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Mario Rapoport
Las Políticas Económicas de la Argentina
Una Breve Historia
CAPÍTULO 10
La recuperación económica y el gobierno de Kirchner (2.003-2.007)
1.
El fin del neoliberalismo: la crisis económica mundial
En los años noventa la globalización financiera avanzó a través de una economía «virtual» cada vez más
sofisticada. Se procuraban rentabilidades en las potencias industrializadas que no ofrecían los sectores
productivos, amenazados por la competencia de países emergentes, sobre todo asiáticos, y surgían
burbujas especulativas fuera de control. También se lograba colocar en las naciones en desarrollo dólares
baratos, que quedaron atrapados en la trampa del endeudamiento externo. Este proceso implicó, sobre
todo, un cambio significativo en la reglas del juego al permitir a los agentes económicos manejar su dinero
sin límites, gracias al conjunto de medios e instrumentos (fondos de distinto tipo, productos derivados,
titularización de créditos, etc.) que les ofrecía el mercado, expandiendo las prácticas especulativas. En poco
más de treinta años el sector financiero creció en todos sus indicadores varias veces más que las
actividades productivas.
Nada de esto evitó, sin embargo, la caída de las tasas de crecimiento en los países más desarrollados. El
producto bruto conjunto de éstos pasó de un alza promedio anual del 4,3% entre 1965 y 1979, al 2,7%
entre 1980 y 2007, con subas y bajas, y en niveles insuficientes para generar pleno empleo, impidiendo así
que la demanda efectiva absorbiera la creciente producción.
En los años noventa la euforia por la implosión del bloque soviético incorporó nuevos mercados al régimen
capitalista, lo que favoreció, sobre todo, a la economía norteamericana que retomó el crecimiento,
mientras sucesivas crisis asolaban a los países periféricos.
Con el inicio del siglo XXI, en cambio, la potencia del Norte volvió a padecer problemas económicos. Antes
del atentado a las Torres Gemelas comenzaron a quebrar varios hedge fund (fondos especulativos) y
empresas puntocom con acciones sobrevaloradas en la Bolsa o directamente vaciadas por sus dueños,
como Enron, en un clima especulativo que permitía todo tipo de fraudes. Frente a la amenaza del nuevo
terrorismo internacional el gobierno de Bush (h) optó por una fuga hacia delante, a través de la
intervención militar en Irak, acompañada por políticas de rebajas de impuestos para los más pudientes y un
incremento del gasto gubernamental en seguridad y defensa. Esto generó enormes déficit gemelos: fiscal y
de cuenta corriente del balance de pagos. La salud económica estadounidense pasó a depender del empuje
de la economía china y de otras naciones, que colocaban sus excedentes en el comercio mundial en bonos
de aquel país.
La crisis de las subprime, que estalla en el 2007, fue la gota que rebasó el vaso, porque no constituyó una
simple crisis financiera más. Su base fueron hipotecas inmobiliarias de alto riesgo transformadas en títulos
especulativos. No sólo resultaron afectados los bancos sino también las familias endeudadas que se
quedaron sin hogar, los inmuebles que se desvalorizaron, y hundieron a la industria de la construcción y a
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sus cadenas productivas y los trabajadores que perdieron sus empleos.
Esta nueva crisis decidió al gobierno norteamericano, y también a los de la Unión Europea, a intervenir
directamente para salvar las principales empresas y compañías financieras y bancos en quiebra, sobre todo
luego de la caída de Lehman Brothers, uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos. Estas
acciones constituyeron un verdadero keynesianismo al revés o, para decirlo en palabras más exactas, una
socialización de las pérdidas. Ahora a los damnificados directos se sumaban, a través de las
nacionalizaciones de bancos por los Estados, los contribuyentes estadounidenses y europeos, y las
generaciones futuras al recurrirse también al endeudamiento.
Por otra parte, se puso en juego el papel dominante del dólar. Desde los años setenta, Estados Unidos se
convirtió en el mercado financiero del mundo y la Reserva Federal (la Fed) pasó a emitir una moneda
nacional de circulación internacional, sin base metálica, administrada a través de las tasas de interés fijadas
por la propia Fed y de los títulos del tesoro del gobierno estadounidense. Como la casi totalidad de los
pasivos externos norteamericanos está denominada en dólares al igual que sus exportaciones e
importaciones, el ajuste interno de Estados Unidos ha sido siempre distinto del resto de los países: es un
país deudor que determina la tasa de interés de su propio endeudamiento. Singularidad que se sustenta de
forma exclusiva, en su poder político y económico.
Parece haberse terminado una época. La economía estadounidense da la impresión de tener una salud
frágil y reanima viejos debates acerca del eclipse de su hegemonía en el orden mundial. Su endeudamiento
externo equivale a casi todo el producto bruto estadounidense, a siete años de exportación de bienes y
servicios de ese origen y a algo más de la quinta parte del producto bruto mundial. ¿Cómo pudieron los
Estados Unidos sostener ese nivel de endeudamiento? La respuesta es simple: a partir del ahorro
acumulado en gran parte del planeta, principalmente en los países en desarrollo. Lo mismo ocurre con
muchos países europeos que siguieron el ejemplo norteamericano en los mercados financieros e
inmobiliarios.
Seguramente, no estamos asistiendo todavía al fin inmediato del predominio económico de la potencia del
Norte, pero se advierten más claramente señales de su declive, al tiempo que la Unión Europea también se
encuentra en serias dificultades que amenazan su futuro.
En ese marco, el dinamismo que representa la expansión de países emergentes, especialmente China e
India; la consolidación de bloques regionales —como el que se está formando en América del Sur—; la
aparición de monedas competitivas del dólar y el abandono de los presupuestos del neoliberalismo,
constituyen tendencias que abren un interrogante sobre la evolución de la economía mundial. El resultado
será, sin duda, un mundo mucho más multipolar.
2.
El problema del endeudamiento externo
La asunción de Roberto Lavagna como ministro de Economía, en abril de 2002, luego de la renuncia elevada
por Remes Lenicov ante su fracaso en la colocación de bonos a los ahorristas y la falta de apoyo político,
estuvo precedida por un acuerdo firmado por los gobernadores peronistas y radicales de 16 provincias. Allí
se manifestaba la voluntad de normalizar el orden jurídico y económico, además de cumplir con algunas de
las exigencias del FMI (derogación de la Ley de Subversión Económica y reforma de la Ley de Quiebras), al
que se le envió el documento de inmediato. Esta iniciativa trazaba los límites de la política del gobierno,
reafirmando la voluntad de lograr un arreglo con los organismos internacionales y dar paso a medidas que
el FMI reclamaba, como el control de los déficit fiscales de las provincias.
En ese marco, se empezaron a delinear objetivos que pudiesen ligar el corto y el mediano plazo: estabilizar
el valor del dólar y el nivel de precios, fortalecer las arcas del Estado, encontrar una salida al «corralito» y el
«corralón» bancarios y lograr el refinanciamiento de capital por parte de esos organismos internacionales.
A medida que se fue estabilizando la situación, se avanzó con el retiro de las cuasimonedas y con tenues
medidas tendientes a revitalizar el consumo e impulsar la reactivación económica. Paralelamente, la firme
política de redescuentos del Banco Central, que buscaba evitar la quiebra de las entidades financieras, fue
acompañada por la intervención del Banco Nación, que pasó a administrar transitoriamente los bancos que
marchaban a la quiebra.
En línea con esos objetivos, el gobierno optó finalmente por tornar voluntario el Canje de los Certificados
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de Depósitos Re- programados (CEDROS), ofreciendo a los ahorristas varios bonos alternativos con plazos y
tasas diferentes. Paralelamente, se establecieron medidas con relación a la inflación y al mercado de
cambios. La política de precios combinó recetas ortodoxas, como el férreo control de la expansión
monetaria (a través del superávit fiscal y la emisión de letras —LEBACS— por parte del Banco Central), con
alternativas heterodoxas, tales como la aplicación de retenciones, emergentes de la gestión Remes, o la
firma de acuerdos entre el Estado y el sector privado.
La tendencia alcista del precio internacional del petróleo y su incidencia en el proceso inflacionario
motivaron que el sector petrolero tuviera un fuerte peso a la hora de aplicarse aquellos instrumentos de
política económica, tal como aconteciera durante la gestión anterior. Al privatizar YPF, el Estado había
perdido la oportunidad de apropiarse la renta extraordinaria generada por la suba en el valor del barril y de
los beneficios recibidos por los exportadores, resultado de la devaluación, lo que se revertía parcialmente
ahora, con la instauración y posterior suba de las retenciones a las exportaciones de combustibles.
La privilegiada condición de la que habían gozado esas empresas durante la década del 90, legitimaron
políticamente el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por parte del gobierno, con el fin de
evitar un mayor incremento en el nivel de precios. Aun así, se propuso avanzar con el ajuste en las tarifas
de algunos sectores a partir del mes de agosto, resistido y varias veces frenado por asociaciones de
consumidores que presentaban reclamaciones legales.
Otro frente crucial era el tipo de cambio. Todavía en junio de 2002, las turbulencias continuaban marcando
las dificultades para imponer un rumbo de política decidido. Se produjo entonces la última corrida
cambiaría signada por presiones cruzadas de operadores internos y organismos externos. El Fondo
Monetario exhortaba al Banco Central a dejar de vender reservas para contener la depreciación del peso,
sugiriendo que las guardara para futuros pagos a los organismos internacionales. El gobierno seguía
sirviendo la deuda con éstos y el Banco Central informaba por esa época que la mitad de las reservas
perdidas en la primera parte del año había tenido como destino el pago de esas deudas.
Se optó, entonces, por profundizar las medidas de control sobre el mercado de cambios para frenar el
sostenido ascenso en la cotización del dólar y su repercusión sobre el nivel de precios, en particular sobre
los productos de la canasta básica. En especial, se impuso un mayor rigor en el manejo de las divisas
provenientes de las exportaciones a liquidar en el Banco Central. También se redujeron los montos
máximos de las posiciones netas en divisas que podían mantener las entidades financieras en sus
operatorias en el mercado minorista por cuenta y orden del BCRA, así como de las tenencias de dólares por
parte de las casas de cambio. Además, se estableció un plazo máximo para que las empresas destinen al
pago de deudas en el exterior los dólares adquiridos en la plaza local.
Estas medidas, que contribuyeron a incrementar las reservas del Banco Central y limitaron el margen para
la especulación con el tipo de cambio, se combinaron con los bajos niveles de las tasas de interés en los
mercados internacionales y con el mayor saldo de divisas resultante del intercambio comercial, poniendo
un freno a la depreciación del peso. Ello motivó a su vez la liquidación de divisas para realizar ganancias
financieras por parte de aquellos que habían especulado con la desvalorización de la moneda local, dadas
las perspectivas de un dólar a la baja.
Así, se produjo un cambio de tendencia, conjugado con la venta de dólares, para explotar los altos niveles
de las tasas de interés locales y la construcción de viviendas. Esta actividad fue una de las que se
anticiparon a la recuperación de la economía, constituyendo, junto con los sectores exportadores y
aquellas industrias que sustituyeron importaciones, un factor importante que explica la posterior
reactivación del empleo y del consumo. Más aún, la construcción resultó beneficiaria de las medidas que
desde Economía comenzaron a implementarse para apuntalar la incipiente recuperación de la actividad
económica. Así, a principios de abril del 2003 el Ministerio de Economía habilitó el uso de los BODEN 2012
para la construcción de viviendas particulares y emprendimientos habitacionales.
En esas condiciones, algunas restricciones financieras se fueron relajando y el sistema bancario pudo
permitir paulatinamente el retiro de dinero atrapado en el corralón. En abril del 2003 se decretó el
reordenamiento del sistema financiero y comenzaron a devolverse los depósitos reprogramados, con un
cronograma que incluía montos cada vez más altos: los depósitos mayores a $100.000, último tramo de la
salida, se devolverían en un plazo de 120 días.
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Mientras tanto, se buscaba revitalizar la coyuntura, a partir de una recomposición del consumo. Esta
estrategia se apoyaba en dos hechos objetivos: los deprimidos niveles de la utilización de la capacidad
instalada y la caída de los salarios reales, que en algunos casos había llegado al 40%. De allí que las
tradicionales políticas de la oferta que focalizaban en los estímulos a la inversión se tornaban obsoletas. Esa
misma brecha respecto al producto potencial era la que posibilitaba, a la vez, la expansión de la base
monetaria sin que ello se tradujera en una salida hiperinflacionaria, como muchos analistas pronosticaban
por ese entonces. Es así que se avanzó en una tímida recuperación de los salarios del sector privado, a
partir de sucesivos decretos que, aunque no compensaron el impacto inflacionario que la devaluación
había provocado, fueron dando lugar a una mejora relativa del poder adquisitivo. Los salarios de los
trabajadores no registrados y los del sector público no acompañaron ese proceso, por lo tanto no hubo un
repunte significativo del nivel general.
La intervención en el mercado de trabajo fue otro de los instrumentos utilizados por la gestión económica
del último tramo del gobierno de Duhalde para recuperar el consumo. No debe soslayarse el permanente
estado de convulsión social reinante, acentuado más aún después del asesinato en el Puente Pueyrredón
de dos militantes del MTD Aníbal Verón, en junio de 2002. Poco después a ese acontecimiento, a principios
del mes de julio, el gobierno anunció la firma de un acuerdo con empresarios y sindicalistas que establecía
un aumento no remunerativo de $ 100 en los salarios del sector privado. De allí en más, se avanzó con
decisiones unilaterales, y en abril de 2003 el monto de incremento no remunerativo alcanzaba los $ 200. La
intervención estatal también se reflejaba mediante el decreto que imponía el pago de doble indemnización
en los despidos sin causa.
Sin embargo, el Estado mantenía congelados sus propios salarios, principal mecanismo para contener el
gasto público y avanzar en la obtención de un superávit fiscal primario (sin tener en cuenta el pago de los
intereses de la deuda externa), como no había podido lograrse en los años noventa.
La recaudación comenzó, a su vez, a incrementarse como consecuencia del proceso inflacionario y de las
retenciones, alcanzándose el superávit primario deseado en el segundo trimestre del 2002. Al aumento en
los montos percibidos por el IVA se le agregó la extensión del denominado Impuesto al Cheque, la sanción a
fines de ese año de la reducción del porcentaje de los aportes patronales que podían computarse a cuenta
del IVA y la eliminación de la exención en el pago del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por parte de
las empresas inscriptas en los Planes de Competitividad. Adicionalmente, no se aceptó el ajuste por
inflación en los balances contables y se estableció una rebaja en el IVA agropecuario.
Con el nivel de precios y la cotización del dólar bajo control, la recuperación incipiente del nivel de
actividad, y el apaciguamiento del escenario político en términos de una salida electoral programada, el
gobierno trató de asegurar este proceso, en vísperas de las elecciones generales, con la firma de un
acuerdo de transición con el FMI, que se rubricó a mediados del mes de enero del 2003. De este modo se
conseguía un traspaso ordenado de la economía mientras se trasladaba a la gestión siguiente la discusión
de fondo.
El acuerdo acentuó la apreciación del peso que se venía manifestando desde noviembre. Ahora, la política
de coyuntura debía cambiar de sentido y evitar el derrumbe del precio del dólar. Por eso, se avanzó en la
progresiva desregulación del mercado cambiario, con mayor laxitud para la compra de divisas. Se otorgó así
el acceso directo al mercado libre y único de cambios para las transferencias de capital menores a
1.000.000 de dólares mensuales y los pagos financieros al exterior menores a 5.000.000 de dólares
mensuales. Además, se autorizaron los pagos anticipados de las importaciones inferiores a 180 días; y se
relajó la restricción de las tenencias de activos externos de las entidades financieras.
La sostenida revalorización del peso llevó incluso, ya durante el gobierno de Kirchner, a una serie de
medidas, como exigir la permanencia en el país de capitales externos por un plazo mínimo de 180 días,
tendientes a evitar maniobras especulativas. Esos capitales buscaban aprovechar el diferencial de tasas de
interés, en un contexto de tasas bajas en los mercados internacionales y de tendencia alcista de la moneda
nacional que convalidaba las ganancias financieras de corto plazo.
3.
El canje de la deuda y el pago al FMI
La asunción de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, tras una primera vuelta de elecciones reñidas entre
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los distintos candidatos y la no realización de una segunda vuelta —porque Menem, el principal
contrincante, no se presentó—, conllevó un cambio no sólo en la conducción política, sino también en el
modelo económico que prevaleció desde los años noventa (y tuvo su primer ensayo a mediados de los
setenta) y cuyo fracaso se había puesto en evidencia con la crisis de 2001 - 2002.
En lo inmediato, sin embargo, trajo aparejado un hecho inédito en la historia argentina: la permanencia de
un ministro de Economía con diferentes presidentes más allá del cambio de gobierno. Varias razones
explican esta circunstancia. Una nueva política económica venía esbozándose desde antes, Kirchner y
Lavagna parecían coincidir en sus objetivos y la opinión pública tenía una imagen positiva del ministro por
su desempeño durante la crisis.
Con la tranquilidad que le daba el nuevo gobierno, Lavagna se abocó a la renegociación de la fracción de la
deuda externa que se hallaba en default. Antes de presentar lo que finalmente sería la primera oferta por
parte del Estado argentino, el gobierno realizó dos movimientos con vistas a las negociaciones con los
acreedores privados. Por un lado, el 31 de julio decretó el reintegro a las AFJP de los títulos de deuda
pública en dólares que en 2001, durante la gestión de Cavallo, habían canjeado por los denominados
Préstamos Garantizados, cuya pesificación posterior no fue aceptada por parte de las AFJP. De esta
manera, el gobierno ampliaba la masa de acreencias a renegociar, lo que le permitía establecer un menor
porcentaje de quita para obtener el mismo volumen de deducción. Al mismo tiempo, le otorgaba mayor
participación al tramo local de acreedores, con lo cual, a-la hora de negociar, ponía en juego más sectores
vinculados con la economía nacional.
Por otro lado, a mediados de septiembre se llegó a un acuerdo trienal con el FMI, por el que el Sector
Público Consolidado se comprometía a cumplir con un superávit primario equivalente al 3% del PIB,
reconociendo al organismo como un acreedor privilegiado sin sufrir quita alguna.
Dos semanas más tarde de la firma del acuerdo el ministro Lavagna presentó una oferta de
reestructuración para la deuda con acreedores privados. Los lineamientos de la reestructuración de la
deuda consistían en lograr una quita nominal del 75%. Los bonos a ser reestructurados (deuda elegible)
serían aquellos emitidos antes del 31 de diciembre del 2001, deuda que, en buena parte, se encontraba en
el país (38,4%) y, en menor medida, en Italia (15,6%), Suiza (10,3%), Estados Unidos (9,1%) y Alemania
(5,1%). La deuda a reestructurar contemplaba el 57,6% del stock de la deuda pública a fines del 2003. La
deuda excluida, por un monto de 76.500 millones de dólares, estaba conformada por los préstamos
garantizados nacionales, el bono garantizado provincial, los BODEN y la existente con los organismos
internacionales. El 1 ° de junio de 2004 el ministro anunció una propuesta definitiva de reestructuración de
la deuda pública externa. Según ésta, se emitirían tres bonos y se planteaban dos escenarios alternativos: si
la adhesión fuera menor o igual al 70% del monto total de capital de deuda en cesación de pagos, la quita
del valor nominal será del 47% aproximadamente, y de un 53% si el nivel de aceptación superaba el 70%.
Los bonos emitidos tuvieron distintas características: el bono Par conservó su valor nominal, pero era de
menor tasa de interés. Los otros dos sufrieron quitas. El cuasi par era el de mayor duración y con menor
quita que el de Descuento. Este último poseía la mayor tasa de interés y menor plazo. A los instrumentos se
incorporarían títulos vinculados al PIB, que ofrecía un pago adicional en caso de que el PIB creciera a un
ritmo mayor a ciertas tasas de referencias.
El resultado del canje se conoció el 18 de marzo del 2005, la adhesión fue del 76,15% y se logró una quita
nominal del 53%. Del monto total de la deuda elegible, 81.836 millones de dólares, se logró canjear 62.318
millones. De esta forma el total de deuda reestructurada fue 35.261 millones de dólares. La composición de
la deuda por monedas cambió, aumentando significativamente la participación del peso, al pasar del 3% al
37%. Otra porción igual quedó en dólares y la participación del euro se mantuvo relativamente constante.
Aunque no cerraba todas las cuestiones (pues quedaban afuera las demandas en el CIADI de las empresas
privatizadas y los bonistas que no se avinieron a la reestructuración), este paso marcaba el final de un largo
conflicto en torno a la deuda.
La heterodoxia de los programas económicos aplicados por Argentina desde entonces fue un factor
importante en el contexto de una relación cargada de tensiones con el FMI. A pesar de que el país continuó
cumpliendo a rajatabla con los pagos a los organismos financieros internacionales, el Fondo no redujo su
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dureza en las negociaciones. Por el contrario, el reemplazo de Köhler por el ex ministro de Hacienda
español Rodrigo Ratto en la dirección del organismo congeló virtualmente los vínculos y un acuerdo de
largo plazo se tornó muy poco probable. El convenio vigente con el FMI se suspendió incluso
temporariamente. El Fondo no cesó de reclamar por políticas más ortodoxas, que incluyeran mayores
superávits y reformas del Estado acordes a los cánones neoliberales. También se opuso a las condiciones en
las que se planteó la renegociación de la deuda privada en default y desde la conclusión del proceso
condicionó su apoyo a la búsqueda de una solución para quienes no se avinieron al canje de títulos.
Era la primera vez que el organismo no intervenía en la elaboración del programa para una renegociación
de deuda pública en la Argentina, desde 1965. Las turbulentas relaciones y la imposibilidad de avanzar en
un acuerdo decidió finalmente al presidente Kirchner a cancelar por completo las deudas con el organismo
internacional en enero de 2006, cuando alcanzaban cerca de 11.000 millones de dólares, operatoria posible
debido al importante incremento de las reservas ocurrido entre 2003 y 2005. Se destinaban al pago 9.530
millones de dólares (descontados intereses que se ahorraban), decisión que seguía a la de Brasil, que había
anunciado exactamente la misma medida. El pago representaba algo menos del 9% del total de la deuda
pública argentina, de 126.400 millones de dólares, y se comprometían más del 36% de las reservas del país,
que se reducían a cerca de 17.000 millones.
El período transcurrido desde mediados de 2002, y particularmente desde la asunción del nuevo gobierno,
constituye un desafío para las interpretaciones ortodoxas en materia económica y «realistas» en lo político.
La acción de las autoridades públicas se ubicó lejos de las sugerencias que se habían impuesto hasta ese
momento, y que indicaban que la única forma de salir de la crisis consistía en estimular el incremento de las
tasas de ganancia, sostener un laxismo financiero a ultranza y respetar los dictados de los principales
referentes del poder económico local e internacional, cuya cabeza visible era el FMI. Por el contrario, la
inflexión de la coyuntura se logró a partir del momento en que volvió a permitirse un crecimiento de la
demanda, única manera de utilizar de manera más efectiva la amplia capacidad ociosa. El estímulo al mayor
consumo interno se conjugó con una coyuntura externa especialmente favorable, con precios en alza y
demanda sostenida, que permitieron, luego de mucho tiempo, relanzar el proceso de crecimiento de la
producción y del empleo, lo que creó, a su vez, una demanda adicional que reforzó la tendencia.
4.
El frente fiscal y externo
Durante las últimas décadas la Argentina registró continuos déficit fiscales. El Estado gastaba más de lo que
recaudaba, comportamiento que fue un factor relevante en casi todas las crisis económicas del país en ese
período. A partir de 2003 la tendencia se revirtió a tal punto de haber generado desde entonces sucesivos
superávit fiscales. Ese excedente se refiere al superávit primario, que es el resultado de los ingresos menos
los gastos sin incluir el pago de intereses de la deuda pública. Durante ese proceso, el debate sobre el tema
fiscal pasó por tres cuestiones: I) la magnitud del superávit con relación al PIB; II) la posibilidad de
financiación del Estado; III) el destino de los gastos estatales.
Todo déficit genera la necesidad de una financiación interna si existe ahorro del sector privado. En caso de
ser insuficiente, el déficit debe ser cubierto con ahorro proveniente del exterior, dejando al Estado en una
situación de vulnerabilidad ante los riesgos de shocks externos. Frente a la cesación de pagos se recurrió al
ahorro interno. En 2004, el excedente de las cuentas públicas alcanzó un nivel sin precedentes en la historia
económica moderna de la Argentina: 5,5 % del PBI, correspondiendo 1,4 puntos porcentuales a las
provincias. En 2005 se redujo a 4,6% aportando las provincias 0,8 y en 2006 alcanzó el 3,3% del PIB con 0,2
puntos de las provincias. En esos años el gasto público fue en aumento, orientado especialmente a
inversiones en infraestructura, a subsidios percibidos por diferentes sectores, como transportes y
combustibles, y a mejorar los haberes previsionales, en especial el mínimo, además de instrumentar un
amplio plan de inclusión previsional que incluyó en el sistema a 1,5 millón de nuevos jubilados.
El modelo económico puesto en marcha en 2003 se sostuvo con saldos positivos en materia de política
fiscal. Ese escenario permitió sostener el tipo de cambio real competitivo. Para algunos analistas esa
estrategia fiscal conservadora del gobierno de Néstor Kirchner ha sido un aspecto importante de su política
económica, puesto que permitió inicialmente estabilizar el tipo de cambio y evitar, contra las expectativas
generalizadas, que la gran devaluación se transformara en hiperinflación. El superávit primario brindó las
condiciones para la estabilidad cambiaría, lo que disminuyó la desconfianza y la fuga de capitales,
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contribuyendo así a la fuerte reactivación económica desde el 2003. Además, el gobierno puso el acento en
la política fiscal, que le permitió presentarse frente a los acreedores internacionales con mayor fortaleza.
Ese superávit otorgó márgenes de autonomía para la política económica en un escenario de dificultad en el
acceso al mercado voluntario de capitales a partir del default y la posterior reestructuración, con fuerte
quita, de la deuda externa.
Durante este proceso de crecimiento sostenido, si bien el aumento del gasto público comenzó a erosionar
el superávit fiscal éste se mantuvo igualmente en niveles históricos altos. La necesidad de atender el frente
social junto a las mayores erogaciones previsionales y aumentos de salarios en el sector público, hasta
entonces postergado, en el marco de una mejora general de haberes en términos reales, disminuyó ese
excedente, aunque no se pudo superar todavía el deterioro social sufrido por las políticas de ajuste
anteriores a la crisis. También el aumento del gasto se explicaba por la realización de obras de
infraestructura imprescindibles, con el predominio de las viales y energéticas, y por subsidios para distintos
sectores productivos, orientados a morigerar el impacto del aumento de los precios internacionales de los
alimentos y a frenar los aumentos de tarifas de servicios públicos, como la electricidad o el transporte. De
todos modos, el gasto público en relación al PIB siguió siendo uno de los más bajos de la región, retraso
generado por la implementación de políticas neoliberales que retiraron al Estado de áreas estratégicas.
En cuanto al frente externo, recordemos que la década del noventa estuvo caracterizada por una moneda
doméstica, el peso, apreciada, acompañada por crecientes desequilibrios fiscales y de la balanza comercial.
Entre 1990 y 1999 se registraron seis períodos deficitarios, alcanzando un promedio negativo de unos 3.800
millones de dólares por año. Esa situación se revirtió tras la salida de la convertibilidad: entre el 2003 y el
2007 el saldo promedio positivo de la balanza comercial se mantuvo por encima de los 13.000 millones de
dólares, superando ampliamente a otros períodos de la historia del comercio internacional argentino,
registrando así una participación del superávit comercial de más del 7% del PIB.
La devaluación en 2002 tuvo como objetivos consolidar la producción de la industria nacional y generar
mayor competitividad en las exportaciones. En consecuencia, las importaciones sufrieron una considerable
disminución y el saldo de la balanza comercial se transformó en superavitario, facilitando así la
acumulación de reservas por parte del Banco Central. Esta medida adquirió un aspecto relevante en la
política económica del gobierno de Kirchner dado que el país había quedado marginado de los circuitos
financieros internacionales desde la declaración del default. A su vez, a partir de 2004 los ingresos por
exportaciones se incrementaron. Esto se debió a que los principales productos destinados a los mercados
externos comenzaron a experimentar en esos años un progresivo aumento en sus precios. Especialmente
en 2007, cuando los bienes agrícolas tuvieron subas que superaron el 100 por ciento, como en el caso del
trigo, el maíz, el arroz y, especialmente, la soja y sus derivados, como el aceite.
La producción mundial de granos se mantuvo prácticamente constante desde 2004 mientras que el
consumo aumentó por el fuerte avance de su demanda. Y el índice de los términos de intercambio,
favorable a los bienes argentinos exportables, creció de 114 a 121 entre 2003 y 2006. Resulta obvia la razón
por la cual el complejo cerealero y oleaginoso fue, junto a la rama automotriz, uno de los rubros más
dinámicos de exportación. Por otra parte, la producción local exportable adquirió mayor competitividad
debido a menores costos internos y a un tipo de cambio alto. El escenario internacional comenzaba a
presentarse cada vez más favorable como consecuencia de la mayor demanda de materias primas,
mientras que el Estado desarrollaba una política de apertura hacia mercados no tradicionales, negociando
acuerdos con China, Corea, India y México, entre otros.
En cambio, algunos de los clientes tradicionales redujeron significativamente su presencia en el comercio
argentino de exportación. Entre 1999 y 2008 la proporción de exportaciones argentinas absorbidas por el
Mercosur osciló en torno al 22%, mientras que las ventas al principal socio regional, Brasil, descendieron. A
su vez, las exportaciones a la Unión Europea, si bien estables en valores, registraron un retroceso en
términos relativos y la participación del NAFTA permaneció sin grandes cambios. El destino que incrementó
sensiblemente su presencia a partir de 2003 fue China.
A pesar de este nuevo dinamismo, las exportaciones no cambiaron su perfil sectorial. Por el contrario,
aumentaron su grado de concentración en ciertos productos, coeficiente de por sí elevado en años
anteriores. Casi el 75% de las ventas externas se concentraba hacia 2008 en una docena de rubros, que
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cuatro años antes representaban el 71,5%.
En 2004 un estudio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior advertía todavía, a dos años de la
devaluación, que las actividades con mayor valor agregado y mayores y más diversificados
encadenamientos tuvieron un incremento moderado en las exportaciones al compararlas con los restantes
agrupamientos. La participación de las exportaciones con un valor agregado nacional por encima de la
media no alcanzaba entonces al 13% de su total, pero ese porcentaje iba a ir aumentando con el tiempo.
Así, por ejemplo, las manufacturas de origen industrial y agropecuario pasaron de us$ 17.000 millones en
2003 a us$ 46.400 millones en 2008, creciendo a tasas anuales mayores que el promedio.
Por su parte, en el repunte de las importaciones se advirtieron cambios sectoriales que daban cuenta de las
diferentes etapas de la recuperación que se inició en el segundo semestre de 2002. Las materias primas y
combustibles se destacaron inicialmente por sobre los demás tipos de bienes, fruto del alza de los precios.
Luego, comenzó a verificarse también un incremento de los insumos intermedios, que reflejaba el
crecimiento de la producción sobre la base de una mayor utilización de la capacidad instalada. Más urde,
hacia 2004, recuperaron terreno los bienes de capital y los repuestos y accesorios vinculados a esos bienes
así como los vehículos de transporte, señalando el inicio de un nuevo ciclo de inversión. Especialmente
destacable fue la disminución de las compras de bienes de consumo, que indicaba la relevancia del proceso
de sustitución de importaciones iniciado con la devaluación.
5.
Los signos de la recuperación económica
La conjunción de la debacle económica con la fractura de la legitimidad neoliberal impuso la necesidad de
articular una salida de la crisis que respondiera en el plano material, y de manera urgente, a las acuciantes
necesidades de los vastos estratos sociales sumergidos en la pobreza y la indigencia.
El rechazo a lo acontecido durante los años noventa formó parte del núcleo central del planteo que el
nuevo gobierno enarboló en aras de revertir la precaria legitimidad de origen que derivaba del magro
porcentaje de votos con que había alcanzado el poder. Ya desde su discurso de asunción, Kirchner se
propuso poner en contraste el modelo económico de la década previa con el que comenzaba a delinearse.
La retórica presidencial retomaba diversos aspectos de la experiencia atravesada por el país durante la
industrialización sustitutiva, en particular durante el primer peronismo: el objetivo del pleno empleo, el
desarrollo de la industria nacional, la recomposición del mercado interno, la reivindicación de la soberanía
política, y el afán de emancipación respecto de los agentes del extranjero, ahora representados por el FMI.
Otros aspectos diferenciales planteados fueron la premisa de la responsabilidad fiscal, la necesidad de
tener una inserción exportadora más amplia y la urgencia de revertir una situación social inédita. La política
de derechos humanos, la profundización de los mecanismos de integración regional y otros aspectos de la
política exterior acompañaron este proceso.
Acorde con estos lineamientos, en los primeros meses de su mandato, por medio de declaraciones del
mismo Kirchner, así como del ministro de Economía, se determinó que el sostenimiento del tipo de cambio
en niveles comparativamente altos sería un objetivo principal de la nueva administración, contrariando las
recomendaciones del FMI que propugnaba un régimen de flotación pura. El nuevo nivel en torno al cual el
gobierno dejó flotar la paridad cambiaria (entre 2.8 y 3.2 pesos por dólar) implicó cambios sustanciales en
la rentabilidad relativa de las distintas actividades económicas que se desarrollaban en el país. El alza del
tipo de cambio encareció las importaciones en el mercado interno, y promovió un aumento de los precios
de exportación medidos en pesos. Como la devaluación tuvo lugar en un contexto recesivo y de elevado
desempleo, los salarios nominales subieron mucho menos que el dólar y, en los primeros años, que la
inflación.
El cambio de rentabilidades relativas significó una fuerte transferencia de ingresos desde los trabajadores y
los sectores productores de servicios, a la industria y el agro. En el caso del sector agrario el abrupto salto
en la rentabilidad de sectores productores y exportadores se dio a través de la predominancia del cultivo de
la soja, que aumentó casi de dos veces de 1996 a 2007, imponiendo un modelo de primarización y
agroexportación de la economía perjudicial en el mediano plazo para otras producciones y el consumo
interno. La soja se convirtió en el rubro de exportación de mayor incidencia en el producto agropecuario
del país, y el complejo sojero en el primer generador de divisas de la Argentina. A su vez, la retracción en
los ingresos salariales que deprimía aún más el consumo, y por tanto la demanda agregada, iba a ser
8
Rapoport Mario
enfrentada con una activa política de ingresos.
En consecuencia, la política cambiaría instrumentada por medio de la activa intervención del Tesoro y,
sobre todo, del Banco Central, dio como resultado la reversión de la tendencia a la apreciación nominal que
venía presentando el peso. Dicha intervención consistió en la compra de divisas con el fin de neutralizar las
presiones, que derivaban del exceso de oferta de dólares generado por el superávit comercial. La
adquisición de divisas realizada por el gobierno mediante el Banco Nación se destinó a los pagos de
vencimientos de capital e intereses con los organismos internacionales. Por su parte, las intervenciones
sobre la paridad cambiaría llevadas adelante por el Banco Central trajeron aparejada, al involucrar la
emisión de pesos, una significativa expansión de la oferta monetaria.
Como el incremento de la cantidad de dinero superaba los requerimientos de liquidez de la economía, para
evitar presiones inflacionarias el Banco Central acompañó sus intervenciones en el mercado de cambios
con operaciones de esterilización, tendientes a reducir el nivel de circulante existente en la economía. Ello
se logró por medio de la emisión de Letras y Notas (LEBAC y NOBAC) y a través de la cancelación de los
redescuentos otorgados a los bancos durante la crisis.
Ya avanzada la recuperación, y resuelto el canje de la deuda, tuvo lugar un reflujo importante de entrada
de capitales que tornó más trabajosa la tarea del Central. En ese sentido, con el objetivo de desalentar el
arribo de capitales de corto plazo que elevasen el grado de volatilidad de las variables financieras y
agregasen presión a la baja sobre el tipo de cambio, se impusieron controles a los ingresos de capitales
desde mediados de 2005El efecto residual de la política de sostenimiento del tipo de cambio fue la acumulación de reservas,
generando un reaseguro frente a cambios abruptos en el sentido o en la magnitud de los flujos de capitales,
lo que a su vez permitió reducir la posibilidad de corridas contra la moneda nacional. La mayor solidez
financiera que aportaría la acumulación de reservas constituyó el complemento de la política que encaró el
gobierno mediante la reestructuración de la deuda y la cancelación de vencimientos con organismos
financieros internacionales.
No menos relevante para el sostenimiento de una paridad real depreciada fue la decisión presidencial de
mantener congeladas la tarifas de los servicios públicos, y de controlar activamente el precio interno de los
combustibles. Estas condiciones permitieron que los precios internos de los bienes industriales de origen
nacional aumentaran menos que los importados, ganando competitividad. En algunos casos, el aumento
volvió rentables algunas actividades que hasta entonces no lo eran y, en otros, permitió un incremento en
los márgenes de ganancia, tal como ocurrió con los bienes exportables.
Ambas medidas apuntaron a reducir los costos de producción en el mercado doméstico tanto de la
industria como del agro ya sea mediante el abaratamiento de los insumos energéticos como,
indirectamente, vía la reducción del costo salarial implícito en el reducido valor de los servicios públicos
que afrontan los hogares.
Otra de las definiciones importantes en materia macroeconómica fue el mayor protagonismo asignado a las
retenciones. Por un lado, como instrumento para desvincular los precios internos de los productos de
exportación de sus valores internacionales y procurar diversificar los niveles de producción agropecuaria.
Por otro, como impuesto central para compatibilizar la preservación de elevados superávits fiscales con las
necesidades del gasto público en función de los compromisos de la deuda, y las necesidades sociales,
productivas y de infraestructura.
A su vez, a fin de hacer viable el protagonismo que se pretendía asignar al mercado interno, en un contexto
de salarios deprimidos y alto desempleo, fue muy importante la continuidad y profundización de la política
de ingresos. Esta se hizo efectiva mediante la prolongación del Plan Jefes y Jefas; los aumentos al sector
privado, de suma fija y otorgados por decreto en reiteradas ocasiones; los incrementos de las
remuneraciones del sector público, del salario mínimo vital y móvil, de los haberes jubilatorios y de las
asignaciones familiares, y el impulso a la renegociación de los salarios mediante paritarias.
El nuevo esquema de incentivos generó los primeros efectos expansivos sobre la actividad económica.
Buena parte del deprimido consumo que se volcaba a bienes importados comenzó a derivarse hacia los
bienes nacionales. Los inmuebles, cuyo precio en dólares había quedado muy rezagado y era plausible que
9
Rapoport Mario
se recompusiera, resultaron activos preferidos para canalizar excedentes.
Así, el sector de la construcción fue uno de los que primero y más rápidamente revirtió la tendencia
depresiva. Una vez encaminada la reactivación y estabilizada la situación política y social, el progresivo
retorno del valor de las propiedades a los precios —en dólares— vigentes durante la convertibilidad, dio
lugar a la posibilidad de obtener abultados márgenes de ganancias en los desarrollos inmobiliarios. Esta
dinámica fue facilitada, a pesar de la carencia de créditos a mediano o largo plazo o bajas tasas de interés,
por la aparición de nuevas herramientas financieras como los fideicomisos al costo, que permitieron a los
desarrolladores de los proyectos inmobiliarios realizar sus ganancias más rápidamente y a los pequeños y
medianos inversores, muchos de ellos con liquidez proveniente de ahorros anteriores o de la mejora en sus
ingresos, necesaria para los aportes iniciales, entrar desde el pozo de las obras, especulando con el
incremento del valor de la unidad a lo largo del período de edificación.
Aunque en menor medida, el impacto de la expansión inmobiliaria también se manifestó en inversiones, en
gran parte externas, en nuevos barrios de lujo de Buenos Aires, como Puerto Madero, o en infraestructura
hotelera destinada a aprovechar el auge del turismo internacional en distintos lugares del país.
Durante una primera etapa de crecimiento, no se generaron excesos de demanda ni tensiones de ningún
tipo sobre la oferta. La situación de la que se partía era la de un elevado desaprovechamiento de los
recursos productivos disponibles. El desempleo durante los primeros dos años de gestión de Kirchner se
ubicó en niveles muy elevados (entre el 17% y el 13%), el uso de la capacidad instalada en la industria no
sobrepasó el 70% —siendo en algunos sectores mucho más reducida—, la oferta energética aún se
adecuaba a las necesidades del crecimiento, y no surgieron estrangulamientos en sectores agropecuarios
sensibles para el consumo interno, como el lácteo y el ganadero.
Este cuadro de situación, sumado a las buenas perspectivas que brindaba la gestión de la política
macroeconómica —estabilidad cambiaría y solidez externa y fiscal— estimuló las inversiones necesarias
para acomodar la capacidad instalada existente a los requerimientos de una demanda en rápida expansión.
Ante la imposibilidad de acceder al financiamiento bancario, el repunte de la inversión productiva fue
viable por los elevados márgenes de ganancia que hicieron posible el autofinanciamiento, y por la
repatriación de capitales fugados, que ahora tenían mejores perspectivas de rendimiento en el país.
El acelerado crecimiento del gasto de las empresas en equipo durable de producción, sumado a la
expansión de la construcción privada y pública, devino en altas tasas de crecimiento de la inversión, que ya
a fines de 2004 había recuperado la participación en el PIB observada durante las fases de auge de la
convertibilidad. Un aspecto distintivo de esta fase expansiva respecto de la experiencia previa, y que se
consolidaría en los años restantes del período en cuestión, fue que la inversión resultó financiada por
ahorro nacional. Mientras que durante la vigencia de la convertibilidad un quinto de la inversión provenía
del ahorro del resto del mundo —que representaba un incremento de los pasivos externos de la
economía— en la nueva etapa el ahorro propio excedió las necesidades de financiamiento en un 20% en
promedio, implicando en contrapartida la cancelación de pasivos externos.
El salto en la tasa de ahorro nacional, que pasó del 16% del PIB en 1998 a más del 26% en 2007, se explica
en magnitudes similares por incrementos en el ahorro público y en el privado. El del ahorro privado puede
entenderse como un reflejo de la licuación de pasivos de los sectores exportadores producto de la
pesificación; por los beneficios extraordinarios resultantes de la reducción de costos salariales; por la mayor
capacidad de acumulación resultado de la extensión del universo de actividades rentables, y por el nuevo
esquema de precios relativos y cambios tecnológicos que impactaron favorablemente sobre ciertos
sectores productivos.
El resultado de la fuerte expansión de demanda agregada, impulsada por el veloz incremento del consumo
y de la inversión, en conjunción con la sorprendente respuesta de la oferta, transformó lo que muchos
analistas económicos catalogaban como un «veranito», o incluso el «rebote de un gato muerto», en la
recuperación económica más vigorosa desde fines del siglo XIX.
En la segunda mitad del gobierno de Kirchner, algunos rasgos del proceso de crecimiento sufrieron sutiles
transformaciones. Por un lado, la mejora en los términos de intercambio y la aceleración del incremento
del gasto público consolidaron el dinamismo de la demanda agregada. Luego del impacto inicial de la
10
Rapoport Mario
devaluación, que generó un efecto expansivo, el mayor dinamismo de las importaciones con relación a las
exportaciones comenzó a revertir el impacto neto del comercio exterior sobre la variación de la demanda
agregada. Pero esto duró hasta la primera mitad de 2005. A partir de allí el ininterrumpido incremento de
los precios de exportación, acompañado por un sustantivo aumento en las cantidades exportadas
sobrepasó el efecto contractivo del aumento de las importaciones y dio mayor impulso al crecimiento del
producto.
Al mismo tiempo, el gasto público subió también en forma acelerada, tanto por mayores desembolsos en la
inversión pública, como por los postergados aumentos salariales y de haberes de los jubilados, a lo que se
debe sumar la ampliación en el universo de beneficiarios como consecuencia del Plan de Inclusión
Previsional. En el caso específico de los aportes jubilatorios, las AFJP iban a ser finalmente nacionalizadas
durante el gobierno siguiente de Cristina Fernández de Kirchner, volviendo esos cuantiosos fondos de
manos privadas, cuyos efectos negativos desde el punto de vista fiscal y de manejo empresario ya hemos
analizado, a manos del Estado.
En cuanto a la inversión pública, representaba en 2007 el 3% del producto y el 14% del total de la inversión,
cerca del doble que los valores máximos alcanzados durante la convertibilidad, un fenómeno asociado en
buena medida al nuevo rol del Estado en las obras viales. No obstante, la sobreabundancia de recursos
productivos desaprovechados existente al principio del gobierno comenzaba a estrecharse. La tasa de
desempleo que en el 2005 era todavía de dos dígitos (13%) disminuyó a un dígito en el 2007 (9,8%). Por su
parte, el grado de utilización de la capacidad instalada era ya en la mitad del período gubernamental del
70% y la oferta energética excedente fue poco a poco agotándose. El incremento del consumo popular
empezó a hacerse sentir sobre la oferta de alimentos.
En este nuevo contexto, lo que haría posible la continuidad del crecimiento «chino» sería la dinámica de la
inversión. El crecimiento de la capacidad instalada fue el reflejo de la expansión de la capacidad productiva,
resultante de desembolsos en equipos durables de producción e infraestructura. De hecho, la proporción
de la inversión sobre el PIB alcanzó en esta etapa niveles récord en una perspectiva histórica.
Pero si las altas tasas de inversión alcanzadas evitaron estrangulamientos de oferta severos, el proceso de
crecimiento comenzó a presentar igualmente algunas tensiones. La acelerada absorción de empleo que
acompañó al crecimiento, dinamizando el consumo, fue agotando progresivamente el exceso de oferta en
el mercado de trabajo. Si bien la desocupación seguía en niveles elevados, entre el 8% y el 12% según los
rubros productivos, la segmentación del mercado laboral y la fractura social heredadas de la crisis
provocaron que las fricciones aparecieran prematuramente. El mercado de trabajo formal, en el que
tienden a insertarse los trabajadores más calificados, comenzó a llegar a niveles cercanos al pleno empleo,
dificultando la expansión de algunos sectores y viabilizando paralelamente reclamos salariales sustantivos.
En el mercado de trabajadores informales, por el contrario, seguía existiendo sobreabundancia de oferta y
dificultades para mejorar los ingresos.
La provisión energética fue el foco de mayor preocupación. Con la reactivación la demanda de energía
eléctrica se expandió sustancialmente, tanto por el lado de los requerimientos de la industria, como por la
demanda de oficinas, comercios y hogares, que crecía con el boom de consumo de electrodomésticos. Los
puntos de mayor tensión en este sentido se concentraron en los veranos de 2006 y 2007, picos estacionales
resultantes de la demanda de electricidad para los acondicionadores de aire. Por otra parte, debido al
retraso de las obras de infraestructura comprometidas por el gobierno boliviano y la insuficiente inversión
en el sector, la provisión de gas también fue deficiente, sintiéndose con más fuerza en el invierno. Si bien el
sistema de provisión energética no colapso en ningún momento, y los hogares no afrontaron más que
algunos cortes esporádicos, la industria debió seguir durante 2006 y 2007 un esquema de cortes
programados, que no tuvieron consecuencias sensibles sobre la actividad manufacturera, pero podrían
potencialmente elevar los costos de producción, incrementar los precios de venta y deteriorar las
expectativas.
A este respecto recordemos que la Argentina, a diferencia de Chile y Brasil que mantuvieron sus empresas
estatales de recursos naturales estratégicos como el cobre y el petróleo, privatizó YPF, lo que constituyó un
perjuicio desde el punto de vista del manejo propio de los planes energéticos como también una pérdida
sustancial de renta petrolera. Sin intentar recuperar esa empresa, el gobierno creó en 2004 Enarsa (Energía
11
Rapoport Mario
Argentina SA), una entidad estatal dedicada a diferentes actividades petrolíferas y gasíferas, pero que
carece de activos propios. En cuanto a la cuestión de la renta petrolera se aplicaron retenciones para
apropiarse de una parte de ella. En estas condiciones, el Estado no podía incidir mucho, como lo hacía
previamente a la privatización del ex ente estatal, en el mercado de hidrocarburos.
En cambio, con relación a otras empresas de servicios públicos privatizadas el gobierno de Kirchner planteó
entre sus objetivos la revisión de sus contratos, con el propósito de rescindir aquellos en los que se
hubieran detectado incumplimientos. El caso del Correo Argentino, en manos del Grupo Macri, fue el
primero de este tipo. La posibilidad de dar fin a la concesión ya había sido considerada por el gobierno de
Duhalde. En varias oportunidades a lo largo de 2002 la Auditoría General de la Nación (AGN) aconsejó
anular el contrato del Correo Argentino si éste no cancelaba la deuda de 207 millones de pesos en concepto
del canon que le correspondía pagar. La AGN había investigado los pagos semestrales por parte del Correo
desde su privatización, en 1997, y su evaluación reveló un alto grado de incumplimiento. En noviembre de
2003, la empresa quedó en manos del Estado a pesar de estar prevista su reprivatización.
Al año siguiente se llevaron adelante otras acciones similares. El 23 de junio de 2004, a una década del
otorgamiento de la concesión, el gobierno nacional se hizo cargo de la empresa ferroviaria Metropolitano,
correspondiente a la ex línea San Martín, que une Retiro con la localidad de Villa Rosa, en el partido
bonaerense de Pilar, por reiterados incumplimientos en la prestación de servicios. En su lugar, se creó la
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria (UGOFE), que integran las otras concesionarias del sectorFerrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires (TBA), para operar esa línea.
En el marco de la misma política de revisión de contratos de privatizadas, en marzo de 2006 se anuló la
concesión de Aguas Argentinas. Este desenlace llegó luego de años de negociación con el grupo francés
Suez y de diversos incumplimientos contractuales. El detonante fue la no realización del compromiso de
activar planes de obras para la expansión y mejoramiento del servicio, así como la ineficiencia de la
empresa para resolver la contaminación de nitratos que se detectó en algunos pozos de agua del sur del
conurbano. De esta manera, nació AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos), una compañía estatal que se
hizo cargo de la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la Capital Federal y el conurbano
bonaerense.
La estrategia oficial hacia las empresas privatizadas no sólo se basó en intervenciones como las descriptas
sino que también trató de influir en las decisiones de invertir, marcando un cambio respecto de la política
anterior a 2001. Fue en ese año que el grupo español Marsans pasó a ser accionista mayoritario de
Aerolíneas Argentinas y de su filial de vuelos nacionales Austral, hasta entonces en manos principalmente
de Iberia. El grupo adquirente, si bien promovió los viajes de los europeos hacia el país y obtuvo ganancias
del negocio turístico, no logró beneficios para Aerolíneas: en junio de 2008, la empresa tenía una deuda de
890 millones de dólares, de la cual se estimaba en 260 millones la parte exigible. Finalmente, se decidió su
reestatización y el Estado argentino adquirió a Marsans el 94,41% de Aerolíneas y el 97% de Austral en
continuidad a la línea de revisión de contratos de las empresas privatizadas desplegada por la
administración anterior. La Argentina recobró así su línea de bandera.
6.
Reindustrialización, distribución de ingresos y comparaciones históricas
Con la consolidación de la nueva etapa de crecimiento comenzaron a despuntar, como resultado de las
reconfiguraciones macroeconómicas mencionadas, algunos cambios significativos en la estructura
productiva argentina. La industria, a diferencia de lo ocurrido durante la convertibilidad, fue en esta etapa
la rama de la actividad económica más pujante. Tres factores permiten dar cuenta del renovado
protagonismo manufacturero: el nuevo conjunto de precios relativos, que incentivó la sustitución de
importaciones y promovió exportaciones industriales; la recomposición de la situación patrimonial de las
empresas, resultante de la licuación de sus pasivos por la pesificación y de la reestructuración de sus
deudas con el exterior y la fuerte recuperación del mercado interno.
El cuadro de situación del sector luego de la recesión iniciada en 1998 era muy heterogéneo. Las
actividades ligadas a la explotación de las ventajas comparativas «naturales», lideradas por pocas empresas
de gran tamaño, fueron las menos afectadas por la crisis. La menor elasticidad de ingreso de los productos
alimenticios (suelen ser los últimos en dejar de ser consumidos ante recortes en el ingreso), y la elevada
competitividad internacional del sector que le permitió sostener importantes volúmenes de exportación,
12
Rapoport Mario
explican el leve retroceso de la actividad. Las industrias metálicas básicas (acero, aluminio y derivados), que
luego del proceso de concentración y modernización del sector ocurrido durante la convertibilidad
quedaron posicionadas en la frontera productiva internacional, ante la crisis sustituyeron sin dificultades las
ventas en el mercado interno por mercados externos, y no sólo no retrocedieron sino que se expandieron
en el período recesivo.
Por el contrario, los sectores más afectados, cuyo nivel de actividad se retrajo entre un 50% y un 70%,
resultaron aquellos que si bien habían sobrevivido a la apertura y a la apreciación del tipo de cambio en los
noventa, colocaban su producción fundamentalmente en el mercado interno y, por lo tanto, no pudieron
eludir la reducción de la demanda doméstica. Se cuentan en este grupo a las industrias textil, automotriz,
cementera y de materiales para la construcción, las editoriales e imprentas y la producción de maquinaria,
equipo eléctrico y electrodomésticos.
Con las nuevas condiciones económicas todas estas actividades se beneficiaron pero se observaron
diferencias en el dinamismo de las distintas ramas. Las actividades mercadointernistas, luego de la honda
depresión que atravesaron, fueron las que más rápido repuntaron. Primero, aprovechando la capacidad
ociosa, y luego expandiendo la producción mediante nuevas inversiones. Es lo que ocurrió con la industria
automotriz —donde incidió el comercio regulado en el ámbito del Mercosur, con firmas multinacionales
que elaboran sus estrategias a nivel regional—, que superó en 2007 las 500.000 mil unidades producidas, o
con los textiles, que casi duplicaron su producción entre 2003 y 2007. Ambos se constituyeron en casos
testigo del impacto del nuevo modelo de crecimiento sobre la dinámica sectorial.
La agroindustria y la industria química también tuvieron una muy buena reacción frente al nuevo contexto,
impulsadas tanto por la demanda interna como por las exportaciones, que en ambos casos se duplicaron en
los años posteriores a la crisis. El ritmo de crecimiento de estos sectores, lo mismo que el de las industrias
metálicas básicas, resultó menor al de las industrias dirigidas con exclusividad al mercado interno debido a
que se encontraban más cerca del tope de la capacidad instalada.
Un rasgo distintivo del repunte industrial fue que no estuvo conducido únicamente por los actores
empresariales previamente existentes, sino que vino de la mano de un intenso proceso de creación de
empresas. También, las PyME tuvieron altas tasas de crecimiento y una mejor inserción exportadora que en
la década previa.
Otro aspecto, menos auspicioso de esta fase resultó el hecho de que a pesar de la mejor situación
patrimonial y las buenas oportunidades de negocios, muchas firmas relevantes de capital nacional pasaron
a ser propiedad de inversores extranjeros. La primera década del nuevo siglo se caracterizó, sobre todo, por
el desembarco de capitales brasileños, dando al proceso de extranjerización de la economía local un nuevo
sesgo histórico. Una encuesta de grandes empresas reveló en 2007 que de las 500 mayores firmas del país
había 337 extranjeras y sólo 163 nacionales. El peso de las multinacionales seguía siendo muy elevado en la
economía local, con rubros donde éstas representaban un ciento por ciento, como el de las terminales
automotrices: Ford, Volkswagen, Citroén-Peugeot, General Motors, Fiat, Iveco, Renault, Toyota, Mercedes
Benz y Scania.
El gráfico siguiente nos ilustra la evolución, en el mediano plazo, de dos de los principales indicadores de la
evolución de la industria argentina desde mediados de los años 90 al 2008: la producción y el empleo. Lo
más importante que se deduce del gráfico es que en la primera parte del período analizado hubo cierto
desarrollo industrial debido al equipamiento y modernización de algunas ramas de la producción, por un
tipo de cambio más favorable para la importación, pero a base del endeudamiento externo y la destrucción
de empleos. El volumen físico de la producción industrial creció un 15,7% entre 1994 y 1998 y la ocupación
descendió un 14,3%. Luego llegó la recesión, cuyos primeros signos aparecieron en 1998 para estallar en la
crisis de 2001, con una fuerte disminución entre ambas fechas de la producción (22,9%) y del empleo
(28,1%). Por último, a partir de 2003 desde la salida de la convertibilidad y la adopción de otras medidas de
estímulo, se produjo una fuerte recuperación (con un efecto rebote inicial), que se sostuvo incluso hasta
2008, en plena crisis mundial. El crecimiento de la producción fue en ese período del 69,9% y el del empleo
del 39,7%.
13
Rapoport Mario
14
Uno de los temas que más se criticaron desde distintos puntos de vista de la administración de Néstor
Kirchner, fue la cuestión de las mediciones estadísticas del INIDEC, .sobre todo en relación al posible
manejo hacia la baja del índice de precios. Pero quizá, tanto o más importante, fue que no funcionaron
adecuadamente los organismos de control de las empresas privatizadas ni hubo mecanismos adecuados
para impedir que factores oligopólicos siguieran teniendo un peso importante en la economía argentina.
Tal como lo demuestra la concentración económica en los mercados de venta—que afecta los niveles de
precios originando presiones inflacionarias—, y se advierte en el siguiente cuadro:
CONCENTRACIÓN EN LOS MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS
Algunos ejemplos, 2007
Rubro
Producto
Índice HHI*
Concentración
de ventas
Aceite
Cerveza
Comercio
Galletltas
minorista
Gaseosas
Lácteos
Lácteos
Pan industrial
Telecomunicacio
Televisión
nes
Agroquímicos
Cemento
Fertilizantes
Petróleo
Petroquímica
Siderurgia
Maíz, mezcla
Cerveza común
Supermerc. (GBA)
Saladas
Base cola
Leche fresca entera
Yogures
Pan lactal
Telef. Celular
TV cable
Curasem., maíz y gir.
Cemento
Urea granulada
Refinación
Etileno
Chapa laminada frío
2.245 a 2.332
4.563 a 4.909
2.598
2.963
4.176 a 4.432
2.565 a 3.627
4.172
3.939 a 4.065
3.290
2.237
4.073
3.647
5.996
3.551
8.674
9.802
2 empresas 63%
2 empresas 81 %
3 empresas 81 %
2 empresas 77%
2 empresas 84%
2 empresas 65%
3 empresas 74%
2 empresas 89%
4 empresas 100%
2 empresas 65%
1 empresa 88%
3 empresas 96%
2 empresas 79%
3 empresas 90%
1 empresas 93%
1 empresas 99%
* Índice HHI: índice de concentración de ventas, su máximo posible es 10.000. De 2.000 en adelante se trata de mercados altamente concentrados.
FUENTE: José Sbatella, La Concentración Económica en Argentina. Rol de las instituciones del Estado. Presentado en el I Seminario IDEHESI "Proyectos de Nación
en Argentina, Identidad, Relaciones Internacionales y modelos económicos”, Rosario, septiembre de 2008.
En cuanto a la situación social hubo cambios positivos aunque no alcanzaron a cubrir la devastación de los
Rapoport Mario
períodos anteriores.
La distribución de los ingresos mejoró pero quedó aún lejos del estándar de los países desarrollados antes
de la crisis de 2007. El índice de Gini para el conjunto de Europa en el 2005 era, por ejemplo, de 0,310. En el
caso argentino este índice muestra un descenso (o sea una mejora en la distribución), de 0,484 en el tercer
trimestre de 2003 a 0,435 en el último trimestre de 2007. Lo que representa un gran adelanto con respecto
a los niveles de 1990 (0,501) y del pico de la crisis del 2002 (0,551). Según otro tipo de estimaciones, la
brecha de ingresos entre el 10% de la población más rica y el 10% de la menos favorecida se redujo entre el
tercer trimestre del 2003 al primero del 2007 un 46%, pasando de 56 a 30 veces.
Con la recuperación económica los niveles de pobreza descendieron de 44,3% en el 2004 al 23,4% en 2007
y en el mismo período 2004-2007, la tasa de desempleo abierto, que era del 14,4%, cayó, después de
mucho tiempo, a un dígito, 9,8%. La tasa de subocupación también llegó a un dígito, 9,3%, en el primer
trimestre de 2007.
No obstante, si bien la recuperación implicó un aumento de los salarios reales, de las jubilaciones y de la
ocupación, se considera que gracias a la devaluación y al aumento de los precios de exportación, los
sectores más beneficiados con el crecimiento fueron los de mayores ingresos. En este sentido, las opiniones
difieren con respecto a la distribución funcional de la renta nacional, un indicador que refleja, por un lado,
la participación en ella de los asalariados y, por otro, la de beneficios, rentas y dividendos. Según una
estimación, en el 2007 los asalariados captaban sólo un 28% del total, aun reconociendo el incremento de
los salarios reales. La explicación a esta situación residiría en que el PIB aumentó mucho más que la masa
salarial (que combina ocupación y salario real). Para otros cálculos, en cambio, la participación de los
trabajadores en aquel año sobrepasaba el 40%.
El país logró salir, de todos modos, y sin el dramatismo que algunos esperaban, de la crisis de 2001 – 2002
mientras el frente externo comenzaba a despejarse con el canje de la deuda y los resultados favorables del
comercio internacional.
Se ha debatido si el período 2003-2007 constituye o no el inicio de un nuevo modelo de desarrollo. En
principio, los cambios ocurridos actuaron sobre algunos de los ejes principales del esquema impuesto en
los años 70 y fortalecido en los 90. A pesar de que la deuda externa siguió siendo elevada, las políticas
aplicadas fueron desarticulando la valorización financiera como motor de la economía e incluyendo
políticas sociales y vinculadas a los derechos humanos.
En primer lugar, el crecimiento estuvo basado esencialmente en el ahorro interno, que alcanzó un 26,6%
del producto en 2007, una cifra récord en la historia económica argentina. Segundo, el sector industrial
pasó a ser un factor principal —con un 10,3% de crecimiento anual— para explicar las altas tasas de
crecimiento del PIB, que llegaron casi al 9% anual. Tercero, los términos de intercambio fueron favorables,
aunque el perfil del comercio exterior todavía mostró como en el pasado una preponderancia de bienes
vinculados al sector primario (agro y combustibles): en 2007 el 69% correspondía a productos primarios y
agroindustriales y el 31% a manufacturas de origen industrial (con la salvedad que la proporción de estas
últimas aumentó un 4% con respecto al 2003). Cuarto, las balanzas comerciales positivas permitieron
acumular reservas, y las retenciones y la mejora en la recaudación interna generaron superávits gemelos
(superávit fiscal primario y de cuenta corriente de la balanza de pagos) en lugar de los déficit gemelos de la
época de la convertibilidad. Se pudo así prescindir de salir a buscar créditos con altas tasas de interés y
atender la deuda soberana con recursos domésticos. Quinto, el canje de la deuda y el desendeudamiento
desalentaron la especulación financiera. Sexto, el mercado de cambios se liberó, pero la flotación
administrada del Banco Central actuó de forma de controlar el tipo de cambio, manteniéndolo competitivo
e impidiendo que pudiera dispararse. Séptimo, se verificó una mejora en el nivel de vida de la población,
fruto de una política social activa, la que sería potenciada más tarde en la administración de Cristina
Fernández de Kirchner con la implementación de la Asignación Universal por Hijo. Octavo, una política de
abierta defensa de los derechos humanos.
En síntesis, esta etapa tuvo en lo económico dos características principales. Por un lado, la reversión de
gran parte de los efectos negativos del esquema rentístico financiero predominante en las décadas
anteriores, dejando atrás la crisis más profunda de la historia argentina. Por otro, la vuelta a un modelo
productivo, aunque con matices diferentes de los del pasado. Junto al desarrollo de actividades industriales
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Rapoport Mario
vinculadas en mayor medida al mercado interno, que volvió a revalorizarse, se conformó un importante
sector agroindustrial exportador ligado a la producción de soja y aceites derivados.
El gobierno propulsó una reindustrialización fundada, sobre todo, en el manejo del tipo de cambio y en
otras medidas de fomento del gasto público, que crearon un clima favorable a la inversión, el empleo y las
exportaciones y ayudaron a impulsar la demanda interna mediante una recomposición de salarios y
jubilaciones y medidas para reducir la pobreza. Sin embargo, si bien hubo una mayor inversión pública no
existieron suficientes políticas activas de Estado (crediticias, fiscales, etc.) que apuntasen a la creación de
sectores de alta tecnología, base de una diversificación de productos y de una plataforma exportadora más
avanzada. Se habló de la posible creación de un Banco de Desarrollo al estilo del BNDES brasileño, que
hubiera facilitado inversiones de largo plazo, especialmente en infraestructura, pero no se concretó.
La obtención de divisas siguió dependiendo principalmente de los bienes primarios y agroindustriales, en
particular, de la soja. En este sentido, como ya lo señalamos, la imposición de derechos a la exportación
tuvo varios objetivos, entre los cuales morigerar en parte las ganancias extraordinarias del sector agro
exportador. En cambio, se evidenció la ausencia de una reforma tributaria que contemplara una reducción
de los impuestos al consumo, aumentara la progresividad de los gravámenes sobre las ganancias, y creara
algún tipo de tributo a las rentas financieras. Esto hubiera favorecido a una disminución del nivel de
retenciones (y su mejor adecuación a los distintos tipos de productores agrarios) y, sobre todo, una mejora
en la distribución de los ingresos. En la Argentina el impuesto a las ganancias representa sólo un 5% del PIB,
frente a un 12,5% promedio en el mundo desarrollado, mientras el IVA está entre los más altos del mundo:
«cuanto mayor es esa desigualdad (de ingresos) más se justifica la redistribución por el sistema impositivo»,
se afirma en una revista económica francesa frente a la crisis mundial (Alternatives Economiques, mayo
2010).
Un primer balance de este período a partir de un análisis histórico-comparativo, puede quizá permitirnos
entender mejor su performance, no ya respecto a la larga noche del neoliberalismo y la crisis resultante
sino con las otras dos etapas de mayor semejanza de la historia económica argentina en cuanto a los
procesos de industrialización: la de 1946-1955 (el primer peronismo) y la de 1964-1974 (que coincide con
gobiernos civiles y militares de diferente signo).
Si hacemos una clasificación por años aislados, el mayor crecimiento puntual del PIB fue en 1947, con
11,1%, luego en 1964 con 10,3% y 1965 y 2005, con 9,2%. Ahora bien, si tomamos ciclos de años, el
promedio anual del primer período (con dos caídas en 1949 y 1952) resultó un 4,2%. Sin caídas, el segundo
periodo (1964-1974), el más largo de los tres, tuvo un crecimiento medio del 5,1%. Finalmente, en el
transcurso del último gobierno (contabilizando también el despegue del 2003) se creció a un índice anual
del 8,9%, el más alto de todas las épocas involucradas, aunque también el más breve. Los índices per cápita
nos dan una relación parecida. Pero el crecimiento del PIB no vale por sí mismo: existen otros indicadores
que podrían facilitar la comparación, como las tasas de inversión, las de inflación, y los indicadores de
distribución de los ingresos.
Con relación a la tasa de inversión (IBIF), que explica el ritmo del proceso de acumulación de capitales (no
su calidad), su vínculo con el producto (IBIF/PIB) es muy parecido en los tres períodos: 21,9% (1964-1974),
21,4% (1946-1955) y 19,2% (2003-2007). La tasa de inflación es más volátil y difícil de apreciar, pero éstos
no fueron en esta espinosa cuestión los años más traumáticos de la historia argentina. Durante el primer
peronismo se registró un máximo del 38,6% en plena crisis de 1952 y un mínimo del 3,8% en 1954, con un
promedio del 19,6%. En el segundo período (1964-1974), y salvo un año, las tasas estuvieron por encima de
los dos dígitos, con un promedio del 29,7% y un pico del 60% en 1973. Por último, en el 2003-2007, los
índices de precios, aunque no se admitan plenamente las cifras del INDEC, resultaron muchos más bajos
que los de aquellos años, un 9,4% en promedio.
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En cuanto a la distribución de los ingresos y los niveles de empleo, no cabe duda de que el primer
peronismo fue el más igualitario e inclusivo, seguido por la década del 60 y la época actual. Una gran
diferencia es que el gobierno de Kirchner recibió la pesada carga del endeudamiento externo, altos índices
de desempleo y pobreza y una crisis casi terminal, algo que no ocurrió ni en el primer peronismo ni en el
período 64-74, para los cuales todos esos indicadores son más favorables. En cambio, en el sector fiscal y
en el externo la ventaja es para el período 2003-2007.
Algunos analistas juzgan que gran parte de los resultados obtenidos en este último período se debieron al
“viento de cola” de una coyuntura especialmente receptiva a las exportaciones argentinas. Sin embargo, el
primer escollo grande que la economía nacional debió atravesar desde el inicio de la recuperación fue,
precisamente, el quiebre en las condiciones externas generado por la crisis mundial, que representa el
fracaso en los países desarrollados de un modelo económico que la Argentina ya había experimentado. Y el
impacto fue menor que el que algunos esperaban. Aunque se desaceleró el crecimiento y el sector externo
resultó afectado, la economía fue recuperándose en forma mucho más rápida que en la anterior
experiencia traumática de los años 30.
En un país como la Argentina, que ha recobrado la estabilidad democrática pero donde pujan diferentes
intereses corporativos, como se expresó en el conflicto con el sector agropecuario en 2008, es preciso no
retroceder a épocas pasadas y al predominio de ideologías que ya mostraron su fracaso. Para ello se
requieren políticas de Estado basadas en una nueva cultura nacional, que tengan por principal objetivo un
modelo de acumulación productivo e inclusivo, con pleno empleo; la definitiva erradicación de la pobreza;
un alto nivel de tecnología, cultura y educación; mecanismos universales de seguridad social; el respeto de
los derechos humanos; la más adecuada integración al mundo basada en una mayor autonomía en la toma
de decisiones soberanas; una democracia más representativa y participativa y una dirigencia que responda
a los intereses de la gente.
7.
Un colofón: el proceso de integración regional
Probablemente lo más importante que le sucedió a la Argentina, así como al resto de los países
sudamericanos desde los inicios del siglo XXI, es que se comenzó a advertir en la mayor parte de la región la
fractura de la hegemonía neoliberal, después de las fuertes crisis que mostraron su fracaso. Se produjo,
sobre todo, una seguidilla de triunfos electorales que llevaron al poder a un nuevo tipo de líderes y fuerzas
sociopolíticas. Esto significó, a su vez, la realización de cambios, de mayor o menor profundidad según los
gobiernos, en sus políticas económicas, sociales e institucionales; en la forma de relacionarse con sus
Rapoport Mario
vecinos y en su posicionamiento con respecto al orden económico y político mundial.
Con los nuevos gobiernos se amplió geográficamente la voluntad política en el proceso de integración,
evolución en la cual la Argentina tuvo, junto con Brasil, un marcado protagonismo. Así, el 8 de diciembre de
2004, los mandatarios de los diez países sudamericanos se reunieron en Cusco (en quechua, «ombligo del
mundo»), antigua capital del imperio inca, para cumplir uno de los más ambiciosos sueños bolivarianos. Allí
inauguraron una nueva instancia regional, hoy denominada Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas), a
la que se le agregaron luego otras instituciones o instancias, como el Banco del Sur; la participación de
Argentina y Brasil en el G-20 reconociendo la importancia de la región; el rechazo conjunto del ALCA (Área
de Libre Comercio de las Américas) propuesto por los Estados Unidos; la conformación de un Consejo
Sudamericano de Defensa, etcétera.
Las cifras del posible bloque sudamericano, tal como se plantea con la creación de la Unasur, son
contundentes. En efecto, con 12 países y una población que rondará pronto los 400 millones de habitantes,
parece proyectarse hacia el futuro como un espacio económico y geopolítico de gran peso: «América del
Sur unida moverá el tablero del poder en el mundo» se atrevió a decir el presidente brasileño Lula. La
inmensa región bioceánica tiene unos 17,7 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con grandes recursos
naturales: petróleo, minerales y reservas gasíferas para más de un siglo, casi el 30% del agua dulce del
mundo, 8 millones de km2 de bosques, la más grande frontera agrícola a nivel mundial, el mayor volumen
de biodiversidad y agua potable del planeta, y un liderazgo en la producción y exportación de alimentos.
Estamos atravesando una etapa en la cual la mayoría de los gobiernos sudamericanos se han dado
cuenta de que tienen por delante la tarea de recuperar la dirección de su propio desarrollo. Mientras que
en los años noventa el proceso de globalización y los proyectos de integración regional surgieron
diferenciados pero sin vínculos claros con estrategias nacionales propias, en la actualidad se conforma una
ecuación más compleja: desarrollo nacional, integración regional y globalización. La cuestión consiste en
reconocer, dentro de ese esquema, la necesidad de compatibilizar las políticas económicas y sociales a fin
de hacer frente a un mundo cada vez más complejo.
La decisión de crear la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños en la cumbre del conjunto
de países del continente de febrero de 2010 amplía aún más este panorama. El proceso de integración,
llámese Mercosur (cuya columna vertebral es la alianza estratégica argentino-brasileña), Unasur o la
comunidad latinoamericana se va a potencial si se expanden los mercados internos, se mejoran las
condiciones sociales y la distribución de los ingresos, se diversifican las corrientes comerciales, se crean
cadenas productivas de valor conjuntas y se desarrolla una infraestructura común, energética y de
transporte y comunicaciones. Deben realizarse, también, programas regionales para pequeñas y medianas
empresas y emprendimientos para producciones de mayor valor agregado o tecnologías de punta que no
puedan llevarse a cabo en cada país por separado. El camino consiste en aunar, por un lado, las
necesidades de cada uno de los países, y por otro, las del conjunto de la región, la Argentina está
indudablemente inserta en ese proceso.
Anexo Estadístico
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