Download la política social frente al desempleo creciente. evolución e impacto

II Congreso Nacional de Políticas Sociales (Mendoza, septiembre 2004)
Diego Salcedo
LA POLÍTICA SOCIAL FRENTE AL DESEMPLEO
CRECIENTE. EVOLUCIÓN E IMPACTO SOBRE LOS
RECEPTORES DE LOS PLANES DE EMPLEO
TRANSITORIO EN LA PROVINCIA DE MENDOZA
(1997 – 2004)
1 INTRODUCCIÓN
En la última década hemos sido testigos de cambios importantes en nuestro país. Al proceso
hiperinflacionario de fines de los ´80 le siguió una etapa de estabilidad relativa que permitió que se
produjera crecimiento económico por varios años, aunque éste no se distribuyó de manera equitativa
en la población.
Las empresas de servicios públicos pasaron a manos privadas, así como las principales
aglomeraciones productivas de bienes de uso difundido. Se produjo una modernización evidente en la
infraestructura económica de servicios y en la entrada de muchos productos importados.
Sin embargo, la apertura económica, la desregulación y privatizaciones junto con la creciente
sobre
valuación
del
peso, han producido un creciente desempleo y subempleo que golpea
fuertemente a estratos medios y bajos en todo el país.
Desde principios de la década del ´90 se sancionaron cambios en la legislación laboral que
habilitaron la creación de programas temporales de empleo, con el fin de paliar de manera transitoria
la falta de oportunidades que el mercado de trabajo crecientemente producía.
En la Provincia de Mendoza este nuevo esquema de política pública social se instauró a finales
de 1996 pero recién seis años después adquirió una dimensión realmente importante. La dimensión
que han adquirido estos programas, el impacto que tienen sobre los receptores, sus familias y
comunidades así como las modificaciones posibles que puedan formularse en atención a sus
debilidades representan el cuerpo principal de este trabajo, el cual tiene carácter de revisión
preliminar, e invita a la discusión y aportes constructivos de aquellos interesados en la política social,
materia tan apasionante como controvertida.
2 CRISIS SOCIO-ECONÓMICA Y POLÍTICAS SOCIALES
COMPENSATORIAS
Durante los años noventa Argentina ha sufrido el declive de su industria y la caída de
importantes contingentes poblacionales en la pobreza y el desempleo. Las políticas de liberalización
económica, privatizaciones y fijación del tipo de cambio produjeron entrada de capitales e inversiones
en un primer momento, pero luego acentuaron la recesión y la destrucción de empleos de calidad.
Muchas personas pasaron a actividades informales y al desempleo abierto.
La crisis económica derivada del proceso de ajuste estructural en nuestro país fue seguida
por políticas sociales compensatorias, caracterizadas por:
. Tener un papel emergente y de corto plazo;
. Tratar de proveer satisfactores básicos a la población más afectada por los
programas de ajuste macroeconómico;
. Tratar de promover el desarrollo de una nueva gestión social con gerentes
sociales con capacidad de innovación para adecuar necesidades y recursos[1]
Este enfoque de política social, por su formulación y diseño abandona el universalismo y se
construye en base a la focalización y descentralización de recursos. Se asienta en las organizaciones
de la sociedad civil y sus intervenciones, por lo general, son de corto plazo.
La política social compensatoria en Mendoza fijó como objetivos socorrer y aliviar a los
hogares en situación de vulnerabilidad social y económica. Por ejemplo, entre sus objetivos se
nombran, “aliviar la inseguridad económica de las familias más pobres de la Provincia a través de
transferencias directas e indirectas de ingreso”[2]
Entre las acciones más importantes que han tomado forma de programas, en Mendoza están
la atención de las emergencias sociales y las referidas a la provisión alimentaria.
Por su parte, los programas temporales de empleo se entienden –desde su inicio-como parte
de una política productiva más que compensatoria. Los objetivos específicos de los mismos son:
. Transferir ingresos contra una prestación laboral para los sectores de desocupados.
. Promover la capacitación ocupacional de jóvenes y de trabajadores desocupados ó sujetos a
reconversión productiva
Sin embargo, desde otro ámbito se afirma que “en el financiamiento de los nuevos programas
sociales constitutivos de la política social compensatoria por parte de los organismos bilaterales ú
otros está presente la importancia del rol que cumple el mercado de trabajo en este proceso y como
vínculo entre la esfera económica y las condiciones sociales, por lo que la mayoría de estos programas
están dirigidos a la generación y protección de empleos y a la capacitación para el trabajo, entre
otros. [3]
3 LOS PROGRAMAS TEMPORALES DE EMPLEO
3.1 CONCEPTUALIZACIÓN
Los programas temporales de empleo son iniciativas públicas para enfrentar el desempleo de
franjas crecientes de la población, en el marco de la activación de las políticas sociales. Esto es,
esquemas en los que el receptor debe brindar algún tipo de contraprestaciones por el monto recibido
desde las agencias gubernamentales.
Constituyen transferencias dinerarias con contraprestación laboral, aunque también pueden
ser de otro tipo (como finalización de estudios primarios ó secundarios). En este caso, se asimilan a
los sistemas de becas.
En todos los casos, se verifica la exigencia de contraprestaciones de algún tipo (por ejemplo,
formación, trabajo comunitario) El no cumplimiento de la contraprestación conlleva la suspensión del
beneficio.
La forma legal que asumen es la de subsidios cuyo pago es una ayuda social no remunerativa
y no un salario.
Se los entiende también como “programas de asistencia laboral, ó ´workfare´, mediante los
cuales los participantes deben trabajar para obtener beneficios, ( Estos programas son)…utilizados en
gran escala en la lucha contra la pobreza” [4]
3.2 NORMATIVA
El punto de partida de estos instrumentos de política social lo constituye la Ley Nacional de
Empleo (N° 24.013, sancionada en 1991), en la que se describen una serie de acciones vinculadas al
empleo y la capacitación, al mejoramiento de la intermediación en el mercado de trabajo y a la
contención de los desempleados a partir de la creación del Seguro de Desempleo.
El conjunto de acciones que componen las políticas de empleo que lleva a cabo la Secretaría
de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación pueden agruparse en dos
grandes áreas:
a. Las políticas activas de empleo son aquellas que demandan algún tipo de capacitación y/o trabajo
por parte del beneficiario, me jorando de esta manera su acceso al mercado de laboral.
• Programas de empleo
• Programas de capacitación laboral
b. Las políticas pasivas de empleo que, a diferencia de las anteriores, son aquellas que no demandan
ningún tipo de acción por parte del beneficiario.
• Seguro de desempleo
4 PROGRAMAS TEMPORALES DE EMPLEO EN MENDOZA
4.1 PRIMER ETAPA “INICIOS” (DICIEMBRE 1996 – DICIEMBRE
1999)
En enero de 1997 se creó por ley 6462, el Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES) [5] .
El mismo funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Social de Mendoza. Su objetivo es
financiar programas sociales vinculados con la cooperación, la generación de empleo y el desarrollo
social comunitario. Con ese fin, el FIDES establece líneas de financiamiento para programas
alimentarios, programas de generación de empleo temporal, de apoyo a pequeñas empresas,
cooperativas, mutuales, de fortalecimiento de la sociedad civil, entre otras.
El Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES) define como finalidad “financiar programas
y proyectos destinados a contribuir a la superación de la pobreza, a apoyar el ingreso económico de
las familias y generar empleo. En lo particular, establecerá líneas de financiamiento respetando los
criterios técnicos del plan de acción anual correspondiente para:
a.
b.
Programas alimentarios, nutricionales y asistenciales;
Programas de generación de empleo temporal ó de emergencia y de capacitación y
reconversión laboral;
c.
d.
Programas de apoyo técnico a las micro y pequeñas empresas
Proyectos
sociales
de
infraestructura
comunitaria,
fortalecimiento
de
la
sociedad civil, autogestión y atención de servicios sociales.
4.1.2 EL PROGRAMA DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN OCUPACIONAL ENTRE
1996 Y 1999[6]
En
este
marco
de
modificaciones
de
la
institucionalidad
social,
el
Gobierno
Provincial
estableció entre sus prioridades la generación de políticas tendientes a combatir la pobreza, la
exclusión y el desempleo. En este sentido, se instrumentaron programas de empleo temporario. Para
este fin, participó y colaboró el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (MTSS), con el
desarrollo de los Programas “Trabajar” y “Servicios Comunitarios”.
En el segundo semestre de 1.996 se creó en la órbita de la Subsecretaría de
Desarrollo Social, el Programa de Empleo y Capacitación Ocupacional, teniendo a su cargo la gestión
de diferentes programas de empleo temporario, pensados para dar respuesta a la creciente demanda
de empleo proveniente de los sectores más vulnerables de la sociedad. El Programa se pone en
marcha en el mes de noviembre de 1.996, a través del decreto 1.779/96 que instituye la Línea de
Empleo para Zonas Críticas, primer experiencia de este tipo desarrollada con fondos provinciales.
Los objetivos del Programa son:
·
Generar ocupación transitoria a desocupados, especialmente a jefes/as de hogar, jóvenes,
discapacitados y mayores de 40 años.
·
·
Transferir ingresos a hogares pobres.
Asegurar capacitación ocupacional a trabajadores, orientada a mejorar la empleabilidad de las
personas.
La Provincia puso en marcha distintas Líneas de Empleo desde noviembre de 1996. Por medio
de ellas, se otorgaba una ayuda económica mensual no remunerativa a jefes de hogar desocupados
a cambio de una contraprestación laboral comunitaria. Los Organismos responsables de la ejecución
y
concreción
de
las
actividades
previstas,
podían
ser
los
Municipios
u
Organizaciones
No
Gubernamentales (ONG´s). Los desocupados recibían una ayuda económica que oscilaba entre $150
y $200. En tanto que para las Líneas de Empleo de Discapacidad y Erradicación del Trabajo Infantil, la
ayuda ascendía a $ 300.
El gobierno provincial garantizaba la atención médica del trabajador y su familia a través de
los efectores de salud pública además de la contratación de un seguro de responsabilidad civil, para
accidentes de trabajo.
El Programa administraba una Base de Datos de Trabajadores Activos, a partir de la cual se
hacían los movimientos mensuales de beneficiarios (altas y bajas) que participaban en los diversos
proyectos aprobados.
4.2 SEGUNDA ETAPA “CONSOLIDACIÓN” (ENERO 2000 – MARZO
2002)
En los primeros meses del año 2000, tras el cambio de gestión política al nivel nacional y
provincial, en Mendoza se mantuvo vigente el Programa de Empleo y Capacitación Ocupacional,
cancelándose las obligaciones de pago previas. Hasta el mes de abril, en que el Gobierno Provincial
envió a la Legislatura dos proyectos de ley, solicitando cuarenta y tres millones de pesos para atender
la emergencia social y económica. Dichos fondos saldrían del Fondo para la Transformación y el
Crecimiento. De este monto, quince millones se destinarían a cubrir durante el segundo semestre de
2000 distintas líneas de empleo transitorio.
La Legislatura sanciona en junio la ley 6.783, reglament ándose el Plan Operativo del Plan
mediante Resolución ministerial 1579/2000, con lo que se ponen en funcionamiento cinco líneas
programáticas, a saber:
1.
Producción y Trabajo: Serán beneficiarios de un ingreso mínimo para la ciudadanía los obreros
rurales contratistas y pequeños productores
2.
Protección integral a la familia, la infancia y la adolescencia: Destinado a la inclusión en el
sistema educativo y de salud o de cuidados infantiles de niños y adolescentes en riesgo con
padres desempleados, mediante la incorporación de estos en empleos subsidiados o capacitación
laboral, o la asignación de becas para la escolarización.
3.
Integración laboral para discapacitados: Para personas con discapacidad entre 16 y 60 años,
desempleados y en situación de pobreza, preferentemente jefes de hogar.
4.
Refacción del hábitat:
Destinado a jefes familias desocupados en situación de pobreza crítica
para la refacción de la vivienda, específicamente para techos.
5.
Pensiones para ancianos indigentes o inválidos [7]
La última línea en realidad corresponde a otro tipo de intervención, las pensiones para
discapacitados y ancianos indigentes, de carácter vitalicio.
Las Mesas de Concertación Departamentales tenían que integrarse con los siguientes actores:
·
“Un representante del Municipio, sugiriéndose al referente del Área Departamental de
Apoyo Laboral;
·
Un representante del H. Consejo Deliberante del Departamento, designado por ese
Cuerpo;
·
Un representante de la Federación Agraria de la Provincia de Mendoza;
·
Un representante del Consejo Social Departamental ú organización de segundo grado de
Familia, Niñez y Adolescencia;
·
Un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Social
No era éste un formato obligatorio pero sí indicativo en lo referido a la cantidad de miembros y
los actores que tenían que estar presentes en dicho espacio. Con el correr del tiempo, algunas Mesas
se ampliaron, incorporando representantes de uniones vecinales, organizaciones de desocupados,
distintas confesiones religiosas, entre otras.
La importante cuota de beneficiarios en tareas de producción rural partió de una decisión de
política pública del Gobierno provincial, plasmado en la misma Ley, que buscaba explícitamente
asegurar un piso a las actividades productivas agrícolas a lo largo del territorio mendocino en las
pequeñas propiedades bajo daño climático.
En el año 2001 continuó el Programa Jefas de Hogar y las líneas programáticas de empleo
fueron
principalmente
tres:
social
comunitaria,
rural
y
socio-productiva.
Las
dos
primeras
correspondían a las que en el año 2000 se llamaban “Protección a la Familia” y “Producción y Trabajo”
respectivamente,
en
tanto
emprendimientos
productivos
que
y
la
tercera
comerciales
representaba
urbanos,
un
acercando
intento
estos
por
llegar
planes
a
a
pequeños
sectores
muy
castigados por la persistente recesión económica.
Durante este año, continuaron vigentes las Mesas de Concertación Departamentales y los
mecanismos básicos de altas y bajas de beneficiarios de empleo. Se entregaron 125.203 prestaciones
de empleo transitorio (10.434 beneficiarios mensuales promedio). Durante 2002, hasta mayo, fueron
cerca de 11.000 prestaciones mensuales, con una distribución de recursos consensuada con los
Municipios a partir del Indice Socio-laboral (ISL). Este índice tenía en consideración tres datos básicos:
porcentaje
de población con necesidades básicas insatisfechas por departamento respecto a su
propia población y a la de la provincia con NBI y porcentaje de jefes de hogar desocupados por
departamento pertenecientes al primer quintil de ingresos.
Las líneas principales en las que desempeñaban actividades los beneficiarios fueron:
Líneas de Empleo en el año 2001
Productivo – Comunitaria
Jefas de Hogar
[8]
Empleo Rural
% sobre Total
47,7 %
18,5 %
14,8 %
Pacto Metropolitano / Limpiavidrios
7,5 %
Vivienda
6,3 %
Socio – Productiva
5,2 %
Por su parte, los proyectos presentados mostraban diversidad en cuanto a los lugares de
contraprestación y el tipo de actividades a realizar. A modo ilustrativo, se expone el siguiente cuadro
con una tipificación de los proyectos:
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS SOCIALES DE EMPLEO EN LOS DEPARTAMENTOS DE MENDOZA –
(AÑOS 2000, 2001 y 2002)
1)
CONTRAPRESTACIÓN EDUCATIVA (finalización de estudios primarios y secundarios– Plan Jefas
Hogar)
2) APOYO EN INSTITUCIONES SOCIALES, EDUCATIVAS Y SANITARIAS
Apoyo en Biblioteca, Apoyo a Comedores Escolares, Atención Refrigerio, Auxiliar de Guarderías y
Jardines, Auxiliar de Celador, Limpieza en Centros de Salud
3) ACTIVIDADES DE UTILIDAD SOCIAL Y CUIDADOS PERSONALES
Recreación de Niños y Ancianos, Atención de Ancianos, Apoyo a Adolescentes Vulnerables,
Prevención de Violencia Intrafamiliar, Promotores de Salud
4) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y PRODUCCIONES SOCIALMENTE VALORADAS
Manos Unidas (preparación de dulces y salsas en conserva), Ropero Comunitario, Taller de Reciclado
de Ropa, Taller de Enseñanza Tapiz y Telares, Reciclado de calzado, Red de auxiliares vecinalistas
5) CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL y VIVIENDAS
Construcción Plaza Azocar, construcción centro comunitario, ampliación Iglesia de San Carlos,
cooperativas de vivienda.
6) ACTIVIDADES EN ZONAS RURALES (cosecha, poda, labores culturales, etc.)
7) CUADRILLAS AMBIENTALES (LIMPIEZA DE CALLES, DESMALEZADO, ETC.)
Espacios Verdes, Servicios Públicos, Reparación de Arterias y Baches, Parquización y Urbanización,
Brigadas Ecológicas, Limpiemos las Hojas, Apoyo Defensa Civil, Higiene Urbano Ambiental
Fuente: Elaboración propia con base a datos provenientes de bases de Empleo.
4.3 TERCER ETAPA “MASIVIDAD” (ABRIL de 2002 en adelante)
El 4 de abril de 2002, se instituye el Programa Jefes de Hogar por decreto presidencial nº
[9]
565 , para ser aplicado mientras durase la Emergencia Ocupacional Nacional (se ratificaba en
principio hasta el 31 de diciembre del mismo año). Según el artículo 2 se destinaría a:
“jefes/as de hogar con hijos de hasta 18 años de edad, ó discapacitados de cualquier edad y
a hogares en los que la jefa de hogar ó la cónyuge, concubina ó cohabitante del jefe de hogar se
hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residan en forma permanente en el
país”
Más adelante se establecía como ayuda económica mensual la suma de ciento cincuenta
pesos, que aseguraban el “Derecho Familiar de Inclusión Social”. Se preveía la asistencia de los
menores a la escuela, la participación en acciones de capacitación y la incorporación en proyectos
productivos ó en servicios comunitarios.
El Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (conocido como “Jefes II”) modificó la
metodología utilizada desde principio de año. El Gobierno Nacional promocionó por medios masivos de
comunicación el inicio de inscripción en los Municipios, que se inició el 15 de abril y culminó a
mediados
de
mayo,
a
toda
aquella
persona
que
cumpliese
los
requisitos
y
presentase
la
documentación requerida:
a)
DNI y CUIL del solicitante y cónyuge, si lo tuviera;
b)
Certificados de escolaridad, DNI y partida de nacimiento de los hijos ó niños a cargo;
c)
Libretas de salud y certificados de vacunación de los menores de 18 años;
d)
En caso de embarazo ó discapacidad, la certificación correspondiente.
El propio formulario de inscripción explicitaba la fecha de inscripción durante el período abril /
mayo y hacía hincapié en no aceptar gestores ni intermediarios para anotarse en los Municipios.
El Ministerio de Trabajo comenzó a liquidar mensualmente –a partir de mayo- los pagos
correspondientes, habiendo –en algunos casos-, planillas complementarias a los pagos principales de
cada mes.
El decreto de creación del Programa estableció la conformación del Consejo Nacional de
Administración, Ejecución y Control (CONAEyC) así como Consejos Consultivos Municipales y uno en
cada Provincia. En Mendoza, existía ya uno en funcionamiento
y también en los departamentos
(Mesas de Concertación). Es por eso que estos Consejos replicaron en gran medida aquel esquema
inicial, si bien en cumplimiento del Convenio Marco entre Nación y Provincia se amplió en un cincuenta
por ciento la cantidad de miembros.[10]
Como
en
un
primer
momento
en
dicho
Programa
no
se
establecieron
cupos
por
departamento y, al principio, no estaba claro si podían elevarse bajas de beneficiarios, el rol de las
Mesas quedó básicamente limitado a lo consultivo[11] puesto que las altas se otorgaban a nivel central,
luego de cruces informáticos.
Posteriormente, con nuevas reglamentaciones, se posibilitó el envío de bajas desde los
Consejos (en buena medida debido a que los propios beneficiarios renunciaban al Plan por encontrar
trabajo
en
el
mercado
ó
por
otras
razones
y
por
el
no
cumplimiento
reiterado
[12]
contraprestaciones requeridas)
La inversión monetaria entre mayo y septiembre del año 2002 del Programa Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados se muestra a continuación:
de
las
Se puede ver que en mayo solo cobró una cantidad pequeña y que en junio el Plan mostró un
carácter masivo de inclusión de beneficiarios. Si consideramos este mes como base cien, el aumento
acumulado a septiembre llega al 74% en Mendoza. Algunos meses después el Plan llega al pico de
62.500 beneficiarios para luego ir descendiendo paulatinamente hasta 49 mil en junio de 2004.
Evolución de prestaciones promedio mensuales de empleo transitorio desde el inicio del Programa de
Empleo y Capacitación Ocupacional en Mendoza financiadas por Provincia y Nación
(1996 – 2003)
Prest. x
Prest. x
Prest. x
Prest. x
Prest. x
Prest. x
Prest. x
Prest. X
mes Año
mes Año
mes Año
mes Año
mes Año
mes Año
mes Año
mes Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1,082
10,057
7,393
10,280
18,458
15,434
39,760
54,600
100
73
101
183
153
395
542
Total
Provincial
Evolución
1997=100
-------
Fuente: Programa de Empleo y Capacitación Ocupacional – Gobierno
de Mendoza y Ministerio de Trabajo de la Nación (1996-2003)
Se observa que en el transcurso de 7 años se quintuplicó el promedio de personas con planes
temporales de empleo en Mendoza, pasando de 10 mil a casi 55 mil prestaciones mensuales.
5 LUCES Y SOMBRAS DE LOS PROGRAMAS TEMPORALES DE
EMPLEO
5.1 OPERATIVIDAD Y EFECTIVIDAD COMO RED DE SEGURIDAD DE
INGRESOS
Las redes de seguridad en los ingresos involucran a diferentes áreas de los Estados e incluso
del sector privado y voluntario. Constituyen la base de sustentación de los regímenes modernos de
reducción de los riesgos. Se anclan fundamentalmente en el buen funcionamiento del mercado de
trabajo: salarios, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, seguros de desempleo, etc. Sin
embargo, en los últimos veinte años, dichas redes han sufrido erosiones y cambios de direccionalidad
por sucesivas reformas a los Estados de Bienestar.
En su sentido puro, implican políticas de sostenimiento de los ingresos, que operan de manera
preventiva para que las familias no sufran caídas abruptas en las crisis económicas ó los cambios al
interior de las mismas. Pero, por otro lado, existen las redes compensatorias de seguridad en los
ingresos, que operan cuando las anteriores fallan ó directamente no existen. Entre las últimas, las
principales son:
·
Programas temporales de empleo (obras públicas ó de utilidad social)
·
·
·
Intervenciones nutricionales (niños y embarazadas)
Provisión de comida en escuelas y comedores y cupones de alimentos
Sistemas
de
bonificaciones
directas
en
efectivo,
que
pueden
estar
condicionadas
a
determinadas conductas (asistencia a escuela y/o visitas a centros de salud)
·
Pensiones no contributivas.
·
Fondos sociales para financiar pequeñas obras en zonas rurales.
El Banco Mundial considera como características positivas de una red de seguridad en los
ingresos, las siguientes:
Cobertura suficiente de la población.
Acceso simple y predecible.
CARACTERÍSTICAS
Supervisión de instituciones confiables.
Carácter anticíclico, con cláusulas gatillo. [13]
POSITIVAS DE UNA
RED DE SEGURIDAD
Sustentabilidad fiscal.
EN LOS INGRESOS [14]
Entrega rápida de recursos (efectivo, vales, otros).
Complementar otras redes de protección.
En este trabajo, interesan principalmente los programas temporales de empleo, más que el
resto de intervenciones compensatorias, por una cuestión de especificidad de la ponencia. [15]
La efectividad como red de ingresos de los programas temporales de empleo puede medirse,
tentativamente
por
dos
indicadores:
el
carácter
suficiente
de
la
prestación
entregada
y
su
periodicidad.
Sobre la primera, solo considerando el monto distribuido mensualmente de las prestaciones,
resulta lo siguiente para el caso de una familia tipo, formada por el jefe de hogar, su cónyuge y dos
hijos menores:
Planes
Abril 2001
Dic 2001
Junio 2002
Junio 2003
Junio 2004
de empleo
Contribución
para salir de
78%
83%
55%
48%
45%
la indigencia
Contribución
para salir de
33%
34%
24%
21%
20%
la pobreza
Fuente: Elaboración propia en base a datos de monto mensual de la CBA y CBT – INDEC.
En diciembre de 2001, el monto de los planes de empleo llegó a significar más del 80% del
valor de la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo y mas de un tercio de la Canasta Básica
Total. En los meses siguientes y hasta el día de hoy,
debido al proceso inflacionario –sobre todo en
bienes básicos de la canasta familiar-, y por la no actualización del monto mensual nominal, la
relación se desplomó. Cabría argüir, por otra parte, que en aquel momento el total de beneficiarios
estaba descendiendo, mientras que en a partir de junio de 2002 aumentó en un 400%.
Sobre el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, transcurridos veinticinco meses desde
que tomó carácter masivo puede afirmarse que:
a.
el número total de beneficiarios aumentó mes a mes, alcanzando el techo a principios del
año 2003, para luego ir descendiendo paulatinamente.
b.
desde que se permitieron bajas desde el nivel local de implementación, estas fueron
aumentando
gradualmente,
principalmente
al
comprobarse
la
falta
de
contraprestación
continuada de muchos beneficiarios.,
c.
Junto con esta causal, las principales razones de salida del Plan han sido: renuncia del
titular del beneficio por variadas razones, prestación del cónyuge, problemas de documento ó
Cuil, aportes a la seguridad social ó jubilación / pensión del titular del beneficio, doble
anotación de hijos o ausencia de menores de 19 años en el hogar.
5.2 El “PROBLEMA” DE LA ELEGIBILIDAD
El “problema” de la elegibilidad, esto es, los criterios que se utilizan para priorizar la entrada
de determinadas categorías de personas de acuerdo a la edad, sexo, condición ocupacional,
conductas previas sobre alguna situación determinada, etc. en los programas temporales de empleo,
parece sencillo. Uno diría, si la persona se encuentra desocupada, “califica” ó “merece” entrar en este
esquema. Pero pueden verse diferencias significativas, aún dentro de un mismo Programa ó Plan.
Esto porque los subsidios de empleo operan tal cual un sistema regular, previsible, de entrega
de recursos monetarios a contingentes variables de población. Si el resto de intervenciones de la
política social opera tardíamente ó no da suficientes respuestas, su lugar lo ocupa este Sistema.
¿Conviene poner condiciones a la elegibilidad de beneficiarios de planes temporales de
empleo?
1)
Para
algunos
no
resulta
conveniente
poner
condiciones
a
la
elegibilidad.
Argumentan que, a los montos y condiciones generales de los planes de empleo, aquellos
que se anotan lo hacen porque efectivamente son desocupados, pobres y no ven
oportunidades de trabajo en otro lado. Es decir, opera aquí la autofocalización de los
demandantes.
Por otro lado, cuando uno dice “solo pueden entrar los jefes de hogar desocupados”, se
entrometería en los arreglos familiares e impediría que, por ejemplo, la mujer pudiera anotarse e
incrementar los magros ingresos del hogar mientras su marido, por ejemplo, “hace changas”.[16]
2)
En casi todos los casos, sin embargo, se producen restricciones del tipo “Un plan
por hogar” ó “sólo para jefes ó jefas de hogar desocupados con hijos a cargo”, mediante
el afán de llegar a la mayor cantidad posible de hogares. Ahora nótese que ambos
criterios
–cruzados-, son en cierta medida inconsistentes, ya que puede darse lo
siguiente:
Un plan de empleo por hogar
SI
NO
Jefe de Hogar c/hijos
CRITERIO GENERAL
SE DA DE BAJA EL OTRO
No es Jefe de Hogar
¿CUÁL SE PRIORIZA?
SE DAN DE BAJA TODOS
¿ó queda uno?
Se trata de saber cual de los dos criterios tiene preeminencia cuando uno se cumple y el otro
no. La respuesta posible es flexibilizar el criterio de jefatura de hogar para obtener un plan de empleo,
por ejemplo, que pueda entrar el / la cónyuge ó un hijo desocupado, cumpliendo el criterio de “uno
por hogar”.
La consecuencia de lo anterior es un aumento probable en los demandantes (que de hecho
ya se verifica en las oficinas de acción social de los Municipios) pero acotado por el funcionamiento
del segundo criterio, redundando en mejoras del ingreso neto del hogar e impidiendo que se
produzcan las conocidas trampas del desempleo y la pobreza.
Por otro lado, al no flexibilizarse los criterios de asignación sucede que la restrictiva oferta
(planes de empleo para jefes desocupados con hijos menores de 18 años) crea su propia demanda
(personas con hijos menores pero que pueden ó no ser jefes de hogar y pueden ó no estar
desocupados), aumentando la cantidad total de postulantes.
5.3 EFECTOS SOBRE EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS Y LA
EMPLEABILIDAD DE LOS RECEPTORES DEL PLAN JEFAS Y JEFES DE
HOGAR
La discusión sobre el impacto que los programas temporales de empleo tienen sobre la
pobreza, el empleo y el desempleo excede ampliamente el marco de este trabajo. Diremos sí que
desde la concepción misma de estos programas se piensa en compensar los efectos del ajuste
económico entre los más pobres, brindando ocupación transitoria a cambio de asignaciones dinerarias
no remunerativas. De aquí que –aún en sus propios términos-, no ofrezcan una salida sustentable al
problema de la pobreza.
Es cierto que, como afirman los expertos del Banco Mundial, los programas temporales de
empleo se expanden con rapidez en los momentos de crisis, cubriendo áreas pobres y a personas
pobres (por los bajos montos que distribuyen), pero como indican reconocidos especialistas en el
tema, “los programas que se basan en la idea de redes de seguridad social como emergencia de corto
plazo son lógicamente inconsistentes. ¿Por qué? Porque no son políticas que actúen al nivel que
exigen los principios que determinan las tensiones propias de la cuestión social”
[17]
Respecto del mercado de trabajo se pueden -en principio-, suponer dos impactos inmediatos:
a.
descenso de la tasa de desocupación abierta;
b.
aumento de la subocupación (demandante ó no demandante)
Como en los Programas de empleo se exige de los beneficiarios la realización de actividades
comunitarias ó de utilidad social (por lo general) por cuatro ó seis horas diarias, objetivamente
desciende el desempleo y crece el subempleo. [18]
Precisamente, durante 2003 y 2004, una de las razones principales para la baja del
desempleo ha sido la contabilización de los planes Jefas y Jefes de Hogar como ocupaciones.
Lo que también se incrementa es el espacio de los empleos no plenos, empleos de indigencia
(según el sociólogo Agustín Salvia), que no disponen de descuentos jubilat orios, tienen corta duración
y están por debajo del salario mínimo ($250 mensuales). Esto, a su vez, puede operar como efecto
demostración sobre otras actividades, tendiendo a la depresión de los ingresos derivados del
trabajo.[19]
El impacto sobre los niveles de vida de la población pueden dividirse:
a)
en la población total, modera la entidad del desempleo masivo –sobre todo en ciertas
categorías de la misma (jefes de hogar, mujeres, etc.), y amplía la del subempleo masivo.
b)
en la población objetivo: mejora el ingreso en estas familias pero no al nivel ni en la forma
requerida para sacarlas de la pobreza en forma continua. Sí colabora en contrarrestar la
indigencia en los hogares.
El bienestar de los hogares que perciben el Plan Jefas y Jefes de Hogar depende de múltiples
factores, a saber:
- si el que percibe el Plan es el Jefe ó la cónyuge;
- si las trayectorias ocupacionales previas eran de alta ó baja
vulnerabilidad [20];
- si los arreglos familiares a la hora de capitalizar el Plan con otras
actividades remuneradas son o no exitosos; [21]
- el tamaño de las familias[22]
Respecto del efecto que el Plan Jefas y Jefes tiene sobre la empleabilidad de los receptores
hay que hacer una aclaración previa. El propio concepto de empleabilidad es relativo tanto respecto
de la oferta de trabajo como de la demanda del mismo. Entonces, por un lado representa:
a.
la conjunción de actitudes, intereses, motivaciones, conocimientos, formación y aptitudes
que posicionan a una persona favorablemente ante el mercado de trabajo; y por el otro…
b. hace referencia a la demanda que existe en el mercado por los distintos
tipos de formación que hacen las personas y a las características de la
oferta de formación.
Teniendo esto en consideración, la gama de impactos sobre la empleabilidad de los
beneficiarios varía ampliamente. Desde situaciones en las que no se observa la adquisición de
competencias ni activos de empleabilidad (cuando no se realizan contraprestaciones) hasta otras en
donde los beneficiarios se capacitan en oficios, finalizan sus estudios primarios o secundarios o
ejercen una actividad regular en trabajos de utilidad social y comunitaria.
En el último grupo, se destacan las 2.700 mujeres que estuvieron bajo el Plan Jefas de Hogar
Educación en Mendoza y que finalizaron sus estudios educativos formales. En estos momentos
muchas de ellas están cursando el nivel superior y están ocupadas en empleos afines a su formación.
5.4 CONTRAPRESTACIONES y PROYECTOS. ¿HACIA DONDE IR?
La discusión previa sobre como el Plan Jefas y Jefes contribuye al bienestar de las familias y a
la empleabilidad de los receptores está relacionada con el carácter asistencial de aquellos y los límites
que eso conlleva. Asimismo con el vínculo ambivalente que guardan con el concepto de trabajo
remunerado.
En el momento en que la condición salarial normal se desestabiliza en todas partes, dando
lugar a situaciones de vulnerabilidad social y el desempleo y subempleo –en el caso argentino -, han
llegado a niveles elevados, la presencia masiva de los programas temporales de empleo reinstala
férreamente la ética del trabajo en un importante sector de la población, aunque de manera
imperfecta y, en algunos casos, caricaturesca.
Se repite hasta el hartazgo la obligación de cumplir con contraprestaciones diarias en un
espacio horario dado
[23]
genuinos
pero, a su vez, se niega que estos puestos sean empleos ó trabajos
. Con esto se devuelve a muchas personas un horizonte de reglas, límites e incentivos que
previamente habían perdido, pero a cambio de una modificación en la relación tradicional empleador –
empleado por otra de administrador – beneficiario
Según algunos expertos en el tema, los programas temporales de empleo se expanden con
rapidez en los momentos de crisis, cubriendo áreas pobres y a personas pobres (por los bajos montos
que
distribuyen).
Sin
embargo,
las
obras
realizadas
tienden
a
ser
deficientes
y
en
muchas
oportunidades los trabajos realizados compiten con aquellos desempeñados por empleados públicos y
otros colectivos de trabajadores. Se producen, entonces, efectos de redundancia y sustitución de
mano de obra. [24]
Debido a que en tiempos de crisis las personas pobres necesitan reforzar rápidamente sus
ingresos, “se dan sesgos hacia proyectos ficticios que no serían muy valiosos. En una crisis, la rápida
expansión del programa agota la reserva de proyectos viables”[25] . Esto se debe a que la prioridad en
este caso es generar empleo e ingreso entre las personas pobres de manera rápida.
Desde otra perspectiva, crítica a estos programas, se afirma que “si la obra a encarar
mejorará ó no las condiciones de vida de una comunidad, si realmente los organismos participantes
podrán cumplir lo que comprometieron, si se mejorarán las condiciones de empleabilidad de los
trabajadores, si se podrán cumplir los plazos, si la capacitación es adecuada, pasan a ser cuestiones
accesorias. Lo importante es que el mayor número posible de personas durante el mayor tiempo
posible perciba un ingreso”[26]
Corroborando desde la práctica esta situación, desde un municipio empobrecido, el Ministro
de Trabajo bonaerense afirma, “…Moreno fue uno de los municipios que recibió más cantidad de
programas en la provincia. Al principio tuvimos un buen momento en el que pudimos aprovecharlos y
hacer cosas. La clave de los planes de empleo es que los municipios tienen que poner herramientas y
materiales. Por eso, a medida que la crisis económica se profundizó, las intendencias nos fuimos
quedando sin recursos y todo se volvió más difícil” [27]
El cuadro siguiente muestra claramente este punto, cuando los beneficiarios y proyectos
llegan a un cierto punto, lo que importa es que estén empleados en algo y tengan un ingreso, más
que la importancia de las obras ó servicios a realizar.
Óptimo no
Óptimo para
Ponderado
workfare
Fuente: Ravallion, op.cit., p.5.
En la provincia de Mendoza, como ya se expuso precedentemente, la mayoría de los
beneficiarios realizan actividades comunitarias y de utilidad social (atendiendo la amplia red social en
los territorios, esto es, cocineras y ayudantes en comedores escolares, auxiliares de celador en
escuelas, auxiliares de limpieza en centros de salud, realizando actividades de cuidado y limpieza del
medio ambiente, formando equipos de prevención de la salud, entre otros).
Otro contingente importante se capacita formalmente y con la ayuda de estos programas,
termina el ciclo primario ó secundario de educación[28], siguiendo, en tercer lugar, aquellos que se
desempeñan en actividades rurales.[29]
Como puede observarse, el arco de actividades realizadas por los beneficiarios de planes
temporales de empleo en Mendoza es amplio y responde a necesidades locales, requerimientos de
cuidados personales, promoción comunitaria, apoyo a servicios sociales, labores culturales en zona
rural, capacitación y finalización de estudios, entre otros.
Hacia junio de 2002, con la explosión de beneficiarios que acaeció con el Programa Jefes de
Hogar
Desocupados
los
municipios
se
vieron
rápidamente
desbordados
en
su
capacidad
para
coordinar actividades de contraprestación. Las maneras principales en que se fueron resolviendo estas
situaciones fueron:
a.
descentralización de responsabilidades y diseño de actividades a Organizaciones de
la Sociedad Civil y uniones vecinales;
b.
derivación de importantes contingentes de beneficiarios a actividades de limpieza
del medio ambiente y cuidado de rutas y paseos públicos (cuadrillas)
c.
cobertura
completa
en
servicios
sociales
(comedores,
centros
de
atención
comunitaria, escuelas y centros de salud)
d.
por no contar inicialmente con cobertura de seguro, se optó inicialmente por no
exigir cumplimiento de contraprestaciones.
Para finalizar, diremos que los programas temporales de empleo - sin ser ninguna panacea y
producir efectos no deseados entre diferentes tipos de trabajadores-, efectivamente solucionan un
problema grave de ocupación en personas con carencias y vulnerabilidad social. Lo hacen, eso sí, de
manera imperfecta y precaria. Precisamente es allí donde corresponde intervenir y colocarle un
contenido diferente a estas estrategias compensatorias. ¿Cómo?
·
·
Estableciendo reglas claras de implementación.
Promoviendo en acuerdo con el propio receptor un plan de trabajo que puede modificarse y en
el cual se cubran expectativas de capacitación, empleabilidad y realización personal, por un lado, y
productividad social en el desempeño por el otro.
·
Buscando ocupar espacios de utilidad social en áreas que el mercado no ambiciona y que la
comunidad sí valora, como promoción de la salud, guarderías infantiles, ámbitos recreativos y
deportivos, otros yacimientos de empleo, constituyendo centros de expansión de ciudadanía, áreas
plurales de encuentro social y comunitario.
·
Reforzando los yacimientos de empleo en el territorio. Estos son áreas de actividad
innovadoras en las que las necesidades de los ciudadanos no están suficientemente satisfechas, por
su reciente aparición como actividades con contenido económico. Son potenciales nuevas actividades
empresariales fruto del análisis de las nuevas necesidades sociales.[30] ¿Cómo hallarlos? Ya estarían
prefigurados en las actividades que ya hoy realizan muchos beneficiarios de planes sociales y
voluntarios de organizaciones civiles.
·
Modificando, finalmente, el estatuto jurídico de ayuda por algún otro que sea formalmente
menos elusivo y atienda el problema del trabajo remunerado
·
Redefiniendo a los planes como “servicio público” ó “trabajo cívico” [31] Sin ser una carga
adicional para el Estado, constituiría sí una fuerte toma de posición a favor de la integración social.
·
Incorporando esquemas similares al salario indirecto (descuento jubilatorio, obra social) con el
objeto
que
estos
trabajadores
cívicos
obtengan
protección
social,
consiguiendo
una
mayor
[32]
previsibilidad a sus vidas y la de sus familias.
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[1]
Brodersohn, M. (1992): De las estrategias de desarrollo social a los programas de compensación social. OEA,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Centro Interamericano para el Desarrollo Social. Buenos
Aires
[2]
Plan de Acción 1998 – Subsecretaría de Desarrollo Social – Gobierno de Mendoza, p.83
[3]
Lacabana, Miguel y Maingon, Thais: (2000): La focalización: políticas sociales “estructuralmente ajustadas”,
mimeo, Buenos Aires.
[4]
Ravallion, M. (1998): Evaluación de los programas de empleo, Banco Mundial, p.1
[5]
Este apartado se toma principalmente de Salcedo (1998)
[6]
Este apartado se basa principalmente en el “Informe de Líneas de Empleo 1996-1999. Programa de Empleo y
Capacitación Ocupacional – Subsecretaría de Desarrollo Social – Gobierno de Mendoza”
[7]
Plan de Integración y Desarrollo Social “Entre Todos”. Instructivo. Gobierno de Mendoza. (2000)
[8]
Este es un Programa vigente desde el año 2000, por el cual mujeres con baja ó nula escolaridad completaban
la educación primaria ó secundaria ó cuidaban a los chicos de quienes lo hacían a cambio de una prestación en
dinero de ciento cincuenta pesos mensuales. Corresponde a lo que en los países anglosajones se llama
“learnfare”.
[9]
En los considerandos del Decreto, se mencionaba la recomendación de la instancia plural “Diálogo
Argentino”, en el sentido de universalizar el Plan Jefes y Jefas de Hogar, con el fin de asegurar un mínimo
ingreso mensual a todas las familias argentinas.
[10]
La participación de las organizaciones de la sociedad civil en las Mesas de Concertación y Consejos
Consultivos ha tenido resultados disímiles. El balance entre los costos por participar y los beneficios potenciales
son contrapesados y evaluados en cada caso diferentemente por quienes participan.
[11]
En parte esto se debía a la publicidad del Plan que planteaba la prestación como un Derecho Familiar de
Inclusión Social y en parte a la propia indefinición del mismo entre un ingreso ligado a contraprestaciones
laborales, a la simple necesidad detectada, a obligaciones parentales ó como derecho incondicional.
[12]
Asimismo, una fuente importante de bajas está dado por el cotejo informático en ANSES, que saca del listado
a aquellos beneficiarios que perciben jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo ó trabajan formalmente. Un
cotejo más abarcador (en atención a los arreglos familiares), deja fuera a las personas que también tienen a sus
cónyuges dentro del Programa. También, a quienes no aparecen en la base de personas, ó tienen problemas de
documentación. En este caso, la baja puede revertirse si se consiguen fehacientemente los datos personales.
[13]
El carácter contracíclico implica que, cuando arrecia la recesión y el desempleo aumenta, los gastos sociales
deben responder, aumentando, para hacer frente al empeoramiento de la situación y no bajar, como el resto.
[14]
Hicks, Norman y Wodon, Quentin (2001): Protección social para los pobres en América Latina”, Revista de
la CEPAL, Santiago de Chile, Abril 2001, p.99.
[15]
Sin embargo, resulta interesante observar las vinculaciones con el resto. Fundamentalmente la referida a la
complementación con otras redes de protección, situación que generalmente no ocurre, debido al procedimiento
típico de “cortar cabezas, cuando estas se levantan de cierto nivel”, es decir, cortar beneficios cuando se
superponen en una persona ó en su núcleo familiar.
[16]
Ravallion, M. (1998): Evaluación de los programas de empleo, Banco Mundial, Washington DC, Septiembre.
Este especialista indica que, “la mejor manera de elevar el beneficio neto por transferencias es dejar que las
familias pobres dispongan sus propias actividades en forma óptima, de tal manera que puedan tomar ventaja de
su acceso al esquema. Al agregar limitaciones a los ajustes hechos por la familia misma, el uso de criterios de
elegibilidad adicionales, -más allá del deseo de trabajar por este salario-, efectivamente puede disminuir el
beneficio neto para los pobres” (p. 21)
[17]
Lo Vuolo, R., Barbeito, A. y otros (1999): La pobreza... de la política contra la pobreza, Miño y Dávila
Editores, CIEPP, Bs.As.
[18]
Decimos objetivamente, porque a nivel subjetivo -en muchos casos-, las personas no consideran estas
actividades como trabajo genuino. Asimismo, poco más del 60% de quienes perciben el Plan son mujeres,
muchas de ellas en inactividad laboral al momento de inscribirse en abril de 2002.
[19]
Es cierto que también puede argumentarse que con los planes de empleo temporario desciende el total de
desocupados con ingresos nulos y, así, mejora el promedio general de ingresos de la población.
[20]
Ver Cortés, R. Groisman, F. y Hoszowski, A. Transiciones ocupacionales: el caso del Plan Jefes y Jefas , en
Revista Realidad Económica nº 202, febrero – marzo 2004, Bs.As.
[21]
La investigación del autor sobre trayectorias laborales, estrategias familiares y condiciones de vida de
receptores del Plan Jefas y Jefes y sus familias está en plena elaboración por lo que no se incorpora en esta
ponencia.
[22]
Este aspecto resulta importante debido a que el Plan es indiferente al tamaño de las familias y por tanto
distribuye mucho menos recursos per cápita a los hogares más numerosos.
[23]
Ya había sucedido en Francia a fines del siglo XVIII, “los talleres de caridad pagaban una remuneración
inferior al nivel del mercado. Se procuraba así prácticamente evitar una afluencia demasiado grande de
trabajadores. Pero el estatuto de esta remuneración, a fin de cuentas, seguía siendo indeterminado, oscilando
entre la noción clásica de salario (que remunera un trabajo) y la de ayuda pública (contrapartida de una deuda
moral de la sociedad” (Rosanvallon, P.La nueva cuestión social. Repensar el Estado Providencia, Manantial,
Bs.As. 1995, p.138.
[24]
Nótese aquí que las actividades realizadas si se enmarcan en la categoría trabajo puesto que lo que se
convalida con la generalización de los planes temporales de empleo es la desestabilización específica de la
condición salarial del trabajo, mientras renacen formas premodernas de vinculación laboral.
[25]
[26]
Hicks y Wodon, p.102
Gutvay, M. Dorzán de Ante, M (1999): Trabajo y Política Social: Análisis desde lo normativo y desde la
experiencia en la Provincia de San Luis, Revista Kairós, Año 3 Nº 3, UNSL, Septiembre de 1999
[27]
[28]
West, Mariano: “Las provincias vamos a tratar que los planes ayuden a reactivar”, Página 12, enero de 2002
Plan Jefas de Hogar Educación (2700 personas) y diferentes componentes de formación, capacitación y
terminalidad educativa (17.000 personas adicionales) en la Provincia de Mendoza.
[29]
En este punto, se produce un efecto no deseado en el diseño de las líneas de empleo: muchos trabajadores en
el campo entienden que su “empleador” es un Estado impersonal que a fin de mes le paga por ventanilla y no el
productor, por lo que en muchos casos se relaja la disciplina laboral tradicional. Por otra parte, muchos de estos
pequeños productores, de no ser por el apoyo de los programas temporales de empleo, no podrían realizar las
imprescindibles labores culturales en sus tierras ni proceder a las tareas de cosecha.
[30]
A principios de 1995, la Comisión Europea, motivada por el problema del desempleo, elabora un estudio
sobre “las iniciativas locales de desarrollo y empleo” Este estudio propone una serie de posibles nuevos
mercados para combatir el desempleo. Son los Yacimientos de Empleo.
[31]
Según lo conceptualiza Ulrich Beck (“Un nuevo mundo feliz”), según el cual el receptor del dinero cívico
realiza públicamente un trabajo cívico importante y eficaz, vinculado al compromiso cívico con la comunidad
[32]
Este punto no es trivial. Redefinir el estatuto de los planes temporales de empleo (ayudas públicas) hacia
“trabajos cívicos” decentes (trabajo remunerado) es complicado y plantea resistencias varias. Por ejemplo,
recordemos lo dicho hace más de 200 años por el barón de Gerando: “El derecho a recibir ayuda no es de la
misma naturaleza que el derecho a ser respetado en su vida, su libertad, sus bienes, su honor: sin ser menos
sagrado, es menos positivo, menos riguroso, menos absoluto. No es el derecho de requerir, de exigir una
prestación, de ejercer una acción, de hacerse atribuir tal ó cual beneficio: es una esperanza legítima; es una
recomendación poderosa; es una solicitación digna de los mayores miramientos. No es el reclamo de una
deuda; es la justa espera de un servicio” (Rosanvallon, op.cit. p.151) Como puede verse, un beneficiario de
planes de empleo está bajo un status diferente al de un trabajador corriente y, aún más, al de un jubilado ó una
pensionada.