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entrevista entrevista Entrevista al Dr. José Cuneo, del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. “Hay Us$ 3,000 millones de inversión detenida por Tecnología Minera (TM): ¿Cuánto pierde el país hoy en día por tema de conflictos sociales? José Cuneo (JC): Es difícil cuantificar con precisión cuanto pierde el país por el tema de los conflictos sociales, ya que estos afectan varios niveles de la economía nacional. En primer lugar, afectan los proyectos donde se producen los conflictos sociales. En el mejor de los casos el proyecto puede seguir adelante o sufre retrasos o paralizaciones menores producto de los conflictos sociales, como es el caso de Antapaccay. Casos más graves como lo ocurrido en Conga, y lo que hoy ocurre en Tía María, por dar ejemplos más recientes, tienen un impacto más grande para el país por la paralización de las inversiones o incluso la cancelación de los proyectos. Conga iba a generar una inversión aproximada de US$ 5,000 millones de dólares, lo cual parece ya no sucederá. En el caso de Tía María se calcula alrededor de US$ 3,000 millones de dólares detenidos por los conflictos sociales. Además, si Tía María se cancela, hay comentarios que indican que Arequipa perdería la oportunidad de aumentar su PBI en 7,7% y el país en 0.35%, se dejarían de generar alrededor de 3,500 puestos de trabajo durante su construcción y el Estado dejaría de percibir S/. 561 millones. En segundo lugar, los conflictos sociales acarrean pérdidas para la zona en la que estos estallan, producto de las paralizaciones y bloqueos de carreteras. Por ejemplo, en el Valle del Tambo por poco no se perdió la producción agrícola producto del paro. Este tipo de hechos genera pérdidas 50 Tía María” directas a la población de la zona, que en muchos casos depende de poder sacar sus productos a los mercados de las principales ciudades. Finalmente tenemos lo que pierde el país en futuros proyectos. El constante brote de conflictos sociales desanima a las compañías mineras a invertir en el país por temor a que brote un conflicto social que pueda paralizar la inversión. La parálisis de las inversiones en minería es sumamente preocupante si tomamos en cuenta que el crecimiento de nuestra economía en los últimos años se ha sustentado en el sector minero y el precio de los minerales. Por ejemplo, estudios del Instituto Peruano de Economía indican que el 32.3% de los proyectos mineros a ser desarrollados entre el 2006 y 2014 han sido paralizados o presentan retrasos por conflictos sociales o trabas burocráticas. Esto generó que el país dejara de percibir US$ 21,515 millones. El mismo estudio indica que si esos proyectos mineros hubieran seguido adelante el PBI podría haber alcanzado un crecimiento del 6.8% el año pasado. JC: Desde el punto de vista jurídico, claramente lo ocurrido con el proyecto Tía María constituye un atentado contra el estado derecho y la seguridad jurídica. La compañía, Southern Peru, ha cumplido con todos los requerimientos establecidos en la normativa para obtener la certificación ambiental necesaria para desarrollar el proyecto. En efecto, la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María en agosto del 2014, certificando, de esta manera, que el mismo cumplía con los requerimientos legales exigibles, de acuerdo con la normativa ambiental vigente. Es más, debido a las protestas que se produjeron cuando la compañía presentó su primer Estudio de Impacto Ambiental, el cual fue finalmente rechazado por el MINEM, la compañía incorporó en el EIA aprobado en el 2014 las observaciones efectuadas por UNOPS (el brazo de la Organización de las Naciones Unidas encargada de la administración de proyectos). Como resultado de ello, Southern Perú asumió el compromiso de no utilizar las aguas del río Tambo para la operación del proyecto, que fue el tema que más resistencia generó entre la población local, sino más bien utilizar agua de mar desalinizada. El Estudio de Impacto Ambiental de Tía María, como todo trabajo humano, no es perfecto y seguramente los especialistas ambientales pueden tener diferentes puntos de vista sobre su idoneidad y alcances. Sin embargo, lo cierto es que el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas consideró que cumplía con los requerimientos normativos y, en ese sentido, lo validó con su aprobación. Conforme con el marco jurídico vigente, a la compañía le asiste el derecho a desarrollar Tía María conforme con el EIA aprobado. No permitirle hacerlo es una violación del Estado de derecho y del principio de seguridad jurídica. Otra cosa, totalmente distinta, es la forma como la compañía manejo, desde el punto de vista social, su relación con las poblaciones que sienten verse afectadas por el desarrollo del proyecto. Es cierto, y así lo ha reconocido la propia Southern Peru, que en determinados momentos la actitud adoptada por la empresa con respecto a los reclamos planteados por la población no fue la más idónea. Esto, y los antecedentes de contaminación de las antiguas operaciones de Southern Peru, han contribuido a que se produzca un desgaste en la confianza de los pobladores, que ahora es muy difícil de revertir. TM: ¿Cuál es su opinión sobre la actuación del gobierno y Southern Peru en este conflicto? JC: La actuación del gobierno, al igual que en el caso de otros conflictos, ha dejado mucho que desear. Y este no es un problema atribuible únicamente al presente gobierno, sino que es una actuación que viene de gobiernos pasados. La sensación es que el gobierno ha claudicado en su rol de hacer respetar el Estado de derecho, algo que es sumamente importante para la institucionalidad del país y la atracción de inversiones. No basta con contar con reglas jurídicas claras, es incluso más importante que dichas reglas se cumplan y que el Estado asuma su rol de hacerlas cumplir. Nadie en su sano juicio pretende que ante una protesta o bloqueo se envié a las fuerzas del orden a levantarlo a como dé lugar, pero sí que el Estado adopte medidas para prevenir la ocurrencia de estos hechos y, sobretodo, que se sancione drásticamente a aquellas personas que hayan actuado fuera del marco de la ley. No recuerdo ningún caso en que se haya sancionado ejemplarmente a los causantes o azuzadores de una protesta violenta o ilegal, y esa es una responsabilidad del Estado. Esta cultura de impunidad es un grave problema que corroe a nuestra sociedad, y no solo en el contexto de las protestas sociales, sino a todo nivel. En cuanto a la empresa, probablemente los mecanismos de participación ciudadana implementados para “vender” el proyecto a los pobladores no hayan sido los más adecuados, y ahora viene sufriendo las consecuencias. Por lo demás, sin el respaldo decidido del gobierno en hacer cumplir la ley, poco ha podido hacer, más allá de aceptar paralizar el proyecto hasta que las “aguas vuelvan a su nivel” y buscar retomar el dialogo con la población. TM: ¿Cuál es su apreciación desde el punto de vista jurídico con lo que pasó en Tía María? 51
