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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO DE COMISIONES LEGISLATIVAS
Comisión Permanente Especial para el Control
del Ingreso y el Gasto Públicos
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 52
Jueves 12 de marzo del 2015
PRIMERA LEGISLATURA
(Del 1° de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015)
SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
(Del 1° de diciembre del 2014 al 30 de abril de 2015)
ACTA Nº 52 del 12-3-2015
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ÍNDICE
COMPARECENCIAS:
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Señora Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General
Señora Silvia Solís Mora, Subcontralora
Señor Allan Ugalde, Gerente de Contratación Administrativa
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
3
3
3
3
A- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA
3
Aprobadas.
3
B- ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO
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Han presentado unas mociones, pero las vamos a dejar para la sesión de la 1:00
p.m, a 1:15 p.m.
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C- CORRESPONDENCIA
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Ha sido entregada. Principalmente que don Carlos Segnini comunica que por
asuntos de agenda no puede acompañarnos el día de hoy.
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D- FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LA HACIENDA PÚBLICA
4
Moción de posposición N° 1-52 del diputado Vargas Varela:
Aprobada por unanimidad.
4
4
11. EXPEDIENTE Nº 19484. PARA QUE SE ABRA UNA INVESTIGACIÓN Y SE
RECIBA EN AUDIENCIA AL SEÑOR HELIO FALLAS VENEGAS, MINISTRO DE
HACIENDA Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A CARLOS SEGNINI
VILLALOBOS, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, Y A LA
SEÑORA MARTA ACOSTA ZUÑIGA, CONTRALORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA; PARA QUE SE REFIERAN A LA COMPRA DEL CENTRO
CORPORATIVO EL TOBOGÁN Y A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
GOBIERNO.
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ATENDIDA EN COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS
ACTA Nº 52 del 12-3-2015
DIPUTADOS Y DIPUTADAS PRESENTES
Gerardo Vargas Varela, Presidente
Epsy Campbell Barr, Secretaria
Ottón Solís Fallas
Antonio Álvarez Desanti
Maureen Clarke Clarke,
Otto Guevara Guth
ASESORES:
Sra. Susana Zúñiga Van Der Laat, Asesora Económica
Sr. Marcos Tenorio Amador, Asesor Jurídico
Departamento de Servicios Técnicos
Sra. Ana María Ruiz Céspedes
Contraloría General de la República
Sr. José Rafael Soto González, Director a.i.
Departamento de Análisis Presupuestario
COMPARECENCIAS:
Señora Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General
Señora Silvia Solís Mora, Subcontralora
Señor Allan Ugalde, Gerente de Contratación Administrativa
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Presidente:
Buenas tardes diputadas y diputados.
Al ser las doce horas con ocho minutos iniciamos la sesión
A- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA
En discusión y aprobación el Acta N° 51 y N° 52.
¿Suficientemente discutidas? Discutidas.
Aprobadas.
ATENDIDA EN COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS
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ACTA Nº 52 del 12-3-2015
4
B- ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO
Han presentado unas mociones, pero las vamos a dejar para la sesión de la 1:00
p.m, a 1:15 p.m.
C- CORRESPONDENCIA
Ha sido entregada. Principalmente que don Carlos Segnini comunica que por
asuntos de agenda no puede acompañarnos el día de hoy.
D- FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LA HACIENDA PÚBLICA
Vamos a leer una moción de posposición.
Secretaria:
Moción de posposición N° 1-52 del diputado Vargas Varela:
“Para que se posponga por el día de hoy jueves 12 marzo del
2015, el conocimiento de la sección D- fiscalización de la
hacienda pública desde el punto uno hasta el 10 y se entre a ver
el punto 11. Expediente N°19484”.
Presidente:
En discusión la moción.
¿Suficientemente discutida? Las diputadas y diputados que estén a favor de la
moción sírvase levantar su mano.
Aprobada por unanimidad.
Voy a dar un receso de un minuto.
Se reanuda la sesión.
Diputado Álvarez Desanti:
Gracias diputado Presidente.
ATENDIDA EN COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS
ACTA Nº 52 del 12-3-2015
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En esta discusión, dada que es una investigación sobre un tema de contratación
de un edificio que tiene relación con otros inmuebles, que se podrían desocupar a
raíz de eso, y estando un inmueble que pertenece a mi familia, y ante ello yo
prefiero no participar en esta discusión, para que no haya ninguna duda. Por
supuesto, si estuviéramos votando un presupuesto extraordinario no podría eludir
mi responsabilidad a votar. Pero siendo una investigación prefiero no participar.
Dado que no rompo el quorum, le solicito permiso para retirarme y no estar
presente en el momento en que se discuta este tema.
Presidente:
Gracias don Antonio.
Tal vez le agradecería que en la sesión de la 1:15 p.m, si ya hemos terminado con
la señora Contralora, pueda acompañarnos, porque don Ottón Solís quiere
plantearnos algunos temas hoy a la Comisión.
11. EXPEDIENTE Nº 19484. PARA QUE SE ABRA UNA INVESTIGACIÓN Y SE
RECIBA EN AUDIENCIA AL SEÑOR HELIO FALLAS VENEGAS, MINISTRO DE
HACIENDA Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A CARLOS SEGNINI
VILLALOBOS, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, Y A LA
SEÑORA MARTA ACOSTA ZUÑIGA, CONTRALORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA; PARA QUE SE REFIERAN A LA COMPRA DEL CENTRO
CORPORATIVO EL TOBOGÁN Y A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
GOBIERNO.
Doña Marta, en nombre de la Comisión bienvenida.
Es un tema que hemos conversado con don Helio, y queremos escuchar su
posición.
Tiene usted la palabra.
Señora Marta Acosta Zúñiga:
Bien. Muchas gracias y muy buenas tardes.
En primer lugar, decirles que me acompaña doña Silvia Solís, Subcontralora, y
don Allan Ugalde, Gerente de Contratación Administrativa; por aquello que haya
preguntas de mayor detalle para que ellos puedan también participar.
Hemos sido convocados por esta Comisión para referirnos a dos temas, a dos
gestiones que se han planteado ante la Contraloría General: Uno, es la compra a
la solicitud de autorización para compra directa de un edificio para el Ministerio de
Hacienda, y la solicitud de contratación directa concursada para el diseño
ATENDIDA EN COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS
ACTA Nº 52 del 12-3-2015
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estructural y construcción de un edificio para el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, el cual se enmarca dentro de un proyecto más amplio que se
denomina “Ciudad Gobierno”.
Antes de entrar a los temas en concreto, las dos gestiones, quiero explicar, aclarar
cuáles son los procedimientos de contratación que prevé la Ley de Contratación
Administrativa y sus reglamento tanto para los arrendamientos o alquileres como
para las compras de edificios.
En el caso de arrendamiento o alquileres existen dos procedimientos de
contratación, que según la ley de contratación y su reglamento se pueden aplicar:
El primero se refiere al procedimiento ordinario, sea éste una licitación pública o
abreviada, y esto depende de monto del bien a contratar.
El segundo es un procedimiento por excepción, que prevé dos formas de
realizarse: uno es la contratación directa con autorización de la Contraloría, para
lo cual se requiere que existan razones de peso o razones calificadas que
ameriten la aplicación del ese procedimiento por excepción, y no el ordinario. Y la
otra forma que se puede llevar adelante es la contratación directa sin autorización
de la Contraloría.
Para ellos la institución que solicita la autorización debe conformar un expediente,
en donde se acredite que por la propia condición del bien es único; que por la
propia condición del bien y por su naturaleza es lo que necesita la institución.
Aclaro esos dos temas, son dos procedimientos. Y el de contratación directa
tienen dos formas de realizarse.
En el caso de la compra de inmuebles hay dos procedimientos, de nuevo: el
ordinario, que es licitación pública o abreviada, o la contratación directa con
autorización de la Contraloría General de la República.
Yo quiero hacer nada más mención de eso, porque hay varias maneras de
comprar y de arrendar, entonces eso es lo que está previsto en la ley.
Habiendo dicho lo anterior, paso a abordar el tema de la solicitud de compra
directa de un edificio al Centro Corporativo El Tobogán, solicitud que presentara el
Ministerio de Hacienda a la Contraloría el pasado 16 de enero.
Antes sí quiero decir, aclarar, que para la Contraloría General es comprensible y
es entendible, y hasta compartimos, por supuesto, la preocupación existente por
los altos montos que paga el sector público por concepto de alquileres. Es un
tema que la Contraloría no pone en discusión; por lo tanto, consideramos
relevantes todos aquellos esfuerzos que se hagan para racionalizar los gastos en
materia de alquileres, siempre y cuando esto obedezca a decisiones planificadas y
apegadas al marco jurídico y técnico, midiendo a la vez la sostenibilidad financiera
de esas decisiones, de cara a una situación de deterioro que sufren nuestras
finanzas públicas.
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En concreto: El Ministerio de Hacienda pidió una autorización para un
procedimiento de contratación directa, basada en el artículo 131, inciso j), que es
una de las alternativas que plantee al inicio, del reglamento de contratación a fin
de aprobar la compra del edificio del Complejo El Tobogán, para albergar las
oficinas del casco central de San José que posee el Ministerio de Hacienda, esto
con el objetivo de eliminar el pago de alquileres.
¿Cómo lo justifica el Ministerio de Hacienda? Bueno, nos indican que hay una
directriz del Poder Ejecutivo que solicita revisar los contratos de alquiler de
edificios; que a la vez el Ministerio está realizando sus labores en siete edificios
distintos ubicados en el casco central de San José, de los cuales trece edificios
son alquilados; a la vez, nos dice el Ministerio, que el gasto en edificios que están
realizando en el casco central es de aproximadamente once millones de dólares
anuales.
El Ministerio considera que la mejor opción para solventar la situación de los
arrendamientos en contar con una edificación propia
También, dice el Ministerio, que es urgente la decisión de comprar para generar
medidas de racionalización del gasto en alquileres. El Ministerio dice que comprar
ese edificio tiene beneficios.
Es que hay un proyecto de unificación hacendaria, que es un documento
elaborado por la Dirección de Administración Financiera del Ministerio, que arroja
los requerimientos espaciales y técnicos para la infraestructura que requiere el
Ministerio de Hacienda en el casco central de San José. Este documento es el
que sirve como sustento para valorar que la opción de compra del Centro
Corporativo El Tobogán satisfaces sus necesidades.
En nuestra opinión, ese proyecto lo que incorpora o lo que arroja es la necesidad
que tiene el Ministerio de tener un edificio propio y de unificar todos los edificios
que están dispersos y las actividades que están dispersas. Pero no es un
documento que diga que esa es la opción y que la justifique.
Sí justifica el Ministerio que ese edificio, El Tobogán, es el que satisface las
necesidades de seguridad, de respaldo, de eficiencia, de operación, y
mantenimiento que requiere el Ministerio; que es un edificio que busca la
sostenibilidad y armonía con el medio ambiente; que se generará eficiencia y
ahorro en el consumo de agua y energía; que aumentará la productividad de las
operaciones y mejorará calidad de vida de los funcionarios y de los usuarios del
Ministerio de Hacienda; que se resolverá el problema de hacinamiento y que se
promoverá la unificación espacial e institucional.
Brevemente. Las características del terreno, obviamente, son mucho más las
características que están en el documento que presentaron a la Contraloría, pero
estas son las más importantes: El área total son más de 18 mil metros cuadrados;
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el área de construcción son más de 55 mil metros cuadrados, y el área para
parqueo son más de 32.000 metros cuadrados, con espacio para 1.166
estacionamientos.
Las características de la edificación es un edificio clase A, y en algunas zonas es
clase A plus. Evidentemente es un edificio que está destinado al uso de oficinas.
Posee 11 niveles; una azotea, un helipuerto interconectado por pasillos internos;
posee máximos estándares técnicos a nivel constructivo y arquitectónico; y repito,
tiene espacios para 1.166 estacionamientos.
El presupuesto y el costo, bueno al momento de presentar la gestión el Ministerio
no contaban con los recursos disponibles equivalentes al costo del edificio. En la
gestión inicial no se aporta el avalúo, pero posteriormente es presentado a la
Contraloría.
El avalúo elaborado por Tributación Directa indicó que el valor de la compra sería
por un monto de más de sesenta y ocho mil millones de colones.
Cuando la Contraloría estudia la gestión que presenta el Ministerio de Hacienda
encuentra que esta gestión es bastante omisa en algunos de los siguientes
aspectos, y por eso la Contraloría le pide que le aporte documentación o
información adicional.
Primero le dice: “bueno, indique las razones por las cuales no se puede utilizar el
procedimiento ordinario, por qué tiene que ser por una contratación directa”. Ellos
responden que se debe a la situación de arrendamientos que están por vencerse y
que es oportuno hacerlo ahora, y por la particularidad del bien. Ellos dicen que
ese es el edificio que se ajusta a las necesidades que posee en ese momento el
Ministerio de Hacienda. Se le solicita remitir un estudio técnico en el que se
acredita que el bien es el más apto; o sea, hacer un estudio de mercado, porque lo
que aportaron no era un estudio de mercado.
Lo que remite el Ministerio de Hacienda es un estudio elaborado por el
departamento de arquitectura, que en criterio de la Contraloría es omiso en
algunos aspectos. Se le pide también al Ministerio indicar si el bien que se
pretende adquirir cumple con lo dispuesto en el manual de requerimientos físicos y
estandarización de espacios, que posee el mismo Ministerio. Ellos aportan un
documento denominado “requerimientos técnicos para la compra del edificio El
Tobogán”, el cual no es concluyente respecto del punto que está pidiendo la
Contraloría que se aclare.
Se les pide también que aporten el avalúo emitido por la Dirección General de
Tributación Directa respecto del bien adquirir. Ellos lo presentan.
Luego, se les solicita, además, que aporten certificaciones literales del bien
inmueble. En caso de soportar el bien un gravamen o anotación indicar de qué se
tratan, y si afectan o no la compra del bien y la consecución del fin.
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Se aporta la certificación y un documento sobre gravámenes, pero no se precisó si
esto resulta ser una imposibilidad para la administración.
También, se le solicita al Ministerio indicar si se pretende adquirir el inmueble, o, el
inmueble con las edificaciones, o, el inmueble, edificaciones y equipamiento,
instalaciones, remodelación y suministro de mobiliario. Porque eso no era claro.
En caso de ser esta la última opción, aclarar en qué consisten e indicar las
razones por las que se considera más conveniente para la satisfacción del interés,
así como el avalúo correspondiente.
El Ministerio responde que se pretende adquirir inmueble, edificaciones y
mobiliario para satisfacer las necesidades de mobiliario de personal. Porque se
cumple con lo solicitado por el manual de requerimientos; porque se mantiene el
estándar de la certificación LEED del edificio, que ésta es una certificación de
carácter internacional que involucra estándares de desarrollo sostenible.
También se le pide indicar el monto de la contratación individualizando cada uno
de los rubros que componen el objeto. Se nos responde que son ciento veintiún
millones de dólares, que es un monto que es menor al del avalúo, y no se
individualiza en rubros, como sí se hace en el avalúo.
También se les pide información sobre el contenido presupuestario, que se indique
si se cuenta con los recursos suficientes y disponibles, o si se requiere una
autorización para el inicio sin contenido presupuestario.
Se nos indicó que no se cuentan con los recursos para el inicio, que se
incorporaría en un presupuesto extraordinario, por lo que se solicitaría a la
Contraloría una autorización para iniciar sin presupuesto.
Se le solicita aportar la oferta formal del propietario del bien inmueble, en el que se
indique el precio de venta y detalle del objeto.
Se aporta una oferta del Centro Corporativo El Tobogán, siendo que el dueño
registral es el Banco Improsa. El monto de la oferta son más de ciento veintiún
millones de dólares; los edificios más de noventa y un millones; los acabados
mobiliarios y otros es más de veintinueve millones de dólares.
También la Contraloría pide aportar declaraciones juradas del oferente sobre el
pago de impuestos nacionales: si está afectado por la causal de prohibición del
artículo e inhabilitación de la Ley de Contratación Administrativa. Se le solicita
aportar certificaciones sobre el pago de las obligaciones con la Caja Costarricense
del Seguro Social y con Fodesaf en relación con el oferente.
Se aportan estas certificaciones relacionadas con el Centro Corporativo El
Tobogán y no con el Banco Improsa.
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Se le pide también aportar comprobante de encontrase al día con el pago del
impuesto a personas jurídicas; nuevamente, se aporta lo relacionado con el Centro
Corporativo El Tobogán.
También siendo que la administración aborda la posibilidad de construir en un bien
del Estado, se le solicita que indique la razón por la cual no se está descartando
por dicha posibilidad. Esto es el tema del centro Ciudad Gobierno.
Se nos dice que el Mopt va a iniciar, y que posteriormente seguirían los otros
ministerios. Que el proyecto se encuentra en una etapa de estudio y pre diseño
que no se cuenta con un cronograma para el desarrollo de la construcción, que
esto genera incertidumbre para su desarrollo, y que la necesidad del Ministerio es
inminente.
También se nos dice que se requiere ya alquilar un edificio para la Dirección de
Tecnología de Información.
Como ustedes pueden ver, la gestión que llegó a la Contraloría era bastante
omisa, por eso fue que la Contraloría le pidió tanta información para poder realizar
de alguna manera si daba o no la autorización.
Una vez que Hacienda nos responde, la Contraloría analiza y deniega la
autorización por varias razones: Primero, porque para la autorización para dar
inicio sin contenido presupuestario se asocia únicamente a procedimientos
concursales, no para un oferente único. En el caso particular se pretendía llevar a
cabo una contratación con un oferente determinado. La contratación con una
persona jurídica determinada lo que suspende es la formalización del negocio, no
la tramitación de un procedimiento.
En relación con el estudio de mercado para la selección del inmueble por adquirir,
se determinó que el estudio que se realizó se trataba de información de edificios
para alquilar y otros para vender, lo cual no acredita un estudio de mercado que
tuviera como único propósito la compra de un inmueble.
El estudio de mercado debe girar únicamente sobre los bienes disponibles para la
venta. El estudio debe realizarse sobre inmuebles que representen opciones
viables de adquisición con un área similar a la que requiere y necesita la
administración.
No se acreditó que hubiera mediado alguna publicación con el fin de despertar el
interés de aquellos propietarios interesados en vender algún edificio con las
dimensiones que requiere el Ministerio.
El edificio que se pretendía adquirir, no formaba parte del estudio de mercado para
alquiler de edificios para el Ministerio de Hacienda. La Administración, determinó
que la edificación de cuarenta y siete mil ochocientos treinta metros cuadrados, sin
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embargo, en el estudio se contemplaron edificaciones con áreas de dos mil
seiscientos treinta y cinco metros cuadrados.
Sobre el propietario del inmueble: Según la información del Registro Nacional, el
propietario es el Banco Improsa, sin embargo, la opción de compra fue suscrita
por el representante del Centro Corporativo El Tobogán, sin que en la gestión
participara el fiduciario, verdad, porque estos terrenos forman parte de un
fideicomiso.
No se aportaron certificaciones del fiduciario respecto a su situación con el pago
de obligaciones con la Caja, con Fodesaf e Impuestos Nacionales, así como las
declaraciones juradas del Régimen de Prohibiciones, según el artículo 22 bis de la
Ley de Contratación e Inhabilitación para contratar con la Administración.
Según la información registrada aportada a la fecha de la gestión se da el mes de
enero, el inmueble soportaba un gravamen o afectación y también, una anotación
sobre el tema de la Propiedad en Condominio.
Como punto cinco: La Administración pretende la compra de mobiliario, sin
acreditar las razones por las cuáles debe comprar directamente con dicha
Empresa el mobiliario.
En nuestro criterio y bajo las condiciones de deterioro de las finanzas públicas
costarricenses, es indispensable un estudio más exhaustivo sobre este tipo de
decisiones que inciden en las finanzas públicas; máxime, siendo el Ministerio de
Hacienda quien hace esta propuesta en momentos en que se registran menores
niveles de crecimiento en la recaudación.
También, dado que tenemos en la Contraloría, una gestión del Mopt relacionada
con el Proyecto Ciudad Gobierno, hay un tema que no puedo dejar de mencionar
aquí y, es que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2020, está previsto
precisamente, ese Proyecto Ciudad Gobierno, dentro del cual se prevé la
construcción de soluciones para cuatro ministerios, entre ellos el Ministerio de
Hacienda. Y estos edificios que están previstos para hacer concluidos en el año
2018. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué esta decisión de adquirir en este otro
complejo, si la Ciudad Gobierno sería diseñada y construida en las edificaciones
que actualmente ocupa el Mopt? Ustedes lo pueden ver en la columna número
cuatro, para el 2018 se previa tres edificios 100% concluidos: Hacienda, MEP y
Mideplan.
Y la gestión que está actualmente en Contraloría, que ya vamos a conversar sobre
ella, es la que dice ahí 2016, 25%. Edificio Mopt incluye obra gris, acabados y
sistemas del edificio. Esa es la gestión que tenemos nosotros actualmente en la
Contraloría y de la cual ustedes en su convocatoria me pidieron que les informara.
Entonces, ¿cómo lo está justificando el Mopt? Bueno, hay un voto de la Sala
Constitucional que, le ordena al Ministerio devolver los terrenos al Liceo de Costa
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Rica, que es donde está actualmente su edificio. También dice el Mopt que están
pagando arrendamientos por 821 millones de colones, para 359 funcionarios y 27
dependencias.
Construir un edificio tiene ventajas cómo: Una solución sostenible desde el punto
de vista ambiental, calidad, tiempo. Se estarían centralizando los servicios a los
usuarios porque se pretende que todos los Consejos del Mopt, Conavi, CTP,
Concesiones, etcétera, estén unificados en un solo edificio y que se trata de un
edificio referente desde el punto de vista tecnológico, ambiental y que es un
edificio de nueva generación.
Ellos dicen: Contraloría autoríceme esta
contratación directa concursada, porque el plazo de la licitación es de 154 días sin
contar con los recursos, ¿verdad? Entonces, ellos estiman que una contratación
directa demoraría menos.
Ustedes pueden ahí observar que el monto que les costaría el edificio son poco
más 20 mil millones. El edificio se construiría en el actual parqueo; la obra sería
supervisada por Edificaciones Nacionales. Este es un Proyecto que ya está
avalado por el Ministerio de Planificación Nacional y se encuentra en trámite de
contratación los estudios de suelos.
Y esto que está en la Contraloría, es el diseño de la primera etapa, diseño
estructural y obra gris, que estiman ellos tardarían 34 semanas. Actualmente,
tienen un contenido presupuestario ya disponible de más de 6 mil millones y los
restantes 13 mil millones los financiarían con financiamiento externo. Y estaría
acabo en el 2018.
No se ha identificado ese financiamiento externo y de dónde provendría, es una de
las preguntas que la Contraloría le estaría haciendo al Ministerio.
¿Qué solicitan ellos en concreto? Bueno, la contratación directa para diseñar y
construir el edificio en una solución de concreto prefabricado que cumple con el
Código Sísmico; hay tres oferentes que están registrados en el Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos, que son esas tres empresas: Productos de Concreto,
Esco y Eurobau S.A. Y ellos están pidiendo en concreto, que en relación con el
Régimen Recursivo, las objeciones al cartel se diriman en la proveeduría
institucional y que los recursos de apelación se diriman en la Contraloría y
además, están pidiendo una aprobación interna; es decir, el refrendo interno en el
Ministerio.
Esto lo permite la Ley y el Reglamento, estas solicitudes, eso no es nada del otro
mundo, eso ya se ha hecho anteriormente, pero eso es para que ustedes estén
informados qué es lo que están solicitando.
Nosotros tenemos esa gestión en trámite, no ha finalizado. Les preguntamos,
¿por qué están pidiendo una autorización de contratación directa? ¿Por qué no
hacer un procedimiento ordinario? Y también, estamos preguntando, ¿sobre la
existencia de contenido presupuestario para la Segunda Parte? Porque
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actualmente, lo que hay en el expediente es una nota compromiso del Ministerio
de Hacienda, pero no está el presupuesto todavía disponible.
Eso es lo que tenía de información para ustedes. Y quedo a disposición para
preguntas.
Presidente:
Muchas gracias, doña Marta.
Tiene la palabra el diputado Solís Fallas
Diputado Solís Fallas:
Gracias, doña Marta, señora Contraloría, doña Silvia Solís Subcontralora y el
Director de Contratación.
Doña Marta, el Ministerio de Hacienda solicita autorización para contratar por un
monto de 121 millones de dólares y resto; lo cual fue el monto de la oferta que
hizo la personería propietaria del inmueble. Cuando hay licitación hay una
competencia entre oferentes y bueno, de acuerdo a los términos, se opta por la
mejor, eso es lo que... ¿Cómo se hace un trato cuando es Contratación Directa?
Porque de la comparecencia del Ministerio de Hacienda, parece o no, es claro y
por esta información que usted nos da que el Ministerio de Hacienda aceptó el
precio que le cobraron. ¿Es así cómo debe tratarse cuando hay una Contratación
Directa?
Señora Marta Acosta Zúñiga:
Le voy a trasladar la consulta a don Allan Ugalde Rojas
Diputado Solís Fallas:
La pregunta específica es, ¿cómo se hace el trato? ¿Lo que cobre el oferente es
ya el precio que se acepta?
Señor Allan Ugalde Rojas:
Muchas gracias, para efectos de registro mi nombre es Allan Ugalde, soy Gerente
de Contratación Administrativa.
Efectivamente, cuando hay una condición de contratación directa que era una de
las opciones que hay ahí, hay dos criterios que serían los que estarían privando:
En primer lugar, priva el avaluó, porque el avaluó sería como el techo o el tope
máximo al cual podría aspirar la Administración, en cuanto al precio que se le está
ofreciendo. Sin embargo, si el precio que se le ofrece es menor, este es el que
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debería seguir de referencia
compra.
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la Administración, para usarlo cómo precio de
Diputado Solís Fallas:
¿Aquí el avalúo era de 124 millones de dólares y cobraron 121 millones de
dólares?
Señor Allan Ugalde Rojas:
Correcto. La duda que sí teníamos...
Diputado Solís Fallas:
¿Entonces el Ministerio de Hacienda, decidió pagar los 121 millones de dólares y
solicita autorización de ustedes por ese monto?
Señor Allan Ugalde Rojas:
Esa fue la gestión que ellos presentaron.
Diputado Solís Fallas:
¿Y eso está correcto?
Señor Allan Ugalde Rojas:
En el...
Diputado Solís Fallas:
¿O sea, usted, doña Marta y doña Silvia; en la vida normal les hacen un avalúo de
100 millones por una casa, les cobran 95 y ofrecen los 95?
Señor Allan Ugalde Rojas:
En el esquema de los procesos de contratación es variado, por ejemplo, a veces
hay procesos donde puede haber condiciones donde se puede pedir la mejora del
precio, ¿verdad?
Diputado Solís Fallas:
Pero no está prohibido pedir la mejora del precio. O sea, incurriría en una falta el
Ministerio si hubiese dicho mire: Yo tengo información, como yo la tengo –
personalmente- de que este edificio, los permisos del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos fueron por una cifra muy inferior, aunque era para obra
gris, pero aunque se le agregara todo lo demás, que ustedes están contratando
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sin licitación, como los muebles, dónde no se puede adjudicar que había oferente
único, hay muebles por todos lados y llevar obra gris acabados también, hay
oferentes por todos lados. ¿Pero hubiese incurrido en un error el Ministro de
Hacienda, si le dice a sus subalternos, mire díganle que lo más que les doy son 90
millones de dólares?
Señor Allan Ugalde Rojas:
No, como le digo la normativa sí permite hacer la posibilidad de una oferta o
mejora de precio...
Diputado Solís Fallas:
¿Ustedes cómo Contraloría, doña Marta, ya le pregunto a usted, no se preocupa
de que una institución pública –usted que se preocupa tanto por los recursos
públicos- acepta el precio que le cobran? ¿No le parece que eso es un descuido
total, dado que en su vida personal, don Helio, jamás haría eso?
Señora Marta Acosta Zúñiga:
Precisamente, cuando yo hago mi presentación, yo digo que estoy de acuerdo en
que se racionalice el tema de los alquileres y que se busquen soluciones. Pero las
decisiones tienen que ser planificadas y tienen que ser apegadas al marco jurídico
y técnico y además, tiene que verse la sostenibilidad financiera y por supuesto, por supuesto- que siendo fondos públicos, uno debería de buscar la opción más
económica, no quiero decir aquí lo más barato, dejando de lado los temas de
calidad y eso, pero uno tiene que buscar la mejor opción, siendo que la situación
de las finanzas públicas, es la que tenemos actualmente. Y yo creo..., yo no
conozco los entretelones y cómo lo negociaron, pero creo que cualquier Ministro
debe buscar la mejor opción desde el punto de vista económico.
Diputado Solís Fallas:
Pero a usted eso no la indujo a detener... ¿Esa no es una de las razones para
haber detenido usted este trato?
Si yo fuese Contralor, esta sería la primer pregunta que hago: ¿mire y ustedes que
están pagando lo que les cobraron -para yo desechar absolutamente- dado que no
hay licitación? Entonces la única..., esto es un criterio personal; sobre todo señora
Contralora, porque en tratando de subsanar los errores que ustedes apuntaron; vi
la página que publicó – por lo menos en el periódico La Nación, el Ministerio de
Hacienda y ya uno empieza a sospechar si aquí no hay un “sobornazo de primer
orden”. Y quiero decirlo así para que se defiendan los que tienen que defenderse.
Porque si usted vio la página... ¿Usted la vio, señora Contralora? La página
describe este edificio; mínimo cuarenta y ocho mil metros cuadrados, mínimo mil
parqueos y este edificio tiene 1166 y 55 mil metros cuadrados y que esté en obra
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gris, 100% en obra gris. ¿No le parece a usted, que es que ya lo tienen arreglado
de alguna manera y no se pueden salir de ahí?
Porque, ¿espero Contralora, que usted rechace eso? Hicieron una consulta
pública para que este edificio sea el único que califique en Centroamérica; en el
mundo; ni en la India hay un edificio así, con esas características.
Entonces, ¿no le preocupó a usted esa publicación como para llamar al Ministro y
decirle le advierto que yo desecho esto? ¿Esto no se puede hacer? ¿Ustedes ya
tienen decidido cuál edificio van a comprar? Aparte del hecho señor, que
aceptaron el precio de compra; el precio que le cobraron. ¿Cómo se van a
malbaratar los fondos públicos de esa manera? Y le agrego señora Contralora,
para que se refiera; a ustedes les presentaron un Plan Financiero con una tasa de
interés del 8% y un crédito a 30 años. Y sin que haya mediado un cambio en la
situación internacional financiera; una crisis mundial o un cambio en las
circunstancias. ¡De repente cambian todo. Y el plazo es de 18 años, casi en la
mitad de la tasa de interés de 4.72% casi a la mitad!
Yo estando aquí el Ministro, porque tenía todo esto en una tabla de Excel hice
números e identifique una diferencia de 141 millones de dólares en el primer trato
y el segundo trato. ¿No da esto para tomar con muy poca seriedad esta
propuesta y desecharla de raíz? O sea, estaban a punto de pedir que ustedes
aceptaran la primera. Y nosotros, la opinión pública y la Asamblea Legislativa y de
repente, el trato cambia en 141.7 millones de dólares; sin que nada hubiese
ocurrido que lo justificara. O sea, ¿cuánto de “charlatán” era la primera propuesta
o la segunda y, por qué aceptarla? Digo, a ustedes como Contraloría. Quiero que
se refieran a todos los puntos que plante, señora Contralora.
Señora Marta Acosta Zúñiga:
Sí, mire don Ottón, a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención la
publicación, porque parece hecho a la medida; o sea, coincidimos en eso. Nos
llama muchísimo la atención eso, realmente.
Ahora, nosotros no vamos a ir a decirle al Ministerio, parece eso ya; nosotros no lo
vamos a hacer. Estaríamos esperando que venga la gestión a ver cómo viene. Sí
nos ha llamado igual que usted, la atención todos los cambios en el modo de
financiamiento.
Le hemos estado dando seguimiento vía medios de
comunicación.
Sí decirles, que a nosotros nos parece una decisión bastante improvisada la que
se tomó. Cuando tenemos un Proyecto Ciudad Gobierno dentro de un Plan
Nacional de Desarrollo y que de pronto sale esta opción; bueno y ya está todo
listo. La Contraloría jamás podía aprobarlo así como llegó, porque ustedes lo
vieron, eran muchos errores de bulto. ¿No sé cómo fue que presentaron esa
gestión ante la Contraloría con tantas omisiones?
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Vamos a ver ahora, qué nos presentan. O sea, yo no puedo adelantarme a decir
que la vamos a rechazar, ni puedo llamar al Ministro y decirle que lo voy a
rechazar. O sea, veremos qué presentan.
Diputado Solís Fallas:
Gracias, señora Contralora. Me agrada que compartamos porque usted está
preocupada por los fondos públicos y yo también.
Y yo he querido también, que el Estado tenga edificios; se genera empleo,
etcétera en la construcción. Y me ilusioné con esto. Pero yo fui personalmente a
ver este edificio, al día siguiente de que salió la noticia; el sábado 14 de febrero
estaba yo ahí a las cuatro logré entrar, tengo fotos y era para apoyar la gestión del
Ministro de Hacienda.
Una pregunta adicional señora Contralora, el Ministerio de Hacienda ha enfatizado
en la justificación de este negocio, el comparar la cuota anual que van a pagar con
el trato, esos 10.7 millones de dólares, versus lo que les cuesta en alquileres. A
mí me parece, que hay dos criterios más que el Ministerio está dejando por fuera a
la hora de decidir invertir 121 y resto millones de dólares.
Uno: El valor del inmueble, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, que en este
caso al no haber licitación, puede ser muy baja la cuota en relación con los
alquileres, pero aun así, puede ser un mal negocio si el edificio es muy caro. Y
ustedes saben, usted sabe verdad, que uno puede adaptar la cuota a cualquier
diferencia, por eso esa fue la primera duda, enfatizar tanto eso, sabiendo todos los
que medio sabemos de matemáticas financieras, que usted puede adaptar una
cuota. Que aunque el Ministerio pagara en alquileres 10 colones, yo puedo
adaptar la cuota extendiendo el plazo y el costo en intereses para que la cuota sea
de 5 colones al año. Eso no es una gran noticia, lo que hay que ver, es cuánto
cuesta esto en intereses y precio original. Y es lo que hacen los vendedores de
electrodomésticos, en que llegan y le dicen a la gente, ¿cuánto puede usted pagar
mensual? Y se lo acomodan, pero se lo acomodan también, por el lado de los
intereses.
Y el Ministro de Hacienda, no el Ministro de Cultura, donde uno esperaría que no
conozcan mucho de matemática. El Ministro de Hacienda solo hablar de esa
diferencia, que a mí me entra por aquí, me entra por aquí, porque reitero, uno con
plazo puede adaptar cualquier cuota para que digan: Mirá iban a pagar de
alquileres 11.7 millones de dólares y ahora van a pagar 10 por la cuota ¡qué
negociazo!
Y en tercer lugar, el tercer criterio: Es la rentabilidad alternativa, ¿es éste el
proyecto del sector público más rentable con 121 millones de dólares? O habrá
por ahí una carretera o un aeropuerto o un hospital que tenga una rentabilidad
mayor que esto. Y ese criterio tampoco lo menciona el Ministerio.
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Entonces, quería hacerle esta pregunta y nada más como comentario, solo para
hablar de la improvisación, una que yo no me percate. Pensando como
improvisación esto del cambio de las condiciones financieras en ocho días, yo no
sabía que en el Plan Nacional de Desarrollo estaba el plan para hacer un edificio
para el Ministerio de Hacienda, o sea, señora Contralora, hay insumos para que
esto no pueda seguir, aparte de la publicación.
Señora Contralora, hay que hablarlo con transparencia, de que el equipo que
acompaña en esto al Ministro es el mismo equipo que tiene contratados edificios
de alquiler, también con el argumento de bien único, de cifras absurdas como les
dije aquí, y les dije “eso es un robo”; yo fui a ver un edificio de Hacienda, todo
supervisado por esta misma gente, firmado en enero, un poquito antes de que
cambiara de poder este país, en que pagan cincuenta y tres millones mensuales
por dos pisos en los que solo albergan a veintitrés funcionarios.
Ese edificio es tan re-caro, allá por el Don Bosco, que ninguna multinacional se ha
animado a alquilar eso; es tan re-caro, y también con el argumento de bien único,
que usted aceptó, entonces, este Ministerio es malísimo en esto, nos manda a
pedir impuestos y es malísimo y, ahora, con su presentación me entero de la
improvisación, que el Plan Nacional de Desarrollo contempla construir un edificio,
están incumpliendo el Plan de Desarrollo a pocos meses de haberlo presentado.
Esto es comentario, la pregunta concreta es ¿Si además del criterio de diferencia
entre cuota y alquileres, el valor del inmueble debería ser otro criterio que el
Ministerio ni siquiera menciona, y el criterio de la rentabilidad alternativa de ciento
veintiún millones de dólares en el Sector Público en Costa Rica?
Gracias, doña Marta y gracias diputado, no tengo más preguntas.
Señor Allan Ugalde Rojas:
Precisamente, en ese tema, parte de las inquietudes que en algún momento
manifestamos a los funcionarios de Hacienda, es que hay que diferenciar en lo
que es la compra del edificio y lo que es el proyecto en sí, de lo que ellos están
ofreciendo, que es la desocupación de los diferentes edificios en alquiler; porque si
uno considera esa condición habría que ponderar, también, el costo que podría
implicarle al Estado.
Dos posibles alternativas. Una podría ser el costo por rescindir los diferentes
contratos que ya existen, tanto de alquiler como servicios complementarios que
tuviera cada uno de esos edificios pero, también, podría ser la desocupación en
caso de que no opten por esa alternativa, que podría llegar a tener el edificio que
se está adquiriendo, porque en la gestión tampoco se presenta una transición de
cómo está provista la ocupación de este nuevo edificio.
Se mencionan los diferentes edificios que podrían pasar o la gente que podría
pasar, pero no está claro o cuantificado dentro de ese avalúo, el costo que podría
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implicar, ya sea por una rescisión o el costo de oportunidad por haber desocupado
el edificio que se está adquiriendo o los costos complementarios de rescindir, por
ejemplo, contratos de vigilancia, mantenimiento o ese tipo de servicios. En
realidad, aquí lo que nosotros conocimos fue directamente la contratación del
edificio, pero sí tenemos claridad de que el proyecto que se buscaba con el
esquema de unificación tiene un costo adicional que, por lo menos, no está
reflejado en la gestión que se presentó.
Diputado Solís Fallas:
Dije que ya no iba a hablar más.
Nada más esto, Contralora, y…
Decir “bien único” solo la refinería china, bien único solo las subalternas CNPC
podían hacer los estudios de factibilidad, nada de licitación; nada de licitación para
un proyecto, en ese caso; de mil quinientos millones de dólares, el 3% del PIB de
este país; nada de licitación para contratar a CHEC, nada, nada, nosotros los
diputados contratamos a CHEC.
Nada de licitación para “alquilercitos” de veintitrés millones mensuales o cincuenta
y tres millones mensuales o para compras de un edificio de ciento veintiún
millones de dólares, es decir, ¿en qué está quedando la Ley de Contratación
Administrativa?, ¿qué es lo que es bien único? ¿Qué de único tiene la CNPC en
materia de refinería, qué de único tiene? ¿Por qué si se va a hacer una refinería
no se hace una licitación? Se especifican las condiciones y se llama al mundo;
Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, Venezuela, México, China y todos los países
a contratar esa cosa; es decir, en lo pequeño y en lo grande ahora solo hay bienes
únicos y contratantes únicos.
Vea usted el ridículo de un edificio de obra gris ¿Quién no sabe hacer un edificio a
obra gris? Pero de obra gris en adelante; muebles y acabados, debe haber
ochenta oferentes en este país, o no sé cuántos.
Yo, con todo respeto Contralora, mucho bien único, mucha exclusividad, hasta lo
que acabamos de hacer aquí en la Ruta 32, solo CHEC podía hacer ese proyecto
en todo el mundo, con un crédito comercial.
Señora Marta Acosta Zúñiga:
Don Ottón, eso es una tendencia que ha venido en crecimiento; nosotros hemos
logrado detener algunos porque no cumplen con las regulaciones, pero, es la
tendencia de la administración; a querer contratar con proveedores únicos; eso
tiene que estar muy bien justificado, lo sé, pero es la tendencia, y está permitido
en la ley y en el Reglamento de Contratación Administrativa, siempre y cuando
cumplan con determinados temas se puede permitir.
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Sí, es una tendencia y nosotros en la Contraloría estamos viendo esto con una
lupa más gruesa, porque no se vale, pero sí es una tendencia.
Presidente:
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Guevara Guth.
Diputado Guevara Guth:
Bienvenida, señora Contralora,
Contrataciones; don Allan.
señora
Subcontralora
y
encargado
de
Nosotros, hicimos una visita a las instalaciones del INAMU y el Ministerio de
Vivienda y, efectivamente, algo que nos llamó la atención en esa visita que
hicimos, fue que ambas instalaciones fueron contratadas bajo el argumento de
que eran bienes únicos, por eso el tema de “bien único” es algo que a los
diputados y diputadas que formamos parte de esta Comisión nos toca la piel;
somos muy sensibles ante eso.
A mí me ha quedado claro, después de su exposición, y al ver cómo estaba
contemplada la construcción de un edificio para el Ministerio de Hacienda en el
complejo Ciudad Gobierno, planificada para el 2018, ya ahí sí que se borró
cualquier duda que podía haber en relación con la improvisación de la decisión
que tomó el Ministerio de Hacienda de comprar este edificio.
Hubo una confesión que hicieron las funcionarias del Ministerio de Hacienda.
Ellas dijeron que andaban buscando un espacio adicional para “equis” oficina o
“equis” departamento, entonces, andaban buscando, fueron y se asomaron al
edificio para buscar ese espacio; un espacio, no sé, me imagino; de mil o
quinientos metros, algo para albergar otra dependencia del Ministerio de Hacienda
y en eso se encontraron con un edificio lindo, que estaba terminado, y a partir de
ahí tomaron la decisión de que querían meterse todos en ese edificio.
Todo lo que han hecho, y me parece que aquí deben rodar cabezas, me parece
que el Ministro de Hacienda debe despedir a toda esta gente que ha invertido una
gran cantidad de tiempo en tratar de justificar un capricho; es algo espantoso lo
que estamos viendo acá, es algo de lo más descarado que hemos visto acá, a
nivel de avalúos, nada más, unas piecitas a nivel de avalúos; porque también a
quién le queda la duda, señorías, de si el avalúo de Hacienda no se infla para
justificar que luego hoy, vean ustedes, la reducción que nos están haciendo, de
tres millones de dólares, pero se infla el avalúo.
Cuando hablo de inflar el avalúo por parte de supuestos técnicos de Hacienda, es
porque el avalúo de obra gris; noventa millones de dólares y un resto, pero, de la
misma página Web del desarrollador de El Tobogán se observa que el valor de
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venta del inmueble en gris, es de setenta y nueve millones quinientos treinta mil
cien dólares; esa es la información de ellos; ellos dicen “nosotros vendemos esto
en setenta y nueve millones de dólares”, dice el desarrollador…
Luego, se va uno al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos porque,
supuestamente, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, señorías,
cuando alguien va a construir una casa se llevan los planos al Colegio y el Colegio
dice “no, mire, usted puede decir lo que quiera, ese edificio que usted va a
construir, o esa casa que usted va a construir tiene este valor”; el valor que le
definió para la obra gris el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es de
cuarenta y cinco millones de dólares, o sea, veintitrés mil seiscientos setenta y tres
millones, trescientos setenta mil.
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, cuarenta y cinco millones, El
Tobogán diciendo que en ochenta, setenta y nueve millones de dólares vende la
obra gris y Hacienda sale con un avalúo de noventa millones de dólares para la
obra gris, o sea, ahí, definitivamente, hay algo que no está bien, y eso apunta a
todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda, que deben ser despedidos de
inmediato por su incompetencia.
Bueno, y esta llamada de atención, señora Contralora, para que usted sepa que, y
todos los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público le tenemos toda la
mira puesta a ese edificio, o sea, vamos a vigilar cada acto que se tome, porque
me parece algo absolutamente inaceptable lo que está sucediendo.
La señorita arquitecta, cuando justifica muchas de sus decisiones acá, dice que
están contratando un edificio que tenga “holgura en cuanto al crecimiento”, son
dos mil trescientos funcionarios los que van a trasladar, pero dice que de una vez
están previendo que ahí va a caber, de los funcionarios para los próximos diez,
quince años hasta llegar a tres mil seiscientos funcionarios; a tres mil seiscientos
funcionarios, o sea, hoy está comprando la capacidad que va a requerir,
supuestamente, el Ministerio de Hacienda, proyectada en veinte años, dice uno
“pero ¡por Dios!”, mil ciento y pico parqueos.
Luego ella nos habla de la Certificación Leed y empieza a justificar que el Leed
Gold y esto y que el otro, y las economías que va a tener, etc., etc. ¿Sabe usted
que lo que está certificado como Leed es únicamente el núcleo y el cascarón? No
todo el mobiliario, porque para que un edificio sea certificado Leed Gold hay que
hacer una inversión pero multimillonaria en el tipo de acabados, no es cualquier
tipo de acabados, el tipo del mobiliario, el tipo de aire acondicionado, el tipo de
cablería; en Costa Rica solo hay un edificio certificado con Leed Gold, solo uno, y
el costo por metro cuadrado es altisisisísimo, entonces, dice que están invirtiendo
en eso porque van a tener una economía en agua, ¡Por Dios!, o en electricidad,
esa es la justificación que están haciendo.
Vean ustedes la información que nosotros hemos ido recabando. El costo, solo
por lo que es mantenimiento, porque es una variable; don Ottón mencionaba
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varias variables que hay que tomar en cuenta; el valor del edificio, por supuesto; el
costo de rescindir los contratos, algo que incorporo acá, la renegociación de los
alquileres hacia la baja; están a punto de vencer varios alquileres.
Trascendió en el programa de Amelia Rueda que de parte del Ministerio de
Educación, en un alquiler que tenía el Ministerio de Educación lograron una
reducción de veintinueve millones de colones mensuales, en el alquiler, producto
de una renegociación, bueno, no está contemplado si todos estos contratos al
vencimiento, pueden sentarse con los propietarios y llegar y decir “cuánto …”, aquí
hay un clientazo, que es el Estado.
En una situación de recesión económica ¿Cuánto va a bajar usted en el precio del
alquiler para la renovación del contrato? En las proyecciones que ellos hicieron
más bien hay incrementos en las tarifas de alquileres para justificar su decisión de
compra y no estaban contemplando la posibilidad de renegociar hacia abajo las
tarifas.
Luego, pasaron por alto, también, un pequeño detalle, que es el costo de
mantenimiento. Resulta que en los edificios alquilados, el costo de mantenimiento
calculado por metro cuadrado es de quince mil colones al mes, y en los propios;
en los propios, que sería el caso del Ministerio de Hacienda, veintisiete mil
setecientos ochenta por mes, o sea, el costo de mantenimiento de un edificio
propio es casi del doble del costo de mantenimiento de un edificio alquilado, cuyo
mantenimiento lo da el propietario, cargado al precio de alquiler.
Esa parte no está contemplada, tampoco, a la hora de venir a hacer su alquimia
financiera y sus malabares financieros, para tratar de convencernos de algo que
no tiene ni pies ni cabeza. Luego viene la otra comparación con lo del Ciudad
Gobierno y lo del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para la
construcción del edificio del Ministerio de Obras Públicas.
Son más o menos veinte mil millones de colones, son como cuarenta millones de
dólares, pagado en dos, tres tractos; para tres mil funcionarios, veinte mil millones
para tres mil funcionarios. Aquí estamos hablando de setenta mil millones para
dos mil trescientos funcionarios; como dicen en un estrado judicial
norteamericano,”I rest my case”, no hay nada más que argumentar ¡por Dios!
Señora Marta Acosta Zúñiga:
(No graba).
Diputado Guevara Guth:
Exactamente, entonces, aquí se está dando cuenta uno de que, definitivamente,
estamos ante un abuso claro, una “chapuza”, pero chapuza que uno no quisiera
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pensar que hay otros intereses que se están moviendo detrás de esto para
formalizar este negocio. Yo, señora Contralora, le pido a usted y a toda la gente
de la Contraloría, que mantengamos los ojos bien abiertos sobre este tema, creo
que el mensaje debiera ser muy claro al Ministerio de Hacienda; a como están las
cosas y los antecedentes, y más con lo que acaban de hacer, con la publicación
esta, lo que están haciendo es, básicamente, terminando de tratar de armar la
decisión que ya tomaron; ya tomaron la decisión de comprar el edificio…
Diputado Solís Fallas:
Una burla a la Contraloría, si con eso intentan atender la…
Diputado Guevara Guth:
Sí, la Contraloría debería de una vez pararlos, decirles que no. Nosotros, por lo
menos yo, personalmente, creo que algunos diputados, creo que don Ottón me
acompañará en esto y otros diputados, ya se lo dije a don Helio; no vamos a
permitir y no le vamos a pasar un cinco del Presupuesto Extraordinario para que
vaya a pagar nada de este edificio; es una barbaridad, una barbaridad, es algo
absolutamente inaceptable que frente a nuestras narices pretendan agarrarnos la
cara de tontos, permitiendo que nosotros les autoricemos a comprar un edificio
con esas características.
Me parece muy bien y encomiable que el Estado tenga sus edificios propios; él
hablaba del “Plan b”, que don Ottón Solís y don Otto Guevara lo estaban
obligando a seguir manteniendo alquileres. El “Plan b” es sencillo; vaya al Plan
Nacional de Desarrollo que le presentaron a los costarricenses el señor
Vicepresidente, ustedes le presentaron eso a los costarricenses, señor
Vicepresidente, no nos cumpla con el Plan Nacional de Desarrollo, ese es el Plan
b de don Ottón Solís y de Otto Guevara; vaya, construya su edificito allá en la
Ciudad Gobierno y llévese allá los dos mil trescientos funcionarios, a un edificio
con un costo razonable y no con estos montos tan exorbitantes.
No tengo preguntas, señora Contralora, discúlpeme que me haya desahogado,
pero es que viera que ahora que me di cuenta de que eso está en el Plan Nacional
de Desarrollo me dio mucho coraje, ya esa fue como “la gota que derramó el
vaso”, es algo absolutamente inaceptable.
Gracias.
Presidente:
Gracias, diputado Guevara Guth.
Doña Epsy, tiene la palabra.
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Diputada Campbell Barr:
Me monto en la segunda parte de lo planteado por el diputado Guevara Guth y lo
que ya planteó el diputado Ottón Solís. Los “Planes b” son cuando ya no resulta el
“Plan a”, y creo que suficiente evidencia tiene la Contraloría General de la
República para saber que ya había una proyección para la construcción de un
edificio, entonces, digamos, que si eso no hubiese salido por alguna razón, se
puede recurrir a la compra de un edificio.
Creo que, definitivamente, no es que se necesitan más estudios ni mucho menos;
ya hay una planificación, incluso, lo que implica que habrá una proyección de
costos en los presupuestos para los años posteriores relacionados con el
cumplimiento de los Planes Nacionales de Desarrollo.
Lo digo por una razón, porque la planificación no era un mero ejercicio académico
para colocar en un documento lo que nos gustaría que pasara pero que sabemos
que nunca va a pasar; la planificación es una herramienta de hacer gobierno y
creo que en este caso tendremos que estar haciendo un control absoluto de lo que
se propone en el Plan Nacional de Desarrollo.
Yo quisiera instarla, señora Contralora, a que no se siga con el proceso, digo, no
se siga con el proceso porque, previamente, ya está planteada otra opción y
presentada a la ciudadanía, o sea, nosotros no podemos estar haciendo estos
procesos que implican un trabajo adicional para la Contraloría General de la
República cuando ya se había planificado otra cosa, y creo que esa es la mejor
respuesta.
La segunda, yo quisiera hacerle una pregunta que me tiene con alguna duda y
tiene que ver con el tema del bien único. Me parece que el problema del bien
único, primero la justificación y luego los costos; es que al ser declarado bien
único no hay ninguna posibilidad de comparación de precio, pero, en este caso en
particular, aunque creo que este edificio, evidentemente, no se va a comprar, me
parece que la Contraloría General de la República debe contar con otras
herramientas para saber si el precio que le están poniendo sobre la mesa es un
precio que tiene algún sentido, más allá que la oferta del oferente, porque si ese
es el mecanismo, entonces, estamos jodidos todos, en términos de cuidar los
fondos públicos.
Mi pregunta es ¿De qué otros mecanismos puede echar mano la Contraloría
General de la República, para determinar precios de los bienes? En este caso ya,
con solo la información que nos ha presentado el diputado Guevara Guth, si pagan
más de setenta y nueve millones de dólares por eso, era simplemente una estafa
al Estado, por once millones, porque si el que lo estaba vendiendo cuando el
comprador no era el Estado, costaba setenta y nueve millones, pero cuando es el
Estado cuesta noventa, el asunto es gravísimo de ambas partes, de quien ofrece
después de tener una información pública con un precio determinado y quien está
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dispuesto a pagar, o sea, creo que ahí las dos partes tienen una responsabilidad
importante.
Mi pregunta, cuando hicieron la exposición aquí y cuando ustedes la hacen de
nuevo es ¿Cómo sabe la ciudadanía costarricense cuando estamos gastando esta
cantidad de millones de dólares, cuánto cuesta un bien? O sea, ¿Cuáles son los
otros mecanismos para decir, “no mire, es que el metro cuadrado en ese sitio con
las características que ustedes están planteando cuesta tanto”? Ahí, ya el precio
del oferente es mucho más alto que el precio del mercado.
Mucho peor con los muebles, porque los muebles, además, ¿cómo hacemos para
determinar que veinte y pico de millones de dólares, casi treinta millones de
dólares, es lo que se requiere para amueblar un edificio? ¿Cómo hace la
Contraloría para decir “está bien, treinta millones de dólares”? Es que son treinta
millones de dólares para amueblar un edificio.
Cuando trato de pensar en ese monto, son como dieciocho mil millones de
colones; dieciocho mil millones de colones, una trocha, una trocha para amueblar
un edificio, puede ser que sea el monto, lo que digo es que cuando lo escucho,
simplemente, me aterrorizo ¿Cuáles mecanismos tiene la Contraloría para poder
aproximar costos y aunque sea un bien único, este porque tenía que ser
presupuestado pudiera decir que este es un monto exagerado y no puede ser
avalado por la Contraloría General de la República? Porque, la verdad es que los
avalúos siempre se pueden hacer a la medida, pero además, es lo que pasa en
los mercados permanentemente; los bancos hacen avalúos sabiendo que el bien
cuesta menos, para que a la gente se le preste más y pueda cubrir una cantidad
mayor con el crédito; eso pasa todos los días en el mercado costarricense.
Yo quisiera saber ¿Si ustedes cuentan con algunas herramientas y si no las
tienen, por dónde se podría avanzar para proteger los recursos de la hacienda
pública, porque yo creo que este caso nos tiene que servir como lección aprendida
para efectos de futuro?
Gracias.
Presidente:
Señora Contralora.
Señora Marta Acosta Zúñiga:
Efectivamente, doña Epsy, es un tema y cuando es oferente único el tema del
precio. Normalmente, la Contraloría se rige por los avalúos que se presentan y
cuando son otros procedimientos ordinarios, por las certificaciones de racionalidad
de precios que emite la Administración.
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La Contraloría, normalmente, y aquí tengo que decirlo así, no empieza a
profundizar y andar haciendo estudios de mercado porque se supone que eso lo
tiene que hacer la administración y presentarlo a la Contraloría. Los plazos
nuestros son tan breves, imagínese usted que en diez días la Contraloría haga
estudios de mercado o empiece a estar preguntando para ver si ese precio es o no
es, entonces, lo que siempre hemos hecho es que nos guiamos con los avalúos o
con los estudios de razonabilidad de precios que hace la Administración.
Diputada Campbell Barr:
Una pregunta, señora Contralora: He visto que las municipalidades tienen ya
establecido los precios aproximados del metro cuadrado en los diferentes lugares,
digo, que hay una información disponible que no le implica un esfuerzo adicional a
la Contraloría General de la República y cuando se trata de compra de edificios
también hay información que no implica…
Lo que me parece es que tiene que haber, sabiendo lo que ha pasado en este
país, señora Contralora, digamos que la historia no nos habla de que la
administración ha estado cuidando los fondos públicos, sino, más bien, todo lo
contrario; mi pregunta es, sin que sea una cosa engorrosa ¿Cómo hacer para
contrastar…
Es que ya sobre este edificio hemos recibido informaciones que no cuesta más de
noventa millones terminado, sin muebles, o sea, ya empieza a existir valoraciones
técnicas de terceros, que empiezan a hablar de costos del propio inmueble, con un
costo bastante menor, entonces, mi pregunta es ¿Cómo hacer para que no sea un
simple trámite administrativo y que no pasen cosas como esta?
Señora Marta Acosta Zúñiga:
Vamos a ver.
Criterios como ese que usted menciona, del metro cuadrado en las
municipalidades, eso sí lo ve la Contraloría, esos son criterios que nosotros
tomamos en consideración y, por algo, en este caso la Contraloría dijo “deme un
estudio de mercado”, por algo lo estamos cuestionando, no fue que el tema pasó.
Presidente:
Doña Maureen, tiene la palabra.
Diputada Clarke Clarke:
Muchas gracias, señor Presidente.
Muy buenas tardes señora Contralora, Subcontralora, Director de División.
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Más que preguntas sobre el detalle, que creo que ha sido bastante amplio, yo
quisiera preguntarle ¿Si una causal para rechazar una solicitud como esa no
puede ser la racionalidad en lo que se está planteando? Porque, pueda ser que
ellos cumplan con todo, pero que no es racional, entonces, la Contraloría podría,
perfectamente, además de que se cumpla con todos los requerimientos, los
vacíos; rechazarlo por ser demasiado caro el edificio, aunque el mercado diga que
no hay otro bien igual, porque de fijo, puede existir eso; esa es una pregunta.
La otra es, para hacerle las dos que tengo; ¿estamos seguros que no existe
ningún subterfugio para que no puedan realizarlo, o sea, están obligados a
regresar a la Contraloría?
Es que me viene a la mente algo que ha sucedido aquí en la Asamblea, que no se
aprobó el presupuesto de la Asamblea para hacer la movilidad laboral, sin
embargo, vía Decreto, el Poder Ejecutivo hizo la modificación presupuestaria, o
sea ¿Estamos seguros que por un subterfugio legal no pueden hacerlo, sin que
intervenga la Contraloría?
Gracias.
Presidente:
Doña Marta.
Señora Marta Acosta Zúñiga:
Doña Maureen, con el tema de la racionalidad, obviamente, si la Contraloría ve
algo que no es racional, la Contraloría va a preguntar, o sea, la Contraloría no es
que cierra los ojos y “check, check, check” no, la Contraloría revisa y por eso,
usted vio la cantidad de temas que le preguntamos a Hacienda; desde el estudio
de mercado, que es un tema que a nosotros nos llamó la atención porque con este
es donde está la justificación, realmente ¿Cuál fue el estudio de mercado que
hicieron?
La Contraloría cuando ve cosas irracionales siempre las va a cuestionar, de eso
no le quepa a usted la menor duda.
En el segundo tema, Allan quiere hacer la explicación.
Señor Allan Ugalde Rojas:
En el tema que se presentó por el movimiento de partidas que tienen que usar,
solo tendría que pasar por un presupuesto extraordinario. A nosotros, una de las
condiciones que nos extrañó en el trámite era que no estuviera, precisamente, el
contenido presupuestario.
ATENDIDA EN COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS
ACTA Nº 52 del 12-3-2015
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Cuando hicimos las consultas se nos explica, básicamente, la metodología que
ellos quieren utilizar y eso, necesariamente, tendría que pasar por la Asamblea
Legislativa. Ahora, no es que estén obligados a volverlo a presentar si cumplen
con cada uno de los puntos; es una decisión administrativa.
Presidente:
Gracias.
Al ser las trece horas con catorce minutos, se levanta la sesión.
Dip. Gerardo Vargas Varela
PRESIDENTE
Dip. Epsy Campbell Barr
SECRETARIA
sdc/alcb/xvv/ias
20150312-052
ATENDIDA EN COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS