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Unidad 3
“LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII Y EL REFORMISMO
BORBÓNICO”
Fechas: 1700, 1707-1716 y 1713.
Personajes: Felipe V, Carlos III, Godoy, Jovellanos.
Términos: Antiguo Régimen, Decretos de Nueva Planta, Desamortización, Ilustración y
Mayorazgo.
Cuestiones (asociadas a los textos 1 y 2):
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Centralización y reformas administrativas en el siglo XVIII. España y América.
Política exterior de los Borbones.
La provincia de Extremadura en el Antiguo Régimen: Aspectos políticos y
administrativos.
Características demográficas y sociales del siglo XVIII
El reformismo económico de los Borbones.
Extremadura en el siglo XVIII. Aspectos económicos, demográficos y sociales.
El siglo XVIII ofrece la singularidad de constituir la zona de transición entre el Antiguo
Régimen y el inicio de las revoluciones que impusieron una nueva organización social, económica y
política, conocida como liberalismo burgués. Es éste, por tanto, un siglo en el que convivieron lo
viejo y lo nuevo, iniciándose una serie de reformas que pretendían mejorar la anquilosada sociedad
tradicional.
La llegada de los Borbones al trono español significó la implantación del absolutismo. Con
Carlos III, los ilustrados encontraron a un convencido defensor de la necesidad de reformas, eso sí,
sin poner nunca en duda el poder y autoridad reales. La experiencia de dicha colaboración dio lugar a
lo que conocemos como reformismo borbónico. Finalmente los hechos internacionales (Revolución
Francesa e Imperio napoleónico) alterarán profundamente el reinado de Carlos IV, iniciándose la
crisis del Antiguo Régimen.
1.- UNA NUEVA DINASTÍA: LOS BORBONES
La dinastía borbónica implantará en España el absolutismo, la última fórmula del poder
político del Antiguo Régimen. Apareció en Francia en el siglo XVII, como resultado de la evolución
de la monarquía autoritaria de los siglos XV-XVII, que en España encarnaron los Austrias. La llegada
al trono español de la dinastía francesa de los Borbones significó la implantación de dicha fórmula
política en nuestro país.
1.1. La Guerra de Sucesión y sus consecuencias: Paz de Utrecht
En 1700, el último monarca de la casa de Austria, Carlos II, murió sin descendencia directa.
Los candidatos a ocupar el trono, por sus vínculos familiares, eran fundamentalmente Felipe
d’Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de la princesa española María Teresa de Austria, y el
archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del emperador de Austria. El testamento del rey Carlos II
designaba como su sucesor al candidato Borbón, que fue proclamado rey en 1701, bajo el título de
Felipe V.
Su acceso al trono español fortalecía el poder de los Borbones en Europa y, rápidamente,
Gran Bretaña, Holanda y Portugal declararon su apoyo al candidato austríaco y entraron en guerra
contra Francia y España. De manera que la sucesión al trono español pasó de ser un conflicto
interno a un grave problema de política internacional.
En España la cuestión sucesoria también había dividido a los territorios peninsulares. Castilla
se mostró fiel a Felipe, a excepción de parte de la gran nobleza, temerosa de perder poder e
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influencia ante el absolutismo borbónico. En cambio, en la Corona de Aragón, especialmente en
Valencia y Cataluña, no sólo las clases populares, sino también las instituciones respaldaron al
candidato austríaco. Diversos eran los motivos de este apoyo: el mal recuerdo dejado por las tropas
francesas en Cataluña durante el levantamiento de 1640 y el temor de las instituciones a perder su
poder ante las tendencias centralizadoras y uniformizadoras de la nueva monarquía. El hecho es que
el enfrentamiento entre los dos candidatos al trono derivó en una guerra civil, que se desarrolló
durante casi una década.
Los ejércitos de Felipe V controlaron la mayoría del territorio y, a excepción de algunas
contraofensivas austríacas, sólo una parte de Cataluña resistió a la ocupación después de 1707. En
cambio, en el plano internacional, las fuerzas estuvieron bastante equilibradas y los Borbones eran
incapaces de derrotar a las fuerzas aliadas que apoyaban a Carlos de Habsburgo. Pero, en 1711, un
hecho cambió el curso de los acontecimientos: a la muerte del emperador de Austria, José I, el título
imperial recayó en el archiduque Carlos.
Ahora el peligro para el equilibrio europeo lo constituía un Habsburgo en el trono de ambos
reinos. Los ingleses y los holandeses manifestaron su interés en acabar la guerra y reconocer a Felipe
V como monarca español. En el Tratado de Utrecht (1713), se firmó la paz a cambio de importantes
concesiones a Austria, que se quedó con el Milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña, y a Gran
Bretaña, que recibió Gibraltar y Menorca como compensación, junto a privilegios comerciales con
la América española
Firmada la paz, sólo Barcelona y algunas otras ciudades de Cataluña se oponían a la
ocupación borbónica. Las Cortes, reunidas en Barcelona, decidieron resistir y se inició un sitio de
catorce meses a la ciudad. El 11 de septiembre de 1714, las tropas de Felipe V tomaron Barcelona, y
en 1715 ocuparon Mallorca
1.2. Centralización y reformas administrativas en el siglo XVIII
En la fórmula política del absolutismo, el monarca absoluto constituía la encarnación
misma del Estado: de él era el territorio y de él emanaban las instituciones. Su poder resultaba
prácticamente ilimitado, era fuente de ley, autoridad máxima de gobierno y cabeza de la justicia.
Instalados a principios del siglo XVIII en el trono español, los Borbones impusieron, con las
lógicas diferencias, el modelo de absolutismo monárquico implantado en Francia en el siglo XVII
con Luis XIV. Con esta nueva concepción, asumieron la tarea de unificar y reorganizar, a su criterio,
los diferentes reinos peninsulares. Ello significó la pérdida de la soberanía, esencialmente, de los
territorios de la Corona de Aragón, que pasó a ser integrada en un modelo uniformizador y centralista.
Felipe V, mediante los Decretos llamados de Nueva Planta (Valencia y Aragón, 17071;
Mallorca, 1715, y Cataluña 1716) impuso la organización político-administrativa de Castilla a los
territorios de la antigua Corona de Aragón. Así, con la excepción de Navarra y el País Vasco que
mantuvieron sus fueros por haber permanecido fieles a Felipe V, todo el territorio constituyó una
única estructura de carácter uniforme. Es cierto que los decretos de Nueva Planta respondieron en
parte a motivos de represalia por la oposición que presentaron los reinos de la Corona de Aragón.
Pero lo más probable es que se hubieran aprobado de todas formas.
En la administración central, la Nueva Planta abolió las Cortes de los diferentes reinos de la
Corona de Aragón, integrándolas en las de Castilla, que de hecho se convirtieron en las Cortes de
España. Consideradas incompatibles con la autoridad del monarca, las Cortes sólo se reunían a
petición del rey y para jurar al heredero. El Consejo de Aragón fue abolido y el Consejo de Castilla
se constituyó como el órgano esencial de gobierno del país, que ejercía funciones consultivas, tenía
facultades legislativas y judiciales y actuaba como Tribunal Supremo de justicia. Ahora bien, por
encima del Consejo de Castilla y de las propias Cortes se situaba el poder del monarca, que intervenía
y decidía en todos los asuntos del Estado. Su labor era auxiliada por las Secretarías, sustitutas de los
1 Texto 1 de la Selectividad
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antiguos Consejos, parecidas a los actuales ministerios. Los secretarios eran nombrados y destituidos
por el rey.
Los Borbones intentaron, asimismo, organizar de forma uniforme para todo el territorio la
administración territorial y para ello se eliminó los antiguos virreinatos (con excepción de los de
tierras americanas) y crearon demarcaciones provinciales. Al frente de cada una nombraron a un
capitán general con atribuciones principalmente militares y que ejercía como gobernador, mientras
que la justicia recaía en las Audiencias, que también fueron reformadas. También se suprimieron las
fronteras que separaban los reinos entre sí y se impuso el castellano como lengua oficial.
La Nueva Planta incidió también en la administración local al suprimir las autonomías
municipales; se extendió a todo el territorio la figura del corregidor, representante de la autoridad
real para el control de las principales ciudades y los regidores. Desaparecieron el Consell de Cent de
Barcelona, el Consell de Mallorca y los consejos municipales de Valencia y Zaragoza.
La mayoría de las reformas consistieron en extender instituciones castellanas al resto del
Estado, pero los Borbones implantaron una nueva figura, de inspiración francesa: los intendentes.
Estos funcionarios dependían directamente del rey, gozaban de amplios poderes, y tenían como
misión la recaudación de impuestos y la dinamización económica del país: controlar a las autoridades
locales, cuidar de las Reales Fábricas, impulsar el desarrollo de la agricultura y la ganadería, las obras
públicas, la justicia y el orden público.
Otro aspecto en el que el gobierno borbónico insistió especialmente fue la reivindicación de
la autoridad de la Corona sobre la Iglesia española (Regalismo), que se manifestaba en el derecho del
rey a elegir a los prelados, a cobrar las rentas de las sedes obispales vacantes, a limitar la jurisdicción
de la Iglesia en determinados temas y en disminuir la presencia de las órdenes religiosas.
En cuanto a administración de la América española, tras la pérdida del control del
comercio con América en el siglo XVII, los Borbones racionalizaron la administración
de América, fomentaron un desarrollo económico diversificado, más allá que la
explotación de metales preciosos y respetaron parte de administración de los Austrias
(virreinatos, audiencias, corregimientos) aunque la perfeccionaron. Así, aumentaron de dos a
cuatro el número de virreinatos (Nueva España, Perú, Nueva Granada y El Río de la Plata). Sin
embargo, eliminaron el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. A partir de 1764 se
extendieron las intendencias a América.
La reforma administrativa de América permitía un control más estrecho de este
territorio. Esto encaja con el desarrollo de la economía colonial, especialmente en lo que se
refiere a la agricultura. Ciertos cultivos coloniales se fomentaron al tiempo que se concedían las
Compañías Privilegiadas (por ejemplo, el cacao de Venezuela). América no sólo proveyó a
España de materias primas baratas, sino que fue un importante mercado para el hierro y textiles
españoles (a pesar del creciente contrabando británico). La liberalización del comercio con
América también favoreció estas actividades.
1.3. La evolución política: los primeros Borbones: Felipe V y Fernando VI.
El reinado de Felipe V estuvo marcado por su carácter enfermizo e inestable, estando
dominado desde el principio por quienes le rodeaban. Durante la Guerra de Sucesión, fueron los
administradores franceses los que llevaron la política, apartando a la aristocracia española. En su
lugar promocionaron a burócratas profesionales.En 1714, tras la muerte de su primera esposa, se
acordó el matrimonio con Isabel de Farnesio, de fuerte carácter y quien impulsaría un giro radical.
Subordinó los intereses españoles a una política encaminada a recuperar los dominios en Italia. Con
Isabel llegaron los consejeros italianos, el principal de los cuales fue el cardenal Alberoni.
En enero de 1724 comenzó el brevísimo reinado de Luis I, cuando Felipe V, tras una
profunda depresión abdicó y entregó la corona a su primogénito. Pero la muerte temprana de Luis
provocó el regreso al trono de Felipe. Poco después se convirtió en el principal secretario José
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Patiño, quien con colaboradores eficaces impulsó un programa de rearme que permitiría la conquista
de territorios en Italia.
En 1746 comienza el reinado de Fernando VI, protagonizado por la figura del Marqués de
la Ensenada, quien acumuló en su persona casi todas las secretarías. Su programa político se
encaminaba a reforzar el estado absoluto, pero con una política más avanzada. Había que conseguir
el crecimiento económico que permitiera modernizar el país y potenciar y proteger el imperio
colonial, reforzando la Armada. Entre sus proyectos también destacó la reforma fiscal. Esta reforma
pretendía sustituir el complicado sistema impositivo por una única contribución: el catastro, que
incluiría a los estamentos privilegiados. Pero la oposición de éstos últimos llevaría a abandonar el
proyecto. No obstante se consiguió aumentos los ingresos y se liberalizo el comercio colonial y el de
granos en el interior. El balance final del reinado era positivo: la situación interna era más prospera
y el potencial militar de España en el exterior se había incrementado.
2. LA POLÍTICA EXTERIOR
El reinado de los Borbones se inició con una importante pérdida de poder e influencia de la
Corona española en el contexto internacional. Tras el final de la Guerra de Sucesión, el Tratado de
Utrecht (1713) permitió a Felipe V salvar el trono, pero a cambio de ceder todas las posesiones en
Europa. La pérdida de peso en el conjunto europeo libró, sin embargo, a la monarquía de la pesada
carga militar y financiera que había supuesto en los siglos XVI y XVII el mantenimiento de las
posesiones europeas. Los Borbones pudieron volver sus ojos al interior del país y concentrar sus
energías en mejorar la situación de España. Los principales objetivos de la política exterior se
concentraron en la recuperación de Gibraltar y Menorca y en la defensa del imperio colonial. En
ambos objetivos, el enemigo era Inglaterra, y la aliada natural, Francia, unida además por lazos
familiares.
Aunque fue un siglo de relativa paz y estabilidad, no faltaron acontecimientos bélicos en los
que España se vio implicada. Los principales enfrentamientos se produjeron por defender los
intereses españoles en Italia, debido al empeño de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe
V, quien buscaba garantizar territorios como Nápoles, Parma y Módena para sus hijos. Inicialmente,
la política belicista liderada por Alberoni se saldó con derrotas que obligaron a su sustitución y a la
búsqueda de aliados en el panorama internacional. Esencialmente, los intereses españoles en Italia
conllevaban el enfrentamiento con Austria. En busca de aliados, Felipe V firmó una serie de pactos
con Francia (Pactos de Familia) que ligaron a lo largo del siglo XVIII los intereses de ambas
monarquías. En 1733 se firmó el primer pacto durante la guerra de sucesión al trono de Polonia. Este
conflicto permitió a España ocupar Nápoles y Sicilia, entregados al príncipe Carlos. En 1743 se firma
el segundo pacto con Francia que lleva a España a combatir en la guerra de sucesión austríaca; la paz
firmada en Aquisgrán concedió los ducados de Parma y Piacenza.
La llegada al trono de Fernando VI, inauguró una época de neutralidad en la política
exterior española. Sus esfuerzos se dirigieron a la reestructuración del ejército, a la reconstrucción de
la flota y a mejorar la administración de las colonias americanas. En esta empresa, el monarca contó
con eficaces colaboradores como el marqués de la Ensenada.
La rivalidad atlántica con Inglaterra presidió la política exterior durante el reinado de Carlos
III (1759-1788). Se puso fin a la neutralidad anterior y se firmó el Tercer Pacto de Familia que
arrastra a España a participar en nuevas guerras. Así, España intervino en la Guerra de los Siete Años
junto a Francia. La derrota supuso la entrega a Inglaterra de Florida y zonas de México, mientras la
Luisiana francesa pasaba a España. Más tarde, cuando estalla la guerra de Independencia de Estados
Unidos, España y Francia apoyan a los colonos americanos. Por el tratado de Versalles (1783)
España recuperó Florida, los territorios de México y Menorca pero no se logró Gibraltar.
En conjunto, la política exterior española antes de 1790 tuvo resultados dudosos. Durante
muchos años se centró en Italia, que nada tenía que ver con los interese españoles. Después los Pactos
de Familia permitieron un papel activo pero arrastró al país a conflictos de los que no se sacó un gran
provecho. Pese a todo, el objetivo esencial, el mantenimiento del imperio español, pudo alcanzarse.
Sin embargo, el endeudamiento de la última guerra influirá decisivamente en las décadas siguientes.
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El panorama se transformará durante el reinado de Carlos IV. Las tensiones internacionales
marcadas por los sucesos revolucionarios de Francia involucrarán a España en una serie de
conflictos que arruinarán el esfuerzo de reinados precedentes. Esta etapa estará marcada al principio
por las luchas contra la Francia revolucionaria (1793-95), para después iniciarse una alianza
francoespañola frente a Inglaterra (Tratados de San Ildefonso), que llevará a enfrentamientos con
Inglaterra y Portugal (“Guerra de las Naranjas”) que culminarán con la derrota de Trafalgar
(1805). No obstante la alianza con la Francia napoleónica se mantendría hasta el inicio de la Guerra
de Independencia en 1808.
3.-SOCIEDAD Y ECONOMÍA: LA PERVIVENCIA DEL ANTIGUO RÉGIMEN
La España del siglo XVIII se caracteriza, como el conjunto de Europa, por la pervivencia de
un sistema económico y social que los historiadores han llamado Antiguo Régimen, término acuñado
tras la Revolución Francesa de 1789.
3.1. Características demográficas y sociales del siglo XVIII
El siglo XVIII es un período de crecimiento demográfico (de 7 a 11 millones). Ahora bien,
no fue un crecimiento uniforme, más alto en la periferia que en el interior. El país mantuvo la
estructura de población propia del ciclo demográfico antiguo: altas tasas de natalidad y mortalidad.
Se produjo una disminución parcial de las mortandades catastróficas, gracias a la desaparición de la
peste, la ausencia de guerras internas y la adopción de algunas medidas sanitarias. Sólo en la última
década comenzaría anotarse un estancamiento demográfico. Las guerras contras Francia e Inglaterra y
la subida de precios con sus consiguientes hambrunas, detendrían el incremento poblacional.
La sociedad del XVIII permanecía en sus líneas esenciales como la de siglos pasados. Seguía
dividida en tres órdenes o estamentos, marcados por la desigualdad jurídica y el inmovilismo. Sus
privilegios económicos, jurídicos, políticos y sociales permanecen intactos.
Sin embargo empiezan a percibirse ciertas transformaciones. En líneas generales, los
Borbones desarrollaron una política social encaminada a la conversión de la nobleza en instrumento
al servicio del Estado, a la protección de la reducida burguesía y, en la medida de lo posible, de los
labradores, así como a la rehabilitación del artesanado (reacción contra la ”deshonra legal” del
trabajo).
La nobleza y el clero, estamentos privilegiados, mantenían como fuente de poder sus vastas
extensiones territoriales (dos tercios del total de la propiedad de la tierra). Para no alterar esa
situación, durante el siglo se mantiene la institución del mayorazgo y la amortización de la
propiedad, son los “bienes de manos muertas”. El poder económico de la aristocracia y su papel
político seguían siendo considerables. No obstante, existían diferencias notables en su seno, que no
afectaban a la condición jurídica del individuo, pero sí eran distintas sus condiciones de vida, aunque
comienza a reducir su número (en apenas medio siglo pasa del 7’2% al 3’8%). Este descenso afecto
sobre todo a los simples hidalgos.
A finales de siglo la población eclesiástica representaba el 1’6% pero su importancia era
mucho mayor: Sus riquezas eran cuantiosas, especialmente en propiedades agrarias. También es
preciso distinguir entre el alto clero, de origen nobiliar y al frente de los principales cargos, del bajo
clero, monjes y curas de extracción humilde y de condiciones de vida más precarias.
En cuanto al estado llano, constituía el 90% de los habitantes. La población rural era el
núcleo más importante, pudiendo distinguir entre labradores, arrendatarios y jornaleros. Siendo más
importante la presencia de éstos últimos en el sur peninsular, donde estaban sujetos a unas durísimas
condiciones de vida. El endeudamiento, muy frecuente, podía llevar a labradores y arrendatarios a
engrosar las filas de los jornaleros. La población urbana la formaban funcionarios, rentistas,
comerciantes, artesanos, servicios doméstico y un número de difícil cuantificación de gentes sin
oficio. De este sector urbano comenzará a conformarse una incipiente clase media (burócratas,
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militares, industriales y comerciantes y algunas profesiones liberales) de lo que será la futura sociedad
de clases, por lo menos, en algunas ciudades como Barcelona, Cádiz y Valencia.
3.2. La situación económica en el siglo XVIII
La economía de este siglo siguió marcada por el atraso técnico. En la agricultura española,
casi toda la tierra se destinaba a secano (cereales, vid y olivo), con aperos y técnicas rudimentarios y
de autoconsumo ante la escasez de excedentes. En estas circunstancias eran frecuentes las crisis de
subsistencias. Como en toda sociedad agraria, la posesión de la tierra otorgaba rentas y poder, y por
ello los grupos que disfrutaban de ella velaban para que permaneciese en sus manos. Así, en la
estructura de la propiedad agraria la mayor parte de la tierra en la España del XVIII estaba
amortizada, no se podía comprar ni vender: era lo que se llamaba de “manos muertas”. Así sucedía
con las propiedades de la Iglesia, de los Ayuntamientos o de los nobles. La institución del mayorazgo
ejemplifica muy bien ese espíritu. En resumen, cerca del 80% de la tierra cultivable estaba fuera
del mercado, y la mayoría de la población no podía acceder a la propiedad. Ello impedía la
movilidad económica, dado que la principal fuente de riqueza, la tierra, estaba inmovilizada en unas
pocas manos.
El resto de los sectores económicos eran, en el Antiguo Régimen, dependientes y subsidiarios
del mundo agrario. La industria tradicional, talleres artesanos, continuaba organizada de forma
gremial, con un estricto control sobre la producción y la creación de nuevos talleres. Respecto al
comercio, el mercado interior era débil y escaso, limitado en su mayoría a los intercambios de tipo
local o comarcal. Mucho más importante era el comercio exterior con las colonias, mejorado bajo la
administración de los Borbones.
4. EL REFORMISMO BORBÓNICO
4.1. El Despotismo Ilustrado: Carlos III
Carlos III accedió al trono español al morir su hermano Fernando VI sin descendencia
directa. Su reinado (1759-1788) constituyó la etapa más interesante del siglo XVIII español. Carlos
III ya había reinado en Nápoles desde 1739 y había entrado en contacto con las ideas ilustradas.
Como otros monarcas absolutos europeos, se mostró partidario de seguir algunas de las ideas de
progreso y racionalización, siempre que no atentaran contra el poder de la monarquía absoluta. Esta
experiencia será conocida como Despotismo Ilustrado. Partía del concepto de Estado absoluto y de
la soberanía real exclusiva, pero hacia hincapié en el papel del gobernante como benefactor de su
pueblo y como impulsor de las reformas necesarias para el progreso.
La Ilustración tuvo su origen esencialmente en Francia, pero se expandió rápidamente por
toda Europa. Pero la introducción y difusión de las nuevas ideas ilustradas en España fue lenta y
difícil. A partir de 1750-1760, encontramos una generación de pensadores españoles que en sus
escritos reflejan las preocupaciones ilustradas y empiezan a criticar el modelo social imperante en la
España del XVIII. Son Feijóo, Campomanes, Jovellanos, Aranda, Floridablanca, Olavide, etc.
Aislados entre la indiferencia de la aristocracia y del clero y la ignorancia de las clases populares, los
ilustrados españoles hicieron de la educación el objetivo prioritario, convencidos de que sólo la
mejora del nivel cultural podría sacar al país de su atraso y defendieron la necesidad de imponer una
enseñanza útil y práctica, obligatoria para todos en los primeros niveles, común a los dos sexos e
impregnada de los nuevos conocimientos y relacionada con el extranjero. Entre las iniciativas más
importantes para el futuro hay que mencionar la fundación de instituciones de carácter científico y
de las Academias, como las de la Lengua o la de la Historia. Las expediciones científicas también
fueron impulsadas por el patronazgo real. No obstante, las letras y las artes se mantuvieron en el
contexto de una cultura de élites.
Carlos III se enfrentó, al inicio de su reinado, con una fuerte oposición de los grupos
privilegiados a su programa de reformas. De entre estas revueltas destaca el motín de Esquilache
(1766), una revuelta compleja en la que se unieron el malestar de la población por la carestía y el
precio de los alimentos (fruto de una mala cosecha y de la paralela liberalización del comercio del
trigo), la oposición al excesivo poder de los altos cargos extranjeros (Esquilache...) y la resistencia de
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los privilegiados que veían menguados, con las reformas, su poder e influencia. Todo ello confluyó en
una revuelta popular en Madrid contra las medidas de saneamiento y orden público tomadas por el
ministro Esquilache: limpieza urbana, alumbrado, prohibición de juegos de azar y uso de armas, así
como de utilizar sombreros chambergos y capas largas.
Ante la extensión de la revuelta, Carlos III destituyó a Esquilache, frenó algunas de las
reformas y bajó el precio de los productos de primera necesidad. Los motines cesaron rápidamente y
al cabo de un tiempo Carlos III continuó, ahora con ministros españoles, su programa de
reformas, que pretendía la puesta en práctica de una serie de medidas legales cuyo objetivo era abolir
algunos de los privilegios propios de la sociedad del Antiguo Régimen.
Pero fue en el terreno religioso donde mayor énfasis puso el monarca, decididamente
regalista, es decir, defensor de la autoridad y las prerrogativas del rey frente a la Iglesia. Carlos III
reclamó el derecho a nombrar los cargos eclesiásticos, a controlar la Inquisición y combatió
tenazmente el intento de la Iglesia de constituir un poder dentro del Estado. En ese contexto hay que
entender la expulsión de los jesuitas en 1766, una orden de enorme poder, de directa obediencia al
papado y probable instigadora de los motines contra Esquilache.
4.2. El reformismo económico
Junto con la educación, la otra preocupación básica de los ilustrados españoles fue la cuestión
económica, constituyéndose en uno de los campos de mayor dedicación de los gobiernos de Carlos
III. Convencidos de la necesidad de acabar con las trabas que inmovilizaban la propiedad, que
entorpecían la libre circulación y amordazaban los mercados. Sus actuaciones más destacadas fueron:
a) El Reformismo agrario, el cual se enmarca dentro del desarrollo de la fisiocracia (la tierra es la
principal fuente de riqueza nacional), pasando la agricultura a centrar las preocupaciones de los
ilustrados. Esta circunstancia se plasmaría en decisiones como limitar los privilegios de la Mesta
(se permitió a los agricultores el cierre de sus propiedades), apoyar la propuesta de Olavide de
colonización de nuevas tierras (Sierra Morena), potenciar el regadío con la mejora de la acequia real
del Júcar y la construcción del Canal de Castilla y el Canal Imperial de Aragón e impulsar los
proyectos de reforma agraria para aumentar el número de propietarios y arrendatarios.
Gobierno e ilustrados, especialmente las Sociedades Económicas, estaban de acuerdo en
considerar la agricultura como el mayor problema de la economía española. Veían las trabas que
impedían disponer de la propiedad (amortización, manos muertas, señoríos) como un obstáculo cuya
eliminación era indispensable. En consecuencia, criticaron sistemáticamente el régimen señorial, las
formas de propiedad de la Iglesia, los mayorazgos o la propiedad comunal. Jovellanos fue el
encargado de informar sobre el Expediente de Ley Agraria2 formado por orden del Consejo de
Castilla. El Expediente recoge una certera visión de los problemas de la agricultura española del
XVIII y una propuesta de soluciones, pero que apenas se pusieron en práctica. El peso de la nobleza y
de la Iglesia hizo imposible la reforma y, además, el propio Carlos III no estaba tampoco dispuesto a
recortar los privilegios. En resumen, el panorama de cultivos no sufre cambios y si aumentó la
producción fue por la ampliación de la superficie trabajada, ya que se mantuvieron unos sistemas
agrícolas arcaicos y se dejan extensas zonas en barbecho.
b) Fomento de la actividad comercial, tanto en el interior de España con la mejora de las
infraestructuras de transporte y la libre circulación de mercancías (Ley de Libre Circulación de
Granos, 1765), como en el comercio colonial al establecer la liberalización del comercio
americano con el fin del monopolio del puerto de Cádiz, la libertad de todos los puertos para
comerciar con América, decretado en 1778). También la Corona patrocinó la fundación de
Compañías comerciales.
c) Apoyo a la actividad industrial, liberalizando gradualmente el proceso de fabricación en contra
de los gremios o abandonando la gestión directa de las Reales Fábricas (manufacturas
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Texto 2 de la selección de las pruebas de acceso a la universidad.
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subvencionadas por el Estado). Al mismo tiempo, se establecieron aranceles (arancel de 1782) y se
firmaron tratados comerciales para defender la industria nacional de la competencia exterior.
d) La preocupación por los problemas económicos se evidenció en los intentos de reorganización de
la Hacienda durante el reinado de Felipe V, con la creación del catastro, pero las fuertes
reticencias de los privilegiados impidieron una aplicación práctica y total. Más tarde Estabilización
de la política impositiva con el objetivo de fomentar la producción asociada a la estabilidad del gasto
público. En relación con las preocupaciones hacendísticas se encuentra la creación del Banco
Nacional de San Carlos.
En estos esfuerzos destacarán las Sociedades Económicas de Amigos del País en muchas
provincias, con el objeto de estudiar y determinar la situación de cada una de ellas, fomentar la
agricultura, el comercio y la industria, traducir publicar libros extranjeros e impulsar la difusión de las
ideas fisiócratas y liberales.
A manera de balance podemos considerar que el Despotismo Ilustrado, representado en
España por Carlos III, presenta en su conjunto un balance positivo. Se limitó el nepotismo y la
corrupción en la Administración, se impulsaron reformas de tipo económico, se apoyaron proyectos
para el progreso de la instrucción pública, para el saneamiento de las ciudades o para la mejora de la
red de carreteras. También se defendieron las prerrogativas del Estado frente a la Iglesia y se animó a
los súbditos a desarrollar las actividades comerciales, agrícolas o industriales, rompiendo con el viejo
prejuicio de que era deshonroso su ejercicio.
Ahora bien, los intentos de reforma agraria implicaban trastocar profundamente el poder de
los privilegiados, y por ello apenas pasaron de la fase de estudio. Enfrentarse decididamente con la
nobleza significaba, en el fondo, destruir la base de desigualdad civil sobre la que se asentaba la
propia monarquía absoluta. Reformar tenía como límite el poder del monarca y mantener el
esqueleto del orden del Antiguo Régimen. Cuando los vientos de la Revolución Francesa
anunciaron el fin del viejo orden, el nuevo monarca Carlos IV y gran parte de sus colaboradores
fueron los primeros en mirar con espanto los efectos que las ideas ilustradas habían provocado en la
vecina Francia.
5. EL INICIO DE LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL REINADO DE
CARLOS IV
5.1. El impacto de la Revolución Francesa
Al contrario que su padre, Carlos IV era un hombre débil, políticamente inepto y dominado
por su esposa, María Luisa. Se desentendió del gobierno, que mantuvo inicialmente en manos del
conde de Floridablanca.
En mayo de 1789 decidió convocar Cortes generales para que jurasen a su heredero, el futuro
rey Fernando. Tras la jura, las Cortes derogaron la Ley Sálica fijada por Felipe V y aprobaron el
restablecimiento de la herencia dinástica fijada por las Partidas, que facilitaba la sucesión femenina al
trono.
En esos instantes se estaba produciendo la Revolución Francesa, que provocaría en España
una reacción política conservadora. Dio lugar a la disolución precipitada de las Cortes, ante el temor
de que se repitiera lo ocurrido en Francia. Sucesivos decretos y órdenes prohibieron la entrada de
propaganda y establecieron una rígida censura para evitar que las ideas revolucionarias se difundieran
(“un cordón sanitario”).
Conforme la revolución se radicalizaba, la tensión con Francia fue aumentando y el fin de la
monarquía francesa y el posterior procesamiento de Luís XVI provocaron la caída de Aranda
(partidario de la neutralidad) y la llegada al poder de Manuel Godoy.
5.2. El valimiento de Godoy y las guerras con Francia e Inglaterra
Godoy, guardia de corps, debía su ascenso al apoyo de los reyes, y especialmente de María
Luisa de Parma, con quien mantenía relaciones íntimas. Pese a que se granjeó la animadversión de
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todos los sectores del país, por el escándalo y las envidias que suscitaba su situación en la Corte, pero
también por los fracasos de su política, Godoy demostró tener cierto talento político y una capacidad
de trabajo considerable.
Tras fracasar en el intento desesperado de salvar la vida de Luis XVI, ejecutado en enero de
1793, en marzo estalló la Guerra de los Pirineos contra la República francesa. El conflicto fue un
desastre militar, con ocupación francesa de plazas españolas en el Pirineo y en América. La guerra,
que terminó en julio de 1795 con la paz de Basilea, tuvo graves consecuencias: entrega de Santo
Domingo y una serie de acuerdos secretos de comercio favorables a Francia.
En agosto de 1796 se renovaron los acuerdos con Francia (primer Tratado de San
Ildefonso), que llevaron a España a entrar en guerra contra Inglaterra. Los ingleses derrotaron a la
escuadra española, bloquearon los puertos y el comercio colonial se hundió. Aunque el gobierno
intentó más tarde recuperar el control del comercio atlántico, las colonias, habituadas ya a los
intercambios con los europeos y norteamericanos, hicieron caso omiso.
Mientras, el gobierno tuvo que afrontar la gravísima situación financiera de la Corona. El
hundimiento del mercado colonial y la depreciación de los vales habían dejado a la Hacienda
exhausta. Las guerras habían disparado los precios y el hambre se extendía entre la población,
aumentando el descontento.
En esa situación, el gobierno puso en marcha en enero de 1798 la primera desamortización
de bienes de la Iglesia, a la que se ligaba por vez primera el problema de la deuda. Se trataba de
expropiar y vender los bienes raíces de la Iglesia destinados a obras de beneficencia, dedicando el
importe a la amortización de deuda. Sin embargo, y aunque se obtuvo una cantidad importante, la
deuda no dejó de crecer, y las tierras fueron a parar a los grandes propietarios, por lo que sirvió sólo
para reforzar la estructura agraria existente. Además, el desmantelamiento de las instituciones de
beneficencia perjudicaba, ante todo, a las clases más desfavorecidas.
La Iglesia reaccionó con dureza contra el desprestigiado Godoy, a quien acusaba por su
política de apoyo a los ilustrados y a quien atribuía toda la responsabilidad de la desamortización. En
marzo de 1798, tras la humillante paz con los ingleses, los reyes optaron por despedir a Godoy.
Durante dos años, diferentes ministros intentaron sostener la política de paz y de
restablecimiento económico, sin demasiados resultados. En 1800, tras su llegada al poder, Napoleón
forzó la firma del segundo Tratado de San Ildefonso y la vuelta de Godoy. Un año después,
Francia y España entraron en guerra contra Portugal, el viejo aliado inglés. La guerra de las
Naranjas fue un paseo militar, que permitió a Godoy cubrirse de honores, pero que poco reportó a
España.
En 1804 estalló una nueva guerra contra Inglaterra, que se saldó con la derrota de las
armadas española y francesa en Trafalgar (octubre de 1805). El desastre supuso el fin de la potencia
naval española y la pérdida del ya precario control marítimo español sobre sus colonias americanas.
Después de Trafalgar declina definitivamente la capacidad naval del país.
Entre 1806 y 1807, Godoy intentó desmarcar al país de la alianza con Francia. Pero ya no
tenía respaldo alguno. Se le veía como el responsable de la derrota militar, del colapso del comercio
colonial y de la grave situación económica y social del país, castigado por las epidemias y las malas
cosechas. La situación era ya caótica cuando, en 1807, la decisión de Napoleón de intervenir en
Portugal precipitó la crisis definitiva.
6.-EXTREMADURA EN EL SIGLO XVIII
6.1. Aspectos políticos y administrativos:
Las reformas de los Borbones afectaron en buena medida al territorio extremeño. Lo más
destacable fue la nueva situación creada en Extremadura al ser considerada una intendencia, que
incluía las provincias de Cáceres y Badajoz. La capitalidad de la intendencia la ostentaba Badajoz y
al frente de la misma aparecerán distintos intendentes, pero el más destacable fue Pablo de Olavide.
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En este contexto reformista, desde la intendencia de Badajoz se intentó llevar a cabo
proyectos de reforma agraria para Extremadura. Se trataba de roturar nuevas tierras, ya que
grandes extensiones de posibles campos de cultivo estaban destinadas a pastos para el ganado
trashumante. La idea era crear una clase de campesinos entre los numerosos trabajadores sin tierras,
objetivo también incluido en el proyecto más amplio de colonización de la Sierra Morena andaluza.
De esta forma, los consejos municipales de las localidades extremeñas eran los encargados de realizar
estas reformas. Compuestos por los grandes propietarios de la zona, pusieron múltiples cortapisas
hasta que consiguieron detener las reformas propuestas por Olavide. El proyecto perdió toda
esperanza cuando Olavide fue encausado por la Inquisición.
Otras instituciones creadas fueron una capitanía general. La misión del capitán general era
ostentar el mando militar de las tropas de Extremadura, el gobierno y vigilancia de la provincia y la
inspección de los corregidores y alcaldes. Asimismo se creó la Real Audiencia de Extremadura,
ubicada en Cáceres. A partir de este momento la justicia extremeña dejaba de depender de Valladolid
y Granada y se hacía autónoma.
6.2. Aspectos económicos, demográficos y sociales.
Frente al importante crecimiento demográfico español de la segunda mitad del siglo XVIII,
Extremadura presentó un débil crecimiento vegetativo y su densidad de población fue una de las
más bajas del país. En la Extremadura de esta época la vida era muy difícil y sobrevivir en el campo
poco menos que milagroso, sin olvidar las frecuentes hambrunas o el agotamiento por las largas
jornadas de trabajo, etc. Las condiciones sanitarias aún dejaban mucho que desear. A todo ello, hay
que añadir el hecho de ser una región fronteriza, y el aún existente conflicto de fronteras con Portugal.
En cuanto a la economía, la extremeña era eminentemente agraria, con predominio del
sector ganadero, lo cual perjudicaba a la agricultura, ya que las grandes extensiones de tierra
dedicadas a pastos no podían ponerse en cultivo (pese a los intentos reformistas) por los intereses de
los ganaderos de la Mesta y de los concejos municipales. Como consecuencia de ello, la superficie
cultivada no aumentó e, incluso, se redujo en algunas ocasiones. El plan de repoblación de Sierra
Morena, por tanto, resultó un fracaso.
En la Extremadura del siglo XVIII el 75% de la población eran jornaleros, campesinos sin
tierras que aspiraban a tener una parcela propia pero se veían obligados a depender del trabajo de sus
brazos (braceros). El resto de la población del campo, siempre minoritaria, eran los campesinos
medios que poseían su parcela labrada por medios tradicionales y los aparceros que tenían
arrendadas tierras a los grandes propietarios. Los nobles de alta condición y la Iglesia, que
representaban un mínimo porcentaje del campo extremeño, poseían propiedades de grandes
dimensiones. Muchas estaban sin cultivar, dedicadas a dehesas de ganado, y otras las cultivaban
aparceros o arrendatarios. Además de las actividades agropecuarias, existían pequeñas
manufacturas, textiles y alfareras básicamente, que abastecían al mercado local desde las ferias,
entre las que destacaban las de Cáceres, Trujillo y Zafra.
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