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Reforma de la PAC en 2013
¿Crecimiento verde o Green Deal?
Documento de posición del Grupo Verts/ALE en el Parlamento Europeo
La historia de la PAC, reformas perdidas, nuevos retos
La Política Agrícola Común fue creada en 1957 para responder a las necesidades de los
ciudadanos europeos en aquella época, es decir, tener suficiente para comer tras la
experiencia de las extensas hambrunas de la Segunda Guerra Mundial. Este objetivo se
alcanzó muy pronto.
El modelo europeo para la política agrícola se concentraba en el crecimiento y la productividad, en la
industrialización de la agricultura, que muy pronto comenzó a generar grandes excedentes de cereales,
leche y carne. Al mismo tiempo, este modelo dependía en gran medida de la creciente importación de
piensos de los Estados Unidos y otras partes del mundo. Al mismo tiempo, la UE exportaba cantidades
cada vez mayores de sus excedentes de cereales y carne al mercado mundial. Este modelo no ha
cambiado. Las sucesivas reformas de la PAC no han podido corregir estos desequilibrios insostenibles,
ya sea por falta de voluntad política o debido a intereses nacionales específicos. Desde hace mucho
tiempo, los excedentes que exporta la UE socavan los mercados e inhiben una producción agrícola
estable en países menos desarrollados. La producción subvencionada en la UE compensa
indirectamente los costes de producción de los productos agrícolas y alimentos procesados que exporta
la UE. De este modo se produce una competencia desleal en los mercados locales de los países menos
desarrollados, ya que los agricultores de países en los que no se conceden (o se conceden menos)
subvenciones no pueden compensar sus propios costes de producción y salen perdiendo en los
mercados locales o regionales. En cuanto a los mercados y obstáculos al comercio, la UE protege sus
sector agrícola en aras de la seguridad alimentaria a su interior, por una parte, y presiona a países
menos desarrollados para que acepten acuerdos comerciales para abrir sus mercados a alimentos
producidos en la UE a precios más bajos (dumpìng), por la otra..
En 2010, la Unión Europea exportará productos agrícolas por un valor de 127 000 millones de
dólares US$ e importará productos por 173 000 millones. Las importaciones netas alcanzarán
46 000 millones de dólares US$. Actualmente, la UE es el mayor importador de piensos y
alimentos por encima de China. Hoy en día, la UE importa decenas de millones de toneladas
de granos de soja y otras proteínas que «alimentan» un modelo industrializado de cría de
animales. Aunque esta situación podría tener sentido en el caso de productos que no se crecen
bien en la UE, como los productos tropicales, el café, el cacao o las frutas, no lo tiene en el
caso de los alimentos básicos para animales, como los granos de soja u otras proteínas, que
podrían producirse en Europa sin problemas. Además, la producción industrial de carne, que se
encuentra sumamente especializada y concentrada, deja una devastadora huella ecológica y
social, no solamente en Europa, sino también en los países en desarrollo.
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Los agricultores y consumidores europeos dependen de un uso insostenible de 35 millones de
hectáreas de tierras fuera de la UE, que gastan igualmente gigantescas cantidades de agua,
por ejemplo, y son responsables indirectos de esta situación. Esta situación no sólo refleja una
gran responsabilidad por la creciente inestabilidad de la seguridad alimentaria y el hambre a
nivel mundial, sino que ha contribuido de forma considerable a imponer un modelo agrícola
dominante que destruye los mismísimos recursos básicos necesarios para la producción
estable de alimentos en Europa. Asimismo, el nuevo problema de ámbito mundial de la
«apropiación de tierras» (la compra de grandes superficies en países en desarrollo y Europa
Oriental) se deriva de la creciente «hambre» de las agroindustrias mundiales que incorporan
cada vez más tierras y personas a sus imperios.
La presión para que las explotaciones aumenten constantemente su productividad y la
ideología destructiva del principio «crecer o morir» que se ha impuesto a los agricultores ha
provocado igualmente la pérdida de una cantidad enorme de empleos en las economías rurales
y cuentan con agroindustrias que consumen energía y contaminan..Estos desequilibrios han
desencadenado una serie de consecuencias negativas y provocado una alarmante
degradación de la fertilidad del suelo, de la biodiversidad y de la calidad del agua en toda
Europa. .Regiones enteras se dedican a monocultivos altamente especializados de maíz y
trigo, así como a la cría de animales en fábrica, una práctica que consume mucha energía y
contamina.
En los antiguos Estados miembros de la UE, los agricultores representan actualmente tan solo
entre el 3 % y el 4 % de la fuerza de trabajo. Este éxodo rural fue resultado de las políticas de
los años sesenta y setenta destinadas a ofrecer a la industria y los servicios una mano de obra
barata. Pero ahora, estos sectores ya no absorben a más personas, sino que producen más
desempleados. La agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles, en particular la
agricultura orgánica, así como una gestión sostenible del suelo, el agua, la biodiversidad y las
infraestructuras rurales solo podrán conservar y crear empleos dignos en la agricultura y
economías rurales prósperas si el modelo actual de agricultura cambia radicalmente. La
reforma de la PAC tiene que resolver estos desequilibrios y adoptar las medidas necesarias
para distribuir la producción agrícola entre sus territorios y regiones, y restablecer los lazos
entre agricultura y ganadería.
La destrucción de puestos de trabajo ha sido más rápida y preocupante en los nuevos Estados
miembros de la UE y Europa meridional. La ampliación y las reformas de la PAC han
marginado a las explotaciones familiares, en particular a los minifundistas y trabajadores
rurales, y han creado nuevas bolsas de pobreza. Incluso los inmigrantes procedentes de países
norteafricanos consideran que las condiciones de trabajo e ingresos inaceptable. La velocidad
con la que se destruye el tejido social de las economías rurales resulta alarmante. En países
como Rumanía, Bulgaria, Hungría, pero también en algunas partes de Italia, Grecia y España,
una parte importante de la población ve como desaparece su forma de sustento sin encontrar
alternativas, lo que provoca tensiones sociales y políticas que podrían tener repercusiones en
el futuro de la Unión Europea.
Las reformas de la PAC de los últimos decenios no han hecho sino adaptar los instrumentos y
las medidas a las diferentes ideologías políticas. En 1992, Europa reformó su PAC para
adaptar la agricultura a los intereses comerciales mundiales dentro del sistema de la OMC. La
agricultura se utilizó como baza en las negociaciones para obtener concesiones de los países
en desarrollo para las industrias y el sector de los servicios europeos. Esta tendencia se
mantuvo en las reformas de 1999 y 2003. Sin embargo, la constante liberalización no fue capaz
de mejorar la vida de los pobres y los hambrientos. Antes bien aumentó su número a más de
mil millones en 2010. El comercio de productos agrícolas, que está dominado por los intereses
de empresas transnacionales, ha demostrado ser un fracaso. Por ello, los temas relacionados
con la agricultura y la seguridad alimentaria deberían negociarse fuera de la OMC en un marco
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internacional transparente y democrático que tenga plenamente en cuenta las cuestiones
sociales y medioambientales.
¿Crecimiento verde? – La estrategia Europa 2020 no aborda la agricultura y los
verdaderos retos
Hace diez años, la estrategia de Lisboa prometió a los ciudadanos europeos que la UE se
convertiría en la región más competitiva e innovadora del mundo. Pero este objetivo no se
alcanzó. Actualmente, Europa pierde fuerza económica y cohesión política. La Comisión
Europea explica este obvio fracaso sobre todo con una crisis financiera y económica
«imprevisible» y la insuficiencia de los esfuerzos realizados por los Estados miembros para
hacer que sus economías sean más competitivas en los mercados globalizados.
Con la estrategia Europa 2020, Manuel Barroso ofrece más de lo mismo para los próximos diez
años. Su hoja de ruta política, la estrategia Europa 2020, define una vez más el crecimiento
económico y la liberalización de los mercados como las principales directrices para las
reformas de todas las políticas de la UE hasta 2013. Asimismo se supone que la reforma de la
Política Agrícola Común (PAC) debe encajar en esta estrategia de crecimiento a pesar de los
crecientes problemas derivados de la extendida especulación con productos agrícolas, la
extrema volatilidad de los precios de los alimentos y la creciente preocupación por la
inseguridad alimentaria a nivel europeo y mundial.
Resulta sorprendente que la agricultura y la crisis alimentaria no se mencionen en la estrategia
original Europa 2020 del señor Barroso. Al parecer se suponía que la agricultura, considerada
el «patio interior» de la economía en general, debía suministrar materias primas baratas para
que la industria de la alimentación y de la energía fuesen más competitivas a escala mundial.
La Comunicación de la Comisión intitulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena de
suministro de alimentos en Europa» y la hoja de ruta de las industrias de la alimentación de la
UE revelan este planteamiento con sorprendente detalle. Se habla mucho de la competitividad
de la industria de la alimentación, y muy poco de los problemas medioambientales, los riesgos
del cambio climático, la calidad de los alimentos o de las necesidades de los agricultores y
consumidores.
La idea fija de que el crecimiento es la respuesta a todos los males abusa deliberadamente de
los problemas ampliamente reconocidos para la futura agricultura, como el cambio climático, el
agotamiento de los suelos y la pérdida de biodiversidad. La estrategia Europa 2020 añade
atributos ecológicos al desfasado modelo de desarrollo económico: Inteligente, verde e
integrador.
- Se prevé que el crecimiento verde aumente las inversiones a través de una investigación
agroindustrial anticuada para impulsar la producción;
- El crecimiento verde se centra en inversiones en materias primas, biomasa y
agrocarburantes, que ponen en peligro la seguridad alimentaria; y por último
- Se supone que el crecimiento integrador resolverá el creciente desempleo y pobreza en las
zonas rurales. Es este planteamiento técnico inamovible y desconectado para abordar los
problemas económicos, ecológicos y sociales lo que hace que la estrategia Europa 2020 haya
quedado desfasada desde el principio.
Los Verdes en el Parlamento Europeo no estamos dispuestos a que todo continúe igual en la
agricultura. Queremos una política agrícola común y una política rural que estimulen el
compromiso de los ciudadanos a favor de la protección del medio ambiente, el bienestar de los
animales y el comercio justo, y que reconozcan el derecho de los agricultores y de los
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trabajadores rurales a obtener una renta digna mediante la producción de alimentos saludables
y los servicios medioambientales que prestan a la sociedad.
Queremos investigación, educación y tecnologías que contribuyan al equilibrio entre producción y
protección, queremos que se inviertan fondos públicos en la gestión sostenible de los recursos
naturales, el suelo, la biodiversidad como parte de un nuevo sistema agrícola basado en las
condiciones y capacidades locales, y que mantenga un empleo estable y el buen trabajo. Queremos una
política agrícola que sea coherente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio nº 1 (erradicar la
pobreza extrema y el hambre) y nº 8 (establecer alianzas mundiales para el desarrollo) y que
contribuya de este modo a la lucha mundial contra el hambre y por el derecho a los alimentos. Para
lograr la seguridad alimentaria a nivel mundial es indispensable que los países en desarrollo refuercen
de forma sostenible su propia producción. Por otra parte, la PAC se justifica supuestamente por
contribuir a la seguridad alimentaria mundial, algo que no es cierto desde dos aspectos, en primer
lugar porque no se ha alcanzado este objetivo, en vista los mil millones de personas que pasan hambre
en el mundo y de la crisis alimentaria de 2008; y en segundo lugar, esta aparente tarea de «alimentar al
mundo», que la industria agroquímica utiliza para justificar la intensificación del uso de productos
químicos, resulta muy engañosa, ya que importamos grandes cantidades de alimentos y, en particular,
de piensos para animales.
Un Green Deal. Cómo aplicar el principio de precursor y el principio de quien contamina
paga
Ofrecemos un Green Deal: Queremos una reforma que invierta las normas y excepciones
vigentes de la Política Agrícola Común y la Política Rural. Las prácticas agrícolas sostenibles y
la producción de alimentos de calidad deben convertirse en la norma. Las prácticas agrícolas
insostenibles que dependen de un alto consumo de energía e insumos a base de petróleo
deben ser la excepción y eliminarse progresivamente.
En lugar de empujar a los agricultores a una carrera para obtener una producción cada vez
mayor en un breve período, habría que incorporar sistemas agrícolas sostenibles por medio de
incentivos públicos. No tiene sentido subvencionar a los complejos agroindustriales para que
compitan en el mercado mundial que repercuten en el conjunto de la sociedad el coste de la
degradación medioambiental y de los riesgos para la salud público. De este modo, los
contribuyentes pagan dos veces. Al contrario, la PAC debería incluir tareas medioambientales,
sociales y de salud pública en todos los sistemas agrícolas y de alimentos, y asegurarse de
que los mercados y pagos directos cubran el coste real de una cadena alimentaria sostenible y,
de este modo, prevenir el dumping de productos de la UE en los países en desarrollo.
La lucha contra el cambio climático en la agricultura no es solamente cuestión de absorber CO2
o reducir las emisiones de metano. Los sistemas agrícolas deben mejorar el humus y la
fertilidad de los suelos por medio de una mejora de la rotación de cultivos, y reequilibrar la
producción animal y vegetal restableciendo el lazo entre la cría de animales y la tierra. Mejorar
la gestión del agua no consiste solamente en absorber los residuos líquidos de nutrientes
procedentes de los estables y campos, sino en mejorar los ciclos del agua en la agricultura y la
agrosilvicultura a fin de enfriar el planeta y conservar el agua donde más se necesita. Tenemos
que mejorar la sostenibilidad de nuestros métodos de producción de carne y leche para que se
ajusten a las normas en materia de bienestar animal y protección del medio ambiente, y mitigar
el cambio climático; debemos reducir la intensidad de la producción ganadera, poner fin a la
agricultura industrial y promover alternativas a estos métodos y productos para lograr un mayor
equilibrio ecológico.
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La productividad de la biodiversidad no puede conservarse en bancos de genes refrigerados o
recluirse en reservas naturales, sino que tiene que vivir y expandirse a través del cultivo en las
explotaciones agrícolas con un gran número de cultivos y animales de granja. Tampoco las
especies silvestres sobrevivirán al borde de una agricultura cada vez más explotadora. La
agricultura debe incluir, no excluir, la administración de los recursos naturales, cubrir el coste
real de la producción y, por consiguiente, ofrecer un trabajo e ingresos dignos. Es necesario
poner fin a un sistema que produce excedentes de forma inherente que se venden a su vez por
debajo de su precio de coste fuera de la UE a través del comercio exterior.
Para ello proponemos aplicar el principio de precursor y el principio de quien contamina paga
en la futura PAC. Conjuntamente, estos dos principios pueden sacar a los agricultores de la
espiral de destrucción, de una ideología desfasada basada en «crecer o morir». El principio de
precursor establece la mejor práctica sostenible que exista en una región o sector productivo
como referencia que debe integrarse en los sistemas agrícolas. El principio de quien contamina
paga obliga a las agroindustrias que llevan a cabo prácticas insostenibles a indemnizar a la
sociedad por los efectos adversos que estas tienen en el medio ambiente y la salud pública.
Los pagos directos deben transformarse en pagos que recompensen exclusivamente una
aportación a los beneficios públicos, como la adaptación y mitigación del cambio climático, la
protección del medio ambiente y la biodiversidad, y la creación de empleos de calidad. Su pago
se condicionaría al respeto del bienestar de los animales, y habría que establecer prioridades,
como las ayudas a las pequeñas explotaciones y no a las contadas grandes empresas que la
PAC favorece actualmente.
Actualmente, el denominado principio de condicionalidad permite que la PAC efectúe pagos
directos a los agricultores a condición de que cumplan normas mínimas en materia
medioambiental y de bienestar animal, pero el problema reside en que la mayor parte de las
subvenciones actuales se destinan a incrementar la producción por unidad, lo que impone
prácticas cada vez más intensivas que socavan estas condiciones mínimas.
Por ello, muchos agricultores y gobiernos nacionales consideran que la condicionalidad
representa una limitación a la competitividad. Es por ello que las administraciones de los
Estados miembros suelen tolerar las infracciones. Sería preferible estimular y apoyar las
mejores respuestas existentes a los problemas medioambientales, sanitarios y sociales dentro
de un territorio, e imponer gravámenes a los sistemas que no respeten la legislación vigente en
materia de protección del medio ambiente, bienestar animal y salud pública.
Ofrecemos un Green Deal para la reforma de la PAC (que incluye las siguientes
propuestas):
1. Los alimentos primero: Reforzar el derecho humano a una alimentación saludable y
suficiente

Todos deben tener acceso a alimentos saludables y suficientes: por ello, la reforma de la PAC
debe contemplar políticas, medidas y normas comerciales que garanticen la seguridad
alimentaria a nivel nacional y europeo, eviten el aumento de la pobreza dentro de la UE y en
todo el mundo, y ayuden a los países en desarrollo a alimentar a su propia población de
manera sostenible.

Los alimentos deben cultivarse y consumirse de preferencia en temporada a nivel local y
regional a fin de evitar su transporte a grandes distancias y una creciente dependencia de las
estrategias para obtener beneficios de las grandes empresas comerciales internacionales. Por
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ello, la producción agrícola de la UE debe concentrarse en la producción regional, en lugar de
intentar competir a nivel del mercado mundial.

El derecho a los alimentos incluye el derecho de las personas y los gobiernos a adoptar
medidas contra las formas de dumping ecológico, económico o social, y a desarrollar sus
propios sistemas de alimentación sostenible. La PAC debe incorporar el derecho a los
alimentos y otros convenios multilaterales en esta materia. Habría que establecer un
mecanismo de denuncia de prácticas de dumping al que puedan recurrir las partes interesadas
de la UE, pero también de los países en desarrollo.

Los precios de los alimentos deben reflejar el coste real de los sistemas de producción
sostenible. Para ello será necesario introducir profundos cambios en la PAC, como una mejor
organización de mercados, relaciones más estrechas entre agricultores y consumidores, una
formación e investigación que permitan a los agricultores elegir las mejores prácticas
existentes en cada región, y una educación sobre nutrición que haga posible que los
consumidores adopten una dieta saludable y sostenible.
2. Comercio justo: Inclusión de la política de desarrollo sostenible en la reforma de la
PAC

La PAC debe ser coherente con una política de desarrollo sostenible a nivel mundial. La UE
debe abandonar todas las prácticas de dumping, como las subvenciones a la exportación, así
como los pagos directos y las inversiones del segundo pilar para promover operaciones de cría
intensiva y procesamiento industrial que provocan la producción de excedentes insostenibles.
La reforma de la PAC debe reducir su huella ecológica y social en la agricultura y los recursos
naturales de los países en desarrollo, por ejemplo, mediante la reducción de las importaciones
de alimentos para animales y otros productos básicos que pueden socavar la seguridad
alimentaria y los sistemas agrícolas sostenibles en esos países.

La UE debe trabajar a favor de un sistema mundial de regulación del comercio agrícola que
favorezca la producción sostenible de alimentos, de preferencia en sistemas agrícolas locales a
pequeña escala, y que evite activamente la competencia entre la producción de alimentos, la
conservación de la naturaleza y la producción de energía.

Al importar productos agrícolas procedentes de países pobres, la UE debería ayudar
activamente a esos países a aumentar el valor añadido de sus productos agrícolas y a que
cumplan gradualmente las normas de la UE sin restricciones injustas a la importación. Este
principio debería incluirse en todas las negociaciones bilaterales o internacionales entre la UE
y países en desarrollo. Los países pueden asumir obstáculos arancelarios relativamente bajos
para la importación de sus productos primarios a la UE (por ejemplo, cacao en grano), pero si
desean exportar alimentos procesados a la UE (por ejemplo, chocolate), tienen que pagar
aranceles sumamente elevados. A la inversa, en la UE se añade valor a los productos primarios
que se vuelven a exportar a los productos del mundo en desarrollo. Por ello, la UE debe
modificar su régimen de aranceles progresivos y promover y aumentar el nivel de los aranceles
para productos agrícolas de países en desarrollo. Es necesario conceder aranceles más bajos
para incentivar los productos que cumplen normas sociales y ecológicas más altas. Debe
evitarse la exportación de productos de la UE que gocen de aranceles superiores al 20 %.

La UE debe asumir el liderazgo para luchar activamente contra la especulación con alimentos,
tierras y productos en un nuevo marco internacional para los mercados de tierras y productos
básicos. La UE debe adoptar normas justas en materia de acceso condicional al mercado que
pongan fin al dumping ecológico y social, y estimulen la adopción de prácticas sostenibles.
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La apropiación de tierras en Europa Central y Oriental, y en los países en desarrollo es una
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amenaza para la seguridad alimentaria local y a menudo desplaza a poblaciones locales sin
ofrecerles empleos o ingresos alternativos. Por ello es necesario que la compra de tierras sea
transparente y esté regulada a fin de evitar una mayor concentración de la propiedad de la
tierra y de los mercados de tierras. La política de agrocarburantes de la UE no debería
incentivar la apropiación de tierras, como hace actualmente.

A fin de evitar la escasez de alimentos a nivel mundial, la UE debería promover la creación de
reservas nacionales de alimentos basadas en sistemas agrícolas locales y regionales sostenibles y
ayudar a los países en desarrollo a constituirlas. Sin embargo, estas reservas de alimentos no
deberían formarse mediante la compra de excedentes por parte del Estado ni acabar
vendiéndose por debajo de su coste en mercados de países en desarrollo en detrimento de la
suficiencia alimentaria de estos. Es necesario aumentar el porcentaje de la ayuda al desarrollo
destinada a reforzar el sector agrícola en los países en desarrollo y prestar un mayor apoyo
institucional a los productores de dichos países.

Habría que llevar a cabo una evaluación de impacto de la PAC que examine en particular las
posibles distorsiones del comercio internacional y los efectos en la agricultura a pequeña
escala en otros países. La reforma de la PAC tiene que incluir un proceso de consulta de los
países en desarrollo.

La UE debería promover la formulación y aplicación de normas multilaterales y evitar la
proliferación de acuerdos bilaterales y normas privadas.
3. Ayudas públicas: cambiar radicalmente las normas y excepciones

La reforma de la PAC debe modificar radicalmente las normas y excepciones, y las prácticas
agrícolas sostenibles deben convertirse en la regla general. La agricultura industrial y otras
prácticas insostenibles deben tratarse y regularse como la excepción a esta regla. Por
consiguiente, el espíritu de la reforma debería estimular plenamente las prácticas sostenibles en
lugar de debilitar las normas mínimas, como sucede con la condicionalidad cuando se trata de
ventajas competitivas.

A fin de convertirse en un verdadero modelo europeo de agricultura multifuncional, la nueva
PAC debería aplicar el principio de precursor y el principio de quien contamina paga. De este
modo se sacará a los agricultores de la espiral de destrucción y de una ideología desfasada
basada en «crecer o morir».

Los pagos de la PAC deben abandonar la lógica de la compensación para adoptar una lógica
de inversión en buenas prácticas. La UE debería identificar las buenas prácticas de los sistemas
sostenibles de producción de alimentos (incluidos los retos del cambio climático, la pérdida de
biodiversidad, la mejora de la gestión del agua, la fertilidad del suelo, el bienestar animal y el
empleo sostenible) y estimular a los Estados miembros para que promuevan activamente estas
prácticas en su territorio mediante la oferta de una mayor cofinanciación a cambio de mejores
resultados.

Los pagos a cambio de «bienes públicos» deberían estar estrechamente relacionados con los
sistemas agrícolas sostenibles, en lugar de compensar simplemente a los agricultores o
empresas por servicios públicos independientes. De preferencia, los pagos por bienes públicos
deberían formar parte de programas de desarrollo y cohesión rural basados en el territorio,
que impliquen en este esfuerzo a las comunidades rurales y a todas las partes interesadas.

Los agricultores de las zonas menos favorecidas, como las islas, las regiones de montaña y las
regiones con suelos de baja calidad, se enfrentan a algunas de las mayores dificultades que
sufren los agricultores europeos, como la distancia hasta los mercados, la falta de servicios
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locales, la vulnerabilidad a la volatilidad de los mercados y la necesidad de proteger
ecosistemas frágiles. No obstante, muchos agricultores de estas zonas se encargan del
mantenimiento de algunas de las zonas agrícolas de mayor valor natural y la actividad agrícola
es indispensable para mantener los paisajes y comunidades locales. Es de suma importancia
que estos agricultores, que obtienen los márgenes más exiguos y afrontan las más altas
responsabilidades, reciban ayudas públicas adecuadas, pero desgraciadamente, el fundamento
histórico de la PAC hace que se recompense mucho más a la agricultura rentable de insumos
intensivos. La excepción debe convertirse en la regla y las ayudas deben ir destinadas a estos
agricultores vulnerables de zonas marginadas. Es necesario continuar y mejorar el régimen de
ayudas a las zonas menos favorecidas, que ha resultado tan eficaz y útil, el cual debe pasar a
formar parte integrante del sistema general de ayudas públicas.
4. Transición hacia un marco de buenas prácticas

La UE debería establecer un marco de principios basados en buenas prácticas y elaborar
criterios concretos para dichas prácticas cuando la agricultura se realice a nivel regional o
local. En la definición de estos criterios deberían participar asociaciones público-privadas,
como sucede en los grupos de acción local del programa LEADER.

Las condiciones para los pagos a las explotaciones deberían incluir un componente de
producción sostenible y un componente de trabajo digno. Ambos deberían pagarse a condición
de que las inversiones eleven las prácticas agrícolas claramente por encima de las normas
vigentes en materia de condicionalidad, y estabilicen o mejoren las condiciones de trabajo e
ingresos de las personas que trabajen en la explotación. Los pagos deberían diferenciarse en
función de condiciones geográficas y de infraestructuras concretas, como regiones
desfavorecidas, zonas de gran valor natural, sensibilidad al cambio climático, etc.

La PAC no debería conceder subvenciones basadas únicamente en la propiedad de la tierra sin
producción agrícola activa o actividades de protección de la naturaleza. Tampoco deberían
recibir subvenciones las explotaciones ganaderas industriales en recintos cerrados situadas
fuera de las zonas rurales. Debería fijarse un límite para recibir ayudas públicas a un
determinado nivel de renta y tamaño de las empresas agrícolas, que tenga en cuenta el nivel de
la producción y empleo sostenibles.

La reforma debería contemplar períodos y medidas transitorios que permitan a los agricultores
adaptarse a las nuevas normas. Al igual que las normas para la conversión a la agricultura
orgánica, algunas medidas, como la extensificación, la rotación de cultivos, la plantación de
franjas de plantas silvestres, la plantación de setos, etc., aumentarían la sostenibilidad de los
sistemas de producción, pero no deberían considerarse a largo plazo como servicios
independientes que deban pagarse por separado.
5. Mejora de la administración de los mercados

La reforma de la PAC debería establecer nuevas formas de gestión de suministros y organización
de mercados que eviten la producción de excedentes estructurales y ayuden activamente a los
agricultores y consumidores a volver a responsabilizarse de sus mercados locales y regionales.
Dicho planteamiento implica igualmente un cambio de las normativas de la UE en materia de
competencia para poner fin a los abusos del poder de compra de las principales empresas
procesadoras y de comercio minorista, e invertir el proceso de concentración en la cadena
alimentaria.

La PAC y la legislación de defensa de la competencia de la UE deberían distinguir entre
competencia a nivel local, regional, nacional e internacional mediante una reforma de la
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política de desarrollo e infraestructuras rurales. Las unidades procesadoras de menor tamaño
podrán ofrecer productos de calidad a los consumidores. Las normativas deberían ayudar a los
agricultores a constituir organizaciones de productores que refuercen su poder de negociación y
dirijan productos alimenticios a mercados más regionalizados y locales. Por otra parte, la
reforma de la PAC debería adaptar las normas en materia de higiene y comercialización al
tamaño de los mercados y la demanda.

Las organizaciones de agricultores y consumidores deberían recibir ayuda para establecer
lazos directos entre ellas a fin de ofrecer un precio justo por productos de calidad. Los contratos
entre los agricultores y el sector de la alimentación deberían incluir principios que estimulen la
adopción de prácticas más sostenibles.

A fin de lograr un mejor reparto del valor añadido en la cadena alimentaria, la
Comisión Europea debería poner en marcha una nueva iniciativa de transparencia
que obligue a las empresas alimentarias más dominantes a publicar su cuota de
mercado y margen de beneficios. La futura PAC deberá reforzar el papel de los
agricultores y consumidores para equilibrar mejor la oferta y la demanda, en
particular en sectores sensibles, como la producción de leche y de frutas y
hortalizas.
6. Un desarrollo rural más amplio y una mayor cohesión territorial

La nueva política de desarrollo rural y territorial debe integrar aún más las políticas agrícola,
medioambiental y de cohesión mediante un enfoque territorial. Debería tener en cuenta los
aspectos geográficos y culturales específicos de la expansión urbana en las zonas rurales
respecto a los de las ciudades y aglomeraciones.

El desarrollo rural integral debería mejorar la gobernanza territorial y reconocer las
diferencias entre territorios en los que la población local puede intervenir en proyectos locales.
La gobernanza rural territorial debe integrar los planes y programas territoriales de la Europa
rural aprovechando las experiencias de las iniciativas comunitarias que han tenido éxito, como
el programa LEADER y utilizando los instrumentos institucionales, legales y financieros
adecuados para ello. La nueva política de desarrollo rural debería ser coherente con el marco
multinivel de «gobernanza territorial» basado en el principio de subsidiariedad.

Los programas rurales de carácter territorial deberían hacer gran hincapié en las asociaciones
horizontales y verticales entre gobiernos nacionales y provinciales y autoridades locales, y
deberían contar con los medios para planificar, implantar y gestionar el desarrollo sostenible
en las zonas rurales. Habría que revisar la distribución de los fondos sobre la base de una
nueva tipología de las zonas rurales y un sistema proporcional de cofinanciación de acuerdo con
la densidad demográfica, la situación socioeconómica, y características o necesidades
específicas.

Los programas de desarrollo rural deberían promover soluciones innovadoras y redes a nivel
local y europeo. Asimismo deberían contemplar actividades de investigación a nivel local y
redes de competencias dentro de las zonas rurales y entre ellas. Habría que prestar especial
atención a reforzar las infraestructuras públicas locales y crear y promover pequeñas
empresas, así como a dar a los jóvenes y trabajadores migrantes la oportunidad de combinar
sus perspectivas personales de futuro con las de la zona en la que han crecido.

A fin de alcanzar la meta de una mayor cohesión territorial a través de un enfoque integrado es
necesario alinear al FEADER y los Fondos Estructurales para concentrar de forma más
selectiva la financiación y el «valor añadido» europeos, en particular para la promoción del
desarrollo en zonas marginadas económica y geográficamente, y para estimular proyectos que
hagan avanzar el «Green New Deal», como la mejora de las prácticas de gestión ganadera y los
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proyectos de energías renovables.
7. Mejora de la diversidad biológica y económica como principio de organización

Las ayudas de la PAC deberían actuar igualmente para establecer un nuevo equilibrio entre la
producción vegetal y la producción animal a fin de reducir la dependencia de la UE de las
importaciones de proteínas con el fin de volver a vincular la ganadería con la producción
integrada de piensos y resolver el creciente problema de la contaminación del agua. La
reforma debe establecer un límite máximo de cabezas de ganado por hectárea de tierra a fin de
evitar una concentración y contaminación insostenibles. Habrá que establecer objetivos para
aumentar gradualmente la producción de piensos proteínicos dentro de la UE. Debe anularse
el acuerdo de Blair House.

La reforma de la PAC debería hacer obligatoria la protección de la fertilidad del suelo y
adoptar medidas eficientes contra la su erosión y contaminación. Debería hacer obligatoria
una mayor rotación de los cultivos para la percepción de pagos directos a fin de desincentivar
los monocultivos. Las medidas agroambientales deben fomentar una mayor diversidad de
producción de plantas y animales mediante el uso sostenible de variedades locales de estos para
luchar contra el avance de la erosión genérica. La UE debería recomendar a los Estados
miembros la introducción de impuestos basados en el principio de quien contamina paga sobre
el uso de plaguicidas para contribuir a la transición hacia formas de producción más
ecológicas.

Es necesario reforzar el derecho de los agricultores a desarrollar intercambiar semillas y razas
de animales en contra de los actuales derechos exclusivos de los criadores y empresas
comerciales, como los derechos y patentes de los criadores de plantas. La reforma de la PAC
debería incluir un nuevo programa de cooperación entre agricultores, bancos de genes,
criadores, científicos y consumidores destinado a sensibilizar al público acerca del papel que
desempeña la diversidad en la protección de la naturaleza y los cultivos agrícolas, y aumentar
los conocimientos locales en esta materia.
8. Investigación participativa y construcción de capacidades

La investigación agrícola y sobre desarrollo rural debería volver a integrarse en las políticas en
estas materias. Tras un período en el que se financió exclusivamente la biotecnología y la
ingeniería genética, la investigación integrada debería incluir los conocimientos de buenas
prácticas locales de los agricultores, así como a científicos de distintas disciplinas.

Las inversiones en programas públicos de investigación participativa tienen que concentrarse
específicamente en sistemas sostenibles de producción y protección, en la producción ecológica
moderna de bajos insumos que utilice energía solar, en lograr la estabilidad por medio de la
diversidad y en ayudar a los agricultores a pasar de un sistema agrícola dependiente del
petróleo a una agricultura basada en la energía solar.

Debería concederse prioridad a reforzar las pequeñas explotaciones multifuncionales y la
agrosilvicutura, así como a usar energías renovables descentralizadas a fin de evitar la
competencia entre la producción de alimentos y la de energía.

Debe prestarse especial atención a la construcción de capacidades y la educación de los jóvenes
mediante la integración de temas relacionados con la agricultura, la protección de la naturaleza
y la calidad de los alimentos en los programas de educación y las acciones de construcción de
capacidades, como se propone en la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la
Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD).
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
La investigación sobre agricultura y desarrollo rural debería tener por objetivo poner en
práctica la iniciativa emblemática sobre eficiencia en el uso de los recursos de la estrategia
Europa 2020, ya que la agricultura consume una gran parte de los recursos, algo que no
resulta sostenible en vista del enorme crecimiento de la población mundial que presenciamos.
9. Introducir la democracia en la cadena alimentaria: salud pública y preferencias
colectivas

Habida cuenta de los crecientes problemas de salud pública, como la obesidad y las
enfermedades cardiovasculares, la protección de los consumidores debe pasar a ser
parte integrante de la reforma de la PAC por medio de una mayor participación de los
consumidores, sus necesidades en materia de salud y sus preferencias culturales. Por
ello, la reforma de la PAC debería orientarse hacia la producción de alimentos que
mejoren de forma activa la salud pública (con menos azúcares y grasas, más apoyo
a las frutas y hortalizas frescas) y tengan en cuenta las preferencias culturales.

Los criterios de autorización para los productos fitosanitarios, semillas u otros insumos
deberían reflejar la transición hacia sistemas agrícolas y de consumo de alimentos que
sean sostenibles, así como las preferencias culturales y éticas de los agricultores y
consumidores, como el rechazo a presencia de hormonas u organismos modificados
genéticamente en los alimentos.

El papel de los órganos «científicos» «consultivos», como la EFSA, el Codex
Alimentarios y otros órganos de seguridad y control de calidad de los alimentos, que a
menudo son fuertemente influenciados por intereses agroindustriales, debería ser
objeto de un control democrático pleno.

Asimismo, la UE debería ampliar el derecho de las asociaciones no
gubernamentales a impugnar las recomendaciones y decisiones de dichos órganos. El
etiquetado de los alimentos procesados debe facilitar a los consumidores la información
sanitaria indispensable y pertinente, y reducir de modo considerable la información
engañosa sobre ingredientes y aditivos añadidos. Debería alentar a los consumidores a
elegir una dieta saludable.

Las normas de higiene de la UE deben aplicarse igualmente a las exportaciones.

La UE debería promover el acceso a la información sobre el origen de los alimentos y
los ingredientes para los consumidores, pues estos deben poder tener control sobre los
alimentos que adquieren por medio de una información completa en las etiquetas a fin
de que puedan hacer decisiones informadas. La indicación del país de origen en el
etiquetado debe ser obligatoria en la UE, tanto de los productos de un solo ingrediente,
como de los principales ingredientes de los productos combinados.
10. Equilibrio entre la seguridad alimentaria y la seguridad energética en Europa

La reforma de la PAC tiene que disminuir los insumos externos de energía del sistema
de producción de alimentos a fin de reducir activamente la creciente presión sobre
los recursos naturales destinados a los alimentos, los piensos y los
combustibles. Si se reduce tanto la huella ecológica fuera de Europa como las
importaciones de piensos, los sistema agrícolas sostenibles no tendrán mucho margen
de maniobra para producir energía adicional a partir de biomasa o agrocarburantes,
salvo si utilizan sistemas locales y «de la cuna a la cuna» de producción de energía. Por
consiguiente, el principal objetivo de equilibrar la seguridad alimentaria y la seguridad
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energética radicará en el ahorro de energía y la reducción de la pérdida de energía en
los sistemas agrícolas.

Las políticas en materia de seguridad energética deben hacer frente a la producción,
pautas de consumo y estilos de vida derrochadores, y fomentar un acceso más
equilibrado a los alimentos y la energía para todos. Estas políticas deberían tener en
cuenta que la producción y consumo de carne utiliza más energía que la producción de
cultivos, frutas y hortalizas.
11. Presupuesto

Nuestra política agrícola tiene numerosos objetivos: la seguridad alimentaria, una
gestión ecológica de las tierras y el agua, la protección de la biodiversidad, la protección
de las comunidades rurales, la lucha contra el cambio climático y el mantenimiento de la
agricultura en zonas alejadas y marginadas. Para alcanzarlos, lo que incluye muchos de
los objetivos fundamentales de la UE, es absolutamente necesario contar con una
financiación adecuada con cargo al presupuesto de la UE, en particular si tenemos en
cuenta que el presupuesto debe repartirse de forma equitativa entre todos los Estados
miembros. El presupuesto para la PAC y el desarrollo rural debe, como mínimo,
mantenerse, pues una reducción haría muy difícil alcanzar los objetivos de la UE.
12. Protección del Mar Báltico
El Mar Báltico es virtualmente un lago interior de la UE y uno de los mares más contaminados
del mundo. El mayor problema medioambiental del Mar Báltico es la eutrofización y los
mayores vertidos de nutrientes (fósforo, nitrógeno) proceden de la agricultura. Casi toda las
actividades agrícolas en el área de captación del Mar Báltico tienen lugar en los Estados
miembros.

La disminución de la contaminación difusa procedente de fuentes agrícolas y, por
consiguiente, la conservación de ríos y mares saludables, deberían pasar a ser uno de
los objetivos clave de la PAC.

La PAC debería ser objeto de un examen medioambiental general mediante el cual
puedan determinarse los principales problemas que deben resolverse para proteger al
Mar Báltico.

Deberían añadirse límites para el fósforo a las normas de condicionalidad y llevarse a
cabo igualmente una reevaluación regional de los límites máximos de la Directiva sobre
nitratos, ya que los actuales no permiten evitar la eutrofización. Estos límites deberían
evaluarse de acuerdo con el método de gestión de las cuencas hidrográficas de la
Directiva marco sobre el agua.

Tras la reforma, la PAC debería contemplar un marco de políticas destinadas a mejorar
la situación ecológica del Mar Báltico.

La reforma de la PAC tiene que regular la carga de nutrientes que se vierten en el Mar
Báltico a fin de reducir la concentración de fósforo, pero también de nitrógeno, a niveles
sostenibles, y permitir la rehabilitación de los ecosistemas marinos y costeros.

Las condiciones para recibir pagos agroambientales deben ser mucho más eficaces
desde un punto de vista ecológico que en la actualidad. Los pagos agroambientales
deberían concentrarse en las medidas que arrojen los mejores resultados
comprobados para reducir las repercusiones adversas de la agricultura en el medio
ambiente. Habría que indemnizar a los agricultores por los costes generados para
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reducir las repercusiones que tienen las explotaciones agrícolas en el medio ambiente.
De ser necesario habría que adoptar normas especiales para los pagos
agroambientales en el área de captación del Mar Báltico.

Se debería introducir un sistema de seguimiento de la carga de nutrientes procedentes
de la agricultura vertida en el Mar Báltico, al igual que un impuesto sobre los fertilizantes
fosforosos a fin de desincentivar la fertilización excesiva, y medidas eficaces para hacer
frente a la sobrepesca.

Habría que realizar campañas de sensibilización acerca del estado del Mar Báltica y su
relación con las prácticas agrícolas en todos los Estados miembros.
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