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ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN AMÉRICA LATINA Y SU RELACIÓN CON LA CRISIS DEL
CAPITAL
Camilo Alejandro Bustos Avila
Universidad Federal de Mato Grosso del Sur
RESUMEN
Este escrito pretende mostrar algunas de las tendencias a la concentración de la tierra en
algunos países de América Latina en la última década y relacionar este movimiento con el de
la crisis del capital productivo y la búsqueda de resolver las crisis de sobreacumulación del
capital por medio de la producción de espacio. En este contexto, la expansión de la
producción de commodities agrícolas y del área titulada para proyectos de minería intensiva
genera múltiples conflictos y aumenta los ya preocupantes casos de afectación de los
recursos naturales. La hipótesis que lo sustenta, por lo tanto es la de que la expresión
espacial de la crisis de reproducción del capital en la economía de América Latina está
manifestada en el incentivo al crecimiento económico a partir del sector primario,
(expresado en la forma de una reprimarización de la economía), relegando, a la
industrialización retardataria impulsada, durante la segunda mitad del siglo XX.
Palabras clave: Crisis, capital, acaparamiento, commodities, agricultura.
INTRODUCCIÓN
La producción de bienes agropecuarios tipo commodities se ha disparado en países como
Brasil, Argentina, Paraguay y en el oriente de Bolivia, impulsada por la utilización de los
derivados del monocultivo de soja, maíz, caña y plantaciones forestales, como derivativos
financieros. Por otra parte y, principalmente en los países andinos como Colombia, Ecuador,
Perú y Chile, se configuró una matriz económica dependiente de la extracción intensiva de
minerales e hidrocarburos, cuyos productos también se utilizan como derivativos financieros,
a pesar de que también los bienes agrícolas tipo commodity también se expanden en buena
parte de su superficie con vocación agrícola. La expansión de este tipo de economía se hace a
costa de la apropiación ilegal de tierras y su resultado es un intenso proceso de valorización
de la tierra para fines especulativos, principalmente en áreas de frontera que deberían ser
utilizadas para ser destinadas a campesinos sin tierra.
Las consecuencias de esta transformación de la estructura agraria de los países
latinoamericanos implican el surgimiento de una Nueva Cuestión Agraria en la cual los
pequeños productores campesinos se debaten contra nuevos, más complejos y más
globalizados actores que los terratenientes tradicionales (aunque el conflicto con estos no
desaparezca). La hipótesis que sustenta este escrito es la de que, en momentos de crisis de la
economía capitalista (como se evidenció en 2008) la renta de la tierra se transforma en una
forma de intentar escapar a la imposibilidad de reproducir el capital de forma
específicamente capitalista, o sea, que por ser esta ganancia extraordinaria (Marx),
permitiría obtener formas de ganancia que no dependan de la relación específicamente
capitalista (basada en la extracción de la plusvalía). El espacio, por lo tanto, aparece como
una alternativa de solución de este problema aunque el capital nunca resuelve sus crisis, sino
que las reproduce en otros lugares.
LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL CAPITALISMO
La idea de una crisis “estructural” del capitalismo es una oposición crítica a la idea de una
crisis cíclica, por lo tanto, a la visión de Kondratieff o de Schumpeter, del funcionamiento de
la economía capitalista. En este escrito, por lo contrario, se entenderá que el capital tiende a
una crisis de mayor escala y que no se “resuelve” por los métodos “tradicionales”. Las
reflexiones en torno del establecimiento de esta crisis están relacionadas con el pensamiento
de Henri Lefebvre de que el espacio tiende a resolver sus contradicciones por medio de la
producción del espacio (LEFEBVRE, 1978. p. 21).
De forma esquemática podemos expresar que, ante la tendencia a la imposibilidad del capital
de reproducirse de forma específicamente capitalista (mediante la extracción de la plusvalía)
y debido a que el proceso creciente de financierización de la economía implica una
“ficcionalización” del capital (Marx), la alternativa de la producción del espacio surge por la
necesidad de buscar la “ganancia extraordinaria” representada por la renta de la tierra,
categoría que huye de la forma específicamente capitalista de valorización del capital, por no
ser ella producto del trabajo.
Sin embargo, la financierización del capital es evidencia de una crisis que se manifiesta, de
forma fenoménica, en un desempleo creciente, en la precarización del empleo y en la
pérdida de derechos laborales, aunada a otras formas de “acumulación por despojo”
(HARVEY). Inclusive, las políticas de transferencia de renta y valorización del salario real
aplicadas por gobiernos de centro-izquierda en países como Brasil durante los últimos quince
años aparecen apenas como formas de administración de esta crisis. La "dessubstancialización" real del capital está tan avanzada que apenas es posible una acumulación
aparente insubstancial, a través de las burbujas financieras y del crédito público, la cual
actualmente alcanza sus límites. Lo que está en causa ya no es la distribución desigual de la
“riqueza abstracta" (Marx), sino la liberación de la riqueza concreta del fetichismo del capital
y de sus formas abstractas (KURZ, 2009).
La crisis estructural del capital se configura a partir del surgimiento de la Tercera Revolución
Industrial. Si, hasta los primeros años de la década de 1970 parecía consolidarse en el mundo
un tipo de sociabilidad capitalista (basada en el asalariamiento de la población y en la
propiedad privada tomadas como cosas naturales de una forma fetichista), desde el inicio de
la década de 1980, la competencia en el mercado mundial dio luz a un nuevo tipo de
racionalización cuyo soporte es la microelectrónica,” ahora, la fuerza de trabajo humana no
es más racionalizada dentro de su propia actividad; antes, los empleos son crecientemente
reemplazados por robots, sistemas guiados e por la precisión de la informática” (KURZ, 2004,
p. 97). Esto crea un desempleo masivo estructural y perenne, que ya no es más cíclico o
temporal, que crece sin que se abra ninguna perspectiva de solución (Ibid.)
El aumento de la productividad significa que menos energía humana produce más producto
material. Por lo tanto, la productividad nunca aumenta el valor sino que siempre lo
disminuye, como Marx muestra inmediatamente en el primer volumen de El Capital. Quien
afirma lo contrario confunde el nivel social con el nivel de la economía empresarial, o la
totalidad del capital con el capital individual. El capital individual que, en primer lugar,
aumenta aisladamente su propia productividad, en segundo lugar, logra una ventaja en la
competencia. Este ofrece los productos individuales más baratos, consiguiendo, así, vender
más mercancías y, precisamente por eso, realizar para si propio una parte más grande de la
masa de valor social. Lo que, del punto de vista de la economía empresarial surge como
ganancia creciente y, por lo tanto, como creciente “creación de valor”, conduce socialmente,
sin embargo, a la disminución del valor y, en verdad, en detrimento de los otros capitales
individuales (KURZ, 2009).
CRISIS DEL CAPITAL Y LA NUEVA CUESTIÓN AGRARIA
La Nueva Cuestión Agraria, entonces, es característica de la Fase de Globalización Neoliberal
del capitalismo y resulta del avance del Régimen Alimentar Corporativo (MC MICHAEL, 2009,
p. 283), caracterizado por el poder de monopolio ejercido por las grandes corporaciones
transnacionales que actúan en escala global en la producción, el procesamiento y la
comercialización de los alimentos; así como en la producción de insumos químicos y
biotecnológicos y en la oferta de financiación del sector agrícola. Por otro lado, la nueva
cuestión agraria está impulsada por los procesos de extranjerización y acaparamiento de
tierras, principalmente en aquellos países en donde la propiedad de la tierra no está
formalizada como el África Subsahariana, el Sudeste de Asia y grandes extensiones de países
de América Latina. Todos estos procesos involucran de forma cada vez más clara, a las
grandes compañías del sector agroalimentario, químico-farmacéutico y de producción de
hidrocarburos. En este contexto la lucha de los movimientos campesinos gira en torno de la
bandera de la soberanía alimentaria y no apenas de la lucha por hacer productiva la tierra
acaparada por los grandes terratenientes tradicionales.
La actual cuestión agraria es resultado, entonces, de la conformación de una sociabilidad
capitalista, en la cual naturalizamos, de forma fetichista, el movimiento del dinero, la venta
de nuestra fuerza de trabajo como forma única de reproducción social y, en síntesis, la
tendencia a la transformación de todo en mercancía (inclusive los derechos sociales), todas
estas tendencias expuestas por Marx en el primer libro de El Capital. Ante la crisis estructural
de la reproducción del capital productivo (y la consecuente expansión del capital financiero
improductivo), el capital intenta resolver sus crisis mediante la producción del espacio. En las
ciudades esto se expresa en la forma de un impulso a la construcción de obras inclusive
innecesarias (apalancadas por estrategias como la promoción de mega-eventos); en el campo
se expresa por la necesidad de apropiarse de todos los territorios, inclusive las áreas de
reserva ambiental, que entran en la ecuación capitalista por medio de la apropiación privada
de la vida (créditos de carbono, semillas transgénicas, variedades de cultivos etc.).
Uno de los aspectos más destacados de este aspecto es la especulación con el precio de los
alimentos, una de las “nuevas” posibilidades de inversión para capitales que se retiraron de
los sectores más afectados por la crisis de 2008. Es en este año cuando los precios de los
alimentos alcanzan niveles muy altos en el mercado mundial y son mantenidos elevados en
los años siguientes a pesar de frecuentes oscilaciones. De la misma forma, los capitales
buscan invertir de forma masiva en la compra de tierras, para dar un ejemplo, las
estimaciones del Congreso de Estados Unidos para mayo de 2008 eran de que
si en el 2003 cada día existían 430 millones de dólares de especulación, en
marzo de 2008 diariamente se especulaba con 8.600 millones de dólares, es
decir, que en un solo día del 2008, se especulaba tanto como en 20 días del
2003. Esta actividad compradora es lo que permite explicar en gran medida
el alza a los precios de los alimentos. Para tener una idea, solo en febrero
de 2008 se crearon 160 fondos de inversión a nivel mundial de commodities
agrarios, de allí la especulación en los mercados de futuro. (ÁLVAREZ, 2012,
p. 6)
Esta lógica, por lo tanto, permite entender el porqué del acaparamiento de tierras. Muchos
de los capitales que se retiraron de los sectores más afectados por la crisis en busca de
nuevas posibilidades de inversión miran al segmento del agronegocio como una buena
oportunidad. Se da, por lo tanto, un boom en las inversiones en negocios de producción de
commodities agrícolas alimentarias e no-alimentarias, con destaque para la producción de
agrocombustibles. Mostraremos cómo esta situación ha ocurrido en algunos países de
América Latina como Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay
TRANSFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN COLOMBIA
El caso colombiano servirá como ejemplo de la transformación de las estructuras agrarias en
la mayor parte de los países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX y hasta
nuestros días. La hipótesis es que todos estos cambio, incluyendo el impulso al
“despoblamiento” del campo y la urbanización, en un primer momento; fueron parte de una
necesidad del capital internacional de resolver sus crisis de sobreacumulación mediante el
impulso a la Industrialización Por Substitución de Importaciones (ISI) y que el sector agrícola
acompañó este movimiento. En un segundo momento que tiene su ápice con las políticas
neoliberales de la década de 1990, esta estrategia se agota y ocurre un desmonte progresivo
de toda la estructura agraria anterior, también por la necesidad del capital, ahora con
predominio del financiero-especulativo (improductivo) sobre el industrial (productivo).
Por lo tanto, a partir de la década de 1950 y hasta la década de 1980 el sector agrario se
destina a producir bienes para el proceso de Industrialización por Sustitución de
Importaciones (ISI). En este modelo, la estructura básica del sector agrario estaba
conformada por cuatro sub-sectores que pueden clasificarse en tres grandes grupos según
TOBASURA (2009, p. 9):
1) El primero, de características típicamente empresariales, intensivo en el uso de
capital, con tecnología moderna (generalmente importada), correspondiente a
cultivos de sustitución de importaciones (algodón, caña de azúcar, cereales) y cultivos
tropicales.
2) El segundo, estaba conformado por cultivos no comerciables o de consumo interno,
típicamente de economía campesina, intensivos en mano de obra, con tecnología
tradicional.
3) El tercero, correspondía al sector pecuario fundamentalmente ganadería bovina y
4) El cuarto, en un estado de incipiente desarrollo, de la avicultura y porcicultura.
En la primera fase de este modelo se hizo énfasis en la producción de materias primas:
cereales, algodón y oleaginosas (cultivos de sustitución de importaciones) y se benefició muy
poco o nada la producción de alimentos y los productos no transables (productos
fundamentalmente de Economía Campesina). En la segunda fase se enfatizó en la promoción
de exportaciones de productos tropicales: algodón, banano, azúcar, flores, producción de
carácter típicamente empresarial.
El segundo grupo estaba conformado por cultivos no transables o de consumo interno,
típicamente de economía campesina, intensivos en mano de obra, con tecnología tradicional
y con un archipiélago de organizaciones campesinas, con escasa capacidad de negociación en
el sector. Este grupo de productores hasta finales de los años 1980 era el responsable de la
producción de por lo menos 60 % de los alimentos del país. No obstante su importancia en la
seguridad alimentaria nacional y el número que representa, su dispersión en la geografía
nacional y la falta de una organización la hacían poco influyente políticamente.
Para 1989 Colombia, así como México, Brasil y muchos otros países de América Latina era
auto-suficiente en materia agrícola.
Esta estructura agraria sufre cambios considerables a partir de las políticas neoliberales
impulsadas desde el comienzo de la década de 1990 cuando el sistema económico
colombiano pasa a privilegiar el comercio internacional como base del crecimiento
económico y se impulsa la llamada “modernización institucional” (reducción del Estado y
liberalización de las regulaciones estatales de los factores productivos). En el sector agrario
esta transformación implicó el impulso a los sistemas productivos en los cuales el país podría
tener ventajas comparativas, como los cultivos tropicales de exportación, en detrimento de
los cultivos para proveer materias primas para la industria substitutiva de importaciones,
como los cereales y las oleaginosas. También se dinamizó la producción pecuaria,
especialmente de ovinos y porcinos, mientras que la producción bovina mantuvo su
estructura tradicional, con concentración de la tierra, escasez de tecnología y mano de obra
(TOBASURA, 2009, p. 11).
Para comprender la dimensión de las transformaciones de la estructura agraria en Colombia
ocurridas a partir de la modificación de la matriz económica debida a las políticas
neoliberales podemos decir que la producción de cultivos para la alimentación redujo
drásticamente su participación por la competencia con productos importados y las
dificultades de comercialización de cara a la irrupción de grandes cadenas transnacionales. El
desarrollo científico y tecnológico fue redirigido para apoyar los intereses de los grandes
capitales del sector agroalimentario y la mayor parte de la investigación pasó a ser
desarrollada por los propios centros de investigación de los gremios de la agroindustria (café,
palma africana, caña etc.), en detrimento de la investigación dirigida a la producción
campesina.
Las consecuencias de estas políticas implicaron la disminución de la tasa de crecimiento del
sector agrícola (medido como parte del PIB), el crecimiento, que había oscilado entre 3,21% y
3,85% entre 1950 y 1980, comienza a desacelerar en la década de 1980 y llega cerca del 0%,
en la década de 1990. Los productos que cayeron más fueron los cereales, el café y las
oleaginosas, o sea, aquellos necesarios en la época anterior de producción para la
industrialización por sustitución de importaciones. Los cultivos transitorios, que tuvieron un
crecimiento importante desde 1950 hasta el final de la década de 1970, comenzaron a caer.
Cabe mencionar que este tipo de cultivos son los producidos por las unidades de producción
campesina, responsables por la mayor parte de la producción de papa, yuca, plátano, frutas,
verduras y caña panelera (en menor proporción, del trigo, maíz y fríjol, además del 30% del
café). Las menores tasas de crecimiento de estos cultivos están relacionadas con el
incremento de las importaciones de alimentos y materias primas de origen agropecuario, que
llegaron a seis millones de toneladas en 1996 y a ocho millones, en el primer gobierno de
Álvaro Uribe, entre 2002 e 2006. En este período también se perdieron 350.000 empleos en
el sector agropecuario (TOBASURA, 2009, p. 15).
Este último gobierno profundizó la tendencia a la consolidación de los productos tropicales
exportables, en detrimento de la producción de alimentos para el consumo interno. Las
líneas de financiación para la producción estuvieron enfocadas en productos como: palmaafricana, caucho, caña de azúcar, maíz y yuca (estos dos últimos, principalmente para la
producción de agrodiesel) y especies de reforestación comercial, principalmente; además de
algunos productos como cafés gourmet (producidos en áreas con características climáticas y
edafológicas particulares) o frutas llamadas exóticas (por ejemplo, Pitahaya o Physallis), de
los cuales se busca extraer renta de precio de monopolio.
En términos de soberanía alimentaria, las consecuencias de la modificación de la estructura
agraria decurrente de las políticas neoliberales en la agricultura implicaron que Colombia
esté importando cada vez más productos agropecuarios, entre ellos la casi totalidad del trigo,
la cebada y la soya que consume y más del 70% del maíz, productos caros en el mercado
mundial (MONDRAGÓN, 2012).
Este último autor menciona, por ejemplo, que en 2010 el país importaba 10,5 millones de
toneladas de productos agropecuarios y agroindustriales, que costaron 5.647 millones de
dólares y que las importaciones del sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura
aumentaron de 799 millones en el 2000, a 2.543 millones de dólares en 2011. Se destacaron
las importaciones de maíz, soya, trigo, algodón, cebada, frutas y legumbres. Además de las
consecuencias en relación a la soberanía alimentaria, el autor menciona que las tierras de
Colombia son las más caras de la región y su precios son hasta cuatro o cinco veces mayores
que en Ecuador, Brasil o Costa Rica, al tiempo que el crecimiento de la producción agrícola es
el más pequeño en Latinoamérica. Sin ninguna duda, la causa de los altos precios de la tierra
es la concentración especulativa de su propiedad (MONDRAGÓN, 2012)
LA transformación de la estructura agraria colombiana, más allá de sus componentes
particulares de violencia armada y desplazamiento forzado, responde a la lógica de la
especulación con la renta de la tierra lo que ha generado consecuencias como las siguientes:
•
52% de la tierra está em poder de 2500 personas, para um coeficiente Gini de 0,86
aproximadamente.
•
•
•
•
Aunque tiene 42,3 millones de hectáreas con potencial agropecuario, solo 8,5
millones son utilizadas para cultivos, mientras que 33,8 millones son utilizadas para la
ganadería
Colombia importa el 99% del trigo y la cebada, 80% del maíz, 50% del arroz y más del
50% de los fríjoles, alverjas y lentejas
5 millones de campesinos viven con menos de $200.000 pesos mensuales
A pesar de todo, la economía campesina produce 100% del fique; 96, 1% del tabaco;
89,2% de la caña panelera; 86,1% de la yuca; 80,1% del maíz; 75,5% de las hortalizas;
74,2% del trigo; 72,4% del cacao
EXPANSIÓN DEL AGRONEGOCIO DE LA PALMA AFRICANA EN COLOMBIA
Colombia es un caso particular dentro del orden mundial de producción de palma africana
pues, a pesar de que su producción comienza en 1932, y de que fue uno de los cultivos que
generaron materia-prima para sustentar el proceso de Industrialización por Sustitución de
Importaciones (ISI), su verdadera expansión sólo se da en los últimos treinta años con las
políticas neoliberales y, principalmente, con el despojo violento de las tierras realizado por
grupos paramilitares de extrema derecha, principalmente a partir de los últimos años de la
década de 1990, concomitantemente con la presión internacional para la producción de
agrocombustibles. Estos factores reunidos favorecieron la rápida expansión del cultivo hasta
volverlo el nexo entre las transformaciones de la estructura agraria en Colombia y la
situación de acaparamiento de tierras y desarrollo del régimen alimentar corporativo de las
últimas dos décadas.
Como parte del proceso de industrialización fue generado un ambiente institucional propio,
corporificado en la Federación Nacional de Cultivadores de Palma – FEDEPALMA, en 1962.
Sin embargo, a pesar de ser pionero de la explotación comercial de este cultivo y de ser,
actualmente, el mayor productor de las Américas con más de un millón de toneladas de
aceite producidas en 2014, nunca ha sido tan importante en el contexto internacional como
para representar una competencia para la producción del sudeste de Asia (Malasia e
Indonesia), líderes en el mercado mundial de aceite de palma con 85% de la producción, en
2012 (RAMÍREZ, 2012, p. 23). Las razones de la escasa competitividad del cultivo de palma
con relación a esta región del mundo serían: El alto costo de producción relativa y la
tendencia a la caída del precio del aceite de palma en el mercado internacional.
Sin embargo, el cultivo de la palma puede ser entendida como una actividad crítica ya que, a
pesar de las mejoras tecnológicas en su producción y de la existencia de condiciones de
mercado favorables ha sido, siempre, una actividad fomentada por el Estado; en la época de
la Industrialización por sustitución de Importaciones, (entre las décadas de 1950 y 1980), con
políticas de protección aduanera y, después de 1990, con el desarrollo de una política agraria
y energética creada para transformar al país en “potencia de los agrocombustibles”
(RAMÍREZ, 2012, p. 43). Tampoco habría sido posible sin la fuerza política del gremio de
empresarios reunidos en FEDEPALMA y representantes de los principales grupos económicos
colombianos, muchos de los cuales han sido Ministros de Agricultura (Como Carlos Murgas,
en el gobierno Andrés Pastrana 1998-2002 o Julio César Lizarralde, ex-presidente de
FEDEPALMA, en el primer gobierno Juan Manuel Santos, entre 2013 y 2014).
Como ya fue escrito, el cultivo de palma africana llega a Colombia en 1932 pero sólo
comienza a ser cultivada extensivamente, en 1945. Su desarrollo comercial y expansión
ocurre en las décadas de 1950 y 1960 con la política de industrialización por sustitución de
importaciones de aceites vegetales y el fomento a la agricultura comercial de monocultivo,
debido a la coyuntura de aumento de la demanda para el mercado interno y caída de las
reservas internacionales. Este cultivo fue uno de los que más se benefició del conjunto de
incentivos tributarios y créditos de fomento que fueron las principales herramientas de
desarrollo agropecuario durante la segunda mitad del siglo XX, en Colombia (RAMÍREZ, 2012,
p. 32).
El primer plan de fomento fue desarrollado durante el Gobierno Militar de Gustavo Rojas
Pinilla (1953-1957), incluyendo estímulos financieros, semillas y asistencia técnica, además
de planos de colonización dirigida e incentivos a la organización gremial de los agricultores.
Este programa apeló a protecciones impositivas y políticas de absorción de la producción
nacional. Posteriormente, en 1962, fue creada FEDEPALMA como agremiación de los
principales productores, como ya fue escrito. La política de fomento permaneció por diez
años, haciendo que el área pasara de 250 ha. sembradas, en 1957, para 19.055 ha., en 1967.
(RAMÍREZ, 2012, p. 32).
Las áreas donde fue sembrada la palma eran áreas de monocultivo de exportación ya
consolidadas como la Zona Bananera del Magdalena, en el Caribe y el Valle del Cauca.
También comenzó a ser sembrada en el piedemonte amazónico de Putumayo y Caquetá,
posteriormente su cultivo se expandiría para casi todas las áreas de menos de 500 m sobre el
nivel del mar y con vocación agrícola.
En 1968, a raíz del fin del Plan de Fomento, su cultivo dejó de crecer con la misma intensidad
y su nivel de producción no era suficiente para competir con las importaciones de aceite de
algodón y de soya, sin embargo FEDEPALMA logró que, a partir de 1976 y durante la década
de 1980, fueran otorgadas nuevas ventajas a los productores como aumento de crédito para
el sector y protección a la producción nacional mediante un arancel de 40% para las
importaciones de otros aceites vegetales. Estas ventajas continuaron a pesar del desmonte
gradual del aparato productivo nacional ocurrido desde finales de la década de 1980 y en la
década de 1990, consolidando a la palma como el principal producto de la cadena productiva
de grasas y oleaginosas (al mismo tiempo que caían las extensiones del cultivo de otras
oleaginosas como algodón, ajonjolí y soya), alcanzando una superficie sembrada de 103.396
ha. en 1990, sin embargo la producción aún no era suficiente para reemplazar
completamente la importación de aceite vegetal (RAMÍREZ, 2012, p. 33).
Las políticas neoliberales y el libre comercio favorecieron la transformación de Colombia en
exportador de aceite de palma por la integración regional. Grandes grupos económicos
crearon compañías de exportación de subproductos de la palma (RAMÍREZ, 2012, p. 33).
Colombia pasó de ser importador de aceites vegetales, a ser exportador y el mayor productor
de aceite de palma de las Américas, con 38% de la producción, pero, como se ha escrito, esto
sólo fue posible, como en otros momentos, por el apoyo estatal por medio de políticas
fiscales, tributarias, arancelarias y, en ocasiones, por el apoyo de organismos internacionales.
A finales de la década de 1990 el área cultivada era de 149.764 ha. (RAMÍREZ, 2012, p. 33).
La consolidación de las políticas internacionales favorables al desarrollo de los
agrocombustibles hicieron que el área cultivada aumentara aún más; en 2000 esta era de
156.070 ha., en 2005 pasó a ser de 270.027 ha. y, en 2011, llegó a 427.367 ha. Siendo así, el
área cultivada en palma se expandió 174% entre 2001 y 2011 RAMÌREZ (2012, p. 35).
TABLA 1
EVOLUCIÓN DEL ÁREA CULTIVADA EN PALMA EN COLOMBIA (1957-2011)
AÑO
1957
1967
1988
1999
2005
2011
ÁREA
(hectáreas)
250
19.055
63.000
149.764
270.027
427.367
Fuente: RAMÍREZ, 2012, p. 35.
La producción de la palma se extendía a 73 municipios, en 2008 y, a 30 más, en 2011, en 15
departamentos. Existían, en 2012, 53 pequeñas plantas extractoras que concentraban el
extracto para ser enviado a seis grandes plantas (RAMÍREZ, 2012, p. 35).
Aunque entre 1999 y 2007, la mayor parte de la producción fuera para exportación,
actualmente la mayor parte de esta va para el abastecimiento del mercado interno, sea para
la producción de alimentos o de bienes industriales. Específicamente, a partir de 2008 la
expansión está directamente relacionada con el programa de incentivo a la producción de
agrodiesel, para el cual, en 2011, fueron dedicadas 168.200 ha. de cultivo y 46,5% de la
producción de aceite de palma, mientras que apenas fue exportado 16,8% del total de la
producción (en torno de 160 mil toneladas de aceite), en su mayor parte en forma de
materias-primas sin procesar y con destino al mercado europeo (RAMÍREZ, 2012, p. 36).
La progresión de la producción de aceite de palma producido en Colombia puede ser vista en
la Tabla 2
TABLA 2
PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA
AÑO
PRODUCCIÓN (Toneladas)
1964
2.000
1970
36.000
1975
50.000
1980
80.000
1985
141.000
1990
252.000
1995
364.000
2000
520.000
2005
660.000
2010
753.000
2014
Fuente: Departamento de Agricultura Estados Unidos
1.108.000
De la misma forma, la tabla 3 muestra cómo ha crecido la producción de agrodiesel de palma
en Colombia desde 2008
AÑO
Producción
(toneladas)
TABLA 3
PRODUCCIÓN DE AGRODIESEL DE PALMA EN COLOMBIA
2009
2010
2011
2012
2013
169.411
337.713
443.037
489.991
503.337
2014
518.092
Fuente: FEDEBIOCOMBUSTIBLES, 2015.
La creación de la Ley 939 de 2004 generó un ambiente institucional favorable al desarrollo de
un mercado del agrodiesel por la imposición dela mezcla de un porcentaje de agrodiesel al
diesel vehicular de 10% en la mayor parte del territorio nacional, y de 7% en Bogotá y su área
de influencia. Por causa de esta ley, entre 2008 y 2012, fueron construidas seis plantas
productoras de agrodiesel de palma en varios departamentos como se muestra a
continuación.
TABLA 4
PLANTAS PRODUCTORAS DE AGRODIESEL DE PALMA EN COLOMBIA
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
CAPACIDAD (ton./año)
Codazzi (Cesár)
Cesár
70.000
Santa Marta I
Magdalena
36.000
Santa Marta II
Magdalena
100.000
Facatativá
Cundinamarca
100.000
Barrancabermeja
Santander
100.000
San Carlos de Guaroa
Meta
100.000
TOTAL
506.000
Fonte: FEDEBIOCOMBUSTIBLES, 2015.
La producción está directamente ligada con los grandes cultivadores de palma (RAMÍREZ,
2012, p. 37). Las propietarias de las plantas extractoras son, en su mayor parte, empresas
locales pertenecientes a élites regionales (como los grupos Daabon, Hacienda Las Flores y
Manuelita) y que tienen interés en otros negocios de combustibles, de origen vegetal
(Manuelita), provenientes de hidrocarburos (ECOPETROL) o ambos (Odin S.A.) .
La incorporación de medianos y pequeños productores dentro del circuito de producción de
la palma ocurre en la forma de “Alianzas Productivas”, modelo por el cual estos, organizados
con otros en cooperativas, hacen una “alianza” con las grandes empresas por medio de la
cual aquellos proveen la tierra y la mano de obra, mientras que la gran empresa compra la
producción, provee las semillas, los plaguicidas, la asistencia técnica y se encarga de
gerenciar y dirigir el crédito (RAMÍREZ, 2012, p. 38; ÁLVAREZ, 2012, p. 13). El propietario
vende la producción a la gran empresa, que descuenta de lo producido el costo de los
insumos, de la asistencia técnica y el pago del crédito para la producción, entregando al
propietario (que, además, tiene que arcar con los costos del transporte, de los implementos y
de los derechos laborales de los trabajadores y afrontar los problemas producidos por plagas
y por las variaciones del precio del producto). Este modelo, por lo tanto, permite que las
grandes empresas mantengan una oferta constante de materia prima, sin tener que arcar
con los costos de la manutención del cultivo, ni de la mano de obra.
Para ver la relación entre la expansión del cultivo de palma y el desplazamiento forzado de la
población campesina en Colombia, podemos decir que, de las ocho áreas donde el gobierno
favoreció las alianzas productivas, cinco (Urabá, Córdoba-Sucre, Cesár, Magdalena Medio y
centro-norte del Meta), presentaron altos índices de violencia paramilitar y desplazamiento
forzado. Por otro lado, a pesar de mostrar el objetivo de democratizar la estructura agraria
por medio del programa de Alianzas Productivas, la expansión de la palma no contribuyó en
nada para modificar la concentración de la propiedad de la tierra existente en Colombia; de
hecho, la estructura agraria del cultivo de palma está caracterizada por la extrema
concentración de la tierra.
Sobre este aspecto es importante resaltar que, al final de 1998 en Colombia existían 2.054
unidades productivas de palma, de las cuales 80% eran menores de 50 ha. y representaban
apenas 4,7% del área total cultivada, mientras que 73,9% del área cultivada correspondía a
cultivos entre 500 y más de 2.000 ha. que representaban apenas 6,28 % de las unidades
productivas (RAMÍREZ, 2012, p. 39).
Diez años después, en 2008, a pesar de que el gobierno estableciera 112 convenios de AP con
5.318 pequeños productores, el cultivo de palma estaba concentrado en grandes latifundios
como los de Oleaginosas Bucarelia (4.700 ha.), Oleaginosas Las Brisas (2.800 ha.), ambas en
Puerto Wilches (Santander) o Indupalma, con 8.609 ha. en San Alberto (Cesár). Por otra
parte, el Grupo Manuelita producía en varias áreas con una extensión total de más de 20.000
ha., en el Departamento del Meta, y de 17.000 ha., en el Departamento de Casanare, en la
llanura de la Orinoquia. De esta forma, en 2009, 33,2% del área cultivada en palma era
realizada en unidades de entre 200 y 1000 ha., y 41,1% era realizada en unidades superiores
a 2.000 ha. lo que hace que 74,3% de la producción se realizara en unidades superiores a 200
ha. Mientras tanto, el área productora por medio de AP era de apenas 17,2% y, de este
porcentaje, apenas 0,8% era desarrollada en propiedades menores de 20 ha. (RAMÍREZ,
2012, p. 40).
Como se ha resaltado, el cultivo de palma es crítico, depende de la expansión del área
producida y de incentivos gubernamentales para ser rentable. El gobierno y los empresarios
del negocio estiman necesaria una expansión de 3.500.000 ha. para obtener el material
suficiente para cumplir con la meta fijada de agregar 20% de agrodiesel al diesel proveniente
de la refinación del petróleo, establecida en el Decreto 2629 de 2007. Estos terrenos tendrían
que ser de áreas que son, actualmente, concentradas para la ganadería en tierras con aptitud
agrícola, para no comprometer la producción de alimentos ni la sustentabilidad ambiental.
Como fue mostrado en el apartado anterior, Colombia tiene 21.500.000 de hectáreas aptas
para la agricultura, de las cuales apenas son usados 4.900.000 ha. De este último número se
usa apenas 13,17% en el monocultivo de caña y palma (RAMÍREZ, 2012, p. 41). Si se pudiera
reconvertir las tierras mal utilizadas para usos específicamente agrícolas existiría una reserva
de 16.300.000 ha., por lo que, para cumplir con la meta de cultivar 3.500.000 ha. para cada
cultivo estaría siendo comprometido 32,5%, de esta reserva de tierras, lo que tendería a
acentuar la tradicional concentración de la tierra existente en Colombia que también fue
mencionada.
CONSECUENCIAS DE LA EXPANSIÓN DEL AGRONEGOCIO EN BRASIL, ARGENTINA Y PARAGUAY
Sin duda, Brasil y Argentina son los países de América Latina donde se muestra de forma más
profunda el incremento del área cultivada con commodities agrícolas (principalmente soya y
caña de azúcar), porque son ellos los que contienen la mayor extensión de área con vocación
agrícola. Aunque su área agrícola no sea tan extensa, en términos relativos la expansión ha
sido muy grande también en Paraguay en el oeste de Bolivia, en los últimos quince años.
Cabe anotar que el área total de Suramérica dedicada al cultivo de la soya aumentó de 17
millones de ha. en 1990 para 46 millones de ha, en 2010. Y que esto ocurrió, principalmente,
en tierras que son resultado de la conversión de ecosistemas naturales (Como el Cerrado
Brasileño y el Chaco de Bolivia, Paraguay y Argentina). Entre 2000 y 2010, 24 millones de ha
en América del Sur fueron cultivadas y, en el mismo período, la producción de soya en grano
fue ampliada para 20 millones de hectáreas (WWF, 2014, p.6).
De acuerdo con el documento Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2010-2019 (OECD-FAO,
2011), Brasil debería ser el país con el crecimiento más rápido de la producción agrícola, con
una evolución prevista de 40% hasta 2019. El agronegocio brasileño tuvo un boom de
crecimiento en las tres últimas décadas, atrayendo de forma creciente capitales provenientes
de fondos de inversión y empresas diversas, nacionales e internacionales, tanto para la
inversión directa en la producción de commodities (como, por ejemplo, la inversión de
empresas chinas en la producción de soya) como para la adquisición de tierras. En los últimos
diez años, las corporaciones transnacionales del ramo de alimentos invirtieron 47 billones de
dólares en el país (PAULIN, 2011). Casi la mitad de estas inversiones externas fue proveniente
de paraísos fiscales. Datos del Banco Central de Brasil registraron que las cifras aplicadas en
la compra de tierras por extranjeros en este país pasaron de 104 para 548 millones de
dólares entre 2002 y 2008 (MARQUES, 2011).
Para dar un ejemplo de este crecimiento de las áreas ocupadas por commodities agrícolas
podemos resaltar que, en Brasil, entre 2000 y 2011, el área ocupada por caña de azúcar saltó
de 4,8 para 8,1 millones de hectáreas. Este crecimiento estuvo sustentado por la creación, en
2004, del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPD) (SANTOS e SUZUKI,
2010, p.36).
Cabe anotar que las características de la estructura agraria en Brasil son particulares, pues
del área total del país, entre 39 y 44% se utiliza en la actividad agropecuaria. Esto
corresponde a una de las mayores áreas del mundo utilizada en actividades agrícolas, sin
embargo, la concentración de la propiedad de la tierra es muy alta, siendo el coeficiente GINI
de 0,854. Similar al de Colombia (FERNANDES et. al. 2012, p. 17-8)
De esta área apenas 24% es producida por productores familiares campesinos que, sin
embargo corresponden al 84,4% de establecimientos en total. Estos productores familiares
campesinos producen el 38% del valor bruto, pero apenas 15,11% de la producción neta.
También corresponden al 74% del personal ocupado en el campo. Producen el 70% del fríjol,
el 87% de la yuca, el 40% del maíz, el 34% del arroz, el 58% de la leche, el 59% de la carne
porcina, el 50% de las aves y el 30% de la carne bovina (FERNANDES et. al 2012, p. 18).
En Argentina, las características de la expansión de la soya son más antiguas que en Brasil o
que en el caso de la palma africana en Colombia, pues tienen que ver con la tradición
agroexportadora del país; sin embargo, durante la última dictadura militar (1976-1983) y en
el período de redemocratización siguiente se sentaron las bases para la implantación de las
políticas neoliberales en la agricultura. Es así como, ya en la cosecha 1980-81 se produjeron
3,7 millones de toneladas; en la cosecha 1990-91 se produjeron 10,8 millones de toneladas y
en la cosecha 2002-03 se produjeron 35 millones de toneladas. Cabe apuntar que, mucho
antes que en Brasil, la soya es casi toda transgénica y destinada a la exportación (GIARRACCA
y TEUBAL, 2008, p. 154).
El boom de la soya se da en detrimento de otros productos cerealeros y oleaginosos. Por
ejemplo, en las campañas agrícolas de 1997-98 y 2004-05, la producción sojera aumento en
casi 20 millones de toneladas, mientras que la de girasol cayó 2 millones, la de arroz 0,5
millones y la de maíz se mantuvo, más o menos estable (GIARRACCA Y TEUBAL, 2008, p. 155).
En la Provincia de Córdoba, el auge de la soja vino acompañado de la pérdida de 17% de las
cabezas de ganado
A escala nacional, de 1988 a 2003, el número de tambos para la producción de leche y sus
derivados pasó de 30.141 a 15 mil establecimientos. También cayó la producción de frutales
y de los tradicionales cultivos industriales (algodón), del interior del país (GIARRACCA Y
TEUBAL, 2008, p. 156)
En 2005 fue aprobado el Programa Nacional de Biocombustibles, un año después que en el
caso brasilero.
En Paraguay las características de la estructura agraria son comparables con el caso de sus
países vecinos, en este país es chocante el proceso de concentración de la propiedad de la
tierra ya que tiene un Coeficiente GINI de 0,93, el más alto de toda América del Sur, aunque
esto tiene que ver con su tamaño. El proceso de acaparamiento de tierras, realizado por
empresas brasileñas y argentinas, principalmente, es tan intenso que en la región oriental del
Paraguay apenas sobreviven de 3 a 4% de las formaciones vegetales originales (PALAU, 2008,
p. 36).
En este contexto, la producción de soya pasó de 833.005 hectáreas, en 1995; para 1.350.000,
en el 2000 y 5.200.000, en el 2005. La producción de algodón creció apenas un poco en
comparación (300.000 ha., en 1995, la misma extensión en el 2000y aumento de 400.000, en
2005) (PALAU, 2008, p. 21).
CONCLUSIONES
En este escrito se trató de relacionar los casos de Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay para
mostrar como la estructura agraria está definida por fenómenos globales y como la
expansión de determinados productos está relacionada con la dinámica y la lógica (ilógica)
del capital. De esta manera se puede decir que, tanto la fase de expansión de cultivos para
proveer materias primas para el proceso de Industrialización por Sustitución de
Importaciones (ISI), como la fase siguiente, de desmonte de las instituciones de
almacenamiento de productos básicos y regulación de precios, así como de impulso a la
producción de commodities agrícolas; están reguladas por la necesidad del capital de crear
mercados y expandir su sociabilidad típica, en un primer momento y de apropiarse de la
renta de la tierra en un momento de crisis de la reproducción social específicamente
capitalista, en un segundo momento.
No deja, sin embargo, de revestir especial preocupación el lastre de impactos económicos,
sociales y ambientales de los monocultivos de commodities y de la producción de
agrocombustibles en un contexto de predominancia del capital financiero en la agricultura y
de crisis económica mundial. La expansión territorial del agronegocio y del capital financiero
en el campo intensifican la explotación del trabajo y la violencia contra las poblaciones
tradicionales y las organizaciones indígenas, negras y campesinas (PITTA Y MENDONÇA, 2015,
p.4).
El discurso que promueve al agronegocio como “productivo” esconde el riesgo que este
modelo representa para la producción de alimentos, ya que está basado en la necesidad de
utilizar intensivamente insumos químicos, que degradan los suelos y contaminan las fuentes
de agua. La expansión del agronegocio hace que el precio de los alimentos para la población
siga un proceso inflacionario, perjudica las políticas de reforma agraria y la producción
agroecológica. La expansión territorial de los monocultivos de commodities intensifica la
represión y la expropiación de la tierra y de las parcelas de pequeños productores (PITTA Y
MENDONÇA, 2015, p.4). Además de provocar la expansión de semillas transgénicas y el
control sobre la vida y consumir grandes cantidades de recursos públicos por su carácter
crítico.
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