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Congreso de Nicaragua penaliza todo tipo de aborto
*Quienes lo practiquen podrían recibir hasta ocho años de prisión
*Human Rights Watch, califica suceso como “amenaza directa a los derechos
humanos”
México DF, octubre 30 de 2006 (Redacción NotieSe).- Luego de
semanas de debate, el Congreso de Nicaragua aprobó castigar
cualquier clase de aborto, incluidos los derivados de embarazos
producto de violación o los practicados como consecuencia de salvar
la vida de la madre cuando corre peligro.
De esta manera se pone fin a la práctica que permitía terminar un
embarazo si tres o más médicos determinaban que la vida de la
madre corría riesgo, si el embrión presentaba daños irreversibles o si
el embarazo era resultado de un abuso o incesto.
La medida, impulsada por grupos religiosos y apoyada por el
presidente Enrique Bolaños, se produjo a escasos días de las
elecciones en las que se elegirá al nuevo Jefe del Ejecutivo. Por
unanimidad, aunque con la mitad de los legisladores ausentes, la
Asamblea Nacional decidió castigar toda interrupción de embarazo y a
los médicos que las asistan.
La iniciativa, presentada por líderes de la Iglesia católica y la
protestante con el aval de algunos asambleístas, fue votada por
legisladores de dos partidos de la derecha y los izquierdistas
sandinistas, el de Daniel Ortega, candidato favorito para ganar los
comicios del 5 de noviembre.
Con 52 votos a favor y ninguno en contra, el poder Legislativo
nicaragüense decidió derogar la figura del aborto terapéutico, vigente
en el artículo 165 del Código Penal desde 1893. El proyecto original
de la Iglesia Católica contemplaba penas de cárcel de entre 10 y 30
años para quienes practicaran el aborto terapéutico.
"La eliminación del aborto terapéutico no es porque se pretenda darle
gusto a los sacerdotes o evangélicos", dijo el diputado Wilfredo
Navarro, del derechista Partido Liberal Constitucionalista. Reportes
internacionales señalaron que algunos diputados enviaron a sus
suplentes para no tener que votar la ley.
Navarro, al defender la derogación del aborto terapéutico, dijo que
hay embajadoras que promueven el aborto, así como funcionarias de
organismos internacionales que hacen lo mismo, a los que calificó de
“libertinas sexuales y criminales”. También aseguró en declaraciones
que ofreció a los periodistas, que él jamás había mandado a abortar a
ninguna de sus mujeres, sin aclarar cuántas tenía.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW), calificó
como una amenaza directa a los derechos humanos la medida
adoptada por los legisladores nicaragüenses. "El nuevo código penal
no sólo infringe los derechos humanos básicos, va contra los
principios fundamentales de humanidad", manifestó en una
declaración José Miguel Vivanco, director de la División de Derechos
Humanos para América de HRW.
La organización ha manifestado en un comunicado que la reforma
penal nicaragüense ha sido criticada por otros grupos internacionales,
incluyendo organismos de las Naciones Unidas, porque ocurre en un
ambiente politizado y a pocos días de las elecciones presidenciales
que se celebrarán el 5 de noviembre próximo.
"Las mujeres no deberían ir a prisión por someterse a un aborto. Así
es de simple. Y menos aún tendrían que arriesgar su vida debido a
complicaciones durante el embarazo", señaló Vivanco. Sin embargo,
“en vez de proteger los derechos de los ciudadanos que representan,
los partidos políticos han utilizado el cuerpo de la mujer como campo
de batalla electoral", agregó.
Las mujeres que practiquen cualquier tipo de aborto en Nicaragua
pueden ser condenas a penas de entre cuatro y ocho años de prisión,
según la reforma del Código Penal. Hasta ahora en América Latina,
sólo El Salvador y Chile prohibían todo tipo de aborto.