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Asturias
Lunes, 4 de abril de 2016
LA NUEVA ESPAÑA
Los pacientes con derecho a medicinas
gratis casi se han duplicado desde 2012
Los enfermos que pagan un porcentaje mayor del precio en función
de su renta han bajado un 30% desde la entrada en vigor del copago
Oviedo, Marcos PALICIO
El censo de pacientes asturianos a los que su situación económica o su discapacidad eximen
del pago de los medicamentos ha
crecido sin pausa hasta alcanzar
un volumen que casi duplica el
que tenía el primero de julio de
2012, el día del alumbramiento
del sistema de copago farmacéutico en la región. En ese periodo,
en Asturias ha decrecido la población sanitaria mientras se disparaban los enfermos de rentas
bajas, exentos de participar en eso
que los más críticos llaman el “repago” de las medicinas y que en el
verano de 2012 instituyó seis tipos distintos de aportación en función del nivel de renta del usuario.
El tiempo transcurrido desde el
lanzamiento de la fórmula, y sobre todo la virulencia del impacto
del ciclo crítico sobre las economías familiares, han corregido el
efecto del modelo sobre las arcas
públicas, tendiendo a ampliar sin
parar el sector de los que tienen
derecho a la gratuidad de sus medicinas y a reducir sin excepción
todos los demás, aquéllos que sí
contribuyen, más cuanto más alto
sea su nivel de renta, abonando
entre el diez y el sesenta por ciento del precio de los fármacos.
Los exentos de todo pago, ese
grupo particularmente vulnerable
que abarca a las personas con discapacidad, a los receptores de rentas de inserción social o pensiones
Los tramos del copago farmaceútico
Aportación
Titulares y beneficiarios en las siguientes situaciones:
Síndrome tóxico y personas con discapacidad en los
supuestos contemplados en su norma específica, perceptores
de rentas de inserción social y pensiones no contributivas y
parados que hayan agotado el subsidio.
Lím.
N.º personas N.º personas
mensual
en 2012
en 2016
aportación
(euros)
Exentos
29.249
56.626
353.948
335.000
Pensionistas con renta
inferior a 18.000 euros
10%
8,26
Pensionistas con renta inferior a 100.000 euros
y mayor o igual a 18.000 euros
10%
18,59
Pensionistas previamente registrados como personas sin
recursos económicos y farmacia gratuita por tener más de 65 años
10%
Trabajadores activos con rentas inferiores a 18.000 euros
40%
437.197
423.547
Trabajadores activos con rentas superiores
a 18.000 euros e inferiores a 100.000 euros
50%
215.680
198.490
Trabajadores activos con rentas superiores a 100.000 euros
60%
60%
5.758
4.076
Titulares pensionistas con rentas superiores a 100.000 euros
Usuarios de mutualidades (Muface-Mugeju-Isfas)
30%
60,0
TOTAL
no contributivas y a los parados
que hayan agotado el subsidio de
desempleo, eran algo menos de
30.000 en 2012 y han crecido hasta superar los 56.600 en 2016. Su
ascenso, su expansión sostenida
en mitad de una región de demografía sanitaria declinante, alcanza un 93 por ciento en apenas cuatro años que pone en evidencia
hasta qué punto los efectos de la
crisis han ido amortiguado pro-
gresivamente, por la vía de los hechos, el ahorro del copago farmacéutico que Asturias abrazó el 1
de julio de 2012 por imperativo
del Gobierno de España en cumplimiento del Real Decreto elaborado por el Ministerio de Sanidad. Los pacientes con derecho a
medicinas gratuitas, que suponían apenas el 2,7 por ciento del
total de la población sanitaria asturiana en 2012, representan el
18.813
16.088
1.060.645
1.033.797
5,4 en el último dato oficial, incluido en el contrato-programa
suscrito el pasado febrero entre la
Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para trazar los objetivos del
sistema sanitario asturiano de
aquí a 2017.
El balance numérico sobre la
aplicación del sistema dice que
han aumentado los que no pagan
a medida que disminuían los que
Confidencialidad médica frente a seguridad pública
Las lecciones del accidente
de Germanwings
Análisis
José A. Ordóñez
La investigación sobre el accidente del
avión de la compañía Germanwings que se
estrelló en los Alpes franceses el 24 de marzo de 2015 ha puesto de manifiesto un conflicto entre la confidencialidad de la atención médica y la seguridad pública.
Andreas Lubitz, el copiloto suicida alemán que estampó el Airbus 320 BarcelonaDüsseldorf, provocando la suya y otras 147
muertes, entre ellas la de la esposa de un
avilesino, fue diagnosticado un par de semanas antes del suceso de una posible psicosis por un médico privado, que le recomendó tratamiento psiquiátrico hospitalario
y le dio la baja por enfermedad. Además,
un psiquiatra le recetó varios antidepresivos
y somníferos la semana anterior a la tragedia. Pese ello, estos profesionales no comunicaron el estado de salud mental de Lubitz
a las autoridades aeronáuticas ni a la aerolínea germana para la que trabajaba, filial de
la potente Lufthansa.
Y eso que el piloto ya había sufrido un
episodio depresivo grave de agosto de 2008
a julio de 2009, por lo que el certificado
que le permitía volar incluía desde entonces
la advertencia de que pasaría a ser considerado “no apto” en caso de recaída. Pese a
ello, los doctores se ciñeron al principio
universal de salvaguarda del secreto médico y dieron por sentado que el piloto no iría
a trabajar. Se equivocaron.
La normativa alemana es exigente con la
confidencialidad médica, pero menos explícita al reconocer que no vulnera la ley
quien rompe ese principio para evitar situaciones de riesgo. La legislación española
castiga con penas de entre uno y cuatro de
prisión al profesional que desvele información confidencial, aunque hay excepciones,
recogidas en el código deontológico de la
medicina, para casos de “peligro colectivo”. En cambio, en países como Israel, Canadá o Noruega existen disposiciones concretas que obligan a la revelación de información privada relativa a los pilotos, al entender que un estado mental no apto para el
Lubitz no informó
a nadie de su
verdadero estado:
pudo influir el
miedo a perder el
permiso para volar
vuelo supone una amenaza para la seguridad pública.
A partir de lo sucedido con Lubitz, el informe final sobre el accidente de Germanwings emplaza a las autoridades nacionales a habilitar cauces claros para que los
médicos comuniquen aquellos problemas
de salud de los pilotos susceptibles de afectar a la seguridad, también en el caso de que
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sí están obligados a hacerlo, pero
también incluye la certeza de que
además han menguado especialmente los grupos de pacientes que
más pagan. Así, el colectivo de
los obligados a abonar al menos la
mitad del importe de sus medicinas –los trabajadores con rentas
superiores a 18.000 euros y los
pensionistas con más de 100.000–
han perdido en estos cuatro años
cerca de 20.000 beneficiarios, pasando de las cerca de 221.500 personas que estaban en estas situaciones en 2012 a las poco más de
202.000 del último recuento. La
caída es particularmente acusada
entre aquellos pacientes forzados
a asumir un porcentaje más alto
de “copago”, los trabajadores o
pensionistas que por ingresar más
de 100.000 euros anuales están
obligados a sufragar el sesenta por
ciento de sus medicinas. Este tramo ha perdido uno de cada tres
pacientes en cuatro años, cambiando 5.700 por poco más de
4.000, un marginal 0,4 por ciento
de la población total. El área sanitaria del Suroccidente sólo atiende, por ejemplo, a 28 personas en
esta situación.
En la situación actual del sistema, casi 95 de cada cien pacientes
asturianos pagan en mayor o menor medida por sus medicinas, pero es mayoritario el colectivo de
renta y pago más bajo. El 38 por
ciento no abona nada o contribuye solamente con el diez por ciento del precio y menos del veinte
paga la mitad o más.
Desde 2012, el decreto del copago dividió a los ciudadanos en
los seis tramos de renta instituidos
por el Ministerio para determinar
quién paga nada y quién un porcentaje de entre el diez y el sesenta por ciento de las medicinas.
Antes, los trabajadores abonaban
en la farmacia el cuarenta por
ciento del importe de sus medicamentos, mientras que los pensionistas estaban exentos del pago.
el paciente se niegue dar su consentimiento.
Y subraya el que puedan hacerlo sin riesgos legales. Los doctores no pueden tener
la sensación de que romper la confidencialidad les ocasionará más complicaciones
que no desvelar una dolencia mental de
riesgo.
Los pilotos que volaron con Lubitz durante los tres meses previos a la tragedia no
vieron nada extraño en su comportamiento,
pese a que en ese periodo pasó por seis episodios documentados de la enfermedad. Pilotos y copilotos no forman dúos de trabajo
estables y, además, dolencias como las depresiones son difíciles de captar. El caso es
que Lubitz tampoco informó a nadie de su
verdadero estado. Y ahí pudo haber influido
el miedo a perder la habilitación para volar
y a sus consecuencias económicas.
El copiloto contaba con un préstamo
bancario de unos 41.000 euros para financiar los 60.000 euros que le costó la formación en la Instrucción de Vuelo de Lufthansa, la matriz de Germanwings. También tenía una póliza de pérdida de licencia, contratada por la aerolínea, que le habría supuesto un pago de 58.799 euros, pero no
había conseguido, precisamente por sus antecedentes médicos, un seguro adicional
para cubrir la mengua de ingresos derivada
de quedarse sin permiso de vuelo.
La recomendación de los expertos de la
Oficina de Análisis de la Seguridad en la
Aviación Civil de Francia, a partir del caso
de Andreas Lubitz, es que las autoridades
aeronáuticas y a las aerolíneas adopten medidas para disminuir los efectos socioeconómicos de las pérdidas de licencias por
causas médicas.