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El «acuerdo» entre
Grecia y la Eurozona
Aunque este mismo año ya dedicamos un comentario editorial
sobre la crisis griega 1, los últimos acontecimientos ocurridos
durante el verano (corralito en junio, acuerdo en julio, dimisión
de Alexis Tsipras en agosto, elecciones generales en el horizonte
de septiembre) nos llevan a volver a esta cuestión con el deseo
de ofrecer unas líneas de análisis y algunas pistas de propuesta.
Mucho nos tememos, por otro lado, que seguiremos pendientes
del país heleno y sus relaciones con la Unión Europea, porque el
asunto dista mucho de estar resuelto o, ni siquiera, enfocado.
El cambio de gobierno y las negociaciones Grecia-Eurozona
En enero de 2015, Syriza (coalición electoral de partidos de
izquierda) gana las elecciones legislativas griegas defendiendo
un programa muy crítico a la actuación de las instituciones
comunitarias. Tras su triunfo y la formación de un nuevo gobierno
presidido por Alexis Tsipras y con Yanis Varoufakis como ministro
de finanzas se retoman las negociaciones entre Grecia y las
instituciones comunitarias para dar vía libre al último tramo del
segundo rescate financiero. La situación financiera del gobierno
griego, afectada negativamente por la incidencia de las elecciones
en la recaudación fiscal, le impide prescindir de los préstamos
comunitarios para afrontar los pagos pendientes.
Cf. «Grecia: salir del atolladero, no salir del euro»: Razón y Fe, t. 271,
n.º 1396 (febrero de 2015), 133-143.
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En los meses siguientes, las negociaciones avanzan lentamente
con una discrepancia frontal entre el gobierno griego y las
instituciones comunitarias. Éstas, en su papel de acreedores de
Grecia, exigen el cumplimiento de los compromisos contraídos
por los anteriores gobiernos griegos, es decir, las medidas
de austeridad presupuestaria y la aplicación completa de las
reformas estructurales y privatizaciones del patrimonio público
griego. Por su parte, el gobierno griego pone de relieve
el fracaso de los planes de rescate comunitarios y exige a
las instituciones comunitarias el abandono de la política de
austeridad, un calendario más inteligente de reformas estructurales
y privatizaciones, así como la reestructuración de la ingente
deuda pública griega, considerada impagable. Las negociaciones
no trascurren en el mejor clima, salpicadas por cruces de
declaraciones entre Varoufakis y algunos colegas del Eurogrupo,
destacando, entre ellos, la figura de Wolfgang Schäuble, el
ministro alemán de finanzas. A esta atmósfera de recelo y de
desconfianza, debe añadírsele la cercanía del gobierno de Tsipras
a Rusia con ocasión de proyectos energéticos.
El plante de Grecia y la convocatoria del referéndum
A pesar de todo, sin embargo, próxima ya la fecha límite del
segundo rescate (30 de junio), tratando ambas partes de evitar
el Grexit —la salida de Grecia del euro—, se da un tipo de
acercamiento más pragmático que ideológico. Si el 25 de junio
las instituciones comunitarias presentaban su «última propuesta»
a Grecia, el 26 de junio, cuando todo parecía indicar que se iba
a producir un acuerdo, surgía el plante de Grecia. Así, Tsipras
suspendió las negociaciones y convocó un referéndum para el 5
de julio de forma que el pueblo griego fuese quien decidiese si
aceptaban o no la última propuesta de los acreedores, declarando
de paso que como partido político iba a votar un «no».
De antemano, los motivos del plante no son transparentes.
Por un lado, los argumentos del gobierno heleno versaban en
las exigencias, de última hora, de los acreedores; exigencias
humillantes para Grecia. Por otro lado, otras interpretaciones
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apuntan a que el plante de Tsipras buscaba recabar apoyo
político en Grecia antes de firmar un acuerdo que chocaba
frontalmente con el programa electoral con el que Syriza había
ganado las elecciones. Tras el plante de Tsipras, el Presidente de
la Comisión Europea se quejó de esta poca transparencia por
parte de las autoridades griegas al no decir toda la verdad del
asunto y, en consecuencia, manifestó su sentirse traicionado por
Tsipras.
Las medidas del BCE, el corralito y Grecia «en mora»
Ante la ruptura de las negociaciones, el Banco Central Europeo
(BCE) decidió no ampliar la línea de liquidez de emergencia (ELA,
por sus siglas en inglés) a los bancos griegos. Dada la intensa
fuga de depósitos que éstos venían sufriendo los últimos meses, la
medida del BCE asfixió las entidades bancarias griegas. Ante la
aceleración de la retirada de depósitos (muy intensa ya desde el
mes de diciembre de 2014) y la fuga de capitales al exterior, el
gobierno griego optó por el cierre temporal de los bancos griegos
y de la Bolsa griega, la limitación de la retirada de depósitos
bancarios (a 60 euros diarios por persona y entidad), así como el
control de los movimientos de capitales al exterior (los pagos de
residentes a no residentes). Tales decisiones agravaron aún más la
recesión que venía dándose ya en la primera mitad de 2015.
Mediáticamente, la prensa recogió una serie de declaraciones
sobre la posible suspensión de pagos del Estado griego, la
quiebra de los bancos griegos, la salida del euro de Grecia y
la emisión de una moneda local. Sin embargo, Tsipras declaró
que, por un lado, Grecia no saldría del euro por sus fatales
consecuencias que tendría para la población helena y que, por
otro lado, estaría dispuesto a litigar ante los Tribunales de la
Unión Europea (UE) la salida del euro de Grecia. Por su parte, el
1 de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmaba que
Grecia no había hecho frente a un vencimiento de 1.600 millones
de euros y que, en consecuencia, se declaraba al país «en mora».
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El resultado del referéndum y el «acuerdo»
En un ambiente confuso en el que el «no» significaba cosas
distintas para unos y otros (para los críticos con Tsipras, la salida
de Grecia del euro; para Tsipras, el respaldo en su negociación
con los acreedores), el 5 de julio triunfó el «no» a la denominada
última propuesta de los acreedores, con el apoyo de más del
60% del electorado griego. Tras el resultado del referéndum,
se reanudaron las negociaciones entre Grecia y los acreedores
comunitarios en un clima de gran desconfianza que endureció su
postura negociadora abriendo incluso la puerta de salida del euro
a Grecia.
El 9 de julio, Tsipras, ante la perspectiva inminente de Grexit,
defendida por el ministro alemán Schäuble, claudicó y aceptó
el compromiso con las instituciones comunitarias, mucho más
duro que la propuesta inicial previa al referéndum celebrado. El
acuerdo suponía aceptar el 100% de la propuesta comunitaria
rechazada en el referéndum y algunas exigencias adicionales,
tal vez humillantes pues implicaban una tutela a los helenos por
parte de las autoridades comunitarias. Varoufakis, en radical
desacuerdo con la claudicación de Tsipras, presentó su dimisión
como ministro de finanzas griego.
Tras la aprobación por parte del Parlamento griego del acuerdo,
el BCE elevó el tope de la línea de liquidez de emergencia (ELA)
a los bancos griegos y el Eurogrupo aprobó un crédito-puente
(7.000 millones de euros) para que, mientras se negociase el
detalle del Memorándum de Entendimiento del tercer rescate, «se
pusiese al día» con el FMI e hiciese frente vencimientos de deuda
pública en poder del BCE.
El contenido del acuerdo
Una vez delineada la cronología de sucesos, queremos destacar
aunque sea sucintamente, los cinco puntos más relevantes del
acuerdo logrado. En primer lugar, el acuerdo insiste en la
austeridad presupuestaria, si bien algo suavizada respecto a la
exigida en anteriores rescates, exigiendo superávits primarios
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(antes del pago de intereses de la deuda) crecientes (0,25% del
PIB en 2015; 0,5% del PIB en 2016; 1,75% del PIB en 2017;
y 3,5% del PIB en 2018). No obstante, no tiene demasiado en
cuenta la recesión en la que ha vuelto a caer la economía griega
en 2015 y sus consecuencias negativas en la recaudación fiscal.
Por ello, el logro de tales superávits primarios parece dudoso,
pues con una economía en recesión la recaudación fiscal caería
y habría que reducir todavía más el gasto público griego, con
nuevos efectos recesivos en la economía griega. El acuerdo
ignora, por lo tanto, una enseñanza básica para la historia
económica: sin crecimiento económico es muy poco probable
que las finanzas públicas resuelvan sus problemas de déficit y
endeudamiento.
Un segundo punto del acuerdo señala la creación de un fondo
de privatizaciones, en manos del gobierno griego pero bajo la
tutela de las instituciones comunitarias. Éstas gestionarían todo
el patrimonio público susceptible de ser privatizado hasta 2045,
como empresas del Estado, infraestructuras públicas, activos
inmobiliarios y recursos naturales, generando, así, 50.000
millones con un triple destino: el 50%, la recapitalización
bancaria; el 25%, la financiación de inversiones productivas; y
el 25%, la amortización de deuda pública. La estimación de los
ingresos que se obtendrían por el fondo parece muy optimista,
teniendo en cuenta que una venta masiva y apresurada del
patrimonio público lo devaluaría por debajo de su valor potencial.
En tercer lugar, el acuerdo fija un calendario muy estricto y
acelerado de reformas estructurales (con una estrecha tutela a
cargo de las instituciones). Tales reformas afectan a distintos
ámbitos de la economía griega: el sistema de pensiones, el
mercado laboral, los mercados de productos, las administraciones
públicas, el sistema financiero, el sistema fiscal, etc.
Un cuarto punto lo contiene una promesa de reestructuración
de la deuda pública griega en otoño (reducción de intereses,
alargamiento de vencimientos, descartando la quita), condicionada
al cumplimiento de las condiciones impuestas.
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Finalmente, el acuerdo alude a un plan de inversiones de 35.000
millones (en tres años), dinero que proviene de la fusión en la
participación de Grecia en los diferentes fondos estructurales
comunitarios ya presupuestados. Cabe decir, pues, que al acuerdo
no contiene el ambicioso plan de inversiones (digamos, un plan
Marshall) que impulse la demanda en Grecia y que afronte la
mejora la competitividad del sistema productivo.
La débil posición negociadora de Grecia
Tanto en la cronología sucedida como en el acuerdo finalmente
pactado muestran un dato muy significado: en las negociaciones
entre Grecia y el Eurogrupo ha estado siempre presente el
desigual poder negociador de Grecia y de las instituciones
comunitarias, así como la amenaza de Grexit. La posición
negociadora griega se ha ido debilitando por la intensa fuga de
depósitos de los bancos griegos (estimada en la cuarta parte del
total de depósitos durante el periodo negociador), fuga que ha
dado lugar a una creciente dependencia de los bancos griegos
a los préstamos del BCE. También el retorno de la recesión de la
economía griega en 2015 y su efecto negativo en la recaudación
fiscal han debilitado su poder negociador. De ello ha dado fe
el necesario auxilio financiero comunitario y negado por los
mercados financieros. De modo que, más allá de la dispar
estrategia argumental utilizada, el resultado de las negociaciones
ha estado muy condicionado por las urgencias financieras griegas.
Así las cosas, más que de un acuerdo, cabría hablar de una
imposición de condiciones al gobierno griego.
El acuerdo no convence ni a unos ni a otros
Aparte de duro y exigente, el acuerdo no convence ni a unos ni a
otros. Por ejemplo, Tsipras nada más firmar el acuerdo manifiesta
su escepticismo y a la vez su resignación para aceptarlo con el fin
de evitar males mayores para la ciudadanía helena. Varoufakis
lo considera inaceptable y contraproducente para la economía
griega sin que ello evite una futura salida del euro. Sin embargo,
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de igual manera, no es satisfactoria para el ministro alemán
Schäuble quien habría preferido la salida del euro por parte de
Grecia —aspecto que no excluye en un futuro—. Al respecto,
expertos de primera fila como Paul Krugman, Joseph Stiglitz o
Charles Wyplosz, por citar sólo algunos, disienten del acuerdo
porque impulsa una filosofía fallida de los anteriores planes de
rescate.
La lógica de los acreedores: frente a la deuda, austeridad
y reformas
Siendo Alemania la potencia dominante en la Eurozona, su tesis
se ha impuesto en el resultado de las negociaciones: «frente a la
deuda, austeridad y reformas». Según esta lógica, la economía
nacional y las finanzas públicas de cualquier país no pueden
gastar reiteradamente mucho más de lo que ingresan, porque
ello conduce al endeudamiento insostenible, que paraliza e
impide el crecimiento económico. Las finanzas públicas griegas se
encuentran profundamente endeudadas, creándose una situación
financiera insostenible. ¿Qué hacer? Grecia debe afrontar su
grave endeudamiento mediante ajustes y recortes de gasto público,
subida de impuestos, un conjunto de reformas modernizadoras y
un programa de privatizaciones del patrimonio público griego.
Las medidas de austeridad y las privatizaciones permiten obtener
superávits presupuestarios con los que afrontar las consecuencias
del endeudamiento (el pago de intereses y los vencimientos de
la deuda), recuperando la confianza perdida de los mercados
financieros.
Además, siguiendo la lógica germana, detrás de los problemas
griegos no sólo subsiste un patrón de gasto excesivo, sino también
un problema de competitividad del sistema productivo. El valor
de las exportaciones es muy inferior a lo que Grecia necesita
importar. Ello es la otra cara del exceso de gasto de la economía
griega y de su endeudamiento exterior. Para que la economía
griega recupere su crecimiento es preciso un amplio conjunto de
reformas estructurales modernizadoras del sistema económico y
de las instituciones con las que ganar competitividad. Entre ellas
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cabe destacar: a) la reforma laboral que ajuste los salarios a la
evolución de la productividad; b) la reforma de los mercados de
productos que incremente la competencia y evite comportamientos
corporativos contrarios al interés general; c) la reforma del sistema
de pensiones (edad de jubilación, cuantía de la pensión, etc.);
d) la reforma de las instituciones que haga frente a la corrupción;
e) la reforma de la administración pública que reduzca el excesivo
número de funcionarios y los haga más eficientes; f) la mejora del
registro de la propiedad y del sistema estadístico; g) la reforma
fiscal que incremente la capacidad recaudatoria y reduzca el
fraude fiscal, y h) la despolitización de la administración tributaria.
Una lógica alternativa: sin crecimiento no se afronta la deuda
Pero la aparentemente impecable lógica de las tesis alemanas no
han dado buenos resultados en el conjunto de la Eurozona. La
muy endeudada Grecia se encuentra atrapada en un complejo
bucle donde interactúan las finanzas públicas, los bancos y la
economía real, con un resultado final de ausencia de crecimiento,
mucho paro y gran desigualdad social. Además, un círculo vicioso
difícil de superar: la estimulación del crecimiento opera con ayuda
externa y medidas excepcionales que estimulen la demanda
agregada y reestructuren la deuda. Su enorme deuda impide el
crecimiento y sin éste es casi imposible reducirla. El problema de
la ingente deuda griega no puede resolverse sólo con medidas de
austeridad presupuestaria, subidas de impuestos, privatizaciones y
reformas estructurales. Estas medidas son necesarias, pero hay que
graduarlas y aplicarlas de modo que no ahoguen la economía,
no anulen el crecimiento económico y, en todo caso, deben ser
acompañadas por medidas estimulantes de la demanda que eviten
la recesión, el paro y el empobrecimiento.
La excesiva austeridad exigida a Grecia la ha debilitado
profundamente provocando una intensa caída del PIB, un aumento
enorme del paro y de la desigualdad a la vez que la deuda
pública griega ha aumentado. Además, las reformas estructurales
programadas, aunque necesarias, requieren no sólo tiempo sino
también una adecuada secuencia.
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En consecuencia, para recuperar el crecimiento, Grecia necesita
otra austeridad presupuestaria, más inteligente. También precisa
una aplicación más inteligente de las reformas estructurales
priorizando aquéllas que tengan una mayor incidencia en el
crecimiento a corto y medio plazo. Por ejemplo, es un error
primar una reforma laboral que deprima salarios y facilite
despidos, y, en cambio, no primar la reforma de los mercados
de productos (el fomento de la competencia y la lucha contra los
múltiples corporativismos griegos). Grecia necesita urgentemente
una reestructuración de su impagable deuda pública que haga
soportable (es decir, compatible con el crecimiento) la pesada
carga financiera del endeudamiento. A ello debe añadírsele, la
también urgencia necesaria de un amplio programa de estímulos
al crecimiento que dinamicen la inversión productiva (tanto
endógena como exógena) y la creación de empleo (al estilo del
viejo plan Marshall de la posguerra europea). De igual manera,
dicho programa —dada la situación financiera griega— debe
contar con el apoyo exterior.
¿Una Grexit temporal?
La penosa situación griega se ha ido agravando progresivamente
en los últimos meses. Paralelamente, también han cambiado
las potenciales consecuencias de una eventual salida del euro
de Grecia. La insolidaria fuga de capitales al exterior, la brutal
retirada de depósitos bancarios, el grave deterioro de las finanzas
bancarias y la vuelta a la recesión, resultan efectos esperados y
temidos de una eventual Grexit pero que, fácticamente, se han
ido produciendo. De esta realidad, apuntamos dos sucesos: a) la
simple expectativa de Grexit ya ha generado una parte notable de
sus efectos negativos (puede hablarse de profecía autocumplida);
b) los también temidos efectos-contagio sobre los países periféricos
se han reducido desde el anuncio del BCE de «hacer lo que
hiciese falta» para evitarlos.
Por consiguiente, la confianza en la irreversibilidad de la
adopción del euro ya casi nadie se la cree. De este modo, los
efectos negativos futuros que provocaría una salida de Grecia
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del euro no añadirían demasiado a la tragedia griega, ni a la
desacreditada Eurozona. Establecido el control de capitales y
limitada la retirada de depósitos, con bancos exhaustos por falta
de liquidez y prácticamente quebrados, con el retorno de la
recesión y con altísimas tasas de paro, pobreza y desigualdad,
Grexit no añadiría mucho al daño ya sufrido por la maltrecha
economía griega. Liberada del corsé que impone la pertenencia a
la Eurozona, Grecia recuperaría autonomía para aplicar medidas
monetarias y presupuestarias acordes con su situación. Sin olvidar
las reformas estructurales ni la necesidad de ajustar sus finanzas
públicas a largo plazo, Grecia podría recuperar su moneda con
un tipo de cambio más ajustado a su débil coyuntura. Fuera
de la Eurozona, de acuerdo con el FMI y con sus acreedores
comunitarios, el Estado heleno podría obtener una reestructuración
de su impagable deuda pública más ambiciosa que la que
obtendría dentro de la Eurozona.
A modo de colofón, con distintos discursos y argumentos se han
alzado voces discrepantes del acuerdo de julio entre Grecia y
el Eurogrupo. También con distintos discursos y argumentos se
oyen voces que defienden que, hoy en día, lo menos malo para
Grecia sería su salida de la Eurozona, al menos temporal; voces
tan opuestas como la del ministro alemán Schäuble y la del griego
Varoufakis, pero también las de expertos como Krugman o Stiglitz.
Una cosa está clara, la tragedia griega no parece concluir con
la firma de este somero acuerdo entre Grecia y la Eurozona ni
mucho menos con el anunciado tercer rescate. El triste serial
griego continúa. n
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