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Posición de la Sociedad Civil del PERU más allá de
Río+20.
Las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en generar debate,
propuestas y soluciones en torno a la problemática social y ecológica por la que
atraviesa el planeta, alcanzamos al Gobierno Peruano y a la ciudadanía una serie
de planteamientos hacia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible, “Río +20”. Esperamos que los mismos sean tomados en cuenta para las
posiciones que llevará el Perú a las negociaciones con otros Estados, y sirvan a la
elaboración del informe País a Río+20.
1. Aspectos Generales:
1.1 Balance crítico de los 20 años
A 20 años de la Cumbre de la Tierra estamos muy lejos de haber logrado el
“desarrollo sostenible” acordado en el año 1992: las brechas sociales y el
problema ecológico en el mundo han adquirido caracteres dramáticos.
Si bien la tendencia global en los últimos años ha significado una mejora en
términos del índice de desarrollo humano (IDH) en diversos países, existen otros
tipos de indicadores que nos dicen que este desarrollo esconde muchas
inequidades en términos sociales, económicos y ambientales. Es así que, la
distribución de los ingresos entre ricos y pobres ha empeorado en todas las
regiones del mundo -entre ellas, América Latina que sigue siendo la más desigual
de todas-, demostrando que las crisis económicas no afectan a los que más
tienen, sino por el contrario van acumulando mayor riqueza en detrimento de las
poblaciones rurales y urbanas que viven en condiciones críticas. Esta situación
afecta a casi todos los países del mundo donde los indicadores de desarrollo
humano se ven disminuidos al considerar la distribución inequitativa de la riqueza.
Lo mismo sucede cuando hablamos en términos ambientales, en que los patrones
de producción y de consumo, sostenidos por el crecimiento económico irracional,
nos han llevado a una situación de degradación de la naturaleza, acompañada del
calentamiento global y de amenaza a la disponibilidad y calidad de recursos tan
importantes como el agua, además de una mayor vulnerabilidad a los desastres.
Ya hemos superado en 50% la capacidad que tiene el planeta para producir lo
necesario para la vida de los seres humanos y para regenerarse, pero las
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responsabilidades de esta situación no son las mismas: los habitantes de los
países con mayores ingresos, consumen más allá de lo necesario para satisfacer
las necesidades básicas, dejando una huella ecológica- es decir, el impacto sobre
los ecosistemas del planeta generado por la demanda humana de recursos
naturales en relación a su capacidad de regeneración - 3 veces mayor que las
personas de ingresos medios y 5 veces mayor a las de ingresos más bajos.
Según este indicador clave de la sostenibilidad, se ha estimado en 1,8 has. la
biocapacidad del planeta por cada habitante. Sin embargo, al 2005, el consumo
medio global por habitante y año era de 2,7 hectáreas, por lo que estamos
consumiendo más recursos y generando más residuos de los que el planeta
puede generar y admitir. En el caso del Perú es 1.6 hectáreas, inferior al global , a
Ecuador (2.2 has), Bolivia (2.1 has) y Colombia (1.8 has).
Por tal motivo, es urgente cambiar el actual paradigma, ya que de lo contrario, la
sociedad en su conjunto podría verse afectada ante la actual y futura amenaza
que pende sobre la biodiversidad y los ecosistemas.
Estamos muy lejos de haber logrado el “desarrollo sostenible” acordado en Río de
Janeiro durante la Cumbre de la Tierra del año 92. No obstante, sin haber
examinado las causas profundas de este fracaso, hoy se propone una concepción
de “economía verde” que pretende convertirse en una solución sin encarar el
fondo del problema originado por una concepción imperante que sigue priorizando
el crecimiento sobre la equidad social y sostenibilidad ambiental, confundiendo el
“aumento del PBI” con “bienestar” general.
Tal como señala el reciente Informe del Panel de Alto nivel sobre Sostenibilidad
global (“Resilient people/Resilient Planet: a Future Worth Choosing) del Secretario
General de las Naciones Unidas, “los pueblos del mundo no tolerarán la continua
devastación ambiental o la persistente desigualdad que ofende profundamente los
principios universales de justicia social” (acp .5) (...) “el modelo global actual de
desarrollo es insostenible” (acp -8) No es momento de engañarnos sino de abrir
los ojos antes de que sea demasiado tarde.
En nuestro país, más allá de los avances en la creación de institucionalidad
ambiental, los indicadores muestran la profundización del modelo extractivista
caracterizado por la apropiación intensa y masiva de recursos naturales, con altos
costos sociales, culturales y ambientales. Vemos, por ejemplo, cómo la promoción
de la minería ha provocado un tremendo crecimiento de las concesiones mineras
en los territorios andinos, pasando de 2 millones de Has. en 1991 a 24 millones de
Has en el 2011. Por otro lado, más del 50% del territorio amazónico se encuentra
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concesionado como lotes de hidrocarburos, los cuales se sobreponen sobre áreas
naturales protegidas y territorios indígenas acrecentando conflictos entre pueblos
indígenas y petroleras. En ambos sectores – minería e hidrocarburos – los
impactos sociales y ambientales son desproporcionados al monto de la
inversión. Asimismo, en 20 años de aplicación del modelo neoliberal, los impactos
han sido negativos en el crecimiento del salario real de los trabajadores o en la
desregulación del mercado de trabajo lo que generó un debilitamiento del sector
sindical. Este modelo aumentó la desigualdad - ejecutivos del sector minero o
financiero pueden tener un ingreso mensual de hasta 20 veces más que el de un
obrero - y no puede autosostenerse en el tiempo dado que su crecimiento
depende de factores externos como el alto precio de los minerales.
A nivel continental vemos a los gobiernos latinoamericanos, incluso los que
proclaman ser progresistas, en un apuesta neo-extractivista, que profundiza el
modelo primario-exportador, altamente contaminante, en lugar de apostar por
modelos que busquen un verdadero desarrollo sostenible.
Río+20 debe revisar, monitorear y exigir el cumplimiento de parte de los países del
Norte de proveer el 0.7% del producto nacional bruto en forma de Ayuda Oficial al
Desarrollo como fue establecido en la Conferencia de Monterrey y reiterado en
numerosas otras conferencias internacionales. Asimismo, concretar la
transferencia de recursos significativos, adicionales y predecibles a nuestros
países para encarar un Cambio Climático que no hemos generado.
Los compromisos internacionales pactados en Rio 92 y Johannesburgo 2002,
promovidos por la ONU y suscritos por los Jefes de Estado como la Agenda 21,
las 3 convenciones sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación, la
Declaración de bosques y el Plan de Acción de Johannesburgo, no han avanzado
en su cumplimiento para alcanzar el desarrollo sostenible y asegurar el bienestar
futuro de las y los ciudadanos del mundo .
1.2
¿Una Nueva Economía Verde?
El Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, impulsa la propuesta
de una Economía Verde basada en el crecimiento económico, y en la premisa de
que los recursos naturales constituyen el capital natural. A partir de éste, se
generarán nuevas ganancias, re direccionando las inversiones hacia actividades
económicas "verdes", entre ellas, la agricultura pesca, energía renovable,
industria, construcción, transporte y turismo. Esta propuesta se enlaza con los
intereses de grandes empresas trasnacionales y es apoyada por muchos Estados.
Sin embargo, desde la sociedad civil la vemos con preocupación, porque
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representaría una forma de lograr que se mantengan los viejos esquemas de
producción, comercio y consumo, convirtiéndose a la vez en una oportunidad para
grandes negocios a costa de la naturaleza.
La Conferencia de Río+20 quiere legitimar la adopción de un nuevo patrón de
crecimiento económico basado en actividades supuestamente más orientadas al
desarrollo sostenible que ya ha recibido el apoyo del G20. Sin embargo, la forma
en que están planteadas y dirigidas algunas de las propuestas en sectores muy
específicos y sensibles –como el cambio de la matriz energética–, no hacen más
que replicar las formas extractivistas, constituyendo serias amenazas para los
países del Sur. Algunas de estas amenazas serían: i) Incursión de transnacionales
en nuevos sectores productivos basados en recursos naturales y monopolización
de los mercados, ii) El acaparamiento de tierras por parte de grandes empresas
con fines de utilizar grandes extensiones para actividades “verdes”, iii) La
reconversión de los sectores Agricultura, Industria y Energía en actividades
productivas basadas en la biomasa, iv) Desarrollo de mercados financieros
basados en recursos naturales, lo que provocaría que los agentes económicos
encuentren nuevos espacios para jugar con la especulación (ej a través de los
bonos de carbono), v) Un mayor endeudamiento de nuestros países con una serie
de condicionamientos a cambio de dinero y tecnología, y vi) Exacerbación de los
problemas generados por la liberalización de los mercados y por la desventaja en
la que nuestros países se encuentran históricamente en las relaciones Norte-Sur.
Los ciudadanos y ciudadanas sí estamos dispuestos a construir “otra “economía
con justicia social y ecológica. Pero no aceptamos que bajo ese concepto, aunque
se impulsen algunas medidas necesarias (como el uso de energías renovables) se
aliente la mercantilización de la naturaleza con las graves consecuencias que ello
implica para el derecho al acceso y uso de los bienes comunes, mientras se dejan
intactas las lógicas concentradoras, excluyentes y ambientalmente irresponsables
predominantes en la economía global.
Una economía con justicia social y ecológica es la que recoge los aportes de
numerosas iniciativas que vienen desarrollando ciudadanos y ciudadanas,
además de pequeños productores y pueblos indígenas en todo el mundo y que
desafían el orden económico actual caracterizado por la depredación de la
naturaleza.
Es hora de pisar tierra asumiendo compromisos vinculantes y no sólo haciendo
ajustes a un modelo depredador que valora más la acumulación de riqueza por
pocos que el bienestar total de la sociedad. Coincidimos con el PNUMA en que
hay que cambiar el patrón de combustibles fósiles por el de energías renovables y
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aplicar la ecoeficiencia, pero su propuesta se sigue basando en un modelo en el
cual el consumo intensivo y el crecimiento ilimitado son los motores que crean
bienes para la sociedad. Además no garantiza de ninguna manera que los
beneficiados sean principalmente los que tienen poco o nada. Existe también el
peligro de que la mercantilización y valoración de más recursos naturales
entregue más poder y control a los grandes actores.
Por tal motivo, es necesario cambiar la visión sobre el crecimiento, pasando de un
crecimiento ilimitado a uno diferenciado y sostenible que priorice la generación de
bienes para todos, entre ellos los que tienen necesidades básicas insatisfechas y
que no concentre el poder de la biomasa en una minoría de actores económicos.
Frente a la Conferencia de Río+20, las propuestas hacia un nuevo modelo
económico con justicia social y ecológica deberían estar basadas en:
-
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-
El respeto a los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra, para
lograr una convivencia sostenible con la naturaleza y la distribución
equitativa de la riqueza.
Nuevas formas de producción, intercambio y consumo que se mantengan
dentro de los límites de la capacidad de carga del planeta y que contribuyan
a la conservación de la biodiversidad y la naturaleza.
La articulación en todos los sectores económicos hacia y entre pequeñas
unidades productivas, generando empleo digno y promoviendo la
solidaridad.
Compromiso de parte del sector empresarial con el entorno social y
ambiental antes que el lucro.
Respeto de la diversidad étnica, cultural, generacional y de género.
1.3 Propuestas más allá de Río+20
Es urgente trabajar en la construcción de otras propuestas y rutas hacia el
bienestar socio-ecológico, hacia el Buen Vivir, involucrando a las comunidades y
pueblos en las decisiones, propuestas que sean diseñadas desde la conciencia
de la finitud de los recursos naturales y con la evidencia de que las políticas de
crecimiento no necesariamente garantizan la justicia social y ecológica.
Es urgente que Naciones Unidas como expresión máxima de la comunidad
universal, cuente con la legitimidad indispensable para liderar los cambios que la
situación requiere. Ello le exige escuchar el clamor de los pueblos e involucrar a
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los espacios sub nacionales de gobierno a través de canales eficaces de
participación.
Consideramos que el principio de la Convención Marco de las Naciones Unidas
frente al Cambio Climático (CMNUCC) “responsabilidades comunes pero
diferenciadas”, exige que: a) los países industrializados reduzcan drásticamente
sus emisiones de gases de efecto invernadero y que se identifiquen y controlen a
empresas emisoras procedentes de sus países aunque éstas operen en otra
ubicación geográfica, b) cumplan con los sucesivos compromisos de
financiamiento pendientes desde Rio 92 c) Se establezcan mecanismos para que
los que han generado pasivos ambientales asuman la restauración de los
ecosistemas con las debidas sanciones en caso de incumplimiento. Finalmente,
debemos insistir en el principio precautorio que exige tomar medidas para evitar
un posible daño ambiental. Estos principios deben aplicarse para el conjunto de
las actividades económicas.
Para lograr lo planteado proponemos criterios de política pública que recogen
propuestas elaboradas por diferentes sectores de la sociedad civil organizada
(movimiento indígena, movimiento de mujeres, movimiento ciudadano frente al
Cambio Climático, organizaciones de promoción del
desarrollo, redes
ambientales, académicos etc.) . Algunas tienen alcance en los tres niveles del
estado peruano y otras en el ámbito internacional
2. Recomendaciones más allá de Río +20

Río +20 debe acordar declarar la existencia de una crisis ambiental
calificándola como una situación de emergencia global que requiere del
cumplimiento de acuerdos vinculantes como son la reducción drástica de
emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados y de
esfuerzos concretos por evitarlas en los países de economías emergentes.

Río+ 20 para hacer frente a esta situación de emergencia global, debe acordar
prohibir la extracción de petróleo en el mar. Debe declarar zonas intangibles
para las actividades extractivas a los glaciares, las cabeceras de cuencas
hidrológicas de montaña y los páramos y establecer vallas ambientales y
protección a la Amazonía considerándolos como patrimonio ecológico
universal, estableciendo mecanismos viables de control y sanción ambiental.
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
Río+20 debe adoptar también mecanismos muy claros para que los estados y
los ciudadanos contribuyan eficazmente a cambiar los patrones de producción
y consumo imperantes.

Reformar el sistema financiero internacional regulando los flujos financieros y
promoviendo la justicia tributaria, prohibiendo toda especulación para
contrarrestar la volatilidad y reducir los impactos de las crisis internacionales.

Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, materias primas,
biocombustibles y a sectores que forman parte de la economía marrón,
destinando estos recursos a incentivar las actividades que preserven y
conserven la biodiversidad y los recursos promoviendo la revolución energética
sostenible y renovable.

Río +20 debe reconocer como uno de los pilares del desarrollo sostenible los
derechos de los diferentes pueblos y el respeto a la interculturalidad. Debe
reafirmar el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y
comunidades locales involucrados en inversiones que se realizan en su
territorio, de acuerdo con lo establecido en la Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas

Debe acordar medidas para recuperar y revalorar los conocimientos
ancestrales articulándolos con las tecnologías modernas en las estrategias de
adaptación y mitigación al Cambio Climático.

En Río +20 se debe priorizar las políticas de apoyo a los pequeños agricultores
y productores que garanticen la soberanía alimentaria. Reconocer también el
rol fundamental que cumplen en asegurar la alimentación de la población y
demanda de mercados locales, la conservación de la biodiversidad en un
marco de sostenibilidad.

Establecer una normatividad y planes de ordenamiento territorial para delimitar
dónde es posible o no la explotación de los recursos naturales. Esto debe ir
acompañado, en países como el Perú, de una moratoria a nuevas concesiones
mineras-hidrocarburíferas y la suspensión de proyectos mineros que
comprometan de manera irremediable las fuentes de agua que es el mayor
bien común.

En Río+20 se deben proponer medidas para asegurar la implementación de
monitoreos eficaces de los balances hídrico, energético y de materiales para
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determinar la factibilidad de las diferentes actividades extractivas e industriales.
Asimismo, incentivar la aplicación de normas y certificaciones que garanticen
procesos productivos ecoeficientes con sistemas de "Producción más Limpia",
incorporación de información del "Ciclo de Vida" de los productos y
consideraciones de ecodiseño, entre otros ecoindicadores en un marco de
promoción de modelos productivos que busquen reducir los riesgos sobre los
seres humanos y el medio ambiente.

Supone también fortalecer la autoridad ambiental. En el caso del Perú
dándole al Ministerio del Ambiente (MINAM) capacidad de evaluar y autorizar
de manera independiente de los ministerios productivos los estudios de
impacto ambiental. Cumplimiento, sin ampliaciones de los programas de
adecuación y manejo ambiental (PAMAS)

En Río+ 20 se debe acordar proteger un adecuado uso del suelo evitando los
monocultivos y la concentración de la propiedad de la tierra que generan
pérdida de la biodiversidad, aumentan la pobreza rural y afectan la seguridad y
la soberanía alimentaria.

Así mismo debe aprobar la recuperación y conservación de las semillas nativas
frente al uso de transgénicos. Siguiendo el ejemplo de países como el Perú
que han aprobado una ley de Moratoria a la entrada de semillas transgénicas.

Río+20 debe acordar desarrollar políticas para la aplicación de los valores y
estrategias de la Economía Solidaria que permitan la creación, fortalecimiento
y recuperación de los mercados locales, regionales y nacionales con énfasis en
la producción ecológica, el desarrollo económico local y sostenible, las finanzas
solidarias, el comercio justo, el consumo ético, el turismo social, motivando al
intercambio alternativo a través del trueque o monedas sociales y con modelos
organizativos que coincidan con los valores de justicia social y ecológica, tales
como el cooperativismo.

Reconocer y visibilizar el rol de las mujeres porque ellas vienen garantizando
la biodiversidad, los conocimientos tradicionales y la seguridad alimentaria en
la población mundial. Así como incorporar el enfoque de género en políticas
públicas, evaluaciones de eventos climáticos y generar estadísticas oficiales
sensibles al género. Asimismo revalorar el rol del adulto mayor como
depositario de las sabidurías ancestrales.
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
Río + 20 debe reconocer y acordar que es urgente un cambio de una matriz
energética basada en la energía fósil a otra que ponga prioridad en el uso
masivo de nuevas energías renovables y limpias (solar, eólica, geotérmica)
además del uso de energía hidroeléctrica no basada en megaproyectos , de
manera descentralizada y con prioridad a pequeños productores. Los costos
elevados de esta transición deben ser asumidos por los países con mayores
emisiones históricas de gases de efecto invernadero dado que la acumulación
de su riqueza se ha basado en la contaminación del clima.

Frente al Cambio Climático se debe priorizar el diseño, impulso y monitoreo de
políticas públicas y acciones de ámbito nacional y subnacional de carácter
transversal asignando recursos para ello y fortaleciendo la institucionalidad
ambiental.

En el caso del Perú afianzar la Comisión Nacional de Cambio Climático como
espacio concertador que oriente y haga seguimiento a la Estrategia Nacional
de Cambio Climático y a las posiciones del Perú en las negociaciones
internacionales.

Es imprescindible usar nuevos indicadores como por ejemplo el “PBI Verde”
para sincerar el debate sobre el desarrollo económico.
Perú, 24 de Abril de 2012
Comité Impulsor “Perú hacia Río+20”
ANC Asociación Nacional de Centros
MOCICC- Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático
RAP Red Ambiental Peruana
CONACAMI/ CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
Género y Economía
Red Jubileo Perú
GRESP- Grupo Red de Economía Solidaria del Perú
FSP- Forum Solidaridad Perú
Proética
DAR – Derecho Ambiente y Recursos Naturales
COMISEDE
CIDDH
Soluciones Prácticas
Red de Agricultura Ecológica.
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