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La financiarización de la economía española
Endeudamiento, crisis y recortes sociales
Nacho Álvarez
Financiarización y modelos de crecimiento
El concepto de financiarización es utilizado para referirse al creciente dominio que los mercados y la
lógica financiera ejercen sobre el conjunto de la dinámica económica desde la década de 1980. A
pesar de que dicho concepto hace referencia a mecanismos tan viejos como el propio capitalismo, las
políticas neoliberales de las últimas décadas han llevado hasta niveles sin precedentes el peso que
los mercados, las instituciones y los objetivos financieros tienen en el funcionamiento de la
economía.
Diversos indicadores evidencian este proceso: la capitalización bursátil de las principales plazas
financieras se ha disparado durante las últimas décadas, sobrepasando varias veces el peso del PIB
de las distintas economías nacionales; el valor de las transacciones financieras ha crecido mucho más
rápidamente que la actividad comercial y productiva; el crédito ha sufrido una ingente expansión; y
el peso relativo de las rentas financieras se ha incrementado notablemente sobre el total de la renta
nacional.
En definitiva, asistimos durante las décadas de 1990 y 2000 a una restitución del poder del capital
financiero, que había sido contenido durante el periodo posterior a la II Guerra Mundial gracias al
“corsé keynesiano”. La ofensiva neoliberal desmonta dicho corsé y propicia un nuevo periodo de
hegemonía financiera similar al de los años veinte del siglo pasado.
El proceso de financiarización ha influido notablemente en el patrón de crecimiento de las
economías desarrolladas durante las últimas décadas, siendo un factor clave a la hora de explicar su
débil ritmo inversor, los elevados niveles de desempleo, los desequilibrios de balanza de pagos o el
incremento de las desigualdades en la distribución de la renta. Sin embargo, la forma concreta que
ha adoptado en cada país el proceso de desreglamentación financiera, la especialización productiva y
sectorial, la expansión del crédito o el patrón de contención salarial, ha dado lugar a diversas
“variedades de financiarización”.
Por un lado, algunas economías han presentado fuertes entradas de capitales que han financiado
una relativa dinámica inversora, ocasionando simultáneamente enormes burbujas crediticias e
inmobiliarias y notables déficits por cuenta corriente (EE.UU., Irlanda, España, Portugal o Islandia).
Por otro lado, otros países desarrollados (Alemania, Holanda, Austria, Japón) han presentado un
modelo de crecimiento basado en las exportaciones, con crecimientos muy modestos de la inversión,
el consumo y el PIB, y cuyos superávits comerciales –y el consiguiente ahorro– se han destinado a
financiar las burbujas crediticias de los primeros países.
La financiarización de la economía española
La economía española también ha experimentado un significativo proceso de financiarización
durante estas últimas décadas: el aumento del valor de los activos financieros ha sido notablemente
superior al de los propios fundamentos de la actividad productiva, y el peso de las rentas financieras
se ha incrementado en el conjunto de la renta nacional. En particular, el rasgo central del proceso de
financiarización de la economía española ha venido dado por la enorme burbuja crediticia acumulada
desde finales de los años noventa.
El modelo económico español fue presentado durante el periodo 1996-2007 por numerosos
economistas como un caso “exitoso”: el crecimiento económico se mantenía a tasas superiores a la
media europea, el ritmo de creación de empleo era muy significativo, la inflación estaba controlada y
todo ello era compatible con superávits fiscales.
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Sin embargo, en la base del propio patrón de crecimiento –moldeado y dirigido por el capital
financiero, tanto nacional como internacional–, se situó su principal fragilidad: la superabundancia
mundial de capitales en la esfera financiera, junto con la liberalización de los mercados y los
reducidos tipos de interés propiciaron un acceso masivo al crédito por parte de las empresas y
hogares españoles durante este periodo, lo que determinó el fuerte crecimiento pero también una
intensa dinámica de sobreendeudamiento.
Además, el Euro ha resultado ser un instrumento totalmente funcional a la lógica de la
financiarización. Su entrada en vigor en 2002 determinó la agudización de los rasgos fundamentales
del modelo: los reducidos tipos de interés reales en la periferia europea (fruto de su mayor inflación
estructural), la desreglamentación de los movimientos financieros intracomunitarios y la ausencia de
riesgo cambiario impulsaron intensas entradas de capitales en la economía española.
Así, la pertenencia a la moneda única supuso una ampliación de los tradicionales desequilibrios
comerciales y financieros intracomunitarios, ensanchando el déficit por cuenta corriente de España y
de los restantes países periféricos así como sus necesidades de financiación externa respecto al
núcleo central de la UE.
El crecimiento económico y la creación de empleo experimentados durante este periodo han estado
determinados no sólo por el fuerte endeudamiento, sino también por la ubicación sectorial del
ahorro movilizado por el sector financiero. Las actividades inmobiliarias, turísticas y hosteleras –
dopadas por el mencionado endeudamiento– han ejercido de motor de arrastre del conjunto de la
economía.
De hecho, tal y como podemos ver en el gráfico 1, el incremento experimentado por la tasa de
inversión de la economía española durante el boom de 1996-2007 obedece fundamentalmente a un
aumento de la inversión residencial: entre 1996 y 2008 el peso de la formación bruta de capital fijo
total sobre el PIB pasó del 21,2% al 28,7%, mientras que, durante ese mismo periodo, el peso de la
formación bruta de capital fijo en construcción pasó del 11,7% del PIB al 20,2%.
Gráfico 1: Tasa de inversión de la economía española,
(FBCF/PIB), 1985-2010
* Nota: la tasa de inversión se define como la ratio entre la formación bruta de capital
fijo (FBCF) y el producto interior bruto (PIB). El indicador “FBCF construcción” incluye la
FBCF en vivienda residencial y en otras construcciones.
Fuente: Contabilidad Nacional, INE.
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El endeudamiento de los hogares españoles ha pasado del 61% de la renta disponible bruta en 1997
al 139% en 2007, cifra notablemente superior a la de las principales economías europeas (Francia,
Italia y Alemania se situaban, de media, en el 85% en 2007). Sin embargo, los hogares no han sido los
únicos agentes que han sobredimensionado sus pasivos. También las sociedades no financieras han
experimentado un fuerte endeudamiento. Tal y como podemos ver en el gráfico 2, estas sociedades
acumulaban a finales de 2009 una parte muy significativa del endeudamiento total de la economía
española (buena parte de éste vinculado a las empresas constructoras e inmobiliarias). Además, las
instituciones financieras españolas han actuado como intermediarias entre los hogares y empresas,
por un lado, y los mercados internacionales de capitales, por otro, endeudándose ellas también a
niveles muy elevados.
Gráfico 2: Composición sectorial de la deuda española,
(según emisor, % PIB), 1990-2012
* Se considera la deuda de los sectores institucionales materializada en préstamos y en valores
distintos de acciones.
Fuente: Cuentas Financieras de la economía española, Banco de España.
El endeudamiento global de la economía española ha alcanzado una enorme dimensión, siendo
actualmente uno de los más elevados del mundo: la deuda total alcanzaba el 400% del PIB en 2012,
cifra incluso superior a la de Italia, Portugal o Grecia. Como podemos observar en el gráfico 2, la
mayor parte de esta deuda se concentra en el sector privado: a finales del año 2008, el 37,3% estaba
vinculada a sociedades no financieras, un 26,9% a las instituciones financieras, un 23% a los hogares
y un 12,8% a las administraciones públicas. En 2012 la deuda de los sectores no financieros superaba
el 300% del PIB.
Además, como podemos observar en el gráfico 3, el endeudamiento externo de nuestra economía es
muy elevado, situándose a mediados de 2012 en el 153% del PIB (excluyendo de los cálculos la
inversión directa). En dicho gráfico podemos observar igualmente cómo el incremento de la deuda
externa hasta la llegada de la crisis responde fundamentalmente al endeudamiento en los mercados
internacionales de capitales de las sociedades financieras y no financieras (otros sectores residentes).
Una vez que llega la crisis la deuda externa no deja de crecer; además, se torna especialmente
dependiente de la financiación del BCE, dado que la banca se enfrenta a un acceso más difícil a los
mercados internacionales de crédito.
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Gráfico 3: Deuda externa española,
(según emisor, % PIB), 2002-2012
* Del monto total de deuda externa se excluye la inversión directa
Fuente: Indicadores Económicos, Banco de España.
Por otro lado, el proceso de financiarización de la economía española no ha resultado inocuo en lo
que a su relación con el modelo de distribución de la renta se refiere. En la medida en que dicho
proceso ha orientado el ahorro captado hacia el sector inmobiliario y turístico, el crecimiento del
empleo en España ha tenido lugar en esas ramas. Sin embargo, el empleo en dichos sectores se
caracteriza por ser un empleo precario, de escasa cualificación y bajos salarios. Simultáneamente, las
rentas inmobiliarias y financieras han experimentado un crecimiento sin precedentes durante este
periodo. Así, el proceso de financiarización ha actuado como dispositivo de transferencia de rentas,
en contra de las del trabajo y a favor de las del capital.
Tal y como podemos ver en el gráfico 4, el crecimiento experimentado por el valor de los activos
financieros e inmobiliarios entre 1994 y 2009 ha sido notablemente superior al crecimiento del
propio PIB. A su vez, tanto el PIB como los activos financieros e inmobiliarios han crecido muy por
encima del salario real medio –que ha permanecido básicamente estancado durante este periodo– y
de los restantes componentes del salario diferido (pensión media y subsidio por desempleo).
Podemos decir por tanto que el proceso de financiarización ha actuado como palanca de
recomposición entre las clases sociales, haciendo aún más regresivo el modelo español de
distribución de la renta.
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Gráfico 4: Evolución de los salarios, las prestaciones por desempleo y las pensiones
en comparación con el PIB y los componentes de la riqueza de los hogares,
España (1994-2010)
Fuente: Barómetro Social de España.
Este proceso de contención salarial y de transferencia de rentas desde las rentas del trabajo hacia las
rentas financieras e inmobiliarias ha retroalimentado el endeudamiento de cientos de miles de
hogares asalariados, cuyos sueldos difícilmente permitían el acceso a una vivienda. Debe recordarse
que, según datos de la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE, aproximadamente el 60%
de los asalariados españoles se situaban antes de la crisis, en 2008, con un salario inferior a los
18.500 euros al año, y un 35% con un salario anual entre 18.500 y 24.000 euros.
Por último, la forma particular que ha adoptado el proceso de financiarización de la economía
española –masivo endeudamiento vinculado al sector inmobiliario, relativo estancamiento de la
inversión productiva en otros sectores manufactureros y transferencia regresiva de rentas–, ha
reforzado las fragilidades tradicionales del modelo productivo español: el gasto en I+D ha seguido
situándose lejos de los estándares de la UE, el crecimiento de la productividad ha sido muy limitado,
la contención de la demanda interna fruto de la congelación salarial sólo ha podido ser parcialmente
superada gracias al fuerte endeudamiento de los hogares, y los desequilibrios comerciales y
financieros con el exterior se han ampliado hasta 2008.
Crisis y políticas de ajuste
La financiarización de la economía española se ha traducido como hemos visto en una creciente
fragilidad sistémica. El ciclo de expansión basado en el crecimiento del crédito termina cuando los
inversores más sobreendeudados empiezan a vender activos para pagar deudas. A partir de ese
momento los activos inmobiliarios dejan de aumentar de precio y de actuar como colaterales
aceptables para seguir endeudándose. La crisis aparece entonces en toda su dimensión: los activos
de empresas y, especialmente, de instituciones financieras se deprecian con intensidad mientras que
sus enormes deudas permanecen congeladas.
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El proceso de financiarización resultó funcional al restablecimiento de la rentabilidad económica
durante las últimas décadas, permitiendo superar la crisis económica de 1970. Sin embargo, lo hizo a
costa de trasladar al futuro las contradicciones del modelo de acumulación: la desreglamentación, la
expansión financiera y la transferencia de rentas han permitido una enorme acumulación de “activos
ficticios” que constituyen derechos de cobro sobre el valor efectivamente producido en la economía
real, pero que son incobrables en este momento.
El divorcio entre el ámbito financiero y el productivo nunca puede llegar a completarse, ni es
sostenible en el tiempo: el fuerte crecimiento de las cotizaciones bursátiles no puede progresar
indefinidamente si no está respaldado por incrementos en la productividad y los beneficios reales de
las sociedades, del mismo modo que el continuo incremento de la deuda no puede mantenerse si no
crecen los ingresos de las empresas y los hogares.
La fuerte expansión del crédito que la economía española ha experimentado a lo largo de las últimas
décadas ha alcanzado tal dimensión que ha hecho evidente para los acreedores la imposibilidad de
ejercer sus derechos de cobro sobre los deudores. La consiguiente desvalorización de los “activos
ficticios” acumulados ha dado paso a una intensa “recesión de balances” (hogares, empresas e
instituciones financieras intentan desendeudarse simultáneamente, cortocircuitándose con ello el
crédito, el consumo y la inversión).
En la primera fase de la crisis, durante los años 2008 y 2009, las medidas tomadas por el gobierno de
Zapatero se centraron en importantes ayudas fiscales. Sin embargo, la segunda fase de la crisis, la
que tiene lugar a partir de 2010 con los ataques de los mercados financieros a la deuda soberana de
la periferia europea, consolida el ajuste fiscal. Una vez que los inversores extranjeros constatan el
enorme endeudamiento privado de la economía española, la prima de riesgo comienza a reflejar la
posibilidad de que el Estado tenga que acudir a un rescate masivo de su sistema financiero.
A partir de este momento comprobamos la verdadera orientación del gobierno de Zapatero,
primero, y de Rajoy, después: proteger los intereses del capital financiero (nacional e internacional) y
garantizar el cobro de las deudas contraídas, hasta el punto de socializar las pérdidas de las
instituciones financieras. Este proceso –dirigido desde las instituciones de Bruselas– se ha
implementado mediante la concesión de ayudas masivas del gobierno a los bancos para que éstos a
su vez puedan atender sus deudas con los acreedores externos. Así, lo que inicialmente era una crisis
bancaria se ha transformado finalmente en una crisis fiscal, cuyo peso ha recaído fundamentalmente
sobre trabajadores y clases populares.
Para garantizar el pago de las deudas contraídas, los gobiernos de Zapatero y Rajoy, presionados por
la UE, han apostado por una dramática austeridad fiscal, imponiendo recortes del gasto público e
impulsando contrarreformas laborales y sociales. Entre 2010 y 2012 hemos asistido a una reducción
del salario de los empleados públicos, incluida la eliminación de su paga extra de navidad, a la
reforma laboral de junio de 2010 (facilitando y abaratando el despido), a la reforma del sistema de
pensiones (aumentando tanto la edad de jubilación como el periodo de cálculo de la pensión), a
profundos recortes en el gasto educativo, sanitario y en los subsidios por desempleo, etc.
Estas medidas evidencian que la crisis económica no ha quebrado la hegemonía –económica, política
e ideológica– del capital financiero en España ni en la UE. Al contrario, la lógica de la financiarización
parece seguir reforzándose, en la medida en que las prioridades que dirigen las medidas de ajuste no
son las de la mayoría social, sino las del capital financiero.
De la deuda privada a la deuda pública: los rescates a los bancos y a los acreedores
El discurso que pretende justificar la austeridad no se sostiene. No hay datos que avalen la
afirmación de que el origen de la crisis fiscal actual en España obedece a un elevado gasto público,
que debe ser recortado. Como podemos ver en los gráficos 5 y 6, el gasto público español se sitúa
cinco puntos porcentuales por debajo del gasto medio en la Zona Euro, y el gasto social es también
cinco puntos inferior. Además, como podemos comprobar en el gráfico 7, el estado español se
encontraba con sus cuentas públicas equilibradas en el momento en el que estalla la crisis: en 2007
España presentaba un superávit fiscal del 1,9% del PIB; en 2009 dicho superávit se había convertido
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en un déficit del -11,2%, y del -9,4% en 2011. El gobierno español prevé un déficit del -7,4% para el
año 2012.
Gráfico 5: Gasto público total, (% PIB),
UE-27 (2009)
Fuente: Eurostat
Gráfico 6: Gasto público social, (% PIB),
UE-27 (2009)
Fuente: Eurostat
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Gráfico 7: Déficit (-) o superávit (+) público, (% PIB),
España (2000-2012)
Fuente: Banco de España.
Las causas de este incremento del déficit público son de diversa naturaleza. Por un lado, la fuerte
caída de la recaudación fiscal (tanto del IRPF, como del IVA y del impuesto de sociedades) ha
resultado determinante. Por otro, la actuación de los estabilizadores automáticos del presupuesto
(en particular los gastos por desempleo) han determinado un aumento del gasto (ver gráfico 10). No
obstante, las ayudas a la banca también han condicionado una buena parte del gasto del Estado
durante la crisis.
Como ya vimos en los gráficos 2 y 3, las instituciones financieras españolas acumulan a mediados de
2012 1,2 billones de euros en deudas, de los cuales casi la mitad están contraídos con otras
entidades financieras extranjeras.
Además, en su Informe de Estabilidad Financiera de abril de 2012, el Banco de España reconocía que
la exposición problemática de bancos y cajas de ahorros a la actividad inmobiliaria alcanzaba los
184.000 millones de euros a finales de 2011 (de una cartera total de construcción y promoción de
308.000 millones). Es decir, que el 60% de los préstamos vinculados al sector inmobiliario presenta la
condición de “activo tóxico” (préstamos de dudoso cobro, préstamos subestándar y activos
adjudicados), una cifra que equivale al 17% del PIB español.
De hecho, el informe sobre la banca española elaborado por Oliver Wyman establece en 60.000
millones de euros las necesidades de capital pendientes, y el rescate aprobado por el Eurogrupo con
el objetivo de implementar dicha recapitalización asciende a 100.000 millones. Algunos economistas,
como Juan Laborda, señalan que estas cifras podrían quedarse cortas, dado que los activos tóxicos de
la banca no se limitan únicamente a hipotecas, inmuebles adjudicados o suelo, sino que también
resultan problemáticos muchos créditos a grandes empresas que en este momento se están
refinanciando.
Esta situación ha llevado a las entidades financieras españolas, dada su dificultad para refinanciar su
deuda en los mercados internacionales, a una situación de “bancos zombis”: son incapaces de
canalizar crédito a la economía y además generan una creciente incertidumbre respecto a su futura
solvencia.
Para abordar estos problemas el Estado ha facilitado desde 2008 ayudas a la banca española por
valor de 160.000 millones de euros. Estas ayudas han tomado diferentes formas. En 2008 se inició un
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plan de adquisición de activos para comprar activos de la banca, que prestó 19.000 millones que ya
han sido devueltos. Ese mismo año se puso en marcha una línea de avales para la banca cuyo saldo
ha alcanzado los 90.000 millones. Pero las ayudas han tomado también la forma de inyecciones
directas: el FROB ha inyectado en el sector más de 15.000 millones de euros, al tiempo que el estado
consagra 19.000 millones más a la recapitalización de Bankia, y otros 9.000 millones a la de Cataluña
Caixa y Nova Caixa Galicia. Por último, las quiebras de CCM, CAM y UNNIM han sido financiadas con
algo más de 10.000 millones de euros del Fondo de Garantías y Depósitos. En total, las ayudas –de
una forma u otra– alcanzan un valor equivalente al 15% del PIB.
Intentar garantizar la solvencia de la banca–en particular, mediante las inyecciones del FROB ya
desembolsadas– ha determinado la crisis fiscal del estado español. Tanto el gobierno de Zapatero
como el de Rajoy se esforzaron en transmitir que las ayudas a la banca no saldrían del bolsillo de los
contribuyentes y no afectarían al déficit público. Sin embargo, el gobierno español, dadas las dudas
más que razonables de que puedan no recuperarse miles de millones inyectados en bancos con
problemas, incrementará en 16.600 millones de euros los déficit de 2011 y 2012. Con ello, la deuda
pública superará el 90% del PIB en 2013 (en 2008 era sólo del 37%).
Además, la necesidad del Estado de seguir acudiendo a los mercados de capitales para financiarse ha
reforzado esta crisis fiscal1: cuando analizamos el peso de los intereses pagados por el sector público
a los mercados financieros (gráfico 8) comprobamos cómo se ha producido un notable incremento
por estos pagos. Para hacer compatible este incremento de los gastos financieros del Estado con las
garantías que exigen los inversores financieros, Bruselas insiste en intensos recortes del gasto público
(excluyendo, eso sí, el pago de intereses, tal y como se refleja en el gráfico 9). Así, los Presupuestos
Generales del Estado para 2013 consagran recortes por valor de 40.000 millones de euros, al tiempo
que incrementan los gastos dedicados al pago de intereses hasta llegar a los 38.600 millones (un
3,4% del PIB).
Por todo ello, y a pesar de los intensos recortes del gasto público a los que asistimos desde 2010, la
deuda pública continúa creciendo intensamente (ver gráfico 9).
Gráfico 8: Pago de intereses de la deuda pública, (% PIB),
España (2000-2012)
Fuente: Banco de España.
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Mientras que el BCE ha mantenido durante 2008-2012 una “barra libre” de liquidez para la banca europea (a tipos de interés nominales
del 1%) los Estados europeos tuvieron que seguir financiándose en los mercados de capitales, precisamente ante esos mismos bancos que
recibían financiación gratuita del BCE. Recuérdese que los tratados de la UE prohíben que los Estados puedan recurrir a préstamos de sus
propios bancos centrales.
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Gráfico 9: Deuda pública, deuda privada y
gasto público total excluyendo intereses
(% PIB), 1990-2012
* Pasivos en circulación (Cuentas Financieras de la Economía Española). La deuda
privada y la deuda pública se reflejan en el eje izquierdo, y el gasto público en el
derecho.
Fuente: Banco de España.
El gobierno estima que será necesario inyectar otros 50.000 millones de Euros de dinero público a las
entidades financieras en apuros, en la línea del informe de Oliver Wyman. Aunque las futuras
inyecciones se hagan con cargo al préstamo del fondo de rescate de la UE (el FEEF), al ser el Estado
quien avala dicho préstamo las inyecciones computarán como déficit público en caso de que éstas se
consideren irrecuperables (extremo altamente probable, visto lo ya sucedido con las inyecciones del
FROB de años anteriores). En este caso, Bruselas impondrá nuevos y durísimos recortes adicionales
para neutralizar el aumento del déficit.
La estrategia de austeridad de la UE para abordar el problema de endeudamiento de la economía
española es, en realidad, un paquete de rescate a la banca privada, especialmente a la banca
alemana y francesa. Tanto en aquellos casos en los que las economías endeudadas se han visto
obligadas a acogerse al mecanismo de rescate de la UE (Grecia, Irlanda y Portugal), como en aquellos
en los que todavía no ha sido así (España o Italia), la lógica es similar.
Si la economía no ha sido rescatada aún por el mecanismo de Facilidad Europea de Estabilidad
Financiera (FESF), se ponen en marcha recortes sociales y medidas de ajuste para recuperar la
confianza de los mercados y garantizar el cobro de la deuda a los acreedores, a costa de condenar al
país al estancamiento y a la regresión social, y a costa de reforzar los mecanismos de transferencia de
rentas desde el mundo del trabajo hacia las rentas del capital.
Si, por el contrario, el país es incapaz de mantener la presión de los mercados financieros y se ve
obligado, a pesar de haber aplicado las medidas de ajuste, a acudir al mecanismo de rescate de la UE,
la lógica descrita no sólo continua, sino que se refuerza: el mecanismo de rescate –de forma más o
menos directa– permite ir saldando las deudas con los acreedores privados y los inversores
financieros a cambio de que el país “rescatado” contraiga una nueva deuda con la UE, que pasa a ser
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pagada con los impuestos de los ciudadanos, al tiempo que los mecanismos de condicionalidad y
ajuste que garantizan el pago de dicha deuda se endurecen.
El dispositivo de socialización de la deuda privada en deuda pública y, con ello, de transferencia de
rentas desde las clases populares y trabajadoras hacia los mercados financieros, determina que los
“rescatados” no sean los países, sino precisamente los acreedores e inversores financieros dueños de
“derechos ficticios” (en este caso, títulos de deuda de dudoso cobro).
El ajuste económico, en ambos casos, se hace guiado por las prioridades del capital financiero
transnacional, a costa de los impuestos de los ciudadanos y de las condiciones de trabajo de los
asalariados.
Como vemos, la “captura institucional” protagonizada por los intereses financieros a lo largo de las
últimas décadas ha conllevado que las administraciones públicas españolas y europeas irrumpan en
la batalla social abierta en torno al pago de la deuda facilitando la socialización de las pérdidas de la
banca. Los inciertos derechos de cobro de los acreedores (inciertos en la medida en que para
ejercerse precisan de la generación de una riqueza futura aún no producida) pasan a ser garantizados
por el Estado, por Bruselas y por el BCE (mediante inyecciones de liquidez, avales públicos, compras
de activos tóxicos, ayudas directas o entradas en el capital de las instituciones).
De este modo, cinco años después del comienzo de la crisis los niveles de endeudamiento global no
se han reducido. Las ayudas a la banca han trasladado a las administraciones públicas una parte
creciente de los costes asociados a los activos tóxicos, convirtiéndose parte de la deuda privada en
pública. De esta forma, será el conjunto de la ciudadanía –y especialmente las clases trabajadoras y
populares– las que paguen la factura mediante durísimos recortes en sus salarios, en los servicios
públicos o en las pensiones. Así, una profundísima transformación de los marcos laborales, salariales
y sociales está aconteciendo en España y en Europa como consecuencia de la crisis.
Frente al poder del capital financiero, ¿qué alternativa desde la izquierda?
Un primer punto que la izquierda debe tener presente para levantar una alternativa política a las
medidas de recorte es su orientación hacia la UE. En este momento, la única salida favorable a la
mayoría social española pasa por una ruptura con las medidas que impone la UE y con la disciplina
del Euro.
Desde el momento en el que comienza la crisis, por no retrotraernos más atrás, la orientación de las
instituciones de Bruselas ha resultado inequívoca: el Pacto del Euro institucionaliza la austeridad
fiscal y la prioridad del pago de la deuda, para lo cual contempla la liquidación de los convenios
colectivos así como recortes salariales, del gasto público y las pensiones. Recuérdese además que los
tratados de la Unión prohíben que los Estados europeos puedan recurrir a préstamos de sus propios
bancos centrales, teniendo que endeudarse con la banca privada a tipos y condiciones de mercado.
Esta intervención de las instituciones de Bruselas al servicio de los intereses del capital financiero se
implementa además desde un ejecutivo no elegido directamente por los ciudadanos, como es la
Comisión Europea, en contra incluso de las decisiones de gobiernos soberanos. Las exigencias que
impone la Comisión Europea, acordadas con el BCE y el FMI en el marco de la llamada “troika”, se
muestran por tanto difícilmente compatibles con la democracia.
Por eso precisamente, porque el contexto que determina la acción política y la correlación de fuerzas
sociales está en este momento profundamente determinado por dinámicas económicas e
institucionales que acontecen a nivel europeo, una alternativa de izquierdas estará abocada al
fracaso si no intenta trascender el marco nacional para coordinarse con fuerzas políticas de otros
países en una propuesta común.
Ahora bien, ¿cómo iniciamos esta ruptura con la UE? ¿Qué proponemos a cambio? Es necesario
comenzar desafiando las políticas de recortes, es decir, desobedeciendo tratados como el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, el Pacto del Euro o el Memorando de Entendimiento. Comenzar a
recuperar la soberanía fiscal pasa por una necesaria ruptura con esos acuerdos.
La legitimidad social acumulada por quienes –en los diversos lugares del continente europeo– se
oponen a los recortes sociales, debe servir de punto de apoyo para quebrar la lógica de la austeridad
impuesta por Bruselas. La austeridad –y más en una crisis donde todos los actores tratan de
desendeudarse simultáneamente– nos hunden en una espiral depresiva.
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Una alternativa de izquierdas debería no sólo rechazar los tratados de la UE que nos ligan a la
austeridad, sino anular las recientes reformas laboral y de pensiones, así como las diversas
privatizaciones acontecidas en la economía española.
Además, si el alambre de espino que ha colocado Bruselas alrededor nuestro nos obliga a tener que
elegir entre pagar la deuda o cerrar quirófanos, tendremos lógicamente que apelar a las prioridades
que tiene un Estado para con su población e iniciar el camino del repudio de la deuda. Con ese
objetivo –imponer quitas sustanciales sobre la deuda pública y privada en manos de acreedores
senior–, la campaña por la auditoría de la deuda actualmente en curso puede ser de indudable valor.
La recuperación de la soberanía fiscal para atender las principales necesidades sociales pasa
igualmente por una profunda reforma del sistema impositivo que garantice su progresividad. Debe
revertirse la desfiscalización de las rentas del capital y de los impuestos de sociedades de las últimas
décadas, deben restituirse tipos marginales máximos superiores a los actuales en el IRPF, deben
recuperarse el impuesto de patrimonio así como el de sucesiones y donaciones, deben aumentarse
sustancialmente la imposición a las SICAV y deben prohibirse los paraísos fiscales. Qué duda cabe
que una alternativa de izquierdas debería tratar de coordinar este tipo de medidas a nivel europeo
con otras fuerzas políticas, para reforzar su viabilidad.
Los bancos nacionalizados y las cajas de ahorro debieran servir como base de una banca
verdaderamente pública, gestionada con criterios de utilidad pública y bajo control social. Además,
cada euro que el Estado inyecte en forma ayuda a la banca debería ir acompañado de la
correspondiente toma de posición en el capital de la institución, procediéndose a la progresiva
nacionalización de entidades que han desestabilizado profundamente la economía. Un bien público
tan importante como el crédito no puede dejarse en manos de la banca privada, visto el riesgo que
se corre de que ésta lo desboque o lo cortocircuite. Del mismo modo, resulta necesaria una intensa
regulación del sector financiero en su conjunto, así como controles de capitales que limiten la
continua coacción que el capital financiero ejerce sobre la sociedad. De nuevo, una alternativa de
izquierdas debería pugnar por coordinar este tipo de medidas a nivel europeo.
Por otro lado, en un contexto en el que la soberanía monetaria de las naciones que forman parte del
Euro está transferida al BCE, debe exigirse que dicha institución garantice el fin de los ataques a las
deudas soberanas de los países periféricos (mediante la compra de títulos de dicha deuda y su
mutualización colectiva). Obviamente esta medida no restituirá la soberanía monetaria a los países
del euro, ni resolverá de por sí la crisis de estas economías, ni tampoco solucionará el problema
esencial de las instituciones de la UE (su escaso carácter democrático). Pero seguramente contribuya
a amortiguar la presión que el capital financiero ejerce sobre los estados periféricos europeos y, con
ello, a frenar la ofensiva contra las conquistas laborales y sociales.
Más allá es medidas encaminadas a parar la ofensiva actual del capital, una alternativa de izquierdas
debería tratar de coordinar a nivel europeo una batalla por el empleo. Para ello, impulsar una
disminución de la jornada laboral sin reducciones salariales permitiría no sólo contribuir a solucionar
el terrible problema del desempleo, sino también sentar las bases de un nuevo modelo de
distribución de la renta que supusiese un punto y aparte en la tendencia de estas últimas décadas en
Europa.
Por último, la ruptura con las instituciones de Bruselas que aquí se propone debe considerar la
necesidad de una profunda refundación democrática de Europa. Las instituciones de Bruselas –que
no aparecen en ninguna Constitución del mundo y cuyos dirigentes no son elegidos por ningún
parlamento– han completado una expropiación política sin precedentes, confiscando la soberanía
parlamentaria de las democracias europeas. Efectivamente, los parlamentos nacionales se han
prestado de forma voluntaria a dicha expropiación, pero eso no hace que ésta sea menor: cualquier
gobierno que en este momento pretenda aplicar políticas verdaderamente progresistas en el seno de
la UE se verá abocado a incumplir los tratados existentes y a chocar con el BCE y con la Comisión
Europea. La democratización de estas instituciones parece una verdadera quimera. Sin embargo, una
alternativa de izquierdas no puede renunciar a coordinar una propuesta política a nivel continental.
Las ruinas de la vieja Unión Europea debieran servir de punto de apoyo para construir, esta vez sí,
una experiencia de integración verdaderamente democrática.
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Nacho Álvarez es miembro del Consejo Asesor de VIENTO SUR
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