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VIII Seminario Regional (Cono Sur) ALAIC
“POLÍTICAS, ACTORES Y PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN:
ENCRUCIJADAS DE LA INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA”
27 y 28 de agosto 2015 | Córdoba, Argentina
Política y Territorio. Notas para abordar las Políticas
Públicas desde un Enfoque de Derechos
Policy and Territory. Notes to address public policy from a rights perspective
Ana Laura HIDALGO
Licenciada en Comunicación Social
Especialista en Gestión Social
Becaria Doctoral de CONICET
Universidad Nacional de San Luis (Argentina)
[email protected]
Resumen
Estas notas forman parte de las reflexiones mantenidas durante la realización del trabajo de
tesis de la Maestría en Política y Planificación Social (FCPyS, UNCu), y recuperan las
conclusiones obtenidas en la tesina de Especialización en Gestión Social (FCPyS, UNCu.
Hidalgo, 2014a).
El objetivo de este trabajo es proponer algunas claves de lectura como abordaje de las políticas
públicas, a fin de problematizar las relaciones entre política y territorio que se encuentran
pujando por el sentido en los territorios de implementación, desde un enfoque de derechos
humanos. La perspectiva de derechos permite pensar el alcance las políticas públicas en
términos de participación social, mecanismos de control e instancias de control y
responsabilidad social (Abramovich, 2006).
Esta mirada acerca de la temática implica recuperar las particularidades que emergen del
territorio (Madoery, 2013) mismo de los actores y aproximarse a las tensiones de poder
(Foucault, 1999, 2008) que se encarnan en sus prácticas discursivas (Massey, 2007). Esto
condiciona en última instancia la posibilidad de realización de los objetivos de la política pública
en la medida en que constituyen sus universos cotidianos en los cuales se despliegan sus
haceres simbólicos y materiales. Así, la relación entre política y territorio está presente en los
mismos espacios de génesis de las intervenciones públicas y la posibilidad de la visibilización
de esta relación, habilita la promoción de vínculos necesariamente no instrumentales,
generadores de espacios de participación y movilización social.
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El objetivo de este trabajo es proponer algunas claves de lectura, que permitan abordar las
políticas públicas a fin de visibilizar las relaciones entre política y territorio en los territorios de
implementación.
Abstract
These notes are part of the reflections held during the implementation of the thesis of the
Master in Political and Social Planning (FCPyS, UNCu), and seek to recover the conclusions of
the dissertation of Specialization in Social Management (FCPyS, UNCu. Hidalgo, 2014a).
The aim of this paper is to propose some keys of reading and addressing public policies in order
to problematize the relationship between politics and territory that are pushing for the sense in
the territories of implementation, from a human rights perspective. The rights perspective
suggests the scope of public policy in terms of social participation, control mechanisms and
instances of control and social responsibility (Abramovich, 2006).
This view about the issue involves recovering the particulars that emerge from territory
(Madoery, 2013) same actors and approach to the tensions of power (Foucault, 1999, 2008)
which are embodied in their discursive practices (Massey, 2007). This ultimately affects the
possibility of achieving the objectives of public policy in so far as they constitute their everyday
worlds in which their symbolic doings and materials are deployed. Thus, the relationship
between politics and territory is present in the same areas of origin of the interventions and the
possibility of the visibility of this relationship enables not necessarily promote instrumental links,
generating opportunities for participation and social mobilization.
The aim of this paper is to propose some keys of reading in order to address public policies in
order to visualize the relationship between politics and territory in the territories of
implementation.
Palabras Clave: política, territorio, enfoque de derechos, comunicación, desarrollo,
participación.
Key Words: policy, territory, rights perspective, communication, development, participation.
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1. Introducción
La relación entre política y territorio está presente en los mismos espacios de génesis de las
intervenciones (u omisiones) del estado; la posibilidad de la visibilización de esta relación,
debería promover vínculos necesariamente no instrumentales, generadores de espacios de
participación y movilización social. Esto implicaría que en la misma instancia de formulación de
la política el otro como sujeto de derechos, debe estar presente.
Sin embargo, al momento de la gestión de las políticas públicas, muchas veces lo urgente
reemplaza a lo importante y esta vinculación no es percibida por parte de los actores
involucrados. En la gran mayoría de los casos, se aplica un diseño que pretende abarcar la
gran diversidad de situaciones, con la pretensión de hacer iguales a los que no lo son. Se trata
de un proyecto de política que responde a un modelo predeterminado, en el cual las pautas de
su evaluación son definidas por indicadores propios de otros contextos. En este sentido, en la
implementación de la política se visibiliza de modo más claro –quizá-, el ocultamiento del otro
en las instancias de planificación.
Estas notas forman parte de las reflexiones mantenidas durante la realización del trabajo de
tesis de la Maestría en Política y Planificación Social (FCPyS, UNCu), y pretenden recuperar
las conclusiones obtenidas en la tesina de Especialización en Gestión Social (FCPyS, UNCu.
Hidalgo, 2014a). Esta investigación procura analizar las concepciones de ‘comunicación’ y
‘desarrollo’ y sus correlaciones, en las prácticas discursivas de los diferentes actores que
intervienen en la implementación de una política. Esta mirada propone recuperar las
particularidades que emergen del territorio (Madoery, 2013) mismo de los actores y
aproximarse a las tensiones de poder (Foucault, 1999, 2008) que se encarnan en sus prácticas
discursivas (Massey, 2007). Esto condiciona en última instancia la posibilidad de realización de
los objetivos de la política pública en la medida en que constituyen sus universos cotidianos en
los cuales se despliegan sus haceres simbólicos y materiales.
El objetivo de este trabajo es proponer algunas claves de lectura como abordaje de las políticas
públicas, a fin de problematizar las relaciones entre política y territorio que se encuentran
pujando por el sentido en los territorios de implementación. Para ello, en primer lugar se
exponen brevemente las consideraciones generales del Programa Nacional de Microcrédito
para la Economía Social y Solidaria (ESS), como caso de estudio. En segundo lugar, se
desarrollan algunos supuestos teóricos-epistemológicos trabajados como marco de referencia a
partir del cual se ubica el estudio en una perspectiva de política situada y del Enfoque de
Derechos. Finalmente, se presentan algunas ideas de la propuesta y emergentes territoriales.
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2. El caso de estudio. El Programa Nacional de Microcrédito para la ESS
Las políticas públicas son un conjunto de acciones y omisiones que expresan una determinada
modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión particular (Hintze, 2010);
expresan la toma de posición del Estado respecto de una situación, es dinámica y cambiante a
través del tiempo.
En este sentido, Rotiman (2011) señala que el sistema de microcrédito permite aliviar la
pobreza y contribuye a transformar las estructuras económicas y sociales de los sectores
vulnerables, que se encuentran excluidos del circuito de trabajo formal. Permite el acceso de
estas personas a pequeños préstamos mediante esquemas especialmente diseñados para
atender las necesidades y circunstancias particulares de ellos.
Las consideraciones del Programa indican la necesidad de situar correctamente al microcrédito
como un instrumento y no como un fin en sí mismo; de este modo, se convierte en una
poderosa herramienta siempre y cuando se combine adecuadamente con otros instrumentos
igualmente importantes, como capacitación, asistencia técnica, cuestiones organizativas y
gremiales que afectan a los emprendedores.
De este modo, se entiende por microcrédito a la asistencia crediticia para pequeños
emprendedores en el marco de la Economía Social; es un instrumento dirigido a reforzar la
dinámica económica del emprendimiento. Al principio, para fortalecer el capital de trabajo de la
unidad económica -materiales, insumos, mercaderías- y en los microcréditos sucesivos, el
capital fijo -máquinas y herramientas- para que mejore la productividad de la unidad. Es un
procedimiento metodológico que combina el crédito con instancias de capacitación, asistencia
técnica y organización de los Grupos Solidarios. Está destinado a pequeños emprendedores, a
los cuales les ofrecen un apoyo crediticio pequeño inserto en un esquema de garantías
flexibles que comparten de manera conjunta los riesgos de sus integrantes.
2.1. Otras consideraciones sobre el Microcrédito
La ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social fue
sancionada el día 28 de junio de 2006, y promulgada el 17 de julio del mismo año. El
Microcrédito es concebido como una actividad en la que el emprendedor social es acompañado
necesariamente por parte del Estado, para favorecer la sustentabilidad y la expansión
autónoma de la actividad del emprendedor.
2.1.1. Objetivos del Programa
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Entre los objetivos del Programa, se destacan: la promoción del microcrédito como herramienta
de financiamiento de los sectores más vulnerables de la población; la promoción de organismos
gubernamentales e instituciones no gubernamentales que trabajen con esta modalidad; el
apoyo a las instancias que trabajan con el microcrédito mediante herramientas de
fortalecimiento; la capacitación de recursos humanos en la metodología; el ofrecimiento de
capacitación y asistencia técnica a los emprendedores; un nivel de tasa de interés compatible
con el desarrollo de los emprendimientos a los que está dirigido. (Ley 26.117)
2.1.2. Destinatarios
El Programa establece que los destinatarios de estos préstamos son las personas físicas o
grupos asociativos de bajos recursos que, en el marco de la ESS, se organicen en torno a la
gestión del autoempleo; esta política busca facilitar el desarrollo local y regional por parte de los
emprendedores en sus contextos particulares.
2.1.3. Tipo de emprendimientos y destino de los fondos
Los emprendimientos que pueden ser financiados por el Programa de Microcrédito son todos
aquellos que desarrollen actividades de producción, consumo y comercialización que se
encuentren desempeñando sus labores, y que dispongan de escasas condiciones de capital.
Por esto, no está destinado a actividades que recién se inician, puesto que demandarían otro
tipo de herramientas contempladas en el Programa “Manos a la Obra”. Consecuentemente, el
destino de los fondos del Microcrédito es el capital de trabajo de las unidades económicas:
insumos y herramientas.
2.1.4. Otorgamiento del Microcrédito
Los Microcréditos son otorgados por Organizaciones Ejecutoras (OE), que pueden ser
asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, entre otras. Por tanto, quedan excluidas las
organizaciones comerciales o con fines de lucro. Las mismas, están relacionadas con los
Consorcios de Gestión Local y a las Redes de Gestión Asociada que constituyen una
plataforma de gestión de los fondos en el territorio.
2.1.5. Garantías y Responsabilidad de los actores
Para acceder a un Microcrédito no son necesarias garantías reales, tales como hipotecas,
prendas o recibos de sueldo. Las garantías utilizadas por las OE son de tipo solidarias o de
ayuda mutua, que se constituyen en el seno de los grupos de trabajo que reúnen cinco
emprendedores (Grupos solidarios).
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3. Enfoque de Derechos y Política Situada
El caso planteado permite pensar en la construcción de un abordaje teórico-epistemológico
para elaborar las vinculaciones entre política y territorio; en este sentido, se trata de abordar las
transiciones entre las formulaciones y planificaciones generales, y las implementaciones como
momentos únicos de las políticas. En este apartado, se presenta el marco de referencia desde
el cual se intenta generar una lectura situada.
La mirada a la problemática se desarrolla desde el Enfoque de Derechos Humanos (EDDHH),
sobre el supuesto que posibilita enriquecer la constitución de un Estado Social que garantice el
ejercicio de los mismos. El EDDHH permite pensar las políticas y estrategias de desarrollo
desde el derecho internacional sobre los DDDHH; de este modo, es un paradigma capaz de
orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas. Pero al mismo
tiempo, permite aportar a la cooperación y asistencia internacional para pensar el alcance las
políticas públicas en términos de participación social, mecanismos de control e instancias de
control y responsabilidad social que permitan incidir en los diversos momentos del proceso
(Abramovich, 2006).
Schmucler sostiene que “comunicación y desarrollo son variables mutuamente dependientes.
Qué comunicación para qué desarrollo podría ser una cuestión previa a cualquier postulación
específica de políticas comunicacionales” (Schmucler. 1997:113). Ahora bien, desde el EDDHH
estas consideraciones debieran conducir la problematización de toda intervención pública en
materia de fortalecimiento de un Estado Social de Derechos, puesto que desde este enfoque
se sostiene que los Derechos Civiles y Políticos (DCyP) implican necesariamente a los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESyC). Por tanto, las correlaciones entre las
nociones vinculadas a la comunicación -vinculada en un a priori a los DCyP- y al desarrollo –
asociado desde las perspectivas economicistas a los DESyC- que se manifiestan en la
cotidianeidad de los actores vinculados en las políticas públicas, condicionan la concreción de
sus objetivos en términos de goce derechos y del fortalecimiento de un Estado Social de
Derechos que pretenda aproximarse a el EDDHH.
Pero fundamentalmente este “marco conceptual podría contribuir además a definir con mayor
precisión las obligaciones de los Estados frente a los principales derechos humanos
involucrados en una estrategia de desarrollo, tanto económicos, sociales y culturales como
civiles y políticos” (Abramovich. 2006:36). El enfoque basado en derechos considera que el
primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de
derechos que obligan al Estado. De este modo, se modifican los procesos de diseño de
políticas generando un desplazamiento desde personas con necesidades que deben ser
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asistidas, hacia sujetos con derechos que demandan al Estado prestaciones y conductas
determinadas. Si los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren
mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento, estas ideas refuerzan un escenario
de participación privilegiado para los sujetos.
Este trabajo intenta encarnar un pensamiento y una práctica situada en un estudio territorial, a
sabiendas que “una concepción de este tipo implica reconocer la índole política de la sociedad,
es decir, la conciencia de que la forma que adopte nuestra convivencia social es fruto de
nuestra consciente y deliberada determinación colectiva. El hombre es social por naturaleza y
la sociedad es política por naturaleza. Pero esto no significa que haya un orden político
predeterminado, sino que este debe ser configurado y reconfigurado constantemente en forma
activa y común.” (Auat. 2011:101).
Se trata de pensar la implementación de la política y las condiciones de nuestra democracia en
un territorio particular; siguiendo a Auat (2011), se sostiene un pensar situado en tanto se
constituye en un horizonte hermenéutico de comprensión particular. Por ello, se pretende
recuperar la mirada de los sujetos y sus construcciones de sentido, posibilitando una fusión
horizóntica que permita poner en diálogo diferentes universos, que se encuentran disputando el
sentido en los territorios mismos de implementación de la política pública.
La categoría de territorio implica pensar en los espacios sociales concretos y conlleva la
necesidad de apropiación por parte de los sujetos de los sentidos que allí circulan. Madoery
sostiene que “los alcances de la política de desarrollo, por su parte, están directamente
asociados a la disputa por el sentido del concepto y su apropiación social en los procesos de
transformación en marcha en la región, […] porque si hay una posibilidad de re-significarlo, es
desde la historia y la realidad regional.” (Madoery. 2013:14). Por tanto, todo proyecto que
implique (re)pensar los territorios en el marco de un proyecto de desarrollo no puede eludir la
pregunta por la comunicación, en un sentido ampliado. La comunicación necesariamente recae
en la pregunta por el sentido, que es construido como espacio de poder en los territorios, y no
es ajena a las tensiones y luchas de los actores por imponer una cosmovisión de ‘orden social’
particular. Es por tanto, la comunicación una categoría política también y requiere una lectura
política. Por otra parte, los mismos objetivos de la política se encuentran condicionados por los
sentidos que circulan en el territorio, y de ellos depende lograr una evaluación satisfactoria de
su implementación.
3.1. Espacio Social y Territorio
Massey (2007) entiende el espacio social como producto de acciones, relaciones y prácticas
sociales. Por tanto, como producto social se encuentra abierto a la política, habitado por ‘poder
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social’, que se expresa en múltiples formas (económica, política, cultural; dominación, igualdad,
potencia) y se realiza ‘en relación’, entre una cosa (persona, nación, región, lugar) y otra. En
este sentido, la autora sostiene que el poder tiene una geografía particular y queda en juego
con la política e inseparable de ella.
Delgado explica que la geografía radical intenta desnaturalizar el espacio, entendiéndolo no
como un ente natural, sino como “un subproducto social del modo de producción y que su
comprensión sólo es posible a partir de una geohistoria que implica el conocimiento de los
procesos involucrados en su producción lo que hará de la geografía una especie de ‘economía
política’ de la producción del espacio” (Delgado. 2001:48). Esta perspectiva teórica implica dar
cuenta de cómo se han producido y se reproducen las formas espaciales bajo el capitalismo,
relaciones sociales que dan cuenta de un desarrollo geográficamente desigual en las
condiciones ecológicas, culturales, económicas, políticas, sociales y comunicacionales
determinadas.
En este sentido, el tiempo y el espacio son considerados construcciones sociales arraigadas a
la materialidad del mundo. Las concepciones de tiempo y espacio dependen de la cultura de
los grupos sociales, que no pueden ser conocidos por fuera de los entramados culturales
simbólicos que involucran al lenguaje y a los sistemas de creencias. Son producto de
construcciones sociales que operan sobre los individuos e instituciones y las dinámicas que los
vinculan. Del mismo modo, las representaciones del espacio y del tiempo surgen de las
prácticas sociales, al mismo tiempo que resultan instrumento de regulación de esas prácticas;
así, se encuentran implicadas en los procesos de reproducción social en la media en que
permiten asegurar un orden social.
En tanto producción social, el tiempo y el espacio se definen en un escenario de lucha política y
confrontación social; las prácticas que se despliegan en esos territorios deben ser leídas como
prácticas discursivas que dan cuenta de la distribución de las relaciones de poder social que se
despliegan de modo diferenciado. La organización espacio temporal es producto de luchas
entre fuerzas sociales opuestas por mantener o cambiar el orden social; la dinámica social es
necesariamente una lucha de poder por el espacio (Delgado, 2001).
De este modo, “territorializarse, pues, significa crear mediaciones espaciales que nos
proporcionen un efectivo ‘poder’ sobre nuestra reproducción como grupos sociales (para
algunos también como individuos), poder que es siempre multiescalar y multidimensional,
material e inmaterial, de ‘dominación’ y ‘apropiación’ al mismo tiempo.” (Haesbaert. 2011:83).
Esto implica considerar no solo la variación histórica sino también su variación geográfica, y las
relaciones que se establecen con el espacio o por medio de él; entonces, “hablar sobre el
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espacio es insuficiente, si no se busca definirlo a la luz de la historia concreta.” (Santos.
1996:14).
Siguiendo a Santos (1996), el espacio es una realidad relacional, en el que participan como
conjunto indisociable cierta disposición de objetos geográficos, naturales y sociales, y por otro,
la vida que los llena y anima, la sociedad en movimiento, mediatizadas por el trabajo. Estas
nociones superan las definiciones clásicas de geografía; puesto que el contenido (de la
sociedad) no es independiente de la forma (los objetos geográficos): cada forma encierra un
conjunto que adquieren un papel central en la realización social. “El espacio es el resultado de
la suma y la síntesis, siempre reelaborada, del paisaje con la sociedad a través de la
espacialidad. El paisaje permanece y la espacialidad es un momento.” (Santos. 1996:70). Así,
mientras las formas pueden seguir siendo las mismas, la sociedad está siempre en movimiento;
por tanto, el mismo paisaje, la misma configuración territorial, nos ofrecen espacios diferentes
en el transcurso del tiempo.
Massey indica que “el espacio nos ofrece el desafío (y el placer y la responsabilidad) de la
existencia de ‘otros’” (Massey. 2007: 8). Advierte que con frecuencia se transforma el espacio
en tiempo, con –al menos- dos efectos: la supresión de la multiplicidad contemporánea del
espacio, y la reducción al singular de la temporalidad. Por su parte, Madoery (2013) explica que
en ciencias sociales se suele sostener que el tiempo es la dimensión del cambio, mientras que
el espacio es la dimensión de multiplicidad. Esto implica un proceso por el cual se diferencian
estas dos dimensiones y se escinden de los procesos en los cuales se imbrican
necesariamente. Esto conlleva un único modelo de desarrollo (y de comunicación), que predice
los proyectos de los territorios. Pero esas prácticas discursivas no son sólo foráneas, sino que
se encuentran producidas y reproducidas en el interior de los mismos. Por otra parte, la
transformación del espacio en tiempo permite invisibilizar las desigualdades que se producen y
reproducen en la actualidad y que son estructurales, ocultando las redes de poder. De este
modo, Massey indica que se niega la condición de coetáneos, como propiedad esencial del
espacio.
Por tanto, el espacio no es la suma de territorios, sino una complejidad de relaciones (flujos y
fronteras; territorios y vínculos); por esto, nunca es simple y coherente. Los sentidos de orden
social que allí circulan son el resultado de la mezcla de todas las relaciones, prácticas,
intercambios, que se fusionan ahí como producto de procesos de negociación, conflicto,
contienda, entre distintos grupos, con intereses materiales, y posiciones social y políticas,
distintivas. Massey advierte que las prácticas cotidianas conllevan un carácter de lo implícito
que permiten ocultar los acuerdos sobre los que se basan y una geometría de poder específica.
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Por tanto, el análisis territorial implica considerar a los sujetos que dan vida, las relaciones
sociales de poder que se establecen, los condicionamientos de contextos espacio-temporales,
las representaciones de los espacios sociales y las expectativas respecto de los proyectos
emergentes de políticas públicas que intentan transformar las condiciones institucionales,
económicas y/o sociales.
Haesbaert advierte que en los debates sobre el tema, el territorio aparece como ‘lo dado’, como
algo del orden de lo natural y por tanto, incuestionable. Así, esto se complejiza con “las
disociaciones entre espacio y tiempo, espacio y sociedad, material e inmaterial, fijación y
movilidad.” (Haesbaert. 2011:28). Así, la noción de “desterritorialización” aparece asociada con
la predominancia de las redes informáticas, propiciada por la globalización y tecnologías de la
comunicación, y asociados a la neutralidad política ideológica de estos conceptos.1 Estas ideas
se asientan en nociones y fundamentos del paradigma positivista: habría una única concepción
de desarrollo que permitiría la entrada a la Sociedad de la Información de acuerdo a principios
evolucionistas. Esta idea de desarrollo, descansa sobre los pilares del “orden y progreso”, en
tanto que el progreso se asocia a un orden y a una estrategia de cohesión social y negadora de
la diferencia.2
Consecuentemente, se asocia progreso-bienestar-ausencia de conflicto, a la mayor presencia
de instrumentos y servicios de información; y estos ligados estrechamente a las oportunidades
de generar una “realización personal”, mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y
de la eficiencia en la organización social y económica, y como reforzamiento de la cohesión
social. La confianza en el progreso es la ideología que sustancia este proyecto civilizatorio. Un
modo de transitar los cuerpos en este espacio-tiempo en el cual cada salto tecnológico
acrecienta las brechas entre ricos y pobres. Santos sostiene que la mundialización que se
percibe es perversa, en tanto que “concentración y centralización de la economía y del poder
político, cultura de masas, cientifización de la burocracia, fuerte centralización de las decisiones
y de la Información, sirven de base para estimular las desigualdades entre países y entre
clases sociales, así como para la opresión y desintegración del individuo. De esta forma se
comprende que haya correspondencia entre sociedad global y crisis global.” (Santos. 1996:21).
Así, Haesbaert sostiene que la desterritorialización se confunde la desaparición de los
territorios con el simple debilitamiento de la relación espacial en las relaciones sociales. Por
1
Becerra señala que el proyecto de la sociedad informacional “se fundamenta en la particular reedición de los
ideales modernos, tales como la convicción del progreso indefinido, la fe en el desarrollo, la esperanza en el
porvenir, la confianza en la integración, y la creencia en la providencia del mercado” (Becerra. 2003: 2).
2
No resulta casual que desde este paradigma se reduzca la noción de comunicación a ‘tecnologías de la
información’ o a ‘medios de comunicación’.
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tanto, sostener frente a un escenario globalizado la desterritorialización es eliminar la
posibilidad de la multiplicidad, y legitimar al mismo tiempo, aquellas prácticas discursivas que
sostienen que el cambio tiene un sentido único. De este modo, quedan invisibilizados los
procesos de desarrollos y comunicación diversos, alternativos y simultáneos que tienen lugar
en el espacio social.
Haesbaert considera los discursos sobre la desterritorialización como contradictorios, puesto
que “el propio concepto de sociedad implica, de cualquier modo, su espacialización o, en un
sentido más limitado, su territorialización. Sociedad y espacio social son dimensiones gemelas.
No se puede definir al individuo, al grupo, ni a la comunidad o a la sociedad, sin insertarlos a la
vez en un determinado contexto geográfico, ‘territorial’.” (Haesbaert. 2011:19). El autor continúa
sosteniendo que la desterritorialización es una de las características centrales del capitalismo y,
más aún, de la propia modernidad. La considera como intrínseca a la reproducción del capital
en una constante reinvención del consumo acelerando el proceso productivo; pero también por
“la dinámica de exclusión que arroja a una enorme masa de personas a circuitos de movilidad
obligatoria en su lucha por la supervivencia cotidiana” (Haesbaert. 2011:20). Esta tensión de
inclusión/exclusión resulta fundamental en la problematización de la construcción del nosotros y
el otro de los proyectos políticos de desarrollo y comunicación; así, Wallerstein señala que la
economía-mundo capitalista se basa en “mantener gente afuera mientras mantiene gente
adentro.” (Wallerstein. 2003:92).
4. A modo de cierre
La política de Microcrédito debe reconocer en su instancia territorial de implementación la
existencia de un sujeto de derecho económico y productivo, que se organiza en un escenario
capitalista pero involucrado en otras relaciones sociales que le son propias. Esto implica
abandonar las lógicas clásicas de generación de empleos, a fin de generar un mecanismo de
promoción de esas relaciones sociales que subyacen en los territorios.
Las nociones de desarrollo y comunicación no son concebidas de modo aislado; son
generadas por los mismos horizontes de sentido, expectativas y sentires. La bisagra entre
política y territorio pone de manifiesto estos sentidos, y permite recrearlos desde lo particular,
sus miradas y sus construcciones de sentido posibilitando una fusión horizóntica, que permita
poner en diálogo diferentes universos vinculados, que se encuentran disputando el sentido en
los territorios de implementación de la política pública. Esto presupone el reconocimiento de la
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alteridad de los horizontes que se encuentran, y la renovación de los presupuestos a partir de
los cuales se configuran los diversos sentidos de orden social. (Longo, 2013).
Toda política pública es manifestación de procesos políticos particulares y de desarrollos
sociales diversos; pero adquiere su carácter de pública en la medida en que no sólo impulsa
una acción de carácter distributivo, redistributivo, regulatorio o constitucional, sino que también
se vincula con el modo en cómo se construye y cómo intervienen en su formulación las
agendas públicas nacionales y locales. De este modo, contribuir a la consolidación del Estado
Social de Derechos implica pensar un planteo inclusivo en términos de políticas de estado; un
escenario que permita la construcción de políticas públicas favorecedoras del otorgamiento de
poder a los sectores excluidos, garantizando la aproximación al goce de los DDHH, las
obligaciones que se desprenden de ellos y la posibilidad de incluir en el espacio público a otros
actores anteriormente invisibilizados. Todo esto, enmarcado en una estrategia de desarrollo
que implique a la comunicación en los diversos momentos de la política para favorecer la
inclusión, la participación y la responsabilidad de los diversos actores (Hidalgo, 2014b).
De este modo, los ejes fundamentales de un diagnóstico de situación orientado a dar insumos
para el diseño de una política social, se desprenden de la concepción de Estado que subyace a
dicha política. En consecuencia, el paso de un Estado que apunta a consolidar una sociedad
cuya dinámica se rige por la lógica del mercado hacia otro que busca constituirse en garante de
los derechos de los ciudadanos, conlleva una revisión profunda de las categorías de análisis
que se deben utilizar para la realización de ese diagnóstico. Esto es así, en la medida que
desde una concepción ampliada de Estado, ninguna política, ni diagnostico situacional son
plausibles de analizarse de forma independiente de una concepción de Estado.
De este modo, la lucha por imponer determinados sentidos, se traduce o materializa en
proyectos de conservación o modificación de la sociedad impulsados por un tipo de Estado; es
decir, que conservan o transforman determinadas relaciones sociales o la sociedad en general.
Los procesos de cambios protagonizados en toda América Latina en los últimos años, reflejan
una profunda reestructuración que obedece a complejas modificaciones estructurales del mapa
político mundial. Por consiguiente, estos procesos implicaron también al interior de los países
profundas transformaciones que atravesaron diversas esferas de su funcionamiento. En
Latinoamérica se puede reconocer la emergencia de diversos intentos por fortalecer
institucionalmente los derechos sociales; en un trabajo anterior se abordó la estrecha relación
entre Estado Social de Derecho y la Intervención Social, visualizando dinámicas en dicha
vinculación que adquieren en la región un sentido particular y contextual muy rico para el
análisis (Hidalgo, 2014b).
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“POLÍTICAS, ACTORES Y PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN:
ENCRUCIJADAS DE LA INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA”
27 y 28 de agosto 2015 | Córdoba, Argentina
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