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Por nuestro derecho a la salud y a ser beneficiarios de servicios con atención integral, exigimos
VERDADERO acceso universal a los servicios de salud
Pronunciamiento de las organizaciones convocantes.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ese es el mandato establecido en nuestra
Constitución Política en su artículo 4º. El derecho a la salud tiene su fundamento además en el ámbito
internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la atención a la salud como uno
de los derechos fundamentales para el desarrollo social y económico de hombres y mujeres. Además, el
Estado mexicano ha signado convenios internacionales como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y las Metas del Milenio y con ello ha refrendado su obligación de
asegurar el derecho efectivo a la salud de su población.
El derecho a la salud debe ser universal y se expresa en el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental. El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de
toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el pleno goce de la
salud,1 sin discriminación por motivos de clase, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, discapacidad, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social. El derecho a la salud es extensivo a los factores determinantes básicos de la salud tales
como la alimentación, la nutrición, la vivienda, el acceso a agua potable, a condiciones sanitarias
adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas en un medio ambiente sano.2
El Estado, además de garantizar el acceso irrestricto y sin discriminación de todas y todos los ciudadanos al
sistema de salud, debe velar por la igualdad lo que significa que las personas y comunidades desfavorecidas
tengan en la práctica el mismo acceso que otros grupos más favorecidos, y que el acceso a la atención
sanitaria sea de acuerdo con la necesidad. Igualdad, no discriminación y equidad son elementos centrales
de la justicia social. 3
En México nos encontramos muy lejos del acceso universal a la salud basado en un concepto integral de
derechos y de justicia social pues existe una realidad que nos vulnera. La injusticia social se expresa
nítidamente en la lacerante aumento de la mortalidad materna, que se concentra en mujeres pobres o de
extrema pobreza, rurales, urbano-marginales, o indígenas, es decir en quienes padecen los peores servicios.
México debería registrar al año 2015, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una razón de
muerte materna4 de 22.3, pero en el año 2008 registró una de 57.2 cuando en el año 2007 fue de 55.6, y más
aun, la cifra preliminar para el año 2009 es de 62.8. En los tres años fallecieron 3,431 mujeres por causas
asociadas al proceso de embarazo, parto y posparto, lo cual es inadmisible.
El derecho a la salud no es ejercido plenamente por las y los ciudadanos pues las políticas implementadas
durante los últimos años para atender los problemas de salud, no han logrado cumplir con sus objetivos, de
tal forma que el ciudadano pueda recibir una atención oportuna y de calidad. Y ello se explica porque no se
han resuelto aspectos nodales del sistema de salud, como las carencias personal médico, de clínicas y
hospitales. La insuficiencia de personal sobresatura a los médicos y se compromete así la atención de
calidad que el paciente requiere. El país cuenta solamente con apenas 0.63 camas por cada 1,000 habitantes
sin seguridad social, y la precariedad se agudiza en las regiones marginadas que cuentan apenas con 0.1
1
ONU, Observación general 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/2000/4, CESCR, 4 de julio de 2000, p. 4. 2
Loc cit. 3
ONU, Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles y políticos. Informe del Relator Especial
sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Sr. Paul Hunt,
Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/7/11, 31 de enero de 2008. 4
Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos estimados. camas por cada 1,000 habitantes. De acuerdo con cifras oficiales se tienen registradas hasta ahora 8,502
obras que son necesarias para satisfacer la demanda de servicios de salud. De ellas falta por iniciarse el 64
por ciento, es decir 5,441 obras, lo cual brinda un parámetro de lo lejos que nos encontramos de resolver la
capacidad de resolutiva del sistema de salud para que funcione con calidad.
La persistencia de los problemas señalados, ubica a la población en una condición de fragilidad y riesgo de
muerte o morbilidad crónica por causas posiblemente evitables. La falta de acceso a los servicios sanitarios
mantiene en exclusión a las y los ciudadanos. Los gastos de las familias más pobres –del primer decil de
ingreso- en servicios médicos, medicamentos y atención hospitalaria representa casi la mitad de su
ingreso.5
El gasto de bolsillo tuvo en 2008 el mismo nivel que en 2000, es decir más de 50 por ciento. La propia
Secretaría de Salud acepta que la reducción del gasto de bolsillo ha sido lenta y que “la disminución
registrada probablemente se debe más al ritmo de crecimiento del gasto público, particularmente del gasto
en salud para población no asegurada que a la reducción del gasto de bolsillo durante los últimos seis
años”.6 La prevaleciente alta participación del gasto de bolsillo significa que el sostenimiento financiero del
sistema de salud permanece preponderante e injustamente en manos de la población más vulnerable.
Por otra parte, los problemas emergentes de salud tampoco están siendo atendidos satisfactoriamente. Al
cierre de 2009, se estimaba7 que 220 mil persona adultas tenían VIH en México, diez por ciento más que el
año anterior, y que en 2008 hubo 5,189 defunciones relacionadas con el mismo. Actualmente, tanto la
propagación del VIH como las muertes relacionadas a él se pueden evitar siempre y cuando exista una
detección temprana de la infección y acceso al tratamiento clínico de las enfermedades oportunistas
relacionadas al VIH. No obstante, la asignación presupuestaria se ha reducido en los últimos años mientras
que el número de casos aumenta año con año. El presupuesto por persona infectada y sin seguridad social
se redujo 63 por ciento en 2010, comparado con 2008, lo cual es sumamente preocupante pues esos
recursos no permiten prevenir y atender eficaz y eficientemente el VIH en la población. 8
A pesar de que el Sistema de Protección Social en Salud, conocido como el Seguro Popular se planteó el
objetivo de corregir los “desequilibrios financieros y las inercias históricas”9 que caracterizan al sector
público de salud en México, a seis años de iniciado su funcionamiento persisten los añejos problemas en el
sector salud señalados y paradójicamente han surgido nuevos pues el modelo que lo sustenta, ha mostrado
inconsistencias al ponerse en práctica. Los principios10 que formalmente rigen al Seguro tales como la
universalidad en el acceso a los servicios de salud y la portabilidad de beneficios entre zonas geográficas y
entre instituciones, que se definieron como elementos centrales para evitar la exclusión social y promover
las oportunidades, independientemente del nivel de ingreso, de la condición laboral o de lugar de residencia
no se cumplen.
Muestra de lo anterior es que las y los ciudadanos recibimos una atención diferenciada, de acuerdo a la
institución de salud a la cual tenemos acceso, con una gran variedad de marcos regulatorios, muchos
inconstitucionales y defectuosos. Tampoco la portabilidad entre zonas geográficas es ejercida plenamente,
Datos de la datos de la ENIGH 2008. Secretaría de Salud, Rendición de Cuentas en Salud 2008, México, 2009, p. 54. También disponible en la página de
la Dirección General de Evaluación y Desempeño de la SSA www.dged.salud.gob.mx 7
De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA),
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/2010/30jun2010/estadist30Jun2010.pdf 8
Ver, F. Varela, Presupuesto para la prevención y atención del VIH en México. Menos dinero para más personas
infectadas, México, Fundar, 2010. 9
Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud: elementos conceptuales, financieros y operativos,
México, 2006, p. 35. 10
Ibid., p. 34. 5
6
pues existen casos en que los afiliados al Seguro Popular les es negado el servicio si acuden a un hospital
que no pertenece a su entidad, porque los responsables no resuelven administrativamente los pagos por la
atención. Es de hacer notar que la encuesta de satisfacción de los usuarios no da cuenta del fenómeno del
rechazo hospitalario por formalidades burocráticas, a pesar de ser una practica preocupante. La
descentralización de los servicios actúa en detrimento del pleno ejercicio del derecho a la salud de la
población.
Por su parte, la universalidad es llevada a la práctica simplemente como la afiliación al Sistema de
Protección Social en Salud, en consecuencia se reduce a la ampliación de la cobertura, que es uno de los
modelos más restrictivos del acceso efectivo a la salud. Así, el cumplimiento de las metas de afiliación
establecidas se ha vuelto la tarea fundamental para las y los trabajadores del sector salud, dejando al
paciente en segundo lugar al mismo tiempo que el Presidente Felipe Calderón se jacta de que en nuestro
país prácticamente ya existe un acceso universal. Sin embargo, la universalidad así entendida es una falacia
pues subsisten serios problemas sin resolver en México, lo que mantiene en exclusión un alto porcentaje de
la población que vive en condiciones de pobreza y marginación.
Así, las metas que se planteó el esquema financiero del Seguro Popular que son reducir el gasto de bolsillo
de las personas y promover una mayor equidad en la distribución de recursos financieros entre zonas
geográficas, instituciones y grupos poblacionales, no se están cumpliendo. Un dato categórico que expresa
lo inservible del SPPS para disminuir brechas, es el referente a la condición étnica, año tras año, la
mortalidad materna se concentra en las entidades federativas con mayor población indígena en el país. Si
en el año 2002 la razón en el país fue de 60.0, en estas entidades del sureste fue de 89.5, 97.0 y 99.0
respectivamente, seis años después la situación se mantiene, la razón nacional fue de 57.2 y 96.8, 96.5 y
98.7 para Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 11
Por su parte, la acreditación de las unidades médicas para la atención a los afiliados del Seguro Popular
verifica “que se disponga de la capacidad instalada apropiada en cuanto a personal, dispositivos médicos,
infraestructura física y medicamentos entre otros factores”12 va muy por detrás de la afiliación. En los seis
años de operación del Seguro Popular, a junio de 2010, apenas se han acreditado 7,175 unidades médicas
esto es, poco más de la mitad, lo cual hace suponer que en el año que falta para afiliar a toda la población
no se alcanzará a acreditar las 5,568 unidades faltantes. La implicación de este retraso es que no se está
garantizando la oferta de “niveles óptimos en la calidad de los servicios de salud”.
Dentro de los nuevos problemas no resueltos con la puesta en marcha del Seguro Popular, destaca el abasto
y distribución de medicamentos. El paquete “garantizado” por el Seguro Popular de acceso sin desembolso
directo a intervenciones sanitarias y medicamentos no está funcionando y con ello, tampoco la protección
financiera de los hogares que pretendía el modelo. Es contrastante que mientras la población tiene que
realizar importantes gastos para adquirir medicamentos, algunas entidades federativas hacen un uso
inadecuado de los recursos pues realizan gastos excesivos en la compra de claves de medicamentos
rebasando el precio límite, que es de 20 por ciento por arriba del precio de referencia. En este renglón es
alarmante la ausencia de rendición de cuentas.
Es relevante destacar que la separación de funciones que subyace al modelo de atención del Seguro Popular
no ha sido efectiva para garantizar servicios públicos de calidad y garantizar el ejercicio del derecho a la
salud de la población. Se ha concentrado el gasto en el Seguro Popular y con ello se ha debilitado
presupuestariamente a los programas de acción como vinculados a la salud sexual y reproductiva, o para la
11
Ver D. Díaz, “Presupuesto para la atención en salud sexual y reproductiva: ejemplo de incumplimiento del
derecho a la salud”, México, Fundar, 2010. 12
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, “Sistema de Protección Social en Salud. Informe de resultados
enero-junio 2010”, México, 2010. prevención y atención del VIH/SIDA, por mencionar algunos. El problema cardinal es que este
debilitamiento va asociado a la frágil rectoría de la federación. Así, los programas federales de salud
quedan sujetos a la voluntad de los responsables de la operación de los programas y del ejercicio del gasto
las entidades federativas.
En contraste, el presupuesto destinado al Seguro Popular ha aumentado sustancialmente desde su creación.
Al momento de la implementación del Sistema de Protección Social, su presupuesto representaba el
31.89% del total de recursos de la Secretaría de Salud. Para 2010, constituye el 59.22%, y de acuerdo al
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 representará el 69.49%.13
Su ejercicio se focaliza a intervenciones sanitarias restringidas y disociadas de los programa, contenidas en
el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud, CAUSES, y excluye todos aquellos padecimientos
y medicamentos que no se encuentran en el listado limitando la capacidad resolutiva del sistema de salud.
Por ejemplo, las personas que viven con el virus del VIH, solo tienen acceso a los antiretrovirales (ARV),
que se obtienen del fondo de gastos catastróficos, pero en el CAUSES no aparece la atención de los
padecimientos y medicamentos esenciales para las enfermedades oportunistas, estas están excluidas.
Es el mismo caso de exclusión de la atención a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) que padece 65 mil
mexicanos sin seguridad social y no reciben atención médica, de acuerdo con datos de la Fundación
Mexicana del Riñón (FMR).14 Esto significa la exclusión de las personas que padecen estas enfermedades
del seguro popular. Este modelo de limitar la atención a un listado, fragiliza al extremo los programas,
estrategias y acciones establecidas en los distintos programas que se desprenden del Plan Nacional de
Salud, conllevando a retrocesos en la política pública en salud que se presentaban como éxitos del país, tal
es el caso del Programa de Planificación Familiar. Actualmente es de conocimiento público el profundo
desabasto en métodos anticonceptivos, y el abandono supino en que yace la política en salud sexual y
reproductiva. ¿Acaso el Estado mexicano decide de qué se debe enfermar la población para poder ejercer
su derecho a la salud?
Finalmente, la rendición de cuentas tanto de la federación como de las entidades es precaria. La
descentralización de los servicios de salud no ofrece mecanismos accesibles y transparentes de rendición de
cuentas sobre el funcionamiento, los resultados y la efectividad del Seguro Popular y sobre todo que de
cuenta como se está cumpliendo con las obligaciones del Estado para con el derecho a la salud de los
ciudadanos. A pesar de que desde hace algunos años se ha incluido en el decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación obligaciones de transparencia e información tanto para el gobierno federal y de las
entidades, lamentablemente no se cumplen, por ejemplo este año no se ha cumplido la mayoría de esas
obligaciones.
Por lo expuesto, el Seguro Popular no ha logrado sus objetivos explícitos que incluyen la protección
financiera de los hogares, la disminución del gasto de bolsillo y el acceso equitativo a un paquete de
servicios que incluye intervenciones médicas y medicamentos asociados. No ha cumplido con el principio
de universalidad en el acceso a los servicios manteniendo discriminados y excluidos a grupos importantes
de población. El ejercicio del derecho a la salud por parte de importantes grupos de la población no es una
realidad, producto de la exclusión del acceso a los servicios, la profunda desigualdad social y de la
precariedad en la disponibilidad y calidad de los servicios sanitarios.
13
Se excluye el gasto destinado a Actividades de Apoyo Administrativo. El total incluye el gasto asignado a: [PP
E020] Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud, [S201] Seguro
Médico para una Nueva Generación, [U005] Seguro Popular, y [S072] Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades. Fuente: SHCP, disponible en www.shcp.gob.mx 14
El Financiero en línea, México, 20 de julio 2010. Ante las actuales y evidentes disfuncionalidades del sistema de salud nos pronunciamos por:
• La universalidad del derecho a la salud que significa atención integral y acceso efectivo a los servicios
sanitarios de toda la población, sin discriminación de ninguna índole. Significa también que la provisión
de bienes y servicios de salud por parte del Estado deben regirse bajo los principios de calidad,
disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad cultural.
• El cumplimiento del Estado Mexicano de sus compromisos para eliminar la desigualdad en el ámbito de
la salud para más de 50 millones de habitantes sin acceso a la seguridad social.
• La suficiencia y eficaz ejercicio de los recursos públicos destinados a la salud, que implica que los
servicios de salud sean financiados mediante recursos públicos para que el gasto de bolsillo de las y los
ciudadanos se reduzcan sustancialmente.
• Que se definan medidas específicas para reducir de manera expedita el gasto de bolsillo de la población
más vulnerable.
• Un verdadero compromiso con el acceso a la atención universal en salud, basado en los principios de no
discriminación y acceso equitativo. El acceso equitativo puede significar un trato que sea igual o
diferenciado, pero considerado como equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y
oportunidades en salud15.
• La recuperación de la salud pública como un eje de desarrollo, comenzando con dotar de presupuesto a
todos los programas, estrategias y acciones contenidas en el Plan Nacional de Salud y los programas y
planes específicos.
Para el Seguro Popular
• Los actuales lineamientos del Seguro Popular para la atención médica, expresados en el listado del
CAUSES, son limitativos y excluyentes. Para garantizar un verdadero acceso universal, el Sistema de
Protección Social en Salud debe cubrir todos los eventos en salud que demanda la población y proveer
todos los medicamentos e insumos específicos para atender sus padecimientos.
• Garantizar el surtimiento de la totalidad de medicamentos, establecer indicadores con metas precisas a
lograr en plazos perentorios de uno y dos años. Evaluación de la compra y suministro, así como
adopción de mecanismos de transparencia en el proceso de licitación, con obligatoriedad para los
sistemas estatales de salud.
• Establecer un sistema de acompañamiento asistencial a los pacientes para que reciban la atención
médica, frente a problemas de índole administrativo, requisitos burocráticos o imprevistos en el proceso
de atención, como la falta de recursos económicos de pacientes hospitalizados para realizar algún
estudio de laboratorio o gabinete no incluido en el catálogo establecido.
• Que se eliminen las prácticas discriminatorias y excluyentes de las instituciones de salud hacia los
pacientes, lo cual ha generado que muchas personas mueran por no poder solventar los altos costos que
representan sus enfermedades. Se debe eliminar la práctica cada vez más generalizada de recurrir a la
discriminación para ahorrar recursos.
15
Entendemos las oportunidades en salud como los bienes y servicios que satisfacen las demandas en salud de la
población. • Que se atienda de inmediato los padecimientos y medicamentos específicos para tratar enfermedades
oportunistas de las personas que viven con VIH.
• Garantizar personal suficiente en las unidades médicas y adoptar medidas para avanzar en la prestación
de los servicios con una perspectiva intercultural. Revisar las excesivas cargas de trabajo de los médicos
que rebasan su capacidad de atención, y proponer alternativas de solución.
• Diseñar e implantar un programa de corto plazo de construcción y equipamiento de unidades médicas
que incluya prioritariamente a las comunidades más marginadas, y adoptar las medidas necesarias para
resolver los obstáculos burocráticos para su financiamiento con recursos del Fondo de Previsión
Presupuestal del Fideicomiso de Protección Social en Salud.
• Abrir espacios de diálogo y acceso a la información en las jurisdicciones sanitarias para entender y
tomar medidas que solucionen los problemas que se presentan regionalmente. Las y los ciudadanos
deben tener las condiciones para exigir sus derechos.
Rendición de cuentas
• Que las autoridades federales y estatales definan mecanismos de rendición de cuentas sobre la atención
integral de la salud y los factores determinantes de la salud, para orientar el sistema y las políticas de
salud a las necesidades de la población, accesible para todos y sin discriminación ni exclusión de
ninguna índole.
• Sobre el uso de los recursos destinados a salud y se diseñen mecanismos específicos para la máxima
eficiencia en el gasto.
• Que las autoridades federales y estatales establezcan acciones de seguimiento de las medidas aquí
propuestas.
Organizaciones convocantes
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Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud (ACASAC)
Balance
Comité de usuarios con VIH/Sida de los Servicios de Salud del Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias, (USINER)
Comité Promotor por una Maternidad Sin Riesgos
Comunicación e Información de la Mujer, (CIMAC)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
IPAS-México
Kinal Antzetik D.F.
Noche Zihuame Zan Ze Tajome (Todas las mujeres como una sola)
Salud Integral para la Mujer, (SIPAM)
Salud y Desarrollo Comunitario, (SADEC)
Sonora Ciudadana