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Instituto Salesiano de Formación Docente Pio X - Nivel Superior
Profesorado de Filosofía
Argentina en el Mundo Contemporáneo
Curso: 1° Año
Unidad: Controversias en salud, educación y vivienda.
Sociedad y Estado
En una sociedad capitalista, la principal relación de dominación es la que se establece
entre capitalistas y asalariados. Esta relación es el corazón de la sociedad civil.
La dominación es relacional, es una forma de vinculación entre los sujetos sociales, implica
una relación de poder asimétrica, desigual.
El capitalismo supone la desposesión de los productores de sus medios de producción y su
transformación en hombres libres de vender su fuerza de trabajo.
El Estado es la instancia política de la dominación en una sociedad territorialmente
determinada. El Estado es garante de las relaciones sociales, incluso las relaciones de
producción, no es un garante externo ni posterior a dicha relación, es parte constitutiva de
esa relación. El Estado no respalda al capitalista o al trabajador, sino a la relación social, su
función es garantizar la existencia y reproducción del capitalista y el trabajador como
clases sociales.
Se concibe al Estado como una relación social, y como tal no es autónomo de la sociedad
civil, ni tampoco es una estructura homogénea, es producto y productor de la sociedad.
En el proceso histórico de construcción de la sociedad capitalista el Estado se constituye
como Estado Nación Moderno, basado en los principios de igualdad y libertad.
La libertad del trabajador de vender su fuerza de trabajo es sostenida por la libertad que
implica ser ciudadano de un Estado moderno.
“El Estado Moderno, como referente de la ciudadanía, se funda en la idea de igualdad y
libertad, y como constitutivo del proceso de acumulación capitalista, se funda en la
desigualdad estructural y la dependencia que resulta de la subordinación del capital al
trabajo” (Grassi, 2003)1.
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Los conflictos sociales que surgen de las relaciones desiguales también se replican en el
Estado. Los problemas sociales son resueltos en arreglos y formas de Estado particulares,
según sean las condiciones de las relaciones de fuerza de la sociedad.
Los arreglos se traducen en normas e instituciones, en políticas sociales que dan cuenta de
la lucha social en un espacio y tiempo determinado, y que pueden generar cambios en la
sociedad, entendiendo que la transformación de la realidad social desde el poder estatal
es siempre una adecuación y asimilación de la presión que viene desde la misma sociedad.
Las políticas públicas se definen como acciones u omisiones estatales dirigidas a satisfacer
necesidades sociales y orientadas a la reproducción de las condiciones de vida de los
sujetos. Los sujetos sociales no son receptores pasivos de las políticas sociales, éstos las
demandan, las construyen y reconstruyen y las políticas sociales construyen sujetos.
Políticas Públicas
Aguilo sostiene que las políticas sociales de un determinado periodo no pueden entenderse sin
tener en cuenta los elementos definitorios de la estructura socioeconómica y del Estado.
Cuando habla de políticas sociales se refiere a 2 fenómenos: las acciones concretas que el Estado
realiza y los discursos políticos y académicos que fundamentan esas acciones. Así es que podemos
encontrar diferentes discursos sobre los objetivos y
mecanismos de la política social.
“… Cada sociedad define con precisión los umbrales mínimos
por debajo de los cuales un sujeto puede hacerse acreedor de
una prestación estatal. Define además, el contenido, la cantidad,
la forma y el origen del financiamiento de la prestación...”
(Aguilo, 2005)2
El para quién y el para qué definen la naturaleza de las políticas
públicas.
La respuesta que una sociedad da a estas preguntas resulta de
luchas entre distintos grupos sociales que presionan para definir
de una manera más favorable para ellos la orientación de las
Para quién?
Toda la sociedad, ciertos grupos,
ciertos individuos.
Para qué?
Mejorar la distribución del
ingreso, reducir la pobreza,
capacitar recursos humanos para
la economía, bienestar de la
población, asegurar condiciones
equitativas de ingreso al mercado
de trabajo, generar clase media,
amortiguar conflictos sociales,
asistir a los indigentes.
políticas públicas.
1. GRASSI, E. Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal, la otra década infame (I), Espacio Editorial, Buenos Aires, 2003.
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Salud Pública
1-Universalidad y gratuidad de la salud
El Estado Social (1930 – 1976) se caracterizó por la institucionalización de las políticas públicas de
salud. En el período anterior, la salud era considerada una responsabilidad individual, y los
prestadores de salud eran entidades sin articulación entre sí (mutuales, beneficencia, privados).
El Estado intenta centralizar y coordinar la salud pública desde 1922 con la creación de la
Subsecretaria de Salud Pública y Asistencia Social dependiente del Ministerio del Interior. En 1943
pasa a ser Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social y desde 1946 con Perón como
presidente pasa a constituirse en Secretaría de Salud Pública.
Durante el peronismo (1946 -1955) se crean hospitales, se desarrollan campañas de vacunación y se
implementan políticas de prevención con el objetivo de acercar la salud a las masas e integrar al
sistema sanitario a las regiones y poblaciones alejadas de los centros urbanos.
El paradigma es el de la planificación estatal centralizada pues el Estado es el prestador de todos
los servicios de salud. Rigen los principios de universalidad y gratuidad de la salud, sobre la base
del desarrollo de una medicina social (incluye al Estado y a la comunidad).
El sistema de salud que se organiza durante la gestión del Ministro Carrillo considera a la salud
como una condición de bienestar, un derecho, y desde el Estado se aborda de una manera integral:
el sistema sanitario de un pueblo también depende de las condiciones de la vivienda, de
alimentación, de las condiciones salariales.
ESTADO SOCIAL y Ciudadanía
Durante el Estado Social, la fuerte intervención y regulación estatal en la sociedad fue
de carácter centralizada. Convivían la lógica universalista en el campo de la salud y
educación y el seguro social vinculado a la categoría ocupacional. El sujeto de las
políticas sociales fue el trabajador asalariado. Si bien los discursos políticos eran de
tipo universalista en la práctica se privilegió el status ocupacional por sobre la
condición de ciudadanos a la hora de recibir beneficios. (Aguilo, 2005)3
2. AGUILO, J.C. Políticas sociales en Argentina: de la Sociedad de Beneficencia a la focalización compulsiva, Mendoza, Argentina,
2005, disponible en: http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/aguilo.pdf
3. Ibíd.
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Durante este periodo histórico (1930-1976), sociedad y Estado tuvieron una forma particular de
relación, que podemos definir en función de los siguientes puntos (García Delgado, 1994)4
ESTADO SOCIAL
Subtipos
Modelo de Acumulación
.Nacional popular
.Desarrollista
.Burocrático Autoritario
Rol del Estado
Régimen político
Industrialismo
Interventor y
Alternancia entre
Sustitutivo
Regulador
Autoritarismo y
(conjunto de instituciones y prácticas
Democracia
que posibilitan el proceso de acumulación
de capital, entendido como actividad de
(forma de organización y
estructuración del poder político,
generación de ganancias y de toma de
decisiones de inversión)
es la forma en la que elige sus
miembros y se legitima)
2-Debilitamiento del sistema de salud universal-gratuito
En 1970 la ley 18619 establece que los asalariados del sector formal privado y del sector público
deben aportar obligatoriamente a una Obra Social por la prestación de los servicios de salud (no
solamente los afiliados sino todos los trabajadores bajo convenio colectivo).
El Estado cumple la función de regulación del nuevo sistema
El sistema de salud se fragmenta en el sistema público y el sistema de las obras sociales, pero se
sigue manteniendo el principio de universalidad.
3-La salud como mercancía
En 1993 el Banco Mundial publica un documento llamado “Invertir en salud” donde declara que la
salud pertenece al ámbito privado.
El Estado Neoliberal lleva a cabo procesos de descentralización por lo que la salud pasa a la órbita
de los gobiernos provinciales y posibilita un avance de los privado sobre lo público, la
mercantilización de la salud.
4. GARCIA DELGADO, D, Estado y Sociedad, Tesis grupo editorial Norma S.A, 1994.
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Fragmento del Prefacio del “Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993. Invertir en salud” del
Banco Mundial, disponible en:
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/08/31/000333037_20100831011011/
Rendered/PDF/121830WDR0SPANISH0Box35456B01PUBLIC1.pd
El sistema de salud se fragmenta según la demanda:
.Subsistema de las Obras Sociales: incluye a los trabajadores formales.
.Subsistema Privado: brinda servicios de salud de manera privada y a través de contratos
prestacionales con las Obras Sociales. No tiene ningún tipo de regulación estatal.
Expresa el triunfo de la mercantilización de la salud: son empresas que ofrecen su servicio a grupos
de la población y patologías que arrojan beneficios económicos, realizan poca medicina preventiva,
investigación y docencia y poca respuesta a catástrofes. La Industria Farmacéutica se desarrolla
junto con la medicina prepaga.
.Subsistema Público: se ocupa de los excluidos de los otros sistemas (enfermos crónicos, los que
tienen O.S pero no pueden pagar los medicamentos). Expresa una política pública selectiva y
focalizada.5
5-CENDALI, F, Políticas de salud pública en tres peronismos, XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009, disponible en: http://www.aacademica.com/000-062/1497
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4-ACTIVIDAD
•
En grupos, leer los siguientes párrafos que forman parte del artículo de Juan Manuel Cerda
(doctor en Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Quilmes).
•
Identificar los intereses y sectores sociales involucrados en el proceso de mercantilización
de la salud durante el menemismo.
•
Reflexionar sobre el concepto de Estado: ¿Cómo podemos definir al Estado? ¿Qué relación
existe entre sociedad y Estado?
EL SECTOR SALUD EN LA ARGENTINA DE LOS '90. CONTROVERSIAS ACERCA DE LAS OBRAS
SOCIALES SINDICALES.
“La asunción de Carlos Menem en 1989 perfilaba una política favorable hacia el movimiento su
llegada al poder se había dado de la mano de las reivindicaciones sindicales y con el apoyo de la
Confederación General del Trabajo (CGT), convirtiéndose ésta, nuevamente, en la “columna
vertebral” del peronismo… Sin embargo, una vez en el gobierno, Menem realizó una alianza con los
sectores conservadores transformando el programa de gobierno populista en un proceso de
reconversión económica neoliberal… Este giro de Carlos Menem en su alianza política tuvo dos
consecuencias: en el plano partidario, la formación de un grupo disidente dentro del Partido
Justicialista que tomará el nombre de “el grupo de los ocho” y que luego dará lugar a la
conformación del Frente Grande, mientras que en el plano sindical produjo la división de la CGT…
un sector tomará el nombre de “CGT San Martín” -la CGT oficialista-, y el otro sector, que reunía a
los sectores opositores, pasará a llamarse “CGT Azopardo”…”.
“El sector salud no fue ajeno a los efectos de las políticas de liberalización implementadas por el
gobierno nacional. Si bien es cierto que los problemas del sistema de salud argentino, en general, y
de las obras sociales, en particular, son de larga data, los efectos de las políticas implementadas
durante la década de 1990 empeoraron aún más las precarias condiciones del sector. Por otro lado,
la situación financiera de las obras sociales está estrechamente relacionada con el pobre desempeño
del mercado de trabajo. En la Argentina se observa una vinculación directa entre condiciones del
mercado de trabajo, empeoramiento en las condiciones de vida de la población y la accesibilidad a
los servicios de salud. En tal sentido, un aumento en la tasa de desempleo o del empleo en negro
implicó una reducción en la recaudación por parte de las Obras Sociales Sindicales.”
“La primera medida adoptada por el gobierno con relación al sector salud fue la normalización de
la ANSSAL (Administración Nacional de Seguro de la Salud)… y nombró como presidente de la
entidad a Luis Barrionuevo. Este hecho fijó la alianza entre la CGT San Martín y el gobierno. La
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ANSSAL se constituyó en el organismo que debía garantizar la eficiencia y la fiscalización de las
Obras Sociales. Con el fin de cubrir los déficit que sufrían muchas de ellas se dio un nuevo impulso
al “Fondo de Redistribución”, que servía como auxilio de las OS cuando no pudieran cumplir con
las prestaciones obligatorias. Sin embargo, estos fondos fueron distribuidos en forma discrecional,
convirtiéndose en una “cajas negras” del sistema de salud.”
“La primera propuesta de reforma sobre el sistema de salud en la década de 1990 que involucró a
las OSS, fue realizada por Mónica Panadeiros como responsable del área de salud de la Fundación
de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
(La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, fundada en 1964 por la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural
Argentina y la Unión Industrial Argentina.)
El proyecto proponía dividir el mercado de la salud en tres sectores: el primer sector, integrado por
un “Programa Nacional de Salud” que cubriría a los grupos con mayor riesgo -jubilados y
pensionados, indigentes, discapacitados, etc. Estos serían atendidos por el hospital público y el
financiamiento surgiría de las rentas generales del Estado.
El segundo sector, comprendía un “Sistema de Seguro de Salud” que reuniría a todos los
trabajadores en relación de dependencia y a los autónomos. Aquí la afiliación al sistema sería de
forma voluntaria por parte de los trabajadores, y el sistema se financiaría a través de los aportes
compartidos entre los empleados y los empleadores…
…Por último, se proponía la creación de un tercer sector de Entidades Privadas que se dedicaría a
la atención de todas aquellas personas que no se encontraran cubiertas por el Sistema de Seguro de
Salud -por no ser trabajadores en relación de dependencia- pero que tuvieran un ingreso suficiente
para cubrir sus necesidades de asistencia médica. Este sector funcionaría libremente a partir de
acuerdos entre las partes y donde el Estado no tendría ninguna injerencia...“
El proyecto original del gobierno intentaba implementar un sistema de libre elección adoptando
algunas de las medidas planteadas en el proyecto de FIEL. Sin embargo, la reforma oficial
profundizaba aún más la segmentación y el sistema de libre afiliación. Éste contemplaba la
existencia de sólo dos sectores: un “Sistema Público”, financiado por rentas generales, y un
segundo sector donde las entidades competirían en un mercado totalmente liberalizado –sean estas
OSS, empresas de medicina o cualquier otra entidad-, dándole la posibilidad a los afiliados a elegir
entre las diferentes propuestas…””… El sistema propuesto se financiaría sólo con los aportes de los
afiliados… Así, la propuesta eliminaba los aportes patronales, con la finalidad de bajar las cargas
sociales consideradas abusivas por el ministro de economía y cargando sobre los individuos la
responsabilidad del cuidado de su salud.”
“Las corporaciones que agrupaban a las empresas de medicina prepaga adhirieron rápidamente al
proyecto oficial. La implementación de la reforma abría la posibilidad de entrar a un negocio que
rondaba los cuatro mil millones de dólares al año; es decir, el doble de los ingresos que tenían las
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200 entidades de medicina prepagas en el término de un año. (Revista Negocios, 10 de marzo de
1992). Sin embargo, el apoyo al proyecto por parte de éste sector se fue debilitando en la medida
que las empresas más grandes fueron conociendo mejor la propuesta. Para estos empresarios, el
problema central era la imposibilidad de cumplir con los servicios básicos de salud debido al bajo
importe de la cuota propuesta en el proyecto…”
“Desde el frente sindical las quejas tampoco se hicieron esperar. Los sindicatos avanzaron en
contra de la reforma… la discusión de fondo planteada por los sindicalistas se centró en el manejo
de los fondos. Según el proyecto oficial estos serían recaudados y controlados por la AFIP… y
luego serían remitidos a los diferentes prestadores que cumplieran con los servicios. De esta forma
se eliminaba el manejo de los fondos por parte de los sindicatos. Así, el objetivo de la reforma era
doble: por un lado, liberalizar el mercado de la salud incorporando la competencia con las
entidades privadas; por otro lado, debilitar definitivamente el poder sindical sacándole una de las
fuentes de financiamiento más importante. Sin embargo, esta última avanzada del gobierno tuvo una
respuesta diferente por parte del sindicalismo. El proyecto –sin desearlo- permitió la reunificación
de amplios sectores sindicales a partir de marzo de 1992, quedando fuera sólo un grupo minoritario
de la CGT Azopardo. Esta actitud puso fin a la pasividad demostrada durante los primeros años de
la administración menemista y tuvo como colorario el llamado a la primera huelga general. Con
esta medida, el sindicalismo logró frenar el proyecto en el Congreso Nacional pero no puedo evitar
la discusión en el seno de la sociedad.
La posibilidad de diálogo entre el Estado y los sindicatos se comenzó a dar de una forma muy
particular. Los sectores más liberales del gobierno -encabezados por el Ministro de Economía,
Domingo Caballo- no aceptaron ningún tipo de reformas a su proyecto; mientras que otros sectores,
asociados principalmente con el Ministerio de Trabajo, se abrieron al diálogo con los sindicatos.
Este momento, marcó el comienzo de un quiebre dentro del gobierno.”
“… En el proceso de negociación, el sindicalismo flexibilizó su posición –incorporando la libre
elección de las prestadoras- pero se endureció con relación al financiamiento y el manejo de los
fondos. Desde la perspectiva sindical el avance de la reforma tal cual como era impulsada desde el
Ministerio de Economía significaba el final de su existencia. Como dijo un dirigente sindical “la
discusión de la reforma de salud no tuvo como finalidad mejorar el sistema de salud sino que, por el
contrario, lo que se estaba discutiendo era la supervivencia de los sindicatos…”
Artículo completo digitalizado en: http://www.astrolabio.unc.edu.ar/articulos/bordes/articulos/cerda.php
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5¿Cómo superar al neoliberalismo?
“El mayor avance en términos de igualdad durante el periodo (postneoliberal) fue el gran aumento
de la población con algún tipo de cobertura. Los afiliados a una obra social nacional o provincial
eran en 2010 el 57% de la población, lo que muestra un aumento del 20% respecto de la cifra de
2003… Se debió a la extensión de la cobertura jubilatoria, del trabajo registrado con aportes a obras
sociales y de reglamentaciones para formalizar el empleo doméstico, entre otras medidas.”
(Kessler, 2014)6
El Estado Postneoliberal ha proclamado la recuperación de los valores nacionales y populares del
peronismo histórico. Sin embargo, no se ha podido desmantelar el sistema de salud mercantilizado
surgido durante el periodo neoliberal.
Si bien el discurso político define a la salud como un derecho de ciudadanía y se han implementado
políticas y leyes que tienden a poner en práctica ese concepto, no dejan de ser políticas
“reparadoras” que no solucionan el problema de la mercantilización de la salud.
La ley de medicamentos genéricos (2002) fue defendida como alternativa para combatir los abusos
de la industria farmacéutica.
La ley de regulación de las prepagas da cuenta de la intención de volver a poner al Estado en el
centro de la escena como organizador del sistema de salud en su conjunto.
Sin embargo, la estructura sanitaria consolidada durante el neoliberalismo se mantiene e impide que
pueda volver a implementarse un sistema de salud universal y gratuita.
Con algunos cambios, se sigue manteniendo la fragmentación en los 3 subsistemas, la
descentralización en la gestión y los grupos económicos defensores del modelo mercantilizador
actúan como grupos de presión a nivel local, provincial y nacional.
6-KESSLER, G, Controversias sobre la desigualdad. Argentina, 2003 – 2013. Fondo de Cultura Económica, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 2014.
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VIVIENDA
“Todo proceso habitacional se genera en el marco de un sistema social, político y económico
determinado, por lo que la formulación e implementación de políticas resultan no sólo de factores
económicos (recursos, disponibilidad de financiamiento, créditos, poder adquisitivo de la
población), sino principalmente de la correlación de distintas fuerzas sociales, que poseen diferentes
posicionamientos políticos dentro de una determinada sociedad durante un período histórico
determinado, y diferente capacidad para hacer valer sus intereses y necesidades durante ese período
histórico, determinándose así diferenciaciones notables en la posibilidad de acceso a la vivienda y a
mejores o peores condiciones de habitabilidad entre diferentes clases de la sociedad, según sean los
procesos socio- económicos y socio- políticos del país. “ (Gargantini, 2003)7
1-ESTADO SOCIAL (1930 - 1976)
Fue a partir del primer gobierno peronista (1946-55) que se
incorporaron las políticas sociales a las políticas públicas como
neta responsabilidad del Estado, siendo la política de vivienda un
eje fundamental dentro de las políticas propias del Estado Social,
que posibilitó el acceso de amplios sectores de la población a
ocupar un espacio dentro de la estructura político-social del país,
respondiendo no sólo a objetivos del Estado y a los intereses del
capital nacional industrial, sino a la promoción del sector de la
construcción como sector de acumulación.
“Es con los gobiernos de Perón que el Estado desarrolla una
política pública de construcción de viviendas (en los planes
quinquenales) y de creación de nuevos barrios (como Ciudad
Evita) al tiempo que se desarrolla una política pública, basado en
un conjunto de disposiciones jurídicas de intervención en el
mercado. Por ejemplo, se declara la emergencia en el mercado de
alquileres y restringe la libre contratación – congelamiento de
Durante el gobierno de Irigoyen (1916)
comenzaron las primeras
intervenciones estatales en materia
habitacional, a partir de las luchas
del Movimiento Obrero organizado.
En 1915 se crea la Comisión Nacional
de Casas Baratas (cuya misión
consistía en difundir y orientar en
materia de habitar, aplicar
exenciones impositivas y realizar
construcciones experimentales.
Se aprobó por primera vez el
congelamiento de alquileres y la
prohibición de desalojos en la Capital
Federal y Territorios Nacionales.
Sin embargo, el mercado de tierras
excluyente de migrantes de mínimos
recursos provocó las primeras
usurpaciones de terrenos y
comenzaron a conformarse las
primeras villas de emergencia en la
ciudad de Buenos Aires (Gargantini,
2003)
7-GARGANTINI, D. Revisión histórico de las políticas de vivienda argentinas implementadas como respuesta a la problemática socio
habitacional existente, Córdoba, 2003, disponible en: http://blog.ucc.edu.ar/ssh/files/2012/03/Revisi%C3%B3n-hist%C3%B3rica-depol%C3%ADticas-habitacionales_Gargantini.pdf
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precios - (lo cual duraría 30 años) en un tiempo donde el
63% de la población era inquilina, mediante un conjunto de
decretos y leyes, que conjuntamente con la Ley de
Expropiaciones, constituirían una clara limitación a la
propiedad privada… Ello al tiempo que una nueva carta
orgánica del Banco Hipotecario Nacional (Ley 12.962 del
´47) permitirá una amplia política crediticia para sectores
medios y medios bajos (390 mil créditos entre 1947 y
1957).” (Fernández Wagner, 2007).8
Las reformas
constitucionales del ´49
y del ´57 establecieron
el derecho a una
vivienda digna y
adecuada, no como
derecho general sino
como derecho propio
de los trabajadores y de
la ancianidad.
Desde el derrocamiento del gobierno peronista (1955) la intervención estatal se redujo, retomando
vigencia las leyes del mercado, se propuso el descongelamiento gradual de los alquileres y se
generó un apoyo favorable a las empresas. Desde 1969 “la política de vivienda llevada a cabo por el
Estado nacional adquiere las características de las desarrolladas por los países centrales: el Estado
constructor a través de sistemas centralizados de provisión de viviendas, promovían la construcción
de grandes conjuntos (a fin de incentivar el desarrollo de técnicas de construcción masiva, racional,
modulada y normalizada). Estos programas con algunas modificaciones y cambio de nombre
continuaron hasta 1976” (Yujnovsky, 1984).9
El financiamiento de la política de vivienda durante el peronismo histórico se basó en la gran
cantidad de recursos provenientes de la seguridad social que garantizaba una política crediticia
hacia el sector. Desde la década del ´60 se implementan otras fuentes de financiamiento a través de
créditos de organismos internacionales y en 1972 se crea el Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI) con el objetivo de completar la política llevada a cabo por el Banco Hipotecario
Nacional financiando viviendas familiares y obras de infraestructura y equipamiento comunitario.
8- Ibíd.
9-Ibíd
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2-ESTADO NEOLIBERAL (1976 – 2001)
La política habitacional, enmarcada en el contexto del plan económico de corte neoliberal planteado
por la dictadura militar 1976 – 1983, puso en marcha programas de vivienda pública que facilitaron
la acumulación del sector de la construcción privada. Se expandió el mercado privado para
producción destinada a sectores con alto poder adquisitivo junto a la autoconstrucción en lote
propio en la periferia urbana, en tierras rurales próximas, sin servicios.
Dictadura militar (1976-1983):
El golpe militar de 1976 instaló en el país una de las épocas más oscuras de nuestra historia.
El advenimiento de las fuerzas armadas al poder y sus consecuentes gobiernos autoritarios,
provocaron tras la intención de erradicar la subversión e instalar el proceso de
“Reorganización Nacional”, la desorganización y desmovilización de los sectores populares,
suspendiendo todas sus actividades políticas. Se hizo a un lado el modelo de sustitución de
importaciones y la industrialización, en pos de una economía dinámica y competitiva al
exterior, retomando las leyes del libre mercado. Se socavó así la posición social de la clase
trabajadora a través del mencionado debilitamiento de las organizaciones corporativas, la
fuerte transferencia de ingresos de los asalariados a los propietarios del capital, y el proceso
de redistribución regresiva del ingreso. Esta situación provocó la reducción del poder
adquisitivo de grandes masas de la población.
La instauración de la vida democrática en 1983 implicó la continuación de la atención diferenciada
de sectores sociales según sus niveles de ingreso y capacidad de ahorro: se dejan al margen los
criterios universalistas del Estado Social en pos de una focalización a segmentos cada vez más
acotados de la población y la disminución de la calidad y el costo de las unidades. De hecho implicó
incorporar un criterio mercantilista donde los beneficios recibidos se corresponden de manera
directa con la capacidad de pago del beneficiario” (Jiménez, 2000). 10
Si bien las transformaciones en el modo de intervención del Estado en la Argentina comenzaron en
1976, la década del ´90 puede caracterizarse como el período en que se realizaron las
transformaciones más importantes, ya que es en ella cuando la desregulación y las privatizaciones
alcanzaron valores antes insospechados, tras las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia
Económica.
.
10- Ibíd.
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Se reestructuraron el Banco Hipotecario Nacional (BHN) y el FONAVI, promoviendo al sector
privado y dejando en manos del mercado a los sectores sociales antes subsidiados indirectamente
por el Estado.
El BHN fue transformado primeramente en Banco
Mayorista y luego en Sociedad Anónima sujeta a
privatización. Ésta llegó finalmente en 1998.
El FONAVI, por su parte, sufrió el cambio del
origen de los recursos (se eliminó el impuesto al
trabajo, reduciendo los costos laborales de las
empresas), la descentralización de la administración
de los recursos (objetivo ampliamente buscado por
los gobiernos provinciales), la diversificación de las
operatorias y el establecimiento del Sistema Federal
de Vivienda.
Coherente con la política impulsada, los créditos
hipotecarios (que exigen afrontar por el demandante
entre el 20 al 25% del valor de la vivienda a adquirir)
marcaron una evolución notoria para este período
(producto de la estabilidad alcanzada a partir de la
Convertibilidad), pero resultaron sólo accesibles a
grupos familiares con empleos formales e ingresos
altos, lo cual les otorgaba capacidad de ahorro.
En síntesis, en este período se desarrolla una
política pública que sólo construye unas pocas
Según las palabras del Subsecretario de
Vivienda (Subsecretaría de Vivienda,
1996) la política de vivienda impulsada
por el gobierno se asentó en los
siguientes principios:
•
Descentralización de las
acciones públicas y participación de
los demandantes en la definición,
localización y ejecución de sus
propias soluciones habitacionales.
•
Concepción de la vivienda no
como cuestión de obra pública sino
de obra privada, teniendo el Estado
un rol facilitador de las soluciones
que la población gestione.
•
Soluciones habitacionales a
partir de la atención a la demanda
(no a la oferta).
•
Concepción de la
problemática habitacional no como
problema de carácter técnico, sino
financiero, compatible con las
necesidades y con la capacidad de
pago de los destinatarios.
•
Cesión de la vivienda a
manos del mercado, por lo que a
cada uno le corresponde la
vivienda que su capacidad de pago
le permita.
viviendas (que se destinarán preferentemente a las
clases medias provinciales) y mientras tanto
privatiza la cartera del Banco Hipotecario y vuelve al crédito prácticamente inaccesible, al
tiempo que desregula los mercados del parque de viviendas vacantes, que desalienta la
planificación y regulación del suelo urbano, es decir no interviniendo sobre la generación de
nuevo suelo urbano, y también privatizan todos los sistemas de infraestructuras y transporte,
lo cual provocará que los conflictos socio-urbanos en torno al habitar se agraven a un nivel
nunca antes visto, en consonancia con el pasaje de un tercio de la población de clase media a
pobres (los nuevos pobres) (Fernández Wagner, 2007).11
11-Ibíd.
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Reforma del Estado: discurso de Carlos Menem https://www.youtube.com/watch?v=WU4MNWESmIs
El Estado Neoliberal puso en marcha la reforma del Estado en la década de 1990, tras una década de
cuestionamiento a los principios políticos del Estado Social (1930-1976).
Neoliberalismo significa una RUPTURA con el Estado Social. Lo privado avanza sobre lo público, los
contornos entre sociedad y Estado se vuelven a reformular y lo individual y privado gana sobre lo
público y colectivo. Se quiebra una concepción de la política como eje de las transformaciones sociales.
Es el avance de una modernización que incorpora racionalidad técnica, fomenta la competencia y el
individualismo, pero que no guarda continuidad con el modelo anterior.
Una transformación que no busca la superación del modelo anterior sino que apunta a negar toda su
validez: una modernización de ruptura. Este proceso de modernización incluye en términos políticos
pero produce una compleja y conflictiva articulación entre democracia y ajuste, entre la vigencia del
sufragio y la exclusión social. Si en las anteriores oportunidades la democracia estuvo asociada a
participación social, distribución del ingreso, integración y ascenso de sectores populares, ahora va a
desligarse de lo social y coexistir con regresión del ingreso, desempleo y declinación de vastos sectores.
(García Delgado, 1994)12
La estructura de la Reforma del Estado se basó en:
Desregulación: el Estado dejo de intervenir y de reglar las relaciones sociales.
Desestatización: se transfieren funciones al mercado, servicios públicos al sector privado, con el
discurso del Estado ineficiente.
Descentralización: se transfiere a los gobiernos provinciales y municipales servicios como la educación
y la salud, pero no se traspasó la capacidad de gestión ni los recursos, generándose una disparidad en
los niveles de calidad. La descentralización fue un mecanismo de reducción del déficit fiscal.
Los efectos concretos de estas medidas afectaron especialmente a la clase trabajadora: se minimizó el
empleo público, se privatizaron los servicios públicos, se descentralizó las negociaciones colectivas, se
bajó el costo laboral minimizando los aportes patronales a la seguridad social, indemnizaciones por
despido y accidentes de trabajo, flexibilización laboral a través de nuevos contratos (tiempo parcial, a
prueba, de aprendizaje).
12- GARCIA DELGADO, D, Estado y Sociedad, Tesis grupo editorial Norma S.A, 1994.
15
Normativas vinculadas a la desregulación estatal en Argentina 1989-2004. 13
13- MANZO, A. ¿Estado post-neoliberal en Argentina?: la reforma laboral en el tiempo inmediatamente anterior y posterior a la crisis
del 2001, disponible en: https://sjlatinoamerica.files.wordpress.com/2014/02/5-alejandro-gabriel-manzo-estado-post-neoliberal-enargentina.pdf
16
Neoliberalismo, Políticas Sociales y Ciudadanía
Hay una concepción individualista de las problemáticas sociales, el individuo es consumidor más
que ciudadano.
Las políticas sociales se caracterizan por:
+Fortalecimiento del proceso de privatización y procesos de transferencia y descentralización hacia
las provincias de ciertas políticas sociales: es la dictadura militar instaurada en 1976 la que
comienza a implementar medidas de descentralización hacia las provincias de ciertas políticas
sociales, fortaleciendo, además, el creciente proceso de privatización de otras como la política en
salud. En 1976 se promulga el decreto ley 21.883 por el que se transfieren los establecimientos
asistenciales nacionales de salud a las provincias sin el correspondiente traspaso de los recursos
financieros. La consecuencia de este proceso es que el 75% de la capacidad instalada del sector
público en el área de la salud se encontraba en 1985 bajo jurisdicción provincial o municipal.
En 1978 se produce la transferencia de los establecimientos educativos pre-primarios y primarios
del ámbito nacional al provincial, de esta manera en el año 1.982 estaban bajo jurisdicción
provincial el 86,3% de los 23.034 establecimientos existentes en el país en ese momento.
+Implementación de nuevas formas de acceder a los recursos sociales disponibles e implementación
de nuevas formas de concebir y realizar las políticas sociales: se caracterizan por la
descentralización, la utilización de Fondos de Desarrollo como forma de financiamiento y la lógica
de la focalización como forma de asignación de los recursos.
La focalización de las políticas sociales apunta a la pobreza extrema de la sociedad. Si el criterio de
focalización es la única forma de implementación de las políticas públicas, es una forma
enmascarada de presentar el retiro del Estado en la provisión de políticas sociales.
Programas coyunturales, que además de que no significan la creación de derechos por parte de los
beneficiarios temporales, presentan la enorme contradicción de que por un lado pretenden crear las
bases para cambiar el futuro de las nuevas generaciones y, por otro, se inscriben dentro de la
ideología individualista que asegura que la asistencia social tiene un efecto negativo sobre la
responsabilidad personal, creando una cultura de la dependencia.
En definitiva, las políticas públicas modeladas en base a la gestión neoliberal del riesgo social
estratégicamente responsabilizan al individuo por su pobreza en tiempos en que los recursos del
Estado para el manejo de la pobreza están disminuyendo. No se retan ni se cuestionan las
inequidades estructurales que crean y perpetúan las condiciones de pobreza. La GRS está basada en
un modelo liberal de atribución de responsabilidades, en el cual si los individuos mejoran su suerte
en la vida es debido a sus propias elecciones responsables; si fracasan es a causa de sus malas
elecciones. Las estrategias de GRS son simplemente una justificación para devolver la
17
responsabilidad del manejo de la pobreza al individuo y a su familia. El discurso que presenta a los
pobres como adultos activos, capaces de hacer elecciones,
también constituye una justificación de la transformación
del papel del Estado. (Aguilo, 2005) 14
Las diez propuestas básicas del "Consenso de Washington",
basadas en que la asignación óptima de recursos se da
únicamente a través de los mecanismos de mercado en los
que el sector privado tiene un rol prioritario y el Estado una
existencia mínima, generaron el aumento de los niveles de
exclusión y desigualdad. La propuesta de hacer más
eficiente y eficaz la asignación del gasto público convierte a
la política social en la mera administración de los sectores
sociales más bajos, es residual y posterior a las decisiones
económicas.
En este contexto y como principal política frente a la
pobreza, la focalización de la política social dirigida hacia
los sectores más pobres implico la eliminación de todo
subsidio público directo o indirecto destinado a los sectores
El neoliberalismo construyó
una SOCIEDAD DUAL, en la
que un amplio porcentaje de
la población se encontraba
excluida del modelo de
producción y sin posibilidad
de acceder a la seguridad
social propia del Estado
social del periodo anterior.
La desocupación y sub
ocupación crecían
aceleradamente.
En 2002 la población por
debajo de la línea de pobreza
ascendía al 51,4% y las tasas
de desempleo – subempleo
alcanzaban el 21,5% y 18,5
de la población
económicamente activa.
medios para que puedan incorporarse al mercado. Así, la
incorporación de los servicios públicos universales al
mercado empeoró la situación de una la clase media que
comenzó a añorar las épocas de movilidad social ascendente en la Argentina. Para esta franja de
vulnerables o nuevos pobres no existen políticas públicas que los tengan en cuenta o que atiendan
sus necesidades. Ello aumenta la precariedad social y heterogeneiza aún más el mapa social.
Recomendada por todos los organismos internacionales, la focalización se utiliza más como política
que como herramienta, se dirige más al control social que a consumar un derecho y se preocupa
más por desarrollar prácticas de subsistencia para coexistir pacíficamente que por la integración
social. Enfocar las políticas sociales de ese modo, asentándolas en la buena voluntad de quien da,
es asistencialismo puro, porque el derecho de ciudadanía de cada persona está dejando paso al
derecho a esperar o merecer asistencia por su condición de vulnerable. (Tedeschi, 1998) 15
14- Juan Carlos Aguilo, Políticas sociales en Argentina: de la Sociedad de Beneficencia a la focalización compulsiva, Mendoza,
Argentina, 2005, disponible en: http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/aguilo.pdf
15- Tedeschi V., Desperbasques, M. y otros, “Las políticas sociales como políticas de Estado". Revista Red Nº2, Bs.As., 1998, disponible
en: http://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/13/a13_06.pdf
18
3-ESTADO POSTNEOLIBERAL (2001 – 2013)
En 2003 se inició un proceso de reactivación acelerada de las obras públicas, especialmente
relacionadas a la política habitacional. La cuestión socio-urbana y habitacional fue instalada
prioritariamente en la agenda pública nacional, con objetivos de reactivación económica y
generación de empleo formal. La fuerte inversión en materia de vivienda (una ejecución financiera
que superó los 2500 millones de pesos anuales) alcanzó valores históricos. Sólo en dos
oportunidades anteriores (Primer Plan Quinquenal de Perón y en los años ´70) se construyeron
tantas viviendas anuales con fondos públicos en las grandes ciudades (Fernández Wagner, 2006).16
Los objetivos que se plantearon a partir de la puesta en marcha de la política habitacional fueron:
La reactivación económica, la generación de empleo genuino, y el apalancamiento del crecimiento de la
industria de la construcción, con la intención de tener impactos significativos en el mercado laboral, la producción
de insumos y el déficit de vivienda.
Satisfacer las necesidades habitacionales de los sectores bajos y favorecer la creación de empleo que
mejore sus condiciones laborales, a partir de la participación de cooperativas de trabajos y pequeñas empresas
constructoras localizadas en aquellas regiones del país con mayores niveles de pobreza.
A pesar de la magnitud de los fondos destinados a la vivienda social permitió que se minimizaran
los efectos de la Reforma del Estado (Basualdo, 2006), la actual política habitacional resulta una
política de gobierno y no una política de Estado, ya que no establece una base jurídica que
trascienda la actual administración (ejemplo de ello es el PLAN PRO.CRE.AR de 2012). La misma
no establece articulaciones con la planificación ni establece regulaciones de los mercados (suelo
urbano y parque construido); reproduce conjuntos de gran tamaño y “ciudades dormitorio”;
“dispara” los mercados informales (a corto y largo plazo); no considera los conflictos en alza en
torno a los derechos a la ciudad y a la vivienda; y no constituye una política favorable a procesos de
desarrollo local (Fernández Wagner, 2007) 17, la especulación inmobiliaria y la segregación urbana
son dos aspectos que marcan una profunda continuidad con el periodo neoliberal.
16- GARGANTINI, D. Revisión histórico de las políticas de vivienda argentinas implementadas como respuesta a la problemática socio
habitacional existente, Córdoba, 2003, disponible en: http://blog.ucc.edu.ar/ssh/files/2012/03/Revisi%C3%B3n-hist%C3%B3rica-depol%C3%ADticas-habitacionales_Gargantini.pdf
17-Ibíd.
19
EDUCACIÓN
1-ESTADO SOCIAL
La educación fue concebida como un derecho de los ciudadanos y como una estrategia de
capacitación de mano de obra para satisfacer las demandas de la industria nacional. La función de la
educación pública era superar el analfabetismo, la deserción, y la exclusión de los más pobres.
La centralidad del Estado en la organización de la sociedad otorgó a la política un lugar decisivo en
la definición de los criterios de integración social. La constitución del sistema educativo argentino
durante este periodo histórico responde a esta matriz que tiene como centro al Estado y da cuenta
del poder de la infraestructura del Estado para definir los parámetros de socialización e
incorporación cultural de la población. (Tiramonti, 2004) 18
El Estado administra, gestiona y financia las instituciones escolares, con un sentido universalista.
2-ESTADO NEOLIBERAL
Desde inicios de la década del ´90 se impulsó (al igual que los de la mayor parte de los países de
América Latina) un proceso de reforma educacional. Se trata de una política profundamente
articulada con la transformación económica, social y cultural. El Estado asumió un rol subsidiario,
asistencialista y de agencia de control y evaluación, la estructura del sistema educativo se
transformó y la enseñanza secundaria entro en crisis, siendo ésta una de las consecuencias sociales y
pedagógicas más graves por la disminución del número de años, el vaciamiento de contenidos
científicos y humanísticos y la pérdida de uno de sus objetivos, el acceso a la enseñanza superior. El
discurso político hegemónico se basó en la equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia en
reemplazo de las propuestas democratizadoras, en el marco de un deterioro de los salarios y
condiciones laborales de los docentes de todo el país.(Vior) 19
Una serie de leyes llevaron a cabo este proyecto político:
Ley de Transferencias (1991): transfiere a las provincias y a la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires todos los servicios administrados por el Ministerio de Cultura y Educación.
Provocó la fragmentación de los niveles medio y superior no universitario y una descentralización
de responsabilidades acompañada por la centralización de las decisiones. Los gobiernos
18- TIRAMONTI, G (comp.). La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes en la escuela media. Edit. Manantial. Buenos
Aires, 2004.
20
provinciales debieron asumir la responsabilidad académica y financiera del sistema, el PEN se
reservó la atribución de analizar, evaluar e intervenir en la gestión y el control de los recursos
técnicos y financieros, evaluar los sistemas educativos a través del Sistema Nacional de Evaluación
de la Calidad.
Ley Federal del Educación (1993): afirma a la familia como agente natural y primario de la
educación y asigna un papel subsidiario al Estado, al que ubica en un mismo nivel que la Iglesia
Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales.
Extiende la obligatoriedad escolar de 7 a 10 años, reestructurando los ciclos y niveles del sistema
educativo. La creación del Ciclo Polimodal implicó la desaparición del Nivel Medio. Esta medida
significó la disminución del número de años de enseñanza secundaria.
Ley de Educación Superior (1995): esta ley intentó limitar la autonomía de las universidades
nacionales, reconocer mayores derechos a las universidades privadas y, fundamentalmente,
introducir la posibilidad de restricciones para el ingreso de los estudiantes y el arancelamiento de
los estudios, tal como se “recomendara” en diferentes documentos del Banco Mundial.
Las políticas focalizadas compensatorias constituyen un ejemplo paradigmático de esta forma de
intervención estatal. Se proponen compensar las desigualdades de origen de los estudiantes
concentrando los recursos en la “población objetivo”: los más pobres entre los pobres. Estas
políticas se fundaron en el principio de equidad, concebida como no dar lo mismo a quienes no son
iguales, y se convirtieron en la estrategia de combate a la pobreza a través de las distintas líneas de
acción desarrolladas que funcionó desde 1993 hasta 1999 y que incluyó entre sus iniciativas:
infraestructura escolar; material didáctico, útiles escolares, estímulo a las iniciativas escolares y
becas para estudiantes cuyas condiciones económicas ponían en riesgo la continuidad de los
estudios.
Consecuencias de la reforma educativa

La forma en que se implantó el Tercer Ciclo de la Educación Básica y el Polimodal,
sin infraestructura, sin equipamiento, sin la necesaria preparación de los docentes,
reforzó su carácter discriminador ya que se fueron desarrollando diferentes
procesos en cada institución, dando lugar a una fragmentación del sistema
educativo.
19-VIOR, S. La política educacional a partir de los ´90, disponible en: www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/ieles/n05a04vior.pdf
21

Creciente autonomización del sector privado que fue adquiriendo, progresivamente,
el mismo status que la educación pública. Las tres leyes que definieron el proceso
de transformación legislan, por primera vez en nuestra historia, para el sector
público y el sector privado, estimulan la expansión de la educación privada y dejan
abierta la posibilidad de arancelar algunos servicios brindados por el Estado. Se
pasa de concebir la educación como un derecho a entenderla como un servicio y,
por lo tanto, factible de privatización.
3-ESTADO POSTNEOLIBERAL
El proyecto educativo neoliberal, privatizador y descentralizador logro naturalizar la segmentación
de un sistema educativo que se había caracterizado por un alto nivel de homogeneidad durante el
Estado Social. Los programas implementados desde 2003 implican medidas parciales,
desarticuladas, que parten desde las reformas y transformaciones de los 90, no hay una ruptura total
con la política educativa diseñada en los 90. No hay ni continuidad lineal ni ruptura radical.
(Svampa, 2007). 20
El presupuesto educativo ha aumentado, la enseñanza técnica ha adquirido centralidad, los cambios
se apalancan en una serie de leyes y normativas.
La derogación de la Ley Federal de Educación en 2006 y su sustitución por una nueva Ley de
Educación Nacional constituyó un acto simbólico de cambio del rumbo y expresión en el campo
educativo del quiebre del consenso reformista de los ´90. Sin embargo, la ley evidencia tanto
elementos de ruptura como continuidades con lo establecido en la reforma de la década de los ´90.
.La Ley de Educación Nacional modifica nuevamente la estructura de niveles y ciclos que había
sido reformada con la LFE e implementada de modo dispar en cada una de las provincias. Vuelve a
los niveles de educación primaria y secundaria (en lugar de la Educación General Básica y el
Polimodal) pero sin lograr unificar la duración de cada uno de estos dos niveles, postergando a
futuro esta cuestión central que se vincula con la unificación del sistema. Como ejemplo, la
Provincia de Buenos Aires que concentra aproximadamente el 40% de la matrícula del país cuenta
con una educación primaria de 6 años y una secundaria de igual duración; mientras que su vecina
Ciudad de Buenos Aires, tiene una escuela primaria de 7 años y una secundaria de 5 años, lo que
genera dificultades en la equiparación entre las trayectorias escolares de los estudiantes de estas
jurisdicciones.
20. Ibíd.
22
.La descentralización continua, si bien la LEN creo el Consejo Federal de Educación que coordina
la política educativa nacional y que sus resoluciones deben ser cumplimentadas obligatoriamente,
sigue existiendo la autonomía de las provincias para definir las políticas de las escuelas
provinciales.
.Se sigue manteniendo la concepción de que todas las escuelas son públicas, tanto de gestión estatal
como privada, por lo que la fragmentación y la idea de mercantilización persisten y están
legitimados por amplios sectores de la población.
.Hay un desplazamiento de la preocupación por la equidad a una mayor preocupación por la
inclusión, la “igualdad” y la necesidad de reinstalar políticas de inspiración universal. Se
establecieron así becas estudiantiles destinadas a la población no escolarizada para que reingrese al
sistema. No obstante, junto con estas nuevas becas se mantuvieron las becas del periodo neoliberal
de carácter focalizado y meritocrático, destinadas a un cupo de estudiantes en condición de
vulnerabilidad.
.En el año 2008 se sancionó la Ley n. 26.241 que transformó en política de Estado el Programa de
repatriación y vinculación con científicos argentinos que residen en el exterior (Raíces).
.En 2009 se decreta la Asignación Universal por hijo que está sujeta a condicionalidades sanitarias y
educativas: los beneficiarios deben presentar los certificados requeridos de vacunación y asistencia
escolar que se vuelcan en una libreta específica. A diferencia del salario familiar que perciben los
trabajadores formales, esta forma de seguimiento entra en contradicción con los principios de corte
más universal que se pretenden establecer y corre el riesgo de instalar a los beneficiarios en una
relación de tutela y estigmatización más afín al asistencialismo neoliberal que a los derechos
ciudadanos. De este modo, acceso a la asignación familiar e inclusión escolar se articulan, aunque
aún tensionados entre la lógica del derecho y la asistencia social a través de mecanismos de control
a los beneficiarios.
.En materia educativa, el año 2009 marcará un punto de inflexión importante en las políticas del
sector. Las políticas educativas desarrolladas por el Ministerio de Educación, van a enfatizar la
inclusión de los sectores excluidos del sistema para cumplir con la obligatoriedad escolar
establecida en la LEN. En esta línea se inscriben además de la AUH anteriormente descripta, las
políticas para la escuela secundaria obligatoria y el desarrollo de un programa de inclusión digital a
través del programa “Conectar-Igualdad”. (Vior) 21
21-Ibíd
23
¿Cómo definir al Estado Postneoliberal?
Un modo de definirlo parte de las rupturas y permanencias que se produjeron en las relaciones
Estado – sociedad.
Oszlak (1997) define dos dimensiones de ruptura a estas relaciones:
-Funcionales: ¿Qué debe hacer el Estado?
-Materiales: ¿Cómo y con cuáles herramientas afecta el Estado la distribución del ingreso?
Respecto a la funcionalidad, comenzó a asentarse la posición respecto a que el Estado cumple un
papel central en el desarrollo. Ello se tradujo en políticas públicas activas en lo que hace a la
injerencia estatal. En el campo económico, en líneas generales puede hablarse de políticas de
protección al mercado interno, tipo de cambio administrado, no liberalización de los mercados
(regulando los precios de servicios internos por ejemplo, mediante subsidios o imponiendo
retenciones a las exportaciones de materias primas), intervención del Estado frente a conflictos
laborales con políticas de subsidio al empleo, garantía en la realización de paritarias salariales; en
suma medidas que en conjunto implican un Estado con mayor injerencia en el proceso de toma de
decisiones económicas y políticas. Por ello, en términos estructurales, lo central es que el Estado ha
recuperado márgenes de autonomía, frente a los actores concentrados del mercado, claramente si
uno lo compara con el ciclo 1976 - 2001. Parte de este reposicionamiento se traduce en la política
de expropiación en el 2012 del 51% de la empresa YPF, hasta ese momento en manos de Repsol; en
esa misma línea debemos incluir la disolución en 2008 del sistema de jubilación por capitalización
y generalizando el sistema de reparto; mismo año en el que se produjo la estatización de Aerolíneas
Argentinas. La política seguida ha sido la de recuperar el control de algunas áreas consideradas
estratégicas claves antes que una reconstrucción del Estado empresario, que adquiera el control y
operatividad de un amplio conjunto de empresas; empujado por el principio de garantizar acceso a
ciertos servicios públicos. Por otra parte, si bien los procesos de descentralización no se
retrotrajeron en las áreas de educación o salud, puede observarse un reposicionamiento del Estado
nacional al respecto; en efecto la creación de los Consejos Federales (de educación, salud, gestión
pública, entre otros) implica la interacción entre provincias y nación, donde esta última adquiere un
rol de coordinación pero también de orientación general.
Acerca de las relaciones materiales, no cabe duda que respecto de la situación 2001– 2002, las
señales son claramente positivas, bajándose la tasa de desempleo, la de pobreza y la de indigencia.
Lo que también es evidente, es que el cambio de patrón de acumulación y distribución impuesto por
la dictadura en 1976, no es sencillo de revertir. Como lo muestran algunos trabajos (Basualdo;
2008) el aumento de la producción arrastra el crecimiento de los salarios pero de manera más débil,
aun con políticas pro empleo. Si bien es cierto que no se ha realizado una reforma global a la
24
estructura tributaria, esta no ha permanecido inalterada. El espacio con mayores modificaciones ha
sido sin duda el vinculado al sector externo en consonancia con el apoyo al fortalecimiento del
mercado interno. Retenciones a la producción primaria, en particular la agraria, pero también se han
producido aumento a las retenciones en el sector petróleo y minería. ( De Piero)22
Ciudadanía Ampliada
Surge un nuevo enfoque de gestión en políticas públicas, tanto sociales, políticas, económicas como
culturales, que presenta, primero, una visión más activa y presente del rol del Estado, regulador en
su relación con el mercado, y más articulador de las demandas y movimientos de la sociedad desde
un enfoque de derechos. Segundo, la preminencia de la política sobre la economía. La recuperación
de la autonomía del Estado y de la política como herramienta de transformación y de articulación
social.
La apuesta por procesos de recentralización sobre el anterior énfasis en la descentralización como
dogma donde cada unidad subnacional se hiciera cargo de sus gastos poco solidariamente. En
cambio, el nuevo modelo posee una orientación a favor de la recuperación de los bienes públicos,
un sentido federal y redistributivo mediante políticas de infraestructura generalizadas, de ingresos
neouniversales que aseguren pisos mínimos de dignidad y de subsidios que constituyen salarios
indirectos y que promueven la inclusión social (De Piero, 2012).
La ampliación de derechos, no sólo de los sujetos marginados durante la década neoliberal, sino
también de un conjunto de nuevas subjetividades sociales y políticas, a partir de la incorporación
del enfoque de derechos en política social (por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo) como
superador de la visión focalizada e incorporada a la visión del seguro social. Estos derechos están
vinculados a la configuración de una ciudadanía integral y a una democracia ampliada (Tirenni,
2013) (Gradin, 2013). (García Delgado, 2013)23
El paradigma del enfoque de derechos en política social sostiene que colocar en el centro de la
política social la construcción de ciudadanía es más que ocuparse de administrar la pobreza. Es
pensar escenarios donde el desarrollo económico equitativo y sustentable de una sociedad se
propone asegurar a la gente la posibilidad de ejercer sus derechos y facilitarle el acceso salud,
educación, trabajo y vivienda, en tanto condiciones que la constituyen en ciudadanía. Las políticas
22- DE PIERO, S, LOS AÑOS KIRCHNERISTAS: RECENTRALIZAR AL ESTADO, disponible en:
http://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/kirchneristas
23- GARCIA DELGADO, D, Estado y Políticas Públicas: hacia un nuevo paradigma. Revista Estado y Políticas Públicas Nº 1. Año
2013. ISSN 2310-550X pp 14-18
25
sociales no deben plantearse como el contrapeso que
neutralice los peores efectos del modelo económico ni
como un mero instrumento paliativo del mismo.
Las políticas sociales, entonces, deben garantizar el
pleno acceso a la salud, educación, trabajo y vivienda.
Asegurar tal acceso es una obligación del Estado y no
un problema de los que quedan excluidos por las
reglas de juego que impone el mercado. (Tedeschi,
1998)24
El enfoque de derechos se centra en los Derechos (y
recoge elementos del paradigma focalizador y del
seguro social como herramientas). En este caso, la
política social es vista como: un derecho fundamental
de las personas a tener acceso a programas efectivos y
eficaces que alivien padecimientos derivados de
Se concibe la ciudadanía no como
un estatus universal sino como un
terreno en construcción, con
dimensiones objetivas y subjetivas;
como un campo de batalla, con
variaciones espaciales y de
contenido; como un fenómeno
procesual, histórico, que implica
derechos, titularidades y
obligaciones, y se caracteriza por
distintos alcances en términos de
desmercantilización. Néstor García
Canclini (1995) afirma que la
ciudadanía indica los avances en el
reconocimiento de “los otros” como
sujetos con intereses válidos,
valores pertinentes y demandas
legítimas. (Barba Solano) 25
riesgos sociales tales como enfermedades, vejez,
desempleo y la exclusión social, así como a programas
que protejan los ingresos de la población
proporcionando a ésta seguridad alimentaria, formación profesional, educación suplementaria y
viviendas a precios razonables. (Tirenni, 2010: 85)
Esta noción no se limita a respuestas asistenciales o paliativas, sino que la titularidad de los
derechos universales debe guiar las políticas públicas, es decir, orientar el desarrollo conforme el
marco normativo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La pobreza no
es sólo una condición socioeconómica caracterizada por la falta de acceso a las necesidades básicas
sino que ser excluido es, sobre todo, la carencia de ciudadanía en la medida en que se niega la
titularidad de los derechos sociales y la de participación. (Tirenni, 2013) 26
24-Tedeschi V., Desperbasques,M. y otros ,"Las políticas sociales como políticas de Estado". Revista Red Nº2, Bs.As., 1998, disponible
en: http://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/13/a13_06.pdf
25-BARBA SOLANO, C, Reforma social y ciudadanía social en America Latina durante los años noventa: una perspectiva
comparada, disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/barba/08barba.pdf
26- TIRENNI, J, La política social argentina ante los desafíos de un Estado inclusivo (2003-2013), Revista Estado y Políticas Públicas Nº
1. Año 2013. ISSN 2310-550X pp 123-140 // Tirenni J. “La política social argentina...”, 2013.
26
Seguridad Social (Jubilaciones, pensiones, retiros,
obra social, Seguro de Desempleo, asignaciones)
POLITICA SOCIAL
Instituciones Universales (Salud y Educación)
Asistencia Social
(Asistencia a los pobres, subsidios,
transferencias)
Prácticamente, después de una década de focalización, a partir de 2002 en la Argentina se
desarrollaron medidas adoptadas por el Estado que tenían por objeto revertir la crisis.
-Entre las principales medidas en relación a la política social se destaca el Plan Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados. Para la ejecución de este plan se obtuvieron recursos de la retención al agro
para generar un seguro social para personas afectadas por la grave situación social. El objetivo de
dicho plan era apaciguar el clima de conflictividad social y compensar a los sectores más afectados
por la devaluación. A pesar de su diseño institucional (donde se convocó a un diálogo multisectorial
y se lo definió como “derecho social de inclusión”) éste no fue un plan universal, sino un plan de
transferencia de ingresos focalizado y condicionado.
-La influencia del paradigma del Seguro Social no se hizo esperar y una serie de políticas públicas
de mejora en la calidad del empleo se hicieron muy notorias. Surge así, la promoción por el trabajo:
en el año 2004 se sanciona la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral, se convoca al Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad, y el Salario Mínimo. Asimismo, se consolidan los
convenios colectivos de trabajo por rama, otorgando un impulso a la mejora en los salarios y a todos
los derechos (Asignaciones familiares, indemnización, accidente de trabajo, etc.).
En el año 2008, mediante la sanción de la Ley N° 26.425, el Estado vuelve a unificar el sistema
previsional bajo su órbita conformado el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) dando
lugar a un cambio estructural en la Seguridad Social. Asimismo, la unificación del sistema
previsional y la sanción de la nueva Ley de movilidad jubilatoria Nº 26.417, promulgada en octubre
de 2008, estableció haberes jubilatorios ajustados en marzo y septiembre de cada año, lo que
permite un mecanismo de incremento automático en función de la evolución de los salarios de los
trabajadores y de la recaudación previsional. Es importante destacar que la Seguridad Social, basada
en el principio de la solidaridad, se adjudica hoy el compromiso de garantizar a todos los individuos
el derecho de acceder, por lo menos, a una protección básica y que la intervención del Estado, como
regulador del pacto de solidaridad intergeneracional resulta clave para el buen funcionamiento del
sistema previsional.
-Más allá del incremento del presupuesto en salud, se observa una mejora de la política social,
principalmente en los dispositivos universales. Tal es el caso del Plan Nacer, cuyos objetivos son:
27
reducir el componente sanitario de mortalidad materno infantil en la República Argentina y
fortalecer la red pública de servicios de salud. También se implementó el Programa de Producción
Pública de Medicamentos cuyo objetivo es abastecer las necesidades de hospitales públicos.
La visión de la protección social desde las perspectivas de los Derechos diverge de los anteriores
enfoques mencionados y comienza a tomar forma con la AUH (Decreto 1602/09). A través de la
AUH, se incorpora al sistema histórico a las familias de menores ingresos, logrando una mayor
equidad en las transferencias monetarias. Con anterioridad a esta medida, los hogares pobres no
obtenían los beneficios ligados a la Seguridad Social por estar desocupados o desempañarse en
empleos informales. Esta reforma implica un cambio significativo en el paradigma de la política
social, en tanto propone una visión amplia de la misma basada en un enfoque de derechos
ciudadanos y en el establecimiento de umbrales mínimos garantizados por el Estado que promueven
la construcción de un piso de protección social. Se universalizan las prestaciones a través de
transferencias de ingresos, llegando a los hijos menores de 18 años de los desempleados y a los
informalizados con un ingreso menor al salario mínimo. Esta situación implica la incorporación al
sistema de protección social a casi 3,4 millones de niños y una transferencia de recursos a los
sectores de bajo ingresos de aproximadamente $14.000 millones (año 2013). 27
27. Ibíd.
28
BIBLIOGRAFIA
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compulsiva, Mendoza, Argentina, 2005, disponible en:
http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/aguilo.pdf.
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noventa: una perspectiva comparada, disponible en:
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-DE PIERO, S, LOS AÑOS KIRCHNERISTAS: RECENTRALIZAR AL ESTADO, disponible en:
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