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Inflación: Momento de decisiones
Por Miguel R. Bein
El aumento de la tasa de inflación en los últimos meses y la certeza de que el año
finalizará con una suba en los precios minoristas superior a un dígito, pone de nuevo sobre
la mesa de discusión cuáles son las causas -y por ende los remedios- que en términos de
política económica deberían utilizarse para reducir las expectativas de un aumento
persistente en los precios y sus consecuencias sobre una posible indexación de la economía.
Hasta ahora, la mayor parte de las medidas aplicadas apuntaron a “acuerdos de precios”
y a ajustes del tipo de cambio para determinados sectores vía modificaciones al alza de los
derechos de exportación y disminución de reintegros. Esto se combinó con reajustes de
tarifas en sectores regulados, que se hicieron de forma tal de afectar lo menos posible al
consumidor, al tiempo que otros precios regulados se mantuvieron sin modificaciones a
cambio de aumentos en los subsidios percibidos.
Esto fue así a pesar de que desde diciembre de 2004, el aumento en los precios no
obedecía únicamente a una recomposición “pendiente” de precios relativos a favor de los
sectores menos transables -los más atrasados luego de la devaluación-, sino que la misma se
estaba dando en simultáneo con aumentos persistentes en los precios de los transables, que
acompañaron en parte el aumento de los precios mayoristas a nivel mundial. El IPC resto,
indicador proxy de la inflación subyacente, muestra a octubre un incremento interanual de
12,1% y el IPC resto bienes, uno de 10,1%.
De este modo, el bajo traslado a precios de la devaluación que desde 2002 evidenció la
economía gracias a la importante capacidad ociosa existente, pareciera haberse vuelto a
activar, acelerando el ajuste del tipo de cambio real vía precios. Esto, en un contexto donde
el crecimiento del PIB mantiene el ritmo de los dos años previos en torno a 9% (8,6%
proyectado para 2005). Una vez que la Brecha de Producto se agota, un crecimiento del
PIB fuertemente por encima del Potencial no parece una alternativa viable sin una
simultánea aceleración en la tasa de inflación.
Sin embargo, y a pesar de esta evidencia, existe una lectura respecto a que la inflación
actual no tendría origen en una sobre-estimulación de la demanda, pudiendo prescindir, por
ende, de una mayor prudencia de las políticas monetaria y fiscal, sino que obedecería más
bien a restricciones de oferta que sólo se revierten aumentando la tasa de inversión,
expandiendo así la frontera de producción. Es decir, no es el gasto agregado el que,
estimulado por el aumento en la cantidad de dinero, en conjunto con una política fiscal
menos contractiva (más expansiva en el margen como la observada en los últimos 9 meses),
está creciendo por encima del aumento de la oferta, sino que es la oferta la que no se ajusta
a las necesidades de la demanda. Demás está decir que, salvo el juego de palabras (siempre
la inflación implica un desbalance entre la oferta y la demanda), el argumento y sus
conclusiones se mantienen: en el corto plazo, con los actuales determinantes de la
inversión, las tasas de crecimiento vigentes del PIB no son sostenibles.
En el mediano plazo, el argumento de cómo se resuelven los problemas de oferta tiene
más sustento. Sin embargo, la inversión en transables, si bien es clave para la
sustentabilidad del sector externo, no necesariamente tiene la misma relevancia cuando se
refiere a su rol anti-inflacionario de corto plazo. Precisamente, cuando se analiza la
situación por rama de actividad, el límite de la capacidad productiva se da básicamente en
algunos sectores productores de transables cuyos precios responden principalmente a la
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trayectoria de los precios internacionales (en un contexto donde el tipo de cambio nominal
se mantiene sin cambios) y en menor medida a factores locales como la evolución de la
demanda y la capacidad ociosa. Esto es así principalmente en aquellos sectores capital
intensivos que operan habitualmente cerca del máximo de la capacidad instalada, como es
el caso de la siderurgia, aluminio, petroquímica, etc. Por el contrario, es en aquellos
sectores productores de bienes no perfectamente transables donde existe un diferencial
importante entre el precio local y el internacional, tal el caso del sector energético o el de
las carnes y lácteos, en los que efectivamente un aumento sostenido de la inversión y la
consecuente ampliación de la oferta tiene un claro componente anti-inflacionario.
Dadas las restricciones de corto plazo, el objetivo de política debe centrarse en
maximizar la tasa de crecimiento de la economía a largo plazo, evitando los ciclos de
arranque y parada recurrentes de los últimos 50 años. La decisión comunicada semanas
atrás por el Ministro de Economía de limitar el aumento del gasto público a lo establecido
en el Proyecto de Presupuesto 2006 y no ajustarlo a la mayor recaudación, como ocurrió
durante el corriente año, luce apropiada. Más aún, el establecimiento de un ancla fiscal con
un sendero de crecimiento del gasto sistemáticamente menor al de la recaudación para los
próximos 5 años, debiera constituirse en la herramienta clave para prevenir la aceleración
del proceso inflacionario. Sin embargo, ésta mayor prudencia también generará,
seguramente, una mayor afluencia de capitales, limitando parcialmente su efecto moderador
sobre la actividad económica.
En este contexto, la anticipación y credibilidad de una política monetaria que funcione
conjuntamente con la fiscal también como ancla de las expectativas de inflación y no sólo
como la contracara del resultado del balance de pagos, resulta un complemento necesario
para que el intento de definir el ajuste del tipo de cambio real vía una inflación controlada
no se transforme en una espiral que en última instancia termine afectando el crecimiento y
retrotrayendo a la Argentina a viejas prácticas de indexación, que según muestra la
experiencia histórica, podría llevar mucho tiempo erradicar.
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