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Global Canopy Programme
The REDD Desk
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Commissioned by:
Lima, October 31, 2013
© 2013 Libélula Comunicación, Ambiente y Desarrollo S.A.C. All rights reserved.
1
Índice
1 Introducción ........................................................................................................................................................... 1
2 Elementos de REDD+ .............................................................................................................................................. 2
Arreglos Institucionales ..................................................................................................................................... 2
Participación de actores .................................................................................................................................... 3
Arreglos sobre tenencia de tierras y derechos de carbono ............................................................................... 5
Gestión Forestal ................................................................................................................................................. 5
Niveles de referencia ......................................................................................................................................... 6
Salvaguardas ...................................................................................................................................................... 8
MRV 8
3 Resúmenes ............................................................................................................................................................. 9
Estadísticas ........................................................................................................................................................ 9
Actores .............................................................................................................................................................10
Marco Legal .....................................................................................................................................................11
Planes y Políticas ..............................................................................................................................................12
Actividades.......................................................................................................................................................13
Financiamiento ................................................................................................................................................13
4 Referencias ...........................................................................................................................................................14
Referencias para el Readiness Overview .........................................................................................................14
Referencias para resúmenes por sección: .......................................................................................................16
Estadísticas ......................................................................................................................................................16
Actores .............................................................................................................................................................16
Marco legal ......................................................................................................................................................17
Planes y políticas..............................................................................................................................................17
Iniciativas .........................................................................................................................................................17
Financiamiento ................................................................................................................................................17
Actualización del REDD Desk para Perú
1 Introducción
El Perú cuenta con 84 de las 104 zonas de vida del planeta y es considerado como uno de los países megabiodiversos (MINAM, 2013,FIP). Posee 73,3 millones de hectáreas de bosques, con esta superficie se ubica en el
segundo lugar en extensión de bosques naturales a nivel de Sudamérica, después de Brasil, y en el noveno
lugar a nivel mundial. Esto representa cerca del 60% del territorio peruano razón por la cual, aún cuando posee
una tasa de deforestación anual relativamente baja (0,2%), la deforestación es la fuente del mayor porcentaje
de emisiones de GEI de Perú (MINAM 2011a). Esta tasa de deforestación ubica al Perú en el cuarto lugar de los
siete países amazónicos (FAO 2010), por debajo de Brasil, Venezuela y Bolivia. Aunque se trate de un país con
grandes bosques, el sector forestal contribuye solo el 1.1% del Producto Interno Bruto (MINAM, 2013) y recibe
solamente el 0.01% de la inversión extranjera directa (MINAM, 2013).
La principal fuente de emisiones de GEI a nivel nacional es la conversión de bosques y pasturas, atribuidas a la
deforestación de la Amazonía para cambiar el uso de la tierra con fines agrícolas. La agricultura migratoria y la
ganadería son la principal causa directa de la deforestación en el Perú. Otros factores que incrementan la
deforestación son el desarrollo urbano, la infraestructura de comunicaciones, la explotación minera y petrolera,
y las plantaciones ilegales de coca. Un agravante fundamental es el precario régimen de tenencia de las tierras
(MINAM, 2010).
Actualmente, Perú atraviesa un proceso de reforma de la gestión pública forestal que responde a demandas
internas de actores forestales como los pueblos indígenas y demás usuarios de los bosques (sector privado), las
Organizaciones no Gubernamentales (ONG), los gobiernos sub-nacionales (Gobiernos Regionales y Locales), y a
los compromisos internacionales. De otro lado, el gobierno peruano ha manifestado que tiene como meta
reducir a cero la tasa de deforestación en 54 millones de hectáreas de bosques primarios para el 2021 (MINAM
2011d), lo que debería representar una reducción del 47,5 % de las emisiones nacionales de GEI respecto al año
2000 (Che Piu y Menton, 2013). Dicha meta fue anunciada por el Ministro del Ambiente en Poznan y
Copenhague durante las Conferencias de las Partes de la CMNUCC y reiterada en 2010 por el Presidente en
Nueva York ante la 65ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, esta meta ha sido recogida por el
Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021 (MINAM 2011d) y el Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021
(CEPLAN 2011). En ese sentido, está pendiente la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la
elaboración del documento estratégico nacional sobre REDD+. Asimismo, a la fecha no existen normas
específicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, ni para REDD+; sin embargo, el país ha avanzado
en su marco institucional y normativo sectorial en materia agraria (dentro del Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI), con incidencia en materia de deforestación y degradación.
Las actuales negociaciones internacionales sobre cambio climático están dando creciente atención al apoyo a
mecanismos técnicos y financieros orientados a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de
los bosques, incluyendo conservación, manejo forestal sostenible y mejora de los stocks de carbono forestal
(REDD+). El Perú presenta condiciones muy favorables frente a estos mecanismos, por lo que ha comenzado a
posicionarse como potencial receptor de beneficios del mercado mundial de carbono forestal. El principal foco
del Perú es lograr un acuerdo legalmente vinculante, reiterando el principio de respeto a los acuerdos y
compromisos internacionales que el país ha suscrito en materia de cambio climático, en un marco de
independencia, pro actividad, búsqueda de consenso y promoción de posiciones audaces en reducción de
emisiones, tanto por parte de los países desarrollados, como principales responsables, como de los países en
desarrollo en capacidad de hacerlo, con el fin de acelerar el proceso de mitigación, inducir un desarrollo bajo en
1
carbono, y evitar incrementos de temperatura peligrosos para todo el planeta y, en particular para países de
alta vulnerabilidad, como el Perú.
El Perú participa activamente en los diferentes procesos globales de REDD+. En el año 2008 fue reconocido
como uno de los primeros países piloto por el Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF), donde
en marzo de 2011 se aprobó su Propuesta de Preparación (R-PP), la cual se encontraba en proceso de
actualización para finales del 2013, ya que hasta el momento solo se habían elaborado borradores que fueron
sometidas a revisión de instituciones vinculadas con REDD+ en el Perú. También, Perú fue escogido como país
piloto para el Programa de Inversión Forestal (FIP), desde 2010. En agosto del 2013 se incorporó a las
organizaciones indígenas amazónicas nacionales, AIDESEP y CONAP, en el Comité Directivo del FIP y,
finalmente, la versión final del documento FIP fue presentada en Lima en octubre de 2013, queda pendiente en
los próximos días su presentación en Washington. De otro lado, desde 2011 se unió como observador al
Programa de Naciones Unidas sobre REDD+ (ONU-REDD) y del Acuerdo de Colaboración REDD+ (REDD+
Partnership).
A nivel interno (regional), se ha podido identificar alrededor de 30 proyectos en ejecución financiados por la
cooperación internacional y otras instancias (fundaciones, ONG, sector privado, etc.), vinculadas directa o
indirectamente con aspectos de REDD+ (MINAM, 2013). Se encuentran así, numerosos proyectos forestales de
carbono en desarrollo y algunos en proyecto validados bajo los Estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad
(CCBS), el Estándar de Carbono Verificado (VCS) y el Estándar CarbonFix. Estos esquemas REDD+ en su mayoría
son implementadas por instituciones del sector privado, como Organizaciones no Gubernamentales nacionales
y extranjeras.
2 Elementos de REDD+
Arreglos Institucionales
El principal organismo gubernamental encargado de las actividades de REDD+ en el Perú es el Ministerio del
Ambiente, quien tiene competencia directa sobre las actividades a nivel nacional de Cambio Climático. Este
Ministerio canaliza sus actividades principalmente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SERNANP), el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(PNCBMCC) y las diferentes Direcciones Generales con las que cuenta. Asimismo, REDD+ es un tema que
también involucra directamente al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), como autoridad forestal
nacional, y que implementa sus actividades en esta área a través de la Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre (DGFFS), y las Direcciones Regionales Agrarias, principalmente.
Por otro lado, los Gobiernos Regionales también tienen un rol importante dentro de la administración de los
bosques, y por lo tanto en la implementación de actividades REDD+ en los territorios regionales. Estas funciones
importantes en materia forestal surgen en virtud del proceso de descentralización iniciado en el país, y
manifestado a través de la transferencia de funciones agrarias a los gobiernos regionales por parte del
Ministerio de Agricultura y Riego. En este sentido, las competencias transferidas en materia forestal más
importantes son las siguientes: Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de
los recursos naturales bajo su jurisdicción; y, otorgar permisos, autorizaciones, y concesiones forestales, en
áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de
la Política Nacional Forestal. Es decir, en virtud de este proceso de transferencia de competencias, los
Gobiernos Regionales que a la fecha ya han recibido estas competencias, se encuentran facultados para otorgar
derechos forestales dentro de su jurisdicción, y desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso
sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción. Debe tenerse en cuenta la necesidad de intervención
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINRE), Ministerio de
Cultura, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Organismo Supervisor de Recursos
Forestales (OSINFOR) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
2
Otras entidades gubernamentales cuyas políticas y funciones están vinculadas con los procesos de
deforestación y degradación forestal, son el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI); el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
Estos Ministerios no se encuentran involucrados activamente en las actividades vinculadas con REDD+, pero son
considerados actores importantes indirectos, ya que sus actividades y políticas intervienen en hecho vinculados
con la deforestación (como por ejemplo, la promoción de la IIRSA en el caso del MTC), la titulación de tierras
(en el caso de COFOPRI), entre otros.
Existen también, otras organizaciones que actualmente impulsan el Proceso de Preparación para REDD+, y que
se encuentran conformadas en su mayoría por instituciones públicas y privadas, y la sociedad civil. Estas
organizaciones son: la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), el Grupo Técnico REDD+ (GTREDD), el
Grupo REDD Perú (Mesa REDD+) de la sociedad civil, y la Mesa REDD+ Indígena.
Asimismo, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), nacionales y extranjeras son las principales
instituciones que trabajan en torno a los procesos REDD+, ya sea en la implementación de estos proyectos,
brindando capacitaciones, involucrándose en las negociaciones internacionales sobre el tema, y brindando
apoyo técnico en el establecimiento de lineamientos, políticas y normas a los Ministerios del Ambiente y de
Agricultura y Riego, principalmente.
Dentro de los arreglos institucionales plasmados en el R-PP, se determina también la intención del gobierno de
implementar la Estrategia Nacional REDD+ (donde el MINAM y MINAGRI liderarían el proceso de preparación),
definiendo las funciones de los participantes en tres niveles: políticas, instrumentalización e implementación.
Esbozando, así mismo, un plan de trabajo para la gestión del Readiness Nacional que contempla la elaboración
del diseño institucional para REDD+, el fortalecimiento de equipos de trabajo del MINAM y MINAG, y el
establecimiento de herramientas para mejora del proceso institucional.
Finalmente, es importante mencionar que más allá del PNCB, que persigue objetivos amplios de mitigación en
materia forestal, a la fecha no se ha creado otra institución para la fase de preparación para REDD+. El R-PP,
presentado en marzo del 2011, menciona la creación de una Oficina de Coordinación de Bosques y de REDD+
(OCBR), la que se especuló que estaría adscrita al Ministerio del Ambiente, como organismo técnico
especializado, o a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sin embargo, a la fecha no ha habido luces
respecto de su implementación.
Participación de actores
El R-PP presenta una propuesta de Plan de Participación y Consulta, las cuales presentan pautas sobre los
proceso de información, participación y consulta de Pueblos Nativos interesados en REDD+. De otro lado, el FIP
contiene el Plan de Involucramiento y Participación de Actores (PIA) para la Estrategia de Inversión del FIP en el
Perú. Ambos documentos servirían para asegurar el involucramiento de los actores en el diseño de la Estrategia
Nacional REDD+ y su implementación, así como para apoyar los procesos de Participación Ciudadana y de
Consulta Previa que fueren pertinentes. Los principios y procedimientos de la propuesta de participación son:
acceso a la información y transparencia, buena fe de quienes participan, respeto de los derechos y diversidad
cultural de los actores, inclusión y representatividad, y gobernanza eficaz.
Asimismo, existen espacios de diálogo interinstitucional a nivel nacional, regional y local en los que se articulan
iniciativas de gestión de recursos naturales, en los que participan instituciones públicas y privadas, y los pueblos
indígenas. Sin embargo no todos los espacios de dialogo incluyen necesariamente a un representante de
instituciones públicas y privadas y de pueblos indígenas, sino que cada uno de ellos se encuentran dirigidos a
públicos específicos por lo que sus miembros son distintos entre sí. Esto ocurre ya que la conformación de estos
grupos se da entre pares, y los únicos grupos que incluyen a distintos tipos de actores son las Mesas REDD+
regionales, y el Grupo REDD+ Perú. Los principales espacios de diálogo son: Grupo REDD+ Nacional, Mesa
3
Nacional de REDD+ Indígena Amazónico (RIA), Mesas REDD+ Regionales, el Consejo Interregional Amazónico
(CIAM), la Comisión Ambiental Regional (CAR), la Comisión Ambiental Municipal (CAM) y el Comité de Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS). Cabe mencionar que si bien formalmente todos estos espacios existen, en
la práctica son pocos los que a la fecha se encuentran activos e implementando actividades.
Uno de los espacios de dialogo más importantes es el Grupo REDD+ Nacional, creado por organizaciones no
gubernamentales en el año 2008, como un espacio para el intercambio de opiniones y experiencias de
diferentes organizaciones (sociedad privada, pública y civil) para mejorar la implementación de REDD+ en el
Perú (Grupo REDD Perú, 2011). El Grupo REDD+ Nacional tiene tres funciones específicas: la promoción, la
consulta y la sensibilización del proceso REDD+ a nivel nacional. Asimismo, a nivel regional se han organizado
diferentes Mesas o Grupos REDD+ que también son considerados importantes para la implementación de
actividades REDD+ en la región. Tal es así que en las regiones de Madre de Dios, San Martín, Piura, Loreto,
Ucayali y Cusco existen estas Mesas o Grupos REDD+, y se encuentran desarrollando Programas/Estrategias
Regionales REDD+ de manera complementaria al trabajo que viene realizando el Grupo REDD+ Nacional. Por
ejemplo, la Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ de Madre de Dios ha dado prioridad al establecimiento de
niveles de referencia regionales, mientras que en San Martin la Mesa REDD tiene grupos de interés prioritarios
y promueve la participación de los pueblos indígenas, así como la preparación de una Estrategia REDD+ para su
región.
Por otro lado, las Mesas REDD+ Indígenas fueron creadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP), siendo esta última la encargada de la coordinación con las Mesas en las regiones de Madre
de Dios, San Martín, Ucayali y Loreto (AIDESEP, 2012). En estas Mesas REDD+, son las organizaciones indígenas
quienes tratan de establecer un diálogo directo con el Estado peruano respecto de sus preocupaciones acerca
de la implementación de las iniciativas de REDD + y los efectos negativos o positivos que estas actividades
tienen sobre las poblaciones indígenas.
Es importante mencionar que en agosto del año 2013, se incorporó a las organizaciones indígenas amazónicas
nacionales AIDESEP y CONAP en el Comité Directivo del FIP. Este hecho fue saludado por ambas organizaciones,
y a la fecha se encuentran participando de manera activa y crítica tal y como lo hacían desde antes de
pertenecer a dicho Comité Directivo.
CONAP tiene como objetivo representar a las organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos y, proveerlos
de los medios que aseguren la defensa de sus derechos y su desarrollo sostenible; uniendo a las personas,
empresas, estados, iglesias y demás instituciones para canalizar una cooperación eficaz, respetando la equidad
de género y el medio ambiente.
CONAP y AIDESEP, han sido convocadas para participar del proyecto "Fortalecimiento de capacidades de los
pueblos indígenas y otros actores interesados para su participación informada en el diseño e implementación
del mecanismo REDD+ en el Perú", suscrito por el MINAM, que pretende lograr el fortalecimiento de
capacidades y la participación informada de los pueblos indígenas y de otros grupos e instituciones de la
sociedad civil en la fase preparatoria de REDD+ apoyando el diseño participativo de mecanismos e instrumentos
para garantizar el involucramiento equitativo de estos actores durante la implementación de REDD+ en el País,
por lo que CONAP viene participando de la convocatoria y de la capacitación en el tema REDD.
Asimismo, La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana, (AIDESEP) y la Confederación de
Nacionalidades Amazónicas (CONAP) acordaron conformar la Mesa Nacional de REDD+ Indígena de Perú. La
Mesa Nacional de REDD+ Indígena de Perú es una construcción propia de las organizaciones indígenas como
parte de un acuerdo entre el Ministerio del Ambiente y AIDESEP, que es respaldado por CONAP. Esta Mesa se
constituirá como el interlocutor central son REDD+ de los Pueblos Indígenas del Perú ante las instituciones
nacionales e internaciones, públicas, privadas o cooperación. En ese sentido, dicha Mesa tiene entre sus
principales objetivos articular y expresar los intereses, derechos, cosmovisiones y propuestas de las
organizaciones indígenas en los procesos nacionales de preparación e implementación de REDD+ en Perú.
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Arreglos sobre tenencia de tierras y derechos de carbono
La Constitución Política del Perú, principal documento normativo del país, desarrolla lineamientos con relación
al medio ambiente y los recursos naturales, y determina que los recursos naturales son Patrimonio de la Nación
y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Es decir, el Estado peruano posee la facultad de decidir
cómo, con quién y bajo qué condiciones se pueden aprovechar aquellos bienes que se encuentran bajo su
dominio (Snoeck & Ramos, 2012). En consecuencia, el Estado peruano tiene la potestad de otorgar derechos de
aprovechamiento como las concesiones forestales, a terceros que lo soliciten, transfiriendo sólo los derechos de
uso y/o los derechos de gestión de los recursos forestales al tercero, ya que el Estado mantiene la propiedad
sobre las tierras forestales.
De acuerdo a la clasificación de capacidad de uso mayor de la tierra1, el 80,1% del total del territorio nacional
corresponden a tierras aptas para la producción forestal y tierras de protección. De estas, dos tercios de la
superficie de bosque cuenta con ordenamiento territorial y han sido catalogadas como: bosques de producción
permanente (20 millones de hectáreas); áreas protegidas (16.3 millones de hectáreas); tierras tituladas a
comunidades nativas en la selva (10.9 millones de hectáreas); y, más de 6 millones de hectáreas de superficie
forestal en otras categorías (Che Piu & Menton, 2013). Dourojeanni en su libro “Amazonía Peruana en 2021”,
señala, respecto al acceso a la tierra, que existen traslapes de los derechos originales (principalmente de los
indígenas, luego coloniales o de inicios de la República) con otros adquiridos legalmente (por ejemplo, a través
de títulos en los proyectos de colonización) e ilegalmente (invasiones antiguas y recientes), así como con otros
tipos de ocupación y derechos (Dourojeanni et al. 2010).
Aún no se tiene certeza del porcentaje de bosques y tierras forestales que cuenten con algún tipo de derechos
forestales otorgados y se calcula que podrían representar cerca de un tercio de la Amazonía (MINAM, 2013).
Che Piu & Menton (2013), plantean que dicha situación podría dificultar la implementación de REDD+ en el Perú
ya que no habría claridad en la asignación de derechos sobre el carbono como tampoco en la asignación de
responsabilidades respecto de la conservación de los ecosistemas. Además de esto, más de 22 millones de
hectáreas se encuentran sin asignación alguna categoría de uso forestal. De acuerdo a lo citado por Che Piu &
Mentón (2013), los bosques sin clasificación de uso se ubican mayormente en las zonas más aisladas del país,
particularmente en el departamento de Loreto.
De otro lado, la carencia de un marco legal que regule los derechos sobre el carbono ha generado ciertas trabas
para los proyectos REDD+. Sin embargo, actualmente existe en el Congreso Peruano un proyecto de Ley de
Promoción de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos que se dejó pendiente durante la
legislatura 2011-2012. El Ministerio del Ambiente ha continuado trabajando en la mejora de dicho proyecto
para ser presentado en la siguiente legislatura. Ambos textos reconocen a los tenedores de derechos sobre los
bosques (pueblos indígenas, concesionarios forestales, administradores de áreas protegidas, el Gobierno, etc.)
el derecho de acceder a los beneficios económicos por las actividades que coadyuven efectivamente a la
restauración, mantenimiento o incremento de los servicios de los ecosistemas forestales (Che Piu & Menton,
2013), y que podrían ser aplicados en el caso de la implementación de esquemas REDD+.
Gestión Forestal
El cumplimiento de las estrategias y planes de manejo de áreas naturales protegidas y de las concesiones
forestales está a cargo del Estado, ello a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y
Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), respectivamente.
1
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la clasificación de las tierras del Perú según su capacidad de uso mayor, se basa
en las limitaciones permanentes de los suelos para poder mantener actividades agrícolas, pecuarias ó forestales dentro de
márgenes económicos y sin degradar el recurso. Y además, se toma como referencia lo indicado en Reglamento de
clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor del Ministerio de Agricultura (D.S. Nº017-2009-AG).
5
SERNANP es un Organismo público especializado adscrito a la estructura orgánica del Ministerio del Ambiente
cuya función principal es gestionar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), y
asegurar el funcionamiento de dichas áreas como un sistema unitario. Con este fin promueve, otorga y regula
los derechos por los servicios ambientales y otros mecanismos similares generados en el ámbito de las áreas
naturales protegidas a nivel nacional. De otro lado, OSINFOR, es el organismo encargado de la supervisión y
fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así
como de los servicios ambientales provenientes del bosque, que cuenten con títulos habilitantes.
Varios análisis han reflejado que se deben hacer grandes esfuerzos para garantizar un verdadero Estado de
derecho y el cumplimiento del marco normativo vigente en el Perú, como la Estrategia Nacional Forestal
(MINAG y FAO, 2002). Un informe reciente sobre la tala ilegal en Perú destacó que a pesar del apoyo
internacional para la implementación de actividades REDD+ en el Perú, existe una baja capacidad institucional
para la aplicación de la ley adecuada para la supervisión de las concesiones forestales y la prevención de la tala
ilegal (EIA , 2012).
Sin embargo, el Ministerio del Ambiente (MINAM) ha hecho importantes progresos en el establecimiento de
incentivos para la conservación de los bosques con la formulación de una estrategia para la evaluación y
financiación de áreas de patrimonio nacional, dando prioridad a los bosques naturales dentro de esta estrategia
(MINAM, 2011b). Otro ejemplo es el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (PNCBMCC), que dentro de sus principales actividades, viene implementado un sistema de
incentivos financieros para la conservación de determinadas hectáreas de bosque.
En lo que respecta a las sanciones por vulnerar el medio ambiente, el Ministerio del Ambiente en conjunto con
Ministerio Público (ente público encargado de la persecución del delito), vienen implementando la parte
correspondiente con los delitos ambientales del Código Penal, modificado en el año 2008. Dentro de los delitos
ambientales se encuentra la contaminación del ambiente, el incumplimiento de las normas relacionadas al
manejo de residuos sólidos, el tráfico ilegal de residuos peligrosos, el tráfico ilegal de especies de flora y fauna
silvestre protegida, de especies acuáticas, depredación de flora y fauna silvestre, el tráfico ilegal de recursos
genéticos, delitos contra bosques o formaciones boscosas, el uso indebido de tierras agrícolas, la alteración del
ambiente o paisaje, entre otros de vital importancia para la defensa de un ambiente sano y seguro para los
peruanos, que implican otorgar una indemnización monetaria determinada por el juez para la reparación del
área , así como implementar actividades que permitan que el ecosistema afectado regrese a su estado inicial.
En consecuencia, en lo que respecta al delito cometido por las actividades de deforestación, la tala ilegal y la
destrucción de los bosques, el Código Penal incluye penas de cárcel y de reparación ecológica y económica. Es
importante tomar en cuenta, que en el año 2009 se crearon fiscalías (brazos ejecutores del Ministerio Público),
especializadas en el tratamiento de los delitos ambientales.
Finalmente, se debe tener en cuenta que el fortalecimiento en materia judicial respecto de los delitos
ambientales surge como consecuencia de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU, ya que
éste en su Anexo Forestal incluye la responsabilidad del Estado de mejorar la aplicación de la ley y las sanciones
penales en el sector forestal.
Niveles de referencia
El Perú ha optado por el enfoque por niveles o enfoque anidado, por lo que se espera que el desarrollo de los
niveles de referencia y del sistema de monitoreo se adecúen a las diferentes capacidades. El RPP propone que
el desarrollo del escenario de referencia se sustente en el nivel subnacional (regional) como la unidad de
análisis. Por lo tanto, el enfoque por niveles deberá permitir una implementación a diferentes ritmos
dependiendo de las capacidades técnicas e ir sumando esfuerzos a nivel regional hasta escalar al nivel nacional.
El Ministerio del Ambiente tiene como uno de sus objetivos la implementación de capacidades técnicas y
científicas para el desarrollo de escenarios de referencia (actuales y proyectados) para la deforestación y la
degradación forestal, para la implementación nacional de REDD+. Una vez que los escenarios de referencia
6
(actuales y proyectados) sean establecidos, basados en tendencias históricas y modelos predictivos que
consideren circunstancias socio-económicas y nacionales, se propone la provisión de acceso y el intercambio de
información necesaria para el desarrollo de escenarios de referencia para todas las partes interesadas, es decir,
se tiene como prioridad la socializacion de la informacion recopilada en virtud de la elaboracion de los
escensarioa de referencia, en ambas vías, de los actores a la entidad responsible, y viceversa (MINAM, 2011).
El R-PP destaca la necesidad de fortalecer las capacidades a nivel regional para el establecimiento de escenarios
de referencia actual y proyectada de la deforestación y la degradación forestal. Se toma a Madre de Dios y San
Martín como regiones piloto a fin de contar con proyecciones a nivel regional formuladas siguiendo directrices
propuestas por el MINAM, que luego permitan la construcción del escenario de referencia para el nivel
nacional. En estos dos departamentos se están elaborando niveles de referencia regionales, que servirán de
base para la futura conformación de un nivel de referencia nacional. Los principales interesados en dichos
niveles de referencia son los desarrolladores de proyectos, que los requieren para poder establecer las “líneas
base” de sus proyectos. Por ello, la definición de las metodologías y tecnologías utilizadas han pasado por
procesos de discusión y consensos dentro de las mesas regionales.
En cada uno de los cinco niveles (multilateral, bilateral, nacional, subnacional y proyecto) se vienen
implementando programas, proyectos y otras iniciativas hacia la implementación de REDD. Pero hace falta
articular estos niveles y sus procesos en curso para la gestión del conocimiento. No se cuenta con un sistema ni
mecanismo que permita un aprendizaje recíproco entre los múltiples procesos en los diferentes niveles. Eso
significa no solo que es posible que se estén repitiendo actividades sino que se pueden estar conduciendo hacia
resultados no compatibles e incluso divergentes. En ese sentido, si bien hay esfuerzos por articular los procesos
en un mismo nivel como por ejemplo el Inventario Forestal Nacional y el Proyecto de fortalecimiento de
capacidades a un nivel nacional, no existen similares esfuerzos por articular estas iniciativas específicas que se
dan al nivel de proyectos orientados al mercado voluntario o a fondos específicos. (Che Piu & Menton, 2013)
En consecuencia, se entiende que el escenario de referencia nacional será construido a través de un proceso
participativo en el cual las regiones del país y el conocimiento local de los procesos de deforestación tienen el
mayor peso. De tal manera, el país podrá generar proyecciones realistas y someterlas, de ser el caso, a los
procedimientos de revisión internacional que el mecanismo REDD+ requiera. El enfoque propuesto siendo
participativo y riguroso, requerirá de por lo menos 5 años para que el país pueda definir su escenario de
referencia nacional, siempre y cuando en este plazo se generen las capacidades técnicas, analíticas, financieras
y los procesos que se requieren a nivel de cada región y las pertinentes definiciones en términos de
modalidades y procedimientos para REDD+.
A nivel Nacional, se plantea el revisar, proponer, consultar y adaptar marcos conceptuales y metodológicos para
la elaboración, revisión, aprobación y registro de los escenarios de referencia. Se resalta la necesidad de
fortalecer capacidades a nivel Regional para el establecimiento de escenarios referencia (actual y proyectada)
provenientes de la deforestación y degradación de bosques. Una vez, establecidos los escenarios referencia
(actual y proyectado) de deforestación y degradación de bosques, basados en tendencias históricas y modelos
predictivos que consideren aspectos socio-económicos y otras circunstancias nacionales, se plantea la
facilitación del acceso e intercambio de información necesaria para la elaboración de los escenarios de
referencia a todos los actores interesados (MINAM, 2011).
Finalmente, cabe mencionar que el Ministerio del Ambiente dentro de sus proyectos orientados a la
implementación de REDD+ nacional, tiene como uno de sus objetivos la implementación de capacidades
científicas y técnicas para elaborar escenarios de referencia (actuales y proyectados) de deforestación y
degradación forestal fortalecidas en el Perú.
7
Salvaguardas
El RPP plantea el diseño e implementación de una Estrategia de Evaluación de Impactos Social y Ambiental
(SESA) que permita minimizar los potenciales riesgos y conflictos sociales y ambientales, así como potenciar los
beneficios que existieran. Además, para acompañar la ejecución del SESA, define la creación de un órgano de
vigilancia denominado Marco de Monitoreo Ambiental y Social (ESMF, por sus siglas en Inglés: Environmental
and Social Management Framework). Así, el R-PP incluye de forma transversal las salvaguardas sociales y
ambientales mencionadas en las declaraciones de la UNFCCC e incluidas en los lineamientos del Banco Mundial.
Agrega además, que se respetarán las salvaguardas del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Perú acepta las salvaguardas identificadas
internacionalmente para ser incorporadas en la Estrategia Nacional REDD+ y, por las características del país, es
decir considerando que existen 52 pueblos indígenas en el Perú, prestará atención específica a aquellas
relacionadas a los pueblos indígenas (MINAM, 2011).
Asimismo, el PI-FIP manifiesta considerar las normas socio-ambientales vigentes en el Perú y con las
Salvaguardas Ambientales y Sociales y otras políticas relevantes de los socios multilaterales incluyendo: (i) para
el Banco Interamericano de Desarrollo, el cumplimiento de la Política de Medio Ambiente y Cumplimento de
Salvaguardias (OP-703), la Política de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales (OP 704), la Política de
Desarrollo Forestal la Política operativa sobre Pueblos indígenas y Estrategia para el Desarrollo Indígena (OP765), la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761), la Política de Reasentamiento
Involuntario (OP-710) y la Política de Acceso a la Información (OP-102), así como las políticas sectoriales de
Desarrollo Rural (OP 752), y de Desarrollo Forestal (OP 723).; y (ii) para cumplir con las salvaguardas del Banco
Mundial sobre Pueblos Indígenas OP/BP 4.10, Reasentamiento Involuntario OP/BP 4.12; Bosques BP 4.36,
Patrimonio Físico y Cultural OP/BP 4.11 y sobre Hábitats Naturales OP 4.04).
En lo que respecta a la realidad nacional peruana, Dourojeanni ha señalado que los sectores mineros,
hidrocarburos y agroexportación son priorizados por el estado pues han sido reimpulsados con un marco legal
bastante favorable a la inversión privada, sin embargo, la normatividad de aprovechamiento forestal se muestra
relegada frente a estas, pues aún presenta ciertas limitaciones. Esto generando dos desincentivos: por un lado
se teme que REDD+ pueda generar impactos negativos sobre los derechos de los pueblos indígenas y
pobladores locales por la falta de suficientes salvaguardas sociales y ambientales que sean efectivas, por lo cual
algunos actores sociales se oponen al avance de REDD+. Y por otro lado, se reclaman mayores regímenes de
promoción para las actividades productivas basadas en el aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre por lo cual REDD+ aún no atrae suficiente interés del sector privado (Che Piu &
Menton, 2013).
En este sentido, la región San Martín, a través del Gobierno Regional de San Martín y con el apoyo de
Conservación Internacional Perú, ha tomado la iniciativa de implementar en la región las salvaguardas sociales y
ambientales – REDD+ SES, por sus siglas en inglés. Con el objetivo de asegurar las buenas prácticas del
programa REDD+ en San Martín, garantizando la distribución de beneficios oportunos, la diversidad Biológica, y
la participación efectiva entre todos los actores de la región. Con el objetivo de asegurar la correcta y efectiva
implementación de estas salvaguardas, existe un responsable dentro del Gobierno Regional de San Martín para
su implementación. REDD+ SES ayuda de diferentes formas en el desarrollo de un sistema nacional de
salavaguardas, ya que al proporcionar un marco integral de asuntos clave con respecto al desempeño social y
ambiental de un programa REDD+, contribuye útilmente a la interpretación a nivel país de las salvaguardas y
puede utilizarse para complementar otros marcos pertinentes, como las salvaguardas del Convenio Marco de
las Naciones Unidas para el Cambio Climático, las salvaguardas de distintos donantes, los SEPC de ONU REDD,
etc.
MRV
A la fecha, Perú todavía no cuenta con un sistema nacional de medición, reporte y verificación (MRV) para
REDD+. Sin embargo, existen varias iniciativas de proyectos piloto relacionados con el monitoreo, reporte y
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verificación (MRV) de emisiones de GEI provenientes de la deforestación y degradación de los bosques, tales
como las financiadas por el Banco Alemán para el Desarrollo (KfW), la Fundación Gordon and Betty Moore, la
Cooperación Internacional Japonesa (JICA) y la iniciativa Hato Yama.
Como parte del sistema de MRV previsto para REDD+, Perú propuso un Sistema Nacional para el Inventario de
Gases de Efecto Invernadero (SNIGEI) que generará los datos sectoriales de GEI, con especial atención al uso de
la tierra, uso de la tierra el cambio y el sector forestal (LULUCF ) (MINAM, 2011). De acuerdo al RPP, presentado
en 2011, el Ministerio del Ambiente (MINAM) sería la encargada de desarrollar el Inventario Nacional de GEI.
Sin embargo, hasta la fecha, Perú todavía no cuenta con un sistema nacional de medición, reporte y verificación
(MRV) para REDD+ (Che Piu y Menton, 2013). En este sentido, actualmente el MINAM está concentrando sus
acciones en elaborar una Red Nacional de Generación de Datos para Inventarios de GEI denominada
“INFORMAGEI”, la cual permitirá la recopilación de información y elaboración periódica de los inventarios
nacionales de GEI y así superar las barreras de acceso a la información. Actualmente se tiene un proyecto de
reglamento de la red de inventarios de gases de efecto invernadero. El INFORMAGEI, que ya se encuentra a
nivel de propuesta legal, que significa que la norma legal que lo crearía aún se encuentra en periodo de
elaboración, por lo que un proyecto de reglamento se ha producido. Este deriva de la exigencia de desarrollar
un mecanismo oficial y permanente, para contar con información actualizada y confiable sobre las emisiones
de GEI en el país, con la finalidad de orientar las políticas de mitigación y lograr un mejor aprovechamiento de
nuestros recursos naturales.
3 Resúmenes
Estadísticas
El Perú posee 73,3 millones de hectáreas de bosques, con esta superficie se ubica en el segundo lugar en
extensión de bosques naturales a nivel de Sudamérica y en el noveno lugar a nivel mundial; esto representa
cerca del 60% del territorio peruano. Aunque se trate de un país con grandes bosques, el sector forestal
contribuye solo el 1,1 % del Producto Interno Bruto (MINAM, 2013) y recibe solamente el 0.01% de la inversión
extranjera directa (MINAM, 2013).
El sector forestal contribuye con 31 000 empleos directos, es decir, el 0,3 % del total nacional (FAO, 2011). Pero,
en estos datos no se consideran los millares de personas que viven en la zona rural que dependen de los
bosques para su día a día. Mientras que hay datos sobre la población rural del país (según el censo de 2007, 29
% a nivel nacional, 44 % en la región de Amazonía), no se sabe el grado de dependencia de estas poblaciones de
los recursos forestales. Además, el MINAGRI señala que si bien en la actualidad la actividad forestal no
alcanzaba a representar ni el 1% del PBI, se estaban implementando, y consideraba que esta participación
aumentará a 8% en los próximos diez años.
La Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC señala que la principal fuente de emisiones de GEI a
nivel nacional es la conversión de bosques y pasturas. Según dicho documento, 110,368 Gg de CO2eq
corresponden a la deforestación de la Amazonía por cambiar el uso de la tierra al agrícola. A su vez, señala que
el sector forestal también es la principal y única fuente de remoción de GEI. Para la categoría UTCUTS, el
inventario nacional elaborado para la segunda comunicación nacional ha proyectado las emisiones en 43 116
Gg de CO2eq al 2010, lo que representa una reducción de 24 % en 10 años; sin embargo, para el 2020 ha
estimado que las emisiones serían de 58 377 Gg, lo que equivale a un 35 % de aumento en los siguientes 10
años. Finalmente ha proyectado en 138 074 Gg las emisiones del 2050, lo que significa un 137% de aumento en
los subsiguientes 30 años (MINAM, 2010). Asimismo, el MINAM publicó un análisis de la deforestación en la
Amazonía hasta 2011 con imágenes Landsat 5 y Landsat 7 con una resolución de 30m x 30m. Los resultados de
este análisis indican una tasa de deforestación de 108571 ha de 2009-2010 y de 103 380 ha de 2010-2011.
Asimismo, existen las estimaciones de carbono fijado para el periodo de evaluación de 2002- 2008 son de 3 778
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374 547 toneladas de carbono almacenado en la vegetación y 3 950 109 250 almacenado en el suelo (FAO
2010).
Por otro lado, Che Piu y Menton (2013), señalan que de acuerdo a un estudio realizado por Asner et al. (2010)
acerca de las emisiones anuales brutas en la región de Madre de Dios para el periodo 1999-2009 mostró una
tasa de emisión de referencia para ese periodo de 0,26 ± 0,08 Tg C año-1 de la deforestación y 0,11 ± 0,02Tg C
año-1 de la degradación, para una suma de 0,37 Tg C año-1. El estudio también señala que la pavimentación de
la carretera Interoceánica Sur, desde 2006, combinada con las concesiones forestales maderables y la minería
aurífera, causaron un aumento en la deforestación y las emisiones de más de un 61 % a 0,42 ± 0,21 Tg C año1,mientras que las emisiones de la degradación aumentaron el doble de 0,21 ± 0,11 Tg C año-1, hasta alcanzar
un total de 4529 Tg de carbono para el periodo 1999-2009, que representan aproximadamente el 1,1 % de las
existencias de carbono forestal en la región.
Actores
Las principales instituciones en la implementación de actividades REDD+ en el Perú son el Ministerio del
Ambiente (MINAM), el Ministerio de Agricultura Riego (MINAGRI) y los Gobiernos Regionales.
El Ministerio del Ambiente, autoridad ambiental nacional, tiene competencia directa sobre las actividades sobre
el Cambio Climático. Este Ministerio canaliza sus disposiciones en esta materia principalmente a través del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), el Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), y las diferentes Direcciones Generales con las que cuenta.
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), autoridad forestal ambiental que implementa sus actividades en
materia forestal a través de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), principalmente. Tiene
gran incidencia dentro de las actividades REDD+, sobre todo porque es el ente encargado de establecer los
mecanismos para el mantenimiento de los servicios ambientales del bosque. Cabe mencionar que el
organigrama del MINAGRI será modificado ya que el Servicio Nacional Forestal ha sido creado como nueva
autoridad forestal y de fauna silvestre.
El SERFOR fue creado por la aun no vigente Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 29763, es ente rector del
Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR), y se constituye en su autoridad técniconormativa a nivel nacional, encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados a su
ámbito. En virtud de esto, el MINAGRI recientemente emitió el Reglamento de Organización y Funciones - ROF
del Servicio Nacional Forestal - SERFOR, el mismo que establece que una vez finalizada su implementación, el
SERFOR será considerado como la nueva autoridad nacional forestal y de fauna silvestre, en reemplazo de la
DGFFS, y ejercerá sus competencias y funciones en el ámbito nacional, regional y local, se sujeta al marco
normativo sobre la materia y actúa en concordancia con las políticas, planes y objetivos nacionales,
constituyéndose en el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, en adelante
SINAFOR, y en su autoridad técnico-normativa, encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos
relacionados al ámbito de su competencia. En este sentido, el SERFOR se convertirá en la nueva autoridad
forestal y de fauna silvestre a nivel nacional, reemplazando a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre,
y dentro de sus múltiples actividades tendrá la potestad de emitir decisiones normativas (decretos, políticas,
etc.) en materia forestal, y dentro de estas disposiciones normativas se encuentran aquellas que hacen
referencia a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINRE), Ministerio de
Cultura, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Organismo Supervisor de Recursos
Forestales (OSINFOR) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), también son instituciones
primordiales en la implementación de actividades REDD+ a nivel nacional. Otras entidades gubernamentales
cuyas políticas y funciones están vinculadas con los procesos de deforestación y degradación forestal,
consideran al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del el Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal (COFOPRI); también, a las Direcciones Regionales Agrarias del MINAG, el Ministerio de
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Energía y Minas (MINEM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR).
Además de los entes públicos con competencias en materia de cambio climático y bosques, existen
instituciones privadas con incidencia en REDD+, se trata sobre todo de organizaciones no gubernamentales –
ONG, nacionales y extranjeras con actividades en el Perú. Dentro de éstas instituciones se puede mencionar
principalmente a: Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), la Asociación para la Investigación y el
Desarrollo Integral (AIDER), Amazónicos por la Amazonía (AMPA), el Centro de Conservación, Investigación y
Manejo de Áreas Naturales (CIMA), la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Instituto del Bien
Común (IBC), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
Conservación Internacional (CI),entre otras.
Así mismo, existen empresas privadas que se encuentran desarrollando proyectos REDD+ como Bosques
Amazónicos, Ecosecurities, Ecosystem Services, entre otros. Además, también se encuentran aquellas empresas
que brindan servicios de asesoría y consultoría nacionales y extranjeras, como Winrock International, Carbon
Decisions International (CDI), Terra Carbon, Libélula y Asesorandes, entre otras.
Marco Legal
Tanto el FIP como el RPP han elaborado un mapeo de las principales leyes relacionadas a REDD+, así como una
evaluación en torno a la política forestal, gobernanza y participación ciudadana. Las principales normas a tener
en cuenta son: La Constitución Política del Perú, norma fundamental del país, y en su artículo 66° define que
todos los recursos naturales son propiedad del Estado y son bienes nacionales. La Ley General del Ambiente,
que orienta la gestión de los recursos naturales y establece mecanismos e instrumentos económicos para
mantener los servicios ecosistémicos. La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales, Ley N°26821, que norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en
tanto constituyen patrimonio de la Nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a
particulares. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 27308 norma, regula y supervisa el uso sostenible y la
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con
la valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y
ambiental de la Nación. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 29763, publicada en el año 2012 y que a la
fecha no se encuentra vigente ya que de acuerdo con su propio texto normativo sólo entrará en vigencia al día
siguiente de la publicación de su reglamento, reconoce los múltiples usos de los bosques, incluyendo bienes y
servicios, y a sus diversos usuarios, es decir, pueblos indígenas y otros usuarios tradicionales de los recursos
forestales y de fauna silvestre, así como otros actores económicos del sector forestal. Norma los procesos de
zonificación y el ordenamiento forestal; la asignación de derechos a cada actor o usuario forestal en bosques
bajo dominio público; el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, así como de los titulares de predios
con bosque; y la obligatoriedad de planes de manejo, la definición de la nueva institucionalidad forestal y los
mecanismo de fiscalización y control.
De acuerdo al FIP, el marco legal e institucional para REDD+ aún se encuentra en construcción a nivel nacional y
regional. Actualmente está pendiente la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la
elaboración del documento estratégico nacional sobre REDD+. No obstante, el país ha avanzado en su marco
institucional y normativo sectorial con incidencia en materia de deforestación y degradación (agrario, ambiental
y forestal) (MINAM, 2013). Así, el Perú se encuentra atravesando un proceso de reforma de la gestión pública
forestal que responde a demandas internas de actores forestales como los pueblos indígenas, sector privado,
ONGs, Gobiernos Regionales y Locales, y a los compromisos internacionales. Asimismo, existe un amplio marco
normativo nacional dentro del cual tendrán lugar los esquemas REDD+, en particular las relacionadas a la
gestión ambiental y de los recursos naturales, incluidos los servicios de los ecosistemas.
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Además, el Perú carece de un marco legal específico para REDD+ y en general para los servicios ecosistémicos,
que regule los derechos sobre el carbono; esto ha generado ciertas trabas para los proyectos REDD+ que a la
fecha vienen desarrollando actividades en el país. Sin embargo, actualmente, existe en el Congreso Peruano un
proyecto de Ley de Promoción de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos que quedo pendiente
de dictamen por parte de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología
durante la legislatura 2011-2012. El Ministerio del Ambiente ha continuado trabajando en dicho la mejora de
dicho proyecto para ser presentado en la siguiente legislatura. En esta propuesta se reconocen a los tenedores
de derechos sobre los bosques (pueblos indígenas, concesionarios forestales, administradores de áreas
protegidas, el Gobierno, etc.) el derecho de acceder a los beneficios económicos por las actividades que
coadyuven efectivamente a la restauración, mantenimiento o incremento de los servicios de los ecosistemas
forestales (Che Piu & Menton, 2013).
Planes y Políticas
El Perú a la fecha no cuenta con planes y políticas específicas para REDD+, pero si cuentan con planes y políticas
nacionales en materia forestal y de cambio climático. Estas son: El Plan Nacional de Desarrollo Forestal,
elaborado por el Ministerio de Agricultura y Riego como la herramienta de gestión del sector forestal que
orienta el desarrollo de políticas, programas y proyectos tendientes a impulsar el desarrollo forestal sostenible
en el marco de una visión compartida de los actores involucrados. El Plan Nacional de Prevención y Control de
la Deforestación, que se constituye como documento de planificación y gestión que orienta el desarrollo de las
actividades de prevención y las medidas para atenuar y controlar la deforestación en todas sus modalidades. La
Estrategia Nacional Forestal Perú: 2002 – 2021 - ENF, elaborada con la participación de los principales actores
forestales, tanto regionales como nacionales, y busca plasmar las iniciativas estratégicas parciales que vienen
practicando o proponiendo en su quehacer cotidiano, a fin de mostrar al Perú como un país forestal. El Plan de
Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático, emitido por el Ministerio del Ambiente, y que
tiene como objetivos estratégicos: contribuir a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl)
y potenciar su captura; incrementar la cobertura forestal mediante plantaciones forestales con fines de captura
de carbono; promover el desarrollo e implementación de Estrategias Regionales de Cambio Climático; entre
otros. El Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA, cuenta con una serie de metas a nivel de temas de
interés, dentro de ellos se encuentran los bosques y el cambio climático en donde se establece como meta
prioritaria la reducción a cero de la tasa de deforestación en 54 millones de hectáreas de bosques primarios
bajo diversas categorías de ordenamiento territorial contribuyendo, conjuntamente con otras iniciativas, a
reducir el 47.5% de emisiones de GEI en el país, generados por el cambio de uso de la tierra; así como a
disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático. La Política Nacional del Ambiente, elaborada por el
Ministerio del Ambiente, surge como una herramienta diseñada para fomentar el proceso estratégico de
desarrollo del país, y constituye la base para la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y
asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta,
para contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural del ser humano, en permanente armonía con
su entorno. La Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, tiene como objetivo principal reducir los impactos
adversos al cambio climático, a través de estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación, que identificarán
zonas y/o sectores vulnerables en el país, donde se implementarán proyectos de adaptación. Asimismo, busca
controlar las emisiones de contaminantes locales y de gases de efecto invernadero (GEI), a través de programas
de energías renovables y de eficiencia energética en los diversos sectores productivos.Finalmente, es
importante mencionar que después de mucha expectativa, en agosto de 2013 fue publicada la Política Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (PNFFS). Esta política tiene por objetivo contribuir al desarrollo del país a través de
la adecuada gestión de nuestros recursos forestales y de fauna silvestre. Tiene alcance nacional y es de
observancia obligatoria para todos los niveles de gobierno, central, regional y local.
Dentro de los planes regionales que han sido aprobados¸ como por ejemplo politicas territoriales, planes
concertados de desarrollo, etc., destacan el Plan Forestal Regional de San Martin, que incluye orientación sobre
aspectos cruciales relacionados con REDD+, como la aplicación de la legislación relacionada con el uso, la
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gestión de riesgo de incendio, la coordinación de las actividades entre los sectores relevantes para REDD +, la
implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación de los recursos forestales y la política de
investigación forestal de la tierra. Además, es importante mencionar que estos planes han sido replicados en
varias regiones del país.
Actividades
Las principales actividades REDD+ a nivel nacional son la participación del Perú en el Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques (FCPF) y el Programa de Inversión Forestal (FIP). El FCPF decidió asignar 3,6 millones de
dólares al Perú en la 8ª reunión del Comité de Participantes desarrollada en Da Lat (Vietnam) en marzo del 2011
con la finalidad de contribuir al inicio de la fase de preparación para REDD+. Pero, recién a inicios del 2013 el
Perú inició la revisión y actualización de su Propuesta de Plan de Preparación (R-PP) con la finalidad de
concretar dicho apoyo; a la fecha se encuentra pendiente la socialización de dicho documento con los
principales actores. Perú es también uno de los ocho países piloto de la FIP quienes en mayo del 2011
aprobaron una donación de preparación para el desarrollo del Plan de Inversiones por el cual se le
proporcionaría a Perú hasta 50 millones de dólares para la fase de implementación de REDD+. El Perú empezó a
utilizar dicha dotación durante el primer semestre del 2012 y a la fecha se tiene la versión final que se
presentará en Washington en octubre de 2013. Además, el Perú se asoció como observador UN-REDD en junio
del 2011.
Así mismo, el gobierno peruano manifestó que tiene como meta reducir a cero la tasa de deforestación en 54
millones de hectáreas de bosques primarios para el 2021 (MINAM 2011d), a través de la creación del Programa
Nacional de Conservación de Bosques, cuyas actividades serían articuladas con REDD+. Este compromiso
debería representar una reducción del 47,5 % de las emisiones nacionales de GEI respecto al año 2000. Esta
meta fue anunciada por el Ministro del Ambiente en Poznan y Copenhague durante las Conferencias de las
Partes de la CMNUCC y reiterada en 2010 por el Presidente en Nueva York ante la 65ª Asamblea General de las
Naciones Unidas. Además, esta meta ha sido recogida por el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021
(MINAM 2011) y el Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 (CEPLAN 2011).
Entre Marzo del 2011 hasta la fecha (Octubre 2013), el Ministerio del Ambiente ha implementado proyectos
que contribuyen directamente a la preparación de la fase REDD+, como el proyecto fundado por La fundación
Gordon y Betty Moore, que apoya el desarrollo y diseño de un sistema de medición, reporte y verificación
(MRV, por sus siglas en inglés), como información sobre los arreglos instituciones y las sinergias del sistema de
MRV. Otros proyectos actuales incluyen el “Apoyo a la Implementación de REDD+ en el Perú” apoyada por el
Banco de Desarrollo Alemán (KfW), “Programa de Inversión para el Programa Nacional de Conservación de
Bosques”, apoyado por la Agencia de Cooperación internacional Japonesa (JICA), y la iniciativa Hato Yama
(MINAM, 2013)
En junio de 2013, en mensaje a los Delegados de los Países Parte y a la Secretaría de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), quienes estuvieron reunidos en Bonn (Alemania), el
Ministro de Ambiente anunció que el Perú acogerá en el 2014 a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático (COP20).
Financiamiento
Las principales fuentes de financiación de las actividades de REDD en el Perú son internacionales. Actualmente
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está apoyando al gobierno peruano en el proyecto de preparación
para REDD+ en el marco del Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF), este involucraría una
subvención de USD$ 3.6 millones (MINAM, 2013). Así mismo, en el marco del Programa de Inversión Forestal se
prevé acceder a un financiamiento de hasta USD$ 50 millones, de los cuales el 60% será recibido como
donación y el 40 % restante será recibido como préstamo. JICA y Hato Yama cofinanciaron el programa nacional
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de conservación de bosques, a través de un préstamo de US$ 40 millones, con un periodo de gracia de 10 años,
a ser pagado en 30 años.
Perú es uno de los 8 países que fue escogido para el estudio piloto por parte de la FIP, quien en mayo del 2011,
aprobó una donación para ayudar en el desarrollo del Plan de Inversión, para el cual el Perú recibirá, para la
fase de implementación de REDD+, hasta US$50 millones. El Perú empezó a usar estos fondos en el primer
semestre del 2012 y la versión final fue presentada en octubre del 2013, en Washington.
Desde marzo de 2011 a la fecha (Octubre del 2013), el Ministerio del Ambiente viene implementando proyectos
que contribuyen directamente con la fase de preparación de REDD+, como el proyecto financiado por la
Fundación Gordon y Betty Moore, quienes apoyan en la elaboración de un diseño de sistema de medición,
reporte y verificación (MRV), además de información sobre los arreglos institucionales y sinergias para el
sistema MRV.
Con respecto a los demás donantes, se ha podido identificar alrededor de 30 proyectos en ejecución
financiados por la cooperación internacional y otras instancias (fundaciones, ONG, sector privado, etc.),
vinculadas directa o indirectamente con aspectos de REDD+. Los cálculos arrojan un monto estimado de US$241
millones. Por ejemplo, hay varias iniciativas de proyectos piloto relacionados con el monitoreo, reporte y
verificación (MRV) de emisiones de GEI provenientes de la deforestación y degradación de los bosques, tales
como las financiadas por el Banco Alemán para el Desarrollo (KfW), la Cooperación Internacional Japonesa
(JICA) y la iniciativa Hato Yama (MINAM, 2013).
Finalmente, los principales programas y proyectos se encuentran vinculados al MINAM y al MINAG, en materia
forestal y de Cambio Climático, y que financian distintas actividades de estos ministerios en estas materias, son:
Fortalecimiento de Capacidades Técnicas, Científicas e Institucionales para la Implementación de REDD+ en el
Perú (MINAM/ Moore-KfW); Fase de Preparación para REDD+ (MINAM/ FPCF-BID); Apoyo al Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (MINAM/ GIZ); Fortalecimiento de la
Valoración Económica de la Biodiversidad y Servicios Ambientales (MINAM/ USAID); Inventario Nacional
Forestal y Manejo Forestal Sostenible ante el cambio climático en el Perú (MINAM, MINAG/ FAO-Finlandia);
Proyectos con el PFSI (USFS/USAID) ; Proyecto Iniciativa Hatoyama (MINAM, MINAG/Japón); Programa de
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonia Peruana (en Amazonas, San Marín,
Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Huánuco, Junín y Pasco)(MINAG/ CAF), Programa PerúBosques (USAID),
Programa Desarrollo Alternativo (DEVIDA/ USAID). Y con proyectos en elaboración: Programa de Inversión del
Programa Nacional de Conservación de Bosque (Amazonas, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y
Ucayali) (MINAM, JICA). Elaboración del Plan Nacional Forestal (Global Green Growth Institute-GGGI), Programa
para la Consolidación del Ordenamiento Forestal y Fortalecimiento de la Administración y Control Forestal para
la Mitigación del Cambio Climático y el Desarrollo Forestal33 (MINAG, KfW).
4 Referencias
Referencias para el Readiness Overview
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Cambio Climático. Disponible: aquí [Consultado Octubre 2013]
MINAM, 2011a: El Perú de los Bosques. Disponible: aquí [Consultado Octubre 2013]
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