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Una organización de la economía al servicio de las personas
para salir de la crisis y crear empleo
El programa económico de Izquierda-Ezkerra persigue situar a las personas en el centro de la economía frente
a la concepción neoliberal que sitúa a las personas como simples factores de producción y consumo.
El modelo y las políticas neoliberales han traído la crisis y han fracasado estrepitosamente a la hora de darle
una solución.
Las cifras de desempleo, 46.400 personas en paro, muestran un fracaso sin paliativos del gobierno de UPN
ante el que es el primer problema de la sociedad.
Al comienzo de la actual legislatura la EPA, III trimestre 2011, situaba el desempleo en Navarra en el 11,68%,
hoy está ya en el 14,92%.
El origen del mal no está en el sector público, no está en los presupuestos públicos dedicados a financiar la
educación y sanidad, la dependencia o las pensiones. El origen de la crisis tampoco está en los trabajadores,
al contrario, millones de trabajadores/as han sido las primeras víctimas de la crisis. Víctimas por el paro masivo,
y víctimas por el brutal recorte de sus derechos laborales que supuso la reforma laboral aprobada en 2012.
El origen de la crisis se encuentra en las políticas neoliberales, aplicadas de forma dogmática en Navarra, España y Europa durante las últimas décadas. Son estas políticas neoliberales multiplicadoras de la desigualdad
las que fueron acumulando los desequilibrios y provocaron la crisis, que comenzó en 2008 y en la que estamos
sumidos. Desde el estallido de la crisis están siendo las mismas recetas neoliberales, recortes y austeridad
masiva, las que están provocando que cada día se extienda más la situación de crisis y paro masivo.
Por ello en primer lugar y ante todo debemos pedir y exigir que terminen las políticas masivas de austeridad.
En el corto plazo solo el fin de la austeridad y un impulso del gasto e inversión pública pueden resultar eficaces
para luchar contra el paro y crear empleo. En el medio y largo plazo serán necesarias alternativas económicas,
medioambientales y sociales, más profundas y estructurales, a las políticas neoliberales y al sistema capitalista.
Entre los ejes centrales del cambio de paradigma económico que propugnamos están:
- Defender lo público y el papel de lo público en la economía. El Estado y las Administraciones Públicas deben
reequilibrar el mercado, no sólo corregirlo.
- Cambiar el modelo de relaciones laborales que es uno de los rasgos más negativos del actual modelo. Una
parte esencial es la reforma empresarial y no la reforma laboral. Hay que cambiar la gestión empresarial, penalizando el modelo de salarios bajos, precariedad y desregulación. Y hay que seguir reivindicando echar atrás
la reforma laboral.
- Introducir la democracia en la economía, desde la planificación sostenible del desarrollo hasta la gestión de
cada empresa concreta.
- Considerar el pleno empleo, digno y de calidad como el eje determinante del nuevo modelo productivo con
políticas de reparto del trabajo y producción sostenible.
- Exigir legalmente el cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación etc.
- Modificar profundamente el sector financiero, recuperando y desarrollando el papel de la Banca Pública y
utilizando las Cajas de Ahorro como soportes financieros públicos del desarrollo territorial.
- Reforma y planificación del modelo energético, del uso de los recursos naturales como el agua y la lucha
contra el cambio climático.
- Defender y desarrollar la protección social, la Seguridad Social y los servicios sociales.
- Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos.
- Cambio radical en la política agraria para que apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible.
La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico.
Desde este punto de partida imprescindible presentamos para su desarrollo urgente en el corto plazo las siguientes propuestas:
1. Acabar con las políticas masivas de austeridad neoliberal, ejecutadas por
los gobiernos de UPN en Navarra y PP en el Estado.
Es la condición previa e imprescindible para desarrollar políticas efectivas de reactivación económica y creación de empleo.
El Gobierno de Navarra ha ejecutado toda la legislatura la política de austeridad y recortes tanto en los servicios
públicos como en la inversión.
Asimismo, la política presupuestaria de la derecha carece de propuestas dirigidas a aumentar la recaudación.
Por el contrario la última reforma fiscal propuesta por el gobierno suponía una merma recaudatoria de 100
millones de euros. Es una política presupuestaria que no tiene por objetivo luchar contra el paro, la pobreza y
la desigualdad.
Con una economía que se mueve entre el estancamiento y una insuficiente recuperación la depresiva política presupuestaria del Gobierno de Navarra no contribuye ni a la reactivación económica ni a la creación de empleo.
La inversión pública ha seguido una senda que solo se puede calificar como de completo hundimiento con las
únicas excepciones del TAV y el Canal de Navarra. Este desplome de la inversión presupuestaria se traduce
necesariamente en más crisis y más paro.
En el presupuesto de ingresos el Gobierno de Navarra sigue sin acometer la reforma fiscal profunda y progresiva que Navarra necesita. Además no existe ninguna actuación adicional y decidida para atacar la gran bolsa
de economía sumergida que existe en Navarra.
En definitiva, no existe una política de ingresos adaptada a las necesidades que la crisis económica ha puesto
en evidencia.
El conjunto de la política presupuestaria de la derecha pone de manifiesto que la única receta que propone el
Gobierno de Navarra para controlar el déficit es la del recorte del gasto, la inversión y los servicios públicos.
En consecuencia, cuando la crisis ha aumentado de forma alarmante la pobreza en Navarra y cuando es más
urgente que los servicios públicos den respuesta a las crecientes necesidades sociales, los presupuestos
propuestos por el Gobierno de Navarra siguen castigando la educación, la sanidad, los servicios sociales, las
políticas de empleo, la financiación municipal, el medio ambiente o las políticas de igualdad.
La política presupuestaria ejecutada hasta ahora ni garantiza los servicios básicos públicos ni apuesta por la
reactivación económica y la generación de empleo.
Son unos presupuestos que forman parte de una política económica, la de la austeridad y los recortes, que ya
ha demostrado su fracaso para salir de la crisis.
2. Rectificación de los objetivos de déficit y deuda pública. Auditoria de la
deuda.
Es fundamental modificar el Plan de Estabilidad para permitir una política presupuestaria dirigida a la reactivación económica y la lucha contra el paro.
Es necesario conocer a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado con dinero público destinado a proyectos
e inversiones ruinosas o sin una clara justificación social o económica. Es necesario saber cuánto nos han costado, y nos seguirán costando, las inversiones financiadas mediante el sistema de peajes en sombra (autovías
del camino y del pirineo, regadíos del canal de Navarra), y qué beneficios se están embolsando las empresas
privadas.
Tenemos que saber que parte de la deuda pública de Navarra se ha generado para financiar proyectos sin viabilidad económica ni justificación social: pabellón Navarra-Arena, circuito de velocidad de Los Arcos, TAV…
A partir de ahí plateamos estudiar las fórmulas jurídicas procedentes para detener la sangría de recursos públicos y, en su caso, pedir responsabilidades.
Proponemos realizar una auditoría de los siguientes proyectos: Reino de Navarra, Circuito de Los Arcos, Canal
de Navarra, TAV.
Proponeos revisar todos los “peajes en la sombra” existentes, planteando la rescisión con un interés cercano
al legal del dinero.
3. Creación de una Banca Pública en Navarra.
Necesitamos una banca pública en Navarra cuyo objetivo será facilitar el crédito a empresas y familias para
desarrollar una economía real y sostenible creadora de empleo.
Una Banca Pública al servicio del desarrollo económico y social de la Comunidad Foral, garantizando un control democrático de su gestión asegurando un 50% de la representación al Gobierno de Navarra, Parlamento
y ayuntamientos, y un 10% para los representantes de los trabajadores. El 40% restante deberá asegurar la
participación de los impositores y de instituciones sociales.
Un factor decisivo en la extensión y agravamiento de la crisis económica, junto a las políticas masivas de austeridad, está siendo el cierre del grifo de la financiación que padecen con especial gravedad las pequeñas y
medianas empresas.
Caja Navarra era la entidad financiera con más presencia en la actividad económica y bancaria en Navarra,
y con fuerte compromiso con el tejido social y empresarial navarro por ser una entidad de interés público y
contralada por el Gobierno de Navarra. Su desaparición deja un vacío que en interés del desarrollo social y
económico de Navarra debe ser cubierto lo antes posible, y con más urgencia todavía en la actual situación de
profunda, extensa y grave crisis económica.
Amplios sectores de la población están en una situación de exclusión financiera. Por ello el Gobierno de Navarra debe marcarse como un objetivo prioritario recuperar un instrumento público financiero que actúe como una
Banca Pública al servicio del desarrollo social y económico de Navarra y de su tejido productivo.
Para capitalizar el nuevo Banco Público proponemos utilizar el patrimonio de la Fundación Caja Navarra.
Es un patrimonio importante (más de 300 millones de euros hoy, previsiblemente bastante más en una futura
coyuntura de crecimiento económico), que pertenece a la sociedad navarra y que está controlado por el Gobierno de Navarra a través de la Fundación Especial Caja Navarra.
Por lo tanto, es un patrimonio público que el Gobierno de Navarra puede utilizar en el futuro para poner en
marcha una Banca Pública en Navarra.
Proponemos asimismo que se garantice mediante ley foral que la actual fundación Caja Navarra sea una fundación pública de la Comunidad Foral de Navarra. Es la forma de garantizar que esta fundación y su importante
patrimonio estarán al servicio de la ciudadanía navarra.
4. Reforma fiscal que incremente la presión fiscal sobre las rentas de capital,
banca, rentas altas, beneficios empresariales de las grandes empresas y altos
patrimonios.
El actual sistema fiscal es tremendamente injusto al dividir a los diferentes contribuyentes y rentas entre los que
pagan muchos impuestos y los que pagan muy pocos impuestos.
Pagan muchos impuestos: rentas del trabajo (IRPF), consumidores (IVA), autónomos, y pequeños empresarios.
Pagan muy pocos impuestos: grandes empresas (a nivel estatal en 2011 pagaron el 3,8% de sus beneficios y
en 2012 el 5,6%),Banca (han acumulado unos beneficios fiscales que han llevado a que estos años de crisis
prácticamente no hayan pagado nada en impuestos de sus beneficios), grandes patrimonios, rentas del capital
(pagan conforme a una tabla de tipos mucho menor que la del IRPF).
La solución de la agónica situación por la que pasan las cuentas públicas pasa por cambios estructurales en el
ámbito político y jurídico europeo, es imprescindible:
- Acabar con los paraísos fiscales en Europa.
- Crear un único Impuesto sobre Sociedades en Europa. Acordar una única e idéntica base del Impuesto sobre
Sociedades en Europa, así como limitar las deducciones y reducciones de la misma para ajustar el tipo nominal
al efectivo.
- Crear una única tributación sobre capitales en Europa.
Mientras se logran estos objetivos en el marco de nuestras competencias proponemos:
- Tipo en el IRPF de 52% a partir de rentas netas superiores a 120.000 euros anuales. Deflactar automáticamente las tarifas con el IPC.
- Subir al 0,3% el tipo del Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito para darle una capacidad
recaudatoria de 45-50 millones de euros.
- Impuesto sobre el Patrimonio con una incidencia especial sobre las grandes fortunas.
- Recuperar el tipo impositivo del 35% para los beneficios empresariales superiores a los 5 millones de euros.
- Aumentar los tipos de tributación de las rentas de capital para acercarlos progresivamente a los tipos aplicados a las rentas del trabajo.
- Fortalecimiento de la Hacienda Foral, especialmente los recursos de Inspección. Aumentar en un 50% la
plantilla de inspectores fiscales para luchar contra el fraude y la economía sumergida.
- Revisión del sistema de módulos para adecuarlo a la realidad económica.
- Ley de Prevención y Persecución del Fraude y la Elusión Fiscal y la Economía Sumergida.
- Leyes sobre fiscalidad verde.
5. Aumento de las plantillas de los servicios públicos básicos, para satisfacer
las necesidades de la ciudadanía.
Mediante convocatorias de Oferta Pública de Empleo en los departamentos de Educación, Salud y Políticas
Sociales que responda a las necesidades de personal en cada uno de los servicios.
6. Aprobación de un Proyecto de Ley Foral para poner en marcha medidas de
reparto del trabajo en las administraciones y sector público de la Comunidad
Foral de Navarra.
Dichas medidas serán de carácter voluntario y supondrán necesariamente aumento de puestos de trabajo.
7. Exigencia de la derogación de la reforma laboral aprobada por el gobierno
central en 2012. El Gobierno de Navarra rechazará y combatirá esta reforma y
no la aplicará en el ámbito de la administración y sector público de la Comunidad Foral de Navarra.
Transcurrido casi tres años desde la aprobación, por el gobierno del PP, de la última reforma laboral se ha constatado ya el absoluto fracaso de dicha reforma en la lucha contra el paro y la crisis económica. Por el contrario
la reforma solo ha provocado más desempleo y más precariedad en el empleo.
En realidad la reforma laboral no tenía por objetivo crear empleo, estaba diseñada como parte central de la
drástica devaluación social que los mercados exigen aplicar en España.
Estamos ante una reforma que ha provocado durante este año una fuerte destrucción de empleo y una drástica
reducción de los salarios y las condiciones laborales de los/as trabajadores/as.
Con el abaratamiento del despido se ha facilitado la destrucción de empleo, y con los ataques a la negociación
colectiva se ha perseguido una rebaja generalizada de los salarios y de las condiciones de trabajo.
La reforma laboral del PP ha formado parte de la hoja de ruta ante la crisis diseñada para el Estado Español
por el Banco Central Europeo, el FMI y la UE. Hoja de ruta avalada por la CEOE, y ejecutada por el gobierno
del PP con el apoyo parlamentario de CIU y UPN.
Se ha tomado la decisión de descargar sobre los hombros de la mayoría social trabajadora las consecuencias
de una brutal crisis económica que han provocado las políticas neoliberales.
Por todo ello proponemos seguir reivindicando la derogación de las reformas laborales a la vez que impedir su
aplicación en el ámbito público y de la contratación pública en Navarra.
8. Aprobación de un Proyecto de Ley Foral para financiar un Plan de Choque
de Empleo para Jóvenes.
Dotado cada año con un presupuesto de 50 millones de euros, que desarrolle medidas para promover la estabilidad en el empleo joven y financiar el autoempleo.
Los jóvenes están entre las víctimas principales de la crisis neoliberal.
Las cifras de paro juvenil son absolutamente dramáticas. Según la EPA el paro entre los jóvenes menores de
25 años en Navarra supera el 50%.
A estos niveles de paro propios de países subdesarrollados se suma que muchos de los jóvenes con trabajo
están en situaciones de temporalidad, precariedad o peores condiciones salariales y laborales que el resto de
la plantilla.Hoy el riesgo es que el paro masivo juvenil se consolide en una situación de desempleo crónico y
estructural.
9. Programa extraordinario de Empleo/Formación destinado a parados de larga
duración.
Dirigido a las personas que lleven más de un año inscritos en el SNE como desempleados, con una dotación
presupuestaria de 100 millones de euros anuales y gestionado desde las entidades locales.
10. Impulso a la I + D + i
Aunque Navarra disfruta de una situación mejor que otras comunidades, seguimos lejos de la media europea.
Sin dejar de apoyar la investigación privada, nuestro esfuerzo debe primar la pública, de manera que sus resultados sean patrimonio de todos los ciudadanos.
Para ello, además de relanzar las actuales políticas sectoriales, hay que establecer políticas instrumentales
que favorezcan la retención del conocimiento.