante sesgada retórica a la dirigencia pública y a la ciudadanía en general del
supuesto anacronismo intelectual y científico de la defensa del papel rector del Estado en la corrección de las fallas del mercado en las economías capitalistas o mixtas.
Organizaciones especializadas del establecimiento económico instrumentan programas de difusión ideológica que, por una parte, desprestigian las tesis del socialismo,
del estatismo y del populismo, y por la otra, promueven el eficientismo, la privatización y el no intervencionismo del Estado. A fin de derivar de estos criterios consecuencias estratégicas y programáticas beneficiosas al capital privado, se estructuran
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grupos financiados corporativamente cuya acción se dirige a ofrecer a las direcciones
nacionales de los partidos y a sus candidatos presidenciales todo el “software” programático “con sus legiones de expertos y programadores para influir y controlar la
áreas críticas en el gobierno donde se decide la asignación de los recursos cambiarios,
fiscales y monetarios, administrativos, etcétera.
Entrevistado por el diario El Nacional, el día 24 de enero de 1987, acerca de los
planteamientos privatistas y privatizadores de un grupo de expertos foráneos que
visitaron el país con este propósito, a principios de ese año, aclaré: “si por privatización se entiende la sustitución de un oligopolio o monopolio público por un monopolio u oligopolio privado, esto no sería otra cosa que una redistribución del poder
económico, que fortalecerá el capital privado en detrimento del control social de la
propiedad pública. Si a esa decisión se llegara porque el oligopolio público opera a
costos reales para la sociedad más elevados que el monopolio y oligopolio privado,
la solución estaría en aplicar las técnicas apropiadas de gerencia pública para corregir este desbalance en la eficiencia”, “Ahora bien, si en el caso extremo resultara...
imposible desburocratizar el monopolio del Estado, ya estaríamos cuestionando la
capacidad misma de las instituciones públicas y la corrección debería dejarse en
manos de la soberanía popular, mediante el sistema electoral, para que suplante el
tipo de gobierno que permite tales negaciones del interés público”. “Debemos tener
en cuenta”, señalé en esa declaración, que la “corruptela a nivel de esas empresas
públicas muchas veces resulta –mediante las contrataciones de obras y la adquisición de insumos y servicios a costos escandalosamente sobre preciados, y la venta
de sus productos y servicios a precios por debajo de sus costos– en casos de flagrante expropiación de la riqueza pública por sectores privados poderosos, nacionales e
internacionales, amparados por la propiedad del Estado”. “Si para corregir esa deficiencia de orden económico, social y moral, se ofrece una privatización en que una
parte significativa su propiedad pase a organizaciones fideicomisarias de recursos
financieros o fondos propios de trabajadores y técnicos que participen en la gestión
de esas empresas regidas por la estricta aplicación de los principios la gerencia moderna, estaríamos avanzando en una dirección más apropiada al interés social, y
aseguraríamos que los recursos de esas empresas se manejen de una manera más
honesta, que su gestión interna sea más democrática, y que se aprovechen las múltiples posibilidades creativas de los distintos estratos del sector laboral dentro de tales
unidades productivas. “No queda la menor duda –concluí– que la prédica de hombres como Landau, Simonsen y Kucynski, –personas altamente calificadas desde el
punto de vista de la ortodoxia científica imperante en las economías occidentales–
parecen obedecer a un plan global promovido desde Washington para concientizar
en una dirección privatista a las dirigencias políticas de América Latina”. “La responsabilidad económica de la privatización de las grandes empresas nacionales del
Estado –lo saben ellos– no es posible que puedan asumirla empresas nacionales de
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Parte VIII · Capítulo XVIII
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modestas dimensiones, sino las grandes empresas transnacionales, que es el resultado final que no puede escapar de la mente de los estrategas económicos norteamericanos”.
La “concientización” privatista del público electoral y de la dirigencia política
constituye el filo microeconómico de este diseño antiestatista o antiintervencionista.
En el contexto económico venezolano, de esta manera no se trata de promover una
privatización verdaderamente nacional absolutamente independiente del Estado. En
ningún caso las grandes unidades públicas privatizables no podrían sobrevivir sin el
apoyo del Estado. La gran clase capitalista contemporánea en Venezuela no es antiestatista, sino que desea someter las instituciones y unidades productivas del Estado a
su control, supuestamente menos ineficiente para disponer discrecionalmente del excedente económico potencial que a través de ellas podría canalizar el sector público
en beneficio de la sociedad. Esto es, en esencia, una forma de extracción de renta. En
la experiencia histórica de la Venezuela contemporánea, los que en el pasado se opusieron a la intervención del Estado en la economía, cada vez que éste ha creado un
poderoso capitalismo de Estado, afirman que procuran destruir ese “monstruo”, ese
Leviatán que todo lo controla, lo domina y lo sofoca. A la sombra generosa de ese
“monstruo” han crecido y se han fortalecido estos sectores que ahora dicen sentirse
con fuerza suficiente, no para destruirlo y descentralizarlo, sino para domesticarlo y
privatizarlo, y en la mayoría de los casos para actuar como intermediarios de los capitales internacionales que, según la escala económica de las respectivas empresas probablemente serán sus definitivos propietarios. No se trata, en el fondo, de una prédica
transparentemente antiestatista sino de una propuesta que procura un estatismo sometido a la conveniencia de sus intereses.
Más importante que el filo microeconómico es el filo macroeconómico de las
prédicas privatizadoras. En la visión económica de los grandes sectores capitalistas
está implícito el concepto fundamental que los principales recursos productivos de
la sociedad –capital fijo acumulado, recursos naturales renovables y no renovables,
capital humano especializado y no especializado, inventarios de divisas, etc.– deben
estar a la libre disposición según las preferencias de los agentes económicos privados,
para asegurar elevados rendimientos y neutralizar las fricciones y conflictos en el
ámbito laboral. A medida que las consecuencias de ley de concentración y centralización del capital se intensifican, la prioridad sobre el uso de estos recursos la reclaman
para sí los grupos del capital que controlan las áreas más decisivas del mercado, sobre
las que éstos ejercen su presión en la búsqueda de superbeneficios.
En los Estados democráticos, y en los Estados del Tercer Mundo donde opera
un determinante sector de capitalismo público en particular, la presión de las mayorías o las decisiones autónomas de los dirigentes públicos se traducen en la creciente
realización de gastos sociales y de inversión públicos, que absorben una parte determinante del inventario de recursos productivos disponibles.
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A medida que este proceso se intensifica, se ponen en marcha las ofensivas de
los grandes grupos económicos para redimensionar el Estado y alcanzar los excedentes fiscales a base de un menor gasto social y de una reducción de la presión del empleo burocrático en el mercado de trabajo. Como lo señalamos en este libro, esto se
evidenció en el país a fines de la década de los 70 en el ataque de estos sectores contra
el “gigantismo”, el “populismo” y el “recalentamiento” de la economía.
Debe tenerse en cuenta que de lograrse un excedente del sector público consolidado, ello significa que quedan libres materiales, equipos, mano de obra, divisas,
etc., que podrían ser atraídos o captados a costos menores por las grandes unidades
productivas privadas. Esta absorción privada del excedente de potencial productivo
real disponible, es posible si las dimensiones de las demandas globales y sectoriales
aseguran atractivos rendimientos para la transformación privada de estos factores en
bienes y servicios y para la colocación de éstos en los mercados interno o externo. Lo
que la óptica distorsionada de los sectores que promueven este diseño no captan
debidamente es que en economías donde el Estado es un factor determinante de la
demanda agregada interna, el logro inicial de su propósito de superabundancia de
factores físicos a base de excedentes fiscales y de la desocupación y debilitamiento del
poder de contratación de la fuerza laboral, tarde o temprano se refleja en la estrechez
del mercado privado interno en una economía de mínimas exportaciones privadas
no tradicionales. Es decir, que las ganancias potenciales de este diseño dirigido a
reducir la dimensión del Estado en el conjunto de la economía nacional, no podrán
ser realizadas. Este obstáculo se superaría en el mediano y largo plazo si en la demanda agregada total aumentan las exportaciones no tradicionales de bienes transables
con un alto porcentaje de valor agregado interno. Una vía para facilitar esta salida
puede ser la devaluación del tipo nominal de cambio, que en el caso de un país de
elevada propensión importadora de bienes esenciales de consumo se reflejaría de
inmediato en un proceso inflacionario cuyas consecuencias económicas resultarían
contraproducentes en la promoción de su crecimiento económico y de su industrialización. Ello ocurriría, por una parte, debido a la rémora que para el crecimiento del
mercado significaría la destrucción incremental del poder de compra de las clases
trabajadoras y medias, y por la otra, por el riesgo de sobrevaluación del tipo real de
cambio cuando la tasa de inflación en el país, desatada por la devaluación en el país,
exceda la de los países con los cuales realiza el mayor volumen de nuestras transacciones comerciales. La pérdida de competitividad interna y externa de la producción
de bienes transables exportables o sustitutivos de importaciones impediría el logro
del propósito de la devaluación. En función de la industrialización manufacturera y
de la agroindustrialización del país habría que aumentar el gasto público en educación y salud para mejorar la calidad productiva del capital humano, en transporte
terrestre, aéreo y terrestre nacional e internacional, en facilidades portuarias y en la
producción de bienes públicos como condiciones necesarias para aumentar la com194
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Parte VIII · Capítulo XVIII
Los contrabandos ideológicos y la acción del futuro gobierno
petitividad nacional e internacional de la producción de bienes transables y para
proyectar las correspondientes actividades hacia el umbral de los costos decrecientes
o rendimientos crecientes.
Esto significa que el logro de las metas del equilibrio fiscal del sector público
consolidado y las metas del crecimiento hacia afuera de la economía interna podrían
entrar en conflicto en detrimento del progreso ininterrumpido de las fuerzas productivas de la nación.
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Parte IX · Capítulo XIX
Búsqueda del equilibrio macrosocial
Programa social para la reactivación económica
Nuestra opinión sobre la viabilidad de una política para la reactivación de la
economía en las actuales condiciones, partiría de una premisa más optimista en
cuanto al potencial de recursos de la que asumimos en 1974 al iniciar la gestión económica en los primeros cien días del gobierno de Carlos Andrés Pérez para el término constitucional 1974-1979. En la actualidad el país cuenta, tanto en el sector público como en el sector privado, con recursos materiales, financieros y tecnológicos,
período e intelectuales de los que no disponía en 1974. Entonces las reservas de petróleo eran de 13.000 millones de barriles y hoy sobrepasan los 57.000 millones de
barriles. Las utilidades que generaba la industria petrolera, –neta de impuestos– se
remitían a las casas matrices de sus empresas, y hoy se quedan dentro de nuestras
fronteras. La capacidad de producción siderúrgica era inferior a 900.000 toneladas y
hoy se acerca a los 4 millones de toneladas; y la de aluminio, de 33.000 toneladas, ha
pasado a más de 400.000 toneladas. La capacidad de generación eléctrica ha crecido
de poco más de 3 millones de kilovatios a cerca de 18 millones de kilovatios.
Las reservas internacionales de las autoridades monetarias eran de menos de
7.000 millones de dólares; hoy están cercanas a los 9.000 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que la deuda externa pública y privada es de cerca de 35.000 millones de dólares, y que las acreencias del país contra el sector externo –constituidas por
las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela de 9.000 millones de
dólaresy las inversiones de residentes particulares en el exterior cercanas a 60.000
millones de dólares–, podemos afirmar que, como nación, somos acreedores internacionales netos por cerca de 35.000 millones de dólares.
Con estos recursos disponibles resulta difícil entender el estancamiento de la
economía no petrolera si recordamos que con un submúltiplo de éstos pudo crecer el
producto interno entre 1974 y 1977 a una tasa promedio del 10% y reducirse el desempleo del 10% al 5% de le fuerza de trabajo.
Este potencial de crecimiento en el orden físico y financiero, cuenta adicionalmente con una superior dotación de recursos humanos –donde se destaca la contribución de los graduados del Programas de Becas Gran Mariscal de Ayacucho– y con
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el intangible institucional de una población preparada para afrontar los sacrificios
–que tal vez no habría aceptado en aquella oportunidad–.
No es la escasez de recursos productivos el factor limitante del progreso económico de nuestra sociedad en las actuales condiciones históricas. El factor determinante de esta ampliación de la brecha entre potencial productivo y producción realizada es la incapacidad para aprovechar los recursos actualmente disponibles y extraer
de su óptima aplicación los más elevados rendimientos para la sociedad en su conjunto. En las presentes condiciones de la capacidad productiva existente y de las
crecientes necesidades de consumo e inversión, los programas de plena reactivación
de la economía deberían orientarse de acuerdo con los siguientes lineamientos:
• incremento de la demanda pública real de bienes y servicios que active el uso
del aparato de producción ocioso en los diferentes sectores y actividades económicas;
• organización simultánea de la oferta, con atención prioritaria a la producción
interna y al abastecimiento externo de insumos críticos, para evitar trabamientos o “cuellos de botella” en el curso del proceso expansivo;
• gerencia pública socialmente eficiente de las reservas internacionales, del pago
del servicio de la deuda y del proceso de atracción de capitales de residentes
venezolanos colocados en el exterior; es decir, una administración racional de
las cuentas externas del país, para asegurar la disponibilidad del componente
importado del consumo esencial y de las inversiones productivas internas;
• diseño e instrumentación combinados de políticas monetarias y políticas fiscales flexibles, de manera tal que a medida que el proceso de crecimiento económico vaya ocupando la capacidad excedente –mientras simultáneamente se
amplíe el potencial productivo–, se puedan cubrir los requerimientos indispensables del Fisco y absorber en el campo de las transacciones reales los sobrantes
de liquidez generados en el curso de la dinámica expansiva del gasto gubernamental. Se contribuiría a prevenir así cualquier desajuste inflacionario que neutralice el ascenso del ingreso real de las mayorías consumidoras.
La expansión de la demanda agregada real debe iniciarse con un decisivo incremento del gasto del sector público, dirigido, por una parte, a aumentar el empleo de
mano de obra no especializada en la construcción de capital social básico, y por la
otra, a proteger de manera directa el ingreso real de las clases medias y trabajadoras
más empobrecidas durante los últimos dos lustros de contracción económica y de
estancamiento productivo que ha sufrido el país.
En lo que respecta a la realización de obras de capital básico, debe darse importancia prioritaria a la construcción de viviendas de interés social, a la transformación
urbanística del casco de las más importantes ciudades de la provincia, y a la mejora
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Parte IX · Capítulo XIX
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de la infraestructura turística. En el caso de la vivienda de interés social, se deben
construir unidades habitacionales por parte de las autoridades públicas para ser puestas a disposición de los sectores de menores recursos mediante ventas sin cuotas
iniciales, sistemas de arrendamientos con opción a compra y capitalización de los
pagos realizados como renta o alquileres. De esta manera, los recursos físicos de
materiales de construcción y de mano de obra hoy ociosos, se transformarían en capital social utilizable por los sectores de menores recursos, los cuales, gracias al proceso de expansión y de crecimiento del empleo y de los ingresos laborales, contribuirían a generar a breve plazo los recursos financieros para asegurar en el futuro la
adquisición de las unidades construidas.
Las transformaciones del casco urbano de las ciudades del interior y la mejora de
la infraestructura turística, convierten en obra física permanentemente aprovechable
los recursos de materiales y mano de obra subutilizados, y estimulan el inmediato
crecimiento real del producto y de los ingresos en el sector de la producción material
de bienes y en el sector de la provisión de servicios. Del potencial tributario ampliado,
gracias al aumento del valor agregado en esas actividades, el sector público captaría
parte de los recursos fiscales requeridos para pagar los componentes interno y externo
de los compromisos financieros contraídos con destino a la iniciación y conclusión de
los correspondientes proyectos de los más importantes planes sectoriales.
Para proteger el ingreso real de las clases trabajadoras y de las clases medias
empobrecidas, deben adoptarse medidas de transferencias directas a estos consumidores y usuarios en la forma de servicios, tales como becas, subsidios a los intereses
sobre créditos a las viviendas de interés social, reducción de tarifas eléctricas y de
agua, transporte colectivo, etc., a fin de liberar capacidad adquisitiva que estos sectores puedan dedicar a la adquisición de bienes de consumo esenciales como alimentos,
calzados, vestidos, medicinas, etc. Este tipo de subsidio o transferencia, es tan solo
aprovechable por los beneficiarios a los que van dirigidos y pueden administrarse en
función de la magnitud e intensidad de las necesidades de los correspondientes estratos de consumidores y usuarios.
Recursos fiscales que hoy se aplican a subsidiar los precios de bienes internacionalmente transables –la leche, por ejemplo– son en considerable medida aprovechados dentro del país por grupos sociales que no califican para la asistencia pública ni
deben ser sujetos de subsidios. Una importante proporción de éstos –que se filtran a
través de nuestras fronteras para beneficio de consumidores extranjeros– deben ser
eliminados a objeto de reasignarlos a los programas de subsidios directos intransferibles destinados a los consumidores de los estratos más empobrecidos de nuestra
sociedad.
La política de empleo y de protección de los ingresos reales de las clases trabajadoras y medias, debe orientarse preferentemente, por una parte, hacia los sectores
jóvenes desempleados, y por la otra, a estimular la formación de capital humano es199
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pecializado. Para asegurar el empleo de los jóvenes y promover su formación y su
entrenamiento técnico, deberán administrarse incentivos fiscales a las empresas, en
la forma de subsidios al empleo de este segmento de la población laboral. Estos incentivos fiscales deben ser mayores en la medida que este empleo resulte en una superior calificación de la mano de obra así incorporada al proceso productivo. En el
caso de los profesionales y técnicos superiores desempleados, y de los que cada año
egresan de nuestras instituciones de educación técnica superior, debe garantizarse
por ley el derecho automático a su empleo y a una remuneración profesional real
básica garantizada e indexada contra el proceso inflacionario para proteger el poder
adquisitivo de estos grupos sociales. El Estado asumiría la responsabilidad de colocar estos contingentes profesionales en unidades productivas públicas, privadas o
mixtas, donde puedan generar el valor agregado de sus remuneraciones laborales y
de los beneficios empresariales adicionales del sector público y del sector privado que
puedan ser utilizables como fuente importante de ulteriores inversiones, creadoras
de empleo para los jóvenes que cada año se incorporan al mercado de trabajo.
1
Los aumentos generales de sueldos y salarios que deban decretarse tanto en el
sector público como en el sector privado –para compensar parte de la caída del poder
adquisitivo de los sectores laborales durante los últimos años– deberán ser programados de manera tal que constituyan un factor de incremento de la demanda sin que
en el corto plazo se ejerza todo su impacto sobre los costos de producción incurridos
por los empleadores. Esta previsión debe tenerse en cuenta debido a que en condiciones de moderadas tasas de crecimiento económico, la concentración de los costos
laborales en las fases iniciales del programa de reactivación, podría desestimular la
actividad empresarial privada, y en particular, las inversiones productivas empleadoras de mano de obra. Lo más conveniente sería un incremento gradual a fin de lograr
el objetivo de un aumento del ingreso real en el curso de un período determinado
durante el cual una parte de los pagos al factor trabajo por sus empleadores estaría
relacionada con el volumen de sus negocios, la productividad de su personal y la
solvencia y liquidez de su patrimonio.
Este incremento salarial garantizado constituiría una obligación adquirida por
los empleadores públicos y privados con sus trabajadores, parcialmente pagadera a
plazos, de manera que su impacto sobre los costos unitarios tendería a declinar con
la escala de la producción y de las ventas, la mejora en la calificación de la fuerza laboral empleada y el aumento de la productividad de todos los factores en razón de
los progresos científicos y tecnológicos aplicados.
Para la expansión de la demanda agregada interna se deberá, en primera instancia, elevar el nivel real de la demanda del sector público, incrementando los gastos de
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Parte IX · Capítulo XIX
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desarrollo y de formación de capital físico y de capital humano. Los gastos corrientes
deben ponerse en función de la protección y calificación de la riqueza humana del
país. Entre los gastos “corrientes” para la formación de este capital socialmente productivo, deben destacarse los programas que indicamos a continuación:
• Programa de becas de gran alcance para los estudios secundarios, técnicos y
universitarios, que sirvan al mismo tiempo como un subsidio a las familias de
menores ingresos y como un gasto nacional de inversión en capital humano. En
el caso de las becas o financiamiento de los estudiantes de educación superior,
se debe instrumentar un programa de crédito educativo a mediano y largo plazo, estructurado en cuanto a intereses y plazos de pago, según las prioridades
de las especialidades respectivas para el proceso de desarrollo. En medida sustancial el programa de becas puede financiarse mediante la reducción de los
subsidios directos e indirectos al consumo de bienes transables, que terminan
en elevada proporción filtrándose a través de las fronteras y subsidiando a los
consumidores de otros países. En el caso de los créditos educativos puede concertarse un programa entre el sector público y el sector financiero privado apoyado en el ahorro disponible de los diferentes depositantes del sistema financiero, convertibles en préstamos estudiantiles mediante garantías oficiales, seguros
de estudios en caso de muerte de los padres, avales de los prospectivos empleadores privados, etc.
• Una garantía automática de empleo y una remuneración básica protegida contra
la inflación, para todos aquellos profesionales universitarios y técnicos superiores desempleados y para quienes se gradúen en los años subsiguientes. Este
gasto puede financiarse en gran medida con la reducción de consumo público
superfluo, y los técnicos y profesionales beneficiarios en buena parte podrán ser
aprovechados en programas productivos mediante la constitución de empresas
asociativas, financiadas por créditos de instituciones financieras públicas y privadas, para prestar servicios que el Estado requiera a través de sistemas de
contratación y subcontratación, como ha ocurrido en la expansión de las empresas suplidoras de bienes y servicios a las compañías petroleras nacionalizadas en 1976.
• Un programa de alimentación popular que permita crear una red nacional de
comedores populares, para producir y distribuir en gran escala alimentos a
bajos costos de acuerdo a los requerimientos dietéticos nacionales y regionales, científicamente determinados. Esto podrá realizarse mediante la constitución de un sistema nacional coordinado de empresas alimentarias privadas,
mixtas y/o con participación de los trabajadores. El compromiso financiero
del sector público deberá limitarse a asegurar a los operadores un precio por
las unidades suministradas que permita una tasa apropiada de rendimiento de
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las inversiones, y un precio remunerativo de venta favorable a los consumidores populares. El sector público ejercerá control de la productividad a objeto
de reducir gradualmente el monto del subsidio financiero del Estado, mejorar
la calidad y moderar los precios de los bienes y servicios esenciales correspondientes. Las inversiones en esta actividad recibirán financiamiento preferencial del Estado y los incentivos fiscales necesarios para que empresarios, financistas y operadores obtengan una adecuada rentabilidad de sus capitales.
Deberán establecerse mecanismos para que el empleador empresarial privado
en beneficio de la buena alimentación de sus propios trabajadores pague una
parte del subsidio, otorgándosele ventajas para la deducción de un porcentaje
de esta contribución de sus obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta. El programa de alimentación escolar deberá integrarse dentro de este sistema, así como todo lo que se refiere al suministro de alimentos en hospitales y
otros centros de salud del Estado. Ello se traduciría en sustanciales economías
de escala, costos unitarios bajos y control público de la calidad de los alimentos y de los servicios suministrados.
Estos programas de expansión de la demanda social a través de la acción directa e indirecta del Estado, que en parte puedan financiarse con economías en otras
áreas de su gasto corriente, ahorros de los particulares, y mediante el crédito, implicará moderados incrementos del gasto oficial y del financiamiento por las instituciones públicas, por lo que sus consecuencias sobre el índice del costo de vida pueden
neutralizarse con los incrementos de la productividad posibles, mediante la integración de la producción y la distribución de los correspondientes bienes y servicios y su
operación en gran escala.
En lo que respecta a las acciones para lograr en el corto plazo la expansión de
la demanda social de las mayorías basada en las remuneraciones laborales del sector
privado, se adoptarían medidas para aumentar las remuneraciones reales de los trabajadores injustamente remunerados de los estratos de bajos ingresos, así como de
los trabajadores y técnicos calificados de acuerdo con un sistema de compensaciones
dirigidas a estimular su mayor esfuerzo para obtener una superior calificación técnica. Específicamente debería fijarse un salario mínimo real, es decir, protegido contra
la inflación, para los trabajadores en los estratos de ingresos más bajos, que asegure
que estos trabajadores puedan colocarse por encima de los niveles de pobreza crítica
y garantizar la reproducción calificada del capital humano de la nación. Asimismo,
este salario mínimo real debería periódicamente ser incrementado en la medida que
crezca el grado promedio de calificación técnica de los beneficiarios.
Deberá estructurarse un programa nacional de financiamiento de la educación
de los hijos de los trabajadores, mediante el establecimiento de una contribución
calculada sobre las ventas o el valor agregado total de las empresas. Los recursos así
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Parte IX · Capítulo XIX
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captados servirán para constituir un fondo global para la concesión de créditos y
“becas-premio” a los hijos de los trabajadores y un seguro educativo que garantice
–en caso de muerte del sostén de la familia– la culminación de sus estudios. Esta
contribución deberá establecerse de manera que su costo por persona ocupada sea
menor para las pequeñas y medianas empresas intensivas en el uso de mano de obra,
y mayor para las grandes empresas intensivas en el uso de capital y de capital humano especializado. De esa forma se reduciría cualquier desincentivo sobre el empleo
de mano de obra, y se cargaría el costo de esta inversión social a los que se beneficien más de la formación de capital humano de creciente complejidad y sofisticación. Ello permitiría incrementar el poder adquisitivo real de los trabajadores, y
orientarlo a largo plazo hacia una mayor capitalización humana en el seno de las
propias empresas.
Dado el hecho que más de 2/3 del empleo total del país se genera en el sector
privado, deberían instrumentarse programas que permitan un mayor uso de la capacidad instalada ociosa. Esto permitiría aumentar la producción y reducir el costo
unitario de los productos, contribuiría a absorber los costos de los programas mencionados para remunerar y calificar mejor el personal existente, y ayudaría a neutralizar cualquier excesiva presión inflacionaria. Debería, en primer lugar, distribuirse
mejor el trabajo disponible reduciendo el número de horas extras o sobretiempo de
la actual nómina de trabajadores, a objeto de facilitar la absorción de los trabajadores
desempleados y asegurar empleo pleno a los que trabajen a tiempo parcial.
En ese mismo sentido, deberá procederse a reducir la jornada semanal de trabajo en el sector moderno de las empresas de gran escala, y a aumentar el período
de disfrute de las vacaciones, lo que contribuiría a crear más plazas de trabajo. Esta
medida liberaría tiempo para los actualmente empleados que de acuerdo a programas racionalmente diseñados, dedicarían a la educación, el entretenimiento y la recreación provechosa para la salud y la superación cultural de sus familias. De esa
manera no solo se promovería la reproducción cada vez más calificada del capital
humano del país como factor productivo sino también la capacidad de toda la población para extraer grados crecientes de bienestar de su producción total de bienes
y servicios.
Para utilizar plenamente la capacidad ociosa, especialmente en el sector industrial manufacturero, deberá promoverse un programa de aumento de los turnos de
trabajo con el propósito de producir competitivamente con destino a los mercados
interno y externo sobre la base de una organización concertada entre el sector público y el sector privado para conducir la comercialización de los productos, velar por
su competitividad en términos de calidad, precios, pronto despacho y crédito. Este
ensanchamiento productivo del capital fijo manufacturero existente que se realizará
a costos moderados del componente foráneo para su dotación y operación, contribuirá a mejorar la posición de la cuenta corriente de la balanza de pagos mediante la
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producción de bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones. Los
saldos positivos correspondientes se destinarían a la adquisición de las maquinarias
y equipos importados de un múltiplo de inversiones manufactureras generadoras de
empleos y usuarias de materias primas industriales, mineras y agroindustriales nacionales, todavía insuficientemente aprovechadas. La promoción concertada de esta
mayor utilización del capital fijo del país deberá contar con la capacidad de suministro de insumos y servicios básicos, de manera que la fluidez en la utilización de más
turnos y en el uso pleno de la capacidad a nivel de plantas, no sea interrumpida por
trabamiento o “cuellos de botella” que puedan presentarse en las unidades suplidoras de materias primas, partes, repuestos, etc. Especial atención deben merecer las
pequeñas y medianas empresas complementarias de las industrias manufactureras
involucradas en el uso de más turnos de producción, tales como las proveedoras de
servicios de mantenimiento y de reparación.
Un estímulo fiscal para los capitales privados que realicen parte importante de
sus beneficios mediante el uso de turnos, sería la exoneración de las obligaciones
tributarias por concepto de impuesto sobre la renta gravable derivada de la venta
internacional de sus productos.
Vasto es el potencial productivo de la riqueza humana que sufre una existencia
vegetativa en lo que se denomina la economía informal. Las medidas que concertadamente deben emprender el sector público y el sector privado para la gradual reducción de la improductividad social de una parte considerable de la riqueza laboral del
país, debe orientarse a su ordenada incorporación a la economía organizada en la que
deberá crecer su aporte al valor agregado nacional. En consecuencia, deberán adoptarse medidas para evaluar, por sectores y actividades, la significación productiva del
trabajo tradicionalmente allí realizado, con el objetivo de reducir hasta eliminar
aquel tipo de actividades incompatibles con el patrón de desarrollo socialmente deseable. En este sentido, en lo referente a permisología deberán establecerse los procedimientos y mecanismos para facilitar la autorización de las actividades correspondientes. En el área fiscal, es necesario establecer los incentivos para la integración
mutuamente beneficiosa del potencial laboral de la economía informal a las actividades productivas de la economía organizada.
Para contrarrestar la debilidad contractual de los estratos laborales que vegetan en la economía informal –que indirectamente se refleja también en un mayor
grado de explotación del trabajo por el capital en la economía organizada– el Estado deberá asegurar la vigencia de la normativa aplicable a las relaciones de intercambio, las condiciones de negociación laboral y el régimen de prestaciones y seguridad
social protector de los derechos de los trabajadores en el resto de las actividades
productivas.
Este modelo de relaciones económicas, sociales y laborales, no solo contribuirá
en el futuro a mejorar la productividad conjunta de los trabajadores que actualmente
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Parte IX · Capítulo XIX
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laboran en ambos sectores, sino que reducirá también el efecto negativo que esta
especie de “ejército industrial de reserva” laboral en la economía informal ejerce sobre el mercado de trabajo organizado. Esto se traducirá también en una creciente
mejora en la capacidad de contratación de todos los trabajadores organizados
2
Reactivación económica y equilibrio ecológico
El gasto público de inversión es el componente clave del aumento de la demanda agregada interna dirigido a la creación de riqueza racional, en razón de sus amplios e inmediatos efectos multiplicadores sobre el uso del potencial productivo nacional. Los proyectos correspondientes deben tener la intensidad en el uso de mano
de obra y de aprovechamiento de la capacidad instalada de capital fijo –maquinarias
y equipos de transporte– y materias primas nacionales, que permitan optimizar sus
efectos positivos sobre la producción, el empleo y los ingresos factoriales. En tal
sentido, deberán destacar los programas de viviendas de interés social, de transformación urbanística de las principales ciudades del interior, de reforestación y de protección del medio ambiente –tratamiento de aguas negras, descontaminación de lagos y ríos, control de las basuras y otros desechos sólidos en los grandes centros
urbanos, etc.–, de vialidad rural, y de creación de una infraestructura ambiental para
el turismo –acondicionamiento de playas, protección de los escenarios naturales,
ornato de los centros poblados de mayor atractivo, etcétera.–
En los programas de construcción de viviendas de interés social, deben concretarse para atender prioritariamente las necesidades urgentes de las clases más necesitadas, sobre todo en las zonas urbanas donde se observan las condiciones más graves
e intolerables de hacinamiento, de localización irracional en lo que se refiere a sus
efectos sobre la destrucción de áreas protectoras y uso antieconómico de las tierras,
contaminación, e inadecuados servicios de agua, cloacas, electricidad, etc. Atención
especial deben merecer notorios desequilibrios físico-demográficos que se observan
en el Área Metropolitana. En esta zona, en las colinas de la Ciudad Capital residen
poblaciones marginales en una superficie de terreno que de organizarse su uso mediante una más elevada densificación, podría permitir una mayor oferta de unidades
habitacionales. En consecuencia, deberán adoptarse las medidas de zonificación y
densificación para articular la combinación de los esfuerzos del sector público y del
sector privado, a objeto de concretar desarrollos multifamiliares en aquellas localidades que puedan proveer los servicios de vialidad, agua, cloacas, electricidad, escuelas,
centros sanitario-asistenciales, seguridad, aseo urbano, etcétera. De esa manera, sobre una superficie similar o menor podría alojarse un número mayor de familias.
Asimismo, se eliminaría gradualmente el estigma social de los ranchos en nuestras
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modernas ciudades, se liberarían tierras para desarrollar áreas rentables privadas, una
parte de cuyos beneficios se canalizarían para subsidiar las viviendas de los grupos
marginales reubicados y se crearían zonas verdes y parques recreacionales, protectores del equilibrio ecológico en estas áreas y patrimonios naturales para la recreación
y esparcimiento de todas las clases que integran las poblaciones urbanas.
La modernización del casco urbano de las principales ciudades del interior de
la República tendrá como propósito su transformación en verdaderos centros de
atracción y de retención de recursos humanos cada vez más calificados, necesarios
para su progreso económico y social. Para ello, deberá acometerse un programa global orientado a mejorar y racionalizar la vialidad intraurbana y a organizar la correspondiente infraestructura física, de tal manera que el predominio del transporte automotriz individual ceda y se subordine a una expansión del transporte colectivo, del
tránsito masivo rápido superficial, la circulación peatonal, el uso de bicicletas, etc.
En lo que respecta a las edificaciones, deberá ponerse énfasis en su ubicación
racional y en el desarrollo de centros comunales, educacionales, recreacionales, turísticos, etc. La concreción de este desarrollo producirá incrementos sustanciales en el
valor de las propiedades urbanas, lo que significará un cuantioso enriquecimiento
para los propietarios inmobiliarios públicos y privados. Previamente a la ejecución de
estos programas, el sector público podrá afectar las zonas requeridas, expropiar luego aquellas propiedades necesarias para concretar la acción renovadora urbana y
asegurar mediante contribuciones fiscales una parte significativa de los enriquecimientos privados generados por estos desarrollos físicos. En los casos de las otras
propiedades beneficiarias de estas plusvalías inmobiliarias, deberán adoptarse sistemas de tributación nacional y/o local de “contribuciones por mejoras y valorizaciones”, que permitan al sector público nacional o municipal acopiar recursos financieros destinados a diferentes programas de infraestructuras y de servicios urbanos.
Los desarrollos físicos referidos pueden financiarse inicialmente con emisiones
de obligaciones públicas nacionales y municipales, a mediano y largo plazo, con el
atractivo en cuanto a la protección del valor real de estos instrumentos pagaderos
con los recursos provenientes de los fondos que se constituyan con las captaciones
de parte sustanciales de los enriquecimientos particulares generados por el proceso
de renovación urbanística.
Bajo las directrices y la coordinación de la empresa del Estado que opera en el
área de la explotación económica de los recursos madereros en Guayana, deberán
ampliarse e intensificarse los programas de reforestación, sobre todo para las cabeceras de cuencas hidrográficas y para asegurar el abastecimiento de materias primas a
actividades tan importantes como las industrias de pulpa y papel, la construcción, la
fabricación de muebles, etc. Debe procurarse que estos desarrollos sean autofinanciables a largo plazo y que en su capital participe el sector privado usuario de las
materias primas o insumos producidos por los programas y proyectos respectivos.
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Parte IX · Capítulo XIX
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En el caso de aquellos programas de protección a las cabeceras de cuencas hidrográficas, que aseguran la continuidad de nuestros sistemas hidroeléctricos, deberá organizarse un mecanismo mediante el cual en el precio de la energía generada se
incluya este factor de costo para cargarlo al precio final del servicio y dedicar el recurso financiero así generado a estos programas de recuperación y de protección y
mantenimiento de tan importantes fuentes energéticas.
En el caso de las medidas de protección ecológica tales como descontaminación de ríos, lagos, lagunas, playas, etc., las autoridades encargadas de la protección
ambiental acometerían programas y proyectos específicos, para cuyo financiamiento
deberían disponer de instrumentos legales que permitan recabar recursos financieros
de las empresas contaminantes y de los residentes urbanos, mediante impuestos proporcionales al daño que ocasionen a estos valiosos activos naturales del país.
En cuanto a la mejora de la infraestructura turística para aprovechar plenamente las riquezas y escenarios naturales de playas, montañas, ríos, etcétera. pueden acometerse programas y proyectos de gran escala mediante la emisión de obligaciones
financieras pagables con la percepción fiscal y/o comercial de los enriquecimientos
particulares que resultarán de la ejecución y explotación económica de las obras físicas realizadas.
En el caso específico del mejoramiento de las playas, se concretarán grandes
enriquecimientos por la valorización de las propiedades adyacentes o cercanas. Parte
de estas plusvalías pueden ser captadas fiscal y comercialmente mediante programas
concertados entre el Estado y los particulares. Los recursos financieros acumulables,
derivados de estas valorizaciones, podrán ser aplicados para cancelar en el futuro
parte de los compromisos financieros que los promotores concertados deban contraer para la ejecución de las obras correspondientes.
3
Economía soberana y equilibrio externo
La evolución previsible de los mercados de crudos y derivados y los pagos de las
obligaciones del servicio de la deuda pública externa, determinan que el proceso de
expansión confronte como restricción financiera principal la escasa disponibilidad
neta de divisas que resulta insuficiente a plazo breve para pagar el componente importado de los programas y proyectos de reactivación económica. En el corto plazo,
aun partiendo de la premisa de que los precios del petróleo se mantengan en los niveles actuales, la garantía para que un efectivo proceso de reactivación no sea interrumpido por la insuficiencia del inventario de divisas para atender el componente
foráneo del consumo y de la inversión, podría lograrse mediante la prolongación de
los plazos de cancelación del servicio de la deuda pública y privada externas, y a tra207
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vés de la instrumentación de una serie de medidas para lograr la reintegración de una
parte sustancial de los capitales invertidos por residentes venezolanos en los principales centros financieros internacionales.
El país debe fijar soberanamente, de manera unilateral, los términos mediante
los cuales cancelará sus obligaciones a los diferentes grupos de acreedores internacionales, según un modelo decisorio que tome en cuenta su experiencia histórica en la
recuperación de sus préstamos internacionales, “la credibilidad” lograda por Venezuela como nación deudora en el cumplimiento de sus compromisos, las relaciones
comerciales de Venezuela con los países acreedores, y su capacidad real de pago a
mediano y largo plazo, etc. Los períodos de pago se alargarían en caso de que desmejoren les ingresos petroleros, y se acortarían en caso de que se incrementen. Para los
acreedores que acepten los términos y plazos más prolongados de pagos fijados soberana y unilateralmente por el Estado, se procede a en el plazo decretado, a realizar los
pagos correspondientes. Para quienes no acepten estas condiciones, se establecería un
nuevo mecanismo para renegociar los términos a plazos más prolongados.
Parte importante de este proceso de renegociación, deberá ser el compromiso
del país de estructurar un programa de inversión de los recursos externos así liberados, en proyectos específicos que generen de manera directa e indirecta las divisas
que aseguren el pago de los compromisos contraídos con los acreedores internacionales. Si, por ejemplo, una posposición del pago del servicio de la deuda libera, durante 3 años, 4.000 millones de dólares por año, y se asume un componente importado de tales proyectos del orden de 2/5 (40%), será posible acometer inversiones en
actividades productoras de bienes internacionalmente transables por 30.000 millones de dólares. Si por cada 3 unidades de capital se puede obtener una unidad de
producto, ello significaría que en el mediano plazo en actividades tales como producción de aluminio, acero, productos petroquímicos, pulpa y papel, gas, cemento, etc.,
se pueda obtener una producción real de 10.000 millones de dólares por año. La
mitad del valor agregado neto de esta producción podría dedicarse a obtener las divisas para pagar puntualmente nuestros compromisos financieros externos, y el resto
para fortalecer el aparato productivo interno, aumentar las inversiones, el consumo
y el empleo, y de esa manera generar el estado de estabilidad y de consenso social
internos, que apoye sobre bases sólidas en la sociedad la legitimidad del Estado en el
cumplimiento de las obligaciones financieras internacionales.
Para la reintegración de los capitales de residentes venezolanos en el exterior,
deberán adoptarse medidas que, por una parte, incentiven financieramente la repatriación de estos capitales, y que por la otra, castiguen a quienes no aprovechen estos
estímulos. Es imprescindible que el principio de la obligatoriedad de la declaración
de las rentas obtenidas fuera del territorio sea complementado con el establecimiento
legal de los castigos correspondientes para quienes oculten sus ingresos externos a
las autoridades de tributación. Las inversiones que de estos capitales previamente
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Parte IX · Capítulo XIX
Búsqueda del equilibrio macrosocial
colocados en el exterior se realicen en activos financieros o reales internos –nuevas
obligaciones de la deuda pública externa, acciones y obligaciones de las empresas
básicas– deberán ser beneficiadas con incentivos fiscales. Asimismo deberán introducirse modificaciones en la legislación sobre impuestos sucesorales a objeto de que
en el momento del reparto de las herencias, aquella parte de los patrimonios invertidos en el exterior paguen tarifas considerablemente elevadas, en tanto que los invertidos en el país paguen tarifas sustancialmente inferiores. Si tan solo se reintegrara a
la economía interna la mitad de los rendimientos de estos activos, es decir, cerca de
2.500 millones de dólares por año durante el próximo quinquenio, podría pagarse el
componente externo (2/5) de una inversión total de 31.250 millones de dólares que
aportaría una creación del valor agregado en los diferentes sectores productivos de
más de 10.000 millones de dólares anuales.
En síntesis, las propuestas de reestructuración unilateral de la deuda pública
externa y de la reintegración a la economía interna de solo una parte de los rendimientos de las inversiones privadas externas de los residentes venezolanos, puede
agregar al producto real interno cada año un valor real más que suficiente para cancelar el servicio de la deuda financiera externa, y reforzar productivamente los efectos de los programas de reactivación en el resto de la economía para ponernos al día
en el pago de la considerable deuda social interna acumulada. Como hemos explicado a lo largo de este capítulo, la reducción de tal pasivo se concretará mediante la
masiva creación de empleos productivos permanentes, la más justa distribución del
ingreso y la riqueza y los programas para mejorar directamente el capital humano en
las áreas de la alimentación popular, la salud, la educación y la seguridad social.
4
Prosperidad y equilibrio macroeconómico
Durante el proceso de reactivación es previsible la ocurrencia de desequilibrios
macroeconómicos causados por la presión que sobre componentes específicos de la
oferta real ejerza el proceso expansivo de la demanda en general y del financiamiento interno de las inversiones fisícas en particular.
En la medida que haya recursos ociosos utilizables, es posible un proceso de
expansión que satisfaga simultáneamente el logro de altas tasas de crecimiento real
del consumo y de la formación real de capital, sin generar fuertes presiones sobre el
nivel interno de precios. Pero a medida que la capacidad excedente se reduzca y no
hayan entrado en producción las adiciones de los nuevos proyectos al patrimonio
productivo, podrán producirse trabamientos en ciertos sectores y actividades y generarse focos inflacionarios transmisibles al resto de la economía. En una fase posterior
se pueden crear tensiones entre la expansión de la demanda global y las rigideces de
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la oferta interna. Estas pueden proyectarse sobre el nivel general de precios en una
dinámica inflacionaria cuya neutralización puede resultar socialmente muy costosa y
difícil de lograr sin afectar negativamente el crecimiento real de la economía puesto
en marcha por los programas de reactivación.
En lo que se refiere a los trabamientos o “cuellos de botella”, ya hemos sugerido
medidas de orden microeconómico para prevenirlos y resolverlos apropiadamente.
Pero frente al problema inflacionario generado por las tensiones entre la demanda y
la oferta globales a medida que la economía se acerque al uso pleno de su capacidad,
debe recomendarse la adopción de una serie de medidas que permitan adecuar las
demandas reales de consumo y de inversión a los niveles de capacidad todavía excedentes, y al ritmo de instalación de las nuevas capacidades productivas.
En este sentido, será necesario estimular mediante el ahorro una reducción de
la tasa de crecimiento del consumo menos esencial y desestimular, mediante diversas
fórmulas, la realización de inversiones de menor significación positiva en el crecimiento del patrimonio productivo del país. De esta manera, se liberarán recursos
reales para prioritariamente aplicarlos a la formación de riqueza productiva real que
en el mediano plazo contribuirá a aumentar el flujo de bienes y servicios, con los
cuales satisfacer en el futuro las expectativas de consumo que deban postergarse o
sacrificarse en las etapas previas de mayor riesgo inflacionario. La experiencia de los
países aliados durante la guerra contra el nazismo, reveló cómo es posible que la
corriente de ingresos laborales y empresariales creados en las industrias militares no
hayan sido durante la guerra volcados todos sobre el consumo; en parte considerable
se transformaron en ahorros financieros, liberando de manera directa e indirecta
materiales y mano de obra para suplir las industrias bélicas y mantener adecuados
niveles de formación de capital productivo. Al concluir la contienda, la masa de ahorros así acumulados, al ser dedicados al consumo y a las inversiones productivas,
permitió a las naciones respectivas el uso de las capacidades utilizables en la producción civil, y facilitó en la postguerra la extraordinaria expansión de las economías
aliadas, y muy especialmente de la economía norteamericana.
Una oportuna combinación de política fiscal mediante la emisión de obligaciones públicas en función de la tasa de formación de capital, y una política monetaria
que contribuya a una mejor tasa de utilización de la liquidez en la adquisición de
bienes reales en la fase superior de la expansión, pueden contribuir considerablemente a moderar las presiones de la demanda real sobre la oferta en las etapas críticas del
procese de reactivación. Las obligaciones públicas, protegidas o indexadas significativamente contra el proceso inflacionario e incentivadas en su rendimiento por deducciones y desgravámenes fiscales, pueden ser colocadas en los estratos de la población cuyos ingresos sobrepasan sus necesidades fundamentales de consumo, lo que
contribuye al crecimiento real de los patrimonios financieros netos en los sectores de
las clases medias, profesionales y obreras mejor remunerados. Asimismo, las autori210
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Parte IX · Capítulo XIX
Búsqueda del equilibrio macrosocial
dades monetarias pueden instrumentar una política de estímulos en la forma de incrementos en los intereses reales sobre los ahorros individuales o familiares de los
sectores trabajadores y medios, y sobre los ahorros institucionales de la población
laboral ocupada. Este incremento en los ingresos laborales puede ser complementado por subsidios pagaderos a los depositantes por los intermediarios financieros
privados parcialmente deducibles de sus obligaciones impositivas. De esa manera
podrá lograrse que los tenedores de corrientes importantes de poder de compra en la
forma de depósitos, reduzcan significativamente su intensidad de utilización inmediata en la adquisición de bienes reales durante las primeras fases productivas de la
expansión, lo que contribuirá a moderar o contener las presiones inflacionarias.
Además de estas medidas de control indirecto sobre el nivel de precios, serán
necesarias fórmulas de regulación específica, sobre los precios de aquellos bienes y
servicios de mayor incidencia en la formación del índice del costo de vida en los sectores económicamente más débiles. Además de una serie de controles que hayan
probado su eficacia en el pasado, deben arbitrarse nuevas medidas, que ataquen los
focos monopólicos u oligopólicos en sectores decisivos de la oferta de bienes y servicios de consumo esencial. Pueden adoptarse medidas tributarias que afecten los
beneficios excesivos de estos sectores cuando ellos se originen en la administración
o manipulación de los precios, y que traten más favorablemente estos beneficios
cuando se originen en un uso mayor de la capacidad instalada, en la utilización de
más turnos de producción y de costos unitarios decrecientes, en la ampliación de los
mercados y en la reducción o estabilización de los precios.
Debe tenerse en cuenta que las políticas de regulación de precios producen
ciertos resultados en determinados sectores y actividades que reducen la capacidad
de reinversión de las empresas, lo que a mediano plazo puede traducirse en rigideces
de la oferta y en nuevas presiones inflacionarias. Para prevenir esta situación, debe
establecerse un mecanismo que contemple el financiamiento de estas ramas específicas, a largo plazo y a intereses moderados, y que administre incentivos fiscales que
reduzcan el costo de las inversiones y las reinversiones respectivas.
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Parte IX · Capítulo XX
Democratización social de las instituciones
Las organizaciones públicas, y específicamente las empresas cada vez más importantes en la economía del Estado, deben ser sometidas en su comportamiento interno a
una profunda modificación que asegure la participación creativa de sus ejecutivos, empleados y obreros en la toma de decisiones fundamentales para el progreso de la economía, la ampliación del patrimonio productivo, la defensa del equilibrio ecológico y la
armoniosa interacción social entre los integrantes de la riqueza humana de la nación.
1
La legitimidad social de las instituciones
La diferencia entre una democracia históricamente consolidada como la inglesa, y
una democracia en el proceso histórico de su formación como la venezolana, se constata en el hecho de que los ingleses cumplen fielmente una constitución que no han escrito y los venezolanos escribimos muchas constituciones que no cumplimos.
El problema no son las constituciones y sus leyes. El problema es la realidad estructural –económica, social, cultural– del pueblo y de las estructuras de poder que las
sustentan. Recuerdo siempre, desde que lo oí en mi adolescencia, a Andrés Eloy Blanco,
cuando al aprobarse la Constitución de 1947, dijo: “Cuando se hace una constitución se
hace el espejo de un pueblo. Cuando se hace el espejo de un pueblo, debe haber un pueblo que se retrate en él”.
En nuestra opinión, es en las realidades sociales y económicas de la población de
un Estado y de la distribución del poder entre las diferentes clases que la integran hacia
donde debemos mirar para penetrar la esencia de los problemas de nuestras instituciones democráticas y de vigencia de sus constituciones y de sus leyes. De lo contrario, el
papel “aguanta todo” como dice la gente del pueblo venezolano. El problema esencial
de nuestra democracia es que su normativa constitucional deja de aplicarse cabalmente
en el seno mismo de sus instituciones decisorias: los partidos políticos, los poderes públicos, los órganos administrativos y económicos del Estado, las grandes corporaciones
estatales y privadas.
Los partidos políticos, a cuya cabeza están los partidos principales del establecimiento institucional, son una especie de extraño injerto en una supuesta sociedad
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democrática. Los aspectos funcionales u operativos potencialmente totalitarios del
‘centralismo democrático” del bolchevismo, fueron transferidos, –vaciándolos de
sus propósitos socialistas, comunistas o igualitarios–, a una sociedad como la venezolana –profundamente dividida en clases y grupos de interés– cuya dinámica puede
ponerlos al servicio de propósitos caudillistas implícitamente autoritarios. Este modelo organizativo es el que aplican tanto la socialdemocracia y la democracia cristiana, como las corrientes socialistas no socialdemocráticas.
En el seno de estos partidos no se practica a plenitud la democracia interna. Sus
autoridades directivas se reproducen y mineralizan con el tiempo, consolidándose en
gerontocracias con propensión al nepotismo, desprovistas de imaginación, de generosidad, de sabiduría, de grandeza republicana. Frente a este orden de cosas, hube de
sostener, en discurso pronunciado ante la Asamblea Anual de FEDECÁMARAS en
Puerto la Cruz, el 18 de mayo de 1976,en mi condición de Ministro de Estado Jefe de
CORDIPLAN y Jefe del Gabinete Económico del Consejo de Ministros : “El liderazgo que se obtuvo gracias a las habilidades para manipular las situaciones de poder
propias de conglomerados subdesarrollados, es cada día menos suficiente para atender
las complejas realidades que nos crea el potencial tecnológico contemporáneo. Para
abrirse paso en las estructuras establecidas se necesita de una tenacidad, de una paciencia, y hasta de una capacidad de humillación, cada vez más difíciles de conseguir
en las nuevas generaciones. O se incorpora el potencial del liderazgo de las juventudes
mejor preparadas, se ceden posiciones y los privilegios consagrados y se derrumban
las murallas que cierran el acceso de los nuevos factores dirigentes que se han venido
preparando, o nos aproximamos a conflictos de mayores consecuencias”. Ese mismo
modelo bolchevique de organización que le permitió, por ejemplo, a J. Stalin liquidar
la competencia interna de Trotsky, Bujarin, Tomski, Zinoviev, Kamenev, Radek, etc.,
para luego instrumentar las mismas propuestas de éstos y aprovechar sus resultados,
se utilizan en nuestros partidos para imponer lo que Gresham, –un historiador monetario de los sistemas bimetálicos-, descubrió hace tiempo: que cuando simultáneamente circulan monedas de cobre y monedas de oro, las de oro desaparecen de circulación. Es lo que se conoce como la “Ley de Gresham”– una referencia histórica
plenamente aplicable a los partidos políticos de nuestro medio. Este modelo puede
asegurar la coherencia y la unidad interna del liderazgo y su homogeneidad durante un
determinado período histórico. Ello le permitió a J. Stalin afrontar la emergencia de
la intervención externa, de la colectivización forzada de la agricultura y de la invasión
germana. Pero en la victoria de Leningrado terminó la eficacia histórica del modelo.
A la muerte de Stalin, la sucesión bolchevique ha estado concentrada en mediocridades, unas menos mediocres que las otras, que no alcanzarán jamás la estatura de un
Lenin, de un Trotsky o de un Bujarin. Ese mismo modelo centralista democrático
asimilado por nuestros partidos, ha permitido la victoria sobre las fuerzas regresionistas de la derecha económica militarista y sobre la insurrección pro-fidelista, de la in214
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Parte IX · Capítulo XX
Democratización social de las instituciones
dustrialización, de la creación del Capitalismo de Estado y de la nacionalización del
petróleo y del hierro. Después de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de Rafael Caldera, de Carlos Andrés Pérez, de Gonzalo Barrios, ¿de dónde habrá de sacar el propio
sistema sus nuevos dirigentes, cualitativamente superiores a los que les precedieron?
Estos hombres se han llevado o se llevarán a la tumba la satisfacción de los resultados
de su obra, pero también la profunda tristeza de la incertidumbre que se cierne sobre
la continuidad de esta obra en el tiempo.
2
El capitalismo de estado antidemocrático
Las instituciones mismas del Estado no se ajustan al modelo teórico establecido
en la Constitución. Las estructuras jerárquicas de los entes de la administración tanto centralizada como descentralizada no permiten la participación en la adopción
interna de decisiones ni de sus propios empleados, trabajadores profesionales y técnicos, y –menos aun–, de los ciudadanos sobre los que se ejercen directa o indirectamente los efectos de la gestión pública. Esto se evidencia con absoluta claridad en el
sector capitalista de las empresas públicas, que según las tradiciones del socialismo
democrático, serían el campo más propicio para la humanización o socialización
gradual de la economía y para influir dentro del mismo orden establecido en las relaciones de propiedad y de incontrolado predominio del capitalismo tradicional. Pero
en el seno de este sector que controla “las alturas dirigentes de la economía” en las
industrias extractivas, en electricidad, acero, aluminio, comunicaciones, transporte
aéreo y marítimo, etc., las decisiones se toman por una gerencia cada vez más prepotente, bajo la guía de sanedrines tecnocráticos sin la participación de quienes en las
líneas medias e inferiores de mando pueden aportar también su talento creativo, su
experiencia productiva y su capacidad de vigilancia en función del interés colectivo
en esas parcelas patrimoniales de la nación que les corresponde operar, mantener,
ensanchar y consolidar.
Esta gerencia no solo viola la aplicación en el seno de tan importantes unidades
del espíritu de la Constitución, sino que es factor fundamental de los niveles de productividad pública por debajo del verdadero potencial implícito en su vasta dotación
de recursos.
Las comunidades no participan en las decisiones de inversión y de operación
que implican elevados riesgos y costos sociales como la contaminación ambiental, la
congestión del tráfico, el encarecimiento de la propiedad de la tierra, etc. Por ejemplo, el lago de Maracaibo sigue siendo dislocado ecológicamente por la propia empresa pública del sector petrolero-petroquímico, sin que la deliberación pública y la
participación colectiva pueda exponer sus criterios y hacer valer sus derechos.
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3
Capitalismo de Estado y Sindicalismo de Estado
Los organizadores sindicales también han evolucionado en una dirección que
tiende a convertirlas en instituciones cerradas donde se dificulta el ascenso de los
diferentes estratos laborales a la dirigencia y se reproducen los mismos cenáculos
tradicionales en control del poder interno. Los recientes acontecimientos sindicales
en la Región de Guayana, donde una dirigencia emergente y radicalizada contra las
negativas consecuencias de este sistema ha recogido el apoyo mayoritario de las bases
sindicales, demuestra como la simbiosis de un corporatismo público autocrático, –
que ya hemos descrito–, y el sindicalismo de Estado, hace que cada vez más la dirigencia laboral se distancie de sus naturales bases de sustentación.
Una de las características del sindicalismo contemporáneo en Venezuela, bajo
la influencia del crecimiento del capitalismo de Estado, es que se ha convertido en un
sindicalismo de Estado, y en este proceso se aleja de su tradicional espíritu de lucha
frente a las organizaciones del capitalismo privado. La acción reivindicativa se burocratiza y las conquistas laborales adquieren cada vez más un componente paternalista. El mismo financiamiento de las organizaciones sindicales depende en grado creciente de los aportes del sector público. No solo se debilita internamente la
organización sindical por la falta de plena participación de los trabajadores en los
procesos electivos y en la conducción de esos instrumentos de lucha proletaria, sino
que la dependencia del sector público y las insuficiencias técnicas de sus propias organizaciones, les impide ejercer la influencia que le atribuyen las leyes en las decisiones de inversión y en la operación de las empresas públicas, conducidas por tecnocracias absorbentes, celosas de sus privilegios patronales, profesionales y políticos.
4
Carácter público de las corporaciones privadas
Las corporaciones privadas, –nacionales, transnacionales o mixtas–, que tienden a constituirse en estructuras monopólicas u oligopólicas, adquieren un poder
creciente sobre la sociedad que las conduce a trascender su ámbito privado y a afectar
en sus decisiones el interés global de los ciudadanos y de las localidades correspondientes. El solo poder monopólico u oligopólico de una corporación privada sobre
el mercado, puede convertirse en una forma de tributación de hecho asumida sin
delegación expresa del Estado. Cuando esa corporación pertenece a inversionistas
foráneos, el uso de su poder monopólico u oligopólico constituye un tácito ejercicio
de soberanía tributaria real dentro de nuestro territorio por una persona jurídica sujeta a la soberanía de otro Estado.
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Parte IX · Capítulo XX
Democratización social de las instituciones
En el caso específico venezolano, un subsector determinante de las corporaciones privadas absorben y manejan una proporción sustancial del excedente económico de la sociedad que distribuye y asigna el Estado. En algunos casos, como la planta de generación térmica de la Electricidad de Caracas, en Tacoa, o las instalaciones
de varias plantas de cemento, son legalmente inversiones privadas, pero de hecho
son públicas en lo que respecta a la fuente de sus ganancias. En realidad debe objetivamente caracterizarse como inversiones públicas por delegación otorgada al sector
privado. En lo que respecta a la propiedad accionaria debe considerarse el efecto del
financiamiento estatal en la formación de capital de estas empresas mediante el suministro de créditos a mediano y largo plazo, complementado por preferencias en el
suministro de divisas destinadas al servicio de sus pasivos externos y del componente foráneo de sus inversiones y las exoneraciones arancelarias sobre sus importaciones de medios de producción.
Jurídicamente estas corporaciones son entes de derecho privado. De hecho, social y económicamente, revisten un carácter público. En su seno, estas organizaciones,
que representan el hábitat laboral de una parte considerable de la población activa en
el sector moderno de la economía, y que controlan una importante proporción de la
oferta de bienes y servicios a la comunidad consumidora a veces se manejan autocráticamente, mediante la sumisión de sus ejecutivos, empleados y obreros a los designios
de las familias propietarias o de la alta gerencia y tecnocracia profesionalizadas. Los
ejecutivos intermedios, los empleados y los obreros no participan en la toma de decisiones internas que directa e indirectamente los afectan, como en la adopción de
proyectos de inversión sustitutivos de mano de obra frente a opciones socialmente
más racionales de más elevada intensidad laboral; en el uso de técnicas perjudiciales a
la salud física y mental de los trabajadores; en el diseño de sistemas que reducen en la
esfera productiva el ámbito operacional de los trabajadores y empleados y el uso de su
talento creativo. Ello va en detrimento del uso pleno del capital físico y del capital
humano del país. Esta forzada sumisión de los trabajadores y la exclusión que se les
hace de participar en los beneficios de los capitales corporativos, se traduce en una
baja productividad social del trabajo, en frustraciones de la masa laboral, en descontentos y en conflictos de consecuencias globales no siempre predecibles.
En lo que se refiere a las relaciones de estas organizaciones con la sociedad, sus
efectos son de tal magnitud que pueden resultar violatorios de postulados esenciales
de la Constitución de la República. No solo se trata de su poder monopólico u oligopólico sobre los consumidores. Como lo han demostrado analistas contemporáneos,
la moderna corporación no organiza sus planes de producción en atención a las preferencias dictadas por la soberanía del consumidor, como se predica en la religión
económica del liberalismo clásico. Estas decisiones se adoptan de acuerdo con las
posibilidades técnico-económicas de los ofertantes en función de los objetivos de
maximización de sus beneficios privados, y se imponen mediante la persuasión diri217
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gida a la sociedad consumidora en el contexto de los parámetros psicológicos condicionados por la presión de los recursos comunicacionales controlados o contratados
por los mismos productores y comercializadores de los bienes y servicios ofertados.
Eso les permite inducir las preferencias y elasticidades de la demanda sobre cuya base
pueden ejercer su poder de tributación monopólica u oligopólica. Sus decisiones
económicas pueden negativamente afectar el nivel de bienestar de las localidades
donde operan y eventualmente generar en éstas costos sociales superiores a los beneficios que proyectan sobre sus pobladores.
5
Democratización interna de los partidos políticos
Creo que lo más importante de una reforma del Estado es la transformación de
sus instituciones y de sus centros de poder, de tal manera que, por una parte, internalicen plenamente en su comportamiento la normativa democrática de la Constitución,
y por la otra, produzcan y esparzan justamente sobre la colectividad y los sectores
sociales –cuya representación ejerzan– los beneficios que constitucionalmente están
obligados a generar. En el caso específico de los partidos políticos y de los sindicatos,
la sociedad debe asumirlos como instituciones de servicio público, y determinar los
mecanismos concertados de supervisión para garantizar que su legitimidad y su libertad de acción estén basadas en la aplicación en su vida interna de las mismas normas
democráticas que constitucionalmente son de imperativo cumplimiento para el resto
de la colectividad institucionalmente organizada. Sus procesos eleccionarios internos
y la renovación periódica de sus dirigencias, sus mecanismos de financiamiento, la
calificación e idoneidad profesional y moral de sus representantes públicos, etc., deben
ser materias sometidas a la supervisión de organismos plurales –como las autoridades
electorales– transparentemente integrados y respetuosos de los derechos de las minorías. Parte importante de esta acción protectora del interés público en la conducción
de los partidos debe ser la limitación estricta a las necesidades esenciales de comunicación, información y difusión doctrinaria del nivel de gastos de propaganda electoral, del tiempo utilizado en los medios audiovisuales y del espacio en los medios escritos. Pero estos gastos deben limitarse cuando carecen de valor informativo y
educativo para la sociedad y la población electora y constituyan propaganda artificialmente competitiva. Su excesivo costo tendría similar resultado que la propaganda
competitiva de los oligopolios y los gastos bélicos de las grandes potencias que se
neutralizan en sus efectos y dejan el saldo de altos costos sociales y de la subordinación ideológica de los partidos a grupos económicos financieramente poderosos.
De esta manera, como ocurre en Inglaterra y en otras democracias occidentales, se debe inducir a las maquinarias políticas a utilizar y movilizar el potencial or218
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ganizativo y propagandístico de sus militancias, y acercarse cada vez más a los sectores de la población que constituyan sus naturales bases de apoyo.
Para transformar a los partidos y sindicatos en verdaderos instrumentos de
poder democrático, se requiere que la sociedad contribuya a través de la acción del
Estado, a suministrarles todo el apoyo que sea necesario para la educación de sus
cuadros medios y dirigentes. De esa manera podrán disponer de la idoneidad técnica
en el ejercicio de poder, que reduzca su dependencia o impotencia frente a los intereses económicos privados organizados que controlan parte decisivasç del capital
científico, cultural y organizativo de la sociedad. Apoyos públicos tales como programas de becas para jóvenes trabajadores, acceso organizado a los centros de investigación académica, presupuestos para universidades y centros de formación gerencial
pública, publicaciones políticas, económicas y sociales y culturales, deben facilitarse
a los partidos y a los sindicatos, al mismo tiempo que éstos orienten en tal dirección
una parte importante de los recursos que capten de sus militancias y que obtengan
por los mecanismos de contratación colectiva.
6
Socialización interna de las empresas públicas
Las organizaciones públicas, y específicamente las empresas cada vez más importantes en la economía del Capitalismo de Estado, deben ser objeto de una profunda modificación en su comportamiento interno que facilite la participación creativa
de sus ejecutivos, empleados y obreros en la toma de las decisiones fundamentales
que positivamente afecten el patrimonio productivo y la productividad, la formación
y aprovechamiento del capital humano, y la interacción y solidaridad social entre los
integrantes de la fuerza laboral.
Aspecto determinante de este proceso de democratización del sector capitalista
del Estado es el establecimiento de sistemas transparentes en la distribución del excedente económico que generan, para que se asigne racionalmente y se optimicen los
resultados de su aplicación. Podrá así lograrse la participación lógica que corresponda al Estado para contribuir al progreso de la sociedad en su conjunto, asegurar los
recursos internos para la acumulación de patrimonio productivo a nivel de la unidad
respectiva, proteger la remuneración justa para los trabajadores en función de su
bienestar y de su capitalización humana, y proveer los gastos para absorber y reducir
a nivel nacional los costos sociales que sus operaciones productivas generen. Será
necesario sincerar los sistemas de distribución interna del ingreso real de las empresas públicas y evitar que aristocracias laborales prevalidas de su poder sindical o político, absorban una exagerada proporción de los excedentes empresariales públicos
en detrimento del interés global de la nación, del crecimiento del patrimonio produc219
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tivo de estas unidades y de la compensación que debe asegurarse a las comunidades
donde están establecidas y donde se proyectan directamente los mayores costos sociales de sus actividades. Esta vigilancia laboral, organizada a través de los mecanismos de participación respectivos, impedirá que el excedente empresarial público se
filtre en el proceso de las adquisiciones y de las ventas hacia los grandes intereses
privados locales y foráneos, en detrimento de los beneficios de la empresa del Estado, de la comunidad y de los trabajadores. La práctica empresarial de la gerencia
pública debe impedir que por comprar más caro sus insumos productivos o vender
más barato sus productos sea trasegado a poderosos intereses privados parte sustancial de los excedentes económicos reales producidos por la propiedad del Estado.
La acción de los organismos públicos sobre la comunidad debe someterse a
sistemas participativos donde las decisiones que más directamente afecten a las colectividades –los consumidores y los vecinos, por ejemplo– sean tomadas mediante
un proceso deliberativo que permita incorporar los más diversos criterios de los
sectores interesados, auscultar las diferentes opiniones y generar el más sólido consenso que asegure el mayor grado de legitimidad y aceptabilidad de las medidas
adoptadas. La institucionalización de la participación de los consumidores, de los
vecinos, de las Universidades y otros centros académicos y de investigación, en las
decisiones de estos entes públicos, debe hacerse imperativa –y en algunos casos vinculante–, para aquellas acciones que tengan un impacto determinante sobre la sociedad, la localidad y la vida misma de la unidad decisoria.
7
Conducción democrática de las corporaciones privadas
Debe abordarse la necesidad de hacer compatible la conducta, tanto interna
como externa, de las grandes corporaciones nacionales, transnacionales o mixtas,
con la normativa democrática y el espíritu nacionalista de la Constitución. Una vez
que la corporación trasciende su dimensión estrictamente privada y penetra profundamente en los dominios del interés público, debe estar supervisada por la sociedad
a través de los órganos más apropiados para asegurar que los beneficios que obtenga
sean cada vez más la expresión o el resultado de los beneficios que proyectan sobre
la sociedad, la masa laboral, las comunidades y la localidad. Esta supervisión social
debe procurar la minimización de los costos reales que estas organizaciones descargan sobre la colectividad en forma de contaminación, congestión, etc.
Como hemos indicado, la corporación privada que adquiere condición monopólica u oligopólica, puede de hecho invadir las facultades tributarias del Estado. Por
esta razón, sus particulares mecanismos de administración de sus precios deben ser
sometidos a control público. En este mismo sentido, el sistema impositivo debe ser
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Parte IX · Capítulo XX
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rediseñado a objeto de que estas unidades corporativas tributen más al Estado cuando sus rentas gravables crezcan por efecto de sus prácticas monopólicas u oligopólicas de fijación de precios. Como compensación o estímulo en función de un mayor
grado de eficiencia social de estas unidades corporativas, las cargas fiscales deben ser
menores cuando sus beneficios sean el resultado de la optimización en el uso de los
recursos sociales que aplican, reflejada en el aprovechamiento pleno de su capacidad
instalada y en la ampliación de sus mercados gracias a sus costos unitarios decrecientes y sus precios estables. En síntesis, el Estado debe inducir, mediante su acción
fiscal, el comportamiento de las corporaciones económicas nacionales, foráneas o
mixtas con el propósito de que sus beneficios privados constituyan el reflejo de los
beneficios que generan para la sociedad en su conjunto. Eso significa que los rendimientos crecientes de sus actividades productivas deben resultar de sus costos sociales decrecientes en términos de contaminación ambiental, congestión de tráfico, destrucción de recursos renovables y no renovables, etc.
En lo que se refiere a la conducción interna de sus actividades, la sociedad debe
velar a través de los órganos correspondientes del Estado, para que la participación
de la fuerza laboral en estas organizaciones se corresponda cada vez más con la normativa democrática de nuestro orden constitucional. Para aquellas unidades corporativas que implanten sistemas co-gestionarios en su funcionamiento y administración, el sector público debe otorgar también tratamientos preferenciales que
contribuyan a estimular y a extender estos procesos de democratización interna. En
el caso específico de la concesión pública de créditos, exoneraciones arancelarias,
preferencias cambiarias, etc., deben establecerse las condiciones referidas a sus procesos de administración interna y de toma de decisiones que deban cumplir esas organizaciones para que puedan acceder al uso de tales incentivos. En el mismo sentido, las mismas condiciones del otorgamiento de incentivos a corporaciones
económicas privadas podrían administrarse con el fin que diferentes sectores sociales puedan participar directa e indirectamente en la toma de aquellas decisiones corporativas que afectan el bienestar de los consumidores y usuarios de su producción
de bienes y servicios y a las comunidades donde sus operaciones generan costos sociales, como contaminación ambiental y congestión de tráfico que merecen una solución concertada entre las empresas y los vecinos organizados.
8
Privatización de la propiedad pública y socialización de los
ingresos producidos
Las propuestas formuladas en el precedente capítulo adquieren mayor relevancia en la actual coyuntura institucional de la economía venezolana, cuando se pro221
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mueve un activo proceso de privatización para sustraer del ámbito de la operación
directa del sector público a un conjunto de empresas que se asume pueden ser operadas con mayor eficiencia comercial por parte del capital privado. También adquieren mayor vigencia estos planteamientos cuando se promueve una mayor apertura
hacia la inversión extranjera directa en las industrias de transformación de los insumos básicos producidos por las empresas públicas en sidero\metalurgia y en petroquímica, dirigidas a lograr producciones de gran escala con destino a las exportaciones y a la sustitución de importaciones.
En lo que se refiere a la tesis de la privatización no se debe adoptar una posición
dogmática, sino enfocar la respectiva decisión a la luz de la supuesta relativa eficiencia social de la empresa privada frente a la supuesta ineficiencia social de la empresa
pública en la misma actividad del sector público destinada a lograr similar resultado.
Debe tenerse en cuenta al mismo tiempo que el correcto concepto de eficiencia aplicable no es el criterio estrictamente privado, sino una medida de eficiencia social o
de beneficio colectivo, aproximadamente cuantificable con las modernas técnicas
que nos ha aportado la disciplina de la economía del bienestar y la metodología del
análisis de beneficio/costo. Si a la luz de este análisis es socialmente más rentable –en
áreas específicas comparables– la operación privada que la pública, debe procederse
a la instrumentación del proceso de privatización. La experiencia escandinava, en el
caso de Suecia, demuestra que en un Estado es posible cumplir con los propósitos de
beneficio colectivo a través de un activo papel del sector privado en la propiedad y
en el manejo de los principales medios convencionales de producción. Pero ello implica que, por una parte, el proceso de privatización contemple una elevada dosis de
democratización social interna de la estructura de gran empresa privada en los términos señalados, y por la otra, que el incremento en el valor agregado que se logra
gracias a este proceso, se distribuya y aplique de manera tal que crezca continuamente el patrimonio productivo del país a través de la inversión socialmente productiva,
que los trabajadores reciban las compensaciones merecidas por su mayor productividad, que la comunidad donde operan participe de este mayor nivel de prosperidad, y
que el Estado reciba su justa participación tributaria para atender las necesidades
globales de la sociedad. Es decir, que somos partidarios de la privatización socialmente eficiente, en la medida en que vaya acompañada de un intenso proceso de
democratización interna de las empresas y de un razonable grado de socialización en
el uso de los resultados de las operaciones privatizadas.
Para las empresas transnacionales que han de tener acceso por vía de las inversiones directas, a la explotación secundaria o terciaria de nuestra producción de insumos básicos, debe implementarse un código de conducta de carácter imperativo
vinculante, que asegure el mismo proceso de democratización interna y externa que
hemos propuesto como la normativa aplicable a las unidades corporativas públicas y
privadas de carácter nacional. Muchas de estas empresas transnacionales no harán
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Parte IX · Capítulo XX
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aquí nada diferente de lo que los Estados las obliguen o las induzcan a hacer en sus
países de origen. Esto será más verdadero si tomamos en cuenta que en el capital
accionario de las grandes empresas transnacionales cobra, una posición cada vez más
importante la propiedad de los fondos de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores, y si observamos la creciente importancia que en el mundo corporativo transnacional están cobrando cada día más las corporaciones capitalista de Estado.
9
Propiedad laboral en las alturas dirigentes de la economía
El proceso de democratización corporativa y de justicia en la distribución y uso
del ingreso social neto en sus correspondientes resultados productivos, puede acelerarse mediante la creación de un poderoso mecanismo financiero de propiedad accionaria laboral, que adquiera participaciones en las corporaciones públicas y privadas en las “alturas dirigentes” de la economía: grandes industrias metalúrgicas y
metalmecánicas, transporte y comunicaciones, electricidad, cemento, etc. Nos referimos a un fideicomiso constituido con los aportes de una parte de las reservas para
prestaciones de los trabajadores, una proporción de los aumentos de sueldos y salarios, créditos del Estado, préstamos internos y externos públicos y privados. De esta
manera, las clases trabajadoras y medias organizadas podrían adquirir en el país una
sólida cartera de inversiones en grandes empresas, hoy exclusivamente controladas
por el capital estatal nacional y por el gran capital privado foráneo. Así se garantizaría
el derecho de los trabajadores y clases medias profesionales organizados a participar
en los procesos decisorios en estas alturas dirigentes de la economía y en la ampliación y valorización del patrimonio neto de estas corporaciones.
El sector público pudiera capitalizar parte de sus préstamos o acreencias a grandes corporaciones privadas en áreas como la electricidad, industrias metalmecánicas,
cemento, etc., y donarlos a este fideicomiso en calidad de activos propios para contribuir, por una parte, a la democratización de las correspondientes estructuras corporativas, y por la otra, a asegurar en el mediano plazo su recuperación, en beneficio
de los ingresos y de la propiedad social de los trabajadores y profesionales organizados. Los mecanismos más idóneos de supervisión y fiscalización por parte del Estado, mediante entes nacional e internacionalmente calificados, asegurarían la más
elevada competencia técnica en la gerencia de este patrimonio laboral y en la conducción de sus operaciones según los más exigentes criterios financieros y éticos.
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Parte X · Capítulo XXI
La conmoción social y el gran viraje de la
política económica
El Presidente Electo para el período 1989-1994, Carlos Andrés Pérez tuvo la
deferencia en los comienzos del mes de enero de 1989 de solicitar mi opinión acerca
de lo que yo creía aconsejable a los fines de su consideración para preparar su Mensaje Inaugural al Congreso de la República al iniciar su nuevo mandato constitucional. Fiel a la ética de la franqueza y la lealtad que rigieron siempre nuestas relaciones
como amigos e interlocutores, le expresé en correspondencia del 31 de enero de 1989
los riesgos económicos, sociales y político-institucionales que podrían derivarse inmediatamente del conjunto de medidas de tratamiento shock contempladas en Programa de Ajustes Económicos con que el pensaba iniciar su nueva administración, y
que podrían no solo frustrar aquellos propósitos legítimos de rectificación de las
distorsiones e irracionalidades acumulados, asociadas al crecimiento cuantitativo de
la economía nacional y de sus fuerzas productivas, sino también poner en peligro la
estabilidad misma de la democracia venezolana.
En el Memorándum entregado al Presidente Electo el 31 de enero de 1989,le
expresé que “De acuerdo con la información a nuestro alcance, no hay la menor duda
que en su orientación fundamental, la nueva política económica contiene implícito
un peligro de ruptura en la continuidad del pensamiento económico y social del
presidente Carlos Andrés Pérez, una pérdida de identidad concep­tual con los valores
del paradigma social democrático de avanzada, y un riesgo de incompatibilidad con
las realidades del poder político en la sociedad venezolana. Desde el punto de vista
estrictamente técnico, en atención a las variables cuantificables de su modelo macroeconómico, poco podría obje­tarse a las proposiciones del distinguido colega Dr.
Miguel Rodríguez, en mi opinión el más brillante macroeconomista con que cuenta
el país. Pero desde el punto de vista de la trama de realidades subyacentes, no cuantificables, de la distribución del poder económico y político en Venezuela, la instrumentación súbita de ese diseño, sin la modificación de los respectivos desequilibrios
y distorsiones sociales e institucionales, nos sometería al riesgo de un fracaso no
previsible en la consistencia estrictamente economicista del análisis en que se fundamenta. Ello simplemente revela la insuficiencia de las disciplinas económicas para
aprehender toda la compleja trama de la vida económica y social de un sistema político y social en agudo proceso de crisis, descomposición y decadencia”.
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Expliqué luego que “El paquete de medidas propuesto tiene la requerida calidad técnica para convencer a las autoridades del Fondo Monetario Internacional,
del Banco Mundial, y posiblemente, a la banca acreedora, de la necesidad de aportar
recursos financieros para la corrección de los desequilibrios externos en un ambiente de crecimiento selectivo de nuestras fuerzas productivas y para una reordenación
en la secuencia temporal del pago del servicio de la deuda externa. Consideramos
que ésta ha sido una valiosísima contribución del “Paquete” para un crecimiento no
inflacionario de la economía, formulado por el distinguido colega Miguel Rodríguez. No tenemos por qué dudar de que podemos disponer de los recursos de divisas aportados por estos entes para afrontar la transición hacia ese crecimiento real,
no inflacionario. El planteamiento venezolano formulado en este diseño es, desde
el punto de vista estrictamente técnico-económico, lo suficientemente convincente,
para asegurar a estas instituciones y a los demás acreedores, que el uso del potencial
productivo interno puede ser activado y reordenado hacia la producción de bienes
transables, que generan en el mediano plazo los recursos de cambio externo con los
cuales pagar a satisfac­ción el servicio de la deuda externa. Esto constituye un sólido
factor para reiniciar el proceso de reexpansión selec­t iva de la economía, que se propone el Presidente Carlos Andrés Pérez’’. Traté luego de anticipar las conclusiones
principales del respectivo memorándum en los siguientes términos: “El problema
comienza cuando se analizan la inserción de este programa en la realidad social y
política interna y la articulación de las medidas específicas entre sí y con las variables del poder económico y político del país. La incompatibilidad entre la eficacia
externa señalada en el punto precedente y la necesidad de un consejo social interno,
puede generar una serie de fricciones políticas e institucionales, que obliguen en
breve plazo a la rectificación del programa, y en consecuencia, a la pérdida de credibilidad en la seriedad y capacidad de la dirigencia gubernamental para afrontar
exitosamente la crisis. De esa manera se perdería el apoyo de la economía privada
interna para com­plementar el proceso público de inversión, se acentuaría la presión
de los operadores financieros sobre la paridad de la moneda, y se pondrían en peligro los desembolsos de los correspondientes financiamientos externos…”
Me permití recomendar que “El mensaje inaugural del Presidente debe centrarse, en lo relacionado con las medidas económicas, a enunciar el marco referencial que indique y convenza a los diferentes sectores de la nación sobre su factibilidad para corregir, durante el período, y sin traumatismos perturbadores, los
desequilibrios estructurales internos y externos, sin detallar las medidas específicas
contempladas. En la mente del Presidente debe estar presente la capacidad de absorción de las medidas, sin desequilibrios innecesarios, por el potencial productivo del
país, por la solidez estructural de su sector externo a mediano plazo, por las diferentes clases e intereses sociales y por la comunidad política democrática. La dimensión temporal de la ampliación de las medidas, para su respectiva gradualización a
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Parte X · Capítulo XXI
La conmoción social y el gran viraje de la política económica
objeto de suavizar en el tiempo su impacto perturbador sobre el cuadro social e
institucional y asegurar el mayor grado de consenso interno para su instrumentación exitosa, debe tener importancia decisiva en este enfoque. Este análisis realista,
a la luz del horizonte temporal de la aplicación de las medidas, debe referirse al
contexto de decisiones sobre aspectos tales como: la unificación cambiaria en función de la acumulación de las reservas internacionales, la protección del valor real
de los ahorros tomando en cuenta los éxitos de la lucha contra la inflación y contra
el desequilibrio externo, y los movimientos internacionales de las tasas de interés;
los aumentos de sueldos y salarios y otras medidas compensatorias según la creciente capacidad de la economía para absorberlos; la reforma progresiva del sistema
fiscal en consonancia con el crecimiento del ingreso real de los contribuyentes, etc.
Sobre la base de una coherente declaración de principios en materia económica, el
Presidente debería de inmediato abocarse con su equipo a examinar la articulación
de las medidas específicas a la luz de este marco conceptual y metodológico”. Texto
completo del memorándum del 31 de enero de 1989 para el Presidente Electo). (Ver
parte anexos).
Anunciadas la medidas inmediatas del Programa de Ajustes de lo que se denominaría Gran Viraje, no fuimos sorprendidos por la explosión de violencia social
en la Región Metropolitana. En conversación con el Ministro de Cordiplan del
nuevo Gobierno –más tarde presidente del Banco Central de Venezuela– mi amigo
el doctor Miguel Rodríguez en el momento en que salía para una reunion con los
directivos del Fondo Monetario Internacional en Washington, le expresé lo que
percibia como una desquiciadora reacción de vastos sectores empobrecidos en la
precedente situación de estancamiento economico y de destrucción del poder adquisitivo de las mayorías trabajadoras en el sector formal y en el sector informal de
la economia. Temía –le manifesté con preocupación– que al regresar de Washington podría encontrar a la ciudad ardiendo por los cuatro costados. Así ocurrió a
partir del 27 de febrero de 1989, en lo que se conoció como “El Caracazo”.
El doctor Octavio Lepage, uno de los políticos intelectualmente más sólidos
de la dirigencia democratica del pais –Ex Secretario General de Acción Democrática en la primera etapa de la resistencia contra la dictadura militar derrocada en 1958,
ex-Presidente del Congreso Nacional, ex-Ministro de Relaciones Interiores– recuerda aquellos turbulentos acontecimientos desatados por la llama que encendió aquella pradera impregnada de explosivo combustible social. Comenta Lepage que en
los días iniciales del segundo gobierno de Pérez, AD incrementó sus reticencias
sobre lo que podía venir con el plan de ajustes. A la pregunta: ¿Se percibió el desastre social del país? Expresa que:
“Eso se atribuyó al aumento de la gasolina, que no hubo tal aumento, fue posterior. Fue una reacción espontánea inicialmente. Mi percepción es que era gente
que vivía en Guarenas, que ha sido siempre una ciudad dormitorio de Caracas, y
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cuando llegan y encuentran el 27 de febrero que los pasajes los han aumentado, que
nos los habían duplicado, reclamaron, y un chofer retrechero dijo: “Esa vaina va y
el que no quiera pagar, que no se monte”. La gente se exaltó, vinieron los gritos,
quemaron un autobús y eso se trasladó a Caracas. Ahora, esa reacción, espontánea
en sus momentos iniciales en Guarenas, cuando se extiende a Caracas los malandros se apoderaron del liderazgo de ese movimiento. No hay que perder de vista que
no fue atacada ninguna oficina del Gobierno, no hay un solo departamento oficial
que hubiera sido atacado por las turbas del 27 de febrero, fueron todos ataques a las
casas de abastos, a las ventas de la línea blanca, fue un gran robo colectivo aquello.
Lo que inicialmente comienza como una protesta legítima, se desbordó. Hay la idea,
de gente que conoce de esas cosas, de que eso adquirió la magnitud que alcanzó
porque intervino en la acción alguien veterano en movilización de masas o de grupos violentos; allí aquellos extremistas, que nunca se acogieron a la pacificación,
actuaron aprovechándose de aquella protesta espontánea de la gente. El país, el
partido, el Gobierno, todos fueron sorprendidos por aquella revuelta”.
“Pero –agrega– es que hay otro elemento que la mayoría de la gente ignora.
Pérez lo señaló mucho después, y es que para ese momento no existía prácticamente la Policía Metropolitana, que estaba en rebeldía, porque el Grupo Zeta era dueño
de la situación. La policía, que sí tiene entrenamiento para lidiar con disturbios callejeros, se inhibió y parece que en algunos casos hasta se sumó a los disturbios.
Tuvo que intervenir el Ejército –era ministro de la Defensa Ítalo del Valle Alliegro–
y el Ejército no sabe reprimir porque no está entrenado, por eso es tan peligroso
usar las Fuerzas Armadas en represión de disturbios, porque en cualquier momento
causa un problema muy grave”. (Ocavio Lepage: La conjura final. Editorial Arte.
Septiembre 2012.
Conversé con el Presidente, y pocos días después que ese intercambio de criterios se produjo, le resumí mi opinión en el Memorándum entregado el 7 de marzo
de 1989.En este documento concentré mi atención en el diagnóstico de los problemas sociales generados por las irracionalidades e ineficiencias del sistema económico que impiden su equilibrado crecimiento y que pueden socavar las bases mismas
de las instituciones del Estado democrático. En este sentido puse énfasis particular
en el hecho que, debido a las políticas contractivas iniciadas en 1979, se detuvo el
crecimiento del producto y del ingreso real y del empleo, lo que impide ahora absorber y neutralizar rápidamente el potencial de violencia social en estos sectores. El
tiempo que los individuos y familias permanecían en la marginalidad se reducía
continuamente gracias al crecimiento del empleo en los sectores de la producción de
bienes y servicios públicos y privados. Existía una rotación y movilidad sociales que
atenuaba el peligro que significa para una parte sustancial de la población sobrevivir en estado de creciente miseria económica. Las “salidas” del estado de marginalidad se han rezagado y reducido de manera absoluta. Las “entradas” rápidamente
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Parte X · Capítulo XXI
La conmoción social y el gran viraje de la política económica
se han incrementado con la subproletarización de las clases proletarias y con el
proceso de proletarización de la clase media. El período de permanencia en la marginalidad se ha prolongado, al mismo tiempo que la miseria que padecen estos
sectores se intensifica con las oleadas de nuevos entrantes procedentes del campo,
de otros países, de las clases trabajadoras tradicionales, del crecimiento demográfico
explosivo del mismo sector. Estos deben distribuirse un producto económico, principalmente en la economía informal, en proceso de intensificado estancamiento.
Determinar el factor que transforma estas condiciones en destructiva violencia social, es como predecir, en la especialidad de la ingeniería de resistencia de materiales, cuál es el miligramo que produce el punto de fractura.
La proletarización de las clases medias, sobre todo la proletarización de los
estratos profesionales debido al proceso inflacionario y al estancamiento en el
empleo y en las remuneraciones profesionales reales, genera un potencial de violencia organizada que al converger, en un momento crítico determinado, con
la explosión social anárquica de los sectores marginales, amenaza la existencia de
todo el sistema político y social existente. En los sectores de la clase media profesional arruinada, de los oficiales militares en los rangos bajos y medios, y en el
estudiantado y de la marginalidad, se genera la oferta de los impredecibles liderazgos anárquicamente estimulados para resolver la profunda crisis estructural que
padece la sociedad venezolana en las actuales circunstancias. La convergencia de
estas dos fuerzas puede determinar el derrumbe y la sustitución del presente orden económico, social e institucional.
Después de mencionar una serie de programas específicos destinados al propósito de prevenir la conflictividad determinada por la pobreza destructora del
capital humano del pais y del patrimonio institucional de la democracia, advertimos sobre la imperatividad de una reforma fiscal que impida que los efectos positivos en el corto plazo de una cruzada social de esta naturaleza sean anulados
poco después mediante la destrucción inflacionaria del poder adquisitivo interno.
Esta prevision la explicamos en este documento cuando afirmamos que ‘’Una
acción estructurada sobre la orientación señalada en este memorándum, debe ser
utilizada como pieza táctica para inducir y obligar a los factores del establecimiento económico y de la oposición, a aceptar una reforma a fondo del sistema de
tributación sobre el consumo suntuario, las ganancias excesivas internas y externas y los incrementos en los valores de patrimonios reales y financieros. Deberán
presentarse los programas correspondientes, como una gran inversión en bienestar social y en capitalización humana, para reproducir nuestra fuerza de trabajo en
condiciones cualitativas cada vez más propicias al progreso material e intelectual
del país. Pero actualmente el Gobierno estaría tan solo en condiciones de aportar
una modesta cuota inicial para el despegue de los programas respectivos. Para
concretar estos programas en el plazo más corto posible, y lograr así las metas
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propuestas, será necesario que los sectores privilegiados y la oposición no resistan
la aprobación de la reforma tributaria progresiva”, de donde habrán de obtenerse
los recursos requeridos para aumentar la producción y el consumo social de los
sectores más pobres sin perjuicio de las inversiones productivas y de la solidez del
valor interno y externo del signo monetario. (Anexo 2: Memorándum para el Presidente de la República del 7 de marzo de 1989).
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Parte X · Capítulo XXII
Del Plan de Ajustes a la reactivación
económica
Los costos económicos y sociales del Plan de Ajustes
La acentuación de la insuficiencia real del gasto público y de la oferta monetaria para explotar el potencial productivo ocioso, no dejó esperar sus efectos
contractivos. El Producto Interno Bruto Real cae de 477.564 millones de bolívares en 1988 a 460.813 millones en 1989 –4%–, y el desempleo durante el mismo
lapso asciende de 7.3% a 9.2% de la fuerza de trabajo. “El Plan de Ajustes” que
procuraba lograr más elevados niveles de eficiencia microeconómica, resultó en
un inmediato descenso de 6% del producto real por persona de la fuerza de trabajo ocupada y de 15% por persona de la fuerza laboral total. Los ingresos reales
del trabajo y del capital privado de medianos y pequeños empresarios declinaron
notoriamente. En los estratos laborales respectivos se intensificó la explotación
de los trabajadores por el capital publico y el capital privado, lo que permitía un
nivel moderado de remuneraciones empresariales cuya reinversión podría frustrarse si no se detenía la fuerte declinación de la demanda agregada interna superior al 15% durante 1988-1989.
Despues de la contracción económica inducida en 1989 por el sector público,
la remuneracion real del capital comenzó a recuperarse en 1990 y se expresaba en el
aumento en la tasa de explotación del trabajo por el capital, tanto en el sector empresarial privado como en el sector empresarial público. Esta variable –dada por la
relación entre la participación del capital y la participacion del trabajo en la distribución del ingreso nacional–, se incrementó de 1.60 en 1989 a 1.88 en 1990. Esta caída
de la participación del trabajo en la distribución del Ingreso Nacional Real de 39%
a 35% ejerció sus inmediatos efectos negativos sobre el nivel de vida de las mayorías
consumidoras. Para impedir una más pronunciada caída del consumo de alimentos,
–que es más drástica para las clases pobres que para toda la población consumidora–, las familias afectadas reajustaron la microeconomía de sus hogares, disminuyendo el gasto en otros rubros de su presupuesto. Los recursos reales por persona
dedicados a la compra de bienes duraderos de consumo –medios de transporte
privados, neveras, cocinas, lavadoras, etcétera.– declinaron en detrimento de la producción y del empleo en la industria manufacturera.
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A este descenso en los indicadores de consumo privado hay que agregar la baja
en la calidad de los servicios públicos que constituyen una reducción, –a veces imperceptible– en el nivel de vida de los estratos empobrecidos de las clases trabajadoras y medias. El gasto del sector público en bienes y servicios para atender sus obligaciones sociales se contrajo considerablemente. Los sueldos y salarios reales de los
servidores del Estado caen en cerca de 50%, y las dotaciones gubernamentales en
capital físico por persona declinan en 15%. Ello obviamente implicaba una decreciente calidad de los servicios públicos y una baja capacidad de atender las presiones
sobre ellos derivada de una población sometida a un grado creciente de subnutrición,
de enfermedades, de violencia, de inseguridad, etc,.
En síntesis, el efecto inicial del paquete de medidas de reajuste económico –no
anunciado ante el electorado en la campaña electoral de 1988– fue la intensificación
del proceso de descapitalización física y de descapitalización humana de los hogares
más pobres.
El objetivo de los financistas foráneos de cobrar puntualmente el servicio de
sus acreencias en esas condiciones era incompatible con la instrumentacion de un
programa de recuperación económica a corto y mediano plazo, pues implicaba, por
una parte, una restriccion del gasto público interno en la defensa del capital humano,
y por la otra, limitaba los medios de compra del componente foráneo de los programas de inversión destinados a la produccion de bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones.
La instrumentación del Plan de Ajustes y de sus correctivos
El Presidente de la República y la dirigencia gubernamental internalizaron
pronto la gravedad de los efectos del Plan de Ajustes. Esto permitió que las autoridades –sin perder de vista los objetivos esenciales del programa de modernización y
racionalizacion de las instituciones y de las políticas públicas– al mismo tiempo instrumentaron medidas correctivas eficaces para concretarlos en tiempo razonable al
menor costo social posible.
Como lo habíamos previsto en el Memorándum al Presidente Electo el 7 de
marzo de 1989, se comenzaron a aplicar soluciones de emergencia para contener los
estallidos sociales en los sectores y las regiones más críticamente afectadas. Se tuvo
que escoger entre la compra de equipos y materiales para enfrentar las arremetidas
populares, y la compra prioritaria de productos lácteos para proteger la nutrición y la
salud de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Para amortiguar el desempleo causado por la contracción en marcha, hubo que incorporar al sector público
decenas de miles de personas –todavía subpagadas y técnicamente subdotadas– que
constituía el 55% del desempleo parcialmente generado por el propio Estado. Las
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Del Plan de Ajustes a la reactivación económica
distintas compensaciones de carácter alimentario, educacional, laboral, etc., hicieron
que las transferencias públicas corrientes al sector privado se incrementaran considerablemente.
Todo este gasto fiscal compensatorio se realizaba ahora en el contexto de una
seria determinación estatal de estimular la cooperación del establecimiento económico privado y el uso de sus beneficios y de su riqueza financiera interna y externa
como factor fundamental necesario para la requerida reactivación de las fuerzas productivas de la nación.
¿De dónde iban a salir los recursos, con un producto real estancado, para que
los más ricos dispusieran de la misma riqueza y los pobres no vieran descender sus
niveles de consumo esencial?
Anticipándonos a las consecuencias desestabilizadoras de la contracción y a la
rectificación que inevitablemente instrumentarían las autoridades para prevenirlas,
habíamos advertido en el citado Memorándum del 31 de enero de 1989 para el Presidente Electo, que “la logística para la elevación de los precios y de las tarifas de los
servicios, de las alzas del tipo de cambio y de los tipos de interés, y de la eliminación
de los subsidios indirectos, está lista para concretar el efecto que se propone el paquete de medidas económicas internas. Pero la logística para la red de comedores
populares, para las becas a los estudiantes de las clases pobres, para los programas de
vivienda de interés social, etc., es, en medida sustancial, inexistente. La única vía
compensatoria inmediata es la que puede instrumentarse mediante un aumento de
sueldos y salarios, que al aplicarse de manera inmediata y no de manera gradual
–para ser absorbida por el crecimiento del sector real de la economía– acelerará el
proceso de la inflación de costos que va a generar la unificación cambiaria y la elevación del precio de los insumos públicos como los combustibles, la electricidad, el
agua, los fertilizantes, etc. El valor real de esta compensación salarial se extinguirá
en un período relativamente corto. Cuando se sienta el efecto retardado de las demás
compensaciones, las consecuencias del impacto de carácter negativo de las medidas
habrán ejercido repercusiones sobre las realidades del poder político y habrán generado las correspondientes rectificaciones y ajustes, casuísticos y accidentados, que
mermarán sustancialmente la capacidad del gobierno para la dirección económica
del país”.
En los primeros meses de 1990 se aceleró la instrumentación de las medidas de
rectificación y de compensación acordadas y sus resultados positivos se fueron cosechando en los meses restantes de 1990 y durante 1991, 1992 y 1993.
Desde fines de 1989 se había iniciado la ejecución de los programas para la más
rapida superación de los efectos negativos del impacto de los hechos económicos y
politicos ocurridos a fines de febrero, a pesar que el aporte de los ingresos fiscales
petroleros al ingreso nacional había declinado a partir de entonces de 19% a 14% en
1992. La formación bruta de capital fijo se incrementó en más de una tercera parte al
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ascender en términos reales de 64.017 millones de bolívares en 1989 a 112.977 millones de bolívares en 1992. Esta expansión de la inversión estuvo relacionada con la
restauración de la confianza económica en los principales factores de los negocios
internos y externos revelada en el hecho que durante el lapso 1990-1992 el coeficiente de respuesta positiva de la inversión privada frente al aumento de la inversión pública mejoró al pasar de 96 céntimos de bolívar a 1.4 bolívares de inversión privada
por cada bolívar de inversión pública.
La política de crecimiento económico debía partir realistamente de la premisa
de la existencia de un apreciable potencial productivo cuyo eficiente uso y continua
ampliación podían realizarse consolidando al mismo tiempo el equilibrio interno y
externo de la economía y la solidez del valor de nuestro signo monetario.
El estudio de las estadísticas económicas del correspondiente período, permiten ahora afirmar que tácitamente las autoridades administrativas, fiscales y monetarias en la instrumentacion de su reajustado programa de reactivación productiva,
ponían el énfasis en prioridad fundamental de reducción de la brecha entre el empleo
socialmente deseable –correspondiente a la situación de pleno empleo– y el empleo
realizado en las condiciones de desequilibrio mracroeconómico ahora en proceso de
corrección. En este sentido, el manejo socialmente racional del nivel y de la estructura de la demanda agregada interna fue dirigido hacia el logro de la meta de reducción del desempleo abierto incrementado desde 1979 cuando el gobierno socialcristiano puso fin a la política de pleno empleo exitosamente aplicada durante el primer
mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez. Este programa procuraba, por una
parte, reducir los costos sociales del desperdicio del capital laboral del país que se
expresaba en crecientes niveles de pobreza, conflictividad social e inestabilidad política, y por la otra, dotar a la fuerza de trabajo del capital físico que garantizara la
permanencia de sus empleos, crecientes niveles de productividad del trabajo y del
capital y una más justa distribución del valor agregado entre el capital laboral y el
capital empresarial. De esta manera se conjugarían más racionalmente las expectativas de bienestar de las mayorías y de la capitalización interna del ahorro privado en
la modernización y ampliación del capital productivo de la nación.
En función de los objetivos trazados para el éxito de este programa de crecimiento económico equilibrado, el Gobierno actuó decisivamente para la expansión
de la demanda agregada interna capaz de facilitar la absorción productiva de la mano
de obra desocupada, mediante el aumento del consumo privado esencial de las mayorías de las clases trabajadoras y medias y la formación de riqueza física y de riqueza
humana para aumentar sostenidamente la productividad del trabajo y del capital.
Las estadísticas demuestran que durante el período analizado, la demanda agregada interna real se incrementó en más de una quinta parte, al pasar de 358.985 millones de bolívares a 437.996 millones de bolívares, y dentro de ésta el consumo real
privado –que representaba más del 82% del consumo total– se incrementó en cerca
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Parte X · Capítulo XXII
Del Plan de Ajustes a la reactivación económica
de una cuarta parte, y la formación bruta real de capital fijo se amplió en dos quintas
partes. El resultado de la expansión de la demanda agregada interna real por persona
desempleada en 55% –de 584.626 bolívares a 905.900 bolívares– contribuyó a que la
proporción de la fuerza de trabajo ocupada aumentó de 6 millones de personas a 7
millones de personas –17%– y facilitó la reducción del desempleo acumulado de
660.000 personas a 580.000 personas –14%– y una baja de la desocupación laboral
de 4% y de la tasa de desempleo de la fuerza de trabajo de 10% a 7%. Esta notoria
incorporación al empleo de mano de obra –en gran medida no calificada– fue acompañada de un aumentó del 4% del producto interno bruto real por persona de la
fuerza laboral ocupada.
Iniciada en el primer trimestre de 1989 y negativamente interferida por la conjura política que ilegítimamente separó del poder al Primer Magistrado en el segundo
trimestre de 1993, fue el marco macroeconómico dentro del cual se produjo durante
1990-1993 una tasa promedio anual de crecimiento real del Producto Interno Bruto
No Petrolero de 5% coincidente con la tasa anual promedio de crecimiento de la
totalidad del Producto Interno Bruto.
El impulso de este moderado pero más autosustentable progreso de las fuerzas
productivas internas, se afincó en el uso socialmente más eficiente tanto de los recursos no renovables como de los recursos reproducibles. La reducción del desempleo
acumulado aseguro una mayor tasa de explotación del potencial productivo ocioso,
una mayor participación de los ingresos del trabajo y del capital en el Producto Interno Bruto.
La expansión dirigida de la demanda agregada interna se orientaba en funcion
de las metas respectivas, tanto de la reducción de los costos sociales del desempleo
abierto en la economía formal como del desempleo disimulado en la economía informal.
La participacion del Producto Interno Bruto realizado, que en 1989 representaba
el 91% del Producto Interno Bruto Potencial, subio a 94% en 1993, mientras el Ingreso Nacional –proporción del Producto Interno Bruto pagado por concepto de la remuneración de los factores productivos internos– pasó de 78% a 81%.
En la distribución del Ingreso Nacional, el capital del sector público percibía
una elevada participación, pero la del factor laboral declinó de 52% a 37%. En consecuencia, la tasa de explotación del trabajo por el capital –la relación entre los beneficios que recibe el capital en relación con los pagos que realiza por sueldos, salarios
y prestaciones– se intensificó al subir durante el mismo lapso de 0.90 a 1.7.
Las medidas que, después de la conmoción social del mes de febrero de 1989
adoptaron las autoridades gubernamentales en la forma de subsidios y otras compensaciones dirigidas a reducir la pobreza en los estratos laborales economicamente más
vulnerables, significaron una redistribución de parte del aumento de las ganancias
del capital del sector público hacia el sector privado de las clases trabajadoras. En esta
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forma el salario social se colocaba por encima del salario convencional, lo que los
diferenciaba de los sobornos sociales de corte populista, pues en sus más importantes rubros constituían una inversión de apoyo a la riqueza humana del país en empleo, educación, nutrición y salud. Las correspondientes mejoras en el poder adquisitivo de las mayorías fue factor determinante del aumento del consumo privado
–que representa 4/5 partes del consumo total– en más de una quinta parte y del
consumo privado per cápita en más del 10%.
La superación gradual interna de los equilibrios macroeconómicos y macrosociales se estaba afirmando en el contexto de una mejora sostenida en el balance de las
cuentas externas y de una creciente eficiencia real en el uso de los recursos de divisas
derivados de la extracción y exportación de nuestra riqueza no renovable y del ahorro
foróneo aplicado por el Estado venezolano. La industria petrolera venezolana –nacionalizada durante el primer mandato presidencial del presidente Carlos Andrés
Pérez (1974-1979) mejoró sus excelentes niveles de eficiencia operativa. En parte se
facilitó la absorbción por la empresa petrolera estatal del impacto negativo del descenso de los precios de los exportaciones petroleras de 20 dólares a 13 dólares por
barril y del valor de las exportaciones petroleras de 13.580 millones de dolares a
10.322 millones de dolares. El sector laboral petrolero en este proceso contribuyo
con parte del aumento del producto interno bruto del sector de 3.099.819 bolívares a
3.133.175 bolívares.
La utilización de los correspondientes excedentes económicos externos –complementada por la optimización del inventario de las reservas internacionales del
sector público– aportó al país parte sustancial de los recursos de divisas necesarios
para el pago del componente importado de los programas de crecimiento económico
nacional, en el sector de la economía no petrolera, cuya tasa promedio anual de crecimiento del 5% contribuyó a aumentar su aporte en la generación del producto interno bruto total de 75% a 77%.
El proceso de la efectiva consolidación de los equilibrios en las esferas
fiscales,monetarias y cambiarias, contribuyó a reducir el efecto desindustrializador
de la sobrevaluación de la moneda en la competitividad externa y externa de las correspondientes actividades productivas nacionales. Esto ejerció sus positivos efectos
iniciales cuando se estabilizó la relación entre el nivel general de precios y la tasa
nominal de cambio. La favorable contribución de la normalización de este indicador
sobre la estructura productiva, se infiere de la correspondiente asociación que se
constata con las modificaciones observadas durante el lapso analizado en la composición del producto interno bruto no petrolero y la participación de la producción de
bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones. Factor importante en
el proceso de industrialización es el efecto de la transformación –“aguas abajo”– de
los insumos procedentes de los subsectores siderometalúrgicos, hidroléctricos y petroquímicos completados en la fase final del V Plan de la Nacción 1976-1980.
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Parte X · Capítulo XXII
Del Plan de Ajustes a la reactivación económica
En medio de estos positivos resultados de la reactivación económica nacional,
fracasó la atrabiliaria asonada militar conducida por el Teniente Coronel Hugo Chávez
el 4 de febrero de 1992, y replicada el 27 de noviembre de 1992 por facciosos de las
fuerzas aéreas. El primero de estos intentos, que incluía entre sus objetivos inmediatos la detención y sumaria ejecución en el Estadium Universitario de casi un millar de
dirigentes políticos representativos del estamento dirigente del “puntofijismo” y de lo
que el gang conspirativo denominaría luego el liderazgo de la IV República –Plan
Kleber Ramírez– fue derrotado gracias a la sólida defensa del sistema democrático
por la mayoría absoluta de las Fuerzas Armadas, bajo la enérgica conducción de su
Comandante en Jefe el presidente Carlos Andrés Pérez, al rechazo de la población –y
en especial de las mayorías trabajadoras y profesionales organizadas–y a la recuperacion que se observaba en la producción y el ingreso nacionales el empleo y el aumento
de los ingresos laborales, los beneficios del capital público y privado, el consumo popular y las inversiones particulares y gubernamentales reproductivas
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Parte X · Capítulo XXIII
La fragilidad del proceso de recuperación
económica
Era imprescindible instrumentar programas específicos de restauración técnica
de los instrumentos de producción en apoyo de las principales medidas adoptadas
por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez destinadas a alcanzar superiores
tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto No Petrolero mediante la explotación socialmente más eficiente de la capacidad productiva instalada.
El logro de las metas del Programa de Ajustes en marcha, no se garantizaría en
el mediano y largo plazo si no se recuperaba del deterioro el stock de riqueza física y
de riqueza humana ocurrido durante la década del ochenta del siglo XX. Esta destrucción de riqueza nacional fue causada por el “enfriamiento” que el propio gobierno de turno desato en el primer semestre de 1979 como respuesta al imaginario recalentamiento de una economia cuya capacidad productiva ociosa reclamaba mas
bien el pleno uso de sus instalaciones, de su mano de obra y de sus renovables recursos naturales.
Cuando se inicia el mandato constitucional del presidente Pérez para el período
1989-1994, su nueva política económica debía corregir la reversión ocurrida en el
proceso de crecimiento del patrimonio productivo de la nación en general y del sector público en especial. La falta de utilización de la riqueza productiva se reflejó en
un descenso de la tasa de crecimiento del Patrimonio Económico de la Nación –la
suma de capital natural no renovablee del petróleo, el acervo neto de capital fijo y las
reservas monetarias internacionales– durante 1980-1988. Esta riqueza productiva de
la Nación creció a una tasa promedio anual notoriamente inferior a la experimentada
durante 1975-1979 –5% versus 7%–. Lo más preocupante era que durante los mismos lapsos el acervo neto de capital reproducible sustitutivo del capital no renovable
de los hidrocarburos redujo de 79% a 72% su participación en la composición del
Patrimonio Económico de la Nación.
Los elevados niveles de endeudamiento público externo –no destinados al
pago del componente importado de las inversiones internas sino a la reposición de
las reservas internacionales reducidas por la fuga de capitales privados– y el pago
injustificadamente puntual del servicio de las deudas pública y privada externas, por
una parte, incidieron en el descenso de la tasa de crecimiento del Patrimonio Económico Neto –estimado después de deducir del Patrimonio Economico la Deuda Pú239
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blica Externa menos las reservas internacionales de las autoridades monetarias–, y
por la otra, restringieron la masa de recursos de divisas aplicables a pagar el componente foráneo de la demanda agregada interna requerida para el cabal aprovechamiento del existente potencial productivo del país. De esa manera la represión de la
demanda agrega interna coincidia con el descenso del Producto Neto que resulta de
deducir del Producto Interno Bruto el consumo de Capital Fijo durante el correspondiente período. Esta magnitud se redujo durante 1980-1988 (-41%) en comparación
con el aumento (48%) experimentado en el subperíodo 1975-1979. Estas realidades
creadas por la contracción económica puesta en marcha por las propias autoridades
gubernamentales a partir de 1979, se han expresado en una baja sostenida de la tasa
de rendimiento del Patrimonio Económico Neto de la Nación desde 14% en 1978
hasta 3% en 1987.
Como ya hemos referido, fue factor decisivo en esta victoria de la democracia
contra la subversión militarista de 1992, la recuperación que se observaba en la producción y el ingreso nacionales, el empleo y el aumento de los ingresos laborales,los
beneficios del capital público y privado, el consumo popular y las inversiones particulares y gubernamentales reproductivas. Desde fines de 1989 se había iniciado la
superación de los efectos negativos del impacto de los hechos económicos y políticos
ocurridos a partir de el “Caracazo”. Las correcciones complementarias introducidas
en el Programa de Ajustes– destinadas a dinamizar la demanda agregada interna –
mediante la reactivación de programas de inversión y la expansión del consumo popular del Mega Proyecto Social de carácter compensatorio, facilitaron el aprovechamiento del potencial productivo ocioso y el crecimiento del producto interno bruto
y de la producción de bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones
en las condiciones de mayor equilibrio del tipo real de cambio.
Fueron adoptadas medidas eficaces para que los dineros públicos destinados a
la ejecución física de proyectos no se congelaran en los bancos como depósitos, cuya
rentabilidad en inversiones en papeles públicos era compartida entre ciertas instituciones financieras y algunos funcionarios corruptos. Sobre la base de una denuncia
por parte del autor ante el Presidente y sus ministros de la economía –soportada con
las estadísticas de la Super Intendencia de Bancos fue de inmediato establecida una
reserva entre 80% y 90% sobre estos depósitos que reducía drásticamente los efectos
negativos de la corruptela “bancaria-burocrática”, y obligaba a la inmediata aplicación de los fondos a la construcción de las obras de los proyectos y al empleo de los
respectivos trabajadores.
La retrospectiva verificación estadística constata la reactivación de la economía
y la superación gradual de los graves trastornos estructurales inducidos por la represion del uso del potencial físico y humano de producción iniciada en 1979 por el Gobierno del presidente Herrera Campíns. Esto nos permite afirmar que en el corto
plazo los resultados iniciales de la instrumentación del programa de ajustes emprendi240
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Parte X · Capítulo XXIII
La fragilidad del proceso de recuperación económica
do en 1989 y socialmente racionalizado durante la primera mitad del período constitucional 1989-1994, contribuyó a frustrar el propósito de los zarpazos intentados en
febrero y en noviembre de 1992. Pero –como expliqué al Presidente en una reunión
en su Despacho en la que solicitó mi interpretación económica de los acontecimientos
y mis ideas cómo enfrentar la gravedad de la situación institucional-militar y sus repercusiones económicas y sociales. Los puntos de vista que le expresé –algunos de los
cuales no compartió en su totalidad –fueron formulados de inmediato en el Memorámdum (Anexo 3). En este documento reconocí que en la derrota de la reciente asonada antidemocrática los progresos económicos y sociales alcanzados desde 1990 habían
jugado objetivamente un importante papel, pero no resultarían suficientes a mediano
plazo para erradicar estructuralmente las causas económicas de la conflictividad social que de manera profundamente subterránea amenazaban el futuro de las instituciones económicas, políticas y sociales de la democracia venezolana.
En mi opinión, estabamos frente a “emergencia nacional” todavía mas amenazante que la conocida directamente por el actual Presidente durante la primera mitad
del mandato presidencial del presidente Romulo Betancourt. Expresé que “los equilibrios macroeconómicos, contablemente constatables en lo interno y en lo externo,no
deben lograrse a costa de una profundización del desequilibrio fundamental o principal, que es la brecha existente entre lo que podemos producir y lo que hemos venido produciendo en condiciones de represión o contención del aparato productivo. La
mayor producción real que logremos al reducir esta brecha, nos permitirá disponer
de una mayor oferta a costos reales más bajos, una mayor capacidad de contribución
fiscal y una más amplia disponibilidad de bienes transables para exportar y reemplazar importaciones. El logro de este equilibrio fundamental nos permitirá resolver los
desequilibrios parciales que de él se derivan en el frente inflacionario, en el frente
fiscal y en el frente de las cuentas externas”. En el proceso de crecimiento equilibrado y más justamente distribuido que así se garantizaría, podrá enfrentarse mejor la
crisis social presente, y se aislarán definitivamente los focos de subversión institucional de cualquier género. Esto fue lo que ocurrió en la etapa final de la administración
de Rómulo Betancourt, después de los trágicos acontecimientos de la primera etapa
de su gobierno. La contracción de 1959-1961 tuvo efectos políticos de alto riesgo para
la naciente democracia. La rectificación a comienzos de 1961 y la expansión, a partir
de entonces permitió derrotar los núcleos críticos de la desestabilización. Propuse “la
restricción relativa de las garantías, y sobre todo de las garantías económicas, como
si estuviéramos en guerra, y el control estricto del cambio por un corto período de
transición, mientras se aprueba la reforma tributaria”, como condiciones absolutamente necesarias para que el Estado acumule su “tesoro interno de guerra”, con el
cual eliminar de un solo golpe el recurso a la devaluación como mecanismo de tributación indirecta –impuesto a la sociedad sin la participación de la autoridad soberana
del pueblo representado en el Parlamento–. “Recomende evitar la subestimación de
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la gravedad de la emergencia de la cual la subversión social-militar era la punta del
iceberg de una crisis latente que podria abortarse. Específicamente propuse que “la
capacidad para importar no debe utilizarse excesivamente tampoco en situación de
emergencia –equivalente a una situación de guerra externa– para el pago puntual del
servicio de deuda externa– que podría ser razonablemente diferido–, especialmente
el de la deuda no estructurada, sobre todo aquella con los gobiernos del Club de
París. La experiencia reciente de estos acreedores con el diferimiento del cobro del
servicio de la deuda de la extinta Unión Soviética, podría ser aprovechado por nosotros para salir de la emergencia que vivimos en los actuales momentos. Los recursos
de divisas así liberados, conjuntamente con los que ahorremos por concepto de las
menores importaciones no esenciales, podían en parte considerable aplicarse a cubrir
el componente importado de programas básicos en hidroelectrificación, generación
térmica a base de gas, siderurgia, etc., y a cubrir una parte del componente importado del Megaproyecto Social, y especialmente de las becas al exterior otorgadas por el
Programa Gran Mariscal de Ayacucho. También precisé que con respecto a los principales programas, decididos como parte del consenso nacional para afrontar la crisis
en la emergencia, “los recursos deben ser asignados por el Parlamento para proyectos específicos, y la oposición tendrá que armonizar los pedimentos que hace al gobierno en materia social con el debido coraje, para aprobar la reforma fiscal que
permita cubrir las metas propuestas, de manera que los recursos dirigidos al bienestar de los más necesitados procedan, por una parte, de la explotación del potencial
productivo ocioso, y por la otra, de la reducción del consumo excesivo de los grupos
más ricos. “Como el consumo de los más ricos tiene un componente importado superior, la reforma tributaria ahorraría indirectamente divisas para cubrir una parte
del componente externo de los programas sociales”. Entre las conclusiones finales,
hube de destacar que “sobre la base de un volumen de reservas internacionales apropiado para cubrir el componente importado de más de 12 meses de expansión, y de
un excedente fiscal potencial recurrente, gracias a la reforma tributaria y del gasto
público, podrá dentro de un período de unos 5-6 meses, reemprenderse integralmente el programa de corrección estructural de los desequilibrios parciales en las cuentas
internas y externas, y de modernización económica, sin los traumatismos que han
intensificado la crisis política y social del sistema. La seguridad de que en los períodos fiscales venideros el Estado no requerirá de la devaluación para financiar sus
gastos, la recuperación y estabilización de la economía y el fortalecimiento de las
reservas internacionales, desestimularán la salida de capitales privados, estimularán
su regreso, e incentivarán las inversiones externas no especulativas de mediano y
largo plazo”.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Presidente designado –el eminente
historiador y político Ramon J. Velásquez– para concluir el período constitucional
1989-1994 debido a la ilegitima destitución del Presidente Carlos Andrés Pérez, y del
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Parte X · Capítulo XXIII
La fragilidad del proceso de recuperación económica
transparente manejo de las finanzas públicas por el Ministro de Hacienda –el destacado economista Carlos Rafael Silva–, no fue posible que los progresos cuantitativos
realizados entre 1990 y 1993 produjeran la definitiva reversión de los profundos
desajustes estructurales inferidos a la economía nacional durante el quinquenio 19791984 y positivamente pero tímidamente afrontados por la progresista administración
del presidente Jaime Lusinchi.
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Parte XI · Capítulo XXIV
La caída electoral del régimen democrático
Como se ha insistido en los capítulos correspondientes de este trabajo donde se
ha analizado el impacto de la restricción de los recursos de divisas necesarios para
pagar el componente importado de la formación de capital productivo en la economía nacional, su nivel y dinámica inducen efectos reales que influyen notoriamente
en el comportamiento de las causas determinantes de la intensidad del descontento
en toda la población. En la medida que la magnitud de las variables socialmente deseables –referentes al empleo, al consumo privado y a la distribución del ingreso
entre el capital y el trabajo– excedan los valores realizados, se producirá un grado de
frustración de la ciudadana, dado por el exceso de las expectativas sobre las realizaciones correspondientes. La sumatoria de estas brechas entre expectativas y logros,
constituye el Indicador de Descontento Social cuya intensidad está determinada por
la ponderación atribuida por la sociedad al efecto de los diferentes componentes de
la fórmula utilizada para su estimación. Es posible que en determinadas ocasiones el
impacto de de la frustración causada por la brecha entre el nivel del empleo socialmente deseable y el nivel de empleo realizado sea significativamente superior al inducido por las respectivas brechas correspondientes al consumo privado y a la distribución factorial del ingreso nacional.
En los dos mandatos presidenciales inmediatamente precedentes a la iniciación
del nuevo regimen que conduce desde 1999 los asuntos económicos, administrativos
y sociales de nación, las variaciones acumuladas del indicador de descontento –y
entre ellas las aportadas por el desempleo masivo– influyeron en las decisiones de los
electores e indujeron el resultado de cambios radicales en las políticas económicas del
nuevo Gobierno, no previsibles en el ordenamiento constitucional establecido en la
década del sesenta del siglo XX, que son incompatibles con los intereses fundamentales del país a mediano y largo plazo.
Durante el segundo mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez –1989-1994–
el indicador de descontento descendió de 0,55 en 1990, a 0,27 en 1992, y durante
el mandato presidencial de Rafael Caldera –1994-1999– ascendió de 0,41 a 0,46. Pero
los factores sociales y económicos subyacentes que determinan las causas del descontento nacional a corto y mediano plazo no cesarían en intensificarlos. Frente a una
caída de los precios de los hidrocarburos de 17 dólares a 15 dólares por barril –13%–
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desde 1990 a 1993, el Gobierno del presidente Pérez enfrentó una declinación de los
ingresos fiscales petroleros de 0,11 millardos de bolívares a 0,09 millardos de bolívares –35%–. El problema se revelaba con mayor gravedad cuando el segundo Gobierno de Pérez confronta la posición de las cuentas externas y constata que el ahorro
exportable del país –es decir, el ahorro total real menos la formación bruta de capital– se ha reducido durante el mismo lapso de 0,35 millardos de bolívares a 0,09
millardos, lo que implicaba un financiamiento externo de las inversiones internas.
En el caso de la administración del presidente Caldera, los ingresos fiscales petroleros se reducen de 0,95 millardos de bolívares en 1995 a 0,16 millardos de bolívares
en 1998. Durante ambos mandatos, las salidas de capitales de corto plazo transfirieron sumas considerables al resto del mundo. Durante el segundo Gobierno de Carlos
Andrés Pérez entre 1989 y 1994 el Ahorro Exportable alcanzó 5.893 millones de
bolívares en 1990 y 2.117 millones de bolívares en 1993, y en el caso del presidente
Caldera de 3.485 millones de bolívares en 1994 a 1.026,7 millones de bolívares en
1998. Esa dinámica en el uso externo del ahorro interno y del uso interno del ahorro
externo revelaba un creciente grado de incertidumbre económica y de inestabilidad
financiera. En esta vulnerabilidad de la economía del país, la gestión macroeconómica convencional aplicada no ofrecía ni la eficacia ni la eficiencia social requeridas
para erradicar las fuentes del descontento potencial que ponían en peligro las bases
económicas, sociales y políticas del régimen democrático a mediano y largo plazo.
Los favorables efectos del moderado crecimiento del empleo en el país durante
los dos quinquenios presidenciales posteriores a los quinquenios en los que las fuerzas productivas sufrieron los desastrosos efectos de la política de enfriamiento economico y su inercial continuación, no fue suficiente para absorber productivamente
todo el incremento anual de la población económicamente activa y reducir las escandalosas cifras de marginalidad que vegetan parasitariamente en la economía informal
en el campo y en las grandes ciudades.
Al final del mandato presidencial del presidente Caldera en 1998 el número de
desempleados alcanzaba la cifra de 1.060.000 personas –cifra superior en más de
cinco veces el número de desocupados al final del primer mandato constitucional del
Presidente Carlos Andrés Pérez 1974-1979– cuando se instrumentó exitosamente la
política de pleno empleo.
Recomendamos que al iniciarse el nuevo período constitucional en el primer
trimestre de 1994, se rectificara la conducción de la política macroeconómica del
Estado venezolano para asegurar los equilibrios interno y externo y su compatibilidad con el uso cabal del potencial productivo desaprovechado, y especialmente con
el pleno empleo de la fuerza de trabajo; el crecimiento balanceado del producto interno y de sus componentes petrolero y no petrolero; la producción de bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones, y la solidez del valor interno y externo de la moneda nacional.
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Parte XI · Capítulo XXIV
La caída electoral del régimen democrático
En referencia a los graves problemas que el nuevo gobierno debía afrontar de
inmediato en las cuentas fiscales, advertí a las autoridades pertinentes que “la solución a corto plazo de la crisis del sistema financiero no puede lograrse de manera
definitiva si no se acomete a fondo la solución de la crisis fiscal del Estado. La suspensión de la aplicación del impuesto al valor agregado y los aumentos en el precio
de la gasolina, que tienen evidente carácter regresivo, dejan un vacío, frente a la
aguda crisis de Tesorería, que la situación parlamentaria actual impide cubrir en forma perentoria con nuevas entradas fiscales de carácter progresivo. Si, por ejemplo, el
déficit fiscal que inmediatamente debe cubrirse es de 250.000 millones de bolívares,
la opción que puede concretar el Gobierno apenas se inicie, es una maxidevaluación
que alcance unos 150 bolívares por dólar. En las condiciones actuales de pérdida de
reservas internacionales, ya comprometidas por pasivos reales de pago del servicio
de la deuda externa del orden de 3.000 millones de dólares, y por pasivos contingentes de capitales especulativos acumulados por 4.000 millones de dólares, no sería
difícil convencer a las autoridades monetarias de suspender su intervención en el
mercado de divisas, y permitir que el dólar alcance la nueva paridad requerida por las
urgencias fiscales. Si calculamos que la industria petrolera puede en los trimestres
venideros vender al Banco Central 10.000 millones de dólares de sus ingresos de
exportación, se produciría de inmediato una utilidad operacional bruta de 40 bolívares por dólar, es decir 400.000 millones de bolívares. Deducidos los incrementos en
los costos operativos de la industria por concepto de la misma maxidevaluación en
aproximadamente 100.000 millones de bolívares, resultaría una utilidad operacional
neta de 300.000 millones de bolívares. De aplicarse la tasa impositiva de cerca del
83%, el Gobierno obtendría ingresos fiscales por casi 250.000 millones de bolívares”. Me permití agregar que “de ser ésta la decisión del Gobierno anticipada por los
operadores económicos y financieros tenedores de depósitos bancarios y otras formas de liquidez, y muy especialmente por los propietarios de capitales especulativos
“engordados” por los altos intereses durante los últimos años, se produciría de inmediato una sustitución de tenencias de moneda nacional por tenencias de moneda
extranjera en el legítimo ejercicio de una opción que no implica ningún riesgo de
pérdida, sino la cierta posibilidad de una ganancia especulativa. Un capital líquido de
110 millones de bolívares –un millón de dólares– de convertirse en moneda extranjera, dejaría de percibir intereses por un trimestre por aproximadamente 15 millones
de bolívares, pero al repatriarse al tipo de cambio de 150 bolívares por dólar, obtendría una ganancia neta de 40 millones de bolívares, es decir 2.7 veces más”. Luego
expliqué que “de concretarse estas decisiones de carácter especulativo, ante la grave
crisis fiscal, se haría explosiva la crisis del sistema financiero en las condiciones de
irrestricta libertad cambiaria que mantienen las autoridades monetarias. Una conversión masiva de bolívares en moneda extranjera afectaría por igual a todos los bancos
donde tengan su riqueza los inversionistas financieros. No se trataría de una transfe247
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rencia de depósitos de una institución bancaria a otra, sino de la destrucción de depósitos internos para convertirlos en depósitos externos, a costa de las reservas internacionales del Banco Central, y de la reducción del encaje de los bancos comerciales
en esa institución, para el pago de la compra de las divisas correspondientes. Basta
considerar que la reciente medida del Banco Central de reducir los requerimientos de
encaje legal aportó a los bancos unos 26.000 millones de bolívares de liquidez básica.
Ello fue solo suficiente para financiar una adquisición de 241 millones de dólares en
el mercado cambiario. Una estampida de 750 millones de dólares, por ejemplo, absorbería encaje de los bancos comerciales en el BCV del orden de 81.000 millones de
bolívares, es 3 veces más el monto de reservas liberadas por la reciente medida de
llevar el encaje al 12% de los pasivos de los bancos comerciales”.
Concluí recomendando que “para conjurar estos peligros, era urgente intervenir simultáneamente el mercado cambiario y el sistema financiero, por el período que
se requiere para que el Congreso de la República, directamente o a través de poderes
especiales al nuevo Presidente de la República, adopte la reforma tributaria progresiva y la reforma del gasto público que corrija el alarmante déficit fiscal determinante
de la propensión devaluacionista del Gobierno, y evitar el peligro de colapso inminente del sistema financiero. La intervención temporal del mercado cambiario reduciría el peligro de una masiva fuga de capitales y de destrucción de la liquidez interna.
Permitiría también iniciar la baja de las tasas de interés y eliminar las emisiones de
bonos “cero cupón”, pues dejará de existir la urgencia de defender las reservas internacionales con tasas de interés cada vez más exorbitantes sobre las actividades productivas. Parte de las ganancias reales acumuladas por los acreedores financieros
durante los últimos años, le permitirían absorber los efectos de estas reducciones en
beneficio de las actividades productivas. Por otra parte, se facilitaría a los deudores
de los bancos comerciales cancelar sus obligaciones, lo que mejoraría el índice de
riesgo de sus activos y su grado de solvencia y liquidez. La eliminación de la colocación de los bonos “cero cupón”, dejará margen más amplio para que el Gobierno
Nacional, mediante la emisión de Letras del Tesoro, pueda cubrir sus déficits transitorios de caja, en anticipación de los nuevos ingresos fiscales que deban ser aprobados de manera inmediata. La intervención del sistema financiero, y en especial del
sistema bancario, permitiría al Estado garantizar a la mayoría de los depositantes de
modestos recursos, la recuperación de sus ahorros y la libre colocación de ellos en las
instituciones de su preferencia. Cuando se produjeren problemas en la Cámara de
Compensación para los bancos perdedores netos de depósitos, las autoridades monetarias podrían organizar el correspondiente reciclaje de fondos de unos bancos hacia
otros, preservando la estabilidad total del sistema. En el plazo más breve posible, el
Gobierno pondría cese a la intervención de aquellas instituciones de comprobada
solvencia y liquidez. En el caso de los Bancos donde resulten insuficiente el valor
recuperable en el mercado de sus activos, para cancelar sus pasivos de corto plazo, el
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Parte XI · Capítulo XXIV
La caída electoral del régimen democrático
Gobierno debería obligar a una recapitalización de estas instituciones. Parte importante de este proceso de recapitalización, sería la capitalización de los grandes depósitos corporativos en estas instituciones. Los tenedores de estas acciones podrían
luego, si así lo decidieran, colocarlas en el mercado de capitales interno, con impactos
altamente positivos en este sector de las actividades financieras. Una vez que se
apruebe la reforma tributaria, se racionalice el gasto público y se elimine de manera
estructural el déficit fiscal, el nuevo Gobierno estaría en condiciones de emprender
la plena liberación del sistema financiero intervenido y la liberación gradual del mercado cambiario. Para este último propósito, y con la mira de lograr mayor grado de
estabilidad en el tipo de cambio, podría estructurarse un fondo especial aportado por
el Estado venezolano, los entes de financiamiento multilaterales, y la banca privada
internacional, para garantizar el valor externo del bolívar, como instrumento de protección de la estabilidad interna de precios, de retención de los ahorros nacionales
dentro del país y de atracción de capitales extranjeros para inversiones productivas”.
El documento contentivo de estas observaciones y recomendaciones en mi condición de economista especializado en economía monetaria y de ex ministro de Cordiplan y ex-Jefe del Gabinete Económico del Consejo de Ministros, se hizo llegar al
Presidente Electo a comienzos de enero de 1994 y fue explicado en declaraciones al
diario El Universal a comienzos del mes siguiente.
En su Mensaje Inaugural, el Presidente expresó conocer la esencia de este tipo
de interpretaciones y recomendaciones y manifestó que adoptarlas no era imprescindible. Casi un semestre después –producido ya los costos para el Tesoro y para la
nación– se adoptó la recomendación del control cambiario cuando ya estaban consumadas las ganancias especulativas advertidas, y cuando ya había poco cambio que
controlar. Eran evidentes las causas del ascenso del indicador de descontento popular en 22%: la deuda pública externa aumentó en 52% al pasar de 344.445 millones
de bolívares a 525.236 millones de bolívares y el tipo nominal de cambio se disparó
de 145 bolívares por dólar a 685 bolívares por dólar, lo que de inmediato se reflejó
que se produjera la explosiva combinación de un aumento del desempleo abierto de
710.000 personas a a 1.060.000 personas con un aumento en cinco veces del índice
del costo de vida
Mi desacuerdo con el uso de la devaluación como instrumento fiscal al margen
del Poder Legislativo, está fundamentado econométricamente en verificaciones por
el autor de la hipótesis de los efectos del aumento de las importaciones como instrumento de estabilización anti inflacionaria y de defensa de la posición competitiva
externa del país publicado en 1968. La política monetaria en lo que respecta al logro
de sus metas anti inflacionarias debe ser compatible con la política económica que
promueve el pleno empleo. En el caso que el país confronte, como durante el período
constitucional del presidente Caldera durante 1994-1999, un agudo problema de de­
sempleo podría ser agravado con todas sus graves consecuencias sociales y políticas.
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Ello ocurría si el impacto de la devaluación sobre el nivel de precios internos con
respecto al nivel de precios de los países con los que realizamos la mayor parte de
nuestras transacciones reales y financieras, resulta en la sobrevaluación del tipo de
cambio, y en consecuencia en la perdida de competitividad de los sectores productores de bienes transables y sustitutivos de importaciones, y de la más elevada intensidad en el uso del factor trabajo.
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Parte XI · Capítulo XXV
La farsa socialista y cleptoliberalismo
Las políticas económicas instrumentadas durante los dos primeros quinque-
nios del gobierno de Hugo Chávez no revirtieron los efectos estructurales negativos
introducidos por las medidas adoptadas para enfriar la economía y redimensionarla
hacia abajo, por parte del gobierno del presidente Herrera Campíns durante su período 1979-1984. La irracional y abrupta interrupción del vigoroso crecimiento económico, soberano e internamente autosustentable iniciado en 1958, durante ese período
impidió el cabal aprovechamiento del vasto potencial productivo acumulado bajo el
sistema democrático. Potencial acumulado gracias a las sustanciales mejoras en los
términos de intercambio en el negocio petrolero internacional, posible por las políticas de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y la nacionalización de
la industria petrolera en 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez.
Desde la ilegítima destitución del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993 –en
pleno ejercicio de su segundo mandato presidencial 1989-1994–, el indicador de insatisfacción social se incrementó en 20% con respecto a 1998, año final del segundo
gobierno de Rafael Caldera.
Las compensaciones de los sobornos sociales, en función de los intereses de la
hegemonía político-electoral de la oclocracia gobernante –que en 1999 capturó legalmente el poder y lo ha ejercido amparada en el fraude socioelectoral sin interrupción
por casi tres quinquenios–, han procurado silenciar los efectos de las frustraciones
colectivas a un elevado costo social de oportunidad, en detrimento del desarrollo
económico futuro del país. Los recursos irracionalmente gastados en esta tarea de
degradación social de los trabajadores potencialmente productivos han imposibilitado la solución permanente del grave problema de la pobreza, mediante múltiples inversiones dirigidas a la creación de empleos satisfactoriamente bien remunerados en
las diferentes actividades y regiones del país.
El número de desempleados se incrementó de 510.000 personas al final del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez a 1.240.000 personas al concluir el segundo
gobierno de Rafael Caldera y a 2.017.000 durante primer quinquenio gubernamental
de Hugo Chávez. Todavía el número de venezolanos desempleados en el segundo
quinquenio del gobierno de Chávez casi duplicaba las cifras de la desocupación al
comienzo del último período constitucional de Rafael Caldera.
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Debe aclararse que –además de la carga económica que para la población ocupada representa cubrir parte determinante de los costos de sobrevivencia de las familias de la población desempleada– deben agregarse los costos pagados por el resto
de la sociedad derivados de la improductividad, parasitismo y criminalidad de la
creciente masa de marginados en la economía informal, y de las consecuencias inflacionarias de la devaluación de la moneda con propósitos fiscales. Este arbitrio ha sido
utilizado para cubrir los saldos negativos de las cuentas públicas causados por la
negligencia, la ineficiencia y la corrupción de la rampante cleptocracia gobernante.
La recurrente inflación causada por estas manipulaciones –medida por el índice de
los precios a los consumidores– ha destruido no solo el valor real de los sueldos y
salarios sino también de los ahorros colocados en activos financieros en el país por
los trabajadores y la clase media. El tipo nominal de cambio fue reducido de 648
bolívares por dólar a 1.598 bolívares por dólar durante el primer quinquenio de este
gobierno, lo que se expresó en un alza del índice de precios al consumidor de 33,75
(2005=100) a 70,84. En su segundo quinquenio, la devaluación decretada de 2.150
bolívares a 4.300 bolívares por dólar, se tradujo en un aumento de 86,24 (2005=100)
en el índice de precios al consumidor.
Los sobornos sociales en función de las necesidades electorales del gobierno
han significado un elevado costo de oportunidad, en términos de las divisas que no
fueron dedicadas a aportar el componente importado de un elevado múltiplo de
formación bruta de capital fijo. Los inmediatos efectos multiplicadores de estas inversiones y su contribución a la capacidad productiva en los lustros futuros habrían
resultado en empleos permanentes y generadores de sueldos, salarios y prestaciones
sociales sustentables, y asegurado una vida más digna y decorosa a las clases trabajadoras, medias y profesionales.
Los indicadores de pauperización dados por la sumatoria de los índices de precios al consumidor, de la tasa de desempleo y de la tasa de explotación del trabajo por
el capital público y privado, revelan que, en medida considerable, las dádivas aparentes a los trabajadores –víctimas del desempleo por la negligencia e ineptitud del
propio gobierno– han sido pagados por el resto de los trabajadores en el sector de la
economía formal, mediante el cobro del impuesto inflacionario que destruye el valor
real de sus ingresos y de los ahorros y mediante la mayor extracción de plusvalía de
los trabajadores en las corporaciones estatales, gracias a la mediatización, control y
represión de sus organizaciones sindicales. Todos estos factores permiten entender
que el grado de pauperización laboral se ha más que duplicado en cada uno de los
quinquenios presidenciales de Hugo Chávez, quien ideológicamente pretendió imponerse en vida como el supremo líder del socialismo proletario en el siglo XXI.
Es conocido el apoyo financiero y publicitario al candidato presidencial triunfante en las elecciones de 1999 suministrado por poderosas instituciones financieras
internacionales, por otros consorcios multinacionales establecidos en el país y por los
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Parte XI · Capítulo XXV
Farsa socialista
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medios capitalistas de comunicación social más influyentes en la opinión pública de
los grandes centros urbanos de la nación.
En un artículo publicado en el diario El Nacional en Caracas, ante la súbita conversión del nuevo presidente al socialismo radical del Siglo XXI, expresé: “Debe
considerarse –como desde hace muchas décadas sostienen los académicos de la escuela filosófica-sociológica de Frankfurt y en especial Jurgen Habermas–, que la
fuerza de estos instrumentos de acceso al poder solo toleran realizar “reformas o
adaptaciones, que preserven la esencia del sistema capitalista monopolista y lo legitimen socialmente, pero que no pueden constituir apoyo alguno para crear revolucionariamente una sociedad “igualitaria y participativa” como la que ahora ofrece el
presidente Chávez”. Precisé, además, que por ello no debería sorprendernos “que el
actual y aleatorio poder presidencial, sea gradualmente socavado en sus bases de
sustentación popular, por los efectos de las políticas cuyas desastrosas consecuencias
para el pueblo competirían con las prácticas económicas más rapaces, que avergonzarían al más ultramontano de los dogmáticos del neoliberalismo”.
Era cada vez más flagrante el conflicto entre las prácticas encubiertas de desgobierno económico con la retórica antineoliberal del propio Presidente y aclaré por
entonces que: “El aspecto resaltante de este neoliberalismo de hecho es la absoluta
libertad cambiaria que, a un tipo nominal de cambio relativamente estable, transfiere
anualmente a los más ricos cerca de cuatro mil millones de dólares de las reservas
internacionales generadas por las exportaciones de la industria petrolera. La masa así
acumulada de poder financiero externo de las “oligarquías” a las cuales pretende
hacer temblar el Presidente en su oratoria arrabalera, es la que determina estructuralmente que a mediano y largo plazo las autoridades deban asegurarles –mediante las
continuas y cuantiosas emisiones de pasivos públicos generadores de exorbitantes
rendimientos– los incentivos para supuestamente inducirlos a repatriar parte de este
patrimonio, y para minimizar el riesgo de conversión en nuevas inversiones privadas
en el exterior, de los torrentes de liquidez monetaria que el mismo Gobierno pone en
sus manos cuando cancela el oneroso servicio de su deuda interna”.
“Otro indicador significativo –agregué– de las prácticas neoliberales de la política económica del actual Gobierno, es la amplia libertad que las autoridades aseguran al capital internacional que controla los más importantes bancos privados del
país, para la captación de ahorros internos –privados y públicos– sin obligarlos o
incentivarlos para que, debido a su mayor capacidad de diversificación internacional
de riesgos, coloquen estos fondos en el financiamiento de las actividades productivas
internas. El caso es más alarmante cuando se promueve o tolera que importantes
activos privados nacionales en gran medida creados a costa de los recursos públicos,
sean desnacionalizados mediante ofertas públicas de adquisición que, al aceptarlas,
amplían la capacidad de los accionistas locales para invertir en instrumentos financieros externos y desentenderse de sus responsabilidades productivas internas”.
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Finalmente, concluía: “Resulta difícil entender cómo el gobierno del presidente
Chávez instrumenta políticas económicas contradictorias creadoras de desconfianza
que estimulan un reciclaje hacia las naciones más ricas de los recursos de divisas
aportados por la industria petrolera. Recursos mayores por los más elevados precios
de los crudos y derivados que, en el primer quinquenio presidencial de Chávez se
incrementaron en más de 19 dólares por barril –19%–, para ascender a más de 25
dólares por barril en el segundo quinquenio –32%– y luego dispararse hasta alcanzar
86 dólares por barril en 2007 y 102 dólares por barril en 2011. En el caso de la totalidad de los ingresos fiscales petroleros reales –es decir, a precios constantes de
2005– se experimentó un aumento del 20% durante el primer quinquenio del presidente Chávez y del 80% durante el segundo quinquenio.
Está vivo el recuerdo de lo ocurrido recientemente en la más importante empresa eléctrica privada en el país, cuya rentabilidad descansa considerablemente en el
diferencial entre el precio a que el Estado le vende el fluido generado en su empresa
hidroeléctrica, y las tarifas cargadas a los consumidores residenciales y no residenciales en las áreas donde son más bajos los costos de distribución de este servicio. El
subsidio a la rentabilidad del capital extranjero que adquirió esa empresa es una
transferencia de excedentes públicos que no puede ser justificado bajo ningún concepto socialmente aceptable”.
Diario El Nacional, 15 de enero de 2001.
El destacado economista radical marxista Roemer había visitado el país –en
las postrimerías del régimen que los “socialistas del Siglo XXI” denominan la IV
República–. En las reuniones de Roemer con el sector sindical y el sector académico,
se concertó una propuesta científicamente bien sustentada para modernizar y democratizar la economía venezolana. Me permití, en el primer semestre de 2001, comentar unas declaraciones del destacado pensador en las que afirmé que “si en lugar de
procurar a toda costa y sin éxito, destruir las “cúpulas podridas del sindicalismo representadas por la CTV”, y sustituirlas por un sindicalismo estatizado, el gobierno
del presidente Chávez hubiera adoptado las más importantes recomendaciones de
este documento-propuesta, no estaría hundido hoy en el pantano intelectual donde
grotescamente conviven la retórica populista del Presidente y las prácticas neoliberales de su gobierno”.
No creo necesario recordar al país la crítica ininterrumpida que desde 1979 hasta
nuestros días he sostenido contra la reversión de las políticas económicas y sociales de la
democracia venezolana, reinstalada después del derrocamiento de la dictadura militar en
1958. Esta regresión económica destruyó parte decisiva del capital humano acumulado
y diezmó los patrimonios reales y financieros –constituidos por el Estado durante los
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Parte XI · Capítulo XXV
Farsa socialista
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primeros cuatro lustros del sistema democrático, con base a la misma normativa progresista que defiende Roemer en su artículo en el diario El Nacional, el 4 de junio de 2001–
. La represión económica inspirada en el neoliberalismo fue aplicada en la forma de
contracción de la demanda social, devaluación, inflación y desempleo, con creciente rigor en contra de las mayorías populares, durante los últimos 22 años. Esto constituye
una demostración histórica evidente que las conquistas logradas según el modelo de
Roemer, implícito en las políticas económicas y sociales de la democracia entre 1958 y
1978, son reversibles si la sociedad democrática tolera o promueve, como ocurre actualmente, un desequilibrio social interno para privilegiar el poder de las plutocracias económicas domésticas e internacionales, cuyos beneficios dependen más de la explotación
del trabajo que del progreso de la productividad de todos los factores.
Compartimos la afirmación de Roemer de “que el neoliberalismo tuvo tiempo
de probarse a sí mismo y fracasó”, y que “al igual que el marido que le pega a su mujer
le jura que no se va a repetir”. Pero nos parece ingenua su exigencia al país de dar al
gobierno de Chávez “la oportunidad para intentar su estrategia de desarrollo desde
abajo: darle poder y fortalecer la mayoría de los venezolanos, permitiendo así que los
beneficios se filtren hacia arriba, hacia los ricos”. A pesar de la retórica pseudosocialista del Presidente, el neoliberalismo se ha afirmado de hecho durante su Gobierno
en sectores determinantes de la economía nacional como petróleo, petroquímica,
electricidad, banca, telecomunicaciones, etc. Las migajas de unas cuantas escuelas
bolivarianas a las que tienen pleno derecho los niños de las clases más pobres, representan unas imperceptibles gotas de filtración hacia abajo –trickling down–, en relación
con el torrente de enriquecimientos hacia arriba –“trickling up”– que han recibido los
banqueros nacionales e internacionales, los inversionistas en bonos de la deuda pública devaluados por la palabra presidencial y luego revaluados por su puntualidad en el
pago de la deuda externa, a los tenedores de las acciones de las empresas nacionales
adquiridas por grandes corporaciones internacionales, etcétera.
Esta profundización de las desigualdades en la distribución de los ingresos, los
activos y el poder económico no deben escapar a la reconocida inteligencia de Roemer, como la principal restricción a la realización y durabilidad de las reformas por
él formuladas en su artículo. Este desequilibrio en la distribución del poder es el
factor más importante que está resquebrajando las bases estructurales del apoyo popular al Gobierno.
John e. Roemer y el subdesarrollo desde arriba.
Diario El Nacional, 8 de junio de 2001.
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Parte XII · Capítulo XXVI
Es socialista la política monetaria de la
oclocracia gobernante
El 7 de agosto de 2001 en El Nacional alerté al país y a sus autoridades mone-
tarias sobre los riesgos derivados de las deformaciones en el sistema bancario nacional. Distorsiones que podían intensificarse al amparo del paradigma neoliberal contra la regulación de este sector. Ello impediría prevenir las correspondientes
consecuencias sobre el equilibrio interno y externo del sistema económico; propendería a la utilización del ahorro nacional en el financiamiento de los países más ricos,
a la desindustrialización nacional y llevaría al descenso de la producción de bienes
transables exportables y sustitutivos de importaciones.
“Cada día –precisé entonces– nos acercamos al punto de la crisis donde se hará
inevitable –como ocurrió a comienzos de 1994– la intervención simultánea del sistema financiero y de las transacciones de capital en el mercado cambiario. La insolvencia potencial de la estructura bancaria tiende a materializarse en el creciente deterioro de la calidad de sus activos. Las garantías que respaldan los préstamos de los
bancos al resto del sector privado pierden aceleradamente su valor en el mercado, y
el descenso en los flujos de ingresos empresariales incrementa la morosidad de los
pagos correspondientes. Los bancos, aun aquellos libres de significativos pasivos
externos, conllevan implícitos en su cartera las obligaciones contingentes que se derivan de las deudas denominadas en divisas de sus grandes prestatarios corporativos
internos, sobre cuyos balances las megadevaluaciones en marcha tendrán efectos
devastadores. Los papeles emitidos por el sector público, que representan una elevada proporción de las inversiones de las empresas financieras, solo pueden convertirse
en liquidez para pagar los retiros de depósitos, mediante su venta a descuentos cada
vez más elevados, en razón de una latente insolvencia la estructura financiera privada
que no pueden públicamente reconocer los propios directivos de las instituciones
objetivamente más vulnerables”.
Advertí sobre el peligro de la convergencia de una crisis cambiaria y bancaria
en los meses siguientes que tendría consecuencias tan graves para la economía como
las que ocurrieron en la segunda administración de Rafael Caldera durante 19941998. Crisis que causó un endeudamiento del Estado cercano a los 5 millardos de
dólares, en parte para pagar los depósitos del público en los bancos comerciales. En
la misma oportunidad hice referencia a la oposición neoliberal “contra la irracionali257
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dad de los controles de cambio” y expliqué que si bien es cierto “que el control cambiario no es a la luz del análisis de las ciencias económicas una solución socialmente
óptima, su influencia sobre las variables reales y financieras declina rápidamente a
medida que los agentes económicos aprenden a eludir los efectos negativos sobre sus
fortunas. Sin embargo, en determinadas condiciones críticas, el control de cambio
puede permitir la iniciación de una nueva política económica que corrija los desequilibrios estructurales y que lo hagan innecesario en el plazo más corto posible, tal
como ocurrió durante el gobierno de Rómulo Betancourt, a comienzos de la década
de los 60 del siglo pasado. A los dos años de su adopción, una nueva política
macroeconómica logró el restablecimiento del equilibrio interno y externo de la
economía, compatible con la reducción al mínimo de la brecha entre el producto
potencial y el producto realizado, y se regresó a la libre convertibilidad que luego se
mantuvo durante casi 20 años, de 1964 a 1983.
En las actuales circunstancias nos aterra pensar –señalé– que una intervención
del sistema financiero y de la administración cambiaria pueda ser gerenciada por la
cleptocracia militar como ocurrió con el Plan Bolívar. De esa manera, las reservas
internacionales del país se utilizarían para cancelar deudas externas fraudulentas,
para el pago de importaciones sobrefacturadas y hasta ficticias, para racionar a los
medios de comunicación insumos básicos como papel importado a cambio de su
sumisión y de su “comisión”, etcétera. El control cambiario y la intervención preventiva del sistema financiero tenderán a imponerse como solución desesperada a una
crisis generada por la incompetencia gubernamental, pero en la ausencia de una política económica, sus resultados serán peores que los que arrojó el control cambiario
y la intervención bancaria decretada tardíamente por el gobierno de Caldera al iniciarse el segundo semestre de 1994.
Esas advertencias, como era previsible suponer, fueron desoídas por el gobierno del presidente Chávez y los perjuicios pronosticados se han multiplicado varias
veces su efecto. Con el gobierno de Nicolás Maduro se ha agravado lo que ya era
grave y la economía del país padece un grado de deterioro severo.
Opinión El Nacional 7, de agosto de 2001
¿Puede el BCV manejar una repatriación de capitales?
A l tomar en cuenta la eventual conjunción de factores tales como: una mejo-
ra en los precios de los crudos y derivados y de los ingresos fiscales petroleros; la
subutilización del potencial económico; el descenso en rentabilidad real de los capitales productivos y aumento de la propensión a la exportación de los ahorros privados;
y a la sobrevaluación real del tipo de cambio, consideramos necesaria la combinación
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Parte XII · Capítulo XXVI
Es socialista la política monetaria de la oclocracia gobernante
más cercana al óptimo posible de los componentes de la política macroeconómica.
Ello era necesario a objeto de hacer compatible los objetivos del crecimiento balanceado del producto nacional, el pleno empleo de la fuerza de trabajo, la estabilidad
interna del nivel de precios y la tasa cambiaria de equilibrio, en función del progreso
y competitividad de la producción de bienes transables exportables y sustitutivos de
importaciones. En el sentido de contribuir al logro de estos objetivos, expuse mis
opiniones en la prensa escrita de la Capital de la República.
Sobre las reformas a la legislación que rige las actividades del Banco Central,
opiné que debían ser analizadas en el marco de la entonces existente distribución del
poder económico en el país que, a pesar de la retórica revolucionaria del oficialismo,
no había sido ni sería esencialmente modificada. La concentración de la riqueza en los
grupos privados más poderosos continuaba su curso. Eso había fortalecido su poder
de contratación, gracias a la exportación de capitales privados que los residentes más
ricos agregan a su cuantiosa riqueza financiera externa, y al influyente papel del oligopolio bancario privado de los grandes bancos internacionales. Tasas activas reales de
interés elevadas en detrimento de la inversión interna, e intensificadas por la baja en
el nivel de precios gracias al anclaje del tipo de cambio relativamente fijo, reflejaban la
existencia de ese poder superior de contratación frente al Estado, cuya política monetaria implícitamente procuraría una menor salida de capitales privados o induciría la
repatriación de los que acumulados durante los últimos cuatro lustros en los principales centros financieros internacionales
Saludé que las recomendaciones de los expertos asesores del Poder Legislativo,
en el correspondiente informe, aconsejaran un mayor grado de coordinación entre la
política monetaria y la política fiscal, y una activa participación de la representación
popular en la determinación de los propósitos de la primera. Este es un factor esencial
en el funcionamiento del sistema financiero en una sociedad democrática, en la medida que los órganos legislativos no se conviertan en simples ejecutores de los caprichos
hegemónicos o caudillescos de los gobernantes de turno, y que los poderes públicos
no sean capturados por sectores económicos que procuran canalizar los resultados de
la producción social para su exclusivo beneficio. “Corresponde –afirmé– que en el
ejercicio de sus facultades tributarias del Poder Legislativo debe adoptar medidas para
que los saldos de las cuentas públicas eviten los déficit fiscales que creen la tentación
para que el Ejecutivo y las autoridades monetarias promuevan la inflación, mediante
la expansión de la base monetaria o a través de la modificación del tipo de cambio,
para reducir en términos reales el pago del servicio de la deuda pública interna’’. Agregué que “también puede la representación legislativa, en cooperación con el Poder
Ejecutivo, en determinadas circunstancias, autorizar una gestión fiscal transitoriamente deficitaria, para reducir la subutilización del potencial productivo, mediante el
aumento neto del gasto público real y estímulos fiscales al gasto privado. Así, la mayor
oferta de bienes y servicios absorbe transaccionalmente la liquidez monetaria, asegura
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el poder adquisitivo de las tenencias privadas de obligaciones públicas –moneda y
deuda– y genera luego saldos fiscales positivos”.
En el ejercicio de su autonomía operacional, sostuve que “el Banco Central es
un agente que está obligado a actuar para que las decisiones fundamentales de política económica de su principal, es decir, de la representación legislativa, se cumplan
de la manera socialmente más eficiente. Las reformas que en la actual etapa pueda
adoptar la representación legislativa, por recomendación de sus asesores económicos, para reducir las tasas activas de interés y otros cargos aplicados por la banca
privada oligopólica, resultarían contradictorias y contraproducentes, si no se adoptan
las medidas legales requeridas para reducir el déficit fiscal en condiciones de expansión económica, y minimizar las correspondientes emisiones de deuda pública a corto plazo, como causantes de los rendimientos financieros exagerados que establecen
el costo de oportunidad de las instituciones bancarias en la determinación de los intereses aplicables a los prestatarios privados. En las condiciones actuales de estabilidad cambiaría, debido a los favorables precios del petróleo”, frente “al alto nivel de
las reservas internacionales, y la existencia de bajas tasas de interés y caída de los
valores accionarios en los principales mercados financieros internacionales, propuse
una reducción de las tasas reales de interés activas internas a fin de complementar y
reforzar la acción expansiva del gasto público, y contribuir a un ritmo más elevado
de crecimiento del producto y del ingreso reales, inmediatamente traducible en una
recuperación de los valores de mercado de los activos reales y financieros privados”.
Agregué que “si los bancos tienden a ser cada vez más universales, lo que dejarían de ganar, ex ante, por intereses y comisiones en su condición de simples prestamistas, lo recuperarían, ex post, en los componentes de sus carteras consolidadas en
mayores dividendos y ganancias de capital, en menores reservas contingentes contra
pérdidas (al mejorar la calidad y el valor de las garantías que respaldan sus activos y
reducirse la incertidumbre en los flujos de ingresos de sus prestatarios) y en costos
decrecientes por la mayor escala de sus operaciones.
El Nacional, 20 de marzo de 2001
”El Poder Legislativo, el Banco Central y las tasas de interés”.
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Anexo 1
Memorando
Para: Presidente Carlos Andrés Pérez
De: Dr. Gumersindo Rodríguez
Recomendaciones sobre la nueva política económica y el
mensaje inaugural
Fecha: 31 de enero de 1989
1
De acuerdo con la información a nuestro alcance, no hay la menor duda de que
en su orientación fundamental, la nueva política económica contiene implícito un
peligro de ruptura en la continuidad del pensamiento económico y social del presidente Carlos Andrés Pérez, una pérdida de identidad concep­tual con los valores del
paradigma social democrático de avanzada y un riesgo de incompatibilidad con las
realidades del poder político en la sociedad venezolana. Desde el punto de vista estrictamente técnico, en atención a las variables cuantificables del modelo macroeconómico, poco podría obje­tarse a las proposiciones del distinguido colega Dr. Miguel
Rodríguez, en mi opinión el más brillante macroeconomista con que cuenta el país.
Pero desde el punto de vista de la trama de realidades subyacentes, no cuantificables,
de la distribución del poder económico y político en Venezuela, la instrumentación
súbita de ese diseño, sin la modificación de los respectivos desequilibrios y distorsiones sociales e institucionales, nos sometería al riesgo de un fracaso no previsible en
la consistencia estrictamente economicista del análisis en que se fundamenta. Ello
simplemente revela la insuficiencia de las disciplinas económicas para aprehender
toda la compleja trama de la vida económica y social de un sistema político y social
en agudo proceso de crisis, descomposición y decadencia.
2
El paquete de medidas propuesto tiene la requerida calidad técnica para convencer a las autoridades del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y posiblemente, a la banca acreedora, de la necesidad de aportar recursos financieros para la
corrección de los desequilibrios externos en un ambiente de crecimiento selectivo de
nuestras fuerzas productivas y para una reordenación en la secuencia temporal del
pago del servicio de la deuda externa. Consideramos que ésta ha sido una valiosísima
contribución del “Paquete” para un crecimiento no inflacionario de la economía, formulado por el distinguido colega Miguel Rodríguez. No tenemos por qué dudar de
que podemos disponer de los recursos de divisas aportados por estos entes para afrontar la transición hacia ese crecimiento real, no inflacionario. El planteamiento venezolano formulado en este diseño es, desde el punto de vista estrictamente técnico-eco261
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nómico, lo suficientemente convincente, para asegurar a estas instituciones y a los
demás acreedores, que el uso del potencial productivo interno puede ser activado y
reordenado hacia la producción de bienes transables, que generen en el mediano plazo
los recursos de cambio externo con los cuales pagar a satisfac­ción el servicio de la
deuda externa. Esto constituye un sólido factor para reiniciar el proceso de reexpansión selec­tiva de la economía, que se propone el presidente Carlos Andrés Pérez.
3
El problema comienza cuando se analizan la inserción de este programa en la
realidad social y política interna, y la articulación de las medidas específicas entre sí con
las variables del poder económico y político del país. La incompatibilidad entre la eficacia externa señalada en el punto precedente y la necesidad de un consejo social interno,
puede generar una serie de fricciones políticas e institucionales, que obliguen en breve
plazo a la rectificación del programa, y en consecuencia a la pérdida de credibilidad en
la seriedad y capacidad de la dirigencia gubernamental para afrontar exitosamente la
crisis. De esa manera se perdería el apoyo de la economía privada interna para complementar el proceso público de inversión, se acentuaría la presión de los operadores financieros sobre la paridad de la moneda, y se pondrían en peligro los desembolsos de los
correspondientes financiamientos externos. En estas condiciones los privilegiados tenedores de liquidez interna, quemarían los recursos obtenidos por nuestras exportaciones
y parte de los aportados por los entes multilaterales de financiamiento.
4
El peligro señalado en el punto precedente se deriva en parte apreciable de la
concentración, en un período muy corto, del paquete de medidas sin una apropiada
evaluación de la capacidad social e institucional de absorción del impacto global y de
los impactos sectoriales, sociales y espaciales correspondientes. La liberación de precios y de las tasas de interés, la flotación del tipo de cambio, el aumento de sueldos y
salarios, la reducción o disminución de subsidios indirectos, etcétera, cuyos efectos a
lo mejor podrían ser asimilados gradualmente en un plazo mayor, al administrarse
de un solo golpe, en una especie de “Shock Treatment”, va a generar de inmediato una
serie de reacciones en la estructura política del país, que al incidir sobre las nuevas
realidades del poder parlamentario de un gobierno en minoría, y sobre el balance del
poder político bastante impredecible del partido de gobierno, con toda seguridad
obligará a rectificaciones accidentadas casuísticas que mermaran, como hemos señalado, la credibilidad interna y externa en la política económica del nuevo gobierno.
Esta es tanto más grave, si tomamos en cuenta la proximidad de las elecciones de
gobernadores de estado y de representaciones a los concejos municipales.
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Anexo 1
R ecomendaciones sobre la nueva política económica y el mensaje inaugural
5
Esta forma de instrumentación de políticas económicas de este género, como
hube de señalar verbalmente y por escrito a usted, y personalmente al Jefe del Gobierno español, al iniciarse su gestión, no pueden conducirse de manera soste­nida y
consistente por partidos socialdemócratas, con una poderosa presencia interna del
movimiento popular organizado, principalmente el movimiento sindical, representativo de los sectores donde se concentra, en el corto plazo, el costo social de las
medidas correctivas correspondientes. Son para ser aplicadas en un marco de mayor
continuidad por gobiernos autoritarios como los de Pinochet y Jarulzeski, que son
los arquetipos de buenos estabilizadores y paga­dores de los banqueros occidentales,
y el de Margaret Thatcher, quien no tiene en el seno del Partido Conservador al
Congreso de Sindicatos Británicos ni al sindicato de mineros que pudo destruir implacablemente en la reciente huelga carbonífera.
6
La adopción del “tratamiento shock” presenta el peligro, aun en el supuesto de
que sus beneficios en el mediano plazo compensen permanentemente a los perdedores en el corto pla­zo, de una imposibilidad de sincronizar apropiadamente la administración selectiva de las acciones compensatorias a los sectores negativamente más
afectados, con el impacto inmediato de los efectos destructivos de las medidas respectivas sobre el poder adquisitivo de estos grupos. La logís­t ica para la elevación de
los precios y de las tarifas de los servicios, de las alzas del tipo de cambio y de los tipos de interés, y de la eliminación de los subsidios indirectos, está lista para concretar
el efecto que se propone el paquete de medidas económicas internas. Pero la logística
para la red de comedores populares, para las becas a los estudiantes de las clases
pobres, para los programas de vivienda de interés social, etcétera, es, en medida
sustan­cial, inexistente. La única vía compensatoria inmediata es la que puede instrumentarse mediante un aumento de sueldos y salarios, que al aplicarse de manera inmediata y no de manera gradual, para ser absorbida por el crecimiento del sector real
de la economía, acelerará el proceso de la inflación de costos que va a generar la
unificación cambiaria y la elevación del precio de insumos productivos públi­cos
como los combustibles, la electricidad, el agua, los fertilizantes, etcétera El valor real
de esta compensación salarial se extinguiría en un período relativamente corto.
Cuando se sienta el efecto retardado de las demás compensaciones, las consecuencias
del impacto neto de carácter negativo de las medidas habrán ejercido reprecisiones
sobre las realidades del poder político y habrán generado las correspondientes rectificaciones y ajustes, casuísticos y accidentados, que merman sustancialmente la capacidad del gobierno para la dirección económica del país.
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Al riesgo de la pérdida de credibilidad y autoridad en la dirección económica
por parte del gobierno, generada por estas tensiones y fricciones resultantes del “tratamiento shock”, hay que agregar las inconsistencias en la formulación y presentación de algunas de las medidas más importantes del paquete. Nos permitimos destacar la insis­tencia en la protección del valor real de los ahorros y de sus rendimientos
frente al futuro proceso inflacionario y la ausencia de una definición sobre una reforma tributaria progresiva en las medidas de inmediata instrumentación del “tratamiento shock”.
Una política económica que tenga el real propósito de lograr el crecimiento no
inflacionario de la economía no debe enfa­t izar de antemano la protección contra un
proceso inflacionario que se está dispuesto a combatir, contener y reducir. Una política económica que se propone la unifica­ción cambiaria y la corrección del desequilibrio externo y en consecuencia el acercamiento del tipo de cambio libre al piso de
la banda de flotación, aseguraría un valor superior del bolívar en relación al actualmente existente en el mercado libre. Ésta sería el mejor desestimulante de la salida de
ahorros internos y de la repatriación de capital e interés de los tenedores venezolanos
de fortunas en el exterior.
Al insistir en la liberación de las tasas de interés para estimular el ahorro y detener la salida de fondos, se confiesa, implícitamente, la falta de convicción en el
éxito a mediano plazo de la política inflacionaria y de la política de unificación cambiaria. Esto constituye una especie de traición del subconsciente económico. La razón de esta trastada del subconsciente, deriva quizás de una realidad interna de las
medidas de “tratamiento shock”. Por una parte, el poco énfasis en una reforma tributaria progresiva sobre el consumo no esencial y sobre los altos ingresos y patrimonios, mantendría latente el peligro del déficit presupuestario del sector público consolidado. De inmediato este déficit se corregirá, con efectos moderados sobre el
gasto, gracias al impuesto cambiario, mediante la elimina­ción del cambio preferencial de 14,50 y su acercamiento al piso de 25 y a los aumentos de las tarifas y precios
de los servicios y bienes del sector público. Al posponerse indefinidamente la reforma del sistema fiscal en condiciones de creciente debilidad parlamentaria del gobierno, de presión directa e indirecta de los factores del poder económico, a través de los
medios de comunicación social y de la infil­tración de “los partidos del sistema”, y al
incrementarse los costos del sector público por efecto de las alzas de precios y de los
gastos compensatorios se ensanchará la brecha deficitaria. En este contexto, esta
brecha podría ser transitoria e ilusoriamente eliminada o reducida median­te el único
tributo institucionalmente factible: el impuesto cambiario acercando el tipo de cambio al techo de la banda de flotación, que pasaría a ser el piso, complementado por
sucesivas alzas en los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos. Los opera264
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Anexo 1
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dores económicos y cambiarios, más expertos en “economía freudiana” que nosotros en econo­mía keynesiana y postkeynesiana, al detectar esta traición del subconsciente económico, se convertirán en fuerte factor de desestabilización externa.
8
Estas observaciones, que no pretenden ser completas sino ilustrativas de los
riesgos implícitos en el paquete de medidas propuestas, nos lleva a sugerir las siguiente recomendaciones, que sin rechazar en su integridad el programa para el crecimiento no inflacionario de la economía en la década de los 90, le aporte una mayor
dosis de realismo en su dimensión temporal, en su dimensión social y en su dimensión institucional y política interna.
El mensaje inaugural del Presidente debe centrarse, en lo relacionado con las
medidas económicas, a enunciar el marco referencial que indique y convenza a los
diferentes sectores de la nación sobre su factibilidad para corregir, durante el período, y sin traumatismos perturbadores, los desequilibrios estructurales internos y externos, sin detallar las medidas específicas contempladas. En la mente del Presidente
debe estar presente la capacidad de absorción de las medidas, sin desequilibrios innecesarios, por el potencial productivo del país, por la solidez estructural de su sector
externo a mediano plazo, por las diferentes clases e intereses sociales y por la comunidad política democrática. La dimensión temporal de la ampliación de las medidas,
para su respectiva gradualidad a objeto de suavizar en el tiempo su impacto perturbador sobre el cuadro social e institucional, y asegurar el mayor grado de consenso
interno para su instrumentación exitosa, debe tener importancia decisiva en este
enfoque. Este análisis realista a la luz del horizonte temporal de la aplicación de las
medidas, debe referirse al contexto de decisiones sobre aspectos tales como: la unificación cambiaria en función de la acumulación de las reservas internacionales; la
protección del valor real de los ahorros tomando en cuenta los éxitos de la lucha
contra la inflación y contra el desequilibrio externo, y los movimientos internacionales de las tasas de interés.Aspectos tales como los aumentos de sueldos y salarios y
otras medidas compensatorias según la creciente capacidad de la economía real para
absorberlos, deben abordarse conjuntamente con la reforma progresiva del sistema
fiscal en consonancia con el crecimiento del ingreso real de los contribuyentes. Recomendé que sobre la base de una coherente declaración de principios en materia
económica, el Presidente debería de inmediato abocarse con su equipo a examinar la
articulación de las medidas específicas a la luz de este marco conceptual y metodológico. (Anexo 2, el texto completo del Memorando del 31 de enero de 1989 para el
Presidente Electo, se anexa al final del libro).
Mientras dura el período de organización y articulación definitiva de las medidas, el gobierno debe mantener una estricta administración o control de los flujos
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cambiarios, una congelación de los precios, los intereses y los salarios, y un control
severo de las importaciones. La variable crí­tica en la que debe centrarse la acción
gubernamental durante este período de emergencia, tiene que ser la nego­ciación de
los créditos puentes y de la deuda, para, conjuntamente con la restricción cuantitativa
de las impor­taciones, acumular la masa estratégica de reservas, que permita la iniciación del programa de medidas en sus mejores condiciones de credibilidad interna y
externa.
Dada la realidad parlamentaria y la realidad política interna, debe procurarse el
entendimiento mayor que sea posible en las fuerzas más organizadas de la oposición,
sobre la base de la consulta más franca y esclarecedora y la apertura más sincera ante
sus recomendaciones, que sean compatibles con los propósitos esenciales de defensa
del interés colectivo que persigue el nuevo programa. En lo que se refiere al apoyo
del partido de Gobierno, éste debe lograrse mediante una consulta que asegure la
participación de sus mejores expertos y el aprovechamiento de sus diferentes experiencias gubernamentales. El organismo directivo nacional correspondiente debe
comprometer su apoyo más definitivo a las medidas económicas propuestas. En relación a la opinión de los demás sectores de la vida nacional –sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones profesionales y académicas, etcétera– deben procesarse, en una aplicación práctica de la política de concertación con sus organismos
nacionales, sus observaciones y recomendaciones. Pero debe quedar claro que el
Estado conserva intacta su soberanía decisoria y que las recomendaciones de estos
sectores pueden ser influyentes pero no vinculantes en la adopción de las acciones
públicas correspondientes. En estas condiciones de emergencia, el valor de la concertación puede tener una importante significación correctiva, para eliminar o corregir
errores o desviaciones originadas en la inevitable toma autónoma de decisiones por
los órganos del poder público.
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Anexo 2
Memorando
Para: Presidente Carlos Andrés Pérez
De: Dr. Gumersindo Rodríguez
Medidas económicas y sociales urgentes para prevenir
explosiones de violencia en sectores marginales
Fecha: 7 de marzo de 1989
1
Independientemente de la reorientación global y sectorial que de ahora en adelante se imprima a la instrumentación de las medidas económicas, en el contexto de
los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, debe procederse a una reasignación de los recursos previstos para la compensación de los efectos negativos de ese
reajuste económico, a objeto de incidir de manera directa sobre los sectores que representan el mayor potencial de explosividad social y política. Si partimos del hecho
de que cerca de dos millones de miembros de la fuerza laboral sobreviven de manera
socialmente improductiva en la “economía informal” podría demostrarse que la
existencia de esa “economía” tiene un alcance económico sobre seis millones de
personas. Aun reduciendo esta cifra a poco más de la mitad, se comprobaría un índice de marginalidad económica y social de cerca de 1/5 de la población total del país.
Una de las deficiencias de las medidas compensatorias previstas –subsidios a los
intereses hipotecarios sobre las viviendas de interés social, incremento del salario
mínimo en las zonas urbanas, etcétera–. es que no compensan a la mayoría de los
venezolanos que padecen ese estado de marginalidad crónica, donde se puede localizar el epicentro de estremecimientos sociales de similar o mayor intensidad que los
que sorprendieron recientemente a la mayoría de los venezolanos. Los que viven en
las zonas marginales no son, en su mayoría, sujetos del crédito hipotecario. Los marginales de la economía informal, en una elevada proporción, son trabajadores a destajo, servidores domésticos, “toeros”, buhoneros, etcétera, a los cuales no se les aplica el salario mínimo. Sobre estos sectores se siente el efecto de las medidas sobre el
precio de los bienes de consumo básico y de servicios de uso esencial –alimentos,
combustibles, transporte, agua, etcétera–.
En el pasado, antes de las políticas contraccionistas iniciadas en 1979, el crecimiento del producto y del ingreso real y del empleo, permitía absorber y neutralizar
el potencial de violencia social en estos sectores. Entonces el tiempo que los individuos y familias permanecían en la marginalidad se reducía gracias al crecimiento del
empleo en los sectores de la producción de bienes y servicios públicos y privados.
Existía una rotación y movilidad sociales que atenuaban el peligro que significa para
una parte sustancial de la población sobrevivir en estado de creciente miseria econó267
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mica. Las “salidas” del estado de marginalidad se han reducido de manera absoluta.
Las “entradas” se han incrementado con la subproletarización de las clases proletarias y con el proceso de proletarización de la clase media. El período de permanencia
en la marginalidad se ha prolongado, al mismo tiempo que la miseria que padecen
estos sectores se intensifica con las oleadas de nuevos entrantes procedentes del campo, de otros países, de las clases trabajadoras tradicionales, del crecimiento demográfico explosivo del mismo sector. Éstos deben distribuirse un producto económico,
principalmente en la economía informal, en proceso de intensificado estancamiento.
Determinar el factor que transforma estas condiciones en violencia social, es como
predecir, en la ciencia de la ingeniería de resistencia de materiales, cuál es el miligramo que produce el punto de fractura.
La proletarización de las clases medias, sobre todo la proletarización de los estratos profesionales debido al proceso inflacionario y al estancamiento en el empleo
y en las remuneraciones profesionales reales, genera un potencial de violencia organizada que al converger, en un momento crítico determinado, con la explosión social
anárquica de los sectores marginales, amenaza la existencia de todo el sistema político y social existente. En los sectores de la clase media profesional arruinada, de los
oficiales militares en los rangos bajos y medios, y en el estudiantado, seguros de su
inexorable ingreso en las filas del desempleo, de la subproletarización y de la marginalidad, se genera la oferta de los impredecibles liderazgos necesarios para resolver la
profunda crisis estructural que padece la sociedad venezolana en las actuales circunstancias.
La convergencia de estas dos fuerzas puede determinar el derrumbe y la sustitución del presente orden económico, social e institucional.
2
Mientras se pone en marcha el programa de reajustes estructurales en los diferentes sectores de la economía pública y privada que restablezcan el crecimiento de
la producción y de las fuerzas productivas para la reducción gradual de estos desequilibrios sociales, en el mediano y largo plazo, debemos adoptar medidas de emergencia para evitar que a corto plazo sucumba el sistema democrático. Estas medidas
deben estar dirigidas a los “focos críticos” de la marginalidad y de las clases medias
en proceso de subproletarización y marginalización, para atenuar la intensificación
de la miseria económica y reducir el riesgo de convergencia de la capacidad de destrucción anárquica de los sectores marginales no organizados con el potencial de
subversión dirigida de la intelectualidad y profesionalidad marginalizadas. Esto plantea la urgente necesidad de reasignar los recursos previstos para las medidas compensatorias, y acopiar nuevos recursos para concretar programas de rápida ejecución, que
nos permitan reducir o eliminar a breve plazo la explosividad de este peligroso com268
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Anexo 2
Medidas económicas y sociales urgentes para prevenir explosiones de violencia
en sectores marginales
bustible de miseria social acumulada por muchos años en las áreas geográficas de
mayor vulnerabilidad económica, política y militar.
3
Debe constituirse un Fondo de Lucha contra la Pobreza (FLP), en que se aporte una parte sustancial de los recursos financieros ya previstos para las compensaciones y los subsidios y los que se puedan obtener de ayuda externa, reducción de gasto
público no esencial, de la privatización de unidades económicas públicas, de modificaciones tributarias, etcétera. Este Fondo debe ser manejado por la Presidencia de la
República a través de CORDIPLAN, en estrecha cooperación con los demás organismos públicos encargados de la acción social. Entre los programas de ejecución
inmediata, nos permitimos recomendar, para ser coordinados por esta agencia, los
siguientes:
A.Establecimiento de la “estampilla”, “bono” o “voucher” alimentario para las
familias de los sectores más pobres, con ingresos inferiores o ligeramente superiores al salario mínimo en los centros urbanos de mayor densidad demográfica y de mayor vulnerabilidad política y social. Este subsidio permitiría
pagar una proporción importante de la adquisición de los alimentos esenciales
por las familias de estos grupos sociales. La “estampilla” sería de obligatoria
recepción por parte de los establecimientos comerciales que venden estos bienes. La calificación de los beneficiarios sería organizada por los organismos o
centros de bienestar que se decida, y su distribución podrá hacerse a través de
las oficinas de correos, de las prefecturas, de las iglesias, etcétera. Los riesgos
de fraude se eliminarían mediante el uso de los modernos recursos de la informática, basándonos en la experiencia de las organizaciones que manejan las
tarjetas de crédito. El valor de estos bonos o estampillas sería pagado periódicamente a los establecimientos comerciales correspondientes. Podrían devengar intereses de acuerdo con el período que sean retenidos y ser recibidos por
los bancos comerciales en sus operaciones de crédito y otras transacciones con
esos establecimientos. En determinadas condiciones podría servir como encaje legal de los bancos comerciales y para respaldar créditos del Banco Central
a estas instituciones.
B.Asegurar, mediante el instrumento legal correspondiente, la titularidad de los
terrenos donde se ubiquen las viviendas de sectores marginales. Mediante esta
titularidad y la propiedad de las construcciones respectivas, sería posible que, a
través del INAVI, el Fondo de Lucha contra la Pobreza (FLP) pueda hacer
préstamos de materiales, con apropiado asesoramiento técnico, para la mejora
de las unidades de vivienda de estas clases.
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C.Garantizar el suministro regular de agua potable y servicios de recolección de
basura en los sectores que tienen más dificultades de acceso a estos servicios,
sobre todo en los barrios ubicados en los cerros del área metropolitana. Parte
de los recursos destinados por los entes multilaterales para gasto social, puede
aplicarse, coordinado por el FLP a organismos como el INOS y el IMAU, para
la adquisición de las unidades móviles requeridas para prestar los servicios de
agua y aseo urbano en estos sectores. Estos servicios serían gratuitos y podrían
ser financiados, de manera permanente, con ingresos adicionales obtenidos por
esos organismos, cargando tarifas más elevadas en las zonas residenciales de las
clases acomodadas, según el valor de la propiedad residencial, determinado por
el más calificado levantamiento catastral.
D.Reorganizar los servicios de transporte colectivo de carácter publico, de manera que se asigne preferencia a las necesidades de transporte entre la vivienda y
los centros de trabajo a los habitantes de las zonas donde se concentra este
sector. En el caso específico del Área Metropolitana, el sistema de Metrobuses
del Metro debe orientarse prioritariamente a la necesidad de estos sectores y no
de las urbanizaciones de las clases media alta y rica. Se puede instrumentar
un ticket especial para el pago de servicios de transporte similar a la estampilla
alimentaria, para beneficio de estos sectores. Los costos adicionales de estos
servicios se pueden cubrir mediante aumento de las tarifas del Metro para los
demás usuarios y aumentar la contribución del sector empresarial privado por
conceptos de bonificación y transporte.
Las medidas señaladas son de fácil instrumentación, en un período de tiempo
razonablemente corto. Esto contribuiría al bienestar de estos sectores y neutralizaría un potencial social de desestabilización que representa la creciente miseria de estos grupos.
Para aminorar el proceso de marginalización de las clases medias, profesionales, y especialmente la intensificación de la proletarización y subproletarización
de las nuevas promociones de educación superior y técnica, pueden recomendarse programas como los siguientes:
E.Decretar, para todo nuevo egresado en educación superior y técnica, el empleo
automático garantizado y el salario profesional real mínimo garantizado. El
Estado se encargaría de colocar en las empresas productivas públicas y en las
empresas privadas, mediante la instrumentación legal correspondiente, a estas
nuevas promociones de profesionales y técnicos superiores. El costo financiero
para el Estado, en una primera etapa, será inferior al costo para la sociedad de
mantenerlos, de todas maneras desempleados, consumiendo a costa de sus familiares y en estado de amenaza latente contra la estabilidad misma del sistema.
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Anexo 2
Medidas económicas y sociales urgentes para prevenir explosiones de violencia
en sectores marginales
El desempleo de este capital humano es una pérdida irrecuperable de lo que en
sus estudios han invertido como tiempo útil los propios estudiantes, y como
recursos reales el Estado y los familiares. Así como no debe desperdiciarse una
herramienta productiva, tampoco debe depreciarse sin uso este vasto potencial
humano de riqueza colectiva. Esta medida contribuirá a que las familias mantengan altas tasas de capitalización humana en la educación de sus hijos, seguros de que no van a perder su inversión. Si se les ubica productivamente, estarán
en capacidad de producir un valor económico superior a los costos de su salario, dejando un plusvalor para contribuir al progreso global de la sociedad y a la
salud financiera de las unidades públicas y privadas que deban absorberlos.
F.Instrumentar un Programa de Formación de Nuevos Empresarios, mediante la
organización de un sistema de créditos para jóvenes profesionales de las últimas
promociones y de las promociones futuras, sobre todo en las disciplinas relacionadas con la producción material y con la administración económica –Ingeniería Industrial, Informática, Veterinaria, Agronomía, Biotecnología, Economía, Administración, Contaduría, etcétera–. Los recursos que actualmente
aplican Corpoindustria, ICAP, Bandagro, y los nuevos aportes financieros internos y externos –pueden en apreciable proporción concentrarse en el Fondo
de Lucha contra la Pobreza (FLP)–, para que éste coordine este programa en su
etapa de iniciación y despegue. Estos serían créditos pequeños para la iniciación de estas empresas de profesionales y técnicos superiores a intereses nominales muy bajos, con razonables plazos de gracia y largos períodos de pago.
Estos créditos se otorgarían, como se hizo en el caso del Programa de Becas
Gran Mariscal de Ayacucho durante 1974-1978, mediante un proceso objetivo
de aplicación abierta a todos los jóvenes profesionales en las ramas correspondientes y mediante una selección computarizada, objetiva y sin interferencias
políticas clientelares. De acuerdo con el éxito de sus empresas y las necesidades
de crecimiento de sus operaciones en el futuro, se les abriría el crédito normal
que otorgan los Bancos del Gobierno, los fondos de crédito industrial y agropecuario, ICAP, etcétera. Estas empresas exitosas de este nuevo empresariado
tendrían preferencia en la concesión de los créditos del Estado en el futuro y en
las compras que haga el sector público.
G.Ampliar el Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho para los estudios de
postgrado en el país y en el exterior, restableciendo su viejo espíritu de objetividad e imparcialidad, sin discriminaciones en la selección de los beneficiarios.
“La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho” debe coordinar dos grandes áreas:
una, dedicada a las becas para los estudiantes más capaces de las clases pobres,
a objeto de formar un inventario de liderazgo popular en los sectores público y
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privado, cuya oferta profesional iría a los más diversos sectores, actividades, y
unidades públicas y privadas. Esta área del programa se financiaría con los recursos tradicionalmente aportados en el presupuesto y con las economías que
se logren en los gastos corrientes y subsidios existentes, recursos de las loterías
y el Hipódromo, con nuevos recursos procedentes de la tributación, etcétera. El
componente externo de este programa, es decir las becas en el exterior, se pueden cubrir con los aportes de carácter social que hagan los entes financieros
públicos multilaterales. Las becas de este programa se darían en la mayoría de
los casos como créditos, los cuales, en el futuro, serían total o parcialmente
condonados, según el rendimiento del beneficiario a lo largo de su carrera académica. Se podrían conceder durante el período 20.000 becas, las cuales se
anunciarían de inmediato, pero se distribuirían en el tiempo según un sistema
de sorteo público, que adquiera credibilidad y legitimidad ante los beneficiarios.
El otro sector del programa de becas puede llevarse a cabo mediante la constitución de una fundación mixta, integrada con la Fundación Gran Mariscal de
Ayacucho y el sector privado, para la formación de personal técnico y científico
con destino preferente para las empresas privadas y algunas corporaciones públicas. Aportes procedentes de empresas privadas y públicas y recursos que
puedan ser, mediante los instrumentos legales respectivos, transferidos o prestados de los fondos del INCE, así como contribuciones corporativas internacionales e ingresos fiscales de un impuesto para la formación técnica, podrían
significar un cuantioso patrimonio financiero para la inversión en este capital
humano especializado. Los préstamos de este fondo para estos estudios se concederían a estudiantes de diferentes clases y serían avalados por las empresas
públicas y privadas que se comprometan a emplear a los prestatarios una vez
que culminen sus estudios.
La coordinación normativa y administrativa general de ambos programas estaría bajo la Presidencia de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.
Debe elaborarse un programa especial que asegure un mayor grado de bienestar y seguridad económica y social para la oficialidad de rango intermedio y para los
demás funcionarios de los cuerpos de seguridad y defensa, a objeto de separarlos,
hasta donde sea posible, de la influencia de los focos de descontento, y asegurar la
plenitud, de esta manera, que puedan imponer el orden en estos sectores, en casos de
emergencias o explosiones imprevistas. Es demasiado riesgoso para el sistema que
los cuerpos de seguridad que repelen las explosiones de violencia en estos sectores
sean tan marginales o más marginales que aquéllos que deben contener y, en condiciones extremas, reprimir.
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Anexo 2
Medidas económicas y sociales urgentes para prevenir explosiones de violencia
en sectores marginales
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Una acción estructurada sobre la orientación señalada en este memorándum,
debe ser utilizada como pieza táctica para inducir y obligar a los factores del establecimiento económico y de la oposición, a aceptar una reforma a fondo del sistema de
tributación sobre el consumo suntuario, las ganancias excesivas internas y externas y
los incrementos en los valores de patrimonios reales y financieros. Deberán presentarse los programas correspondientes, como una gran inversión en bienestar social y en
capitalización humana, para reproducir nuestra fuerza de trabajo en condiciones cualitativas cada vez más propicias al progreso material e intelectual del país. Pero actualmente el Gobierno estaría tan solo en condiciones de aportar una modesta cuota inicial para el despegue de los programas respectivos. Para concretar estos programas en
el plazo más corto posible, y lograr así las metas propuestas, será necesario que los
sectores privilegiados y la oposición no resistan la aprobación de la reforma tributaria
progresiva, de donde habrán de obtenerse los recursos requeridos.
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Anexo 3
Memorando
De: Dr. Gumersindo Rodríguez
Para: Presidente Carlos Andrés Pérez
La Emergencia Económica
Fecha: (15/2/92)
I
Reafirmación de la autoridad política, militar y económica
Lo que el Presidente viene logrando en la reafirmación de su autoridad política
y militar puede ser en gran medida neutralizado, si no ejerce directamente la plena
autoridad en el terreno económico.
La falta de coordinación en el manejo de las variables económicas, y principalmente de las variables financieras, puede resultar en desestabilización económica y social en el corto plazo, con su consecuente impacto negativo en el frente
civil y militar.
La misma centralización presidencial que se aplica a las decisiones civiles y
militares debe aplicarse a las más importantes decisiones financieras.
El alza brusca del tipo de cambio y la elevación de los costos a través del componente importado, intensifica el proceso inflacionario. La libertad cambiaria es incompatible con el nivel de actividad económica requerido en condiciones críticas de
inestabilidad política y social. Las divisas, cada vez más escasas, están siendo rápidamente absorbidas por el servicio de la deuda externa y por el componente importado
de la reactivación económica. En condiciones de libertad cambiaria las reservas internacionales tan solo serán defendidas por las devaluaciones crecientes –inflación
de costos y las altas tasas de interés y control de la liquidez– desactivación económica y desempleo.
Las reservas de divisas son el “tesoro externo de guerra” de la democracia.
Corremos el peligro de agotarlo en el momento crítico que más lo necesitamos.
La centralización presidencial de las decisiones políticas y militares, debe
ir acompañada por la centralización presidencial en materia cambiaria, para
controlar los flujos de divisas en función estricta de las necesidades de defensa
de la democracia.
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II
La emergencia institucional y el consenso para resolver de
inmediato la crisis estructural de las finanzas públicas
El Presidente debe aprovechar su autoridad moral y política, fortalecida en la
crisis, para lograr un consenso de emergencia, con inmediatas consecuencias operacionales, para resolver la crisis estructural de las finanzas públicas que son la causa de
la devaluación, de la inflación y del creciente descontento social.
Este consenso debe estar dirigido a lograr de inmediato la masa interna de recursos reales, de origen no inflacionario, mediante la tributación directa e indirecta
progresiva, que haga innecesaria la devaluación y el endeudamiento externo para financiar programas que absorben recursos fundamentalmente nacionales como materiales, mano de obra y capacidad instalada. Esta reforma –como la que sería necesaria en una movilización económica de guerra– solo puede realizarse por acuerdo al
más alto nivel político y ser instrumentada de inmediato mediante poderes presidenciales especiales. La restricción relativa de las garantías, y sobre todo de las garantías
económicas, como si estuviéramos en guerra, y el control estricto del cambio por un
corto período de transición, mientras se aprueba la reforma tributaria, son condiciones absolutamente necesarias para que el Estado acumule su “tesoro interno de guerra”, con el cual eliminar de un solo golpe el recurso de devaluación como mecanismo de tributación indirecta, impuesto a la sociedad sin la participación de la autoridad
soberana del pueblo representado en el Parlamento.
III
Control estricto de importaciones
La capacidad para importar tiene que ponerse estrictamente al servicio de la
recuperación económica, y para atender las necesidades más urgentes en lo que concierne a compras en el exterior de materias primas esenciales, partes y repuestos,
instrumentos para la dotación militar indispensable, bienes de consumo básico como
alimentos y medicinas, etc.
En este sentido, durante la emergencia, deben prohibirse las importaciones
de bienes no esenciales, sobre todo suntuarios. Las divisas en esta coyuntura no
deben ser utilizadas para importar automóviles de lujo, por ejemplo, que limitan
nuestra capacidad para comprar abastecimientos esenciales, y que contribuye a
intensificar, mediante la demostración conspicua, los contrastes entre la opulencia
de los menos y la miseria de los más. De utilizarse como mecanismo de control de
las importaciones el sistema de cuotas de emergencia, éstas deben licitarse o su276
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Anexo 3
La Emergencia Económica
bastarse en el mercado para evitar las rentas económicas de los importadores que
las obtengan.
La capacidad para importar no debe utilizarse tampoco en situación de emergencia, equivalente a una situación de guerra externa, para el servicio de deuda externa que puede transitoriamente ser diferido, especialmente el de la deuda no estructurada, sobre toda aquella con gobiernos como los del Club de París. La
experiencia reciente de estos acreedores con el diferimiento del cobro del servicio
de la deuda de la extinta Unión Soviética, puede ser aprovechado por nosotros para
salir de la emergencia que vivimos en los actuales momentos. Los recursos de divisas así liberados, conjuntamente con los que ahorremos por menores importaciones, los podemos, en parte considerable, aplicar a cubrir el componente importado
de programas básicos en hidroelectrificación, generación térmica a base de gas, siderurgia, etc., y a cubrir una parte del componente importado del Megaproyecto
Social, y especialmente las becas al exterior Gran Mariscal de Ayacucho.
IV
El financiamiento del megaproyecto social
Los programas sociales deben reestructurarse y presentarse como parte integral de los grandes programas de desarrollo integral, y no deben aparecer como una
especie de “populismo defensivo” para apaciguar una crisis en parte agravada por la
sobredosis del “reajuste económico”.
Los programas sociales deben mejorar las condiciones de vida de los diferentes
sectores de las clases trabajadoras y medias, y estar dirigidos en medida apreciable a
aumentar la tasa de formación de capital humano para complementar la tasa de formación de capital físico, contemplada en los proyectos económicos. Los programas
de bienestar social para los militares deben ser aprobados en el mismo momento que
los programas que benefician a trabajadores, clase media, estudiantes, maestros, profesores, etc. No deben aparecer como una propuesta oportunista o especie de “soborno social” para acallar la protesta de civiles o militares.
La credibilidad de estos programas depende de que se les financie con los recursos que aporte la reforma tributaria. Los recursos deben ser aprobados y asignados por el Parlamento para proyectos sociales específicos. La oposición tendrá que
armonizar los pedimentos que hace al gobierno en materia social con el debido coraje para aprobar la reforma fiscal que permita cubrir estos gastos de manera no inflacionaria. Los bienes y servicios reales que de esta manera absorberán los más necesitados tiene que venir, por una parte, de la explotación del potencial productivo
ocioso, y por la otra, del consumo excesivo de los grupos más ricos. Como el consumo de los más ricos tiene un componente importado superior, la reforma tributaria
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ahorraría indirectamente divisas para cubrir una parte del componente externo de
los programas sociales.
Tan solo deberán usarse los recursos externos de la privatización y los compromisos con los entes multilaterales, preferentemente para los programas de capitalización humana en el exterior – como los de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.
Los proyectos específicos del Megaproyecto Social deben financiarse de manera no inflacionaria y no mediante el impuesto cambiario o impuesto inflacionario que
hemos venido produciendo en condiciones de represión o contención del aparato
productivo. La mayor producción real que logremos al reducir esta brecha nos permitirá disponer de una mayor oferta a costos reales más bajos, una mayor capacidad
de contribución fiscal y una más amplia disponibilidad de bienes transables para exportar y reemplazar importaciones.
El logro de este equilibrio fundamental nos permitirá resolver los desequilibrios parciales derivados de éste, en el frente inflacionario, en el frente fiscal y en el
frente de las cuentas externas.
En el proceso de crecimiento equilibrado y más justamente distribuido que así
se garantizará, será absorbida la crisis social presente, y se aislarán definitivamente
los focos de subversión institucional de cualquier género. Esto fue lo que ocurrió en
la etapa final de la administración de Rómulo Betancourt, después de los trágicos
acontecimientos de la primera etapa de su gobierno. La contracción de 1959-1961
tuvo efectos políticos de alto riesgo para la naciente democracia. La rectificación a
comienzos de 1962 y la expansión a partir de entonces permitió absorber los focos y
núcleos críticos de la desestabilización. Los focos de la subversión fueron socialmente aislados y políticamente derrotados. Los que olvidamos la historia, dijo alguien,
estamos obligados a repetirla.
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Anexo 4
La inflación y las importaciones
La República el día 30 de marzo de 1968
La Teoría Estructuralista de la inflación
Según la teoría de la inflación sumergida, las rigideces de la estructura productiva (es decir, capacidad para incrementar la producción), principalmente en el sector
agropecuario, colocada frente a una demanda en expansión y frente a una elevada
propensión al consumo, origina poderosas presiones inflacionarias. Estas últimas
solo podrían evitarse si el país dispone de suficientes recursos de divisas para abastecer el mercado doméstico con producción importada, bien sea de productos terminados o de materias primas para la elaboración de estos productos en el país. De esta
manera, el componente importado de estos productos representa una proporción
importante de su valor. En este caso la presión inflacionaria se alivia por el caudal de
divisas que se escapan al exterior para pagar estas importaciones.
La influencia de la estructura productiva rígida sobre la inflación se conoce con
el nombre de “tesis estructuralista” de la inflación. Esta tesis aplicada al estudio de la
dinámica de los precios ha sido expresada por el Dr. Héctor Malavé Mata, y en el
caso específicamente venezolano sostiene que la inflación nuestra es una “inflación
sumergida” por cuanto la inflación potencial, que por razones estructurales existe en
el país, no se ha manifestado en su totalidad debido al alto nivel de importaciones
que permiten nuestros abundantes recursos de divisas. Afirma Malavé Mata que
“existe en Venezuela una inflación sumergida” y explica que “la rigidez de la estructura productiva del sistema determina una estrechez de la oferta interna”. Luego
añade que “esta estrechez o rigidez productiva origina, frente al acelerado crecimiento demográfico del país, crecientes márgenes de demanda social solvente que, a su
vez, originan presiones alcistas en el nivel general de los precios”. Señala a continuación que estos efectos inflacionarios “no se materializan en una sustancial elevación
de los precios porque también actúan fuerzas contrarrestantes que se originan en la
parcela avanzada de la estructura económica mediante la alta capacidad para importar, proveniente de los grandes volúmenes de petróleo que exportamos”.
Las Importaciones y los Precios
En este sentido, es de observarse que la importación actúa, según la tesis transcrita, comentada por el Dr. Malavé Mata, como un factor restrictivo de la inflación,
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en el sentido de que abastece la demanda marginal no atendida directamente debido
a la rigidez de la oferta interna; es decir, las salidas de divisas frenan el proceso inflacionario derivado de la rigidez productiva.*
Pero otra tesis, en cierta forma opuesta, considera que el alto componente de importación contenido en nuestra cobertura de la demanda interna, actúa como una presión inflacionaria adicional, pues a través de los precios de los bienes terminados, o de
las materias primas que importamos para elaborar buena parte de la producción interna,
se trasladan a la estructura de los precios nacionales las presiones inflacionarias desde los
países abastecedores de estos bienes. No parece haber duda de que las importaciones
ocupan un espacio importante en la cobertura de la demanda interna, o sea, a través de
productos terminados, servicios o materias primas altamente incidentes en el costo de
elaboración de nuestros productos finales. ¿Cuál sería la verdad, por consiguiente, de
ambas tendencias o tesis solo aparentemente opuestas? Ambas parecen revelarse como
realistas y ciertas. En conclusión, es técnicamente posible que la fuerte importación
ayude a frenar la inflación derivada de la rigidez de nuestra estructura productiva y de la
abundante provisión de liquidez que pone en manos del público la exportación de petróleo a través del gasto público. Pero al mismo tiempo no parece menos cierto que la
importación elevada de productos finales, materias primas o servicios obtenidos en
países sujetos a una conocida espiral inflacionaria, traslada a nuestra estructura de precios un porcentaje importante de la inflación extranjera. Puede observarse el caso de la
incidencia de las materias primas importadas en los costos y desde luego en los precios
finales de los productos que se elaboran con ellas. Los factores de transmisión de la inflación extranjera a los precios de los productos nacionales, según la Encuesta de Cordiplán, puede ser determinada o cuantificada mediante los siguientes coeficientes de materias primas importadas en relación al valor bruto de la producción:
En las industrias tradicionales: 0,11
En las industrias1intermedias: 0,08
En las industrias mecánicas: 0,37
En las industrias residuales: 0,23
Lo que el país gana en estabilidad de precios por concepto de importación de
bienes para compensar la rigidez de la producción interna, tiende a perderlo a medida
que las importaciones efectuadas suben de precios gracias al fenómeno de la inflación externa.
* Héctor Malavé Mata: “Aproximación al Análisis Estructural de la Inflación en Venezuela”, Revista
de Economía Latinoamericana, No. 25-26, 1968; Dudley Sears: “Inflation and Growth: The Heart of
the Controversy”; David Félix: “Monetarists, Structuralists, and Import Substituting Industrialization. A Critical Appraisal”, Yale University, 1964; Juan Noyola Vásquez; “El Desarrollo Económico y la Inflación en México y otros Países Latinoamericanos”, Investigación Económica XVI,
No. 4, 1956, México; Oswaldo Sunkel: “La inflación chilena, un enfoque heterodoxo. El Trimestre
Económico 1958”.
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Anexo 4
La inflación y las importaciones
La verificación econométrica del efecto de las importaciones
sobre los precios
A fin de verificar estas dos hipótesis, solo aparentemente contradictorias, hemos formulado la siguiente ecuación:
P= b1* Mnp + b2* Mbk + b3* Mbc + Po
en el entendido de que Mnp representa el precio de las importaciones de materias primas, Mbk la importación de bienes de capital, Mbc la importación de bienes
de consumo, b1, b2, b3 tienen significado de coeficientes que señalan la relación
cuantitativa entre los precios y las variables independientes. Po es la constante o intersección. De donde resulta: P = 0,02632* Mnp - 0,00064* Mbk - 0,01700* Mbc +
102,167 (coeficientes estadisticamente significativos). Se advierte que el signo de los
coeficientes que corresponden a las variables independientes representativas de las
importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital responde a las expectativas de la tesis estructuralista, pues las importaciones ejercerían en estos rubros un
efecto negativo sobre el alza de precios, ya que, en el primer caso, las importaciones
de bienes de consumo aumentan de manera directa la oferta haciéndola más competitiva; y en el segundo, una mayor dotación de bienes de capital permite ensanchar la
capacidad productiva y romper rigideces de la oferta interna. Todo lo cual modera el
efecto de las otras presiones inflacionarias. El signo del coeficiente de la variable que
representa la importación de materias primas, al contrario de los anteriores, es positivo, pues como ya se ha visto muy claramente, estas materias primas transmiten la
inflación extranjera a los precios nacionales. En todo caso, este coeficiente de signo
positivo tiene un valor superior al de los otros dos coeficientes antes dados, de signo
negativo, de modo que anula sus efectos negativos con su mayor valor positivo.En
conclusión, el Indice General de Precios al Mayor, en función de las distintas categorías de bienes importados ofrece los resultados siguientes: a) El coeficiente de correlación múltiple es muy elevado. R2 = 0,98699. b) El coeficiente de determinación
(R2) indica que el 97,5 % de las variaciones observadas en la variable dependiente
son explicadas por el modelo. El coeficiente de indeterminación, complementario
del anterior, es tan solo de 2,5 %. R2 = 100 - 97,5 %. c) El error standard de estimación (o margen de error) es igualmente pequeño (S = 2,09) y en términos relativos
corresponde a una variación del 1,89% del valor medio de P (variable dependiente).
d) Existe correlación negativa al nivel del 1 % Como se ve este modelo está muy bien
logrado por lo que respecta a todos los tipos y valores de error (indeterminación y
estimación) e igualmente por lo que se refiere a la autocorrelación. Aunque la autocorrelación existe, los bajos valores de error posibilitan su utilización. Es preferible
un estimador autocorrelacionado y con bajo error, que un estimador no autocorrelacionado con amplios márgenes de error.
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Anexo 5
El Gran Viraje y el Programa de Ajustes
Macroeconómicos puesto en práctica a
partir de febrero de 1989
La economía venezolana a presentaba al cierre de 1988 un desequilibrio de
naturaleza dual: un desbalance externo que se expresaba en un considerable déficit en la balanza de pagos y en un agotamiento de las reservas internacionales. Y
otro interno, el cual se concretaba en un nivel de gasto agregado muy superior al
decreciente nivel del ingreso nacional que originaba el desmejoramiento del mercado petrolero.
Este último desequilibrio potenciaba el primero, de suyo condicionado por una
cuenta de capital deficitaria como consecuencia del peso que ejercía sobre ella el
servicio de la deuda pública externa. La interacción de los desequilibrios interno y
externo agudizaba la creciente presión inflacionaria lo cual tendía a desactualizar el
tipo nominal de cambio y anulaba los efectos favorables que ejercía el menguado
crecimiento económico sobre el bienestar social. Asimismo, la persistencia de los
desequilibrios mencionados estimulaba la generación de rentas y cuasi rentas en el
sector privado y deterioraba aceleradamente la confianza de los agentes económicos
respecto a las posibilidades de recuperación de la economía del país.
Las causas del acentuado desequilibrio podrían igualmente considerarse de naturaleza dual: una, de índole estructural relacionada con la persistente y marcada
dependencia del sector moderno de la economía respecto a las importaciones de insumos y materias primas, lo cual demanda una creciente disponibilidad de divisas
para sostener su viabilidad. Y otra, de naturaleza coyuntural asociada en el ámbito
interno con el considerable déficit que presentó, en 1987 y 1988, la gestión financiera
del sector público consolidado (5,4% y 9,3% del PTB, respectivamente). Todo ello
coincidió con el otro factor coyuntural, en el sector externo, determinado por la
importante reducción de los precios del petróleo y el peso de la deuda externa sobre
la balanza de pagos.
Vista entonces la imposibilidad de continuar utilizando las reservas internacionales operativas, que estaban alrededor de $ 300 millones, una vez descontada la
deuda comercial de los importadores privados de casi $ 6,600 millones, resultó imperativo someter a la economía a un proceso de estabilización que permitiese, simultáneamente con la corrección de los factores coyunturales internos, contrarrestar los factores desequilibrantes externos y, a su vez, enfrentar los factores
estructurales subyacentes.
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También en este aspecto la estrategia tuvo que ser igualmente dual: en el corto
plazo, se impuso atacar los factores desequilibrantes internos y externos de tipo coyuntural. Y de manera concomitante con la adopción de tales medidas de corto plazo,
se pusieron en práctica diversas reformas de naturaleza estructural con el propósito de
crear las condiciones favorables para la puesta en escena de una nueva estrategia de
crecimiento económico que le garantizará viabilidad a la nueva política económica.
En efecto, las bases de la nueva estrategia de crecimiento económico comprendieron los siguientes elementos:
Redefinición del ámbito empresarial del Estado, que hiciera posible la asignación inequívoca de los roles que debían desempeñar los sectores público y privado.
Dentro de esta nueva estrategia, al sector público le correspondería la función de
crear las condiciones propicias para que el sector privado tuviera la posibilidad de
hacer un mayor aprovechamiento de las potencialidades económicas internas, lo cual
se lograría, de acuerdo a las previsiones del VIII Plan de la Nación (1990-1994),
mediante el mejoramiento de la eficiencia y calidad de los servicios que se prestaban
bajo el dominio del Estado. Este cambio permitiría, por una parte, potenciar las
ventajas comparativas que posee el país en la producción para la exportación, que
estaban muy disminuidas o anuladas por la ineficiencia de los servicios públicos y el
deterioro de la infraestructura pública. Y por otra, mejorar el nivel de bienestar de la
población venezolana.
Mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, que suponía reducir
las excesivas regulaciones impuestas al desarrollo de la iniciativa empresarial; adecuar las políticas impositiva, comercial y financiera a los objetivos de la nueva estrategia económica; eliminar las restricciones que impiden o dificultan la competencia
tanto internamente como en el mercado internacional
En correspondencia con la nueva estrategia de desarrollo, el programa de ajustes macroeconómicos adoptado en febrero de 1989 estuvo dirigido a los siguientes
objetivos:
Liberalizar la economía y reformar su estructura con el propósito de
reducir los desequilibrios financieros (fiscales y monetarios); dotar a la economía de
un sistema de tipo de cambio único y flotante al tiempo que se corregían las
distorsiones económicas generadas por el control de cambio y se creaban las
condiciones para aminorar el desequilibrio externo; impulsar el crecimiento
económico; y estimular la apertura de la economía.
Coadyuvar a la recuperación de la demanda interna mediante un programa
extraordinario de inversiones que mejorara la infraestructura pública del país. Fortalecer y potenciar el ahorro interno a través de la flexibilización de las
tasas nominales de interés en el mercado financiero interno y la estabilización del
tipo libre de cambio, todo ello en el contexto de un régimen de plena convertibilidad
del bolívar.
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Anexo 5
El gran viraje y el programa de ajustes macroeconómicos
puesto en práctica a partir de febrero de 1989
Atraer capital extranjero mediante la reducción de los controles y limitaciones
a la inversión extranjera directa y por vía del programa de privatización de empresas
públicas.
Equilibrar la estructura de precios relativos en el área real de la economía
mediante la eliminación del sistema de precios administrados adoptado durante el
gobierno de Jaime Lusinchí y por vía de ajustes graduales de precios y tarifas de
bienes y servicios producidos por el sector público( derivados del petróleo,
fertilizantes, energía eléctrica, transporte público, agua y aseo urbano domiciliario)
Las políticas y medidas de corto plazo antes referidas estuvieron acompañadas,
tal y como era la intención modernizadora del presidente Carlos Andrés Pérez, con
un conjunto de reformas de naturaleza estructural cuya maduración en el largo plazo
contribuirían a brindarle viabilidad a la nueva estrategia de desarrollo. En efecto,
cabría hacer mención especial de las siguientes tres reformas:
La reforma comercial con el propósito de mejorar la eficiencia económica en
la asignación de los factores productivos a través de la eliminación de la mayoría de
las exoneraciones arancelarias; la eliminación de las restricciones cuantitativas a las
importaciones privadas; simplificación de la estructura tarifaria y reducción de los
niveles máximos aplicados; eliminación de los permisos, licencias y prohibiciones a
los bienes exportables; y la negociación de la entrada de Venezuela al GATT.
La reforma fiscal a los fines de incrementar los ingresos fiscales no
petroleros, mejorar la equidad impositiva del sistema tributario y facilitar la
consecución de un balance fiscal relativamente equilibrado a mediano plazo. Para
ello, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez propuso al Congreso Nacional,
a mediados de 1990, la aprobación del Código Tributario, la reforma de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y, principalmente, la introducción del Impuesto al Valor
Agregado (IVA). De igual manera, la reforma fiscal estaría apuntalada por el plan
de reestructuración de empresas públicas, así como por el programa de
privatización iniciado en 1990 que le reportó al fisco nacional recursos por el
orden de $ 2,000 millones, producto de la venta de la empresa telefónica (CANTV),
VIASA y tres bancos comerciales.
La reforma financiera con el objeto de adecuar el sistema bancario a las
exigencias de financiamiento que demandaría la nueva estrategia de crecimiento
económico, para lo cual se hacía necesario mantener la flexibilidad de las tasas de
interés para fomentar la competitividad del mercado financiero; reducir las
barreras de entrada al capital extranjero en la banca para fortalecer el sistema
financiero y mejorar la competencia bancaria ; permitir el desarrollo de la banca
universal; ampliar y mejorar los instrumentos de gestión monetaria y garantizar
mediante ley la plena autonomía del Banco Central ; y, por último, fortalecer los
mecanismos de supervisión y control de las instituciones financieras (Ley de Superintendencia de Bancos).
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L os
gobiernos de
C ar los A ndrés P érez
G umersindo Rodríguez
De importancia capital para la consecución de los objetivos estratégicos
contemplados en el Gran Viraje (VIII Plan de la Nación) resultó el Plan de Financiamiento Externo así como el proceso de Descentralización y Transferencias
de Competencias a las regiones y municipios del país. El plan de financiamiento
externo se concretó a través de la renegociación de la deuda pública externa y los
acuerdos de financiamiento multilateral con el FMI, BIRF y BID. La renegociación
comprendió 19.900 millones de dólares de deuda externa que produjo una reducción
efectiva del capital adeudado en alrededor de 20% y una disminución del 50% en el
pago de intereses de la misma, principalmente por la adopción de tasas de interés
fijas por cinco años para el 53% de la deuda mantenida. En este mismo sentido, el
servicio de la deuda externa pública y privada como porcentaje de las exportaciones
de bienes y servicios no factoriales pasó de 46,3 % en 1988 a 21,9 % en 1991. Por su
parte, los acuerdos de financiamiento multilateral proveyeron recursos externos por
el orden de $ 7,500 millones que apuntalaron financieramente la recompra de deuda
externa, las garantías otorgadas a los acreedores externos y los programas de inversión
pública en el área social y de infraestructura de apoyo a la producción nacional.
Con respecto al proceso de Descentralización y Transferencias de Competencias, cabe referir que en los últimos meses del gobierno de Jaime Lusinchi y los primeros meses de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez fue aprobado un
conjunto de reformas políticas y administrativas que dieron inicio al referido proceso. En diciembre de 1989 y en diciembre de 1992 tuvieron lugar los dos primeros
procesos electorales para la escogencia de Gobernadores de Estado y Alcaldes. La
difícil situación social y política de estos años condicionó los resultados de ambos
comicios, sobre todo a nivel regional. En 1989 el partido de gobierno, Acción Democrática, perdió 14 de las 22 en disputa. También las primeras elecciones de Gobernadores y Alcaldes comenzaron a expresar los nuevos desarrollos políticos regionales y
locales: la emergencia de un nuevo tipo de liderazgo de arraigo regional o local, el
surgimiento de organizaciones políticas alternativas a las tradicionales de AD y COPEI, y el ejercicio del poder en manos distintas a las que venían gobernando el país
desde 1958
Pedro Rosas Bravo
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Gumersindo Rodríguez
Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez
La gran Venezuela es todavía posible
OT Editores C. A.
Francisco Suniaga cordinación editorial
Diseño y artes finales: PET
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Gumersindo Rodríguez
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ISBN: 978-980-407-008-2
Caracas, 2013
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