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Iniciativa de la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Exposición de Motivos
En los últimos 25 años, el avance tecnológico en la industria eléctrica ha sido importante,
desde avances en los segmentos de generación, transmisión y distribución, propios de
esta industria, hasta mejoras tecnológicas aplicables a la medición y facturación del
consumo eléctrico. El impacto de estos avances, en términos de costos y seguridad del
suministro, aunado al incremento y volatilidad en los costos de los combustibles primarios
(petróleo y gas), y a la convergencia del sector con el de las telecomunicaciones, son
algunos de los factores que han dado gran relevancia a esta industria en el desarrollo de
las economías.
Diversos países han reestructurado su industria eléctrica con el propósito de sacar ventaja
de los avances tecnológicos para reducir los costos de la electricidad y mejorar la calidad
del abastecimiento de la energía. Algunos países en desarrollo también han visto la
reestructuración de la industria como una oportunidad para mitigar los problemas
presupuestales que enfrentan sus gobiernos. Un común denominador de dichas reformas
ha sido el permitir la participación privada en el abastecimiento de energía como medio
para atraer inversiones en nuevas tecnologías e introducir competencia en el sector, aun
en situaciones en que el sector público es el predominante. Así, hoy en día la calidad de
la infraestructura eléctrica, su abastecimiento garantizado, y la calidad y precio de este
insumo se han convertido en parámetros que sirven para medir la competitividad entre los
países.
Ante este panorama del sector y la participación de México en la economía mundial, se
hace ineludible la preocupación por asegurar que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), encargada del abastecimiento público de energía eléctrica, esté encaminada a
proveer un servicio que impulse la competitividad del país y favorezca el desarrollo de
otros sectores.
En México, en particular, la Comisión Federal de Electricidad parece enfrentar un
esquema de incentivos que dificulta la reducción de costos y la búsqueda de una mejor
calidad del servicio eléctrico. En principio, no existe una relación directa entre los costos
de operación, no asociados al costo de los combustibles y del capital, y los ingresos por
venta de energía de esta empresa paraestatal.
Por una parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fija las tarifas
eléctricas. Por otra parte, no existe un organismo independiente con capacidad técnica y
de acceso a la información, que supervise los costos en los que incurre la Comisión
Federa de Electricidad.
En este sentido, resulta relevante que en el estudio comparativo a nivel internacional de
Brophy y Pollit de 2009 sobre las prácticas de evaluación del desempeño de las empresas
eléctricas, México resulta con una calificación de cero en una escala de 0 a 8, donde ocho
se define como la mejor práctica regulatoria. Así, bajo el esquema vigente, la diferencia
entre costos e ingresos de la paraestatal son cubiertos por el Gobierno Federal por medio
de transferencias, creándose implícitamente un esquema de incentivos que dificultan un
uso eficiente de los recursos. Así, de acuerdo a cifras oficiales, en el periodo 2000-2008
las transferencias del Gobierno Federal a las empresas eléctricas públicas representaron
alrededor del 1% del PIB (en 2008 representaron el 1.1%). Este monto es suficientemente
elevado como para justificar la discusión sobre el desempeño de la CFE y en su
momento, de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Si bien el incremento en los precios de los combustibles primarios en los últimos años es
un factor importante que ha presionado al alza los costos y, por lo tanto, las tarifas
eléctricas, éste no es el único factor de presión de costos en la paraestatal encargada del
servicio eléctrico público en México. Los principales factores que inciden en estos costos,
se agrupan en tres grandes rubros: pérdidas de energía; costos de combustible; y costos
laborales.
En 2007, la Secretaría de Economía y el Banco de México levantaron una encuesta entre
empresas con inversión extranjera directa (IED). Además de estimar niveles de inversión,
esta encuesta tuvo como fin evaluar diversos aspectos de la competitividad del país, entre
ellos los referentes al servicio eléctrico. Los resultados de la encuesta mostraron que los
problemas del servicio eléctrico van más allá de las elevadas tarifas: el 54% de las
empresas señalaron que sufren cambios de voltaje o la interrupción frecuente del servicio
eléctrico, siendo las empresas de servicios las más afectadas (67% de las empresas
señalaron este problema).
De acuerdo al Índice de la Calidad de la Electricidad publicado por el Foro Económico
Mundial en su reporte anual de competitividad (The Global Competitiveness Report, 20102011), México se encuentra relegado en términos de la calidad del servicio eléctrico con
respecto a algunos países con los que compite internacionalmente, como Corea, Hungría,
Portugal y Turquía. Desde principios de la presente década, los precios medios de la
electricidad en México han superado los niveles de Estados Unidos. Esto, después de que
por 25 años sus niveles se mantuvieron por debajo de los niveles prevalecientes en el
vecino país.
Para 2007, el precio medio de la electricidad en el país superó en alrededor del 18% el
precio medio en EE.UU.; para 2008 la diferencia ascendía a 25%. Si se consideran los
precios medios para los sectores residencial e industrial, podemos notar que existen
fuertes diferencias sectoriales en el comportamiento de los precios de la energía. Así,
mientras que la calidad del servicio eléctrico en el país se encuentra rezagada con
respecto al de otros países, el costo de la electricidad para la industria es relativamente
elevado.
Además de lo anterior, es necesario resaltar que el sector eléctrico representa pérdidas
que implican costos adicionales para el suministro eléctrico que son pagados
directamente por los usuarios, vía tarifas, o indirectamente por los contribuyentes, vía
impuestos (subsidios). Cabe señalar que la definición de subsidio a las tarifas eléctricas
que se utiliza en los documentos del Gobierno Federal se basa en una definición contable
y no económica del término subsidio.
En particular, se considera que las tarifas eléctricas están subsidiadas al no cubrir la
totalidad del costo del suministro eléctrico. Bajo esta perspectiva cualquier aumento en los
costos por ineficiencia en la operación de la Comisión Federal de Electricidad, por
ejemplo, se asumen como exógenos. Así, ante una gran disparidad entre los ingresos y
costos del servicio eléctrico, puede prevalecer la idea de que el problema se encuentra en
los bajos niveles de las tarifas eléctricas cuando en realidad su origen es, en parte, la falta
de control de costos de la paraestatal.
Al respecto, es notable destacar que la estructura de las tarifas eléctricas resulta compleja
debido a que contiene una gran variedad de importes muy distintos entre sí: 17 de uso
específico que se aplican a los sectores doméstico, agrícola y de servicios públicos
(alumbrado, agua y drenaje); 11 de uso general que cubren las actividades industriales,
comerciales y de servicios, y 9 de respaldo.
La estructura tarifaria atiende diversas necesidades y retos en materia de políticas
públicas, ya que toma en cuenta las particularidades que caracterizan a los sectores de
usuarios y la gran diversidad económica, social y geográfica que existe en el país.
Asimismo, la estructura refleja los niveles y los patrones de consumo de los usuarios
dentro de cada sector tarifario y en las distintas regiones del territorio nacional.
De la misma manera, la estructura tarifaria contiene elementos de la política económica y
social del Gobierno Federal, que se traducen en los apoyos que se otorgan a través de
algunas tarifas a determinados grupos de usuarios y actividades económicas. Los criterios
de diseño son heterogéneos; por ejemplo, las tarifas horarias en media y alta tensión
consideran elementos técnicos y económicos, mientras que las tarifas domésticas y
agrícolas responden a decisiones relacionadas con la política económica y social del
Gobierno Federal.
Al respecto, el Artículo 31 de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de
demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.
Esta facultad establecida en el ordenamiento mencionado, ha originado diversas acciones
por parte del Gobierno Federal, el Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
por el que se que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para
suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril del 2002, que ocasionó que
diversos sectores de la sociedad de distintas entidades federativas se manifestaran
públicamente en contra de tal disposición, argumentando que ésta afecta directamente la
economía de millones de familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos,
así como aquellas que habitan en regiones en que las condiciones climatológicas obligan
a utilizar, en mayor medida, sistemas de ventilación y aire acondicionado para mitigar los
efectos de la temperatura ambiental, lo que implica necesariamente un mayor consumo
de energía eléctrica.
De lo anterior, podemos observar que las acciones del Ejecutivo Federal, a través de los
Decretos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han propiciado que
funcionarios públicos, investigadores y especialistas en materia eléctrica expresen puntos
de vista, en ocasiones contrapuestos, en relación con la política tarifaria.
En el mismo sentido, legisladores de diversos grupos parlamentarios en esta Cámara de
Diputados, han presentado múltiples instrumentos legislativos con el objeto de solicitar a
las instancias competentes, entre otros aspectos:
• Redefinir los criterios y metodologías utilizados para la fijación de tarifas eléctricas en
diversas entidades y localidades de nuestro país;
• Revisar las tarifas considerando las temperaturas de zonas con climas extremosos;
• Corregir y modificar las altas tarifas eléctricas, por considerar que las mismas afectan a
los sectores sociales con menores ingresos;
• Considerar, entre los criterios para la fijación de tarifas eléctricas, la temperatura
ambiental, la humedad relativa, la necesidad de sistemas de ventilación y refrigeración, el
alza de tarifas y la zona salarial, así como la situación socioeconómica de cada entidad
federativa.
En relación a lo anterior, es necesario que los precios públicos de la electricidad sean
determinados enriqueciendo los criterios actuales, no solo de alta recaudación fiscal, de
máximo beneficio monetario neto, sino primordialmente con el objeto de cubrir los costos
de producción y de inversión, y el de atender a la economía de los consumidores del
servicio, incluso diferenciando a aquellos de bajos ingresos (zonas marginadas).
De acuerdo a un documento de la Secretaría de Energía: "La estructura de las tarifas
eléctricas en México se determina de acuerdo al uso de la energía, la tensión de
suministro, los tipos de medición y/o los patrones de consumo de los distintos segmentos
de usuarios. Cada tarifa tiene una estructura de cargos (o precios) que corresponde a los
diferentes conceptos por los que se cobra energía. Es decir, existen los:
cargos fijos, por concepto de comercialización de la energía;
cargos por demanda, para cubrir los requerimientos de inversión que se necesitan para la
generación y transmisión de la energía, y
cargos por energía, que corresponden a los costos de operación y mantenimiento
requeridos para suministrar la energía demandada".
Sin embargo, las tarifas eléctricas que se cobran en México resultan inconsistentes con el
crecimiento del nivel general de precios y con los incrementos al salario, esta situación
pone en evidencia que el fuerte aumento de las tarifas eléctricas ha contribuido de
manera relevante al deterioro del poder adquisitivo de los mexicanos y ha afectado
negativamente y de manera muy importante la economía familiar.
De acuerdo a un documento del Servicio de Investigación y Análisis de la H. Cámara de
Diputados, el incremento de las tarifas eléctricas afecta a los sectores más desfavorecidos
económicamente, toda vez que son éstos los que destinan una mayor proporción de su
ingreso al pago del servicio de energía eléctrica.
Por otro lado, datos del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
revelan que las tarifas por el servicio de energía eléctrica doméstica en México, resultan
mayores a las que se aplican en países como Italia e Inglaterra y cuyos habitantes poseen
un poder adquisitivo muy superior. Lo más alarmante es que, de continuar con esta
tendencia, en los próximos años la brecha entre las tarifas por el servicio de energía
eléctrica doméstica y el valor del salario mínimo continuará ampliándose.
Con lo anterior, podemos observar que a través de los años, el problema clave en el tema
de la energía en México ha sido satisfacer la demanda basándose en el criterio de que
una escasez de los energéticos representa un freno en el desarrollo económico. La
planeación, construcción y operación de los sistemas energéticos estaban orientados a la
oferta, por lo que el dinamismo del sector energético requiere de grandes inversiones para
su constante ampliación, tanto en generación, transmisión y distribución por parte del
gobierno.
Actualmente contamos con una plataforma eléctrica cuya capacidad de generación
satisface la demanda nacional a través de una red de transmisión que cubre la mayor
parte del territorio y con sistemas de distribución en todas las localidades de la República
Mexicana, sin embargo, debemos explotar todo el potencial que tiene nuestro país para
alcanzar una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y
las tecnologías limpias que nos permitirá reducir la dependencia de los hidrocarburos
como fuente primaria de energía, promoviendo a su vez la eficiencia, la sustentabilidad
energética y acciones sociales, que brinden a los usuarios de este servicio, precios más
justos, equitativos y proporcionales.
Al respecto, resulta importante destacar la Reunión Ordinaria de Trabajo que celebró la
Comisión de Energía, del Senado de la República, con el Ex Director de la Comisión
Federal de Electricidad, Alfredo Elias Ayub, celebrada el pasado 02 de diciembre del
presente, en donde se abordó el tema de las tarifas eléctricas y los Senadores integrantes
de dicha Comisión, se pronunciaron para que el país cuente con tarifas eléctricas más
justas para la población, más competitivas para la planta productiva y acordes a la
realidad.
Además, los integrantes de la referida Comisión, manifestaron su interés por analizar y
construir un nuevo andamiaje de tarifas eléctricas con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad, en beneficio de los
usuarios de este servicio público. En el mismo sentido, señalaron que es necesario
realizar esfuerzos adicionales para impulsar la generación de las energías renovables,
con el propósito de contar con una política energética a largo plazo, la cual cumpla con los
principios del desarrollo sustentable.
Es importante destacar, que ante los señalamientos de los Senadores integrantes de la
referida Comisión legislativa, el Ex Director de la Comisión Federal de Electricidad,
Alfredo Elias Ayub, recordó que la definición de las políticas tarifarias es una facultad de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, recomendó que el sea el Poder
Legislativo quien analice las vías para que sea la Comisión Reguladora de Energía, la que
fije con criterios técnicos las tarifas eléctricas.
De lo anterior, podemos observar que existen coincidencias entre la CFE y el Poder
Legislativo, por ello, es necesario que los legisladores realicemos las acciones señaladas
y tomemos en cuenta las recomendaciones del Ex Director Elías Ayub, con el objeto de
lograr que las mejoras en eficiencia de los organismos del sector se reflejen en las tarifas
eléctricas, de manera que permita impulsar un esquema tarifario basado en costos
económicos y financieros eficientes, que coadyuve al desarrollo económico del país y al
impulso de la competitividad nacional.
Para alcanzar este objetivo se requiere realizar un diagnóstico por parte del Congreso de
la Unión, así como coordinarnos con el Ejecutivo Federal para determinar los niveles de
eficiencia, productividad y calidad con que opera la CFE y concertar metas específicas en
estos aspectos que permitan mejorar el desempeño del organismo.
Al respecto, es fundamental que para la determinación de las tarifas eléctricas, el
Congreso de la Unión emita opinión a las propuestas de reestructuración, basándose en
los siguientes aspectos:
Pérdidas de energía técnicas y no técnicas en las redes de transmisión y distribución
Disponibilidad y eficiencia térmica de las centrales generadoras
Costos de operación, mantenimiento y administración
Indicadores de calidad del servicio y de atención al usuario
Indicadores de calidad de suministro de energía eléctrica
Con lo anterior, estimo, se podrán determinar los costos de suministro relacionados con
una operación eficiente de los organismos del sector, de manera que se puedan adoptar
decisiones en materia de tarifas eléctricas.
Como podemos observar, desde el Poder Legislativo se han realizado diversas acciones
en pro del uso eficiente de las energías, sin embargo, es necesario que desarrollemos
instrumentos legislativos que permitan otorgar la debida relevancia al tema de las
energías renovables, ya que de no hacerlo, dentro de las muchas consecuencias que
implica el dejar pendiente proyectos fundamentales para el país que fomenten el uso de
las mismas, nuestro país no logrará cumplir con la meta de reducir en un 50 por ciento
sus emisiones de gases de efecto invernadero -GEI- al 2050, en relación con las emitidas
en el año 2000 y que el servicio de energía eléctrica no satisfaga las necesidades de los
mexicanos y que las tarifas eléctricas sigan incrementándose, año con año, de manera
discrecional.
Debemos tomar en cuenta, que la planeación energética del país está basada en
metodologías que evalúan sólo el costo económico de la generación de energía en el
corto plazo; la falta de valoración de los beneficios que las energías renovables aportan a
la economía nacional, tales como la estabilidad de precios de la energía en largo plazo; y
la reducción de riesgos en el abasto energético, aunado al hecho de contar con
importantes recursos energéticos fósiles nacionales, hacen que las políticas y
prospectivas energéticas nacionales sigan basándose en combustibles fósiles.
La falta de valoración de los beneficios que las energías renovables aportan a la
economía nacional, tales como la estabilidad de precios de la energía en largo plazo y la
reducción de riesgos en el abasto energético, hace que las políticas y prospectivas
energéticas nacionales sigan basándose en combustibles fósiles.
Todos estamos conscientes que la industria de la producción de energía y el desarrollo de
proyectos en esta materia, implican inversiones de considerable magnitud que suelen ser
de carácter estratégico y que principalmente se encuentran normados y vigilados por
instancias gubernamentales de primer nivel.
Adicionalmente, en el marco institucional actual, la mayor parte de la generación y la
totalidad de los sistemas de distribución de la industria eléctrica recae en compañías de
carácter federal.
Estas características hacen tan relevante el marco regulatorio nacional puesto que si no
se reúnen condiciones de apoyo a la inversión y fomento del uso de fuentes alternas de
energía, así como a la armonización de las tarifas eléctricas en el territorio nacional, todas
las iniciativas están condenadas a tener poca o nula relevancia, puesto que las barreras
para el desarrollo de este tipo de energías son en su mayor parte institucionales,
financieras, legales y regulatorias.
El avance tecnológico experimentado en los últimos años hace factible que las Entidades
Federativas puedan coadyuvar al Ejecutivo Federal para darle un mayor impulso al sector
eléctrico nacional. Como legisladores sabemos que la suma de esfuerzos es la mejor
garantía para que el país cuente con un sector eléctrico acorde con su dinámica de
crecimiento y con las aspiraciones de progreso y bienestar de los mexicanos.
Bajo este contexto, la eficiencia y la competitividad de la industria eléctrica serían
promovidas por medio de la operación y administración de un mercado eléctrico estatal
que permitiría garantizar que parte de la demanda existente en nuestras Entidades sea
cubierta con energía eléctrica generada a través de energías renovables, bajo
condiciones de seguridad, estabilidad y precio.
Es muy probable que en México sigamos viendo en los próximos años precios de la
electricidad mayores a los de Estados Unidos y a los de otros países con los que
competimos internacionalmente. Esto se debe, en parte, a la estructura tecnológica de las
plantas de generación eléctrica con las que dispone el país y a la alta volatilidad de los
precios de los hidrocarburos. Sin embargo, el incremento en los precios de los
combustibles y el consecuente incremento en el precio de la electricidad han hecho más
evidente los problemas de control de costos de la empresa paraestatal encargada del
servicio público de energía eléctrica.
La reducción de los costos de la energía eléctrica no es una tarea que se pueda realizar
en el corto plazo y por un solo frente, ya que no existe un factor único que explique el
deterioro de los costos de operación en CFE. En este contexto, el reto es crear
mecanismos que induzcan la reducción de costos y la mejora de la calidad del servicio en
la CFE, con el apoyo de las Entidades Federativas, a través de la prestación de un
servicio público a través de la generación, conducción, transformación, distribución y
abastecimiento de energía eléctrica, mediante el uso de energías renovables.
De ser aprobada la presente iniciativa, el Gobierno Federal mantendría, como área
estratégica la generación de energía eléctrica y el control operativo de la red nacional de
transmisión, actividad fundamental para la seguridad y funcionamiento del sistema
eléctrico, al tiempo que ejercería su rectoría, a través de las Entidades Federativas, sobre
el resto de la industria eléctrica como actividad prioritaria del desarrollo nacional. Además
de lo anterior, el Congreso de la Unión, a través de la Mesa Directiva de cada Cámara,
ejercería su facultad de control, por lo que hace a la determinación de las tarifas eléctricas
y de representación, para velar por el interés colectivo, siempre en beneficio de la
sociedad.
Como legisladores, debemos ser capaces de poner en su justa dimensión el alcance de
estas fuentes energéticas, de modo que no descuidemos el correcto aprovechamiento de
nuestros recursos no renovables.
Por lo anterior, las acciones legislativas que emprendamos deben propiciar el desarrollo
de nuevos proyectos y asegurar su rentabilidad con objeto de incrementar el
aprovechamiento de las energías renovables y una mejor determinación de las tarifas
eléctricas, mediante criterios técnicos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía,
así mismo, es necesario que contribuyamos a la formulación de una estrategia nacional
que permita avanzar en el cumplimiento del compromiso que ha adquirido el Gobierno de
México, de asegurar a las generaciones futuras un país con crecimiento económico, que
tome en cuenta las variables sociales y ambientales de largo plazo y permita transitar
hacia un desarrollo sustentable.
Por ello, con visión de largo plazo y con el interés del país por delante, debemos desde la
Cámara de Diputados, hacer frente a los grandes retos que implica la explotación de
nuestros recursos energéticos, debemos hacerlo y pronto, México no está en condiciones
de llegar tarde al tren de las energías renovables, ni de proporcionar a sus ciudadanos
servicios públicos con altos costos y escasa regulación en sus tarifas.
Así como los hidrocarburos han abierto una oportunidad de desarrollo para el país, las
energías renovables brindan todo un potencial de desarrollo a la economía sustentable,
amigable con el medio ambiente y que permitirá diversificar nuestra factura energética en
beneficios de los mexicanos.
De conformidad con lo expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Primero.- Se adiciona una nueva fracción VII y se recorre la fracción VII, para convertirse
en la fracción VIII, así mismo, se adiciona una nueva fracción IX y se recorre la fracción
IX, para convertirse en la fracción X, y se recorren las fracciones VIII y IX manteniendo su
contenido idéntico para convertirse en las fracciones X y XI del Artículo 9; se modifican el
párrafo primero y quinto del Artículo 10; se modifica la fracción VI del Artículo 12;
asimismo, se reforma el primer párrafo del Artículo 30 y Artículo 31, todos de la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar de la siguiente manera:
ARTICULO 9o.- (…)
I.- a la VI.- (…)
VII.- Promover el uso y aprovechamiento eficiente de las energías renovables;
VIII.- (…)
IX.- Celebrar convenios o contratos de concesión con los Gobiernos de las Entidades
Federativas que tengan por objeto la prestación de un servicio público a través de la
generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía
eléctrica, mediante el uso de las energías eólica y solar;
X.- (…)
XI.- (…)
ARTICULO 10.- La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de
Gobierno, integrada por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo
Social; de Comercio y Fomento Industrial; de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de
Energía, Minas e Industria Paraestatal, quien la presidirá. También formarán parte de la
Junta de Gobierno, el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, el Director
General de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato titular del contrato
colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en la Comisión Federal de
Electricidad.
(…)
(…)
(…)
La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, así como, el Coordinador del Consejo
de Vigilancia tendrán derecho de asistir con voz a las reuniones de la Junta de Gobierno
de Comisión Federal de Electricidad.
ARTICULO 12.- (…)
I.- a la V.- (…)
VI.- Enviar al Congreso de la Unión las propuestas de ajuste a las tarifas, justificando el
impacto económico que causará a los usuarios del servicio eléctrico nacional.
VII.- a la XII.- (…)
ARTÍCULO 30.- La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la
Comisión Reguladora de Energía, teniendo en cuenta las observaciones y
recomendaciones que el Congreso de la Unión realice a la propuesta de reestructuración.
(…)
ARTÍCULO 31.- La Comisión Reguladora de Energía, con la participación de las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía y de Economía, con previa
recomendación del Congreso de la Unión y a propuesta de la Comisión Federal de
Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir
las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo
de energía, para quedar de la siguiente manera:
Segundo.- Se modifica la fracción I; se adiciona una nueva fracción III y se recorre la
fracción III, para convertirse en la fracción IV y se recorren las fracciones III a la XXII,
manteniendo su contenido idéntico, para convertirse en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII del Artículo 3;
además se adiciona una nueva fracción V, y se recorre la fracción V, para convertirse en
la fracción VI, y se recorren las fracciones VI a la IX, para convertirse en las fracciones
VII, VIII, IX y X, todos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
ARTICULO 3.- (…)
I. Aprobar y fijar las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica;
II. (…)
III.- Aprobar y expedir los términos y condiciones de los convenios o contratos de
concesión que tengan por objeto la prestación de un servicio público a través de la
generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía
eléctrica, mediante el uso de las energías eólica y solar, que celebre la Comisión Federal
de Electricidad con los Gobiernos de las Entidades Federativas;
III. a la XXIII.- (…)
ARTICULO 7.- (…)
I. a la IV.- (…)
V.- Asistir y participar con voz y voto a las sesiones de la Junta de Gobierno de la
Comisión Federal de Electricidad;
VI. a la X.- (…)
Transitorio
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 24 días del mes de
agosto de 2011.
Atentamente,
Dip. Georgina Zapata Lucero