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ANÁLISIS RAFAEL ORTEGA RODRIGO Sudán: islam político, guerras civiles e identidad esde la primavera de 2004, Sudán está presente de forma diaria en los medios de comunicación internacionales debido a la denominada «crisis humanitaria» en la provincia occidental de Darfur, un conflicto armado entre varios movimientos y el ejército gubernamental cuya última expresión estalló en febrero de 2003, pero que tras un año tuvo como objetivo la población civil. Otro conflicto, similar al de Darfur, puede estallar en la zona este donde el grupo étnico de los beja está comenzando a reclamar su participación en el nuevo Sudán. Sin embargo, al mismo tiempo el gobierno y la guerrilla del Sur están a punto de poner fin al conflicto más largo de África que, con breves períodos de paz, comienza casi con la independencia del país en 1956 y llega hasta nuestros días. Desde 2002 tienen lugar negociaciones de paz, ya muy avanzadas, entre los dos principales actores de este conflicto: el régimen islamista de Jartum y el Movimiento Popular para la Liberación de Sudán dirigido por John Garang. Lo que se dirime es ni más ni menos que la redefinición de la identidad sudanesa, por eso no es raro que muchos analistas sugieran la idea de que el momento histórico por el que está pasando el país es tan decisivo como lo fue la independencia. Un nuevo Sudán que reconozca la apabullante diversidad étnica, religiosa, lingüística y cultural 1 y en el que todas las provincias participen de los beneficios generados por las riquezas del país, especialmente el petróleo. D El moderno estado sudanés se construyó desde el Norte, ya que las zonas del Sur permanecieron ajenas al proceso histórico que tenía lugar bajo la colonización egipcia. Durante la etapa del condominio anglo-egipcio (1898-1956), el Sur, que incluía las provincias de Alto Nilo, Equatoria y Bahr al-Gazal, permaneció aislado bajo una administración británica en la que las misiones cristianas se encargan de las labores de educación. Por tanto, la independencia se fragua en Jartum sin apenas participación de la representación del Sur; el proyecto de Constitución del 1956 apuesta por un Sudán unificado en el que el islam es la religión del Estado y el árabe la lengua oficial; y ya en nuestros días, el «proyecto de civilización islámica», es decir, el proyecto ideológico del gobierno desde 1989, es un proyecto árabe e islámico elaborado en el Norte que intenta imponerse sobre una población animista y cristiana mayoritaria en las provincias meridionales. Rafael Ortega Rodrigo, Universidad de Granada. 7 análisis Bilad al-Sudan entra en la órbita árabo-islámica en la época de la administración egipcia de Muhammad Ali (1805-1848), quien a partir de 1821 emprende una política de «conquistas» según la historiografía egipcia, de «invasiones» según la historiografía sudanesa, con el objetivo de encontrar nuevas fuentes de riqueza, de aprovisionamiento de esclavos en zonas animistas y semi-islamizadas, de acabar con la dispersión tribal, estabilizar las cuestiones comerciales y agrícolas y confirmar la existencia de minas de oro. El proceso de arabización e islamización de la zona norte, oeste y centro del país había comenzado siglos antes a través de la temprana infiltración de tribus árabes y el asentamiento de comerciantes, a lo que se uniría el fenómeno de expansión de las cofradías sufíes. También la dinastía mameluca de Egipto dio un impulso nuevo a la difusión del islam a partir del siglo XIV, y esa islamización se vería apoyada por la labor de las instituciones islámicas egipcias, especialmente la mezquita-universidad de al-Azhar a partir del siglo XVI. Pero es en la época del jedive de Egipto Muhammad Ali, cuando Sudán queda ligado a la administración egipcia y al califato de Estambul y sus asuntos son regidos por gobernadores generales nombrados por El Cairo. Tras la independencia, los funcionarios del Norte sustituirán progresivamente a la vieja administración británica y, por parte de algunos partidos políticos, se plantea ya la idea de un federalismo que resuelva la gran diversidad existente entre las diferentes regiones, planteamiento rechazado sin embargo por el primer gobierno sudanés de Ismail al-Azhari, lo que provoca una primera reacción anti-nordista, protagonizada por el movimiento rebelde de los Anyanya (veneno de víbora), que pueden representar el inicio de una conciencia nacional sudanesa. Desde 1956, Sudán ha ido alternando gobiernos militares y períodos de gobiernos civiles más o menos democráticos. Con el primer régimen militar, dirigido por el general Ibrahim Abbud (1958-1964), se produce un exilio de políticos del Sur que comienzan a formar un frente de oposición, la Unión Nacional Sudanesa Africana, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública internacional y organizar la lucha armada que se inicia a partir de 1963. Los disturbios en el Norte en protesta contra el régimen autoritario de Abbud desembocarán en la revuelta de octubre de 1964 y el traspaso de poderes a un gobierno civil, período caracterizado por una serie de gobiernos de coalición entre los dos grandes partidos al-Umma y Unionista. Durante la etapa de gobiernos civiles que se inicia tras la revuelta de octubre de 1964, se plantea la celebración de una conferencia internacional para tratar la cuestión del Sur a pesar de que las operaciones armadas continúan. La fracasada conferencia de paz celebrada en marzo de 1965 aborda la cuestión del federalismo y de una autonomía regional limitada a pesar de que nordistas y sudistas están de acuer- 8 do en delegar cierto poder al Sur. Pero también había diferencias entre los propios partidos del Sur: unos optaban por la independencia, otros por el federalismo, y las diferencias se plasman en la proliferación de grupos. Entre ellos, el Movimiento de Liberación del Sur de Sudán, fundado por Joseph Lagu en 1970, se convertirá en el protagonista de la lucha y será capaz de unificar a los diferentes grupos de oposición política y armada del Sur. La cuestión del Sur tras el golpe de Estado del coronel Yaafar al-Numeyri (19691985) comienza a adquirir una dimensión regional que traspasa las fronteras del país, ya que Israel, inquieta por la posible alianza entre Jartum y el Egipto de Naser, ayuda a la guerrilla del Sur a través de Etiopía y Uganda. Por su parte, Numeyri, apoyado por el Partido Comunista, se inclina por una autonomía regional y crea el Ministerio de Asuntos del Sur, encomendado a Joseph Garang, miembro del Partido Comunista y perteneciente a la etnia dinka, la mayoritaria en el Sur. Aunque Numeyri mostró un interés hasta entonces casi inexistente por desarrollar el Sur, esta política fracasará por el boicot de los partidos del Norte, especialmente los partidos mayoritarios al-Umma y Unionista Democrático. Tras el fallido golpe de Estado comunista de 1971, Garang es ejecutado y el Partido ilegalizado, poniendo fin a ese primer intento de potenciar el entendimiento Norte-Sur. La actuación del régimen de Numeyri le supone la condena de su antiguo aliado, la Unión Soviética, la paralización de las ayudas militares, y un embargo armamentístico por parte de EEUU que castiga la política anti-israelí de Numeyri. Con el régimen acorralado, y con una guerrilla debilitada, las partes en conflicto inician una serie de contactos que dan lugar a las negociaciones en la capital etíope, Addis Abeba, bajo el patrocinio del emperador Haile Selassie, del Consejo Mundial de Iglesias y del Consejo de Iglesias de Sudán, y que culminan con la declaración oficial de la paz el 3 de marzo de 1972. Los acuerdos de Addis Abeba establecían la creación de un Estado federal gobernado por una Asamblea Regional elegida por sufragio universal y por un Consejo Superior Ejecutivo, con capital en Juba, la ciudad más importante del Sur. El inglés se reconoce entonces como idioma principal de la región del Sur y se garantizan los derechos sin distinción de origen, lengua o religión; pero la cuestión del despegue económico de la zona, saqueada, con las infraestructuras destruidas y los campos abandonados, queda relegada a un segundo plano. Desde la firma y hasta 1979 los acuerdos se ponen en práctica, a pesar de las reticencias del ejército y del movimiento islamista, y el interés se va desviando hacia la reconstrucción de la economía y la resolución de las diferencias entre las etnias del Sur, especialmente entre los dinkas y el resto. El desarrollo económico se ralentiza, ya que toda la ayuda destinada al Sur tenía que pasar por Jartum, y el Estado 9 análisis muestra una dejadez que será suplida por las misiones caritativas extranjeras. La frustración en el Sur se hace palpable, pero Numeyri había recuperado la confianza internacional: vuelven a llegar las ayudas internacionales y Estados Unidos suspende el embargo de armas. La aproximación de Numeyri hacia el movimiento islamista en la «reconciliación nacional» de 1977 –que en realidad es una reconciliación con los partidos del Norte– supondrá un nuevo giro en la política respecto al Sur. La legislación se revisa para ser islamizada por una comisión en la que figura el pensador y hombre de estado, Hasan al-Turabi. Este nuevo giro supone el inicio de una influencia cada vez mayor del islam político en el gobierno central y la pérdida de influencia de la representación sureña, puesta de manifiesto en el anuncio de una nueva regionalización del país contraviniendo los acuerdos de Addis Abeba, en la disolución de la Asamblea Regional y la marginación del Sur de los beneficios generados por el petróleo descubierto precisamente en el Sur, lo que causará la ruptura y el reinicio del conflicto bélico en 1982. La situación se degradará todavía más tras las leyes autoritarias de 1983, que además incidían en la islamización del país. La guerrilla del Sur se organiza entonces en Addis Abeba, bajo la dirección del coronel John Garang con el apoyo de Etiopía y la Unión Soviética. Garang, oficial del ejército gubernamental, había sido enviado al Sur para reprimir un levantamiento protagonizado por varios centenares de soldados, pero se une a los amotinados y junto con ellos constituirá en 1983 el Movimiento Popular de Liberación de Sudán (MPLS) y su rama armada, el Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS). Según Gérard Prunier, el nuevo movimiento del Sur es un «movimiento progresista consagrado a la transformación socialista de todo el país [...] cuyo objetivo principal no es la secesión», 2 sino construir un Sudán unificado y socialista garante de los derechos de todas las etnias y religiones. Es decir, el MPLS es, en sus comienzos, fundamentalmente un movimiento revolucionario. La caída en desgracia una vez más del régimen de Numeyri, tras su ruptura con los islamistas, su único apoyo, y la ejecución por apostasía del líder del partido minoritario de los Hermanos Republicanos, Mahmud Muhammad Taha, 3 conduce en 1985 al golpe de Estado del general Suwwar al-Dahab. El Consejo Militar de Transición, en 1985, no cambia mucho las cosas con respecto al Sur, donde continúan las operaciones militares, agudizadas con las ayudas prestadas por el Norte a diferentes guerrillas del Sur opuestas al EPLS, a pesar de intentos de llegar a preacuerdos, como los de Koka Dam firmados entre representaciones de sindicatos y partidos del Norte, como al-Umma, y el MPLS, y que reco- 10 gen las exigencias de la guerrilla, entre las que destacan el reconocimiento por parte del Norte de que la lucha era por el conjunto del país y no por la cuestión del Sur y la derogación de las leyes de septiembre de 1983. Tras las elecciones de abril de 1986 y el regreso de los civiles al poder se inician contactos, fallidos, entre el nuevo primer ministro al-Sadiq al-Mahdi y Garang. Los débiles gobiernos de coalición que se suceden y de nuevo la influencia de los islamistas, incluidos en el gobierno a partir de 1988, hacen imposible un acuerdo de alto el fuego pese a las propuestas de mediación de EEUU o de intervención de Egipto. El último gobierno de al-Mahdi, que no incluye a islamistas, llega a un preacuerdo de paz con el MPLS que deberá ser ratificado por el Parlamento el 4 de julio. El acuerdo se trunca cuando un sector islamista del ejército, apoyado por el Frente Islámico Nacional (FIN), principal fuerza islamista en Sudán, y que se opone al acuerdo, protagoniza un golpe de Estado el 30 de junio. Desde entonces el movimiento islamista sudanés, que ha experimentado diversas evoluciones, gobierna el país. ■ El movimiento islamista y el «dossier del sur» A partir de los 70, y favorecido por la paz reinante, el Sur se incorpora a la vida política sudanesa y al mismo tiempo el movimiento islamista comienza actividades de predicación en la zona, con la creación de mezquitas, escuelas, clínicas y otros servicios sociales cuya finalidad es dar cobertura y apoyo a la predicación islámica. El FIN, creado en 1985, intenta asimilar elementos del Sur, que pasa a formar parte del «proyecto de civilización islámica» teorizado por el movimiento bajo un régimen federal que, según su ideólogo, Hasan al-Turabi, se fundamenta en el modelo de la «constitución de Medina de la época del Profeta». 4 Tomando como ejemplo esa sociedad medinense, algunos aspectos de la ley islámica sólo serían aplicables en las zonas mayoritariamente musulmanas, como la prohibición de las bebidas alcohólicas, y se respetarían algunas particularidades del Sur, como el régimen matrimonial, dado que el Código de Familia, según Turabi «está descentralizado para adaptarse a los diferentes cultos y culturas», aunque en realidad el Código de Familia sudanés es uno de los más islamizados del mundo árabe. 5 Por otro lado, la expansión del movimiento islamista hacia el Sur le servirá de puente para establecer relaciones con las sociedades tradicionales tanto musulmanas como animistas de los pueblos africanos vecinos, lo que al fin y al cabo no es más que un instrumento para extender su influencia por los países del entorno. La llegada al poder del FIN por medio del golpe de Estado de 1989 dirigido por el teniente general Omar Hasan al-Bashir, supone un nuevo proceso de reislamiza- 11 análisis ción que provocará una agudización de la guerra del Sur, con una ampliación del campo de operaciones de la guerrilla, que, por otro lado, se enfrenta a continuas disidencias alentadas por el gobierno de Jartum. 6 Mientras tanto, se multiplican los encuentros, las conversaciones bilaterales en diferentes escenarios, como Addis Abeba o Nairobi, que desembocan en treguas con algunos grupos guerrilleros, como los acuerdos de Frankfurt, de enero de 1992, y de Nairobi, en mayo de 1993, y las iniciativas de paz promovidas por Egipto, Libia, Eritrea, Nigeria y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) 7 durante toda la década de los 90, que, sin embargo, irán fracasando una tras otra. Además, la solución al problema del Sur que propone el nuevo gobierno del FIN es el proyecto islamista teorizado por Turabi, a pesar de las declaraciones del presidente golpista Omar al-Bashir sobre la prioridad de resolver la cuestión del Sur. Ya en la década de los 90, el MPLS declara por primera vez la opción de la autodeterminación para resolver el conflicto, la guerrilla amplía su campo de operaciones y se extiende desde el Sur hacia el este, noreste y oeste y amplía igualmente su estrategia al integrarse en la Alianza Nacional Democrática junto con la oposición política del Norte representada por al-Umma, el Partido Unionista Democrático y otros partidos minoritarios. Al mismo tiempo, la implicación de los países del entorno, bien de forma individual o agrupados en instituciones como el IGAD, transforma el conflicto en una crisis regional. La llegada al poder del islamismo dota al conflicto de una dimensión religiosa que no hay que desdeñar, ya que el régimen recurre al concepto de yihad como factor de movilización: en 1993, los ulemas de la provincia de Kordofan emiten una fatua que declaraba lícito el yihad contra los habitantes del Sur y de las montañas de Nuba. Estos llamamientos al yihad se repetían en los medios de comunicación sudaneses. Así, mientras la doctrina militar del Movimiento Popular no se centraba en las dimensiones religiosas, sino en la liberación por un Sudán nuevo, la doctrina del ejército regular era el yihad, algo que se observa claramente en las milicias creadas por el nuevo régimen muy poco después del golpe de 1989, las Fuerzas de Defensa Popular, en las que se produce una perfecta simbiosis entre el elemento militar y el islamista, 8 y que serán utilizadas en la guerra. ■ Declaración de Nairobi: del acuerdo marco a las «zonas marginadas» En junio de 2004, el primer vicepresidente sudanés, Ali Uzman Muhammad Taha, y el dirigente del MPLS y del EPLS, John Garang, firman en Nairobi, bajo los auspicios del IGAD y del gobierno keniano, una declaración que refrenda los protocolos y acuerdos alcanzados desde julio de 2002 hasta mayo de 2004, y que abor- 12 dan desde los pactos en materia de seguridad, hasta el reparto de riqueza, del poder, el estatuto de la capital nacional, Jartum, y la situación de las tres zonas «marginadas» cuya soberanía reivindicaban ambas partes. La siguiente ronda deberá concluir en el acuerdo definitivo de alto el fuego que pondrá fin a la guerra y dará paso a un período transitorio de seis años. Dos factores esenciales motivaron la reactivación de la mediación de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y de Estados Unidos: por un lado, los atentados del 11 de septiembre y sus posibles repercusiones sobre Sudán, dado que figura en la lista negra de países que dan cobertura al terrorismo, y el ejemplo de Afganistán influye en el régimen de Jartum, y, por otro lado, el petróleo, cuya producción va en aumento, y que se ve seriamente amenazada por la guerra. Kenia acoge las negociaciones, supervisadas y con mediación del IGAD, y en sus últimas etapas también por EEUU, que presiona para que se firme lo antes posible, lo que podría constituir un éxito de la Administración Bush. De hecho, el Congreso de EEUU aprueba la «ley de la paz en Sudán», en noviembre de 2002, una ley promovida por algunos grupos de presión que amenaza con sanciones económicas, un embargo de armas y con privar al régimen de los ingresos del petróleo, si no se firma la paz cuanto antes. El proceso de paz en el Sur comienza con la declaración de alto el fuego en las montañas de Nuba, firmado en Ginebra el 19 de enero de 2002, y desde entonces se han dado grandes pasos hacia la firma de la paz definitiva: el protocolo de Machakos (julio de 2002); el Memorándum de Entendimiento sobre la paralización de las agresiones (octubre de 2002); el acuerdo en materia militar y de seguridad (septiembre de 2003); el acuerdo sobre el reparto de la riqueza (enero 2004); el protocolo de reparto del poder entre el gobierno de Jartum y el Movimiento Popular de Liberación de Sudán (mayo de 2004); y los protocolos relativos a la soberanía sobre las zonas marginadas (mayo de 2004). Después de 20 años de guerra y 18 rondas de negociación fallidas, después de dos millones de muertos y 4 millones de desplazados, se llega a la firma del protocolo de Machakos (Kenia) en julio de 2002. El protocolo es más bien un marco de entendimiento o una plataforma conjunta para llegar a la paz definitiva, conseguido por presiones de EEUU, ONU e IGAD, y debido a una serie de derrotas militares del EPLS, la pérdida de algunas importantes ciudades, y el cambio de postura de varios países del entorno que hasta entonces apoyaban a la guerrilla. El protocolo de Machakos se estructura en torno a tres importantes ejes: las disposiciones de la etapa de transición que durará seis años; la relación entre religión y Estado; y el derecho a la autodeterminación del Sur. 13 análisis La etapa de transición, que comenzará seis meses después de la firma del alto el fuego definitivo, incluye la creación de un gobierno federal de transición y otro gobierno provincial autónomo en el Sur, la redacción de una constitución federal que integre el Sur con el Norte y que permita realizar un referéndum en el Sur al final del periodo sobre la autodeterminación, sobre la permanencia en un Sudán unificado o bien la separación en forma de confederación con la creación de dos estados independientes que colaborarían en materia de asuntos exteriores. Además, se plantea la formación de un gobierno unionista y nacionalista en el que estarán representados los habitantes del Sur (dinkas, nuers y shiluks), y la formación de un gobierno regional en el Sur. El protocolo aborda la creación de tres entidades: una en el Sur, con una constitución laica; otra entidad en el Norte, con el régimen actual; y la entidad central, a la que estarán sujetas ambas partes con una constitución central que incluirá el texto del acuerdo definitivo. Pero las diferencias sobre varios puntos entre el MPLS y el régimen de Jartum persisten, ya que el primero considera que el gobierno de transición debe incluir a todos los partidos de la Alianza Nacional Democrática, mientras que el régimen considera que debe ser el gobierno actual con la inclusión de representantes del Sur. La ronda de septiembre de 2003 acabó con el acuerdo sobre las disposiciones en materia de seguridad de la fase de transición después de dar por terminada la guerra. Los acuerdos sobre seguridad y militares buscan la creación de una nueva doctrina militar compartida, que no sea ni el yihad ni la liberación, y que dé como fruto la creación de un nuevo ejército, después de la existencia de tres ejércitos durante la etapa de transición: el ejército gubernamental, que se desplegará al Norte; el del EPLS, en el Sur; y la presencia de ambos ejércitos en el Norte y en el Sur por medio de unidades mixtas. La ronda celebrada en diciembre 2003 y enero 2004 consiguió la firma del acuerdo del reparto de la riqueza antes y durante la transición. El acuerdo incluye: reparto de las riquezas del régimen fiscal, bancario y, especialmente, de los beneficios del petróleo extraído en el Sur casi «a partes iguales» entre Jartum y la administración autónoma del Sur. Los beneficios anuales del petróleo son actualmente de unos 2.000 millones de dólares (unos 300.000 barriles diarios) y suponen el 80% de las exportaciones sudanesas. Se espera que la producción llegue hasta los 800.000 barriles diarios en el 2010, a condición de que el país siga atrayendo inversiones de las compañías extranjeras, hoy por hoy chinas, indias, malasias y canadienses. El acuerdo incluye, además, el reconocimiento de las necesidades económicas y sociales propias del Sur. 14 La, hasta ahora, última ronda comenzó en febrero de 2004 en Nivasha (Kenia) y se centró en la situación de las tres zonas marginadas; en el reparto del poder y la representación en la presidencia, en el gobierno nacional, en el órgano legislativo y en los ministerios; el alto el fuego definitivo; el calendario electoral, y una de las cuestiones más espinosas: el estatuto de Jartum como capital nacional y la legislación que debería aplicarse a sus habitantes. Las llamadas «zonas marginadas», Abiye, sur del Nilo Azul y montañas de Nuba, zonas limítrofes entre el Norte y el Sur, son de una gran diversidad étnica, lingüística y religiosa. Lo que se negocia es la asignación de los territorios, pero las divergencias entre ambas partes son profundas y el factor del petróleo complica aún más la situación. El régimen ha declarado en repetidas ocasiones que no renunciará a ellas, reafirmando las fronteras entre el Norte y el Sur establecidas en 1956, y defiende que dependan del poder central aun con poderes locales. Mientras que el MPLS, que sigue respaldando la autodeterminación de las tres zonas, se ha mostrado favorable a la existencia de poderes locales con atribuciones amplias en la supervisión de las políticas. De las tres zonas, la más problemática ha sido la de Abiye, petrolífera, porque el régimen insiste en que es del Norte y pertenece a la provincia de Kordofan Oeste, mientras que el MPLS la considera perteneciente a la provincia meridional de Bahr al-Gazal. La situación es más compleja por la distribución étnica, dada la presencia en la zona de tribus del norte, como la masiriyya, que apoya al régimen, y otras, como la dinka naquk, sureña, que apoya al MPLS. Un aspecto que puede dar una perspectiva de hasta qué punto el gobierno debe renunciar al proyecto islamista a cambio del proceso de paz en marcha es la cuestión del estatuto de Jartum y la aplicación de la sharia y de los castigos corporales (hudud). 9 Una de las demandas presentadas por el MPLS es el carácter «nacional» de la capital, una capital para todos, musulmanes, cristianos, animistas y de otras religiones, regida por leyes que no representen a una religión en perjuicio de las demás, y considera que la insistencia del gobierno en aplicar la sharia en la capital supone una negación de la «ciudadanía igualitaria» y un claro llamamiento a la separación del Sur. El presidente, Omar al-Bashir, ha reafirmado el compromiso de su gobierno con la aplicación de la legislación islámica en Jartum, recordando que lo que les empujó al golpe de 1989 fue «la conspiración contra la sharia y su abolición», 10 hasta el punto de amenazar con recurrir a la guerra en el caso de que se imponga la opción de la abolición. 15 análisis Los acuerdos de paz estipulan la existencia de un Sudán unificado en el marco de dos legislaciones diferentes: el derecho positivo y consuetudinario regirán en el Sur y la sharia en el Norte. En Jartum, la capital nacional, la ley islámica se aplicará a los musulmanes, mientras que a los no musulmanes no se les aplicarían los castigos corporales. Sin embargo, para los Hermanos Musulmanes, 11 presentes en el gobierno, la capital debe ser regida por la sharia, hasta el punto de que sería preferible la separación del Sur antes que ser gobernados por una ley que no fuera la islámica. 12 ■ La cuestión de Darfur: un nuevo frente abierto a principios de 2003 Darfur es una provincia tradicionalmente marginada por los diferentes gobiernos sudaneses desde la independencia, sin apenas servicios estatales, sin beneficiarse de las riquezas que existen en la zona, y cuyos habitantes musulmanes, abna algarb, se han visto discriminados por los musulmanes de la zona centro del país, abna al-bahr. Es el escenario, además, de luchas tribales entre tribus árabes nómadas dedicadas al pastoreo y tribus africanas sedentarias dedicadas a la agricultura. Las tribus árabes de esta zona habían apoyado tradicionalmente al Partido al-Umma de al-Sadeq al-Mahdi hasta mediados de los 70, mientras que las africanas se consideraban aliadas del Partido Unionista Democrático. Pero a partir de finales de los 70 y principios de los 80, comienza la penetración en la zona del Partido Comunista y, especialmente, del movimiento islamista dirigido por Turabi, que conseguiría varios parlamentarios por la provincia en las elecciones del 1986, y un gran apoyo al golpe de Estado de 1989. Ya en la década de los 90, la falta de programas de desarrollo para la zona y las luchas internas dentro del movimiento islamista y de las estructuras de poder entre islamistas de la zona centro y de la zona occidental, condujo al alejamiento de los islamistas de Darfur de las instituciones, a la vez que la mayoría se decantó por la facción de Hasan al-Turabi, alejado del poder desde 1999. En esa misma época, surgen los primeros movimientos rebeldes armados ligados a la guerrilla del Sur, como fuerzas políticas de oposición; pero las acciones armadas comienzan en febrero de 2003 con el asalto a una guarnición militar en Yebel Marra, extendiéndose después a las principales ciudades, Kutum, al-Fasher, y también contra el oleoducto que se construye en al-Fula, objetivo de la tribu masiriyya, que reivindicaba su parte de beneficios del petróleo que se extrae en la zona. Las partes en conflicto, aunque los grupos armados son numerosos, son básicamente el Movimiento de Liberación de Sudán, inspirado en la guerrilla del Sur y sin 16 experiencia política, y el Movimiento de Justicia e Igualdad, según el gobierno apoyado por el partido de Hasan al-Turabi, el Congreso Popular, del que hay representantes en la jefatura del Movimiento. Por otro lado, se encuentran tribus árabes que se alzaron también en armas, pero que poco después se aliaron con el gobierno y fueron el núcleo de las milicias yanyawid, utilizadas por el régimen debido a su incapacidad militar para acabar con la revuelta. Esta táctica la utilizó también durante años en la guerra contra el movimiento del Sur. El gobierno de Jartum, inmerso en las negociaciones de paz con la guerrilla del Sur, desoyó las demandas de Darfur y calificaba a los rebeldes de «bandoleros», pero tras año y medio de combates entre los rebeldes y el ejército gubernamental, sin avances sustanciales, las acciones armadas pasaron a tener como objetivo a la población civil y el conflicto tomó entonces un aspecto de guerra étnica y tribal, en la que las milicias yanyawid parece que escaparon al control total del régimen y comenzaron una lucha contra las tribus africanas con el objetivo de cambiar la demografía de la zona. Esto provoca la regionalización del conflicto con acusaciones de injerencia lanzadas contra Chad, Libia, Eritrea, Malí, Níger, Burkina Faso y Uganda. Los intentos de mediación fueron numerosos antes de la internacionalización de la crisis, de las presiones de EEUU sobre el régimen para desarmar a las milicias y obligar a las partes a sentarse a negociar, de la ayuda humanitaria emprendida por la ONU, y de la intervención de la Unión Africana y de la Liga Árabe. 13 Los rebeldes reivindican inversiones y mejoras en la zona, la democratización y un régimen federal en el que Darfur se autogobierne en un Sudán unificado, 14 y ponen como condiciones previas para una negociación la presencia de observadores y mediadores internacionales para el alto el fuego, el reconocimiento por parte del régimen de las demandas presentadas, el regreso de los desplazados, la petición oficial de perdón al pueblo de Darfur y desarmar y juzgar a las milicias yanyawid. Las iniciativas para acabar con un conflicto interno, transformado en crisis humanitaria e internacionalizado, son numerosas, tanto de países del entorno (Chad y Libia) como de organismos regionales (IGAD, Unión Africana, Liga Árabe, Unión Europea), e internacionales (ONU), y de países occidentales con intereses petrolíferos en la zona (EEUU, Gran Bretaña, Francia y Alemania). ■ Conclusiones Sudán se encuentra hoy en día en una encrucijada en la que las fuerzas luchan por construir un Sudán plural, en el que se reconozca la diversidad cultural, lingüística, étnica y religiosa, y en la que los beneficios derivados de las riquezas no sean 17 análisis monopolizados por una clase dirigente, excesivamente apoyada en el elemento árabe y musulmán; y en el que se dé paso a una democratización de la vida política monopolizada por el Congreso Nacional, resultado de la evolución del movimiento islamista que llegó al poder en 1989, el Frente Islámico Nacional. Esta nueva situación exigirá al régimen hacer una serie de concesiones ideológicas, sociales y económicas que provocarán tensiones internas. La transición puede resultar violenta dado que ese mismo régimen ha estado alentando durante más de una década un islam político del que ahora deberá renegar en algunos de sus aspectos; la guerrilla del Sur, que se desmovilizará en parte, y las fuerzas paramilitares/proselitistas del régimen que deberán abandonar las armas, pueden llegar a generar un grupo social de excluidos que podrían provocar cierta inestabilidad en el futuro inmediato. Tampoco se puede descartar que un sector del régimen, tanto de círculos islamistas como de militares, se muestre en desacuerdo con los acuerdos de paz; y no conviene olvidar que el último golpe de Estado, el de 1989, tuvo como desencadenante la firma de un preacuerdo de paz con la guerrilla del Sur. Todo ello está a la espera de que se concreten los mecanismos de mantenimiento de la paz y de aplicación de los acuerdos, algo que puede conllevar la presencia de fuerzas internacionales en el país. Pero el mayor reto que se presentará una vez firmada la paz definitiva será convertir ese acuerdo bilateral, entre el régimen de Jartum y el MPLS, en un acuerdo nacional en el que participen todos los representantes del Sur y todas las fuerzas políticas de oposición del Norte, algo que todavía se enfrenta a una fuerte resistencia por parte del régimen, a pesar de que ya se han iniciado contactos en El Cairo en este sentido. 1. Más de 400 lenguas, aunque el árabe es la lengua oficial y el inglés la segunda lengua. Más del 75% de la población, estimada en unos 39 millones, profesa el islam sunní, el resto el cristianismo y religiones animistas. Las etnias musulmanas más importantes son la nubia (norte), beja (noreste) y fur (oeste); en el sur las mayoritarias son los dinkas y los nuers. El 20% de la población es urbana y se concentra en la capital. 2. Gérard Prunier: «Le Sud-Soudan depuis l indépendance (1956-1989)». En Marc Lavergne (dir.) Le Soudan contemporain. De l’invasion turco-égyptienne à la rébellion africaine (1821-1989). París-Amán: Karthala-Cermoc, 1989, p. 417. 3. El grupo de al-Ijwan al-Yumhuriyyun dirigido por Mahmud Muhammad Taha, predicaba un renacimiento islámico y una renovación de la sharia cuyos principios consideraba anticuados para resolver los conflictos actuales. Era un movimiento elitista, más teórico que práctico. Véase al respecto Paul J. Magnarella, «The Republican Brothers. A reformist Movement in the Sudan» en Muslim World, 72, 1 (1982), 14-24. 4. Hace referencia a la situación de los judíos en Medina y de los cristianos de Najran durante la época del Profeta. 18 5. Hay traducción española del Código promulgado por el nuevo régimen islamista y militar. Caridad Ruíz-Almodovar: «El Código Sudanés de Estatuto Personal». Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 49 (2000), pp. 179-224. 6. Ann Mosely Lesch: The Sudan-Contested National Identities. Bloomington-Oxford: Indiana University Press-James Currey Ltd., 1998, p. 158. 7. International Authority on Drought and Desertification (IGADD): creada en 1986 por la Oficina de Lucha contra la Desertificación y la Sequía e incluye a Etiopía, Sudán, Somalia, Kenia, Yibuti, Uganda y, más tarde, Eritrea. Transformada en Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), su objetivo es concienciar a los estados miembros de la necesidad de la cooperación política y técnica para frenar la desertización, pero lo cierto es que las diferencias y enfrentamientos entre ellos han paralizado sus actividades. Es mediadora en los conflictos de la zona y ha constituido una comisión de estudio de la crisis sudanesa. 8. Véase Kamal Hamid. «Milishiat Quwat al-Difaa al-Shaabi al-sudaniyya» en al-Wasat (5-6-1995), pp. 26-28. 9. Sobre las sanciones coránicas o castigos corporales, que forman parte del corpus de la sharia, es interesante leer lo que dice el ideólogo del islam político sudanés, Hasan al-Turabi, para quien los hudud son universales (como el mensaje del islam) y tienen efectos disuasorios y educativos, aunque la sharia no obliga a hacerlo en público. La pena aplicada debe ser personal y no perjudicar a terceros, así si en lugar de aplicarse los hudud se encarcelara al que comete el delito se penalizaría también a la familia. La lapidación (rayam) no forma parte de los hudud, es puramente una costumbre preislámica y el Profeta sólo recurrió a ella con judíos siguiendo sus propias leyes. En Sudán y durante la primera mitad de los 90, la legislación estaba en vías de islamizarse lentamente para no provocar una reacción de la mayoría. Véase Alain Chevalérias. Hassan Al-Tourabi, Islam avenir du monde. Entretiens avec Alain Chevalérias. SaintAmand-Montrond: JC Lattès, 1997, pp. 61-81. 10. Véase el diario al-Hayat (19-6-2003). 11. Los Hermanos Musulmanes de Sudán se organizan en 1946 como una rama subordinada a la organización central de los Hermanos Musulmanes en Egipto, aunque ya en la década de los 50 actúan de forma independiente. La organización experimentará varias escisiones que van a acabar arrinconándolos desde los 80 hasta principios de 2000 cuando vuelven a la escena política, apoyados por el presidente alBashir. La escisión más importante fue la que dirigió Hasan al-Turabi en 1985, con la creación del FIN, que se convertiría, una vez llegado al poder, en el Congreso Nacional, partido gobernante hasta hoy día. La ruptura en 2000 entre al-Bashir y Turabi, que condenó al segundo al ostracismo, posibilitó el resurgimiento de los Hermanos Musulmanes. 12. Declaraciones del secretario general de los Hermanos Musulmanes, al-Hibr Nur al-Dayyem (www.sudanmfa.com). En esta página web pueden leerse otras declaraciones al respecto, como las de Abd al-Yalil al-Nadir al-Karuri, uno de los más importantes alfaquíes del partido islamista en el poder, el Congreso Nacional, quien se opone totalmente a que no se aplique la sharia en la capital; lo contrario supondría una nueva guerra, «la guerra de la capital». La influyente Organización de Ulemas de Sudán, en un comunicado emitido el 17 de mayo de 2004, defiende la aplicación de la ley islámica en las provincias del norte, ya que de lo contrario el gobernante sería infiel. Sin embargo, el Partido de Liberación (islamista radical), en un comunicado fechado el 18 de mayo de 2004 y firmado por Ibrahim Uzman Abu Jalil, portavoz oficial del partido, denuncia que el gobierno sudanés no gobierna con la sharia, sino 19 análisis con el modelo de los regímenes democráticos infieles. Para este partido los hudud sólo existen sobre el papel, ya que el régimen de Jartum no los aplica. Sudán es un único país, si la sharia se aplica en el norte, se debe aplicar también en el sur (www.hizb-ut-tahrir.org). 13. Véase www.aljazeera.net. Artículo del escritor sudanés Adel Abd al-Ati «Darfur…Yudur wa maalat al-siraa al-musallah» (6-7-2004). 14. Declaraciones de Mahyub Huseyn, responsable de comunicación exterior del Movimiento de Liberación de Sudán, al programa Akzar min ray de la televisión al-Jazeera (12-7-2004) BIBLIOGRAFÍA LAVERGNE, Marc (dir.): Le Soudan contemporain. De l’invasion turco-égyptienne à la rébellion africaine (1821-1989). París-Amán, Karthala-Cermoc, 1989. MOSELY LESCH, Ann: The Sudan-Contested National Identities. Bloomington-Oxford, Indiana University Press-James Currey Ltd., 1998. al-Taqrir al-Istratiyi l-Sudani l-Awwal. El Cairo, Markaz al-Dirasat al-Sudniyya, 2000. MARTÍN MUÑOZ, Gema: El estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista. Barcelona, Bellaterra, 1999. 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