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Bastonazos de ciego del gobierno en temas de salud mental?
En este momento tras el golpe que reciben las EPS con la unificación del POS sumado a la
inclusión de las enfermedades crónicas a la atención obligatoria, además que algunas EPS
están intervenidas, la alerta de los secretarios de salud y de directores de múltiples IPS por
carteras vencidas, el saqueo al FOSYGA, las quejas de los profesionales de salud, por falta de
una profunda revisión de una ley 100 anacrónica y castrante para muchos de los excelentes
profesionales e institutos de salud del país y una ley que sentencia la salud del paciente
colombiano a la inadecuada atención mediante la aplicación de vetustos y económicos
procedimientos en la mayor parte de los casos, y ahora sin que el sistema de salud “haya
podido avanzar con el pesada carga ya le quieren agregar la atención a adicciones echando una
buena intención legislativa en un sistema que no lo va a soportar. Estas medidas nos traerán
una inminente crisis, en la que el gobierno terminara por asumir las quiebras de la EPS, los
hospitales en terminaran en una inminente crisis por las medidas improvisadas del gobierno y
en especial de legislativo.
Los bastonazos de ciego de los últimos gobiernos en las políticas de Salud en especial en el
tema de las drogas y las adicciones nos traen gran preocupación a los prestadores específicos
y en especial por los afectados por la enfermedad. El marco jurídico y financiero por el que
atraviesa el sector Salud en este momento y los actuales planteamientos del gobierno central
en donde se quieren instaurar leyes, sin conocer incluso las existentes nos traen gran
preocupación al gremio de los prestadores de servicios que han venido atendiendo a la
enfermedad adictiva, que al ser una enfermedad crónica por definición de la OMS, reconocida
como tal en los códigos internacionales de enfermedades y tamizada con cierta claridad en los
Manuales Diagnósticos estadísticos DSM-IV TR, traerá una nueva carga a las ya afectadas
Empresas Promotoras o Aseguradoras de Salud. Por lo tanto para abordar el tema se hace
necesario elaborar un marco conceptual sobre nuestro panorama en salud, sin seguir
contando con los expertos de papel, que solo han traído errores en sus planteamientos sobre
la adicción y esto, es un fenómeno mundial, expertos de oídas y de leídas pero no de trabajo
de campo
El actual régimen de salud colombiano, sustentado en la ley 100 y los múltiples decretos que lo
rigen, modifican y sustituyen, administra muy bien los tramites de salud, pero por todos es
sabido que produce muy poca salud en el paciente, en especial por las actitudes de algunas de
las EPS, que al ser quienes captan los recursos y sufragan los costos de procedimientos, solo
autorizan el uso de procederes que son básicos, rústicos y económicos y no permiten al
profesional poner en practica la magnitud del conocimiento en el que esta preparado para
salvar vidas a todo lugar, llevándolos incluso hasta trasgredir el juramento Hipocrático. Esta
situación dio cabida al matrimonio perverso entre la empresas aseguradoras y algunas IPS, que
buscando la economía en los procedimientos no aplican el tratamiento idóneo para que la
oportunidad, eficiencia, calidad de los mismos procedimientos lleve a la búsqueda de la
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producción de salud que definitivamente si podemos brindar en el país, por lo tanto el
desmonte de la ley 100 es un deber inaplazable para el actual gobierno pues basta tener dos
dedos de frente para desarrollar el suficiente sentido de consecuencia para entender que ante
estas presiones financieras, las EPS no pagaran cumplidamente a los prestadores y recortaran
aun mas aun mas los manejos. Esto preocupa ya que aumentan los médicos, pero cada vez
disminuyen mas los verdaderos doctores.
Recordemos que cuando el actual sistema de salud se gesto se hizo énfasis en que el prestador
no podía ser el mismo asegurador, es decir que quien capta recursos, paga a un tercero, a un
prestador independiente los servicios prestados, en donde solo se autorizaba lo incluido en el
POS. Para lo no POS, cuando la dignidad y el derecho a la vida estaba en riesgo y la familia
demostraba que no poseía ningún bien para pagar se creó la figura de la Tutela T- 760, (en
donde un comité científico, que era parte, ya que era de quien debía pagar inicialmente (EPS),
considerar o dictaminar la necesidad imperativa del tratamiento a prestar, el juez fallaba
favorablemente si se demostraba la necesidad de tratamiento y la familia demostraba su
insolvencia, lo cual es injusto ya que si se tenia un automóvil o una casa la familia debía
venderlo para acceder al tratamiento) y así la IPS prestaban el servicio, la EPS pagaba ala IPS y
luego la EPS recobraba al estado (FOSYGA) y esto se presto para esquilmar las arcas del
estado, las enormes partidas presupuestales del sector salud y dilapidar el dinero de los
aportantes. El actual sistema de salud colombiano, con los recursos por loterías, licoreras,
aportes privados cuenta con los dineros, regalías en ciertos departamentos, pero se pierden en
corrupción, pagamos una de las saludes mas altas del mundo, pero se pierde en el oscuro
mundo del trámite, la burocracia, mucho escritorio y poco en medicamento, consultorio y
cama hospitalaria vencidos los interés altruistas por el “efecto piraña”, en que se tira un
pedazo de carne al rio y al fondo donde estamos los colombianos normales no llega si no el
hueso.
Cuando se proyecta esto a la salud mental, especialmente al campo de las adicciones, las
cuales incluidas en el pos harán colapsar el sistema de salud colombiano, el tratamiento que
no es integral arroja altísimas tasas de reincidencia, al no tratar las dependencias subyacentes
los adictos terminaran viviendo de papa estado, ingresando a tratamiento para salir a
consumir nuevamente , tal y como sucedió el finales de los ochentas e inicios de los noventas
antes de la reforma a la salud y era el instituto de seguros sociales quien pagaba la salud
mental. En Colombia se calculan 150.000 adictos que ameritan tratamiento, de estos un diez
por ciento se acogerá en los primeros dos años a tratamiento, es decir 15000 camas de salud
mental especializadas en el tema, como lo obliga el vetusto 1315, que ya de base trae errores.
Vale decir que un tratamiento adecuado no baja de los 15 millones de pesos, para que sea
eficiente de lo contrario la tasa de reingreso es de mínimo una hospitalización por año, dadas
las devastadoras características de la enfermedad, hará insostenible el pago de los recurrentes
tratamientos. Por los tanto, hoy, con los fallos de Tutela en salud mental, por la T-760, en
donde un juez que no conoce de Salud . esta fallando por observaciones medicas, en algunos
casos impertinentes que en el caso de las adicciones solo puede ser por médico psiquiatra y a
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esto agregarle que el comité evaluador es parte, por lo tanto no puede ser imparcial, es algo
absurdo que solo trae nefastas consecuencias a la arcas del FOSYGA y de hecho a la salud del
afiliado, cada vez mas permisividad al consumo (sentencia (C-221), por ello mas abuso (Ley 30)
y por esto mas lesiones, mas dobles diagnósticos.
Es bien importante el campo de las adicciones, pues son un renglón destacado por la cantidad
de afectados y los costos de tratamiento , y los auxilios estatales “de papel” para tal fin . La
adicción, está consideradas como (EJE I), en donde están las enfermedades mentales graves
crónicas, costosas para el estado por su cronicidad y prolongados periodos clínicos, con
múltiples reingresos, como el TAB, la esquizofrenia, el ezquizoafectivo, las adicciones . la cual
muy generalmente comparte rasgos en EJE II en donde están los desordenes de personalidad
entre otras que ameritan una respuesta medicamentosa e interdisciplinaria de primer nivel en
tratamientos dignos, de atención para la contención de sus síntomas bio-psico-sociales,
hospitalizaciones en crisis, seguimiento y manejo de episodios secundarios, para que la familia
y el enfermo tengan calidad de vida , en especial el adicto, un gran afectado por si mismo y
por la hostilidad de la oferta del entorno, El adicto se reitera, requiere profundamente el
tratamiento en desordenes de la personalidad, pues estos no solo son derivados de los
consumos compulsivos, sino que producen el abuso de sustancias y es allí en donde un
tratamiento adecuado, resulta costoso, largo y de mucho compromiso mutuo, institución,
familia y afectado, en donde no existen regulaciones, normas y protocolos de tratamiento por
parte del estado para tratar a este grueso de la población que requiere atención en salud
mental, el los trastornos de personalidad o eje II en salud mental.
Uno de los grandes problemas es el desconocimiento por parte de los políticos de la leyes que
rigen las practicas medicas, desconocidas por los gobiernos de turno que en múltiples intentos
incumplen, crean, y hasta llegan a postular reformas sobre leyes ya elaboradas. En el caso de
las adicciones, violentan la vetusta ley 30, con una reforma C-221 que en pos de un mal
llamado libre desarrollo de la personalidad, lleva como antes nunca a mas jóvenes a las fauces
de la adicción como lo demuestran las estadísticas presentadas por el estado, que solo son
fehaciente prueba de su inutilidad en prevención y tratamiento y hoy quieren reformarlas sin
contar con quienes las tratamos desde hace mas de 20 años. Hay hoy día hay 20 veces mas
adictos que hace veinte años, esta sentencia que parece sustraída a la revolución francesa que
luego los llevo al caos y la ruina por confundir libertad con libertinaje al tratar de convivir sin
leyes que regulen el comportamiento. También el decreto 3788 que obliga al estado a prestar
servicios médicos al adicto, a elaborar campañas de prevención masiva con costos financiados
por el gobierno, emisiones obligatorias de prevención en todos los medios de comunicación,
financiación a los centros de rehabilitación a través de fondo rotatorio de estupefacientes,
obligación de los consejos municipales, a ejercer estos programas, con partidas a personas que
siquiera han leído los decretos para realizar charlas de medicina preventiva, o con materiales
rústicos y primitivos que ha muchos de los “beneficiarios” mas bien lo ofenden antes que
generar algún bien o con copias piratas que violentan los derechos de autor. Vemos oficinas
dedicadas a la burocracia despilfarrando y robando los recursos decomisados al narcotráfico,
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de los que un buen porcentaje ha debido ir a la investigación, prevención y tratamientos,
ahora lanzan la ley 1566, precipitada que conllevara a los diferentes entes territoriales a
precipitares y dar mas bastonazos de ciego en esta enfermedad que afecta los cinco ejes del
diagnostico psiquiátrico y afecta también la conciencia y los valores interiores del ser.
En tantos intentos para hacer los tratamientos estatales, el gobierno de turno se creó los
UAICAS, se reforma el decreto 1315, luego crean mas leyes, reforman decretos que solo han
sido bastonazos de ciego por no escuchar a quienes trabajamos directamente contra la
enfermedad y según sean los intereses políticos de turno decretan, sin saber si se puede
cumplir o no, únicamente pensando que la solución es emitir leyes paro no cumplirlas a una
población que hasta ahora no se ha querido levantar contra el actual régimen de salud, y la
que este articulo es una voz de llamado a quienes nos vemos afectados por las leyes de salud y
finalmente ser escuchados por el gobierno, pues ellos oyen alas EPS, se oyen a si mismos pero
no han querido escuchar a las IPS, especializadas y de resultados. Tampoco se ha evaluado que
en caso de las adicciones los tratamientos que son totalmente gratuitos tienden a fracasar y
dado el temperamento dependiente del adicto, terminarán estos atenidos a los programas de
rehabilitación haciéndose cíclicos e institucionales hasta con consumos internos, ya que por
buscar la economía no se aplicaran rutinariamente pruebas de detección.
El estado debe embargar las EPS , involucradas en escándalos y nacionalizarlas comprando las
acciones paulinamente de todas las aseguradoras,. El FOSYGA, es la entidad llamada a ser la
aseguradora única nacional y tomar el control de las EPS involucradas entidad a que debe
administrar también los 192000 bienes incautados al Narcotráfico para hacer hospitales,
ancianatos, albergues y sedes campestres sociales y deportivas de medicina preventiva, ya
que por cada millón invertido en prevención ahorra entre ocho y diez de tratamiento . Así se
financiaría un verdadero sistema de salud, que permita aplicar tratamientos exitosos y
contemporáneos, con consultas que no sean contra reloj y de acetaminofén. Si esto no cambia,
se llegara al crimen de no diagnosticar por lo costoso del compromiso de tratamiento que un
diagnostico complejo implica, por ende un costoso tratamiento y por ordenes administrativas
y no por incompetencia el profesional no diagnostica profesional seria no negado el
tratamiento, sino no diagnosticado, a sabiendas de la enfermedad, por esto bien el estado
debe diagnosticar, diseñar el plan de tratamiento y referir a instituciones serias.
Las necesidades mayores las tiene la IPS que al fin y al cabo son quienes prestan el servicio,
asumen la responsabilidad, no se les cumple, deben pagar profesionales, medicamentos,
servicios, nomina administrativa que por la ley 100 se requieren tres personas asistenciales ,
por mas de cuatro administrativas, esto por los requerimientos de protocolo, con el agravante
que este castillo de naipes esta a punto ya de sucumbir ante la falta de pago por parte de la
EPS a las IPS de las IPS a los profesionales y proveedores y dado que algunas IPS solo tienen la
salida para sobrevivir el obtener los contratos a cualquier costo, bajando los niveles de calidad
y los costos de sus procedimientos al mínimo en detrimento de la calidad del servicio, nos
llevan a pensar que la ley cien es la ley de la muerte.
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En el país se deben crear los tribunales especiales de salud que sean quienes, evalúen sin ser
parte y fallen los tratamientos de todas las enfermedades crónicas, en el ramo de las mentales
especialmente en la adictiva, tribunales rápidos que no tarden mas de diez días en fallar luego
de la presentación de pruebas y sea directamente el FOSYGA quien pague por ellos a las IPS,
asistido por el Fondo Rotatorio de Estupefacientes, que ahora en el desmonte de la dirección
nacional de estupefacientes, no se ha divulgado a ciencia cierta quien se hará cargo, pues en la
liquidación de la DNA a donde irán a a para los 192000 bienes incautados? , en que se
invirtieron los dineros de hallados en las caletas? De esta manera las EPS liquidadas no deben
ser absorbidas por las restantes, pues estas adquieren un poder de presión aun mayor y
deberia ser el estado el agente asegurador , por ello el FOSYGA debe absorber a los aportantes
del régimen contributivo y de hecho hacerse cargo del régimen subsidiado. Y desmontar la ley
100, la cual al establecer la salud como un negocio perverso en que más ganan entre menos
gastan en salud y la cual termino produciendo el macabro matrimonio entre el prestador y el
asegurador, que en muchas ocasiones terminan siendo uno solo en contra de la salud del
afiliado y del profesional que presta el servicio.
Dr Andrés Jaramillo Ortiz
Director Acinpra
Asociación Colombiana para la Investigación, Prevención y Rehabilitación de adicciones
Director Fundación Función Futuro I.P.S.
Dra. Natalie Ramírez.
Médico Psiquiatra
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