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Los efectos sociales de las políticas neoliberales en Argentina
Julia Merediz
En este texto haremos referencia a los efectos sociales de las políticas
neoliberales en la Argentina, a las consecuencias sobre la estructura social y acerca
de los mecanismos de movilización y reorganización social que adoptaron los sectores
mas vulnerados de la sociedad civil en un contexto de empobrecimiento y
desocupación.
Durante la década del 70 la Argentina fue progresivamente transformándose en
una sociedad fragmentada y desigual. Estos cambios son producto de una estrategia
política y económica a nivel global y profundizado en las políticas adoptadas en la
década del 90 y que consolidan un modelo excluyente.
En este marco, el Estado actuó como un medio eficaz de fragmentación social
con mecanismos como el terrorismo de Estado, durante la dictadura militar, y mediante
el retraimiento en el nivel de calidad de las prestaciones primarias en educación y
salud, la desvinculación de los servicios públicos a favor de los monopolios
internacionales, la pauperización del trabajo industrial, y el aumento de la
subocupación y la desocupación, en los ´90.
1. Aumento de la pobreza y profundización de las desigualdades
sociales
La implementación de las políticas neoliberales ha afectado el rol y el
funcionamiento de los Estados capitalistas a nivel mundial. El final de la década del 70
es el momento en que se hace evidente el quiebre del proceso de crecimiento
económico sostenido, basado en el modelo productivo industrial, y que se manifiesta
en la tendencia a la distribución desigual de los beneficios sociales.
En la década de los años 80, la mayoría de los países latinoamericanos, entre
ellos la Argentina sumado a los modelos autoritarios de gobiernos militares, se vieron
afectados particularmente por la contracción de los ingresos de la actividad productiva,
profundizándose la inequidad en la distribución y aumentando la concentración del
ingreso en los sectores más ricos, acompañados por políticas de ajuste y achicamiento
del gasto publico, políticas de apertura comercial y reforma financiera. Los efectos
sociales y las escasas políticas de compensación, generaron un costo social muy duro
para los sectores más desprotegidos.1 En la década del noventa la profundización de
las consecuencias de dichas políticas fue de la mano del empeoramiento de la
distribución del ingreso y el aumento de la desigualdad.
Este trayecto de 30 años intercaló etapas de crisis y estancamiento económico y
social, atravesado por la represión y la fragilidad institucional en manos de los
1“La
pobreza, que en la Argentina era un hecho relativamente acotado y en las áreas urbanas confinado a las villas
miserias, integradas por familias migrantes del área rural o de países limítrofes, comienza a extenderse en la
década del setenta y a abarcar, en forma creciente, a nuevos núcleos poblacionales. La información proporcionada
para 1980 y por el estudio La pobreza en la Argentina (INDEC, 1984) muestra una considerable incidencia de este
fenómeno: 22,3% de hogares pobres, lo que significa una cifra aproximada de 7 millones de habitantes, con alta
concentración en las áreas urbanas y fuertes disparidades regionales”. Desigualdad y exclusión. Desafíos de la
política social en la Argentina de fin de siglo. Alberto Minujín, editor. UNICEF-LOSADA, 1993.
1
militares, y el surgimiento de los gobiernos democráticos. La sociedad argentina se
transformo de manera sistemática y continua dejando marcas indelebles en la
estructura social y en las prácticas políticas y culturales. Todo este proceso no solo
marcó las transformaciones negativas que llevaron a una enorme mayoría de los
argentinos a las puertas de la pobreza y la exclusión, sino que también modificó los
vínculos sociales y las estrategias colectivas de demanda y participación política.
Algunas de las consecuencias de las políticas neoliberales fueron que “en los
países ricos del capitalismo tenían sistemas de bienestar en los que se apoyaban, aun
cuando quienes dependían permanentemente de estos sistemas debían afrontar el
resentimiento y el desprecio de quienes se veían a sí mismos como gentes que se
ganaban la vida con su trabajo. En los países pobres entraban a formar parte de la
amplia y oscura economía ‘informal’ o ‘paralela’, en la cual hombres, mujeres y niños
vivían, nadie sabe cómo, gracias a una combinación de trabajos ocasionales,
servicios, chapuzas, compra, venta y hurto.
Otras de las consecuencias de las políticas neoliberales se expresan en quienes
perdieron peso político y aquellos que ganaron espacios. Entre los primeros están los
partidos socialdemócratas o laboralistas de base obrera en Europa que se fueron
adaptando a las premisas neoliberales; y entre los segundos hay nuevas fuerzas
políticas ´que cubrían un amplio espectro, que abarcaba desde los grupos xenófobos y
racistas de derechas a través de diversos partidos secesionistas (especialmente,
aunque no sólo, los étnico-nacionalistas) hasta los diversos partidos ‘verdes’ y otros
‘nuevos movimientos sociales’ que reclamaban un lugar en la izquierda. Algunos
lograron una presencia significativa en la política de sus países, a veces un predominio
regional´”.2
La Argentina de la década del 90 consolidó un modelo político-económico en el
que primó un proyecto de desmantelamiento del sistema productivo industrial, a
cambio de establecer facilidades para generar las condiciones para la acumulación de
capital. Este proyecto impuso como condición la reformulación del lugar y el rol que
habría de ocupar el Estado, tanto en la Argentina, como en el resto de América Latina.
Estos estados debieron abocarse a la garantía de los intereses de las instituciones del
libre mercado, ajustando sus intervenciones a la defensa de los derechos de
propiedad y afectando particularmente a la fuerza de trabajo y a la protección social de
sus individuos. De este modo se avaló y legitimó el debilitamiento de las condiciones
del mercado de trabajo, afectando los salarios y promoviendo la desregulación y
flexibilización de las condiciones de los trabajadores.
Otros aspectos que profundizaron la reconversión de las funciones del Estado
tuvieron que ver con las formas de regulación y el repliegue de la participación en la
economía. Sin dudas, los efectos de estas políticas provocaron efectos negativos
sobre los asalariados a través de la privatización de las empresas publicas y los
despidos que acarreó su reestructuración en manos privadas, la desregulación de los
mecanismos de seguridad social, o el empobrecimiento de los servicios sociales
universales como la salud y la educación fundamentalmente, quebrando así las redes
estatales de solidaridad.
En este contexto el Estado tendió a transferir a la sociedad la responsabilidad
2
Breve reseña sobre el neoliberalismo, Fernando Pita (ICSE, CBC, UBA).
2
de resolución de las condiciones de vida de los sectores más marginados y excluidos
que aumentaban crecientemente y se hacían visibles en los números de desocupación
y pobreza.
2. Los números de la pobreza: el mecanismo de la desigualdad
Las condiciones del proyecto neoliberal y la reformulación del papel del Estado
dejó como efecto inmediato la profundización de la pobreza en sectores que ya la
padecían y que puede identificarse como pobreza estructural. Sin embargo, como
nuevo fenómeno extendió estos efectos a los sectores medios y medios bajos. 4
millones de argentinos ingresaron a la categoría de pobres, llegando a calcularse a
fines de 1998 que casi 12 millones de personas eran pobres, alrededor del 29% de la
población. Básicamente, la pobreza aumentó y se extendió, volviéndose heterogénea
y empeorando de manera generalizada las condiciones de vida, el acceso a los
servicios básicos y al mercado de trabajo de amplios sectores sociales.
Este panorama se mostraba peor en las provincias del interior de la Argentina a
través de los indicadores de pobreza e indigencia. En 55,9 % de la población en las
provincias del Noroeste era pobre y la indigencia trepaba a un 17,6 %. En el Noreste,
los números no eran muy diferentes: con un 57,3 % y un 18,8 % de pobreza e
indigencia, respectivamente. En el año 1994, el 20 % más rico de la población pasó de
ganar 11 a 14,7 veces más que el 20 % más pobre, profundizando las relaciones de
desigualdad. En 1999, el 10 % más rico alcanzaba el 37,2 % de los ingresos, mientras
que el 10 % mas pobre solo alcanzaba a percibir el 1,5 %. Si se expresara
gráficamente, el 10 % de la población (3,7 millones de personas) ganaba tanto como
los 33,3 millones restantes.
Gráfico N°1. Desigualdad en la Argentina (1992-2004)
Fuente: Centro de Estudios distributivos, laborales y sociales de la Universidad Nacional de La Plata -CEDLAS(2005).
En el Gran Buenos Aires la proporción de personas pobres e indigentes alcanzó
el 25,9% en 1998. Esta cifra hacía visible a las familias que no alcanzaban a comprar
una canasta básica de bienes y servicios valuada, en aquel momento, en $450
mensuales (pesos cuatrocientos cincuenta). Teniendo en cuenta que la región
metropolitana de CABA y Gran Buenos Aires estaba compuesta por 11,8 millones de
3
personas, en octubre de 1998 eran 3.056.000 los individuos que no alcanzaban a
comprar una canasta básica de bienes y servicios. En términos de indigencia el
panorama era aún menos alentador. El 6,9 % de la población del área metropolitana
de Buenos Aires ni siquiera podía acceder a una canasta elemental de alimentos
valuada en la mitad de aquel monto. El 8,8 por ciento habitaban en el primer cordón
del Gran Buenos Aires (GBA) y el 10,2 % en el segundo cordón.
Gráfico N°2. Evolución de la Pobreza e Indigencia de las personas del GBA (1988-2007)
Fuente: EPH. INDEC y Altimir y Beccaria (1998) para 1974, 1980 y 1986.
Entender los orígenes y consecuencias del modelo neoliberal en la Argentina
implica considerar tanto aspectos macroeconómicos como el impacto de estos en las
condiciones sociales y económicos de miles de familias e individuos. Millones de
personas sufrieron transformaciones en materia de ingresos, consumo, estructura
familiar y vivienda, entre otros aspectos. Fundamentalmente se redefinieron las
identidades de estas personas. “Es importante destacar que la pobreza no constituye
una identidad social surgida en los grupos subalternos y objetivamente pobres; sino
mas bien es una categoría estatal a la que muchos hogares adhieren como forma de
obtener ayudas, lograr ser involucrados en los programas de políticas sociales. Ser
pobre es mas bien un estigma; aunque no tanto como “negro”, “villero”, “bolita” o
“indio”. Es una categoría elaborada, y a veces bendecida por el Estado. Reconocerse
pobre, para la mayoría de las personas es una “vergüenza”, sentimiento propio de una
situación transitoria y relativa. Transitoria, porque por más que las condiciones
estructurales cercenen las posibilidades de salir de la pobreza siempre hay un
imaginario, una fantasía de zafar. Desde la perspectiva entonces de los actores no hay
pobreza estructural fija. La referencia de los pobres para sostener este imaginario son
sus propias experiencias sociales en diferentes periodos socioeconómicos por los que
atravesó la familia. Relativa, porque muchos pobres señalan que hay situaciones
peores”3 a las que ellos viven.
La pobreza se convirtió en un tema central de análisis social, económico y
3
Isla, Lacarrieu, Selby. Parando la Olla. Transformaciones familiares, representaciones y valores en los tiempos de
Menem. FLACSO, Editorial Norma, 1999.
4
cultural. Se transformó en un problema para la legitimidad política tanto del Estado
como de otras instituciones de representación social pero fundamentalmente atravesó
la vida de entre el 25% y el 30% de los hogares en la Argentina. Millones de mujeres,
niños, jóvenes y adultos mayores nacieron, crecieron y vivieron en condiciones de
extrema pobreza.
2.1. La pobreza tiene cara de mujer
En el contexto de empobrecimiento e incremento de la pobreza se da un
fenómeno que focaliza el aumento de esta situación en la población femenina. La
feminización de la pobreza se fue configurando como un elemento particular de los
efectos de las políticas neoliberales.
Una de las características de este fenómeno tiene que ver con los índices de
pobreza. En este sentido se hace evidente una tasa de desempleo superior en la
población femenina y el incremento de hogares con mujeres jefas de hogar,
particularmente en las franjas más pobres. Generalmente, y por factores tanto
económicos como culturales, las mujeres pobres son las que menos participan en el
mercado de trabajo. Dificultades como el cuidado de los hijos, la escasez de
herramientas de capacitación a las que han tenido acceso y la escasa formación
laboral, son algunos de los elementos que garantizaron una tasa de hasta el 160% de
desocupación en este sector de la sociedad.
No solo se trata del desempleo que sufren estas mujeres, sino también la
precarización o el acceso a los empleos con menores garantías o derechos. El trabajo
femenino, de hogares pobres particularmente, se concentra en el trabajo domestico o
trabajos altamente informalizados y precarizados como talleres de costura o
ensamblaje de productos eléctricos, por ejemplo.
Fueron también las mujeres jefas de hogar desocupadas quienes, frente a la
crisis y la expulsión de los varones del mercado de trabajo, respondieron al hambre de
su familia buscando nuevas estrategias de supervivencia mínima en tareas de servicio
domestico mal remuneradas o en el trabajo comunitario.
2.2. Niños y adolescentes: variable de ajuste
Como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes fueron de los sectores más
vulnerados y desprotegidos de este proceso de neoliberal. Las consecuencias lógicas
del deterioro del acceso al mercado de trabajo de los adultos produjeron que el 50 %
de los niños del país se ubicaran bajo la línea de la pobreza, alcanzando en el Noreste
argentino al 65 por ciento. De los 13 millones de niños, niñas y adolescentes, el 23 por
ciento no tuvo asegurada una comida diaria. Los programas alimentarios diseñados
como paliativo a esta situación sólo alcanzaban al 44 por ciento del total en el
segmento que va desde los 0 a 2 años, y el 20 % en el de 3 a 4 años.
La mitad de las causas de muerte antes del año de vida eran de carácter
evitables y el nivel de desnutrición infantil llegó a alcanzar entre el 11% y el 17% hacia
el año 2001, dependiendo de la región del país.
La salud también ha sido un aspecto deficitario para la población infantil y
5
juvenil: la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años fue de 24,3 por mil, lo que
equivale a 47 muertes diarias y 17.000 al año. La tasa de embarazos adolescentes
alcanzó al 20 por ciento.
De acuerdo a datos de 2001 (INDEC), 296.000 niños y niñas de 5 a 14 años
trabajaban en los conglomerados urbanos. En esa franja etaria, 1.580.000 estaban
vinculados a actividades domésticas en sus propios hogares atendiendo la casa,
preparando la comida o cuidando a los hermanos cuando los mayores salían del hogar
para trabajar. Esta situación repercutió severamente sobre los índices de deserción
escolar, a tal punto que sólo el 23 % de los niños pobres finalizaban la escuela
secundaria y el 10 por ciento de los niños en edad escolar no asistía a la escuela o
tenía una asistencia deficitaria. 4
3. La transformación del mercado de trabajo: empleo–desempleo. El
péndulo de la exclusión
Desde la restauración democrática en 1983 la fuerza de trabajo entró en un
proceso de lo que podemos llamar desalarización. Los salarios reales sufrieron una
caída cercana al 20% entre 1990 y 1995. Asociado a la caída del número de
asalariados, la informalización y la precarización de los puestos de trabajo, el 37% del
total de trabajadores del sector privado era no-registrado o precario en 1991.
Por otra parte, el mercado de trabajo que expulsa el sector privado aumenta el
componente público de los trabajadores asalariados alcanzado un 31% del total entre
1980 y 1991. Otra característica tiene que ver con la caída de los puestos de trabajo
del sector industrial, un aumento en el sector terciario y el acelerado incremento del
cuentapropismo o el trabajo informal que alcanza a un 27% de los trabajadores
varones, en 1991. Entre otras transformaciones del mercado de trabajo, los sectores
mas calificados se vieron seriamente afectados con la devaluación de los títulos
académicos, por la escasez de puestos de trabajo calificados y consolidando el
fenómeno del “ingeniero que tiene por ocupación manejar un taxi”.
Tabla N°1. Indicadores de la evolución del mercado de trabajo (1974-2000)5
Indicador
1974 1986 1991 1995 2000
Tasa de desocupación abierta (*)
3.4
5.2
6.0
16.6 14.7
Tasa de subocupación horaria (*)
4.6
7.4
7.9
12.5 14.3
% Asalariados registrados (**)
56.9 51.4 48.1 47.0 46.0
% No asalariados (**)
28.6 33.0 28.9 28.9 25.2
% Asalariados no registrados (**) (a) 18.8 20.9 29.9 30.6 35.0
Fuente: INDEC-EPH. (*) Total de aglomerados urbanos. (**) Área Metropolitana (CABA más Conurbano
Bonaerense). (a) Excluido el Servicio domestico
4
La situación de exclusión y pobreza de la infancia, se confronta con un proceso de modificación de la perspectiva
sobre la infancia. En este sentido se modificó la consideración sobre los niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derechos y se ratificó con la firma de la Argentina en 1990 de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño.
5 Población y Bienestar en la Argentina del primer y segundo centenario. Susana Torrado (Compiladora). Editorial
Edhasa, 2007.
6
Las condiciones del mercado de trabajo en la Argentina de los 90 apuntó al
establecimiento de la desocupación como una variable estable. Un 13.8 por ciento de
la Población Económicamente Activa (PEA) formaba parte de los indicadores de
desocupación. En 1999, 1.833.000 personas estaban desocupadas según las
estimaciones del INDEC, siendo una de las tasas de desempleo más alta registrada en
la década. Entre 1995 y 1996 alcanzó a un 18,4% de la población.
Fueron 3,8 millones las personas con problemas de empleo en el país, teniendo
en cuenta que unas 1.959.000 personas estaban consideradas subocupadas, es decir,
que trabajaban menos de 35 horas semanales aunque quisieran o pudieran trabajar
más, representando un 14.3% de la PEA.
Otro fenómeno característico de este contexto fue el incremento del
denominado trabajo “en negro”. Se calcula que más de 3 millones de trabajadores lo
hacían en estas condiciones de falta de registro, por lo tanto, de falta de seguridad
social y ejercicio de sus derechos, con sueldos promedios que no superaban los $400
(pesos cuatrocientos). Esto significa que percibían menos del 50% del salario de los
trabajadores registrados, sin cobertura social, asignaciones familiares, ni
indemnización o seguro de desempleo en caso de despido. A esta situación se suma
la ausencia de aportes provisionales, la posibilidad futura de un beneficio jubilatorio o
pensión por invalidez.
Estas condiciones fueron gestando el nuevo ordenamiento del mercado de
trabajo donde la amenaza del desempleo contribuyó a la aceptación de condiciones
laborales muy lejanas a las que establecía el marco de regulación de las relaciones
laborales de los trabajadores registrados.
Para los asalariados formales las condiciones de trabajo tampoco fueron las
ideales. El marco regulador del trabajo profundizó las condiciones de precariedad de
los trabajadores y se le dio lugar a una regulación que habilitó un contexto de despojo
de derechos. Las políticas llevadas adelante podemos caracterizarlas como de
flexibilización laboral y se destacan en iniciativas y medidas como las siguientes:



Ley Nacional de Empleo 24.013 (1991) y Ley de Reforma Laboral 25.013
(1998);
Privatización del régimen de administración jubilaciones a través de las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), e
implementación de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART);
Desregulación de las Obras Sociales.
La finalidad de estas políticas era precarizar las relaciones laborales y flexibilizar los
derechos de los trabajadores apuntando a elevar la productividad y reducir los costos
salariales. Buscó también a debilitar la capacidad de negociación colectiva,
descentralizando este proceso y debilitando a las organizaciones sindicales a través
de la:




Derogación o suspensión de convenios colectivos de trabajo;
Reglamentación del derecho de huelga;
Modificación de la ley de accidentes de trabajo;
Rebaja en las asignaciones familiares;
7

Rebaja de las indemnizaciones por despido.
Complementariamente, se fomentaron y legitimaron nuevas modalidades
contractuales: períodos de prueba,
contratos a tiempo parcial, contratos de
aprendizaje y pasantías, límites a la duración de la jornada de trabajo, deterioro de la
inspección de las condiciones de trabajo y descentralización de las negociaciones
colectivas.
El aumento de la pobreza e indigencia está fundamentalmente vinculado a la
caída de los ingresos de los sectores asalariados y de los más empobrecidos de la
población. También fue producto de la caída del empleo y el crecimiento desmesurado
del desempleo, el trabajo informal o precarizado y la sobreocupación. La estabilidad
dejó de ser un elemento estructurante de la vida laboral y personal y la posibilidad del
desempleo fue un factor desestructurante en la vida de los trabajadores y sus familias.
De esta manera, se socavó la estructura de consumo de las familias y su acceso a
bienes de necesidad básica.
Cuando nos referimos a estas situaciones, estamos hablando de hogares, de
familias, de varones y mujeres que se encontraron con una dificultad extrema para
ejercer su reproducción familiar. Concretamente nos referimos a la imposibilidad de
asegurar una alimentación y nutrición adecuada para su familia, sin los ingresos
suficientes para acceder a una canasta básica y otras necesidades elementales como
la salud, educación, movilidad o la vivienda.
En el plano subjetivo, esta situación tuvo consecuencias muy graves sobre la
autoestima de estos hogares que vieron afectada su capacidad de proyección y
expectativas de vida futura, particularmente para los más jóvenes.
Como respuesta se multiplicaron las formas alternativas de supervivencia,
algunas de las cuales fueron dando lugar a la creación de espacios de organización
colectiva. Otras, alternaron entre los modelos de supervivencia más básicos, como el
desarrollo del cartoneo y la búsqueda de elementos de re-uso y comida en basurales,
y los modelos de economía alternativos, como el ejercicio del trueque e incluso el
incremento de practicas delictivas originadas en el creciente modelo de exclusión.
La situación de la Argentina respecto de la situación social se iba configurando
con indicadores negativos en amplios sectores de la población. “A principios del tercer
milenio, la suma de estos procesos se cristalizaba en una estructura social
profundamente segmentada, con signos agudos y exacerbados de desigualdad
social”.6
Este contexto profundizó las situaciones que conducen a un proceso de
heterogeneización de la sociedad, caída de los salarios, desempleo estructural y
vulnerabilidad social extrema. Se establecieron parámetros muy altos de desigualdad
social, que involucran a miles de hogares en la Argentina.7
6
Población y Bienestar en la Argentina del primer y segundo centenario. Susana Torrado (Comp.). Ed. Edhasa,
2007.
7 Los excluidos, grupo al que pertenecen las familias que subsisten en situaciones de alto riesgo, con barreras
educativas culturales y con dificultades de acceso a los servicios básicos, etc. que los deja afuera de los canales de
socialización prevalecientes. Si bien la zona de exclusión esta conformada por pobres estructurales y por algunos
nuevos pobres, la misma no necesariamente coincide con los pobres, definidos estos como los que se encuentran
8
Gráfico N°3. Evolución Tasa de Desempleo Abierto (1989-2006)
Fuente: INDEC y MTESS.
3.1. De la flexibilización laboral a la changa y los planes sociales.
Trabajadores por cuenta propia, trabajadores informales, trabajo en negro,
changa.
La idea de trabajo-trabajador informal, se extendió de tal manera que se asocia
su significado a diversos formatos de acceso al mercado de trabajo o estrategias de
supervivencia del trabajador y su familia. El trabajo informal se caracteriza por no estar
sujeto ni enmarcado en la legislación laboral y por lo tanto el trabajador no es sujeto de
los derechos y beneficios sociales asociados al trabajo “en blanco”. En este marco
podemos caracterizar algunas modalidades particulares del trabajador informal que es
diverso y heterogéneo, incluyendo tanto a grandes patrones y/o pequeñas empresas
familiares, trabajadores independientes sin patrón tan diversos como profesionales,
comerciantes, albañiles, vendedores ambulantes o changarines. Esta diversidad
también se refiere a la desigualdad en el ingreso y la vulnerabilidad laboral, el acceso
a la salud o la posibilidades de sostener una actividad económica regular.
Esta modalidad de trabajo, tiene múltiples descripciones, orígenes y
fundamentos. Aquellas definiciones que parten de la idea de productividad, califica a
los trabajadores informales como un conjunto de ocupados de baja productividad,
calificación y con una serie de desventajas relativas a los derechos laborales que los
ubica en un lugar de marginalidad. Se trata de trabajadores de empresas muy
pequeñas o actividades que requieren de muy baja calificación y tecnología mínima.
Si bien las razones para el desarrollo de esta modalidad de trabajo son
diversas, desde alternativas frente al desempleo a elecciones sobre una modalidad de
trabajo mas flexible, los trabajadores que se desempeñan en esta categoría tienen
por debajo de la línea de pobreza. Bustelo, Minujín, La política social esquiva, en Espacios Revista
centroamericana de cultura politica, n° 8, 1997.
9
como característica ingresos variables, sin un salario fijo, ausencia de beneficios
sociales como jubilación, obra social o vacaciones y licencias pagas entre otras; es
también una modalidad de trabajo que se ajusta a las características del trabajador, se
transforma en su propio jefe y se adapta a personas que generalmente requerían de
tiempos mas flexibles para auto emplearse, como mujeres o jóvenes, estudiantes o
adultos mayores, sin que esto deje afuera de estas condiciones a varones que
tradicionalmente accedían al empleo formal asalariado.
3.2. Trabajadores Desocupados
Las transformaciones estructurales en el mercado de trabajo, producto de las
políticas neoliberales introducidas desde la década del 70 y que venimos
caracterizando en este trabajo, fue configurando un proceso destacado de
empobrecimiento, vulnerabilidad y exclusión social y política. Como dijimos, en la
década del 90 se profundiza a partir de políticas de ajuste y reestructuración de la
economía y del Estado.
Este contexto definió el desmantelamiento de las formas tradicionales de
acceso y permanencia en el mercado de trabajo, y fundamentalmente expulsó a un
alto número de trabajadores del mercado de trabajo formal, precarizó a otro tanto y
consolidó situaciones en una mayoría importante de la población, que solo pudo
sostener estrategias de supervivencia. Este contexto tuvo a los sectores populares, a
los jóvenes y las mujeres como principales victimas de la exclusión.
Así es como en el caso de los trabajadores informales, la categoría del
desocupado va conformando la nueva identidad de una mayoría importante de la
población. En el marco del desarrollo del capitalismo la identidad de la clase
trabajadora se da en el ámbito de la fábrica, en el trabajo asalariado, constituyendo en
el empleo las bases materiales de vida de la población y constituyendo la identidad de
varones y mujeres. Quienes se encuentran temporaria o permanentemente
despojados de la relación salarial, aún se auto-identifican como trabajadores. La
denominación que asumen no es menor a la hora de entender las características de la
organización y consolidación de lo que fueron los movimientos de trabajadores
desocupados surgidos del contexto de empobrecimiento, marginalidad y precarización
laboral que caracterizo a la Argentina neoliberal.
El movimiento de trabajadores desocupados, fue constituido por un sector en
particular: aquellos excluidos del mercado de trabajo, en proceso de pauperización y
pobreza extrema, que tenían historias laborales diversas, pero que compartían su
imposibilidad de reinserción en el mercado formal de trabajo.
En muchos casos los movimientos no trabajaron solamente en la resolución de
las emergencias sino en la creación de identidades productivas en sectores que
sufrieron generaciones completas de exclusión de la llamada “cultura del trabajo” 8. La
diversidad de trayectos laborales de hombres, mujeres, viejos y jóvenes, los
8
Es importante tener en cuenta el rol ordenador que ha tenido el concepto del trabajo en la historia de la identidad
individual y colectivo en la Argentina, en particular desde la década del 40. La valoración simbólica de este
concepto se consolido en la estructuración de un mercado de trabajo con pleno empleo. Esto fundamenta al trabajo
como un dador de identidad y dignidad en el ejercicio del trabajo asalariado y sindicalizado. La importancia de la
vinculación al mundo del trabajo no se limita a la posibilidad que da el ingreso, sino que también dota de cultura
política a los sectores populares de la Argentina durante décadas.
10
calificados y los que no tenían ninguna experiencia, aquellos recientemente
desocupados y los que sufrieron años o generaciones de pobreza, se unifican en las
marcas que estas personas sufrieron en sus territorios, el hábitat, el cuerpo y la
expectativas.“Estos sujetos están despojados de la relación salarial, temporaria o
permanentemente, relación que necesitan para su sobrevivencia. Lidiar con esta
diversidad, socializar experiencias de vida, de trabajo y aprendizaje, construir un
nosotros a partir tanto de lo diverso como de lo que los une, son las tareas muchas
veces poco conocidas de la compleja construcción identitaria de los movimientos de
trabajadores desocupados”.9
Describir la situación del mercado de trabajo, las consecuencias en el modo de
acceso y sostenibilidad del mismo de la clase trabajadora en su conjunto, nos permitirá
observar, no solo las consecuencias sociales inmediatas a la situación laboral de los
individuos, sino el origen y desarrollo de nuevas formas de organización colectiva.
La crisis de legitimidad de los espacios tradicionales de representación de los
trabajadores, así como otras organizaciones e instituciones de la representación
colectiva, fueron perdiendo su lugar central. Estos elementos condujeron, sumados a
la desocupación ascendente a un ritmo acelerado, a un proceso de descolectivización
de la clase trabajadora.10
4. El Estado como asistente. Seguridad social y sectores vulnerables
“La reformulación del papel del Estado, sus funciones y tamaño, para adecuarlo
a los ´nuevos tiempos´, se presentó como una suerte de imperativo para los sectores
dominantes, y tuvo como objetivos centrales: 1) resignar los resortes que le permitían
al Estado nacional preservar espacios de autonomía frente a los poderes externos; 2)
restringir su capacidad de enlazar intereses sociales; y 3) eliminar los mecanismos
institucionales mediante los cuales los sectores populares puedan hacer valer sus
demandas”.11
Una de las características fundamentales para entender el surgimiento y
desempeño de los movimientos sociales, esta asociado también al tipo de rol
desempeñado por el Estado, particularmente, en materia de seguridad social y
regulación del mercado de trabajo. El Estado neoliberal actuó como un garante en la
ejecución de las propuestas del mercado y en la desatención y en detrimento de la
sociedad. Este modelo de estado, en contraposición al modelo keynesiano benefactor,
se ajustó a cumplir con el resguardo de los intereses del libre mercado y socavó las
bases de la organización colectiva de la clase trabajadora.
9
El plan jefes y jefas de hogar desocupados: sus efectos en la Protesta de los movimientos de trabajadores
desocupados. Flavio A. Gaitán - Maria Maneiro, 2009.
10 “El problema, parece estar centrado en la propia conformación de la clase trabajadora que también fue redefinida
negativamente y que ha sido decisiva para diluir su identidad. De una clase sensiblemente homogénea ha devenido
otra surcada por profundas disparidades que dieron lugar a las categorías de trabajadores en “blanco”, “en negro”,
“terciarizados”, desocupados, subocupados, pobres e indigentes, que en muchas ocasiones se superponen entre sí
porque, en conjunto, no sólo identifican circunstancias laborales distintas, sino condiciones de existencia
marcadamente diferentes. Más aún, las políticas impuestas por los sectores dominantes han tenido el recaudo de
bloquear la posibilidad de que la propia dinámica de la clase trabajadora restañe esas profundas disparidades.
Problemática esta última que se analiza a continuación porque constituye una tarea indelegable de la clase
trabajadora para reconstituirse y poder restablecer su identidad.” La distribución del ingreso en la Argentina y sus
condicionantes estructurales. Eduardo Basualdo, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 2008.
11 El Estado: Nota sobre sus significados Mabel Thwaites Rey, 1999.
11
Las políticas de privatización de las empresas públicas, como el quiebre de las
redes estatales de solidaridad, atentaron en particular sobre las condiciones de vida de
los sectores populares. Las políticas públicas y de seguridad social fueron perdiendo el
carácter universal y se consolidaron como políticas de carácter asistencial y
focalizado. Estas particularidades sobre las acciones del Estado, se concentraron en
los sectores de escasa o nula participación en el mercado de trabajo, en aquellos
sectores más excluidos y empobrecidos de la población. Estas políticas se enfocaron
particularmente al sostenimiento mínimo de las condiciones de vida profundizando las
situaciones de vulnerabilidad y desprotección de amplios sectores sociales.
Las políticas de estabilización y ajuste estructural, implementadas por el Estado
argentino y en conformidad con los lineamientos propuestos por el llamado “Consenso
de Washington”, se centraron en una abrupta reducción del gasto público y reducción
del déficit fiscal. Particularmente nos referimos a las políticas de protección social y/o
de garantía de derechos que afectaron las áreas más sensibles a la población, como
salud, educación, seguridad social.
El aumento exponencial de la pobreza logró ser un elemento de preocupación
incluso para los organismos de crédito internacional como el Banco Mundial (BM) o el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, así como fueron impulsores de las
políticas neoliberales de ajuste y reducción de gastos del Estado, también promovieron
y garantizaron el nuevo modelo de políticas sociales. Este “nuevo modelo” estaba
orientado a compensar los costos sociales del ajuste, prevenir conflictos y tensiones y
desarrollar políticas de corte focalizado, descentralizado y posibilitando formas
alternativas de mediación con los sectores populares basada en la modalidad
clientelar12.
La focalización en los sectores de la población no integrados al mercado de
trabajo está sujeta a la intención de no alterar el funcionamiento, justamente, de ese
mercado de trabajo flexibilizado y desregulado, “con la intención permanente de limitar
los efectos desmercantilizadores que, mediante la regulación de la condición salarial y
la provisión de servicios sociales universales, había alcanzado el Estado de
Bienestar”13. De esta manera, el Estado no solo respeta el principio neoliberal de no
intervención, sino que también, a partir de los ajustes, debilita su cobertura en el
sistema de protección social, afecta seriamente la calidad en la prestación de los
servicios de salud y de la educación publica. Como se observa, estas políticas
profundizaron aún más la segmentación social y esquivaron el rol del Estado como
mediador y garante de la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos.
4.1. Planes de empleo y asistencia social
Tanto el Estado Nacional como las jurisdicciones provinciales y locales, llevaron
12“La
forma clientelar de acceso a la asistencia social supone, desde las visiones clásicas, la obtención de un
determinado bien o servicio provisto por el Estado a partir de la mediación de un lider barrial, el cual a su vez
supone una reciprocidad que se expresa en la lealtad política de los referentes partidarios para los cuales dicho
mediador presta actividad. Sin embargo las miradas contemporáneas sobre el tema muestran que existe toda una
red de sociabilidad, no solo política, ligada a la trama de mediadores y tras esta modalidad se inscribe una de las
estrategias familiares de sobrevivencia de los sectores populares urbanos. (…) las relaciones asistenciales que se
entablan con el mediador, que hemos de llamar puntero en las relaciones clientelares, tienen un carácter ligado a la
noción de ayuda y no a la de derecho, con los efectos que esta mutación supone.” Maria Maneiro, De encuentros y
desencuentros. Estado y movimiento de trabajadores desocupados del Gran Buenos Aires (1996-2005),
13 Pobreza y Neoliberalismo, Ana Logiudice, 2011
12
adelante políticas paliativas a la crisis del mercado de trabajo, así como de las
consecuencias de la pobreza y la marginalidad. En este contexto, el Estado nacional
inició, ya desde 1996 y tras los levantamientos de Cutral-Co, Plaza Huincul y Tartagal,
los primeros planes de empleo. Los gobiernos provinciales y municipales se
focalizaron particularmente en la resolución de situaciones como la asistencia
alimentaria (principalmente para niños, embarazadas y adultos mayores) y el
sostenimiento del sistema de salud.
Si bien la Argentina tiene una larga historia en referencia a políticas sociales,
muchas de ellas focalizadas y vinculadas a la respuesta a situaciones de emergencia
alimentaria, de la salud y habitacional, las políticas sociales de los 90 se concentraron
en el reparto discrecional de los llamados planes de empleo, y sobre todas las cosas
apuntaron a resarcir las consecuencias del modelo de mercado de trabajo. Distintos
modos de implementación de estas políticas no universales se caracterizaron por su
implementación a través de mecanismos clientelares, generalizados entre los distintos
niveles de Estado (Nación, Provincia, Municipios) y los beneficiarios. 14
El primer programa de empleo fue el Plan Trabajar, con su implementación por
etapas: Plan Trabajar I, en 1995; Plan Trabajar II entre 1997 y 1998 y Plan Trabajar III
entre 1998 y 1999 y el Plan de Emergencia Laboral (PEL). Los beneficiaros debían
estar desocupados, no percibir el seguro de desempleo, jubilaciones o pensiones.
Estos subsidios tenían una alcance de 3 a 6 meses y un monto de no más de $150
(pesos ciento cincuenta) por titular del programa. Algunas provincias como Buenos
Aires lanzaron políticas que tenían características similares a los planes nacionales de
empleo (Plan Barrios Bonaerenses) durante la gobernación de Eduardo Duhalde.
Sobre la accesibilidad a estos subsidios, es claro que no respondían a una
lógica universal. Frente a más de dos millones de desocupados, no se otorgaron más
de 206 mil planes en el año 1997. Por otra parte, la condición de desocupado no
necesariamente asignaba el derecho al beneficio, sino que el acceso a los mismos
estaba mediado por una política de tercerización que tanto el Estado Nacional como
los locales derivaban, por un lado, en los punteros o referentes y la estructura
clientelar en los barrios populares, y también por la pertenencia o acercamiento a las
organizaciones sociales, por otro lado.
Durante el gobierno de la Alianza15, en la presidencia de Fernando De la Rúa,
los planes sociales se redujeron drásticamente profundizando la protesta social. Ya en
2002, el Plan Jefas y Jefes de Hogar (PJJD), se constituiría en una de las mayores
políticas sociales implementadas en la Argentina contemporánea. Este programa de
ingreso fue implementado durante la presidencia de Eduardo Duhalde y estaba
destinado a hombres y mujeres desocupados con una duración prevista de 7 meses.
Establecía un ingreso de $150 (pesos ciento cincuenta) por beneficiario, estipulando
su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2002. Las circunstancias de
sostenimiento de la pobreza y el desempleo produjo una prórroga en la continuidad de
(el clientelismo) “…como forma de satisfacer necesidades básicas entre los pobres (tanto urbanos como rurales)
las relaciones clientelares (entendido como el intercambio personalizado de favores, bienes y servicios por el apoyo
político y votos entre masas y elites) debían analizarse como un tipo de lazo social que podía ser dominante en
algunas circunstancias y marginal en otras.” Clientelismo político en Argentina: doble vida y negociación colectiva.
Javier Auyero. Red ALYC, 2002,
15 La Alianza era una fuerza político electoral conformada por la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario
(FrePaSo).
14
13
este programa que tuvo como objetivo el intento de sostener la situación de los
sectores más pobres y, fundamentalmente, mitigar o calmar la protesta social. Aunque
logró reducir los niveles de desigualdad, no alcanzó para reducir significativamente los
índices de pobreza e indigencia. Al PJJD se sumó la implementación de políticas de
emergencia que involucraron programas de alimentación, salud, vivienda y retención
escolar.
Tabla N°2. Beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Enero 2002-Mayo 2003
Enero 2002
20.131
Febrero 2002
170.175
Marzo 2002
349.925
Abril 2002
509.048
Mayo 2002
573.149
Junio 2002
1.180.209
Julio 2002
1.383.079
Agosto 2002
1.649.264
Septiembre 2002
1.820.307
Octubre 2002
1.734.774
Noviembre 2002
1.797.692
Diciembre 2002
1.858.657
Enero 2003
1.904.682
Febrero 2003
1.909.196
Marzo 2003
1.962.135
Abril 2003
1.987.977
Mayo 2003
Fuente: Goldbert 2004
1.922.497
Los programas de empleo funcionaron, por un lado, como mecanismo de
intercambio del Estado con los poderes políticos locales y sus punteros barriales para
garantizar una cierta paz social y, por otro lado, en los focos de negociación con los
nuevos movimientos de desocupados. Estos movimientos comenzaron a ocupar un
lugar central en la trama de relaciones del Estado con este sector de la población que
difícilmente podía ser representado por los sectores tradicionales de representación
sindical o política.16
El acceso a los planes de empleo a través de las organizaciones sociales,
constituye también una explicación sobre el empoderamiento de las organizaciones y
movimientos de trabajadores desocupados. Es posible ver como la asignación de
estos beneficios estuvo atravesada por los mecanismos de la política local, el
clientelismo y la negociación de los movimientos. Para estos últimos, la posibilidad de
16“La
gestión oficial priorizó tanto una expansión, como un cambio en la forma de negociación de la ayuda social.
En esta modificación, algunos de los principales actores como las centrales empresariales, la iglesia católica y la
matriz más institucionalizada del movimiento piquetero a partir de su participación sindical conformaron los espacios
de consenso construidos con el objeto de organizar la distribución de las políticas sociales. El movimiento
piquetero, que ya tenía divergencias enormes, se ubicó en veredas diferentes en relación con el gobierno nacional y
sus iniciativas.” GAITÁN, Flavio A.; MANEIRO Maria. El plan jefes y jefas de hogar desocupados: sus efectos en la
protesta de los movimientos de trabajadores desocupados, 2009.
14
acceso a los beneficios fue también una condición de fortalecimiento y estabilidad así
como de crecimiento como referentes en la orbita barrial.
5. Nuevos actores en escena: organizaciones piqueteras,
movimientos de desocupados y organizaciones territoriales. El
nuevo escenario de la negociación.
El contexto socioeconómico de los 90, que hemos caracterizado a través del
deterioro del mercado de trabajo y con el cambio en el rol del Estado, ha sido parte de
las causas del surgimiento de los llamados movimientos sociales, de desocupados,
territoriales y piqueteros.
Algunos de los elementos ordenadores para entender el motivo de origen de
estas nuevas formas de organización social residen en las políticas económicas y
sociales implementadas por el Estado argentino en la década del 90: empresas
públicas privatizadas, reestructuración del sector privado, crisis de las economías
regionales, deterioro de los salarios públicos y desmantelamiento de las redes de
contención y seguridad social.
También deben tenerse en cuenta que las respuestas que dio el propio Estado
frente a la demanda popular. Como pudimos ver, estas políticas de respuesta del
Estado a las consecuencias de las políticas neoliberales fueron también producto de
las sugerencias de los organismos de crédito internacional (BM y BID, entre otros),
que tuvieron por objetivo la estabilidad financiera y el freno a la acción y movilización
social.
Estos elementos, entre otros, fueron fogoneando la aparición de casos testigos
de movilización social que caracterizaron a las nuevas formas de prácticas políticas,
de manifestación y representación social, que surgen en el interior del país en la
segunda mitad de la década de los 90. En un escenario de desocupación y pobreza en
pleno desarrollo, la demanda social tuvo algunas estrategias de organización y
también generó respuestas como la represión.17
Como parte de este proceso, inician su presencia en el escenario social y
político la vertiente piquetera de las organizaciones de trabajadores desocupados de
empresas estatales privatizadas (1996: cortes de Plaza Huincul y Cutral-Co),
puebladas del interior y las organizaciones territoriales de desocupados en el
conurbano bonaerense. El proceso comienza particularmente de la mano de los
trabajadores desocupados con arraigo sindical, y su lucha contra los efectos del
proceso desindustrializador, privatizador y de flexibilización laboral de los 90.18
17
En los primeros proceso de organización popular que llevaron a la pueblada y el corte de ruta la reacción de los
gobiernos locales se asocio a desactivar las protestas y llevó a la represión con saldos fatales tanto en el sur 1996
(Teresa Rodríguez) como en el norte 1997 (Aníbal Verón). Por otro lado, las protestas se utilizaron como forma de
presión por parte de los gobiernos provinciales frente al Gobierno Nacional, en busca de mejores recursos que
permitieran saldar la crisis que provocaba las movilizaciones.
18 Aun cuando existen importantes transformaciones en sus formas de movilización, el actor que lidera la protesta
de la primera mitad de los 90 es el sindicalismo, pero ocurre que, la realidad del sindicalismo argentino vario
considerablemente durante ese periodo. A mediados de 1989, en medio de la crisis hiperinflacionarias, la
movilización era poco menos que generalizada y esa situación prácticamente se continuo con los reclamos
vinculados a los procesos de privatizacion durante los primeros dos o tres años del gobierno menemista. En
realidad, el reclamo constante a nivel nacional solo fue sostenido por los gremios docentes (CTERA) y estatales
(ATE) que ya comenzaban a definir su identidad como sindicalismo disidente (CTA). Estos gremios junto a otros un
15
Para poder entender estos modelos de organización y representación política,
debemos tener en cuenta el contexto en el que se desempeñan:
● Incremento del desempleo y la pobreza, con un profundización de estos
indicadores en mujeres y niños.
● La crisis de las mediaciones políticas tradicionales.
● Suplantación de mecanismos tradicionales de negociación con el Estado.
● Nacionalización del movimiento de trabajadores desocupados.
● Represión de la protesta social.
Las organizaciones tradicionales de representación política, como partidos
políticos o sindicatos, se ven envueltas en una ruptura y crisis de legitimidad y
representación. En tanto las organizaciones piqueteras se conformaron sobre la
identidad de trabajadores desocupados así como en los movimientos territoriales en
busca de la solución a problemáticas de empleo y la generación de estrategias
supervivencia barrial. “El movimiento piquetero, en tanto movimiento de movimientos,
reconoce dos afluentes fundamentales: por un lado, reenvía a las acciones disruptivas,
evanescentes y por momentos unificadoras, de los piquetes y puebladas del interior,
resultado de una nueva experiencia social comunitaria vinculada al colapso de las
economías regionales y a la privatización acelerada de las empresas del Estado
realizada en los 90; por otro lado, remite a la acción territorial y organizativa gestada
en el conurbano bonaerense y ligado a las lentas y profundas transformaciones del
mundo popular, producto de un proceso de desindustrializacion y empobrecimiento
creciente de la sociedad argentina que arranco en la década del 70”19
Entre 1990 y 1995 se dieron una serie de manifestaciones tanto en el interior de
la Argentina como en los centros urbanos que se caracterizaron por la oposición al
recorte del gasto publico, la reducción de salarios, despidos, flexibilización laboral o el
pago de deudas con bonos. Las puebladas, piquetes, cortes de ruta, escraches,
huelgas de hambre y variadas formas de manifestación social marcaron las estrategias
frente a un modelo de mercado excluyente y un tipo de estado que desestimó su
responsabilidad social y perdió la legitimidad ante un amplio sector de las sociedad
argentina. Un sin fin de formas, modelos organizativos y estilos de demandas fueron
conformando el multifacético movimiento de trabajadores desocupados. Se trató tanto
de nuevas formas de protesta y movilización social, como de un proceso de
sector de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el gremio de transportes, La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya
venían fuertemente movilizados a partir de su alineamiento con la CGT-Azopardo de Saul Ubaldini, quien había
liderado la oposición del sindicalismo durante los últimos años del gobierno alfonsinista.
18 Por ultimo, hacia fines de 1991 la progresiva diferenciación entre una alineación sindical que buscaba adaptarse
frente a las transformaciones económicas y otra que comenzaba a buscar herramientas de resistencia. Quedo
definida. Junto con la salida del gobierno de un grupo de diputados peronistas, el sindicalismo disidente tomo forma
y programa hacia fines de 1992 con la realización del Congreso Nacional de los Trabajadores Argentinos. Lo mas
significativo de este nuevo proceso de escisión sindical será no tanto la ruptura en si cuanto el progresivo
alejamiento de la nueva central sindical de la relación orgánica con el Partido Justicialista y de manera mas
ambigua con la identidad peronista. Junto a esa progresiva diferenciación conflictiva, los gremios enrolados en la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se encontraron sumamente afectados por las transformaciones
económicas y políticas durante los 90. El reclamo de maestros, empleados estatales y personal de la salud en las
provincias argentinas es constante durante los 90. Esos conflictos, urgentes y acuciantes, tenían como
interlocutores a los gobiernos municipales y provinciales como encargados directos de resolver los problemas. Lo
mas interesante de este proceso es que se abrió un espacio entre la política nacional y provincial-entre la
administración nacional y las provinciales como instancias de negociación- que permitió una diseminación del
conflicto y represento un recurso invalorable para dilatar y desgastar la fuente de conflicto. Entre la ruta y el barrio.
La experiencia de las organizaciones piqueteros. M. Svampa, S. Pereyra. Editorial Biblos, pág. 27.
19 Idem anterior, pág. 19.
16
visibilización de los desocupados como nueva categoría social de reclamo y de
derechos.
Para este movimiento el desafío fue doble: visibilizar la problemática del
desocupado, darle entidad y presencia en la agenda publica, por lo cual el corte de
ruta y el piquete fueron las metodologías de protesta que les permitieron hacer público
su reclamo. Por otra parte, el desafío era convertirse en un actor político y un modelo
de organización popular válido en el escenario político y social de la Argentina,
reconstituyendo la identidad de miles de personas despojados de las condiciones del
trabajador en sentido tradicional.
La importancia a la hora de desarrollar el proceso de estas organizaciones se
centra tanto en las situaciones que le dan origen como el lugar y formas de vínculo,
acuerdo, negociación y/o confrontación con el Estado que sostuvieron las
organizaciones piqueteras.
5.1. El rol de los movimientos sociales: las organizaciones territoriales y
las nuevas practicas políticas. Sujetos colectivos movilizados frente a la
emergencia
El proceso de organización social que se fue gestando resultó heterogéneo y
complejo. Aparecen en escena actores sociales con una identidad distinta a la de los
actores políticos clásicos como la clase trabajadora. Estos nuevos actores se
constituyeron a partir de sus formas de protesta, en la ocupación alternativa del
espacio publico y poniendo en agenda los temas de los sectores sociales que el
modelo neoliberal excluyó. Además del movimiento piquetero, la sociedad argentina
dispuso un escenario de múltiples actores. Cada uno de ellos hizo evidente en su
protesta las falencias del Estado y su ausencia, así como también el rol regulador del
mercado en la vida social.
El contexto social de la Argentina de los últimos 30 años, se caracterizó por la
multiplicación de espacios de participación y lucha, fragmentación de los espacios
tradicionales de sociabilidad, la privatización de lo público, la exaltación del
individualismo y la profundización de las fracturas en las identidades colectivas. En
este proceso histórico, fuertemente marcado por las consecuencias de la dictadura del
Proceso de Reorganización Nacional20 y las dificultades de una restauración
democrática, estuvo atravesada por serios desafíos económicos y sociales que
profundizaron la desintegración de ciertas categorías sociales y políticas como pueblo,
clase y nación.
Los procesos organizativos que se desarrollan, fundamentalmente, a partir de la
década del 90, se pueden comprender como hechos que implican prácticas dirigidas a
lograr un mejoramiento en la calidad de vida o la reivindicación de los sectores con
mayores desventajas. Estos procesos organizativos deben ser interpretados como
nuevas formas de acción política. Se trata de procesos complejos y diversos que
involucran múltiples discursos y visiones sobre la realidad, pero que, de alguna
manera y sin negar sus contradicciones y diferencias, van reconstituyendo ciertas
identidades colectivas a partir de nuevas practicas, horizontes políticos y metas
20
Dictadura cívico-militar durante el período 1976-1983.
17
sociales. “La identidad se transforma en una categoría tanto para comprender la
conformación de un sujeto social a partir de una subjetividad colectiva, como para
reconstruir las dinámicas de los movimientos sociales donde la subjetividad y la
identidad se articulan con proyectos (una dimensión de futuro) y acción colectiva
(voluntad)”.21
Este escenario marcó en los actores organizados la necesidad de crear formas
nuevas de acción colectiva, a replantear estrategias que frente a las crisis potencien
formas alternativas de acción, de relaciones y de representación que los espacios
tradicionales, como partidos políticos o sindicatos, no brindan.
Amplios sectores de la sociedad con demandas y necesidades materiales y
simbólicas no satisfechas generaron, desde la cultura de la urgencia, nuevos modelos
de socialización. Esta población, mayoritariamente golpeada y prácticamente excluida
del acceso al trabajo, al consumo y, progresivamente, de la salud, la educación y la
seguridad, estableció una experiencia de vida centrada en el presente frente a la
ausencia de expectativas sobre el futuro propio y de sus hijos. Las ofertas
institucionales convencionales generaron una fuerte desconfianza a estos sectores y
no encontraron mayor respuesta en las instituciones del Estado.
En el ámbito colectivo, este nuevo modelo de organizaciones sociales se
constituye a partir de la lógica de la inmediatez y la resistencia ante la crisis. Por lo
tanto, las diversas formas de acción colectiva, estructuran sus demandas y
reivindicaciones de una manera en que los modelos tradicionales de representación no
ejercían. Complementariamente, establecieron formas nuevas de identidad colectiva
(piquetero, asambleísta, desocupado, etc.) y de vínculo con el Estado.
Para algunas organizaciones piqueteras la reivindicación de un trabajo digno
era el eje de su postura. Para otros movimientos primó la resolución de la urgencia con
la exigencia por alimentos y el acceso a los programas sociales del Estado. Ambas
posturas apuntaban a resolver las consecuencias de la crisis. También la metodología
del corte y la organización social fueron elementos compartidos por las distintas
vertientes del movimiento de trabajadores desocupados. Estas organizaciones que
configuraron su lucha en la búsqueda de la defensa y la garantía de los derechos
sociales y económicos, construyeron espacios de acción colectiva alternativa y popular
vinculada al trabajo barrial. Construyeron estrategias de trabajo cooperativo, espacios
comunitarios de solución de conflictos y demandas de las familias y vecinos,
comedores y ollas populares, emprendimientos productivos como panaderías,
bloqueras y talleres textiles que permitieron el sostenimiento de las organizaciones y
sus miembros. Estas prácticas se fueron desarrollando tanto en organizaciones de
lucha y reclamo (piquete o corte de ruta como metodología) como en organizaciones
de trabajo territorial.
Estos no han sido los únicos signos de recuperación de la práctica y de
participación colectiva. Fueron muchos los ejercicios de la ciudadanía para
reconfigurar un escenario que rompiera con la fragmentación y el aislamiento que
produjo el neoliberalismo. Infinitas experiencias de pequeñas organizaciones barriales
y culturales convivieron con procesos de movilización y protesta social que tuvieron su
fundamento en la extendida crisis del Estado y del mercado. Muchas de ellas tuvieron
21
Martin Retamozo. Los Movimientos Sociales en la Argentina, 2011.
18
una fuerte incidencia publica, vinculadas a luchas por la defensa de la educación
pública, como el movimiento estudiantil en oposición a la implementación de la Ley de
Educación Superior o la Carpa Blanca de los gremios docentes, los movimientos de
Derechos Humanos y los escraches a los represores de la dictadura de la mano de
HIJOS, la defensa de los derechos de niños y niñas en situación de pobreza por el
Movimiento Nacional de los chicos del Pueblo, las nuevas estrategias de organización
sindical y social como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la propuesta
del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), el desarrollo del movimiento de
fábricas recuperadas y las marchas populares en reclamo de justicia o frente a la
violación de derechos por parte del Estado (Marchas del Silencio por Maria Soledad
Morales en Catamarca), entre otras. A partir de 2001/2002, se va delineando la
participación de los sectores medios urbanos como los asambleístas barriales o los
“caceroleros” que vieron confiscados sus ahorros por el sistema bancario. Muchos
otros procesos organizativos y reivindicaciones territoriales y nacionales conformaron
los denominados nuevos movimientos sociales donde se destacan las organizaciones
de desocupados y la práctica piquetera.
5.2. De la privatización a los primeros cortes de ruta. Los
movimientos de desocupados
Este contexto de múltiples demandas y situaciones diversas de trabajadores
estatales y privados, multiplicó focos de conflicto y de negociación con los gobiernos
nacionales o provinciales. Uno de los casos emblemáticos fue el producido por la
privatización de las empresas del Estado (servicio de trenes, servicios públicos, rutas,
Aerolíneas Argentinas, SOMISA, YPF, YCF), que tuvo efectos inmediatos de cierres y
despidos masivos y el efecto rebote inmediato en la descomposición de las economías
regionales.
Los mecanismos y demandas que estructuraron las movilizaciones populares,
en las distintas provincias fueron diversos y tuvieron una impronta local.
Posteriormente, en los finales de los 90 tuvieron un alcance nacional. Este se vio
reflejado al principio de la década con los empleados públicos nacionales o en la
situación de los jubilados afectados por el ajuste global y las transformaciones del
sistema provisional. 22
Piquetes, cortes de ruta y puebladas convergieron intereses de poblaciones
abruptamente marcadas por los efectos de la desindustrialización y la desocupación
mas cruda que sufrió la Argentina. Se destacan, como casos testigos, los cortes de
Cutral Co, y Plaza Huincul en Neuquén, así como Tartagal y Mosconi en Salta. Estos
procesos hicieron manifiestas las condiciones de desesperación de grupos de
empleados y despedidos de las ex empresas estatales, así como también de todo su
entorno familiar y local que se vio igualmente afectado.
La crisis de las economías regionales, afectó tanto a comerciantes y pequeños
empresarios, sindicatos y partidos políticos locales como a los despedidos y
desocupados. Esto constituyó un elemento unificador que fue la expresión de las
22
En la segunda mitad de la década, en abril de 1997, se inicio un conflicto que tomo carácter nacional, que fue el
llevado adelante por la CTERA, que hizo evidente la situación de los trabajadores, tanto como el de la educación
como una responsabilidad del Estado en crisis. Este proceso tomo relevancia con la puesta en marcha de la huelga
de hambre de la Carpa Blanca docente, conflicto que se extendió hasta diciembre de 1999.
19
consecuencias de una economía de mercado y un Estado en retirada, particularmente
en el interior de la Argentina.
Desocupados y piqueteros comenzaron a preocupar al Estado Nacional y a los
locales. La reacción ante las medidas de fuerza de la población dio lugar también a un
proceso de respuestas represivas que compartieron tanto los responsables políticos
de las jurisdicciones del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad,
en particular la Gendarmería. Los efectos provocados, contrariamente a calmar y
evitar estos procesos de movilización popular, le dieron lugar a la resignificación de la
lucha de actores que continuaron con sus metodologías de corte de ruta y resistencia
a las fuerzas de seguridad.
En este sentido será importante considerar, por un lado, los efectos que este
proceso de movilización popular generó entre sus protagonistas y, por otro lado, el que
se propició desde los sectores del poder político y mediático para instalar en la
población en general una mirada mas bien negativa de estos procesos de
organización y reclamo popular. Para los piqueteros este desarrollo inició un camino
de construcción de una identidad no solo desde la practica que les da el nombre, sino
y fundamentalmente, en la idea de reconstruir la identidad colectiva de estos sectores
que sufrieron mas brutalmente los efectos del neoliberalismo.
Como señala Maristella Svampa: “El nombre piquetero, además de atraer la
atención –de los medios y el sistema político-por su fuerza expresiva, representaba
una alternativa para aquellos para los cuales una definición, como la de desocupados,
les resultaba intolerable. Especialmente, para quienes habían sido -y aun se
consideraban- trabajadores, la posibilidad de nombrarse piqueteros tuvo un poder
desestigmatizador que facilitó la inclusión de esos sectores en las organizaciones. Un
nuevo motivo de dignidad- que entonces reemplazara la perdida dignidad del trabajopodía comenzar a buscarse explorando y explotando la categoría de piquetero,
desterrando la de ´desocupado´”23.
El resultado, por otra parte, también alcanza para desandar el modelo de
accesibilidad a los escasos recursos sociales del Estado, como fueron los planes de
empleo. En el marco del endurecimiento de la metodología piquetera, muchas de las
organizaciones que le fueron dando cuerpo al movimiento de trabajadores
desocupados lograron la administración de subsidios e incluso en algunos casos por
encima de los que administraban algunos municipios.
5.3. El Conurbano bonaerense y la organización territorial. De la olla
popular a la organización comunitaria
En los circuitos urbanos más importantes del país, y en particular en el Gran
Buenos Aires, los movimientos populares son el resultado de un proceso de
empobrecimiento de largo plazo originado en los 70. El incremento de la pobreza se
refleja en las tomas de tierras suburbanas desde tiempos de la dictadura y el
empobrecimiento generalizado de la población desde la restauración democrática.
23
Maristella Svampa y Sebastian Pereyra. Las dimensiones de la experiencia piquetera: Tensiones y marcos
comunes en la organización y movilización de desocupados en Argentina (formato .pdf) publicado en REVUE DU
TIERS MONDE, Paris, Francia, abril/junio 2004.
20
Otros modelos de organización social y popular se fueron gestando y adquiriendo un
lugar particular en la resolución de situaciones propias de la emergencia social, la
pobreza y el desamparo de los sectores más vulnerados por parte del Estado. Es en
los barrios pobres del conurbano donde la organización social se enmarca en los
reclamos por el hambre de los vecinos o en la búsqueda de soluciones al tema del
empleo. La organización popular se sostiene en los lazos construidos por la
territorialidad por la dimensión barrial de las relaciones. Se trata de un tipo de
organización que se sustentó en redes de solidaridad, en la lucha por la tierra y la
vivienda, el acceso a los servicios básicos (asfalto, luz, agua, atención sanitaria, la
escuela en el barrio) y la resolución de la urgencia de sus integrantes.
Estos espacios, si bien con menor relevancia política y mediática que las
organizaciones surgidas en el interior, se fueron gestando como alternativas de
resolución de las crisis y emergencias. En este sentido, comedores comunitarios,
copas de leche, organizaciones de mujeres que velaban por la solución inmediata de
situaciones básicas (como la alimentación de los niños y niñas de los asentamientos y
villas populares), también fueron cumpliendo un rol de nuevos organizadores sociales.
Algunos de ellos, además de la resolución de la emergencia, fueron consolidándose
como espacios alternativos de reconstrucción social y, en los casos más
desarrollados, también desempeñaron un rol político en un contexto de fragmentación
consolidándose de manera autónoma respecto de los modelos tradicionales de acción
colectiva.
Si bien este modelo de organización social surge bajo las condiciones de la
cultura de la emergencia, muchas de ellas lograron conformar una estructura
organizativa, generando estrategias diversas de negociación con el Estado local, en
primera instancia municipios, estados provinciales o nacional.24
Como todo movimiento heterogéneo existieron diferencias de origen, de
organización y de demandas y posiciones frente al Estado. Pero sí es fundamental
destacar que, a pesar de su heterogeneidad, se desarrolló una lucha y ejercicio
constante por la construcción de un tipo de identidad que confluyera,
fundamentalmente, en la dignificación de los sectores empobrecidos y pauperizados.
Los puntos de encuentro y distanciamiento entre las diversas organizaciones no le
quita relevancia al hecho destacado de un proceso de organización social diverso que
ensayó un modelo de participación política alternativa.
“La capacidad de interpelación de las necesidades populares por parte de los militantes sociales y la inserción en
los territorios de las experiencias subalternas (comunidades eclesiales de base, toma de tierras) consolidaron los
primeros grupos de desocupados organizados, entre ellos cabe destacar el MTD Solano y el MTD Teresa
Rodríguez (luego MTR). Este último grupo propició las primeras utilizaciones del piquete como repertorio de
confrontación obteniendo planes sociales a fines de 1997. Este hecho es fundamental en tanto constituye un acto
fundacional del “movimiento piquetero” en territorio bonaerense. Si bien en diferentes lugares del conurbano
bonaerense se desarrollaron las experiencias de las tomas de tierras y formación de asentamientos, fue en el
populoso partido de La Matanza el lugar en donde se consolidaron emprendimientos que resultaron fuentes del
movimiento de desocupados. Paralelamente a la formación de los MTD referido en el apartado anterior se fueron
consolidando dos organizaciones que a la postre serían masivas en el movimiento: la Federación de Tierra y
Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Ambas se componen de organizaciones de base (juntas
vecinales, sociedades de fomento, cooperativas) que fueron resultantes del procesos de toma de tierras antes
referido”. El movimiento de trabajadores desocupados en Argentina. Subjetividad y acción en la disputa por el orden
social. Martin Retamozo, 2011.
24
21
6. Se viene el estallido
Luego de 10 años de gobierno de Carlos Saúl Menem, la Alianza UCRFrePaso abrió las puertas a un proyecto electoral basado en la lógica de la honestidad
versus la corrupción, sin que su posición minara en lo más mínimo las bases del
modelo neoliberal de Estado y de mercado. Sin embargo, el modelo dio signos
inmediatos de agotamiento y el gobierno de Fernando De la Rúa se vio envuelto en
escándalos de corrupción, debilitamiento de la propia figura presidencial y del conjunto
de la clase política.
Ni la pobreza, ni las condiciones de vida de la mayor parte de la población
tuvieron ningún tipo de transformación positiva. Por el contrario el carácter de las
protestas sociales se expandió y profundizo entre 1999 y diciembre de 2001.
En el mismo 2001 se hace evidente un proceso de crisis de legitimidad de la
política. El neoliberalismo dejó huellas profundas en la estructura social, pero dejó
también la posibilidad de un proceso de organización colectiva y social que no
necesariamente evitó la represión en un marco de descomposición económica y
política. Sin embargo, se multiplicaron los movimientos y movilizaciones sociales que
actuaron como focos de resistencia colectiva, en algunos casos dispersas, pero que
tuvieron como eje la no resignación, y la resistencia a las políticas de mercado y la
ausencia del Estado.
El modelo de acumulación y las respuestas estatales a las demandas del
mercado no hicieron más que atacar a los sectores medios y pobres. Y en este marco
se fueron multiplicando las acciones de repudio a las políticas de Estado y los
mecanismos de protesta generalizados. Los sectores altamente vulnerados por las
políticas de mercado y la débil intervención del Estado en la garantía de derechos,
también se manifestó como un síntoma claro de la crisis de representación de los
partidos políticos tradicionales y de la desconfianza hacia “la política”.
En este periodo, el sistema político en su conjunto (y sus representantes, en
particular) sufrieron un fuerte deterioro y una profunda crisis de legitimidad. Esto quedó
en plasmado en una consigna histórica de descrédito hacia la dirigencia partidaria: el
“Que se vayan todos. Que no quede ni uno solo”. Esto significó, al menos
momentáneamente, la ruptura entre pueblo y dirigentes políticos.
El ajuste del gobierno nacional a los salarios y jubilaciones, el recorte a las
políticas sociales25 y la confiscación de ahorros del sistema bancario (el corralito),
entre otros factores, desencadenaron la reacción de la clase media. Sumado a la
demanda de los sectores populares por planes sociales y por trabajo, el 2001 fue el
25
El cumplimiento de las prestaciones se ha visto también afectado por brutales recortes en la asignación
presupuestaria destinada a los programas sociales, como el que dispusiera, en julio de 2001, la ley 25.453, llamada
“de déficit cero”. Esta norma modificó sustancialmente la dinámica de la utilización de los fondos públicos,
afectando tanto al gasto social como a la totalidad de las jubilaciones, pensiones y salarios de los empleados
públicos. Otro ejemplo de las disposiciones de la Administración, en este sentido, fue el recorte de los fondos
destinados a programas sociales alimentarios que beneficiaban a 4.442.000 personas, y que fueron recortados en
razón de la decisión administrativa nº 228/2001 de la Jefatura de Gabinete del ex presidente Fernando de la Rúa, y
que motivaron la presentación de un amparo judicial ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. Por
la instrumentación de este sistema se vieron afectados los programas sociales alimentarios38, sanitarios y de
ayuda social, destinados a brindar cobertura a población con necesidades básicas insatisfechas. Documentos Cels,
Protesta Social. http://www.cels.org.ar/common/documentos/protesta_social.pdf
22
escenario más caliente de la protesta social. La tensión entre las protestas y
manifestaciones y la represión de las fuerzas de seguridad fue incrementándose. Se
presentó entonces un clima cada vez más complejo y asfixiante, que llevó, incluso, a la
declaración del Estado de Sitio el 19 de diciembre de 2001. La protesta social durante
la madrugada de ese día y la jornada del 20 de diciembre, produjeron una de las
jornadas de represión más brutales desde la recuperación democrática. Como saldo
se contabilizaron 30 muertes y la renuncia del presidente Fernando De la Rúa.
Las protestas de diciembre de 2001 fueron el efecto condensado de sucesos (y
procesos anteriores) que pusieron en evidencia las posibilidades de movilización social
e incluso, en ese momento, la confluencia de una serie de consignas (Piquetes y
cacerolas) que implicaron un punto de encuentro entre los sectores populares y la
clase media. Como resultado de este proceso se conformaron asambleas vecinales a
partir de 2002. Esta práctica se extendió, en esta coyuntura, entre los sectores medios.
Juntos, el cacerolazo y la protesta en el espacio publico, revitalizaron y re-politizaron el
barrio, la plaza y la calle, recomponiendo vínculos más cercanos como el del vecino.
Esto puede entenderse como un modo de participación política por fuera de los
canales tradicionales de la política partidaria y la lógica estatal.
La crisis institucional de fines de 2001, condujo a un proceso corto pero de
intensa dinámica, en el recambio de 5 responsables en el Ejecutivo Nacional en
menos de una semana. Este proceso se cierra con la asunción a la presidencia del
entonces senador Eduardo Duhalde, período en el cual las manifestaciones sociales y
la activa presencia y acción de los movimientos sociales, asambleas y movimientos
piqueteros se mantuvieron en actividad.
En esta etapa, las políticas del gobierno se adecuaron nuevamente a los
mandatos de los organismos de crédito internacional, profundizaron la crisis y
sostuvieron los índices de pobreza y desocupación. Paulatinamente, las
organizaciones de desocupados comenzaron a diferenciarse por sus estrategias y
metodologías respecto al modo de negociar y entablar relaciones con el Estado. El
Movimiento de Trabajadores Desocupados se volvió diverso y manifestó discrepancias
políticas en la lucha por el acceso a los subsidios o la demanda por trabajo. A pesar de
la implementación de políticas como el Plan Jefes y Jefas de Hogar, como mecanismo
de control de los sectores más pobres, el gobierno de Duhalde intensificó la represión
y la criminalización de la protesta con aquellas organizaciones que se resistieron a
abandonar la demanda callejera. Esta situación se hizo evidente en el proceso
represivo de la manifestación popular que tuvo su punto máximo en la masacre del
Puente Pueyrredón. “El temor a una gran represión, evocando los horrores de la
pasada dictadura militar, abrió una gran herida en las organizaciones movilizadas, que
encontraría una acelerada confirmación en los sucesivos desalojos y represiones que
caracterizaron el final del gobierno provisorio de Eduardo Duhalde (2002-2003”). 26
La profundización de las protestas y la inmediata respuesta de represión
llegaron a su punto mas crítico con el asesinato de dos jóvenes militantes a manos de
la policía de la Provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, el 26 de junio de 2002. Los
asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el ocultamiento de los
responsables y el debate sobre la represión de la protesta social, multiplicaron las
26
SVAMPA, M. Argentina, una década después. Del «que se vayan todos» a la exacerbación de lo nacionalpopular, 2011
23
protestas y la articulación de diversos actores desde la CTA, organismos de DDHH,
Asambleas Barriales y el movimiento estudiantil. Estos hechos pusieron en evidencia
la necesidad de repensar el rol del Estado frente a la demanda social y como resultado
se definió la convocatoria para elecciones nacionales para marzo de 2003.27
A pesar del protagonismo de las organizaciones sociales en esta nueva
configuración de la organización y participación política, el proceso electoral se definió
entre las organizaciones políticas tradicionales. La dinámica institucional posterior al
2001, pese al fuerte debate y movilización que puso el eje en la renovación de la clase
política con el “que se vayan todos”, no logró superar la demanda de normalización
institucional. Las asambleas barriales y organizaciones piqueteras no pudieron
contrarrestar ni ser una alternativa al modelo político tradicional que se reorganizó con
la presidencia de Duhalde y consolidándose, nuevamente, a partir de las elecciones de
2003.
27
Recordemos que, en los años 90, las políticas neoliberales habían producido una ampliación de las fronteras de
la exclusión, delineadas principalmente por la problemática de la desocupación. En un contexto de
empobrecimiento y de descolectivización de las clases populares, habían nacido las grandes organizaciones de
desocupados (piqueteros), cuyos ejes centrales eran la acción directa (el corte de ruta o piquete), el trabajo
comunitario en el barrio, el control de planes sociales otorgados por el gobierno y la democracia asamblearia. Estos
actores tuvieron centralidad en el espacio político-social a partir de 1999 y muy especialmente en 2002, a través de
las movilizaciones hacia la ciudad de Buenos Aires, con fuertes reclamos orientados al Estado. De modo que, vista
desde abajo, la profunda crisis de 2001-2002 resultaría en el reforzamiento de las organizaciones de desocupados,
así como en la emergencia de una multiplicidad de movilizaciones que apelaban a diferentes tradiciones políticoideológicas, tales como la matriz clasista tradicional, la nacional-popular (desconectada, en ese momento, del
partido peronista) y la nueva narrativa autonomista, en esos tiempos una matriz en construcción. Svampa Maristela
24
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