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IDENTIDADES ÉTNICO-CULTURALES Y POLÍTICA EN EL ALTIPLANO
Elaborado por: Rolando Sánchez Serrano1
La Paz, julio de 2007
No quiero que mi casa esté amurallada por todas partes,
y que mis ventanas permanezcan cerradas. En cambio,
quiero que las culturas de todas las tierras soplen sobre
mi casa del modo más libre posible. Pero me niego a que
cualquiera me patee los pies.
Mahatma Gandhi
Introducción
En estos primeros años del presente siglo, el país enfrenta uno de sus problemas históricos
aún no resueltos desde la fundación de la república de Bolivia, que es el de la ausencia de
un referente común de articulación e integración sociopolítica y cultural, que los bolivianos
y las bolivianas no hemos podido crear juntos. Y justamente, con el establecimiento de la
Asamblea Constituyente se quiere fijar algunos núcleos institucionales de convergencia y
encuentro nacional, a partir de la participación y contribución de los constituyentes que
representan a los diferentes estamentos sociales y la diversidad de espacios socioterritoriales. Sin embargo, a casi de un año de “funcionamiento” de dicha asamblea, se
vislumbran pocos atisbos de entendimiento entre los “diferentes”, lo que más ha sobresalido
es la desconfianza, la maniobra, el deseo de imposición y el enfrentamiento entre los
constituyentes, donde la deseada deliberación sociopolítica se ha convertido en gritos,
insultos, puñetes y chicotazos. Parece muy difícil lograr un verdadero encuentro de respeto
y solidaridad entre las diferentes identidades territoriales, económicas, sociales, políticas,
étnicas y culturales.
De manera que, el presente ensayo versa sobre la conformación de identidades étnicoculturales y socioculturales, y su relación con el campo político, planteándose que las
identidades basadas en elementos étnicos no tienen necesariamente una trascendencia
política, sino más bien se orientan hacia la preservación de conocimientos y prácticas
ancestrales de las poblaciones llamadas indígenas; en cambio, las identidades
socioculturales tienden a extenderse hacia la dimensión política, con manifestaciones claras
dentro del escenario de disputa política.
1
Rolando Sánchez Serrano es Doctor en Ciencia Social con mención en Sociología por el Colegio de México,
México, D.F. Es autor de Capital social y posibilidades de desarrollo en los municipios (2007); La
construcción social del poder local: actores sociales y posibilidades de generación de opciones de futuro
(2005); El impulso de la dinámica social (2001); La demanda de las necesidades básicas (2001); coautor de
Mallkus y alcaldes: la Ley de Participación Popular en comunidades rurales del altiplano paceño (2000);
Comunidades rurales ante el cambio y la odernización: desarrollo interno y participación comunitaria frente
a la evolución actual (1994); así como de ensayos sobre temas socioculturales y políticos. Y es docente de
Sociología en la UMSA y de cursos de maestría de Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial (PRAHCUMSS).
Este escrito se divide en tres apartados. En el primero se hace una reflexión conceptual
sobre la noción de identidad, entendiendo que la misma se configura en función a diferentes
fuentes, dando lugar a la constitución de un “nosotros” y “otros”. Mientras que los
diferentes aspectos que implica la identidad étnico-cultural en las poblaciones del altiplano
se desarrolla en el segundo apartado. Y en el tercero, se exponen los componentes que
envuelve la identidad sociocultural y su proyección política, donde las comunidades del
altiplano y los vecinos de la ciudad de El Alto han encontrado una representación política
en la figura y personalidad del actual Presidente Evo Morales. Por último se hace una breve
conclusión. En cualquier caso, se considera que estas reflexiones sobre la conformación de
identidades y su expresión en la dimensión política, contribuyan a la comprensión de la
situación política de alta tensión que vive el país, hoy en día.
1. Identidad social
El concepto de identidad se ha trabajado principalmente en función de elementos de
articulación intersubjetiva que han dado lugar a la conformación de grupos y colectividades
sociales, que se caracterizan por una fuerte cohesión interna y una notable capacidad de
acción externa, donde los participantes muestran una disposición significativa para
involucrarse en las diferentes acciones. Los elementos de constitución de identidad
aparecen dentro de las organizaciones sociales, en la medida que las personas consideran
que los objetivos de la organización favorecen de algún modo sus intereses cotidianos y a
veces sus reivindicaciones históricas; pero cuando ven que esto beneficia sólo a una parte
de los miembros, la gente opta por distanciarse. Por lo mismo, es fundamental que los
objetivos de la acción colectiva integren las aspiraciones de la mayoría de los miembros del
grupo. Los individuos se identifican con aquello que consideran como algo suyo, y que
expresa la situación socioeconómica, política o cultural en que se viven. Es en relación a
esto que se constituyen las colectividades sociales, religiosas, étnicas, culturales o políticas,
que pueden generar movimientos sociales de reivindicación o de cambio, dependiendo de la
visión histórica que tengan los actores sociales. Es decir, en la emergencia de los
movimientos sociales y las posibilidades de cambio que conllevan, es cuando el poder de la
identidad se expresa con más claridad, donde los actores sociales se sienten realmente
comprometidos con los logros que pueden alcanzar.
Respecto al asunto de los movimientos sociales2, Alaín Touraine (1995) considera que
éstos surgen principalmente con motivo de una acción conflictiva entre los diferentes
sectores sociales que luchan por tener el control de la acción histórica, de la conducción de
los procesos de cambio socio-histórico que son desatados desde la acción transformadora
que los sujetos sociales. Esto significa que las relaciones establecidas en la sociedad en
términos de control de los recursos económicos, sociales y políticos, son modificados a
partir de la acción de los actores movilizados, gracias al poder de la identidad que permite
2
Sobre el tema de los movimientos sociales existen varios estudios que abordan diferentes aspectos de la
acción colectiva que surge principalmente en función a una situación de conflicto entre grupos o
colectividades y la posibilidad de transformación de las relaciones de poder en torno al control de los
diferentes recursos de poder; véase a Neil J. Smelser, Teoría del comportamiento colectivo, Fondo de Cultura
Económica, México, 1989; Sydney Tarrow, El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción
colecita y la política, Alianza, Madrid, 1997; José Seoane (comp.), Movimientos sociales y conflicto en
América Latina, OSAL – CLACSO, 2003; entre otros.
la cohesión del movimiento. Porque la identidad es definida por los mismos actores que
promueven una organización social y una acción conjunta en busca de fortalecer sus
posiciones frente a “otros”.
La identidad social otorga sentido a la experiencia y acción colectiva de las organizaciones
sociales y políticas que buscan alcanzar determinados propósitos y metas, pues permite que
la gente se identifique con las orientaciones y modos de actuar de sus semejantes dentro de
una determinada organización social o ámbito socio-territorial demarcado precisamente en
función a ciertas características más o menos comunes que condicionan la situación de las
personas. De manera que, es fundamental la existencia de condiciones de articulación
socioeconómica y cultural para el establecimiento de una identidad social capaz de integrar
a los individuos dispersos en una organización social colectiva y en relación a los demás
grupos y colectividades. Es una configuración social que se da entre “yo” y “otro”, entre
“nosotros” y “ellos”; así: “Por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo el
proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto
relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de
sentido”. (Castells, 1999: 28). Sin embargo, la identidad es más fuerte que el rol social
fijado por las instituciones y organizaciones, porque aquella se configura por el proceso de
autodefinición e individualización respecto a los demás actores sociales, que en su conjunto
construyen un determinado sentido de identificación simbólica y cultural, lo cual permite la
convergencia de los individuos dispersos hacia una dirección estratégica de carácter social
y/o político. Esto tiene que ver principalmente con la constitución y sostenimiento de la
identidad colectiva antes que con la identidad individual.
En la construcción de las identidades, los actores sociales recurren a elementos históricos,
geográficos, institucionales, religiosos, de memoria larga, de poder político o de
aspiraciones personales, dependiendo de los proyectos socio-históricos que se pretenden
realizar dentro de un contexto espacial y temporal. En este sentido, Castells (1999)
distingue tres formas de identidad social: identidad legitimadora, identidad de resistencia e
identidad proyecto. Conforme con este autor, la primera forma de identidad se orienta
principalmente a mantener y fortalecer las estructuras institucionales y relaciones de poder
cristalizadas en un determinado tiempo histórico dominado y controlado por ciertos
sectores sociales; en tanto la segunda forma, refiere a la aglutinación de fuerzas de los
sectores desfavorecidos por la lógica de dominación vigente, donde los actores marginados
establecen trincheras de resistencia; mientras que la tercera forma de identidad tiene que
ver con la definición de una posición estratégica dentro de la sociedad, en la perspectiva de
impulsar una transformación de toda la estructura social. La dinámica de las identidades
puede hacer una secuencia de recorrido desde la resistencia a la legitimación, pasando por
el proyecto, pues las acciones de resistencia da lugar a la construcción de proyectos que
podrían convertirse en una nueva hegemonía.
En esta línea de reflexión, las identidades sociales no son de por sí progresistas o regresivas
por definición, sino que esto depende de la situación histórica en que se producen y de las
metas que se trazan los actores sociales. Sin embargo, las formas de identidad de resistencia
y de proyecto son las que permiten a los individuos convertirse en sujetos de
transformación de estructuras sociales, en la medida que se establecen a partir de la
resistencia colectiva contra la opresión, y esto da lugar a la constitución de un actor social
colectivo capaz de trastocar y subvertir las estructuras de dominación; pues: “…la
construcción de la identidad es un proyecto de una vida diferente, quizás basado en una
identidad oprimida, pero que se expande hacia la transformación de la sociedad como la
prolongación de este proyecto de identidad…”. (Castells, 1999: 32).
Asimismo, la generación de la acción colectiva no sólo obedecen a las condiciones
estructurales –en término de crisis del viejo orden- y a las motivaciones personales, sino
responde principalmente a los procesos de construcción de un sentido social, dando lugar a
la constitución de una identidad colectiva y su mantenimiento en el tiempo, lo cual define
las expectativas y los costos de la acción conjunta a partir de la reflexión3 sobre los fines,
relaciones entre actores, adopción de decisiones y manifestación de inversiones
emocionales que posibilita a los individuos reconocerse como integrantes de una identidad.
Esto significa que la constitución de una identidad social no es una constelación mecánica
de actores que tienen una cierta similitud en lo que respecta a sus condiciones materiales y
sociales, sino que es un proceso donde los individuos interactúan y se comunican en
función a los fines que se trazan.
Por otra parte, la identidad social se entiende como un sentimiento de pertenencia de un
individuo o un grupo que se distingue respecto de los demás habitantes, pues las personas
se autodefinen en relación a otras, y que además pueden formar parte de varias
identidades4. En consecuencia, las identidades se pueden constituir en función de diferentes
elementos: territorio, economía, política, cultura u otros referentes de adscripción social. Y
es aquí donde aparece como una fuente de cohesión social la situación étnico-cultural que
comparten determinados grupos o colectividades sociales, como las comunidades o
nacionalidades llamadas indígenas, que han tenido un protagonismo relevante dentro del
proceso sociopolítico en los últimos quince años.
2. Identidades étnico-culturales
Antes de entrar en la cuestión de las identidades étnico-culturales, es necesario señalar que
durante la mayor parte del siglo XX, los problemas vinculados con lo étnico fueron
considerados como un asunto marginal por el mundo académico de las ciencias sociales,
excepto la antropología que tiene como ámbito de indagación principal a las sociedades
tradicionales, pero hoy ocupan el primer plano de la teoría política y la sociología.
Asimismo, el colapso del comunismo desató una oleada de nacionalismos de carácter
étnicos en la Europa Oriental, cuando se creía que de los escombros del comunismo
3
En el tratamiento de la acción colectiva, se considera que las personas no se adhieren por una simple
imitación o reacción espontánea a los procesos de acción conjunta, sino que reflexionan acerca de los fines y
medios de la acción así como sobre los posibles beneficios que pueden lograr con su participación; véase a
Alberto Melucci, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, El Colegio de México, México, 1999. Y
sobre la reflexividad social en la sociedad moderna actual, véase a Ulrico Beck y otros, Modernización
reflexiva: Política, tradición y estética en el orden social moderno, Alianza, Madrid, 1997.
4
La conformación de la identidad social se da en diferentes niveles y ámbitos de la sociedad, donde el punto
de diferenciación de las identidades consiste principalmente en la distinción entre “yo” y “otro”, entre
“nosotros” y “otros”, diferenciación que puede ir desde los grupos pequeños hasta las naciones; véase a
Samuel Huntington, ¿Quiénes somos?: los desafíos de la identidad nacional estadounidense, Paidós,
Barcelona, 2004.
brotaría sin muchos problemas la democracia liberal, pero esto quedó arrumbado con
motivo del estallido de conflictos étnicos y nacionalistas. El tema de lo étnico también ha
gado importancia como efecto del surgimiento de las movilizaciones políticas
protagonizadas por las poblaciones indígenas de América Latina, principalmente. Por otra
parte, hasta principios de la década de 1990, las democracias occidentales no tomaron con
seriedad el problema de la diversidad etnocultural. Por lo mismo, gran parte de los trabajos
sobre lo étnico, la diversidad cultural, el nacionalismo, la inmigración, el multiculturalismo,
los derechos indígenas y representación grupal, aparecen en los años noventa (Taylor,
1992; Galenkamp, 1993; Kimlicka, 1995; Millar, 1997; entre otros).
De manera que el asunto de los derechos de grupos minoritarios o de derechos indígenas
recién ha sido tratado como una cuestión central entre los políticos y académicos; en una
primera fase se debatió desde un enfoque comunitarista que enfatizó la reivindicación y
defensa de los derechos de las minorías y grupos etnoculturales; luego apareció la crítica
del comunitarismo desde la perspectiva liberal, planteando que la reivindicación de los
derechos de las minorías afectaba las libertades individuales, aunque reconociendo la
necesidad de tratar el tema dentro de la teoría liberal; y finalmente se ha planteado que el
asunto de derechos de minorías y el multiculturalismo deben ser incorporados dentro de la
construcción nacional de una sociedad estatal (Kimlicka, 2003). En cualquier caso, hay una
tendencia de reconocimiento de los derechos de las minorías, tanto en el campo político
como el social, en la mayor parte de los países, en la perspectiva de construir un Estado
multicultural.
Las políticas de reconocimiento de las minorías y poblaciones indígenas, buscan incorporar
a los sectores sociales excluidos dentro del proceso de construcción estatal. Además, las
minorías y las comunidades indígenas pretenden limitar o modificar el impacto de la
construcción nacional estatal, entendiendo que esto se hace al margen de los intereses de las
minorías o incluso en contra de éstas; aunque a veces pueden ser mayorías como en el caso
de Bolivia. En esta perspectiva, las democracias occidentales tienden a aceptar los reclamos
de minorías étnoculturales y admitir los derechos lingüísticos y las exigencias de
autogobierno de las minorías nacionales y pueblos indígenas.
La demanda de los derechos de las minorías y pueblos indígenas es cada vez mayor, de
manera que las democracias occidentales se orientan hacia el reconocimiento de la
diversidad étnica y de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de
forma pacífica y democrática, sin belicosidad y violencia estatal, haciendo que los posibles
conflictos étnico-culturales se conviertan en votos de ciudadanos que contribuyan a la
construcción de una democracia multicultural (Fondo Indígena, 2007). Las posibilidades de
construcción de un multiculturalismo democrático se da en la relación entre el Estado y la
sociedad plural, entre cultura, sociedad y política, en la medida que los que asumen el poder
estatal manifiesten una voluntad política para integrar a la diversidad étnico-cultural en los
procesos socioeconómicos, políticos y culturales de alcance societal, y en tanto que los
sectores sociales dominantes muestren una disponibilidad moral para interactuar con los
demás conciudadanos. Esto exige la eliminación de la discriminación social y política –o
incluso racial- de las minorías y los pueblos indígenas por parte de las mayorías
dominantes, a fin de fortalecer una cultura política común y compartida dentro de un marco
de la diversidad de identidades étnico-culturales, donde se reconozcan los derechos
colectivos de grupos minoritarios e indígenas en la esfera pública (Abellán, 2003). Se trata
de construir una comunidad de comunidades.
Más allá del concepto liberal de ciudadanía que se funda principalmente en elementos
jurídicos de libertad e igualdad y afianzamiento de una homogeneidad cultural, se requiere
del establecimiento de un modelo de ciudadanía compleja que permita la integración de las
diferentes formas de construir la vida pública, donde los habitantes puedan compartir un
escenario diverso sin muchos conflictos (Rubio, 2003). Un modelo de ciudadanía compleja
permitiría captar los entrecruzamientos e imbricaciones entre derechos individuales y
comunitarios de la diversidad social, que implica factores morales y democráticos de
convivencia; en cambio un modelo de ciudadanía simple, sea de asimilación a los
parámetros dominantes (integración homogeneizadora) o de diferenciación radical entre
grupos y colectividades sociales (integración segregadora), puede terminar generando
fanatismos étnico-racistas deseosos de reinar solos en el mundo.
Sobre esto Habermas (1999) plantea la opción de una política deliberativa que comprende
tanto la voluntad común institucionalizada en términos de comunidad jurídica estatal –
Estado de derecho- como a los espacios públicos establecidos por las asociaciones y
organizaciones de la sociedad civil, lo cual crea condiciones políticas y sociales favorables
para la configuración de una verdadera comunidad política integrada mediante una
interacción comunicativa; interacción entre los grupos diversos, se podría agregar. Este
planteamiento recupera la visión política de la tradición republicana que define al Estado
como una comunidad política que favorece el logro de los fines comunes decididos
autónomamente por los ciudadanos en condiciones de libertad e igualdad. Sin embargo,
conforme con este autor, es necesario que dentro de los procesos deliberativos de la
comunidad política se fortalezcan los vínculos éticos y de solidaridad que posibiliten la
integración social, como una tercera fuente de articulación social, aparte de la soberanía
estatal y economía de mercado. Se trata de construir una ciudadanía corresponsable, libre,
equitativo y solidario a partir de una solidaridad moral entre la diversidad de grupos y
colectividades dentro de un marco común: la comunidad de conciudadanos.
Por otro parte, dentro del proceso de globalización y la explosión de proyectos
fundamentalistas, se considera que los conflictos, encuentros y desencuentros entre las
diferentes identidades culturales son más complejos; de manera que el reto que enfrentan
las sociedades hoy en día -en su mayorías muy heterogéneas- es cómo vivir juntos. Porque
la constitución de los fundamentalismos no sólo tienen origen religioso sino también
regional, étnico, racial o partidario, pero no hay una homogeneidad ni pureza de las
identidades, pues la realidad contemporánea se caracteriza por la dinámica acelerada y
expandida de elementos socioculturales que recorren el mundo gracias a la revolución de
las tecnologías de información y comunicación5; lo cual es más real en el ámbito de la
comunicación y el mundo virtual, donde prácticamente ya no hay fronteras. Pero dentro de
este marco internacional y nacional interconectado por la información y comunicación, es
posible crear condiciones favorables de integración sociocultural; pues: “La realidad de la
5
Sobre la configuración de la sociedad red a escala mundial y el informacionalismo que atraviesa las
diferentes esferas de la sociedad, mediante continuos flujos de información y comunicación, véase a Manuel
Castells (ed.), La sociedad red: una visión global, Madrid, 2006.
convivencia (…) es típica del mundo contemporáneo, donde la gente vuelve a vivir reunida
o donde situaciones de cohabitación no han sido disueltas. La globalización, de manera real
o virtual, lleva a la convivencia”. (Riccardi, 2005: 55). En cualquier caso, el problema de la
convivencia interétnica e intercultural parece ser el reto del presente siglo, es decir:
¿podremos vivir juntos?; esta es la pregunta crucial que se debe responder a inicios del
presente siglo, para construir una democracia intercultural integradora de las diferentes
visiones sociopolíticas que surgen desde el contexto socio-histórico diverso, donde los
sujetos individuales y colectivos tratan de horadar nuevas vías de convivencia sociopolítica
y de realización socioeconómica, en términos de una libertad cultural más amplia y
flexible, sin bloqueos externos ni restricciones internas.
Dentro del campo diverso signado por la emergencia de reivindicaciones étnico-culturales
afianzadas por los diferentes grupos y colectividades sociales, la libertad cultural adquiere
importancia y significación en la medida que promueve las libertades humanas y los
derechos humanos de las personas, ampliando las oportunidades de elección de modos de
vida que las personas puedan optar de una variedad de alternativas de formas o estilos vida
que han desarrollado las demás culturas. No se trata de defender fanáticamente la
diversidad, el tradicionalismo o el multiculturalismo como un fin en sí mismo, sino en tanto
que posibilita la ampliación y el mejoramiento de las condiciones de bienestar y las
oportunidades de realización humanas; lo contrario, significaría caer en la opresión étnicocultural ejercida por las elites de dirigentes que buscan a veces satisfacer sus propios deseos
e intereses. Y justamente, el enfoque de desarrollo humano busca mejorar las condiciones
de vida de las personas y ampliar el ámbito de sus libertades de realización; porque: “La
negación de la libertad cultural puede generar privaciones muy importantes y así
empobrecer la vida de la gente e impedirle establecer conexiones culturales a las que, con
justa razón, pueden aspirar”. (Sen, 2004: 13). Según el Premio Nóbel de economía (1998),
Amartya Sen, la libertad cultural de la que goce la gente para asumir el modo de vida que
desee libremente es fundamental para la libertad humana, porque permite que las personas
vivan conforme con sus preferencias y oportunidades de realización; además, sostiene que
la libertad cultural no se circunscribe sólo al campo cultural sino que afecta al éxito o
fracaso de la esfera económica, social y política; ni siguiera la situación de pobreza de
carácter principalmente económico puede entenderse claramente al margen de las
consideraciones culturales que complementan el análisis.
En esta perspectiva, la libertad cultural puede aportar beneficios muy significativos a las
sociedades plurales, en tanto permite intercambiar diversas experiencias de las cuales
pueden disfrutar los diferentes grupos étnico culturales y pueblos indígenas. En otras
palabras, se trata de evitar el fortalecimiento de ciertas formas de fundamentalismos
basadas en principios de defensa de modos de vida supuestamente originarios, dejando a
que las personas tengan la oportunidad de escoger el modo de vida que ellas escojan.
El fortalecimiento de las identidades étnico-culturales al margen de la construcción de una
democracia intercultural y deliberativa, podría tener consecuencias nefastas para las
sociedades plurales y heterogéneas como la boliviana. La construcción de una identidad
sociocultural y política más amplia parece ser fundamental para crear un referente moral de
solidaridad y de convergencia societal, donde los diferentes grupos y colectividades
sociales se reconozcan como miembros de una misma comunidad política, a pesar de sus
diferencias de carácter étnico-cultural que los distingue, pero que no les separa de la
comunidad de comunidades.
De lo anterior, se desprende una cuestión fundamental, de que el reconocimiento de la
diversidad de identidades étnico-culturales dentro de una sociedad plural y multicultural, no
significa suscitar el establecimiento de fronteras étnico-culturales ni impulsar la afirmación
de territorialidades étnicas impenetrables, porque esto llevaría a procesos conflictivos de
alta tensión social y política, y que podrían desembocar en enfrentamientos étnico-raciales,
arguyendo una legítima defensa de lo “originario” frente al embate de lo “foráneo”, en un
momento en que es difícil de identificar a cabalidad los límites entre lo propio y lo ajeno,
que se esfuman en tanto se trata de encontrar las líneas divisorias, porque los actores
sociales se articulan a diferentes núcleos de identidad social, aparte de que puedan
identificarse con un referente étnico-cultural. Por lo mismo, la identidad étnico-cultural
constituye sólo uno de los referentes de cohesión social que adquiere mayor relevancia en
respuesta a la manifestación de violencia política y social que impulsan los grupos
oligárquicos y estamentos sociales dominantes para contener o bloquear el avance
socioeconómico, político y cultural de los sectores sociales tradicionalmente oprimidos y
sojuzgados, como las poblaciones llamadas indígenas que han sufrido por décadas el
desprecio y la exclusión racistas por parte de aquellos grupos que todavía creen tener
intacto los espacios de “exclusividad señorial” que consideraron siempre como algo suyo,
por ejemplo los espacios de poder político. Porque las actitudes racistas en este país, se han
practicado justamente en función a los rasgos étnico-culturales, que ha dado lugar a la
clasificación de los habitantes en “indígenas” y “no indígenas”, entendiendo que los
primeros debían mantenerse en una situación de sumisión respecto a los segundos que han
gozado de todos los privilegios que la estructura del poder paternal, patrimonial y racista
les ha otorgado.
Pero ahora se está en otro tiempo, donde los sectores sociales marginados y excluidos por
muchos tiempo, han incursionado en diferentes ámbitos de actividad económica, social y
política, rompiendo con mucho sacrificio las barreras y los mecanismos de discriminación
social y racial, y es ahí donde aparecen “resistencias” de carácter pigmentocrático frente al
avance de los llamados indígenas, sobre todo respecto al avance político que reivindica
principalmente los derechos de los humildes. Sin embargo, las identidades étnico-culturales
en el altiplano boliviano que comprende a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, se
han constituido principalmente en función a dos nacionalidades: los aymaras y los quechuas
que comparten una raíz histórica más o menos común de larga data. La historiografía sobre
estas dos nacionalidades muestra que desde la colonia han mantenido una fuerte resistencia
frente a la dominación colonial primero y luego ante el avasallamiento y la opresión de la
sociedad y Estado oligárquico en el período republicano; y, durante esa larga lucha
comunitaria se va estableciendo una visión política de autodeterminación, en la perspectiva
de constituir un orden político propio para los aymaras y quechuas que habían caído bajo el
dominio de los “foráneos” y sus descendientes (Thomson, 2006). Esto se ha expresa
actualmente en la erupción de movimientos sociales de reivindicación de los derechos
ciudadanos y de conquista de los espacios de poder político, que ha llevado a la creación y
fortalecimiento de un instrumento político que los posibilita introducir sus iniciativas y
propuestas dentro del escenario de deliberación política, como por ejemplo la Asamblea
Constituyente, que también se estableció como efecto de la movilización de las poblaciones
rurales del altiplano y los valles así como de los sectores populares de las ciudades
capitales, principalmente de la ciudad de El Alto6.
No obstante, a pesar de las movilizaciones de mayor alcance protagonizadas por los
aymaras del altiplano paceño, no hay una identidad étnico-cultural claramente definida y su
relación con la acción política, dado que la condición étnico-cultural es sólo una de las
fuentes de constitución de identidad social; por ejemplo en la ciudad de El Alto, donde la
mayoría de su población es de origen aymara, el discurso que tiene mayor fuerza de
interpelación ideológico-política es la afirmación que se hace al unísono durante cualquier
movilización de protesta social: “El Alto de pie, nunca de rodillas”. El ser alteño es el que
otorgue una identidad de mayor articulación social y política, antes que la situación de
ciudad aymara o población indígena, estas dos últimas expresiones se manifiestan recién
en los discursos de protesta y amenaza que pronuncian los líderes y dirigentes alteños
durante las grandes concentraciones que se realizan con frecuencia. Es más, tanto en las
concentraciones como en las marchas que realizan hacia la “hoyada” paceña, el grito
característico es: “El Alto de pie, nunca de rodillas”, esto conmueve y aglutina a toda la
población alteña, tanto a mayores, jóvenes, hombres como mujeres; hasta los niños parecen
haber internalizado el “salmo alteño”, pues éstos a menudo juegan a “marcha, marcha”,
gritando a una sola voz: “El Alto de pie, nunca de rodillas”. Casi no se escucha gritar a los
alteños, frases como: “los aymaras de pie” o “los indios de pie”. Asimismo, durante las
marchas de protesta y los bloqueos de caminos que efectúan las comunidades rurales del
altiplano paceño –que es por cierto el epicentro sociopolítico, igual que la urbe alteña, de la
erupción social-, tampoco se hace mucha alusión a los elementos étnicos de ser aymaras o
indios, los movilizados resaltan mas a sus provincias, secciones, cantones y comunidades
de donde provienen.
En los vítores de los movilizados, también se puede escuchar rememoraciones de los héroes
de las luchas de las comunidades aymaras, como: “jallalla Tupaj Katari”, “jallalla Julián
Apaza”, “jallalla Bartolina Sisa” o “jallalla Gregoria Apaza”. De hecho, alguna de las
organizaciones campesinas lleva el nombre de uno de éstos próceres de la lucha aymara,
como es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”
(FNMCB-BS). Igualmente, la organización matriz a la que se adhieren más las
comunidades rurales del altiplano, sigue siendo la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fundada en 1979, aunque los primeros
líderes de esta organización fueron dirigentes con tendencia ideológica katarista o
indianista, como Jenaro Flores, quien fue a su vez, uno de los fundadores de los primeros
partidos kataristas como el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA)7. Sin embargo, los
partidos kataristas o indianistas, en las diferentes elecciones nacionales en que participaron,
6
Sobre las movilizaciones contundentes que ha desarrollado el pueblo alteño durante los meses de abril,
septiembre y octubre de 2000 y 2003, puede verse a Pablo Mamani, El rugir de las multitudes: la fuerza de
los levantamientos indígenas en Bolivia/Qullasuyu, Aruwiyiri, La Paz, 2004; Álvaro García y otros,
Memorias de octubre, Muela del Diablo, La Paz, 2004.
7
Respecto al movimiento político katarista establecido a fines de los años setenta y los líderes aymaras que
encabezaron tanto la organización social de los campesinos como de los pa11rtidos políticos kataristas e
indianistas, véase a Javier Hurtado, El katarismo, HISBOL, La Paz, 1986; Esteban Ticona, Organización y
liderazgo aymara: la experiencia indígena de la política boliviana 1979-1996, Universidad Cordillera –
AGRUCO, La Paz, 2000.
no lograron superar el 3% de la votación en la región del altiplano8; tampoco en las
posteriores elecciones a 1989, los partidos de sigla katarista pudieron capturar los votos de
las comunidades rurales del altiplano.
Por otra parte, el surgimiento de una nueva organización promovida por algunas
comunidades autodefinidas como originarias, como el Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyo (CONAMAQ)9, tampoco ha tenido mucha aceptación en las
poblaciones del altiplano paceño, su influencia organizacional ha sido más en el
departamento de Oruro, donde tuvieron un apoyo significativo por ejemplo en las
elecciones municipales de 2004, presentándose a las justas eleccionarias en la modalidad de
Pueblos Indígenas. No obstante, CONAMQ, no necesariamente reivindica la cualidad de lo
indígena en sus declaraciones y propuestas políticas, pues entienden que lo originario es el
referente más significativo y legítimo para las comunidades rurales del altiplano. En este
sentido, uno de los dirigentes del CONAMAQ, Martín Condori, reivindica más el carácter
originario de los movimientos de las comunidades altiplánicas, arguyendo que lo indígena
obedece principalmente a convenios internacionales10. Tampoco la Confederación Sindical
de Colonizadores de Bolivia (CSCB), conformada en 1971, pregona lo indígena como un
elemento de convergencia, pues los colonizadores se orientan más hacia el sindicalismo. De
igual forma, la Federación de Mujeres Campesinas de de Bolivia Bartolina Sisa
(FMCBBS), establecida en 1980, se perfila más hacia una organización y acción sindical,
aunque reivindicando la memoria de Bartolina Sisa. Lo indígena se resalta más en las
poblaciones del oriente boliviano que en el occidente, a través de su organización matriz,
como es la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), fundada ya a
principios de los años ochenta. Asimismo, la CSUTCB, se basa más en principios de
carácter sindical que étnico, y es la organización sindical más consolidada en el altiplano y
los valles, que tiene federaciones departamentales, centrales provinciales y subcentrales
cantonales y finalmente los sindicatos de las comunidades rurales, lo cual le permite tener
una mayor fuerza de convocatoria organizacional y social en momentos de movilizaciones
de protesta, como las marchas hacia el sede de gobierno (La Paz) y los bloqueos de
caminos.
Es también notable el manejo de ciertos símbolos de la tradición histórica de las
poblaciones del altiplano, durante las acciones colectivas de protesta y los encuentros o
eventos socioculturales y políticos que impulsan las diferentes organizaciones del área
rural, como la wiphala, bandera multicuadriculada de las poblaciones andinas, así como la
indumentaria originaria (ponchos rojos o verdes, los chicotes, las ch’uspas, monteras o
8
Sobre los resultados electorales obtenidos por los partidos kataristas–indianistas, desde las elecciones
nacionales de 1979 a las de 1989, véase a Salvador Romero, Geografía electoral de Bolivia: así votan los
bolivianos, CEBEM – ILDIS, La Paz, 1993.
9
El CONAMAQ, fue fundado recién el 22 de marzo de 1997, en Challapata, departamento de Oruro, con la
participación de las siguientes organizaciones comunitarias: Jach’a Carangas, Jach’a Suyo Pakajaqi, FASOR,
FOMQAMP, Jatun Ayllu Yura, FACOPI, entre otros; con el propósito de reconstituir territorios de los ayllus
y un gobierno originario: “CONAMAQ, se ha planteado una línea estratégica como es la reconstitución en
espacios y territorios donde la estructura del ayllu ha desaparecido o se ha desestructurado, y restitución y
fortalecimiento del gobierno originario y nuestros derechos como ayllus para lograr nuestra
autodeterminación”. Véase a CONAMAQ, Propuesta: constitución política del Estado pluricultural
Qullasuyu – Bolivia, Comisión Nacional Para la Asamblea Constituyente, Oruro, 2006.
10
Véase: La Razón, 1ro. de julio de 2007.
aguayos), pero principalmente la wiphala que ya se convirtió en los últimos 15 años en un
símbolo casi oficial con motivo del ascenso de Evo Morales a la Presidencia de la
República (enero de 2006), pues ahora la multicolor wiphala ondea imponente al lado de la
tricolor boliviana en el frontón del palacio de gobierno. Sin embargo, se podría sostener
que, por el mismo carácter multicolor que tiene este símbolo no necesariamente es la
representación de una identidad étnica claramente definida, dado que podría significar
también la pluralidad de identidades étnico-culturales o sociales que posiblemente van
impulsando las poblaciones rurales del altiplano. De igual forma, las indumentarias
tradicionales que usan los dirigentes de las organizaciones campesinas, tanto hombres como
mujeres, se muestran sólo como formas de diferenciación de las autoridades comunitarias
que asumieron la orientación de lo originario (mallkus, apumallkus, jilakatas o
mamat’allas), quienes una vez que terminan su gestión anual de autoridad, vuelven a sus
actividades cotidianas tratando de concretar sus propias proyecciones de vida, sin
preocuparse mucho por el fortalecimiento o encumbramiento de una identidad étnicocultural que de algún modo les compromete. Además, no todos los dirigentes campesinos
del altiplano usan los atuendos tradicionales para representar a sus organizaciones
sindicales, sino que prefieren presentarse a las reuniones o los encuentros del sector,
llevando ropa sencilla y casual, como se da en la mayor parte de los cantones y
comunidades adyacentes del lago menor del Titicaca. Así, la identidad étnico-cultural
aymara en la altiplano, no articula necesariamente de manera unánime a los habitantes de
las diferentes provincias, secciones, cantones y comunidades del altiplano boliviano, pues
aparecen otros elementos de identidad social, como la condición campesina, el modo de
organización sindical, la cuestión de las necesidades básicas insatisfechas, la preocupación
por la atención de demandas sectoriales (por ejemplo la mecanización del campo), o la
situación de pobreza en que se hallan más del 90% de las familias que viven en el altiplano.
Además, la ambivalencia o debilidad étnico-cultual aymara, o si se quiere indígena, se
mostró de manera visible en el escaso apoyo electoral que tuvieron los partidos políticos de
ideología katarista o indianista, precisamente en las provincias y comunidades a las que
creían representar, pues los electores del altiplano han preferido votar por aquellas
organizaciones políticas con propuestas menos radicales y que no reivindicaron de manera
directa la cuestión de lo indígena, colocando por ejemplo el término de katarismo o
indianismo en la sigla partidaria. Dicho en otros términos, no hay una relación sociopolítica
directa entre la identidad étnico-cultural aymara o indígena y la proyección política, en las
poblaciones rurales del altiplano, porque el referente étnico-cultural de lo aymara o de lo
indígena no se expresa con fuerza en el campo político, por lo menos en el nivel nacional y
departamental; aunque en el ámbito local algunas organizaciones políticas, en la modalidad
de Pueblos Indígenas, lograron llegar al gobierno municipal, ganando las elecciones
municipales de diciembre de 2004 11, particularmente en los departamentos de Oruro, Potosí
11
Con motivo de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, en las elecciones municipales de
diciembre de 2004, participaron por primera vez nuevas formas de organización política –aparte de los
partidos políticos-, las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas; y las entidades políticas de Pueblos
Indígenas (PI’s) tuvieron mayor participación en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, donde entraron
en la disputa electoral 45 PI’s de un total de 63 que participaron en todo el país, obteniendo más votos en
Oruro (18.75), Potosí (10.38) y La Paz (7.46); pero aún así, los partidos y las agrupaciones ciudadanas
tuvieron mayor votación. Un análisis más detallado de las elecciones municipales de 2004 y los resultados
y La Paz. Con todo, los Pueblos Indígenas en términos de votación no llegaron a más de
18% en el nivel departamental, además sólo obtuvieron mejores resultados en aquellos
municipios pequeños (menor a veinte mil habitantes). Es decir, la concordancia
sociopolítica entre la identidad étnico-cultural y su proyección política, sólo parece
establecerse en el nivel local, y sobre todo en los municipios pequeños del altiplano, donde
se van introduciendo elementos de la lógica de organización comunitaria en la dinámica de
la gestión municipal basada en normas institucionales del Estado de derecho; por ejemplo
en la alcaldía de Jesús de Machaca, departamento de La Paz, el Alcalde electo fue
inicialmente escogido en los cabildos comunales y seccionales, en una suerte de
“elecciones primarias”.
Por otro lado, la preocupación por el asunto de las poblaciones indígenas en Bolivia,
motivó -desde los años noventa- la realización de diagnósticos acerca de la situación real de
los diferentes grupos étnico-culturales en el territorio nacional, estableciéndose que en el
país existen 36 nacionalidades. De manera que en el Censo Nacional de 2001, se incluyó
tres preguntas dirigidas a captar la situación étnico-cultural de las poblaciones indígenas; y
los resultados de dicho censo mostraron que el 62% de la población boliviana indica
pertenecer a alguno de los 36 grupos étnico-culturales. Aunque sobre esto hay críticas sobre
la forma de pregunta que se hizo en la boleta del censo, dado que no había la opción de
mestizo12, lo cual habría afectado significativamente las respuestas. Sin embargo, el informe
de encuesta sobre la democracia en Bolivia de 2006, de Selignson13, invierte esta relación
porcentual de la mayoría indígena, estableciendo que el 64% de los bolivianos se
consideran ser mestizos; colocando de este modo en “duda” los resultados del Censo de
2001; pero en el mismo informe, aparece que el 72% de los consultados señalan pertenecer
a algún grupo étnico o indígena. De hecho, sobre los resultados del Censo 2001 referidos a
la cuestión étnico-cultural, se hicieron algunos trabajos14, donde se muestran en cuadros y
gráficos la relación del número de personas que se adscriben a las distintas nacionalidades y
su ubicación en el territorio, que en muchos casos atraviesa los límites de los municipios y
departamentos.
electorales que alcanzaron las diferentes organizaciones políticas, se encuentra en la revista Opiniones y
Análisis, Análisis de la elección municipal 2004, La Paz, No. 72, FUNDEMOS, 2005.
12
La interrogante No. 49 del Censo 2001, destinada a captar la situación étnico-cultural de los bolivianos,
tenía el siguiente tenor: ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios o
indígenas?; dando luego las siguientes alternativas de selección: 1) quechua, 2) aymara, 3) guaraní, 4)
chiquitano, 5) mojeño, 6) otro nativo, y 7) ninguno. De manera que no había la opción de mestizo o
sencillamente boliviano. De cualquier modo, la pertenencia es un indicador que permite establecer la
situación de las poblaciones llamadas indígenas.
13
Mitchell Seligson, de nacionalidad norteamericana, viene haciendo el seguimiento a la democracia en
Bolivia, mediante la aplicación de una encuesta bianual, desde 1998 hasta el 2006, y justamente en la
Auditoría de la democracia: informe boliviano 2006, se establece que el 65 de las personas consultadas se
autocalifican como mestizos, pero al mismo tiempo indican que pertenecen a algún pueblo étnico-originario
(72%); la pregunta para el primer resultado fue: ¿Se considera Ud. una persona de raza blanca, chola, mestiza,
indígena, negra u originaria?, mientras que para el segundo se preguntó: ¿Se considera perteneciente a alguno
de los siguientes pueblos originarios o indígenas?, lo mismo que la pregunta del Censo 2001, respecto a la
pertenencia étnica.
14
Véase a MAIPO e INE, Bolivia: población indígena originaria por municipios, Censo 2001, MAIPO e
INE, s.l., s.f.; Ramiro Molina y Xavier Albó (coords.), Gama étnica y lingüística de la población boliviana,
Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, La Paz, 2006.
De lo anterior, se desprende un problema central, de que la identidad étnico-cultural de los
bolivianos es muy ambigua, la misma que se mueve en forma de péndulo entre lo mestizo y
lo originario-indígena, dependiendo del significado que adquiere cada uno de los términos.
Es más, el sentido de la pregunta parece incidir significativamente sobre el tipo de
respuesta que dan las personas encuestadas respecto a la situación de pertenencia étnica y el
significado que otorgan a la noción de “lo indígena”. De modo que, los que sienten
pertenecer a algún grupo étnico (quechua, aymara, chiquitano, mojeño, yucaré, etc.) no
necesariamente quiere decir que se identifiquen como indígenas. Es decir, las personas
pueden autocalificarse como quechas, aymaras, urus o chipayas, pero esto no implica que
acepten ser catalogados como indígenas. Por tanto, se puede aseverar que esto obedece a
que los pobladores del altiplano tanto de Oruro, Potosí y La Paz no se adscriban tanto como
indígenas sino sólo como aymaras o quechuas, tal como el dirigente principal del
CONAMAQ (Martín Condori) entiende que esta organización se basa en las poblaciones
originarias y ayllus que formaban parte del antiguo Qullasuyo, y no así una organización de
indígenas, lo cual obedecería más a una corriente indigenista que ha ganado fuerza en la
región de América Latina desde los años noventa, con motivo del llamado Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 que incorporó la cuestión indígena.
Asimismo, la relevancia internacional de lo indígena se dio como efecto también del
Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones
Indígenas, que en su Art. 26 sostiene: “Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer,
desarrollar, controlar y utilizar sus tierras y territorios (…) al pleno reconocimiento de sus
leyes, tradiciones y costumbres…”, y la Declaración del Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004), promovida por las Naciones Unidas. Esto
hizo que las poblaciones consideradas como indígenas promuevan proyectos de
recuperación y fortalecimiento de sus organizaciones, en términos de consolidación de
“sus” territorios y formas de organización socioeconómica y política tradicionales.
Siguiendo esta corriente de reivindicación de los derechos indígenas, en Bolivia se aprobó
la Ley 1715 de Servicio Nacional de Reforma Agraria (18 de octubre de 1996), donde se
señala como una de las formas de propiedad territorial: las Tierras Comunitarias de Origen
(TCO), a fin de proteger el dominio espacial comunitario mantenido por las poblaciones
originarias desde hace mucho tiempo. De modo que, muchas comunidades originarias del
oriente y occidente han empezado a tramitar sus títulos de TCO, pero la mayor parte de las
demandas provienen de los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz y Beni (véase anexo,
gráfico sobre tierras comunitarias). Empero, muchas de las demandas de TCO enfrentan
conflictos internos en la medida que no todos están de acuerdo formar parte de una TCO, a
lo que se ha llamado conflicto con terceros que comprenden a comunidades, organizaciones
sindicales, empresas medianas o incluso familias.
15
El Convenio 169 fue aprobado en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en Ginebra, Suiza, en junio de 1989, el mismo que fue ratificado luego por el gobierno boliviano
mediante la Ley 1257 del 11 de julio de 1991, posiblemente atendiendo a las movilizaciones de los pueblos
indígenas del oriente boliviano, que realizaron una gran marcha hacia la sede de gobierno, en 1990. Este
Convenio define a los pueblos indígenas como aquellos que han habitado en un país o una región geográfica
antes de la conquista y colonización así como el establecimiento de las fronteras estatales con motivo de la
independencia, y que han conservado sus formas de organización ancestrales, tanto económicas, sociales,
políticas y culturales.
Ahora bien, volviendo al asunto de lo étnico en el país y la distribución de las poblaciones
llamadas indígenas en el territorio nacional, los datos del Censo 2001, muestran que los
aymaras y quechuas abarcan prácticamente todo el territorio boliviano, en términos de
apropiación étnica del espacio, aunque población aymara se concentra más en los
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí con más de 70%, y los quechuas en Cochabamba,
Potosí y Chuquisaca, mayor a 70%; mientras que otros grupos tiene presencia sólo en
algunos departamentos, provincias, secciones o localidades (véase anexo, gráficos y
mapas). No obstante, es importante señalar que el mayor número de grupos étnicoculturales se encuentra en el noreste de la geografía nacional16, en los departamentos de
Beni, Santa Cruz, Pando, norte de La Paz y Cochabamba, donde están alrededor de 26
grupos étnicos de los 29 que constituyen los denominados otros nativos, aparte de los otros
pueblos originarios (aymaras, quechuas, guaranís, chiquitanos y mojeños). Empero, la
mayoría de los que indican pertenecer a algún grupo étnico-originario están comprenda en
dos nacionalidades con notable presencia en el territorio nacional: aymaras y quchuas
(55.9%).
En cualquier caso, no es fácil determinar una identidad étnico-cultural sólida en el altiplano
en torno a las poblaciones rurales que de origen aymara, y menos todavía en relación al
referente de lo indígena. Los pobladores altiplánicos parecen articularse en función a otros
elementos de cohesión social –aparte de lo étnico- como lucha por el reconocimiento de sus
derechos humanos, la dignidad, la educación, la justicia, el mejoramiento del bienestar
social, la superación de la pobreza, o la participación política. Lo étnico-cultural
relacionado principalmente con la condición aymara, si bien es el telón de fondo o el
ámbito cultural de entendimiento entre las familias y organizaciones, no es el único criterio
indiscutible de conformación de identidades, pues existen otros factores de identidad en los
diferentes campos de proyección individual y social. Posiblemente a esto obedezca el hecho
de que un partido político que reivindica precisamente la condición de lo étnico-indígena
aymara, como es el Movimiento Indio Pachakuti (MIP), de Felipe Quispe (Mallku), no
haya tenido un apoyo electoral importante, en su participación en las elecciones nacionales
de diciembre de 200517, en las circunscripciones electorales consideradas justamente como
indígenas, frente a otro partido que ha logrado una votación sorprendente, como es el
Movimiento al Socialismo (MAS), del actual Presidente Constitucional de la República
Evo Morales. Pero en la sigla del MAS no aparece ninguna referencia a lo étnico-indígena,
lo cual posiblemente sea muy decisivo en la definición del voto ciudadano en las
poblaciones rurales del altiplano. Y como se ha dicho antes, los partidos políticos de
ideología katarista o indianista han tenido escaso apoyo electoral en las poblaciones del
altiplano. Dicho en otros términos, la identidad étnico-cultural aymara en el altiplano
paceño y orureño principalmente, es muy difusa en términos de proyección política hacia el
nivel departamental y nacional, dado que los actores sociales tienden a enarbolar otras
16
En términos de número de pueblos indígenas, en el departamento de Beni existen aproximadamente 15
grupos, en Santa Cruz 12, en La Paz 8, en Pando 6 y en Cochabamba 4, y alguno de esos grupos tienen menos
de 50 miembros, como los pacaguara (46), tapieté (41), machineri (30) o guarasugwe (13), de los 29 grupos
étnicos minuritarios (otros nativos) que alcanzan a 122,904 individuos, siendo apenas el 1.4% del 62% de la
población boliviana que indica pertenecer a algún grupo étnico originario. Molina y Albó, Ob. Cit.
17
En las elecciones nacionales de diciembre de 2005, el Movimiento Indio Pachakuti (MIP) obtuvo 5% de
votos en La Paz, 2% en Oruro y 3% en Potosí; en cambio el MAS alcanzó a 67% de votación en La Paz, 63%
en Oruro y 58% en Potosí; véase página web de la Corte Nacional Electoral: www.cne.org.bo
reivindicaciones de carácter más social que étnico. Es en este sentido que la identidad
sociocultural adquiere importancia dentro de las luchas políticas de las poblaciones rurales
del altiplano y las villas de la ciudad de El Alto.
3. Configuración de identidades socioculturales y política
Como se ha planteado antes, la constitución de identidades sociales implica diversos
elementos de articulación social, que pueden ser de índole territorial, regional, barrial,
comunal, sectorial, religiosa, étnica, laboral, gremial, cultural, sexual, generacional o
política, dado que las personas tienden a vincularse con una variedad de referentes de
identificación social, lo cual da lugar a la configuración de distintas identidades en los
diferentes ámbitos y niveles de interacción social, dependiendo del grado de importancia
que otorguen los actores individuales y colectivos a un determinado problema. De manera
que, en la conformación de la identidad en el altiplano y su relación con la política,
adquieren mayor relevancia los elementos articuladores de carácter social y político, porque
los rasgos étnicos no tienen una conexión significativa con la emergencia de una acción
política. Es decir, los proyectos políticos que surgen desde las poblaciones del altiplano y,
particularmente, desde las comunidades rurales de La Paz y la ciudad de El Alto, se fundan
principalmente en identidades socio-culturales que en identidades étnico-culturales,
haciendo que las reivindicaciones sociales y culturales se conviertan en insumos esenciales
para el planteamiento de proyectos políticos, en la medida que los comunarios y vecinos del
altiplano se sienten parte de dichos proyectos. Las aspiraciones sociales y culturales de los
pobladores del altiplano y la ciudad alteña adquieren mayor importancia en el plano
político, porque esto les permite alimentar esperanzas colectivas para lograr una mejor
situación de bienestar social, por eso los gobiernos municipales han ganado mayor
preeminencia en los municipios provinciales, dado que esto les posibilita concretar sus
propósitos sociopolíticos basados en una identidad de proyecto, que significa la transición
desde la identidad de resistencia a la identidad de proyecto, en términos de extensión de las
oportunidades de realización individual y colectiva así como de la libertad cultural.
La cuestión de lo étnico parece tener más sentido en la conformación de una identidad
étnico-cultural de preservación de experiencias y conocimientos ancestrales, sobre todo en
el campo cultural y simbólico, expresadas en ceremonias religiosas, ritualidades andinas,
festividades folklóricas y demás costumbres de las comunidades rurales. Además, estas
prácticas tradicionales se han refuncionalizado o reafirmado en el ámbito urbano,
particularmente en las zonas populares de las ciudades de La Paz y El Alto, por ejemplo la
práctica de la medicina tradicional, la persistencia de los ritos telúricos, el mantenimiento
de las tradiciones en la interacción social y la proliferación espectacular de “entradas
folclóricas” tanto en las poblaciones del área rural como en los barrios populares. Así, en
torno a estás prácticas tradicionales de origen andino o aymara, se van configurando una
variedad de identidades étinico-culturales de preservación de las tradiciones, a partir del
establecimiento de vínculos sociales que promueven una determinada orientación colectiva.
Sin embargo, estas identidades sociales de preservación de las tradiciones y costumbres,
con una notable manifestación de elementos étnicos de origen aymara, no se extiende hacia
la dimensión política. De hecho, algunos candidatos que entraron a disputar las
diputaciones y las concejalías en las elecciones nacionales y municipales, respectivamente,
reclamando la representación política de los folcloristas en los espacios de poder político,
por lo general no tuvieron apoyo electoral en las zonas populares urbanas donde se realizan
con frecuencia las “entradas folclóricas”. Es decir, los que han tratado de hacer carrera
política involucrándose en las festividades folclórico danzarias, o en su caso, exaltando la
importancia de la identidad folclórica y la necesidad de fortalecer a partir de las políticas
gubernamentales18.
La identidad étnico-cultural aymara fundada en principios de preservación de la
cosmovisión ancestral y de las tradiciones andinas no tiene una trascendencia en la esfera
política como para introducir con fuerza los intereses de carácter étnico comunitario en el
debate nacional, como la Asamblea Constituyente, donde se está discutiendo por ejemplo la
cuestión de las autonomías indígenas. Aunque la propuesta del Pacto de Unidad, preparada
por la CSUTCB, el CONAMAQ, la CIDOB, la CSCC y la FMCBBS, incorpora varios
componentes de carácter étnico-indígena, como la visión de país que se orienta a crear un
Estado plurinacional y comunitario que reivindique las aspiraciones históricas de las
comunidades indígenas. Así, con el propósito de asegurar la incorporación de la
mencionada propuesta y sobre todo el tema de las autonomías indígenas en el debate de las
plenarias, las organizaciones indígenas de las tierras bajas afiliadas a la CIDOB, ya
empezaron la marcha hacia la ciudad de Sucre, sede de la Asamblea Constituyente. Pero las
organizaciones sindicales y comunitarias del altiplano paceño, no han mostrado mucho
interés en el asunto de las autonomías indígenas. A los poblaciones del occidente del país,
no parece entusiasmarles mucho la posibilidad de creación de autonomías indígenas a partir
de la aprobación de la nueva carta magna; empero los collas, tanto de las comunidades
rurales como de la ciudad de El Alto, ya han lanzado el desafío por la defensa de la
inamovilidad de la sede de gobierno a través de una concentración masiva en la ciudad de
El Alto, donde los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales y cívicas declararon
sendos discursos de advertencia a los que están promoviendo la discusión del tema de la
“capitalía plena” en las plenarias de la Asamblea Constituyente. Probablemente suceda lo
mismo en relación con otros temas de carácter más social o político, como la defensa de la
educación gratuita, el seguro social o de las autonomías municipales, así como la lucha por
el mejoramiento de las condiciones de bienestar social o la participación política; temas que
por cierto han ganado mucha importancia dentro de los municipios provinciales.
No obstante, la identidad socio-cultural de resistencia comunitaria se ha manifestado con
mucha fuerza en el altiplano paceño durante las marchas y bloqueos de caminos que
efectuaron las organizaciones sindicales y comunitarias, en respuesta a ciertas políticas
gubernamentales que iban en contra de los intereses de los campesinas, como el intento de
implantación de la primera ley INRA o la tentativa de venta del gas a los Estados Unidos
por Chile. Ante la arremetida de los gobiernos oligárquicos contra los intereses de las
comunidades rurales del altiplano, tanto en el pasado como en el presente, las
18
Los “políticos” que han tratado de sacar un rédito político del “mundo folclórico” no tuvieron éxito, por
ejemplo el periodista Fernando Espinoza, que dirige el programa folclórico televisivo “Los Principales”,
cuando se postuló como diputado uninominal del MNR en la circunscripción 11 (la zona populosa de Gran
Poder y adyacentes) para las elecciones nacionales de 2002, perdió la diputación, la gente votó por el
futbolista Carlos Borja; tampoco el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas ha logrado un reconocimiento
importante entre los folcloristas del Gran Poder, a pesar de que fue “pasante” en la comparsa de morenaza
“Los Fanáticos”.
organizaciones comunitarias y sindicales se han valido regularmente de su identidad sociocultural de resistencia, lo cual les ha permitido impulsar con éxito las grandes
movilizaciones de insurrección agraria y de reivindicación sociopolítica en diferentes
momentos de lucha, primero contra el sistema colonial y luego frente al poder oligárquico y
racista durante la república. Esta fuerza comunitaria de resistencia fundada en la identidad
socio-cultural de los excluidos y marginados, se ha extendido hasta los tiempos actuales,
dando paso a la configuración de una identidad socio-cultural de proyección política que
posibilita la constitución de sujetos sociopolíticos que buscan horadar los espacios de poder
reservados siempre para la oligárquía.
De manera que, en las poblaciones rurales del altiplano y por ende en la combativa ciudad
alteña, la identidad socio-cultural de proyecto político se configura en la medida que las
estructuras del poder económico, social y político obstruyen y bloquean las posibilidades
del avance histórico de los marginados y excluidos, en los diferentes campos de concreción
de iniciativas y aspiraciones tanto individuales como colectivas. Por ejemplo cuando las
políticas gubernamentales no favorecen el mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades rurales o cuando los partidos políticos tradicionales –que han estado siempre
encaramados en el aparato estatal- se resisten a dar paso a las organizaciones sociales y
políticas que surgieron desde los mismos sectores sociales desfavorecidos por el sistema.
Los pobladores del altiplano y de la ciudad de El Alto, dentro del proceso democrático que
vive el país desde 1982, han venido apoyando a diferentes partidos políticos que de algún
modo incorporaron ciertas aspiraciones sociopolíticas de los humildes, como fueron los
partidos que se reclamaban ser de izquierda (UDP, MIR-NM) o los que tenían una
orientación populista (CONDEPA, UCS), los mismos que en la actualidad ya no existen. La
proyección política que han impulsado las comunidades rurales y las zonas populares
urbanas de La Paz y El Alto, tuvo algunas opciones de avance y concreción, por ejemplo
cuando el extinto “compadre” Carlos Palenque hizo soñar a los vecinos y comunarios
planteando que el Jach’a Uru, el gran día, estaba por llegar para trastocar los tiempos de
opresión, de sufrimiento, de humillación y de pobreza en se que encuentran los excluidos.
Asimismo, el fallecido Max Fernández, tuvo un notable apoyo electoral en las provincias
del altiplano y los barrios populares de La Paz y El Alto, prometiendo y haciendo obras
para los “abandonados” por el Estado, y para que de este modo tengan acceso a los
servicios básicos las familias empobrecidas. Sin embargo, como consecuencia de la
desaparición tanto del “compadre” como de Max Fernández, sus partidos también siguieron
la misma suerte de sus fundadores: murieron.
Entonces, quedó una identidad socio-cultural de proyección política sin un norte hacia
donde dirigirse, de modo que la búsqueda de una acogida partidaria se hacía cada vez más
patente. Y es aquí donde aparece el Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por el actual
Presidente Constitucional, Evo Morales, quien se forjó justamente al interior de las luchas
de reivindicación social y proyección política, resistiendo y sufriendo la arremetida y
violencia política de los grupos oligárquicos encaramados en el poder político, incluso fue
expulsado del parlamento nacional. Así, el ex dirigente cocalero se fue convirtiendo en el
líder político que los sectores sociales empobrecidos estaban buscando para encauzar
políticamente sus aspiraciones y proyecciones de participación plena en la determinación
de las políticas nacionales a favor de los humildes; lo cual se fortaleció durante las
movilizaciones sociales de protesta de 2000 y 2003, cuando los movilizados (vecinos y
comunarios) han empezado a arrancar el poder, de la mano de sus opresores de siempre –
la oligarquía señorial y racista-. Esto fue materializado con la dimisión de Sánchez de
Lozada al cargo de presidencia (octubre de 2003) y el triunfo contundente del MAS en las
elecciones nacionales de 2005 y la posesión de Evo Morales como Presidente
Constitucional de la República de Bolivia.
La identidad socio-cultural de proyección política de las poblaciones del altiplano y la
ciudad de El Alto, encontró en la figura y personalidad del actual Presidente Morales una
suerte de representación genuina y contemporánea de lo que son los humildes de este país,
que sufrieron por largo tiempo la opresión, la humillación, la exclusión y los vejámenes por
parte de aquellos que han creído –o creen todavía- ser dueños de los espacios del poder
económico, social y político, y que manifiestan una actitud paternalista, patrimonialista y
racista hasta los tuétanos. Pues, Evo Morales, antes de asumir la primera magistratura de
país, ha llevado con frecuencia una ropa sencilla y casual (chompa con rayas y chamarra de
tela), similar que muchos comunaios del campo y vecinos de las zonas populares urbanas,
casi nunca se ha presentado ante el público ostentando un poncho rojo como ha hecho por
ejemplo el Mallku (Felipe Quispe). Se puede sostener que las poblaciones campesinas y los
sectores populares de las ciudades se reconocen a sí mismos en la figura y personalidad del
Presidente Morales. O lo que es lo mismo, la identidad socio-cultural constituida por las
poblaciones del altiplano y las villas de la urbe alteña, encuentra una expresión y
proyección política en la imagen y el protagonismo del Presidente Evo Morales: el líder de
los humildes, así como lo reconocen muchos comunarios y vecinos.
En esta línea de reflexión, se puede afirmar que entre los comunarios y las comunarias del
altiplano, así como entre los vecinos y las vecinas de la urbe alteña, no se manifiesta una
pretensión política de enarbolar y concretar en algún momento una especie de hegemonía
étnica aymara frente a los demás sectores sociales y regiones socio-territoriales del país, lo
único que quieren en términos de proyección social y política es compartir el poder
político, así como lo están haciendo ya en muchos de los municipios provinciales,
combinando la dinámica de los gobiernos municipales –basada en principios del Estado de
derecho- con las prácticas comunitarias y los valores ancestrales de producción de bienes
comunes. Así, posiblemente la ciudad de El Alto sea la expresión fáctica del proceso de
inclusión socioeconómica, política y cultural que ha empezado en el país, en los albores del
presente siglo, porque los alteños comparten un escenario urbano de encuentro nacional,
donde casi ningún boliviano puede sentirse extraño o discriminado. Por ejemplo, la feria de
16 de Julio, que se realiza los días jueves y domingo en la zona populosa del mismo
nombre, se constituye realmente en un espacio de encuentro e interacción entre los
diferentes sedimentos sociales de las ciudades de La Paz y El Alto, nadie se siente ni más ni
menos en relación a los demás conciudadanos que venden y compran dentro de la inmensa
variedad de productos que se exponen en la extensa feria, desde una aguja hasta un
automóvil, pasando por máquinas industriales, muebles, artefactos electrónicos, material de
construcción, ropa, alimentos, animales, etc. etc.
Como se ha dicho antes, se trata de encontrar opciones sociopolíticas viables que permitan
a los bolivianos a vivir juntos, a convivir entre los “diferentes”, que provienen desde
distintos estamentos sociales y diversos espacios socio-territoriales, pero al fin y al cabo
todos comparten la misma condición de ciudadanía boliviana que se halla inscrita en ese
documento de identidad nacional (cédula de identidad) que portan todas las personas
nacidas en Bolivia. En este sentido, los pobladores de las provincias del altiplano y la
ciudad de El Alto, por lo general no han respaldado las propuestas políticas radicales, por
ejemplo la idea de restituir el antiguo Kollasuyo sobre las bases étnicas, o aquellas de
tendencia guerrillera; aunque en algunos momentos de rabia e impotencia –ante la sangre y
muerte de sus hermanos, provocados por las fuerzas represivas del Estado- los comunarios
gritaron a una sola voz: “guerra civil”. No obstante, no hay un proyecto político de
dominación étnica aymara, lo que sí está a la orden del día es la expansión pacífica de los
diferentes ámbitos de actividad socioeconómica, cultural y política en los que se van
involucrando cada vez con más fuerza. En consecuencia, la identidad sociocultural de
proyección política de los comunarios y vecinos del altiplano, se orienta más hacia la
construcción de un escenario socioeconómico, político y cultural de convivencia inclusiva y
pacífica, a partir del respecto de las diferencias y la contribución que puedan hacer los
diferentes sujetos sociales que se despliegan desde la pluralidad de contextos.
Dicho en otros términos, la identidad social que tiene trascendencia en la esfera política es
la identidad socio-cultural de proyecto antes que la identidad étnico-cultural de carácter
más local, porque lo que suscita la emergencia de los movimiento sociales y la incursión
exitosa en la arena política son las aspiraciones sociales y políticas que pretenden concretar
los comunarios y vecinos para mejorar sus condiciones de vida y superar la pobreza. Por lo
mismo, por lo menos el lo que respecta a las poblaciones del altiplano, no se trata de
levantar muros infranqueables en torno a proyectos de autonomía indígena o étnica, sino de
generar condiciones favorables para una integración social óptima a partir de la apertura de
más oportunidades de realización humana, permitiendo que los hombres y las mujeres
materialicen sus sueños y proyectos dentro de un ambiente de respeto mutuo y solidaridad
interesubjetiva. Los habitantes del altiplano quieren vivir juntos con los demás,
compartiendo los diferentes recursos de poder, sean económicos, sociales, políticos o
culturales, sin privilegios ni exclusiones entre los conciudadanos, en términos de
construcción de una ciudadanía intercultural para cohabitar pacíficamente dentro de ese
contexto diverso. Empero, si persisten las prácticas y actitudes de exclusión y
discriminación racista que se fundan justamente en elementos de carácter étnico y regional,
será muy difícil construir un escenario sociopolítico de integración y convivencia que acoja
a todos los bolivianos y las bolivianas, aunque con rasgos étnico-culturales diversos.
En cualquier caso: ¿los bolivianos y las bolivianas lograremos vivir juntos?; esta es la
pregunta que se hacen todos, hoy en día. Y la respuesta, por lo menos desde las poblaciones
del altiplano, parece ser afirmativa.
Conclusiones
La constitución de las identidades tiene diferentes fuentes relacionadas con la cuestión
social, cultural, territorial, étnica, económica, política, generacional o de género,
dependiendo de la prioridad que den las personas a los diferentes elementos de cohesión
social. Los sujetos sociales se adhieren a más de una identidad en correspondencia de las
distintas actividades que realizan en diversos campos y niveles de interacción social. De
modo que, lo étnico es sólo uno de las fuentes de configuración de identidades, que gana
relevancia en la medida que los demás agentes sociales resaltan los rasgos y las diferencias
étnicas para hacer prevalecer sus posiciones así como para imponer sus intereses en
relación a los otros grupos étnico-culturales considerados como inferiores o de segunda
clase; tal como ha ocurrido con los grupos oligárquicos del país respecto a las poblaciones
llamadas indígenas, que hasta antes de 1945 estaban prohibidas a ingresar a ciertos espacios
públicos de exclusividad señorial, como la Plaza Murillo, lugar de los dos poderes del
Estado boliviano. Por tanto, en respuesta a este tipo de discriminación y exclusión étnicocultural que han sufrido las comunidades rurales del altiplano y las zonas populares urbanas
de El Alto, los comunarios y los vecinos exaltaron también sus diferencias étnicas de origen
aymara como bandera de lucha, aunque con escasa proyección política.
En este sentido, en las poblaciones del altiplano y la ciudad de El Alto, la conformación de
identidad étnico-cultural se ha dado más en función a la preservación de los conocimientos
ancestrales y prácticas socioculturales de la región andina, como la valoración colectiva de
la medicina tradicional, los ritos telúricos y sobrenaturales, las costumbres o las
festividades folclórico danzarias. Entonces, se puede sostener que la identidad étnicocultural ha sido más de preservación de la herencia cultural aymara que de proyección
política. Esto se ha mostrado por ejemplo en el escaso apoyo electoral que tuvieron en el
altiplano los partidos políticos de orientación ideológica katarista e indianista. Asimismo,
ante la probable creación de autonomías indígenas a través de la Asamblea Constituyente,
las comunidades del altiplano paceño en particular, no se entusiasman mucho como las
poblaciones de las tierras bajas que ya emprendieron la parcha por las autonomías
indígenas, hacia la ciudad de Sucre. Sin embargo, la ciudad de El Alto, cuna de la
emergencia de los movimientos sociales, ya lanzó el desafío de defensa de la inamovilidad
de la sede de gobierno, en respuesta a la tentativa de introducir el tema de la capitalía plena
en las plenarias de la Asamblea Constituyente; pero lo cual tiene que ver poco con lo
étnico.
En cambio, la identidad socio-cultural de resistencia ha permitido a las poblaciones del
altiplano y la ciudad de El Alto efectuar con notable éxito las diferentes acciones sociales
de protesta, expresadas en bloqueos de caminos y marchas multitudinarias que en varias
ocasiones paralizaron a la ciudad de La Paz, resistiendo la implantación de políticas
contrarias a los intereses de las comunidades rurales y del país, por ejemplo la ley INRA, en
su primera versión, o la tentativa de la venta de gas a los Estados Unidos por un puerto
chileno. La identidad socio-cultural de resistencia de políticas antipopulares da lugar a la
configuración de una identidad socio-cultural de proyección política.
De modo que, las comunidades rurales del altiplano y las villas de la ciudad alteña, han
extendido su identidad socio-cultural de proyecto hacia el campo político, apoyando de
manera comprometida las propuestas políticas que se orientan a favorecer las
reivindicaciones sociopolíticas de los sectores sociales empobrecidos. Así, el proceso de
incursión en los espacios del poder político por parte de los comunarios y vecinos de la
región altiplánica, ha empezado con la emergencia de los movimientos sociales del año
2000 y 2003, lo cual tuvo un ascenso significativo con la renuncia de Sánchez de Lozada a
la presidencia de la república y el triunfo indiscutible del actual Presidente Constitucional,
Evo Morales, en las elecciones nacionales de diciembre de 2005.
El partido político del Movimiento al Socialismo (MAS) ha tenido un apoyo electoral
importante en el altiplano boliviano, donde obtuvo más del 60% de votación. Se puede
decir que las poblaciones de las provincias del altiplano y la ciudad de El Alto se reconocen
a sí mismos en la figura y la personalidad del Presidente Evo Morales, quien se ha forjado
como líder social y político en las movilizaciones y luchas de los sectores sociales
marginados y excluidos que han buscado permanentemente incursionar en los espacios de
decisión política a fin de generar políticas que permitan mejorar sus condiciones de
bienestar social. Pero este autoreconocimiento, se da más en términos sociales que étnicos;
pues el señor Morales, antes de ser Presidente, no ha hecho bandera de la lucha
sociopolítica ostentando un poncho rojo, como lo hizo por ejemplo el “Mallku” (Felipe
Quispe), sino se ha presentado normalmente llevando una ropa sencilla y casual (chompa
con rayas y chamarra de tela), similar que muchos comunarios y vecinos. Tampoco la sigla
del partido político del Presidente Morales, incluye algún término de carácter étnico, como
katarismo o indigenismo; de hecho, las organizaciones políticas de orientación kataristaindigenista –como el Movimiento Indio Pachakuti (MIP) de Felipe Quispe- tuvieron escaso
apoyo electoral en el altiplano. Se puede aseverar que la amplia votación que logró el MAS
en la región del altiplano obedece más a factores de índole sociocultural que étnica.
De lo anterior, se desprende una cuestión fundamental en términos de proyección política
de la identidad sociocultural que comparten los comunarios y vecinos del altiplano, de que
éstos no buscan instaurar una hegemonía política étnica aymara en el país, lo único que
quieren es compartir el poder político con los demás sectores sociales y grupos étnicoculturales, pero sin privilegios señoriales ni discriminaciones raciales. Esto daría lugar al
inicio de un proceso de alternancia política en Bolivia, en los diferentes niveles de gobierno
(nacional, departamental y local), haciendo que los que están fuera del poder hagan
esfuerzos significativos para proponer políticas más inclusivas y democráticas para superar
la pobreza y promover el desarrollo del país. En cualquier caso, es posible construir juntos
de manera pacífica un espacio sociopolítico de convivencia entre los “diferentes” y forjar
una cultura política común desde la diversidad.
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ANEXOS
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, POR DEPARTAMENTO
Pando
1
34
Beni
19
8
1
DEPARTAMENTOS
S. Cruz
56
2
Tarija
1
22
22
Potosí
8
Oruro
37
21
15
16
1
1
Cbba.
7
7
7
La Paz
12
Chuquisaca
0
3
3
20
5
5
10
15
20
25
30
35
40
No. de TCO
Titulada
Titulada parcialmente
En proceso
Demanda admitida
En conflicto
Demanda observada
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Viceministerio de Tierras, mayo de 2007.
AYMARAS EN BOLIVIA, POR DEPARTAMENTO
1400000
1277881
1200000
No. de personas
1027890
1000000
800000
600000
400000
200000
62780
3873
93739
26283
48040
6377
7280
1619
To
ta
l
Pa
nd
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S.
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Po
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La
C
hu
qu
is
ac
a
0
DEPARTAMENTOS
Fuente: Elaborado en base a datos del Sistema de Información Geográfica Étnico Lingüística (SIGEL),
Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, La Paz, 2006. Los datos originales provienen del Censo 2001, INE.
Nota: Los demás gráficos y mapas tienen esta misma fuente.
MUNICIPIOS CON MÁS DE 70% DE POBLACIÓN AYMARA
QUECHUAS EN BOLIVIA, POR DEPARTAMENTO
1800000
1555641
No. de personas
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
595629
600000
319903
400000
188427
117587
200000
206417
89699
29910
6831
1238
DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS CON MÁS DE 70% DE POBLACIÓN QUECHUA
To
ta
l
Pa
nd
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C
S.
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rij
Ta
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0