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Los gobiernos
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La democracia constructiva
frente a la autocracia destructora
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Los gobiernos de
Carlos Andrés Pérez
La democracia constructiva
frente a la autocracia destructora
Gumersindo Rodríguez
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Dedicado a la memoria del presidente Carlos Andrés Pérez, para
quien los mejores premios públicos siempre fueron nuevas luchas
para seguir sirviendo a Venezuela, y para quien el tiempo era la riqueza más escasa de la que disponíamos para salir del atraso, la
pobreza y la ignorancia.
En reconocimiento: Al doctor Carmelo Lauría, mi colega en el
gabinete económico del Consejo de Ministros, quien con su inteligencia, eficiencia y probidad contribuyó significativamente a
concretar las nacionalizaciones de las industrias del petróleo y el
hierro. Al doctor Argenis Gamboa, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, bajo cuya experta conducción gerencial se consolidó el gran complejo industrial hidroeléctrico y siderometalúrgico
de Venezuela.
Al doctor Guillermo Domínguez, Viceministro de Cordiplan
quien diseñó el modelo de selección del Programa de Becas Gran
Mariscal de Ayacucho para impedir cualquier dis­cri­mi­na­ción social y política.
Al doctor Leopoldo López Gil, Director y Presidente Ejecutivo del
Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, quien con su acertada gerencia le garantizó a decenas de miles de jóvenes venezolanos procedentes de las clases trabajadoras y medias el acceso a los
mejores centros académicos de Venezuela y el mundo.
Especial mención de reconocimiento a mis hijos por el apoyo y
estímulo que me brindaron para realizar este libro y por la cooperación técnica que me prestaron desde sus respectivas profesiones:
Nelson Rodríguez Caballero (Ingeniero en Computación), Aglae
Rodríguez de Mizrahi (Economista), Francisco Rodíguez Caballero (Economista, PhD Harvard University) y Carolina Rodríguez de
Kipnis (Lingüista). Así como también a mi nieto, el economista
Jaime Mizrahi.
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ÍNDICE
Presentación de Francisco Suniaga
Presentación del autor
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Parte I
Introducción21
Parte II
Capítulo I
La expansión de la demanda popular, la productividad
de la economía y el uso de la capacidad ociosa
Capítulo II
De la nacionalización de las industrias del petróleo y del hierro
a la aplicación del V Plan de la Nación 1976-1980
33
43
Parte III
Capítulo III
El cumplimiento de las metas básicas del V Plan de la Nación
(1976-1980) 55
Parte IV
Capítulo IV
La instrumentación de las metas de inversión agrícola del V Plan
77
Parte IV
Capítulo V Las inversiones sociales y el V Plan de la Nación
85
Parte V
Capítulo VI
La realización de las metas reales y la superación de las metas
financieras del V Plan de la Nación 1976-1980
Capítulo VII
La ampliación y consolidación del patrimonio productivo del país
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95
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Parte VI
Capítulo VIII
La “reacción económica” y la ofensiva contra el V Plan de
la Nación 1976-1980
121
Capítulo IX
La contracción, la fuga de divisas y la reconcentración de la riqueza
y del poder económico 131
Capítulo X
Las consecuencias de la agresión económica contra el progreso del país 137
Parte VII
Capítulo XI
El nuevo gobierno y la persistencia de la contracción económica
Capítulo XII
En el umbral de la recuperación económica
Capítulo XIII
Una prédica económica en el desierto
Capítulo XIV
Los costos reales de una política económica equivocada
Capítulo XV
Cronología de un “fracaso exitoso” 143
147
151
159
165
Parte VIII
Capítulo XVI Los beneficios plutocráticos de las pugnas intrapartidistas
Capítulo XVII
Las presiones plutocráticas contra la renovación económica y social
171
181
Parte VIII
Capítulo XVIII
Los contrabandos ideológicos y la acción del futuro gobierno
187
Parte IX
Capítulo XIX
Búsqueda del equilibrio macrosocial
Capítulo XX
Democratización social de las instituciones
197
213
Parte X
Capítulo XXI
La conmoción social y el gran viraje de la política económica
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Capítulo XXII
Del Plan de Ajustes a la reactivación económica
Capítulo XXIII
La fragilidad del proceso de recuperación económica
231
239
Parte XI
Capítulo XXIV
La caída electoral del régimen democrático
Capítulo XXV
La farsa socialista y cleptoliberalismo
245
251
Parte XII
Capítulo XXVI
Es socialista la política monetaria de la oclocracia gobernante
257
Anexo 1. Recomendaciones sobre la nueva política económica
y el mensaje inaugural
261
Anexo 2. Medidas económicas y sociales urgentes para prevenir
explosiones de violencia en sectores marginales
267
Anexo 3. La Emergencia Económica275
Anexo 4. La inflación y las importaciones 279
Anexo 5. Pedro Rosas Bravo
El Gran Viraje y el Programa de Ajustes Macroeconómicos
puesto en práctica a partir de febrero de 1989 283
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Presentación
Desde que ocupara la jefatura de Cordiplan durante buena parte de la primera
administración del presidente Carlos Andrés Pérez, Gumersindo Rodríguez ha sido
el propulsor de un debate en el que nadie, desde el campo de la Economía ha querido
acompañarlo en sentido alguno. Se ha empeñado en demostrar en declaraciones,
conferencias, artículos de prensa y libros, que la Gran Venezuela era posible. Que las
políticas económicas restrictivas impuestas por las administraciones posteriores a
primera de CAP, en particular la de Luis Herrera Campins, cortaron un proceso de
desarrollo factible. Acepta que había para 1978 algunos desequilibrios económicos,
pero nada que no se pudiera enmendar, sobre todo si se consideran los grandes potenciales y los activos con los que para entonces contaba la República.
Su empeño en que se discutan sobre estadísticas confiables las bondades, debilidades y las enormes potencialidades económicas alcanzadas durante aquel primer
gobierno de CAP ha sido un guante que ningún colega suyo de prestigio ha querido
recoger. Por lo menos no en los términos que él lo demanda: con la publicación de
obras de rigurosidad académica que apoyen sus planteamientos, o los rechacen. Por
años ha sido, en ese sentido, una voz solitaria porque ni siquiera los economistas “del
partido” han querido acompañarlo.
Resulta también curioso que los grandes economistas que formaron parte del
segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez no hayan provisto a Venezuela con una
suerte de memoria de sus actuaciones. Pareciera que el impacto del 27 de febrero de
1989 no solo los apartó de la vida política, que en aquellos primeros tiempos de Pérez
II coparon, sino que también enmudeció sus voces.
Durante los años que corrieron entre 1993 y hasta bien entrada la larga administración de Hugo Chávez, desde el poder se demonizó la gestión de los gobiernos de CAP,
y su forma de hacer política y economía política. En esa demonización, que lideró
Chávez, participó de muy buena gana un segmento del estamento político y económico
del país, incluyendo a los medios de comunicación y sus opinadores y a voceros de su
propio partido, Acción Democrática. Tanto fue el escarnio que si le preguntaran a un
joven de hoy, por ejemplo, sobre el V Plan de la Nación, seguro tendrá muy mala opinión de un texto del que no ha leído ni una línea ni mucho menos un análisis.
A lo largo de todo este tiempo, la voz de Gumersindo Rodríguez, llamando
a un debate serio y objetivo sobre los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y sus
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programas económicos, no ha sido escuchada. Hablar mal de los gobiernos de
CAP, sin aportar sustancia ni argumentación objetiva alguna, pasó a ser un divertimento que a pesar de su ligereza técnica generó un juicio negativo condenatorio
e inapelable, contra él y sus ministros del área económica, una suerte de mito
negativo de la venezolanidad.
En los últimos años del gobierno Chávez y del chavismo, personificado en
Nicolás Maduro y su administración, ha habido un cambio de tono en los juicios
políticos sobre la democracia de 1959-1999; los venezolanos han tomado plena conciencia de lo que significó el sistema fundado por Rómulo Betancourt. Hubo necesidad de llegar a un deterioro insólito de la institucionalidad del país, a la destrucción
del aparato productivo, del signo monetario, a tasas inflacionarias anuales elevadísimas y a un nivel de crispación política intolerable para que se entendiera cuán grave
fue el error en el que se incurrió durante buena parte de los años ochenta y noventa.
Ahora se comprende que la Venezuela previa a Chávez tenía los problemas que
tienen todos los países. Que esos problemas, como en todas partes, se resolvían con
la eficiencia relativa, por lo general subóptima, como se resuelven los conflictos, en
esencia distributivos, que tienen las sociedades complejas, democráticas y modernas.
Esa realidad natural, ahora tan obvia, no fue aceptada por los venezolanos entonces
y, azuzados por el resentimiento de notables personeros nacionales, se cometió el
error de entregarle el país a las peores manos.
En la medida en que el deterioro económico, ético, político y social creado y
promovido por el chavismo ha ido carcomiendo las entrañas de Venezuela, han aparecido obras que juzgan críticamente la conspiración tácita ejecutada, se podría decir,
a partir de 1988, desde el día mismo en el que Carlos Andrés Pérez ganó su segunda
presidencia. Obras como “La rebelión de los náufragos”, de Mirtha Rivero, han expuesto a los venezolanos el error cometido y sus dimensiones y poco a poco se han
realizado las reivindicaciones políticas del período comprendido entre 1959 y 1988.
El debate ya se ha decantado y los aventureros que con sus odios y torpezas pusieron
al país bajo la bota de un coronel golpista han sido claramente identificados.
No ha sido así sin embargo en el ámbito económico. En esta importante área el
debate clarificador sigue pendiente. Hace poco más de un año, Gumersindo Rodríguez publicó dos obras en un nuevo intento por convocar ese debate: Rómulo Betancourt y la siembra de petróleo y Rómulo Betancourt y la generación política de 1958. En ellas
desmenuza analíticamente la economía política del gobierno de Rómulo Betancourt
y su relación con quienes les tocó acompañarlo en sus luchas políticas. La respuesta
ha sido tibia.
En esta oportunidad, Gumersindo Rodríguez reedita los argumentos económicos que ha esgrimido desde su salida del gobierno del primer gobierno de CAP en
1977. Añade documentos valiosísimos como son los dos memorandos que envió a
Carlos Andrés Pérez antes y después del 27 de febrero de 1989. En el primero le ex14
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presa que, aunque comparte la idea del programa, cree percibir grandes peligros en
una aplicación súbita, sin las previsiones necesarias para que el impacto del ajuste no
golpeara tan duramente a las clases populares, y aconseja una dosificación que no fue
tomada en cuenta. En el segundo, prescribe una serie de medidas que podían servir
para superar la crisis.
Va incluso más allá. Del análisis frío y objetivo de los números llega a la conclusión ahora más dolorosa: para 1992, el ajuste había cumplido sus propósitos y el país
estaba en muy buenas condiciones para reencontrar las vías del crecimiento y desarrollo económico sobre bases sólidas. El fracaso del golpe militar del 4 de febrero fue
una demostración de la fortaleza de la economía para ese entonces. Fue en el plano
estrictamente político, al parecer con el reconcomio como único argumento, incluyendo el de su propio partido, donde se generaron las maniobras que dieron al traste
con una Venezuela posible y su posterior entrega a la cleptocracia gobernante, como
la denomina el autor.
Ojalá esta vez los argumentos y opiniones emitidas por Gumersindo Rodríguez
en esta obra, Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, la democracia constructiva frente a la autocracia destructora sirvan para promover ese debate económico que los especialistas en
esa materia le están debiendo al país.
Francisco Suniaga
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Presentación del autor
En carta enviada en el mes de octubre de 2012 al doctor Ricardo Hausmann
–Ministro de Cordiplan durante la segunda presidencia de Carlos Andres Perez y
hoy eminente profesor de la Universidad de Harvard en, los Estados Unidos– le informe sobre la próxima publicación de una tercera edición de mi libro “El Primer
Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979)”. Le sugerí, además, que él y otros
economistas, como Miguel Rodríguez y Pedro Rosas Bravo, para citar solo a dos, de
tan meritoria y destacada actuación durante el segundo gobierno de CAP (19891993), deberían publicar un trabajo que explicara de nuevo a los venezolanos los
propósitos de la política económica entonces adoptada. Me refería por supuesto al
denostado programa orientado a realizar el potencial de progreso colectivo sembrado
por los precedentes gobiernos democráticos, y a corregir del pasado lo que la ciencia
y la experiencia aconsejaban en el contexto de ese momento de nuestra historia económica. Finalmente, le ratifiqué mi convicción de las bondades del programa y la
coincidencia en que el objetivo del Presidente, y de ellos como sus calificados ministros del área económica, era reorientar cualitativamente el crecimiento económico
según el potencial productivo y las preferencias legítimas de un país cada vez mas
apto para producir mejor y para derivar de esa producción grados crecientes de bienestar social.
Mi idea era que profesionales de su respetabilidad científica y de su probada
moral de servicio público escribieran un documento sobre la fundamentación de la
política económica y social del segundo periodo constitucional del presidente Pérez.
Un trabajo que nos recordara lo que Venezuela seria hoy sino se hubiera impuesto la
barbarie oclocrática sobre los buenos resultados económicos, sociales y culturales
logrados por un sistema democrático en permanente proceso de perfeccionamiento
y de profundización de su legitimidad.”
Pedro Rosas Bravo, Ministro de Hacienda durante el segundo Gobierno del
presidente Pérez, en alguna medida ha comenzado esa tarea con en detallado análisis
que explica los propósitos de corto, mediano y largo plazo de la política de ajustes
económicos –fiscales, monetarios y político-administrativos–, que fueran formulados por el Ministro de Cordiplan, doctor Miguel Rodríguez. Criterios que constituían –en mi opinión– una valiosísima contribución para reemprender ‘el crecimiento no inflacionario de la economía’, pues no teníamos por qué dudar de que podíamos
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disponer de los recursos de divisas aportados por entes multilaterales, para afrontar
la transición hacia ese crecimiento real, no inflacionario.
El planteamiento venezolano formulado en ese diseño fue, desde el punto de
vista estrictamente técnico-económico, tan bien elaborado que resultó suficientemente convincente para asegurar a las instituciones acreedores, que el uso del potencial productivo interno podía ser activado y reordenado hacia la producción de bienes transables, que generaran en el mediano plazo los recursos de cambio externo
con los cuales pagar a satisfacción el servicio de la deuda. Ello constituyó un sólido
factor para reiniciar el proceso de reexpansión selectiva de la economía, que se propone el Presidente Carlos Andrés Pérez. (ver anexo 5 ).
En el analisis del ministro Rosas Bravo, se precisan “las causas del acentuado
desequilibrio que podrían igualmente considerarse de naturaleza dual: una, de índole estructural relacionada con la persistente y marcada dependencia del sector moderno de la economía respecto a las importaciones de insumos y materias primas, lo
cual demanda una creciente disponibilidad de divisas para sostener su viabilidad. Y
otra, de naturaleza coyuntural asociada en el ámbito interno con el considerable déficit que presentó, en 1987 y 1988, la gestión financiera del sector público consolidado (5,4% y 9,3% del PTB, respectivamente). Todo ello coincidió con el otro factor
coyuntural, en el sector externo, determinado por la importante reducción de los
precios del petróleo y el peso de la deuda externa sobre la balanza de pagos”.
En una perspectiva de mediano y largo plazo,el distinguido profesional de las
ciencias economicas y experimentado funcionario en los niveles superiores de las
autoridades monetarias nacionales destaca que: “También en ese aspecto la estrategia
tuvo que ser igualmente dual: en el corto plazo, se impuso atacar los factores desequilibrantes internos y externos de tipo coyuntural. Y de manera concomitante con
la adopción de tales medidas de corto plazo, se pusieron en práctica diversas reformas de naturaleza estructural con el propósito de crear las condiciones favorables
para la puesta en escena de una nueva estrategia de crecimiento económico que le
garantizará viabilidad a la nueva política económica”.
En función de los objetivos trazados para el éxito de este programa de crecimiento económico equilibrado, el Gobierno actuó decisivamente para la expansion de
la demanda agregada interna, capaz de facilitar la absorción productiva de la mano de
obra desocupada, mediante el aumento del consumo privado esencial de las mayorias
de las clases trabajadoras y medias, y la formación de riqueza fisica y de riqueza humana para aumentar sostenidamente la productividad del trabajo y del capital.
Las estadísticas demuestran que durante el periodo analizado, la demanda agregada interna real se incrementó en más de una quinta parte –al pasar de 358.985
millones de bolívares a 437.996 millones de bolívares, y dentro de esta, el consumo
real privado –que representaba más del 82% del consumo total– se incrementó en
cerca de una cuarta parte, y la formación bruta real de capital fijo, se amplió en dos
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quintas partes. El incremento de la expansión de la demanda agregada interna real
por persona desempleada en 55% –de 584.626 bolívares a 905.900 bolívares– contribuyó a que la proporción de la fuerza de trabajo ocupada aumentara de 6 millones de
personas a 7 millones de personas –17%–. Facilitó la reducción del desempleo acumulado de 660.000 personas a 580.000 personas –14%– y a unos descensos de 4%
en la desocupación laboral y de 3% en la tasa de desempleo de la fuerza de trabajo.
Esta notoria incorporación al empleo de mano de obra –en gran medida no calificada– fue acompañada de un aumento del 4% del producto interno bruto real por
persona de la fuerza laboral ocupada.
Iniciada en el primer trimestre de 1989 y negativamente interferida por la
conjura política que ilegítimamente separo del poder al Primer Magistrado en el segundo trimestre de 1993, el programa fue el marco macroeconómico dentro del cual
se produjo durante 1990-1993 una tasa promedio anual de crecimiento real del Producto Interno Bruto No Petrolero de 5%, coincidente con la tasa anual promedio de
crecimiento de la totalidad del Producto Interno Bruto.
El impulso de este moderado pero más autosustentable progreso de las fuerzas
productivas internas se afincó en el uso socialmente más eficiente tanto de los recursos no renovables como de los recursos reproducibles. La reducción del desempleo
acumulado aseguró una mayor tasa de explotación del potencial productivo ocioso,
y una mayor participación de los ingresos del trabajo y del capital en el Producto
Interno Bruto.
Estas estadísticas y otros argumentos dados a lo largo de este nuevo libro “Los
gobiernos de Carlos Andrés Pérez, son los que me han llevado a insistir en que esta
historia se escriba y se promueva su lectura y discusión en los centros académicos y
no académicos del país. Hay que decirlo una y otra vez: el programa económico de
1989, a pesar de los acontecimientos que acompañaron el inicio de su instrumentación, alcanzó parte sustancial de sus metas y abrió el camino para la recuperación
definitiva de la economía del país. Sería un acto de justicia para el presidente Pérez y
quienes lo acompañaron en el diseño y ejecución de las políticas económicas de su
segundo gobierno.
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Parte I · Introducción
Una explicación introductoria a la primera edición (1986)
Este trabajo se propone informar sobre los logros básicos de una gestión económica de gobierno en la que me correspondió participar como Ministro de Estado
Jefe de Cordiplan y como Coordinador del Gabinete Económico del Consejo de
Ministros desde marzo de 1974 hasta enero de 1977. Esperamos estimular de esta
manera a los hombres públicos –que ocupen importantes posiciones en las decisiones del Estado– a rendir cuenta a la ciudadanía del resultado social neto del manejo
de los recursos nacionales encomendados a su administración.
No debe entenderse este trabajo de carácter económico como una obra escrita
de tipo convencional, donde aparezcan rigurosamente ordenadas las referencias bibliográficas indicativas de las fuentes conceptuales y documentales que influyeron
en los logros obtenidos y en los beneficios sociales de su distribución. En el caso de
este informe, las fuentes informativas que sustancian estadísticamente el contenido
de cada capítulo, aparecen al pie de los cuadros correspondientes. En lo que respecta a las influencias conceptuales sobre el autor, resulta imposible presentar una reseña bibliográfica. Por una parte, a pesar que en la obra de gobierno que analiza el
autor tuvo una importante participación, las decisiones las recomendaba un ente
colectivo bajo su coordinación y las adoptaba el Ejecutivo Nacional dirigido por el
Presidente de la República, según el mayor grado de compatibilidad posible entre
los intereses globales de la nación y las aspiraciones de los distintos factores sociales
que la integran. Por la otra, resultaría difícil destacar en referencias bibliográficas las
diversas influencias intelectuales sobre tantos individuos, instituciones y organismos participantes en el diseño e instrumentación de un programa gubernamental
de vastos alcances, en una economía mixta que procura lograr los propósitos sociales del Estado, mediante la concertación con el sector privado, orientada hacia los
resultados más rentables de la coordinada gestión de sus diferentes unidades operativas y empresas.
El principal objetivo de este informe es registrar y evaluar cuantitativa y cualitativamente los resultados económicos obtenidos por el Estado democrático durante
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el período en consideración, y compararlos con el costo real de los recursos colectivos aplicados.
Las técnicas de investigación utilizadas y la información procesada son los mismos que, con propósitos similares, manejan la Organización de las Naciones Unidas
y su Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Si esta misma evaluación fuera en el futuro realizada por
estos organismos, en lo sustancial llegarían a similares resultados y conclusiones.
Pero este informe, además del análisis de la gestión económica del Estado venezolano durante una etapa destacadamente significativa de su historia, también interpreta aquellos aspectos subyacentes en el campo de la economía política que condicionaron el diseño e instrumentación de las estrategias, los más importantes planes
y programas del sector público. En opinión del autor, como se precisa en los capítulos finales de este libro, importantes decisiones y realizaciones económicas del Estado durante la última etapa de la gestión analizada entraron en conflicto con intereses
económicos privados poderosos, y con las ideas de sus principales dirigentes y profesionales de las ciencias económicas objetivamente a su servicio.
Durante el período de ejecución exitosa de los programas más importantes
del Plan Económico del Estado –V Plan de la Nación 1976-1980– se ampliaron
sustancialmente las bases del potencial productivo de la nación cuya provechosa
utilización requería de una expansión sostenida de la demanda interna y de las
exportaciones de bienes de las empresas estratégicas del Estado y de las empresas
privadas que utilizan los insumos básicos producidos por éstas. Contrariamente a
las prescripciones de la moderna teoría del desarrollo en los países no industrializados, y a los mismos intereses a mediano y largo plazo del capital privado en una
economía mixta como la venezolana, se desató una poderosa persuasión ideológica
adelantada por los sectores más poderosos del establecimiento económico tradicional –apoyada en la importación de las nuevas modas ideológicas ( fashions) de
inspiración neoliberal, thatcherismo y reaganismo y luego Consenso de Washington– dirigida a crear un ambiente favorable para “redimensionar hacia abajo” la
economía venezolana –supuestamente amenazada por el gigantismo de sus empresas petroleras, siderometalúrgicas, petroquímicas y por las obras calificadas de faraónicas en hidroelectricidad, irrigación, vialidad, transporte subterráneo y navegación nacional e internacional–.
Bajo el efecto de esta persistente prédica, las nuevas autoridades que asumieron
el poder gubernamental en 1979, emprendieron el desmantelamiento de los programas en marcha con el inexplicable beneplácito de la cúspide del empresariado privado que, en la irracional defensa de sus intereses de corto plazo, contribuirían en el
mediano y largo plazo a socavar las bases de la prosperidad económica de la nación
y de sus propias empresas, del bienestar de las mayorías y de la estabilidad de sus
instituciones democráticas.
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Parte I · Introducción
Una explicación introductoria a la primera edición (1986)
Lo que vino después, todos lo sabemos. Pero no todo se perdió. Había en los
programas públicos del V Plan de la Nación 1976-1980 factores de irreversibilidad
técnica y financiera que imposibilitaban arruinar toda la arquitectura del desarrollo
–erigida a partir de 1945 por la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, rescatada de las distorsiones estructurales que le impuso la dictadura militar derrocada en 1958 y consolidada por los gobiernos democráticos durante los siguientes quinquenios constitucionales.
No tardaron en revelarse los costos sociales de la instrumentación de aquel exabrupto macroeconómico que entre otras cosas proponía la reducción de las reservas
internacionales y la promoción de la exportación del ahorro privado interno, y el recorte de las inversiones, para combatir el supuesto peligro inflacionario en una economía que el propio gobierno de turno estaba colocando en el plano inclinado del estancamiento económico, de la devaluación generadora de inflación y de la destrucción de
la demanda real de las mayorías consumidoras. Todo ello intensificaba el proceso de
sobrevaluación externa de la moneda en detrimento del empleo en los sectores productores de bienes transables exportables y sustitutivos de importaciones.
La represión del aparato productivo fue acometida por quienes al frente de los
destinos de la nación durante 1979-1983, deliberadamente aplicaron la atrabiliaria
prédica contra el “sobredimensionamiento económico”, “el efecto Venezuela” y “el
plan de la destrucción nacional”. Ello ocurrió en el preciso momento en que el potencial productivo, ampliado por efecto de los grandes proyectos exitosamente concluidos, debía explotarse a plenitud mediante la expansión de la demanda agregada
interna y del aumento de las exportaciones de bienes manufacturados –competitivamente producidos a base de los insumos físicos y de los servicios disponibles en las
industrias siderometalúrgicas, petroquímicas, hidroeléctricas y cementeras, significativamente ampliadas y modernizadas durante la instrumentación del V Plan de la
Nación 1976-1980–.
La evolución de los ingresos fiscales petroleros extraordinarios generados por
la crisis que concluyó en el derrocamiento del monarca persa y en el conflicto diplomático entre el gobierno islámico de Irán y el gobierno de los Estados Unidos que
culminó en cierto momento con la triplicación de los precios de los hidrocarburos.
Pero estos recursos de divisas fueron en parte sustancial reciclados hacia los centros
financieros internacionales mediante la exportación de capitales privados, inducida
por el descenso en las tasas de rendimiento del capital privado en el país y apoyada
por las mismas autoridades monetarias. En medida importante esta canalización del
ahorro privado nacional acumulado hacia el financiamiento de las naciones más ricas, fue en parte facilitada mediante el aumento de la deuda externa del sector público, triplicada hasta alcanzar treinta mil millones de dólares. Este endeudamiento se
destinaba a cubrir la resultante escasez de divisas del mismo gobierno que recomendaba su exportación privada. El pago por parte del Estado del servicio de este pasivo
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reduciría considerablemente su capacidad para cubrir el componente importado de
ulteriores inversiones reproductivas en capital físico y en capital humano del país.
Mientras el nivel de desempleo y subempleo combinados ascendió a un millón y
medio de venezolanos aptos para el trabajo productivo y representaba un cuantioso
costo social en producción anual no realizada, las inversiones financieras privadas en
el exterior alcanzaron cerca de sesenta mil millones de dólares –más de cinco años
de valor de producción petrolera nacional–. Esta suma –de haberse aplicado a pagar
el componente foráneo de una formación neta de capital fijo dentro del territorio
nacional de más de doscientos mil millones de dólares– habría preservado el estado
de pleno empleo de la fuerza de trabajo que tendió a prevalecer durante el primer
gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Una explicación introductoria a la segunda edición (1988)
Este trabajo, en su segunda edición, continúa siendo esencialmente el mismo
en lo que respecta a la orientación de la interpretación de los hechos económicos
analizados en la primera edición, pero se agregan cuatro capítulos sobre la administración del presidente Jaime Lusinchi acerca de lo económicamente más relevante
que entonces había transcurrido de su período constitucional 1984-1989.
En estos capítulos se intenta un balance de las realizaciones económicas y sociales de la referida administración, que puede expresarse en la afirmación que encabeza uno de los correspondientes capítulos: “frente a la desastrosa administración
económica de Luis Herrera Campíns, la del presidente Jaime Lusinchi aparece como
un éxito”. Pero no fue suficiente para recuperar el tiempo perdido y resarcir a la sociedad de los cuantiosos costos incurridos durante la aplicación de aquella atrabiliaria
aventura macroeconómica. Varios fueron los factores que explican que esa administración no haya estado a la altura de las expectativas del país en lo que se refiere a la
corrección estructural de las trabas creadas al proceso de cabal aprovechamiento del
vasto potencial productivo –tanto de naturaleza física como de naturaleza humana–
acumulado durante los gobiernos democráticos instaurados en los cuatro quinquenios constitucionales iniciados en 1959. Hube de destacar que una de las más
importantes variables contrarias al logro de los propósitos del presidente Lusinchi
–derivadas de su visión social progresista y de su constructiva trayectoria parlamentaria– fue la falta de coherencia ideológica, organizativa y profesional de su equipo
ministerial y del partido de gobierno, explicables por la exacerbada pugna interna
por el liderazgo partidista. Esto minó la unidad y eficiencia del aparato administrativo en escala nacional y regional, y determinó que la dirección de las políticas económicas fundamentales y la política financiera de la gerencia de la deuda– la pública
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Parte I · Introducción
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externa y de la administración de los inventarios de divisas del país– no fueran racionalmente instrumentadas. Evidentes omisiones impidieron cumplir el propósito de
aportar el monto requerido del componente importado de un múltiplo creciente de
inversiones internas en capital fijo y en capital humano, que asegurara la continua
expansión de la demanda agregada y la industrialización “aguas abajo” de los insumos producidos por las industrias básicas, ampliadas y modernizadas en las metas
logradas del V Plan de la Nación 1976-1980. De esa manera se habría logrado trascender el umbral de los rendimientos industriales crecientes como la ruta para hacer
más competitiva la producción de bienes transables exportables y sustitutivos de
importaciones, mantener la estabilidad interna y externa del signo monetario y restablecer sobre bases permanentes el nivel de pleno empleo alcanzado durante el primer
gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Las preferencias ideológicas y los intereses específicos de representantes de sectores en el alto gobierno con una visión social considerablemente distante de la filosofía de la socialdemocracia progresista en que se inspira la doctrina de Acción Democrática, no fueron propicios para la declaración y aplicación razonable de un
legítimo diferimiento en el pago del servicio de la deuda pública externa. Esta medida habría liberado durante el período presidencial del Presidente Lusinchi suficientes
recursos de cambio extranjero asignables a un programa de capitalización interna
con amplios efectos multiplicadores en el corto plazo sobre el empleo, los ingresos
reales y el mercado de consumo de los sectores mayoritarios de la población, y en el
mediano y largo plazo habría impactado positivamente la eficiencia productiva de todo
el sistema económico. De esta manera se habría promovido la competitividad de los
diferentes sectores y actividades, contribuido a la estabilidad de los precios, atenuado
la conflictividad distributiva entre el capital y el trabajo y afianzado sobre bases más
firmes la consolidación y el perfeccionamiento de las instituciones democráticas.
Los capítulos XVII y XVIII están dedicados a analizar la capacidad de presión
política de los sectores económicos más poderosos, apoyados algunos en las inmensas fortunas internas y los capitales invertidos en los más importantes centros financieros mundiales, que se refleja en su dominante potencial de financiamiento de las
campañas electorales de los principales partidos democráticos, y en su influencia en
los medios de comunicación social que tan significativamente contribuyen a la formación de las preferencias de los electores y de los elegidos, y al desprestigio de
aquellas propuestas programáticas en el campo de las políticas económicas desfavorables a sus intereses.
En medida considerable, la obra de gobierno de la organización política representativa de las mayorías populares, que acceda electoralmente al ejercicio formal de
los poderes públicos, estará obligada a procurar la satisfacción de las legítimas expectativas económicas y sociales de los electores bajo el cerco de las restricciones opuestas por el poder subyacente de las minorías económicamente más poderosas y por un
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elevado grado de indefensión intelectual y doctrinaria de sus propios militantes y
dirigentes y de sus representantes en el Poder Ejecutivo Nacional, el parlamento, los
gobiernos regionales y municipales y los entes públicos descentralizados.
En la seguridad que Carlos Andrés Pérez ganaría la elección presidencial en
diciembre de 1988 y en la expectativa que su nueva gestión emprendería la reconstrucción económica y social que en virtud de las restricciones enfrentadas y omisiones incurridas no pudo completar el gobierno del presidente Lusinchi, gran parte del
razonamiento contenido en los capítulos agregados tenía una orientación preventiva
y procuraba contribuir a la superación de los obstáculos económicos, sociales, políticos y administrativos que podrían dificultar o impedir que durante el período constitucional de su nuevo mandato fuera alcanzada la meta de la precaria recuperación
económica en marcha y profundizados y trascendidos exitosamente los alcances progresistas de su primera administración.
Conscientes de la gravedad de la crisis estructural acumulada y del poder organizado de los factores más regresivos de nuestra sociedad para neutralizar ex post lo
que no pueden impedir ex ante advertí entonces: “AD vuelve al poder. Sigue en el
poder. La expresión más correcta es: sigue cada vez más en el gobierno y cada vez
menos en el poder. Porque el poder se ejerce cuando se controlan las fuerzas fundamentales y cuando se logra que la sociedad se mueva en la dirección de un diseño
explícita o implícitamente formulado. Pero si bien Acción Democrática está en el
gobierno, los grandes factores del capital organizado que controlan los medios de
comunicación, de formación de opinión y de imágenes y de presión psicológica, etc,
la cercan mediante procedimientos abiertos unos, sutiles otros, bien sea por presión,
por prédica ideológica, etcétera. Se logra así que AD internalice las propias conveniencias de esos poderosos sectores... El ejercicio del poder está constreñido por
otras fuerzas de la sociedad que AD no controla”.
“Pensando en el desafío que en estas condiciones críticas de la política, Carlos
Andrés Pérez tiene en mi opinión seis meses para afrontar la situación e iniciar la
respuesta a los problemas estructurales más graves. Como amigo de CAP, identificado con su obra, creo que dispone de ese lapso para salvar de la crisis inminente al
sistema, no solo en lo económico y social sino en lo político. Si no lo hace, puede
sucumbir su gobierno, sucumbir él, sucumbir el sistema. Creo que tiene seis meses
para actuar, si no entramos en un área sombría, oscura… y revelo mi incompetencia
para decir hacia dónde nos dirigiríamos… repito, si no lo resolvemos nosotros, otros
lo harán. En el oscuro panorama de la política venezolana, CAP, por su inteligencia
y por sus obras, resplandece como la última esperanza. Así lo creo.” (Agustín Blanco
Muñoz: “Acción Democrática o Memorias de una Contradicción”. Habla Gumersindo Rodríguez. Páginas 601 y 628-629. Marzo 1989).
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Parte I · Introducción
Una explicación introductoria a la tercera edición (2013)
Una explicación introductoria a la tercera edición (2013)
El Presidente Electo para el período 1989-1994, Carlos Andrés Pérez, tuvo la
deferencia en los comienzos del mes de enero de 1989 de solicitar mi opinión acerca
de lo que creía aconsejable, a los fines de su consideración, para preparar su mensaje
inaugural al Congreso de la República al posesionarse para iniciar su nuevo mandato
constitucional. Fiel a la ética de la franqueza y la lealtad que rigieron siempre nuestras
relaciones como amigos e interlocutores, le expresé, en correspondencia del 31 de
enero de 1989, los riesgos económicos, sociales y político-institucionales que podrían
derivarse inmediatamente del conjunto de medidas de tratamiento shock contempladas en el Programa de Ajuste Económico con que pensaba iniciar en su nueva administración. Este Programa podría no solo frustrar aquellos propósitos legítimos de
rectificación de las distorsiones e irracionalidades acumulados, asociadas al crecimiento cuantitativo de la economía nacional y de sus fuerzas productivas, sino también poner en peligro la estabilidad misma de la democracia venezolana.
En el memorando entregado al Presidente Electo el 31 de enero de 1989, le
expresé: “De acuerdo con la información a nuestro alcance, no hay la menor duda
que en su orientación fundamental la nueva política económica contiene implícito un
peligro de ruptura en la continuidad del pensamiento económico y social del presidente Carlos Andrés Pérez, una pérdida de identidad concep­tual con los valores del
paradigma social democrático de avanzada y un riesgo de incompatibilidad con las
realidades del poder político en la sociedad venezolana. Desde el punto de vista estrictamente técnico, en atención a las variables cuantificables de su modelo macroeconómico, poco podría obje­tarse a las proposiciones del distinguido colega Dr.
Miguel Rodríguez, en mi opinión el más brillante macroeconomista con que cuenta
el país. Pero desde el punto de vista de la trama de realidades subyacentes, no cuantificables, de la distribución del poder económico y político en Venezuela, la instrumentación súbita de ese diseño, sin la modificación de los respectivos desequilibrios
y distorsiones sociales e institucionales, nos sometería al riesgo de un fracaso no
previsible en la consistencia estrictamente economicista del análisis en que se fundamenta. Ello simplemente revela la insuficiencia de las disciplinas económicas para
aprehender toda la compleja trama de la vida económica y social de un sistema político y social en agudo proceso de crisis, descomposición y decadencia”.
Expliqué luego que: “El paquete de medidas propuesto tiene la requerida calidad técnica para convencer a las autoridades del Fondo Monetario Internacional, del
Banco Mundial, y, posiblemente, a la banca acreedora, de la necesidad de aportar
recursos financieros para la corrección de los desequilibrios externos en un ambiente de crecimiento selectivo de nuestras fuerzas productivas y para una reordenación
en la secuencia temporal del pago del servicio de la deuda externa. Consideramos que
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ésta ha sido una valiosísima contribución del “Paquete” para un crecimiento no inflacionario de la economía, formulado por el distinguido colega Miguel Rodríguez.
No tenemos por qué dudar de que podemos disponer de los recursos de divisas
aportados por estos entes para afrontar la transición hacia ese crecimiento real, no
inflacionario. El planteamiento venezolano formulado en este diseño es, desde el
punto de vista estrictamente técnico-económico, lo suficientemente convincente,
para asegurar a estas instituciones y a los demás acreedores, que el uso del potencial
productivo interno puede ser activado y reordenado hacia la producción de bienes
transables, que generan en el mediano plazo los recursos de cambio externo con los
cuales pagar a satisfac­ción el servicio de la deuda externa. Esto constituye un sólido
factor para reiniciar el proceso de reexpansión selec­t iva de la economía, que se propone el presidente Carlos Andrés Pérez’’.
Traté luego de anticipar las conclusiones principales del citado memorando en
los siguientes términos: “El problema comienza cuando se analizan la inserción de
este programa en la realidad social y política interna, y la articulación de las medidas
específicas entre sí con las variables del poder económico y político del país. La incompatibilidad entre la eficacia externa señalada en el punto precedente y la necesidad de un consejo social interno, puede generar una serie de fricciones políticas e
institucionales, que obliguen en breve plazo a la rectificación del programa, y en
consecuencia, a la pérdida de credibilidad en la seriedad y capacidad de la dirigencia
gubernamental para afrontar exitosamente la crisis. De esa manera se perdería el
apoyo de la economía privada interna para com­plementar el proceso público de inversión, se acentuaría la presión de los operadores financieros sobre la paridad de la
moneda, y se pondrían en peligro los desembolsos de los correspondientes financiamientos externos…”.
Me permití recomendar que: “El mensaje inaugural del Presidente debe centrarse, en lo relacionado con las medidas económicas, a enunciar el marco referencial
que indique y convenza a los diferentes sectores de la nación sobre su factibilidad
para corregir, durante el período, y sin traumatismos perturbadores, los desequilibrios estructurales internos y externos, sin detallar las medidas específicas contempladas. En la mente del Presidente debe estar presente la capacidad de absorción de
las medidas, sin desequilibrios innecesarios, por el potencial productivo del país, por
la solidez estructural de su sector externo a mediano plazo, por las diferentes clases
e intereses sociales y por la comunidad política democrática. La dimensión temporal
de la ampliación de las medidas, para su respectiva gradualización a objeto de suavizar en el tiempo su impacto perturbador sobre el cuadro social e institucional y asegurar el mayor grado de consenso interno para su instrumentación exitosa, debe tener importancia decisiva en este enfoque. Este análisis realista a la luz del horizonte
temporal de la aplicación de las medidas, debe referirse al contexto de decisiones
sobre aspectos tales como: la unificación cambiaria en función de la acumulación de
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Parte I · Introducción
Una explicación introductoria a la tercera edición (2013)
las reservas internacionales, la protección del valor real de los ahorros tomando en
cuenta los éxitos de la lucha contra la inflación y contra el desequilibrio externo, y los
movimientos internacionales de las tasas de interés. Aspectos tales como los aumentos de sueldos y salarios y otras medidas compensatorias según la creciente capacidad
de la economía real para absorberlos, deben abordarse conjuntamente con la reforma
progresiva del sistema fiscal en consonancia con el crecimiento del ingreso real de los
contribuyentes. Recomendé que sobre la base de una coherente declaración de principios en materia económica, el Presidente debería de inmediato abocarse con su
equipo a examinar la articulación de las medidas específicas a la luz de este marco
conceptual y metodológico. (El texto completo del Memorando del 31 de enero de
1989 para el Presidente Electo se anexa al final del libro. Anexo 1).
Anunciadas las medidas inmediatas del Programa de Ajuste de lo que se denominaría “El gran viraje”, no fuimos sorprendidos por la explosión de violencia social
en la Región Metropolitana. En conversación con el Ministro de Cordiplan del nuevo Gobierno, más tarde presidente del Banco Central de Venezuela –mi amigo el
doctor Miguel Rodríguez– en el momento en que salía para una reunión con los directivos del Fondo Monetario Internacional en Washington, le expresé lo que percibía como una desquiciadora reacción de vastos sectores empobrecidos en la precedente situación de estancamiento económico y de destrucción del poder adquisitivo
de las mayorías trabajadoras, en el sector formal y en el sector informal de la economía. Temía –le manifesté con preocupación– que al regresar de Washington podría
encontrar a la ciudad ardiendo por los cuatro costados. Así ocurrió a partir del 27 de
febrero de 1989, en lo que se conoció como “El Caracazo”.
El doctor Octavio Lepage, uno de los políticos intelectualmente más sólidos de
la dirigencia democrática del país –Ex Secretario General de Acción Democrática en
la primera etapa de la resistencia contra la dictadura militar derrocada en 1958, Ex
Presidente del Congreso Nacional, Ex Ministro de Relaciones Interiores– recuerda
aquellos turbulentos acontecimientos desatados por la llama que incendió aquella
pradera impregnada de explosivo combustible social. Comenta Lepage que en los
días iniciales del segundo gobierno de Pérez, AD incrementó sus reticencias sobre lo
que podía venir con el plan de ajustes. A la pregunta: ¿Se percibió el desastre social
del país? Expresa que: “Eso se atribuyó al aumento de la gasolina, que no hubo tal
aumento, fue posterior. Fue una reacción espontánea inicialmente. Mi percepción es
que era gente que vivía en Guarenas, que ha sido siempre una ciudad dormitorio de
Caracas, y cuando llegan y encuentran el 27 de febrero que los pasajes los han aumentado, que los habían duplicado, reclamaron y un chofer retrechero diría: ‘Esa vaina
va y el que no quiera pagar, que no se monte’. La gente se exaltó, vinieron los gritos,
quemaron un autobús y eso se trasladó a Caracas. Ahora, esa reacción, espontánea en
sus momentos iniciales en Guarenas, cuando se extiende a Caracas los malandros se
apoderaron del liderazgo de ese movimiento. No hay que perder de vista que no fue
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atacada ninguna oficina del Gobierno, no hay un solo departamento oficial que hubiera sido atacado por las turbas del 27 de febrero, fueron todos ataques a las casas
de abastos, a las ventas de la línea blanca, fue un gran robo colectivo aquello. Lo que
inicialmente comienza como una protesta legítima, se desbordó. Hay la idea, de gente que conoce de esas cosas, de que eso adquirió la magnitud que alcanzó porque
intervino en la acción alguien veterano en movilización de masas o de grupos violentos; allí aquellos extremistas, que nunca se acogieron a la pacificación, actuaron aprovechándose de aquella protesta espontánea de la gente. El país, el partido, el Gobierno, todos fueron sorprendidos por aquella revuelta”.
“Pero –agrega– es que hay otro elemento que la mayoría de la gente ignora.
Pérez lo señaló mucho después, y es que para ese momento no existía prácticamente
la Policía Metropolitana, que estaba en rebeldía, porque el Grupo Zeta era dueño de
la situación. La policía, que sí tiene entrenamiento para lidiar con disturbios callejeros, se inhibió y parece que en algunos casos hasta se sumó a los disturbios. Tuvo que
intervenir el Ejército –era Ministro de la Defensa Ítalo del Valle Alliegro– y el Ejército no sabe reprimir porque no está entrenado, por eso es tan peligroso usar las
Fuerzas Armadas en represión de disturbios, porque en cualquier momento causa un
problema muy grave”.
Conversé con el Presidente en los días que siguieron a la conmoción. Producto
del intercambio de criterios que en esa entrevista se produjo, le resumí mi opinión en
un memorando entregado el 7 de marzo de 1989. En este documento concentre mi
atención en el diagnóstico de los problemas sociales generados por las irracionalidades e ineficiencias del sistema económico que impiden su equilibrado crecimiento y
que pueden socavar las bases mismas de las instituciones del Estado democrático. En
este sentido puse énfasis particular en el hecho de que, debido a las políticas contractivas iniciadas en 1979, se detuvo el crecimiento del producto y del ingreso real y del
empleo, lo que impide ahora “absorber y neutralizar rápidamente el potencial de
violencia social en estos sectores. Entonces el tiempo que los individuos y familias
permanecían en la marginalidad se reducía continuamente gracias al crecimiento del
empleo en los sectores de la producción de bienes y servicios públicos y privados.
Existía una rotación y movilidad sociales que atenuaban el peligro que significa para
una parte sustancial de la población sobrevivir en permanente estado de creciente
miseria económica. Las “salidas” del estado de marginalidad se han rezagado y reducido de manera absoluta. Las “entradas” rápidamente se han incrementado con
la pauperización de las clases proletarias y con el proceso de proletarización de la
clase medía. El período de permanencia en la marginalidad se ha prolongado, al
mismo tiempo que la miseria que padecen estos sectores se intensifica con las oleadas
de nuevos entrantes procedentes del campo, de otros países, de las clases trabajadoras tradicionales, del crecimiento demográfico explosivo del mismo sector. Estos
deben distribuirse un producto económico, principalmente en la economía informal,
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Parte I · Introducción
Una explicación introductoria a la tercera edición (2013)
en proceso de intensificado estancamiento. Determinar el factor que transforma estas condiciones en destructiva violencia social, es como predecir, en la especialidad
de la ingeniería de resistencia de materiales, cuál es el miligramo que produce el
punto de fractura.
La proletarización de las clases medias, sobre todo la proletarización de los estratos profesionales debido al proceso inflacionario y al estancamiento en el empleo
y en las remuneraciones profesionales reales, genera un potencial de violencia organizada que al converger, en un momento crítico determinado, con la explosión social
anárquica de los sectores marginales, amenaza la existencia de todo el sistema político y social existente. En los sectores de la clase media profesional arruinada, de los
oficiales militares en los rangos bajos y medios, y en el estudiantado y de la marginalidad se genera la oferta de los impredecibles liderazgos anarquicamente estimulados
para resolver la profunda crisis estructural que padece la sociedad venezolana en las
actuales circunstancias. La convergencia de estas dos fuerzas puede determinar el
derrumbe y la sustitución del presente orden económico, social e institucional.
Después de mencionar una serie de programas específicos destinados al propósito de prevenir la conflictividad determinada por la pobreza destructora del capital
humano del país y del patrimonio institucional de la democracia, advertimos sobre
la imperatividad de una reforma fiscal que impida que los efectos positivos en el
corto plazo de una cruzada social de esta naturaleza, sean anulados poco después
mediante la destrucción inflacionaria del poder adquisitivo interno. Esta previsión la
explicamos en este documento cuando afirmamos que: “Una acción estructurada
sobre la orientación señalada en este memorándum, debe ser utilizada como pieza
táctica para inducir y obligar a los factores del establecimiento económico y de la
oposición, a aceptar una reforma a fondo del sistema de tributación sobre el consumo suntuario, las ganancias excesivas internas y externas y los incrementos en los
valores de patrimonios reales y financieros. Deberán presentarse los programas correspondientes, como una gran inversión en bienestar social y en capitalización humana, para reproducir nuestra fuerza de trabajo en condiciones cualitativas cada vez
más propicias al progreso material e intelectual del país. Pero actualmente el Gobierno estaría tan solo en condiciones de aportar una modesta cuota inicial para el despegue de los programas respectivos. Para concretar estos programas en el plazo más
corto posible, y lograr así las metas propuestas, será necesario que los sectores privilegiados y la oposición no resistan la aprobación de la reforma tributaria progresiva,
de donde habrán de obtenerse los recursos requeridos para aumentar la producción
y el consumo social de los sectores más pobres sin perjuicio de las inversiones productivas y de la solidez del valor interno y externo del signo monetario”. (Anexo (2):
Memorando para el Presidente de la República del 7 de marzo de 1989).
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Parte II · Capítulo I
la expansión de la demanda popular,
la productividad de la economía
y el uso de la capacidad ociosa
La obra de la administración de Carlos Andrés Pérez durante su primer período
constitucional respondía a la filosofía de la social democracia moderna y profundizaba
los programas de desarrollo independiente y de democratización económica del país
históricamente sustentados por el partido Acción Democrática. Estas realizaciones se
afincaron en los logros de las administraciones de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni
para proyectar la sociedad venezolana hacia nuevos horizontes de progreso colectivo.
La instrumentación de esa política dirigida por el presidente Carlos Andrés
Pérez –en la que tuve la función auxiliar de coordinador en lo económico y social–,
permitió que el Programa de Gobierno del Partido presentado al electorado en las
elecciones de 1973 se cumpliera en sus más relevantes metas, y que fuera superado
con hechos tan importantes como la nacionalización de las industrias del petróleo y
del hierro y el Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho.
En el programa electoral fue contraído el compromiso de impedir que el país se
deslizara hacia el estancamiento o marasmo económico inducido por la gestión económica
de la administración precedente durante el período constitucional 1969-1974. (Anexo 1).
Este propósito se logró mediante la combinación de una política macroeconómica expansiva para aprovechar el potencial productivo ocioso de nuestra riqueza
laboral y una política conservacionista de nuestra principal riqueza no renovable. El
alza internacional de los precios de los hidrocarburos asegurada por la organización
de los países en desarrollo que los exportan promovida por el Gobierno Constitucional de Rómulo Betancourt, fue concretada fiscalmente en Venezuela por la iniciativa de Acción Democrática en el Parlamento a fines de 1970, que estableció la
fijación unilateral de los valores de referencia de crudos y derivados. La mejora
sustancial de los ingresos fiscales petroleros fue aprovechada por la nueva administración iniciada en 1974 para optimizar la tasa de crecimiento del producto interno
no petrolero con la menor tasa de extracción posible de riqueza no renovable de
superior valor en el futuro. En la búsqueda de este objetivo de lograr un progreso
continuo de la relación incremental entre producto interno neto/ capital natural no
renovable, la producción petrolera fue reducida en cerca de un millón de barriles
diarios –de 3.461.000 a 2.404.000 barriles diarios. No obstante que el precio del
petróleo se estabiliza en 13 dólares por barril, el producto real interno no petrolero
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crece durante el primer año de gobierno en 10%, en el segundo año en 11%, en el
tercer año en 9%, en el cuarto año en 8% y en el quinto año en 4%, para una tasa
promedio de 8.4% para todo el período.
El crecimiento neto de la economía interna –que es considerablemente ilusorio
cuando se basa en el agotamiento prematuro de un patrimonio físico no reproducible– durante el período analizado resultó en una elevada proporción del mayor grado
de utilización de la riqueza humana previamente desocupada. Esto significa que la
fuente del progreso económico y social tendía a sustentarse en una riqueza cuantitativamente reproducible mediante la propia dinámica demográfica y a superarse cualitativamente en función de los niveles de remuneración laboral real traducibles en
progresos nutricionales, sanitarios, asistenciales, educativos y culturales.
La tasa de crecimiento del producto interno neto impulsado en la etapa inicial
por la explotación de la capacidad productiva física ociosa y por el uso de la mano de
obra desempleada, tendía a moderarse poco antes de la conclusión de los grandes
proyectos de inversión en capital físico y en capital humano del V Plan de la Nación
1976-1980, pero era sustancialmente superior a la alcanzada durante el período precedente en cerca de un 53%. Por esta razón el producto material interno –que constituía el 50% del producto no petrolero– se expandió en términos reales a razón de
3.009 millones de bolívares por año, es decir 2.2 veces más que el incremento respectivo de 1.377 millones de bolívares durante el gobierno del Presidente Caldera durante 1969p-1973. (Cuadro 1).
La meta de reducir sustancialmente el desempleo que subestimado en las estadísticas convencionales existentes representaba el 10% de la fuerza de trabajo en
1973, fue realizada en 1976 cuando había descendido a casi la mitad gracias a la concreción productiva de los programas de expansión económica, y declinado en
104.000 personas el número de desempleados al pasar de 350.000 a 246.000 personas. Entre 1976 y 1978, la tasa de desempleo vuelve a descender de 6% a 5% al crearse 167.000 nuevos empleos por año, lo que permitió la ocupación productiva de las
nuevas incorporaciones a la fuerza de trabajo y la absorción del desempleo acumulado en 44.000 personas por año. Esto significa que durante los dos primeros años de
instrumentación del V Plan de la Nación 1976-1980 se había alcanzado el nivel de
pleno empleo al aprovecharse el 95% de la riqueza laboral de la nación. (Cuadro 2)
La estabilidad en el uso cabal del potencial de riqueza humana del país se aseguraba, por una parte, con la conclusión de las grandes inversiones públicas constitutivas de los programas sectoriales del V Plan de la Nación 1976-1980 y sus impactos multiplicadores sobre las inversiones privadas más intensivas en el uso de mano
de obra, y por la otra, mediante una distribución del ingreso nacional real que al beneficiar preferentemente el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y medias
mantendría los niveles de demanda agregada interna cónsonos con el creciente potencial productivo de la mayor dotación de capital físico y de capital humano espe34
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Parte II · Capítulo I
Expansión de la demanda popular, productividad de la economía
y uso de la capacidad ociosa
cializado representado en programas tales como los de entrenamiento técnico coordinados por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y el Programa
de Becas Gran Mariscal de Ayacucho.
La distribución racionalmente más justa del ingreso nacional constituía simultáneamente una meta para profundizar la justicia social en una moderna democracia
económica y un instrumento al servicio de la explotación cabal y de la ininterrumpida ampliación del potencial económico de la nación. De esa manera se podría garantizar la adecuación de la demanda de bienes y servicios a la capacidad real de la
oferta para satisfacerla en condiciones de productividad creciente y de solidez interna
y externa del signo monetario y de solvencia de las cuentas fiscales y del patrimonio
público. Respondiendo a estos propósitos del Estado democrático, y en función de
sus iniciativas distributivas y redistributivas, durante 1974-1978 los ingresos laborales
reales, –que entre 1970-1973 alcanzaron 656 millones de bolívares por año– aumentan durante los dos primeros años de la nueva gestión administrativa en 4.193 millones de bolívares por año, es decir, 6.4 veces el valor anual alcanzado durante la precedente administración socialcristiana. En medida significativa, este espectacular
ascenso del poder adquisitivo laboral fue posible por la mejora en los términos de
intercambio del país debido al alza previamente ocurrida en los precios de los crudos
y derivados que se reflejó en una decisiva absorción por el sector público de la participación del capital en el ingreso nacional, lo que en consecuencia facilitó su racional
redistribución a favor de las clases trabajadoras y medias y su impacto expansivo
sobre la demanda agregada interna en función del cabal aprovechamiento del potencial productivo ocioso en las diferentes actividades productivas nacionales.
Después del efecto inicial del aumento decretado de sueldos y salarios en el
sector público y el sector privado, los ingresos reales de las clases trabajadoras y medias continúan incrementándose a un ritmo cónsono con el crecimiento de la productividad de la economía interna. Durante 1976-1978 los ingresos reales laborales
ascendieron a razón de aproximadamente 3.000 millones de bolívares por año. Estas
conquistas laborales fueron el resultado tanto de un aumento de la productividad del
trabajo como de una más favorable distribución del ingreso bajo la acción protectora
del Estado, complementada por un incremento en el producto real per cápita de
5.095 bolívares en 1974 a 5.880 en 1978, del producto real de la fuerza laboral por
persona de 15.924 bolívares a 18.672 bolívares, del ingreso real per cápita de 4.280
bolívares a 5.222 bolívares y de la remuneración real laboral per cápita de 6. 193 bolívares a 8.229 bolívares. En consecuencia, en el reparto del ingreso real, mientras las
remuneraciones del capital crecían anualmente a una tasa del 10%, las remuneraciones del trabajo lo hacían a una tasa del 21%. Por una parte, ello permitió que la sociedad venezolana se moviera hacia una nueva frontera de justicia distributiva al
disminuir la tasa de explotación del factor trabajo, pues mientras en 1974 los ingresos
reales de los trabajadores representaron 1.50 veces los ingresos totales del capital, y
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en 1978 pasaron a representar 1.72 veces el valor de la misma variable. Por otra parte,
esta expansión del poder adquisitivo de las mayorías trabajadoras permitía sostener
altos niveles de demanda agregada interna en la que el consumo privado representa
su mayor componente, y dentro de éste predominaba el consumo esencial de los
trabajadores y de las clases medias, que decisivamente contribuía a la explotación de
la capacidad instalada, de las tierras ociosas y de la mano de obra desempleada. A
pesar de que la población se incrementó entre 1974-1978 en 1.500.000 personas, el
consumo real per cápita de bienes de consumo básicos pasa de un promedio anual de
1.288 bolívares en el período precedente a 1.711 bolívares en 1974-1978, es decir 1.3
veces más. (Cuadros 3, 4 y 5).
A medida que la tasa de crecimiento real de las remuneraciones laborales exceda la tasa de crecimiento de la población en general, y la tasa de crecimiento de la
fuerza de trabajo en particular, tendía a aumentar sostenidamente el consumo productivo de las clases trabajadoras y de las clases medias traducibles tanto en más
elevados grados de bienestar colectivo como en crecientes rendimientos productivos
de la propia riqueza humana. Esa inversión social de los hogares en la forma de consumo esencial, salud, educación y cultura fue durante el quin