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ECONOMÍA Y DEMOCRACIA EN COLOMBIA:
LA SITUACIÓN EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO XXI
(Para el libro DEMOCRACIA FORMAL Y REAL, ©
Instituto Luis Carlos Galán, Bogotá, 1.994)
Julio SILVA-COLMENARES, Dr. sc. oec. *
CONTENIDO
1. Democracia y mercado en el proceso de humanización
2. Política y economía para un estado garante del compromiso social
3. Colombia: Crece la brecha entre ricos y pobres y se mantiene la «deuda
social»
3.1 - La abrumadora concentración de la riqueza
3.2 - La dolorosa presencia de la pobreza
3.2.1 - Se solucionan necesidades básicas pero se reduce el ingreso de los más
pobres
3.2.2 - Crece la ocupación con empleos inestables y desprotegidos
3.2.3 - Educación y salud: «bienes esquivos» para millones de colombianos
3.2.4 - La lejana esperanza de una vivienda
3.2.5 – La discusión sobre los efectos en la pobreza de las modificaciones en la
política
macroeconómica
3.2.6 - «Redefinir» el gasto social para reducir la pobreza y «repensar» lo social
para entrar al futuro
4. Las perspectivas para el siglo XXI: Competencia democrática y democracia
competitiva para el desarrollo humano
1. DEMOCRACIA Y MERCADO EN EL PROCESO DE HUMANIZACION
Durante varias décadas se planteó en diversos medios políticos y académicos que
mercado y democracia eran excluyentes. Pero lo ocurrido en los tres últimos
lustros nos ha obligado a pensar que el panorama no era tan simple o lineal y que
la vida en verdad es dialéctica, esto es, contradictoria y que en su movimiento
contradictorio puede generar procesos y producir realidades que no caben en los
esquemas teóricos, por lo que es indispensable revisar la teoría. Puestos en el
marco de esta necesaria revisión, en estas notas partimos de la hipótesis de que
mercado y democracia son más bien conquistas de la humanidad que se han
desarrollado en forma complementaria, aunque no en mecánico paralelismo sino
en contradicción dialéctica.
Hoy, la revisión histórica indica que desde que el hombre se organizó en
comunidad y avanzó en la división social del trabajo aumentó también la
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diversidad y volumen de los productos que excedían las necesidades del
autoconsumo y, por tanto, se destinaban al intercambio. Así, el mercado, como
punto de confluencia de productores y consumidores --tanto de bienes como de
servicios-- está en proceso de desarrollo desde las más antiguas
civilizaciones y con el paso del tiempo ha sido escenario ampliado del
intercambio y la consiguiente competencia. Intercambio que ha ganado en
extensión y profundidad con el progreso de la humanidad y el avance de la
división social del trabajo.
Con la lenta pero ininterrumpida socialización de la actividad laboral en el curso de
los milenios, ha ocurrido una paralela extensión de las relaciones mercantiles, que
se universalizan más con el surgimiento del dinero y su contribución a ampliar en
el tiempo y en el espacio el movimiento económico. Dinero que a su vez se ha
perfeccionado como mercancía de intercambio universal con la materialización en
bienes durables y dúctiles --como el oro--, hasta llegar al «dinero fiduciario» de la
actualidad, que en el caso de algunas monedas nacionales se ha transformado en
dinero mundial. En el capitalismo, al universalizarse la producción mercantil y
adquirir la riqueza la forma de un «inmenso arsenal de mercancías», como
dice Marx en el primer párrafo de «El Capital», el mercado --como espacio y
tiempo del intercambio-- llega a un nuevo nivel en cantidad y calidad --por lo
que sufre un cambio esencial--, pero no es la causa sino sólo el medio de la
explotación de que se le acusa.
Así mismo, en consonancia con la ampliación del mercado y las transformaciones
en las relaciones sociales de producción se modificaban y ampliaban las formas
de participación de los hombres en los asuntos colectivos. De esta manera, hay
que entender la democracia no como la simple renovación electoral de los
gobernantes o la alternancia de los partidos políticos en el gobierno, sino como la
milenaria aspiración de los hombres --que no tiene fin-- por conquistar la
libertad y la verdad y por participar en la discusión y conducción de los
asuntos públicos. Por tanto, la materialización de la democracia y el mercado
corresponde a un proceso en ininterrumpido ascenso en la historia, por lo que
puede decirse que democracia y mercado son conquistas de la humanidad.
Mercado y democracia cambian de contenido según la esencia de cada formación
socioeconómica y sus expresiones particulares. Por consiguiente, hay que
distinguir entre historia de la humanidad --que corresponde al transcurso de las
etapas o formaciones socioeconómicas-- e historia de la humanización,
entendida como la búsqueda y encuentro de los valores supremos del hombre,
esto es, la satisfacción creciente de sus necesidades materiales, sociales y
espirituales en un mundo de ascendente libertad y respeto por el individuo, sin
que sea ninguna formación socioeconómica punto único de partida o de llegada.
Si hace 24 siglos Protágoras dijo que el hombre es la medida de todas las
cosas, hoy la ciencia debe dar la medida del hombre y el mercado y la
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democracia ser los medios de su realización. Pero no hay que olvidar que
cada vez los hombres se unen menos alrededor de dogmas y más en torno a sus
intereses concretos.
Bajo esta concepción, mercado y democracia no se estancan en el capitalismo,
como lo comprueban las radicales transformaciones económicas y políticas
ocurridas en los dos últimos siglos. Esto no niega, sino presupone más bien, que
en su movimiento se generan nuevas contradicciones que imponen un salto
dialéctico. Conocer estas contradicciones para orientarse hacia el nuevo
mercado y la nueva democracia es tarea ineludible de quienes desean cambios
profundos en las relaciones sociales entre los hombres.
Vista esta sucinta aproximación a lo que queremos entender por democracia y
mercado, en el numeral siguiente trataremos de ubicar o precisar el papel que en
nuestra opinión han de jugar la política y la economía --en un país como la nueva
Colombia que se construye a partir de la Constitución de 1.991--, para avanzar
hacia un nuevo estado que sea garante del compromiso o pacto social.
2. POLITICA Y ECONOMIA PARA UN ESTADO GARANTE DEL COMPROMISO
SOCIAL
Como sustento inicial de la idea que queremos desarrollar en este acápite hemos
de decir que es posible --como lo comprueban los sucesivos Informes sobre el
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas-- que una sociedad tenga altos
indicadores de crecimiento económico sin que se reflejen de manera adecuada en
las condiciones de vida. O a la inversa, que una sociedad con lento o bajo
crecimiento económico logre un significativo mejoramiento social, pues utiliza con
más equidad el excedente material. Como es obvio, un crecimiento económico
escaso o, peor aún, negativo, de manera persistente, impide el progreso humano,
pues éste tiene que basarse en la utilización del excedente creado. Entendemos,
por tanto, el crecimiento económico subordinado al progreso humano, esto
es, a la satisfacción de las necesidades materiales, sociales y espirituales de la
población, sin que se desconozca la necesaria acumulación que permita una
reproducción ampliada suficiente en lo cuantitativo y menos desproporcionada en
lo cualitativo. Como es comprensible, concebimos el modelo pensado como paso
inicial hacia una nueva sociedad, afincada en el hombre como valor supremo. La
humanización de la sociedad no puede considerarse como un resultado marginal.
En diversos medios académicos y políticos se discute sobre la necesidad de
modificar las bases del modelo de crecimiento económico y desarrollo social
vigente en Colombia en las últimas décadas, para lograr una sociedad más
democrática y con mayor justicia social. Lo anterior significa que el desarrollo
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debe ser sinónimo de democracia económica, social y política en un
ambiente de paz. Todo indica que en la conciencia social, en la opinión pública,
ganan preeminencia o posición principal las formas «civiles», «legales», de
solución de las contradicciones políticas, económicas y sociales. Y que cada día
es mayor el rechazo a cualquier forma violenta de solución, no importa que quien
la ejerce la considere justa por hacerse en nombre o en beneficio de los
trabajadores o de los más pobres. La ilusión insurreccional y de un eventual
triunfo guerrillero también ha llevado a «hiperbolizar» a la lucha armada como la
forma «superior», «suprema», que --como en el idealismo-- es el demiurgo con
capacidad omnímoda, olvidando que no puede ser superior, desde el punto de
vista del humanismo, una forma que sustituye la «fuerza de la razón» por la
«razón de la fuerza». Tal concepción olvida que hay que comprender de una
manera histórico-concreta a las fuerzas que personifican la transformación de la
sociedad y las vías para llevarla a cabo. La dialéctica de lo estable y lo
cambiante, lo principal y lo accesorio y lo histórico y lo lógico también está
presente en la vida real de la sociedad, la que no puede verse de manera estática
sino en movimiento continuo. Lo ocurrido en el llamado «socialismo real» obliga a
recordar la sabia advertencia de Karl Jaspers de que «a nadie se le puede
obligar a ser feliz».
Si se acepta en el proceso de materialización de la democracia que la política es
el arte y la ciencia del compromiso alrededor de los intereses válidos de los
diferentes grupos sociales, entonces la actividad económica y social es el
escenario para la realización de tal compromiso, el que tiene que
materializarse también en propuestas económicas, sociales y políticas así mismo
concretas, en una nueva concepción y modelo de desarrollo. En este marco, hay
que reconocer que los cambios económicos, sociales y políticos ocurridos en las
últimas décadas no han tenido como único efecto polarizar más a Colombia entre
ricos y pobres, explotadores y explotados, sino que han producido también una
amplia diferenciación en grupos y sectores sociales sobre cuyos intereses
tiene que asentarse cualquier propuesta de solución política duradera. Intereses
que pueden ser contradictorios en un primer momento pero no por necesidad
antagónicos en el mediano y largo plazo o cuando están de por medio los valores
supremos del hombre.
En la búsqueda de la democracia hay que llegar a la concepción y vigencia de un
nuevo Estado. Concepción y vigencia en que se impone compaginar los
principios esenciales del bien común y la convivencia colectiva con la existencia
de intereses sociales diferentes, reflejo del desarrollo diversificado de la
sociedad y ejemplo de la convivencia política que debe regir en el futuro. Al
mismo tiempo, hay que tener en cuenta que día a día existen más factores de
contradicción entre la sociedad civil y el Estado, o, diciéndolo de otra manera,
entre los ciudadanos y el Estado, que cada vez puede ser menos representante
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de intereses hegemónicos exclusivos y se convierte en garante del compromiso
social en bien del desarrollo humano. Por tanto, en su seno las relaciones
entre las clases y los sectores de clase se mueven cada vez más en una
dialéctica de conflicto y compromiso sociales.
La realidad contemporánea derrumba la concepción tradicional del Estado,
haciendo que pierdan sentido y resulten falaces ideas y teorías que antes
parecían inconmovibles. Muchos de los supuestos o hipótesis sobre los cuales se
construyó la teoría del Estado en los dos o tres últimos siglos han entrado en
crisis, entendida crisis como momento crítico en el proceso de movimiento de la
realidad y del pensamiento que la expresa.
Entre los supuestos cuestionados se encuentra el que plantea una separación
vertical entre lo privado y lo público y, por consiguiente, entre la sociedad y el
Estado, como reflejo de los antagonismos entre libertad y autoridad --en el
terreno de la relación individuo-sociedad-- y entre liberalismo «leseferiano»
absolutismo totalitario‚ --en el campo de la relación sociedad-Estado--, los que
se consideraban irreductibles. Lo privado está mediatizado hoy por el desarrollo
de instituciones u organizaciones sociales más próximas al individuo, entre las
que se encuentran --además de la familia, ya de antigua existencia-- otras más
recientes, como el barrio, vereda o vecindario, el sindicato, la empresa, la
comunidad eclesial o religiosa, las asociaciones culturales, cívicas, políticas,
deportivas y otras similares, en donde se hace más evidente la relación que existe
entre el interés general de la sociedad, el particular del grupo y el específico
del individuo. En el seno de estas organizaciones se hace más palpable la
complementación o la contradicción entre estos intereses, pero se comprueba que
el método más democrático para solucionar las diferencias es el asentado en el
diálogo, la concertación y el compromiso.
Mientras tanto, la internacionalización de la vida política y económica y el avance
hacia una cultura de producción, mercado y consumo mundiales, hacen que las
antiguas nociones de «soberanía nacional» y «Estado nacional» estén siendo
sometidas al efecto de dos fuerzas en apariencia antagónicas, además de la
«globalización» que implican las comunicaciones y el transporte «sin fronteras»;
de un lado, el reconocimiento de la autonomía a los entes territoriales con
identidad propia --puede ser por origen étnico u otras circunstancias-- y, de otro
lado, la necesidad de integrarse a procesos que se mueven en el terreno de lo
ínter y supraestatal.
También se partía del supuesto que la legitimidad del estado se mantenía con el
sistema electoral de la democracia representativa, la soberanía nacional, el
imperio de la ley y la llamada «división de las ramas del poder público», y que
como garantía de la expresión de los intereses del individuo eran suficientes los
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partidos políticos y la presencia de un estado de derecho, esto es, respetuoso de
las leyes. Hoy se plantea que la legitimidad no puede descansar sólo en el
mecanismo electoral á--aunque no puede negarse la importancia del consenso
que se logra por su intermedio-- y que el propio estado debe encontrar su
legitimidad a través de la generación de «principios de comunidad», es decir,
de unidad o cohesión entre los distintos sectores y grupos sociales; la legitimidad
de origen ya no basta y se requiere una legitimidad de la acción estatal en
resultados de aceptación social. Y al lado de los partidos políticos se han
desarrollado otras formas de organización social --algunas ya mencionadas en el
párrafo anterior-- que expresan mejor los intereses de los individuos.
Hay que tener en cuenta que el estado de derecho se convierte en un simple
ejercicio declarativo si los ciudadanos no tienen a su disposición los instrumentos
que permiten pasar de la representación delegada a la participación activa en
la mayor parte de los asuntos públicos o colectivos, al tiempo que el viejo
concepto --impregnado de positivismo-- de «ramas del poder público» es
sustituido por el nuevo y más integral de «órganos del Estado» --concurrentes
pero no por necesidad coincidentes cada momento en los objetivos del Estado--,
que no pueden desconocer la existencia de factores reales de poder en la
sociedad.
Hoy se concede mucha importancia a las diversas funciones que cumple un
Estado moderno para que se delimiten muy bien las «reglas del juego» entre la
sociedad civil y los órganos de poder, con los entes e instrumentos con que
cuentan. Lo esencial en este aspecto no es tanto el tamaño del Estado y su
intervención en la economía cuanto su eficiencia y eficacia y la
determinación del ámbito de cada función y su finalidad. La democracia
participativa supone la intervención racional y no la interferencia estatal, en
función de lograr una política de desarrollo equilibrado, sostenible, armónico e
integrador de las regiones dentro de una concepción unitaria y descentralizada de
la nación.
En este caso, no puede seguir confundiéndose al estado empresario con el
estado garante de las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y
normalizador y regularizador de las relaciones sociales. Podríamos decir que el
primero es aleatorio y está en función de las insuficiencias que se produzcan en la
actividad socioeconómica; el segundo es permanente, pero aún es muy débil en
una sociedad como la colombiana. Propósito fundamental debe ser fortalecer la
participación democrática en la gestión gubernamental y la función regularizadora
del Estado con tal fin, de manera que se garantice la democratización en lo
económico, lo social y lo político. Hoy el debate académico y político se centra en
el desarrollo teórico y la aplicación práctica de la vigilancia y control que debe
ejercer el estado para salvaguardar los intereses válidos de los ciudadanos, en
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general, y de los consumidores, en particular. No hay duda que existe una clara
tendencia a sustituir la protección al productor por la protección al
ciudadano consumidor.
Sin haber pretendido agotar el tema o dar respuesta a todas las preguntas que
suponen las concepciones planteadas o discutidas en las páginas anteriores, nos
interesa ahora acercarnos a la Colombia de hoy. Nación que por efecto de
múltiples factores externos e internos ha devenido en una sociedad víctima de un
prolongado conflicto interno armado y de un desarrollo capitalista deformado y
«polarizado», al tiempo que ha sufrido de pocos gobiernos dictatoriales y gozado
de una significativa estabilidad macroeconómica --en comparación con otros
países de América Latina y el Caribe--, entre los aspectos que mejor caracterizan
el proceso de nuestro desarrollo en el último siglo. Como es imposible presentar
una «radiografía completa» de tal sociedad, nos concentraremos en el próximo
numeral en mostrar la situación de riqueza de pocos y pobreza de muchos,
como el fenómeno económico que más atenta contra el funcionamiento de una
democracia que avance hacia la participación ciudadana y de un mercado que sea
vehículo del mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de millones de
colombianos.
3. COLOMBIA: CRECE LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES Y SE
MANTIENE LA «DEUDA SOCIAL»
3.1 - La Abrumadora Concentración de la Riqueza
Hace más de tres lustros el autor de estas notas había comprobado el precoz y
alto nivel de control monopolístico existente en los principales sectores
económicos, y que había surgido no como resultado lógico de la competencia sino
más bien de la protección estatal y la estrechez del mercado, así como la
existencia de lo que denominamos los «grupos financieros». En nuestro libro
«Los verdaderos dueños del país» ya decíamos en 1.977 que la
"monopolización no se ha quedado en el control de un producto o un renglón.
Monopolistas de un sector se desplazan hacia otros o diversos monopolistas
convienen en unirse, para incrementar su influencia y poder. Desembocamos así
en los llamados grupos financieros, y que son un peldaño cualitativamente nuevo
en el proceso de monopolización. Podemos definir al grupo financiero como la
conjunción de capitalistas y capitales de diversas ramas (bancaria, industrial,
comercial, etc.) que obedecen a un centro de orientación común y responden a
unos intereses estratégicos globales, al tiempo que las empresas que lo
conforman mantienen su independencia jurídica y administrativa. Lo que distingue
al grupo financiero de las formas de organización capitalista que lo anteceden es
el enfoque global estratégico, que incrementa notablemente su poder de
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manipulación y control, pues excede los marcos de un producto o mercado para
proyectarse al conjunto de la economía y así facilitar la obtención de ganancias
monopolísticas".
En complemento de esta definición decíamos que el grupo financiero no está
"constituido como una persona jurídica y por ello es muy difícil y casi imposible
controlarlo legalmente; está por encima de las empresas pero no es
independiente de ellas. Al mismo tiempo, el capitalista financiero también cambia
cualitativamente. Ya no es un empresario común, en el sentido de que dirige y
está al frente de la producción, sino una especie de superempresario que
representa el capital-propiedad, mientras el capital-función se delega en personas
que pueden no ser capitalistas financieros". Y aunque ha corrido mucho agua
bajo los puentes de la historia, la realidad colombiana de los últimos 15 años
confirma antes que niega este proceso, si bien los nombres de los actores
cambian. Como afirmábamos en el libro citado, el "capitalista financiero, como el
grupo, está por encima de la producción pero no separado de ella. Eso lo
diferencia del rentista, quien entrega el capital-propiedad, que casi siempre es
capital-dinero, y recibe en cambio capital-ficticio, títulos que representan el capital
entregado, y que le permiten participar de la plusvalía pero no intervenir en su
generación" [1, 304-305 (el primer número se refiere a la lista de referencias
bibliográficas incluida al final; el segundo, a las páginas correspondientes)].
En febrero de 1.993 Hernán BELTZ PERALTA, expresidente de la Bolsa de
Valores de Bogotá decía en entrevista para una investigación periodística que el
empresario tradicional colombiano "quiere tener el cien por cien de las acciones
en la mano para tener el control", y como ejemplo del modelo capitalista clásico
señalaba que "Armand Hammer hizo lo que le dio la gana con la Occidental
Petroleum con un 1% de las acciones, pero aquí quieren tener el máximo de las
acciones". Esto significa que las grandes empresas del país no se financian
con la emisión y colocación de acciones, lo que obligaría a quienes detentan su
control a compartirlo con otros capitalistas, como también ya lo comprobamos
hace mucho tiempo, sino recurriendo al crédito bancario, esto es, al ahorro de
todos los ciudadanos. Como dijo para ese mismo periódico Luis Fernando
LOPEZ, Superintendente de Valores, las "empresas no emiten porque no tienen
necesidad. No tienen necesidad de salir a la calle a buscar capitales para sus
expansiones e inversiones, a diferencia de lo que ocurre en los países
industrializados donde la bolsa financia las industrias. Aquí se financian con las
entidades financieras del grupo o, si no las tienen, con los bancos con los cuales
trabajan".
Esto ha hecho del mercado de acciones en Colombia un mercado de excesiva
concentración y volumen muy exiguo, en comparación con el desarrollo del
país. Como decía en esa misma oportunidad BELTZ PERALTA al comentar que
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de 1.991 a 1.992 se triplicó el monto anual negociado, llegando a cerca de
$200.000 millones, el mercado de acciones es "subdesarrollado pero antes era
infrasubdesarrollado".
En palabras de Alberto DONADIO, "la Bolsa sigue
sufriendo de anemia", incluso en el número de accionistas, que casi no se ha
modificado en los últimos años. No ocurre lo mismo con el valor de las acciones,
ya que muchas se han multiplicado por cuatro o cinco veces, sin que ello
obedezca a un incremento sustancial de la rentabilidad o a una elevación
proporcional de su valor patrimonial, como lo veremos más adelante. "Para la
muestra, un botón, continúa DONADIO. La acción de Bancoquia se quintuplicó
entre 1.990 y 1.991 al pasar de $295 a $1.525 pero el número de accionistas
permaneció estable (de 4.837 pasó a 4.855). En septiembre pasado eran 5.713.
El mismo fenómeno se registró en casi todas las 83 sociedades inscritas en la
Bolsa de Bogotá".
Y en entrevista que le hiciera al hombre de bolsa MARTINEZ ANJEL, éste ratifica
la situación de concentración al tomar una publicación de la Bolsa y leer el
número de accionistas en algunas empresas: "Fruco, 5 accionistas; Maizena, 5
accionistas; Ingenio Providencia, 68; Ingenio Mayagüez, 105; Rica Rondo, 84;
Banco Andino, 33. Cuando llega a la cifra de Bancoquia -5.713 accionistas-,
comenta: Todavía le falta por recoger a Julio Mario. Lo que Martínez Angel quiso
anotar es una característica muy conocida de las empresas colombianas: son de
un dueño o de un grupo, aunque tengan muchos accionistas. Y con frecuencia la
intención del grupo es recoger, es decir, adquirir más y más acciones".
Recordemos que el Banco Comercial Antioqueño --Bancoquia--, durante décadas
propiedad de capitalistas antioqueños, hoy pertenece al grupo financiero que
lidera Julio Mario Santo Domingo.
Como asegura el periodista citado, las "empresas grandes de la bolsa pertenecen
a cuatro grupos: Julio Mario Santo Domingo, Carlos Ardila Lulle, el sindicato
Antioqueño y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Avianca, Colseguros, Bavaria y
las demás cervecerías pertenecen a Santo Domingo; Ardila controla Coltejer (las
gaseosas no están en bolsa); el sindicato Antioqueño domina Suramericana,
Coltabaco, Nacional de Chocolates, las cementeras y otras; y Sarmiento Angulo
posee el Banco de Occidente y el Banco de Bogotá". Como le dijera a DONADIO
un exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores, "En Colombia la sociedad
anónima no es anónima sino que tiene apellido".
En confirmación de lo anterior, el informe periodístico utilizado presenta los datos
de concentración al finalizar 1.991 de algunas de las más conocidas empresas del
país y cuyas acciones se negocian en bolsa. En el caso de Avianca, por ejemplo,
13 accionistas de 8.187, esto es, el 1,5 por mil, poseían casi el 71% de las
acciones, mientras el 99,8% de los accionistas tenían el restante 29%; en el
Banco Ganadero --antes estatal y hoy privado, escenario a principios de 1.994 de
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una fuerte puja entre inversionistas extranjeros por su control-- 282 accionistas,
apenas un poco más del 4 por mil, poseían dos terceras partes de las acciones, y
el 73% de los accionistas sólo el 3,3% de las acciones; en Coltejer 35 accionistas
de 28.443 poseían casi el 90% de las acciones y el 80% de los accionistas un
exiguo 0,5% de las acciones. Y puede decirse que en similares condiciones se
encuentran casi todas las empresas inscritas en las bolsas de valores.
Como hace algunos años se creía que la escasa presencia de inversionistas en la
bolsa se debía a la llamada «doble tributación» --pagaba impuesto de renta la
empresa y el accionista--, se utilizó una de las reformas tributarias para eliminarla,
sin que el fenómeno haya desaparecido. Como dice DONADIO, "No hay más
empresas en bolsas ni más emisiones de las existentes a causa de las
exenciones. Pero los accionistas tradicionales y los que jugaron a la bolsa en el
«boom» que se inició en 1.991 si se han beneficiado porque no han tenido que
pagar impuestos sobre jugosas ganancias. Es posible que la exención haya
servido para que algunos grupos incrementaran su control comprando las
acciones de pequeños inversionistas que las vendieron aprovechando la
valorización que se registró durante el «boom»", anotó Paul CAHN-SPEYER,
abogado especializado en impuestos. "Una medida que estaba destinada a abrir
el mercado --prosigue DONADIO-- terminó por convertirse en un premio para
seguir concentrando el control de las acciones, dijo un exfuncionario de la
Comisión Nacional de Valores. Seguir gozando de las exenciones es tal vez la
mayor ventaja que ofrece la bolsa a las sociedades anónimas, aunque la mayoría
no son democráticas y por la forma de manejo se parecen más bien a las
sociedades limitadas". [2, 13A]
Si bien el valor neto de una empresa no está determinado por lo que aportaron los
accionistas ni por el precio de la acción, sino por la capacidad de generar
ganancias en el futuro y su monto previsible, tampoco el precio de negociación
de sus acciones en un momento dado puede aislarse en forma total de su valor
patrimonial, esto es, como participación real sobre la empresa, ni de la
rentabilidad presente y mediata. Y esto es más válido aún para los pequeños y
medianos accionistas, quienes no pueden sujetar su inversión a sólo los
resultados previsibles en el largo plazo, ya que no persiguen el control de la
empresa sino un ingreso habitual.
Como señalamos más atrás, ha habido un gran incremento en el precio en bolsa
de las acciones, sin que ello tenga relación con cambios sustanciales en las
propias empresas. En un informe de febrero de 1.994 de la revista SEMANA se
lee que al "terminar 1.990 las 173 empresas inscritas en la bolsa tenían un valor
de mercado de 1.909 millones de dólares. Menos de tres años después, en
septiembre de 1.993, ese mismo valor ascendía a 10.755 millones de dólares, lo
que implica una valorización de casi seis veces". [3, p. á22-23] Como
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comprobación del aumento inusitado del precio de las acciones puede recordarse
que el Indice de Acciones de la Bolsa de Bogotá tuvo un aumento del 50,2% en
1.993 y que el índice Vallejo, manejado por la firma Corredores Asociados, se
incrementó en 60% entre noviembre de 1.992 y enero de 1.994. [4, p. 3B]
Y este notable incremento puede deberse más a operaciones bursátiles en
procura del control de empresas que a un sano desarrollo del mercado
accionario, pues sigue manteniéndose estancado el número de accionistas.
Según datos del diario EL TIEMPO, el año pasado se negociaron $700.000
millones en acciones, lo que representó el 6,7% de las operaciones totales, las
que a su vez aumentaron casi seis veces lo transado cuatro años antes. Este
«boom» se aprecia bien cuando recordamos que las transacciones bursátiles
pasaron de representar el 4,3% del Producto Interno Bruto -PIB- en 1.989 al
26,7% en 1.993, correspondiendo más de la mitad de los $10,6 billones a papeles
estatales, de acuerdo con un informe presentado por la Superintendencia de
Valores. Según el mismo diario, el «boom» bursátil de 1.993 estuvo muy ligado a
la decisión del Gobierno de liberar a partir de mayo las comisiones en las
negociaciones de bolsa. [5, p. 2B]
Si tomamos el caso de los bancos --subsector financiero en donde hubo un gran
movimiento bursátil entre 1.993 y 1.994-- la situación es evidente. Las ganancias
durante 1.993 apenas fueron superiores en 19,4% a las de 1.992, lo que significa
una rentabilidad negativa, dado que el incremento general de precios superó el
22% en el año; no obstante --según una información de prensa--, "las acciones de
siete de las nueve principales entidades financieras inscritas en la Bolsa de
Bogotá tuvieron aumentos que fluctuaron entre el 48% y el 170%", durante 1.993.
Mientras unos bancos tuvieron una rentabilidad positiva, sobre la base de las
utilidades de 1.993, como fue el caso del Colombia con 40,4% sobre patrimonio y
2,5% sobre activos, o del Banco de Occidente, con 33,1% sobre patrimonio y
4,2% sobre activos, para otros fue negativa, como ocurrió con Bancoquia, cuya
rentabilidad fue del 13,9% sobre patrimonio y del 1,4% sobre activos, o del
Ganadero con 13,8% sobre patrimonio y 1,9% sobre activos. [6, p.6C]
Y a comienzos de 1.994 todavía se mantenía el «boom». El precio de la acción
del Bancoquia se incrementó en 50,6% entre el 31 de diciembre de 1.993 y el 11
de febrero de 1.994, al tiempo que la del Banco de Bogotá lo hizo en 32,6%. Por
tanto, la relación entre precio en bolsa y valor patrimonial sigue siendo alta; en
febrero de 1.994, respecto al valor patrimonial en septiembre de 1.993 --último
conocido--, que de 4,9 veces para el Banco Industrial Colombiano -BIC-, 3,6 para
los bancos de Bogotá y Ganadero, y 2,1 veces para Bancoquia. En otras
empresas no financieras, la situación es similar; 10,1 veces en Cadenalco
(Almacenes Ley), 4,2 en Bavaria, 3,3 en Cementos Caribe, 2,7 en Suramericana,
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2,0 en Cementos Argos y 1,9 en Coltabaco. [6, p.28] Y esto que también en la
industria la rentabilidad está baja: muy por debajo del 10% anual.
Mientras tanto, el control de los grupos sobre el sector financiero sigue siendo
fuerte. Sobre la base de activos totales del subsector bancario reportados por ala
Superintendencia Bancaria a septiembre de 1993, los bancos de Bogotá y
Occidente, bajo el dominio de Sarmiento Angulo, controlaban el 15%; Bancoquia,
de Santo Domingo, casi el 6%; el BIC, del llamado «sindicato» antioqueño, otra
porción similar, y la familia Guilinski, al adicionar el Banco de Colombia al Andino,
completa casi el 15% [12, p.1C]; estos cuatro grupos controlan más del 40%
del total de activos bancarios, o diciéndolo de otra manera, casi la mitad del
ahorro público, dado el entrelazamiento de estos bancos con los demás
intermediarios financieros.
Para apreciar lo que este control significa en recursos pecuniarios, recordemos
que los activos de todo el sistema financiero llegaron a los 20 billones de pesos al
finalizar 1.993, lo que equivale a casi el 50% del PIB del país, aunque hay que
reconocer que esta proporción es baja en comparación con los países
desarrollados, en donde puede llegar al 90% o 100%. A su vez, el patrimonio de
todo el sistema financiero llegó a los 2,5 billones de pesos al finalizar 1.993, lo que
representa un 51% de incremento sobre diciembre de 1.992. [8, p. 1B]
Como un ejemplo de la alta concentración del capital que se observa en la banca
colombiana, podemos mencionar la forma como quedó la composición accionaria
del Banco de Colombia luego de su privatización en enero de 1.994. De algo más
de 30.000 accionistas que tiene el banco, uno sólo, la empresa Bancol S.A. que
representa a la familia Gilinski, se quedó con el 75%, porción por la cual pagó
alrededor de US$350 millones; en el otro extremo, 24.789 antiguos accionistas,
más del 81%, apenas poseen el 0,1%; en el medio quedaron 3.429 empleados y
organizaciones sociales con el 13,8% y 2.238 nuevos accionistas con el 11,2%. [9,
p. 5B]
Como nota al margen --y en comprobación del poder económico de estos grupos
y de los intereses que se mueven detrás del control de la banca-- puede decirse
que cerca de una tercera parte de los recursos con que los Gilinski compraron el
banco fueron obtenidos con empréstitos en Europa, en especial con el banco ING
de Holanda, una de las entidades financieras más grandes del mundo y que ya
mantiene negocios con los principales grupos colombianos y algunas empresas
estatales de magnitud; antes de haber transcurrido un mes de la privatización,
Bancol S.A. vendió, a través de la colocación de bonos convertibles en acciones,
una porción equivalente al 36% del capital por US$223 millones, lo que le
representa una ganancia en tan corto tiempo de algo así como US$60
millones.
Puede decirse que esta ganancia fue una «prima» que los
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
12
inversionistas europeos pagaron a la familia Gilinski para asegurar su
participación futura en la dirección del Banco de Colombia, el más grande del
país.
Se supone --y este es el espíritu de la nueva Constitución-- que en la
privatización de empresas estatales o nacionalizadas ocurra una simultánea
democratización del capital. Pero hechos como la venta del banco de Colombia
y la fracasada compra por los trabajadores de Alcalis de Colombia, empresa
propiedad del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, hacen pensar que sucede lo
contrario. En una encuesta que realizara el diario La República en febrero de
1.994 con empresarios bogotanos, el 71% estuvo de acuerdo con que debía
mantenerse y más bien acelerarse la privatización, pero el 61% cree que ha traído
mayor concentración y el 89% opina que debe darse mayor cabida a capitales
pequeños para que haya mayor democratización en la privatización, al tiempo que
un 50% considera que no ha habido transparencia en estas operaciones. [10, p.
4A]
Hay que tener en cuenta que el artículo 60 de la nueva Constitución señala que
cuando el Estado "enajene su participación en una empresa, tomará las medidas
conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus
trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones
especiales para acceder a dicha propiedad accionaria". Como en el caso del
banco de Colombia se limitó la proporción ofrecida a los trabajadores y
organizaciones sociales al 15%, como máximo, con base en algunas normas del
decreto 663 de abril de 1.993, la Corte Constitucional, en respuesta a una
demanda, se pronunció en contra, por cuanto --dice la sentencia del 3 de febrero
de 1.994-- la Constitución "consagra a favor de los trabajadores y de las
organizaciones de economía solidaria un derecho preferencial que no admite
restricción o limitación", máxime cuando se señaló una cifra sin ninguna
racionalidad que la justifique.
Entre las consideraciones que presenta la Corte para explicar su decisión, lugar
destacado ocupa la necesidad de que en Colombia tenga plena vigencia la
"democracia en la administración y en la propiedad de las empresas". Como
dice la sentencia, "En Colombia, el constituyente de 1.991 elevó a canon
constitucional estas formas de participación democrática, y lo ha hecho
abiertamente para entronizar nuevos esquemas de organización social, con lo
cual el país se incorpora dentro de las corrientes de la vanguardia democrática del
mundo". Y más adelante precisa que lo que "esencialmente persigue el inciso
segundo del artículo 60 de nuestra Carta, es impedir la concentración oligopólica
del capital dentro de los medios de producción y del sistema financiero, e
igualmente dirigir el proceso de desconcentración accionaria hacia unos
beneficiarios particulares que son los propios trabajadores de las empresas y las
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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organizaciones solidarias, con lo cual se avanza en el proceso de redistribución de
los ingresos y de la propiedad, que es una meta esencial dentro de un estado
social de derecho". [11, p.3A]
De otro lado, y en corroboración de la concentración que se aprecia en la
propiedad de las acciones, también muy pocas empresas concentran lo
fundamental del movimiento bursátil. Según cifras de la Superintendencia de
Valores, "todavía el 64,1% de las transacciones de acciones corresponde a sólo
diez empresas. Bavaria, Cementos Argos, Banco Ganadero, Corfivalle, Nacional
de Chocolates, Banco de Bogotá, Cadenalco, Coltabaco, Suramericana y Banco
Industrial Colombiano (BIC)". [5, p. 2B]
Así mismo, y aunque parece extraño por la situación de baja rentabilidad
observada, ha disminuido el endeudamiento y aumentado la capitalización de las
empresas. Según un informe de la Superintendencia de Sociedades, los activos
totales de 2.164 empresas pasaron de $12 billones en 1.991 a $18 billones en
1.992, lo que significó un aumento superior al 50%, mientras que los pasivos
pasaron de $10 billones a $12,5 billones en los mismos años. Como dijera Camilo
GONZALEZ ALZATE, Superintendente de Sociedades, "Eso quiere decir que los
activos crecieron 2,5 veces más que las deudas, antes de ajustes por inflación: lo
que nos lleva a concluir que las utilidades se están reinvirtiendo en las empresas".
Como resultado, el endeudamiento disminuyó del 64,8% al 52,1%. [12, p. 1B]
Como decía la revista Semana en febrero de 1.994 hablando de la privatización
del banco de Colombia y la licitación de la telefonía celular, "Todas estas cifras
multimillonarias, y el hecho de que se estén canalizando a través de negocios
donde participan unos pocos, le están dejando al país la sensación de que se
están rompiendo todos los récords en materia de concentración de riqueza".
Y a continuación resaltaba que "Paradójicamente se están presentando en forma
simultánea dos fenómenos aparentemente contradictorios. Por un lado, se está
dando una concentración de poder en los grupos económicos que no tiene
antecedentes en la historia nacional. Por el otro, y aunque parezca increíble, se
ha registrado una mejoría en la distribución del ingreso, lo que es bastante inusual
en el contexto latinoamericano de la última década". [3, p. á23-24] A esta
«mejoría en la distribución del ingreso» nos referiremos más adelante.
Y al mencionar al grupo Santo Domingo, que ganó una porción determinante del
floreciente mercado de la telefonía celular, el mismo informe dice que, según
cifras dadas por el presidente de Bavaria, "las ventas totales del grupo --tanto en
Colombia como en sus sociedades internacionales-- ascendieron a 2.700 millones
de dólares en 1.993. Esta cifra equivale al 5.5% del Producto Interno Bruto
colombiano y es, a nivel mundial, una de las participaciones más grandes de un
grupo en un país". [3, pp. 24-25]
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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"El otro grupo considerado dueño del país es la Organización Ardila Lulle,
continúa diciendo la revista Semana. Sus ventas en 1.993 llegaron a 1.400
millones de dólares. Sin embargo, aunque las ventas son inferiores a las del
grupo Santo Domingo, la fortuna personal de Ardila, según la revista Newsweek,
supera los 1.000 millones de dólares. Aun cuando está en menos sectores
económicos que Santo Domingo y controla menos empresas, su fortaleza radica
en no tener socios, puesto que es propietario del cien por cien de las acciones de
sus empresas. Carlos Ardila es el empresario con mejor imagen en Colombia". [3,
p. 25]
Al mismo tiempo, este informe toca dos temas «calientes» que tienen estrecha
relación con el ejercicio de la democracia en el país: el manejo de los medios de
comunicación [Santo Domingo es dueño del Caracol, la más poderosa empresa
de radio y televisión de Colombia, y Ardila Lulle de RCN, la segunda] así como el
control del Estado. En palabras de la revista, "La primera consecuencia que
salta a la vista en este proceso es la enorme influencia del grupo Santo Domingo
en las tres ramas del poder público. La legislativa está controlada por la tenaza
de dinero y medios de comunicación que constituyen el oxígeno de la
supervivencia parlamentaria. Por la misma razón, aunque en menor grado, el
ejecutivo no siempre cuenta con la posibilidad de tomar las decisiones que atañen
al grupo con total independencia. Curiosamente la rama del poder que cuenta
con más independencia frente al grupo en la actualidad es la Judicial", ya que
"para ser juez no se necesita ni dinero ni salir en Caracol (...)". [3, p. 27]
Para concluir este acápite, que tiene como propósito señalar que la alta
concentración del capital va en contravía de la democracia económica,
recordemos que en artículo de prensa de febrero de 1.994 el exministro Juan
Camilo RESTREPO citaba la siguiente afirmación de un estudio de Planeación
Nacional: "En Colombia la mitad de la producción industrial se encuentra en
estructuras no denominadas competitivas, es decir, en monopolios u
oligopolios.
Más aún, casi 80% de las ramas industriales tiene estas
características". [13, p. 2A]
Lo ocurrido en los últimos años corrobora lo que ya habíamos comprobado hace
más de 15 años: en Colombia existe una altísima concentración del capital, que
conspira contra cualquier democratización y modernización de la sociedad.
Cambian algunos nombres en «los verdaderos dueños del país», pero en lo
fundamental son los mismos de hace 20 ó 30 años, que conforman con los
nuevos un «clan cerrado de poderosos». El crecimiento de los grandes grupos
financieros ocurre más por compra o fusión con empresas existentes, o por
crecimiento vegetativo de las ramas económicas que controlan, que por creación
de empresas nuevas.
También se aprecia un interés por acumular, sin
consideración del bienestar de las personas. Son contados los dirigentes
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
15
empresariales que entienden de verdad --pues muchos lo dicen como discurso
populista-- que la rentabilidad y la supervivencia a largo plazo dependen
bastante del avance hacia una sociedad más equitativa, pues esto es lo que
permite garantizar en el futuro más y mayores consumidores. Desde el punto de
vista de una gestión para el desarrollo, puede decirse que en el país todavía hay
más gerencias que gerentes y más gerentes que empresarios.
3.2 - LA DOLOROSA PRESENCIA DE LA POBREZA
3.2.1 - Se solucionan necesidades básicas pero se reduce el ingreso de los más
pobres.
Como lo han comprobado diversas investigaciones, no hay duda que al lado de la
alta concentración de la propiedad también existe en Colombia una alta
incidencia de la pobreza, ya sea que se mida por la insatisfacción de
necesidades básicas o por la capacidad de adquirir una canasta mínima de
consumos indispensables. Pero no siempre lo segundo es condición ineludible de
lo primero. Existen países con alta concentración de la propiedad y una equitativa
distribución del ingreso, pues por intermedio del Estado y otros mecanismos se
redistribuye. Es el caso, por ejemplo, de Suecia, en donde según informa la
revista The Economist una sola familia posee el 40% de los activos que se
negocian en la bolsa, pero muestra una de las mejores distribuciones del ingreso
en el mundo. [3, p.24]
Sin que se niegue que existe una situación crítica, en los últimos meses se discute
si la incidencia de la pobreza se ha agudizado o aliviado. Del lado de esta
última posición encontramos apreciaciones como la del informe de la revista
Semana ya mencionado. "Hace apenas 10 años --dice Semana--, Colombia era
el país con peor distribución del ingreso en América Latina. (...) En la última
década, no obstante, la situación ha variado de manera sustancial. Un estudio
sobre pobreza y distribución del ingreso, llevado a cabo en 1.992 por el Banco
Mundial, cuyas conclusiones fueron dadas a conocer recientemente, muestra que
Colombia fue uno de los pocos países en los cuales la distribución no
empeoró en la década del 80. Por el contrario, según el estudio, la distribución
del ingreso en Colombia sufrió una 'significativa mejoría' en el período, al punto
que pasó del primero al sexto lugar entre los países con peor distribución del
ingreso en la región". [3, p.24].
Pero académicos como Eduardo SARMIENTO cuestionan los resultados que
publica el Banco Mundial. En un artículo en que califica de «falso milagro» la
mejoría en la distribución del ingreso dice que en "el rimbombante estudio
financiado por el Banco Mundial, realizado por Planeación Nacional e interpretado
por el Banco de la República, se incurrió en un error histórico en materia grave.
Los cálculos se basaron en una encuesta del Depto. Nacional de Estadística Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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DANE- en donde los ingresos están limitados a un millón de pesos. Así, todos los
que participaron y ganaron las licitaciones del Banco de Colombia y de la telefonía
celular y que adquieren automóviles lujosos aparecen registrados con ingresos de
un millón. Y como un millón de ahora es menos que un millón de antes, la
metodología subestima cada vez más los ingresos de los grupos altos. Estamos
así ante un error que se materializa en una reducción aparente de la participación
del 10% más rico y en una mejoría artificial de la distribución del ingreso". [14,
p.3A]
En un balance social de la administración GAVIRIA TRUJILLO, la investigadora
Cecilia LOPEZ MONTAÑO señala, con base en cálculos del Banco Mundial y
Fedesarrollo, que "durante los tres primeros años de este gobierno los ingresos
totales en las zonas rurales cayeron 17%, en términos reales, mientras los
ingresos urbanos se elevaron en un 19%, generándose entre el campo y la
ciudad una brecha de 36%. Esto quiere decir que “hoy, un habitante promedio
de las zonas urbanas del país tiene ingresos 3.5 veces superiores, al de un
habitante promedio de la zona rural, cuando en 1.977 esta relación era de 1.7. Si
algún logro de las políticas sociales de los anteriores gobiernos fue evidente, fue
haber acercado la situación del campo y la ciudad. Lo primero que debe
destacarse es que hoy, después de tres años de apertura, el sector rural
colombiano perdió relativamente, en términos de ingresos reales, lo que había
ganado en 40 años de desarrollo".
Un segundo resultado de tal balance --continua LOPEZ MONTAÑO--, "se refiere
al incremento en el número de personas bajo la línea de pobreza. Un millón
novecientos mil nuevos pobres es el saldo de los dos primeros años de la
administración Gaviria. Este resultado unido a la ampliación de la brecha rural
urbana en los últimos años, permite asumir que gran parte de esta pobreza se
generó en el campo. Un incremento en la proporción de pobres de esta magnitud,
en tan corto plazo, y dentro de un contexto de crecimiento económico, no se había
registrado en el país en su historia reciente". [15, p. 8]
Pero a pesar de la discusión sobre lo que puede haber pasado en los dos o tres
últimos años --y aceptando la tesis del deterioro de la situación-- hay que
reconocer que en el largo plazo, esto es, en la perspectiva de las dos últimas
décadas si ha ocurrido una mejoría apreciable en los niveles de pobreza,
aunque siguen siendo muy altos en comparación con muchos otros países,
incluso de América Latina y el Caribe. Según datos citados por la propia Cecilia
LOPEZ, la proporción de pobres, medidos por el método de línea de pobreza -LP-,
esto es, ingresos respecto a una canasta mínima, bajó, a nivel nacional, del 60%
de la población en 1.972 al 48,9% en 1.990 y ascendió de nuevo en 1.992 al
52,8%; según el método de necesidades básicas insatisfechas -NBI-, la cifra
nacional descendió del 72,5% en 1.972 al 36,3% en 1.990 y al 35,5% en 1.992.
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
17
En el área urbana, según LP, no hubo cambio y así un ligero empeoramiento,
pues pasó del 42,4% en 1.972 al 42,0% en 1.990 y ascendió al 46,0% en 1.992;
de acuerdo con NBI descendió del 61,1% en 1.972 al 25,0% en 1.990 y 24,4% en
1.992. Para el área rural la LP se movió del 86,0% en 1.972 al 67,0% en 1.990 y
á69,6% en 1.992 y NBI del 89,2% en 1.972 al 66,0% en 1.990 y 62,2% en 1.992.
[16, p. 20]
Como puede verse a simple vista en las cifras anteriores, en el largo plazo la
mejoría fue más pronunciada y evidente por el indicador de NBI que por LP,
lo que podría significar que en términos relativos ha sido mayor el esfuerzo del
estado por atender las necesidades de vivienda, servicios domiciliarios y
educación --de gran peso dentro de NBI--, que el esfuerzo social e individual por
mejorar el ingreso de las personas y las familias. De otro lado, hay que tener en
cuenta que el NBI refleja más las condiciones estructurales de una sociedad
y, por tanto, sus resultados tienden a ser más estables, mientras que la medición
por LP está más sujeta a los cambios coyunturales; es posible que en un
momento de recesión económica, la pérdida del empleo o la disminución real del
ingreso lleve en forma acelerada a muchas personas a quedar por debajo de la
línea de pobreza, sin que por ello pierdan de inmediato la satisfacción de
necesidades como vivienda, servicios públicos domiciliarios y educación infantil.
Como un ejemplo de la mejoría urbana pero con simultánea ampliación de la
«brecha» entre pobres y ricos, podemos citar el caso de Bogotá, que hoy tiene
menos pobres que hace ocho años, pero con mayor distancia respecto a los ricos.
Como dice una investigación periodística, "Entre 1.985 y 1.991, el índice de
pobreza se redujo de 23.5 a 19.5%. Sin embargo la diferencia de ingresos entre
los pobres y los de mayores recursos es cada vez más amplia. Es más: pese al
mejoramiento promedio de las condiciones de vida de los bogotanos, hay
preocupación por el incremento de la pobreza y los bajos niveles de educación en
sectores como Ciudad Bolívar, donde coincidencialmente reside la mayor cantidad
de menores, quienes se supone, constituyen el futuro de la ciudad". Como es
natural, hubo zonas de la ciudad en donde fue más pronunciado el descenso,
como Kennedy, Chapinero y Tunjuelito, mientras en otras se incrementó la
pobreza, como Los Mártires y Engativá; el mayor nivel de pobreza se encuentra
en Ciudad Bolívar y San Cristóbal. [17, p. 11A]
En la búsqueda de razones de fondo sobre lo ocurrido en los últimos años, el
académico y analista económico Abdón ESPINOSA VALDERRAMA dice que a "la
concentración del capital y del ingreso, al infortunio del agro, al debilitamiento de
las exportaciones y la manufactura, no se ha llegado por casualidad. Estaban en
la carta de navegación del modelo económico. (...) Como otros países
latinoamericanos, Colombia empieza a experimentar las consecuencias de su
modelo económico y la necesidad de reorientarlo. No otra cosa significan las
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
18
propuestas de darle contenido social, de democratizarlo en su concepción y
ejecución, de equilibrarlo con el fomento de las exportaciones, de acelerar el
crecimiento y de promover la creación de empleo productivo".
Y a continuación insiste en que no hay contradicción insoluble entre crecimiento
económico y desarrollo social. Para ello recuerda que Taiwan, "el pequeño país
asiático no sólo logró crecimiento económico sino que mejoró sus indicadores
sociales, hasta el punto de suprimir la pobreza. En América Latina se prefirió el
otro arquetipo, con el balance de fuertes desniveles y distanciamiento entre pocos
ricos y muchos pobres". [18, p. 5A]
En apoyo de la apreciación que hacíamos en párrafo anterior sobre el diferente
comportamiento de los dos indicadores básicos de la pobreza, en especial por el
«agravamiento» en los últimos años de la línea de pobreza, que se relaciona en
forma más directa con el ingreso, veamos un par de datos en donde se
comprueba la pérdida de capacidad adquisitiva del salario mínimo legal, lo
que afecta los ingresos reales de una proporción significativa de la población
colombiana. Para recalcar la importancia de esta medición, basta recordar -según cifras que da Cecilia LOPEZ M.-- "que el 22% de los trabajadores urbanos
ganan un ingreso inferior al salario mínimo y que el 33% perciben ingresos
máximos iguales a este salario (...)" [15, p. 8]
El salario mínimo legal nominal evolucionó de $25.637 para todo el año de 1.988
a $41.025 para 1.990, $81.510 para 1.993 y se elevó a partir del 1 de enero de
1.994 a $98.700; entre el primero de enero de 1.988 y el 31 de diciembre de 1.993
el salario mínimo aumentó en 218%, esto es, más que se triplicó. Pero en el
mismo lapso la carestía fue mayor; los precios de los bienes y servicios que
componen la canasta familiar que mide el DANE crecieron en los mismos seis
años 316%, esto es, más que se cuadruplicaron. El salario mínimo legal real al
principio de 1.990 apenas representaba 25.402 pesos constantes de 1.988 y al
principio de 1.993 había disminuido a 24.023 pesos constantes; el salario mínimo
al 1 de enero de 1.994 sólo representa 23.732 pesos de 1.988, esto es, en los
seis años perdió un 7,4% de su capacidad adquisitiva, pérdida que se
concentra en el período que va de 1.990 a 1.993. Si la carestía en 1.994 bordea
el 20%, el salario mínimo al finalizar diciembre puede representar apenas 19.775
pesos de 1.988, para una pérdida acumulada del 22,8%. Por tanto, el gran reto
para los próximos años es recuperar la capacidad adquisitiva de esta parte de la
población, que puede llegar a ser un tercio.
Si comparamos el salario mínimo legal con el valor de la canasta familiar para
obreros que calcula el DANE, en enero de 1994 se necesitaban casi dos salarios
mínimos para comprarla, pues su valor llegaba a casi $195.500; y si la carestía es
del 20% en diciembre llegará a $234.500, requiriéndose cerca de 2,4 salarios
mínimos para adquirirla.
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
19
La revista Clase Empresarial de enero de 1.994 trae una interesante
comparación de la capacidad adquisitiva del salario mínimo legal mensual -SMLMcolombiano para 1.994 respecto al de otros países, utilizando como unidad de
medida algunos bienes durables y otros de consumo inmediato. Mientras en
Colombia se requieren 109 SMLM para adquirir el vehículo más barato, en Perú
es necesario entregar 186 salarios, pero en Argentina sólo 32 y en México 59. En
cambio, en electrodomésticos la diferencia no es tan grande; una nevera pequeña
se compra en Colombia por 2,5 SMLM y en Argentina por 2,4, mientras en Perú
hay que entregar 5, salarios y en Venezuela 4,0; un televisor de 21' cuesta en
Colombia 3,7 SMLM, en Argentina 2,0 pero en Perú 10,0 salarios, mientras en
Chile, Venezuela y México cuesta entre 3,0 y 3,5 salarios mensuales, muy similar
a Colombia.
En el caso de los bienes de consumo inmediato, la situación es la siguiente.
Mientras un SMLM compra en Colombia 268 litros de leche, en Argentina sirve
para adquirir 318 litros pero apenas 100 en Venezuela y 35 en Perú; en carne,
compra 55 libras en Colombia, 85 en México y 58 en Argentina, pero sólo 42 en
Venezuela y 16 en Perú; en pasajes urbanos, sirve para viajar 329 veces en
Colombia, apenas 140 en Perú y 224 en Chile, mientras compra 625 pasajes en
Argentina y 511 en México. [19, p. 40] En resumen podría decirse que, si
exceptuamos los vehículos, el salario mínimo mensual colombiano tiene mayor
capacidad adquisitiva que el peruano o venezolano pero menor que en Argentina
y México.
Para concluir este acápite, transcribamos el panorama global que presentó el
presidente GAVIRIA en septiembre de 1.993 ante la Asamblea de la Asociación
Nacional de Industriales -ANDI-. Allí dijo que a "pesar de los grandes progresos,
subsisten aún notables deficiencias. Una tercera parte de la población todavía
vive en estado de pobreza; más del 10% de nuestros compatriotas son
analfabetas; cerca de 32 de cada mil niños mueren en su primer año de vida;
medio millón de hogares no tienen un techo digno; y más de millón y medio
requiere de mejoras importantes en sus viviendas; cerca de la mitad de los
jóvenes colombianos no asisten a la escuela secundaria; y más de 5 millones, los
más pobres, no cuentan con servicios adecuados de salud". [20, p. 4]
3.2.2 - Crece la ocupación con empleos inestables y desprotegidos
Es de suponer que la caída o estancamiento en los ingresos reales de sectores
amplios de la población debe incrementar la proporción de la llamada «población
económicamente activa», esto es, la parte de la «población en edad de trabajar»
[mayores de 12 años] que en un momento determinado está trabajando o
buscando trabajo, pues cambios negativos en el ingreso deben agudizar la
necesidad de que nuevos miembros de la familia se incorporen a la fuerza laboral.
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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Y las cifras así lo confirman; si en 1.982 tal proporción era del 52%, para 1.987
había subido a más del 57% y en 1.992 superaba el 60%.
No obstante este incremento --que podría explicar un aumento de los
desocupados--, la tasa de desempleo abierto o visible urbano ha disminuido
en los últimos años, según la encuesta que realiza el DANE en las 7 principales
ciudades, pues pasó del 10,6% en diciembre de 1.990 al 9,9% en 1.991, 9.8% en
1.992 y 7,9% en diciembre de 1.993, una de las más bajas en la última década.
El número de desocupados en estas 7 ciudades se redujo de 515.000 personas al
finalizar 1.992 a 412.000 en 1.993. [21, p.1B] Mientras tanto --y también según
datos del DANE--, la desocupación abierta o visible rural tiende a aumentar, pues
pasó del 4,4% en septiembre de 1.992 al 4,9% en el mismo mes de 1.993, esto
es, de 246.000 a 276.000 personas [22, p. 1B], aunque todos sabemos que dado
el atraso en las relaciones de producción en el campo es muy difícil identificar la
desocupación.
Si bien la disminución del desempleo urbano es un hecho positivo, en términos
generales, el lado negativo de la situación --y que tiene relación estrecha con las
condiciones de pobreza-- consiste en que la mayor parte de los nuevos empleos
creados en los últimos años carecen de estabilidad y de protección legal y
social, al tiempo que constituyen ingresos muy vulnerables, por lo que puede
estar afectándose la calidad de vida. Esta misma consideración puede hacerse
para mucho empleo rural.
Trabajando con cifras globales del DANE --que tienen la característica de ser
proyecciones o previsiones aproximadas, por lo que su exactitud y confiabilidad
dejan dudas--, puede decirse que Colombia debió llegar en 1.993 a un poco más
de 33 millones de habitantes, de los cuales cerca de tres cuartas partes pueden
estar en edad de trabajar, o sea alrededor de 24,7 millones. Si hablamos de una
«población económicamente activa» que puede oscilar entre el 55% y el 60% de
la «población en edad de trabajar» --según como se comporte la coyuntura
económica y social en cada momento--, la fuerza de trabajo del país estaría entre
13,6 millones y 14,8 millones de personas. Si consideramos un desempleo visible
general del 7% -- en el campo es más bajo pero en las ciudades intermedias y
pequeñas puede ser mayor del 7,9% de las grandes ciudades--, la desocupación
total podría estar afectando a un universo que oscilaría entre 950.000 y casi
1.050.000 trabajadores, es decir, un volumen alto de familias colombianas. Por
diferencia, la fuerza de trabajo ocupada se movería entre algo más de 12,6 y
menos de 13,8 millones de personas, habiéndose creado de 1.988 a 1.993 no
menos de 1,5 millones de empleos. Pero como señala la ANDI, es preocupante la
caída en el ritmo de creación de empleo, pues pasó de 5.7% en 1991 a 5.3% en
1992 y a 2.8% en 1993. [23, p. 8A]
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LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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De otro lado, es previsible que el proceso de apertura económica tenga un
impacto negativo sobre el empleo. Según un estudio preparado por Manuel
RAMIREZ para el gobierno nacional --cuyo objetivo era determinar el efecto que
tendrían sobre la economía nacional en términos de producción y empleo la
disminución de aranceles, la eliminación de las restricciones cuantitativas para las
importaciones como cuotas y cupos y otras medidas que facilitan la importación
de bienes y servicios--, un poco más de 444.000 trabajadores quedarán cesantes
en la etapa de consolidación del programa, lo que representa cerca del 5% de la
ocupación total, según cifras de 1.989.
De acuerdo con tal estudio, el mayor efecto se sentirá en el sector secundario, en
donde se prevé la pérdida de más de 242.000 puestos de trabajo, equivalentes al
15,2% del empleo total; y como es natural, dentro de este sector la mayor pérdida
se producirá en la industria manufacturera, con casi 233.000 empleos, el 24,9%.
Como se desprende de estas cifras, para los trabajadores industriales la situación
podrá ser muy crítica, ya que puede llegar a quedar cesante uno de cada cuatro.
En cambio, para el sector primario se prevé un efecto mucho menor, ya que se
calcula que podrá perder algo más del 5% del empleo. [24, p.8A]
Pero como señalamos más atrás, también está el problema de la calidad del
empleo, que afecta en forma directa las condiciones de vida de los trabajadores.
Como cita un informe periodístico, la ANDI "cuestiona la calidad del empleo y dice
que ha crecido de manera importante la informalidad, el subempleo y la
temporalidad en tanto que el empleo permanente crece lentamente". Hasta
diciembre de 1.993 "existían más de 2,8 millones de trabajadores informales en
las diez ciudades más importantes del país, lo que representa el 53% de la
población ocupada total", correspondiendo casi la mitad a mujeres. Según
datos del DANE, en el sector de los servicios, (incluyendo establecimientos
financieros), transporte y comunicaciones, se encuentran el 40,6% de esos
trabajadores; en el comercio, restaurantes y hoteles el 32,2%; en la industria
manufacturera el 18,8% y en la construcción el 6,8%. Estas cuatro ramas
concentran el 98,4% del llamado empleo informal, pero hay que tener en cuenta
que no todos estos trabajadores reciben ingresos de «hambre» o sufren de
desprotección total, ya que aquí se incluyen muchos trabajadores por cuenta
propia que tienen buenos ingresos y se autoaseguran. De acuerdo con la
encuesta de hogares del DANE, el 8,5% de estos trabajadores poseen formación
universitaria y el 11.4% son propietarios de sus propios negocios; el 40% son
trabajadores por cuenta propia, cerca del 30% laboran en pequeñas industrias
como empleados y el 11% se ocupa en el servicio doméstico. [25, p.5B]
En cuanto al subempleo y la temporalidad, un estudio de FEDESARROLLO, sobre
la base de estadísticas del DANE, comprobó que entre junio de 1.991 y el mismo
mes de 1.992 el subempleo subió del 15 al 17% y en el mismo período el empleo
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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temporal pasó de representar el 16% de la población ocupada al 21%. En opinión
de FEDESARROLLO y el instituto SER, lo que más preocupa es el "aumento en
cerca de cinco puntos porcentuales en el empleo temporal, lo cual indica la
precariedad del tipo de ocupación que está aumentando". Y agrega el estudio:
"No es posible saber cuántos de estos empleos están cobijados por la legislación
laboral, cuya última reforma estaba encaminada a proteger este tipo de trabajo".
[26, p. 6B]
Como es comprensible hoy, no toda la política social puede confundirse con el
gasto público social, pues una parte esencial de ella consiste en garantizar que la
porción fundamental de la población tenga un ingreso adecuado o por lo menos
un mínimo de subsistencia, es decir, ha de preocuparse por hacer efectivo el
derecho constitucional al trabajo. Por tanto, un reto del futuro será la creación de
empleo permanente y productivo, lo que debe apoyarse con una significativa
inversión para mejorar el capital humano del país.
3.2.3 - Educación y salud: «bienes esquivos» para millones de colombianos
Dado el efecto redistributivo del gasto público en educación, es preocupante
que Colombia tenga una muy baja proporción, en términos del PIB, en
comparación con patrones internacionales. En efecto --habla con cifras el analista
Jairo LONDOÑO ARANGO--, "cuando para los países de América Latina y el
Caribe esta cifra es de 4.3%, en Colombia apenas si llegamos a un escaso 3.2% y
eso que, actualmente, el gobierno central apenas si financia 85% de la oferta
educativa primaria, 60% de la oferta en bachillerato y 40% de la educación
superior". Para mayor gravedad, el "gasto público en educación que venía
creciendo en forma paulatina desde mediados de los 70 hasta 1.984, empezó a
decrecer en forma alarmante a partir del año 85 hasta llegar, en 1.990, a un nivel
similar al de 1.970". Y ello en razón de que "mientras los gastos del gobierno
central crecieron, durante la última década, a una tasa anual de 4.1%, los aportes
del gobierno central al sector educativo aumentaron a una tasa anual promedio de
2.1%". En conjunto, el gasto público y el gasto privado de las familias en
educación representó apenas el 5% del PIB durante el último decenio. [27, p. 2A]
En el estudio ya citado de FEDESARROLLO y el instituto SER se advierte sobre
el descenso en la calidad de la educación, como lo demuestra una encuesta
realizada por el ministerio de Educación con estudiantes de primaria en varias
ciudades del país, pero no por problemas de exceso de alumnos por profesor,
sino por el tipo de relación que se crea entre profesores y alumnos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. [26, p. 6B]
Como se ha comprobado por muy diferentes medios, la educación jugó un papel
transcendental no sólo en la superación del atraso económico sino también en la
eliminación de la gran pobreza que afligía ayer a algunos países y que se han
convertido en los «tigres asiáticos» de hoy. Como lo recuerda Jairo LONDOÑO
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LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
23
ARANGO, "allí pueden ocupar a 478 graduados universitarios por cada 100.000
habitantes mientras nosotros sólo disponemos de 156 (tres veces ámenos) o a 97
tecnólogos contra 27 o a 145 investigadores contra 69. Y, ni qué decir de los
gastos en investigación y desarrollo que alcanzan a ser de US$346 por habitante
en los países desarrollados contra escasos US$12 de América Latina". [27, p. 2A]
En cuanto a salud, uno de los aspectos básicos que tiene mayor relación con las
condiciones de vida, en especial con la pobreza, es el suministro de agua, ojalá
que sea potable, y con medios para la disposición de excretas. Pero según datos
de Planeación Nacional la situación todavía es crítica para miles de hogares
colombianos. En el sector urbano, disponen de conexión domiciliaria para el
suministro de agua el 86% de la población, mientras el 10% no tiene servicio y el
5% la adquiere por otros medios; en el campo, como es natural, más del 58% la
adquiere por otros medios, apenas el 32% por acueducto domiciliario y el 10%
carecen del servicio. En promedio, sólo un poco más de las dos terceras
partes recibe el agua por servicio domiciliario. Pero no toda el agua que llega
a los hogares es apta para el consumo humano; se considera que en el campo
más del 90% de la población consume agua de mala calidad y en la zona
urbana cerca del 40%; en promedio, más de la mitad de la población colombiana,
18 millones de personas, consumen agua que no cumple con los requisitos
sanitarios mínimos.
En disposición de excretas encontramos una situación aún más delicada, ya
que eleva de manera sustancial la exposición de la población a factores de riesgo,
siendo mayor esta exposición en los grupos más pobres. En las ciudades, el 65%
dispone de conexión domiciliaria, el 30% carece del servicio y el 5% utiliza
diversos medios; en el campo, como es natural, no se dispone de servicio
domiciliario y sólo el 27% lo hace por diversos medios, llegando al 73% quienes
carecen de cualquier servicio; en promedio nacional, sólo el 43% dispone de
servicio domiciliario, otra porción similar, el 44%, carece de todo servicio y el
restante 13% utiliza diversos medios. [28, p. 2C].
Y la situación descrita en agua y alcantarillado tiende a agravarse en los próximos
años, ya que con el proceso en marcha de descentralización se ha estancado el
desarrollo de estos servicios, en espera de que los gobiernos locales asuman con
conciencia y capacidad institucional esta nueva responsabilidad.
De
complemento, son servicios que adolecen de costos excesivos y de fallas
protuberantes en el control de la producción y los ingresos, en especial por la
burocratización a que lleva el clientelismo y la ineficiencia e ineficacia que produce
la carencia de manejo gerencial. Como ejemplo podemos citar el caso de los
acueductos, en donde de 8.000 funcionarios técnicos que tienen, sólo 800 poseen
la capacitación adecuada, al mismo que se considera que el 75% del agua
generada y distribuida no se cobra. [29, p.8A].
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LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
24
Además del problema conocido de baja cobertura por los sistemas público y de
seguridad social --se considera que no menos del 40% de la población carece o
tiene muchas dificultades para el acceso al servicio de salud--, se adiciona uno
nuevo, que tiene un altísimo costo social y pecuniario y genera una ocupación
excesiva de la infraestructura disponible: la violencia, no sólo proveniente de la
guerrilla y el narcotráfico sino cada vez más producto de una «cultura de la
violencia». Como lo dijo el ministro de salud Juan Luis LONDOÑO DE LA
CUESTA en diciembre de 1.993, "La violencia en Colombia se ha convertido en el
principal problema de salud pública, arrojando cifras alarmantes (...)".
Según cifras del ministerio de salud, la violencia deja por año en Colombia entre
40.000 y 50.000 huérfanos y de 10.000 a 15.000 viudas, afectándose en especial
personas inocentes y hogares pobres, agravándose la pobreza. De las 100.000
muertes violentas que se presentaron en América en 1.992, 24.934 se registraron
en Colombia --el 25%, cuando Colombia tiene apenas un poco más del 7% de la
población--, de las cuales 65% correspondieron a muertes por arma de fuego,
22.3% por accidentes de tránsito y 12% por armas cortopunzantes. Las muertes
violentas cuestan al país más de US$1.500 millones al año, 1,2 billones en
pesos de 1.993, no tanto por el costo de la atención hospitalaria --aunque no es
despreciable la suma, pues existen zonas en donde las víctimas de la violencia
consumen lo fundamental de los recursos, desplazando otras necesidades de
atención-- cuanto por lo que significa de pérdida de capacidad productiva o de
años de vida laboral. [30, p. 3A]
3.2.4 - La lejana esperanza de una vivienda
Para agravar el gigantesco déficit de vivienda que existe en los sectores más
pobres de la población --no menos de un millón de familias colombianas, una de
cada seis, carecen de las condiciones mínimas de habitación--, la inversión del
Estado en vivienda social ha disminuido en los últimos años, pasando del
0,42% del PIB en 1.991 al 0,28% en 1.993, según datos dados por la Cámara
Colombiana de la Construcción -CAMACOL-. En adición, la inversión del Instituto
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -INURBE- ha perdido
participación en relación al total en vivienda, pasando de 64% en 1990 a 41% en
1992. [31, p. 6B]
De otro lado, es poco lo que ha funcionado el sistema institucional bancario para
ayudar a solucionar el problema de vivienda, aunque debe tenerse en cuenta que
personas en el umbral de la pobreza tienen muy escasas posibilidades de acceder
al crédito, así sea hipotecario. De acuerdo con un informe de la revista Portafolio,
sólo el 21% de los hogares propietarios ha adquirido su vivienda a través de
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
25
préstamos, de los cuales apenas menos de la mitad corresponde a corporaciones
de ahorro y vivienda y bancos comerciales, es decir menos de una de cada diez
familias. Por tanto, es comprensible que casi dos de cada tres viviendas, el 62%,
sea producto de la autoconstrucción, llegando esta proporción al 82% en los
estratos más bajos. [32, p. 11] En Santafé de Bogotá, apenas el 55% de los
hogares posee casa propia, por lo que puede decirse que el restante porcentaje
vive en arrendamiento. [17, p. 11A]
En cuanto al nuevo sistema de subsidio estatal para la vivienda, las primeras
evaluaciones de los expertos cuestionan su eficacia social. Como se sabe, el
antiguo Instituto de Crédito Territorial -ICT-, que funcionaba bajo la modalidad de
subsidio a la oferta, desapareció y fue sustituido por el INURBE, que opera bajo á
la nueva modalidad de subsidio a la demanda, esto es, subsidio directo al
beneficiario para que el opte por la solución que crea más conveniente en el
mercado de vivienda de interés social. Se supone que este sistema está
orientado, en lo fundamental, hacia el 30% más pobre de la población, pero según
opinión del Centro Nacional de Estudios sobre la Construcción -CENAC- no ha
ocurrido de esta manera, ya que priman beneficiarios que no corresponden a la
población objetivo. De otro lado, el sistema es muy lento; de casi 146.000
subsidios otorgados para el sector urbano hasta diciembre de 1.993, sólo se había
entregado en realidad el 32%. [31, p. 6B] En similar sentido se pronunció el
Contralor General de la República, quien señaló en noviembre de 1.993 que para
las familias con ingreso inferior a dos salarios mínimos legales mensuales, que
debe ser la población en que se focalice el subsidio, apenas se había otorgado el
48% de los subsidios, correspondiendo el restante 52%, es decir, la mayor parte,
a familias con ingresos entre 2 y 4 SMLM, lo que significa, en su opinión, que el
sector financiero no ha dado la financiación esperada para la población objetivo.
"En consecuencia --decía el Dr. BECERRA BARNEY--, si el gobierno pretende
una verdadera redistribución del ingreso y quiere contribuir con ayuda real hacia
61% de los hogares que necesitan vivienda, debe introducir ajustes en su política
de vivienda". [33, p. 10A]
No obstante, un documento del Dpto. Nacional de Planeación de febrero de 1.994
asegura que en 1.991 se otorgaron algo más de 88.700 subsidios, en 1.992 casi
175.700, en 1.993 más de 237.600 y se espera entregar 177.600 en 1.994, para
un total de 679.700 subsidios en los cuatro años, cuando la meta inicial eran
539.000 soluciones en el cuatrienio. [36, p.1B]
Para apreciar las condiciones de habitabilidad --en donde se refleja la alta
proporción de hogares pobres--, recordemos que más de la tercera parte de los
colombianos tiene que compartir por necesidad su cama, es decir, dormir dos o
más miembros de la familia en una sola cama sencilla; en los estratos más bajos
la situación tiene características dramáticas: en el 51% de los hogares en el
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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estrato subnormal; 49% en el bajo-bajo y el 40% en el bajo. La tercera parte de
los hogares comparte espacios o servicios con otros hogares, mientras la cuarta
parte comparte patio o terraza, lavadero y baño y la quinta parte la cocina; de otro
lado, sólo el 11% de los hogares tienen calentador de agua, mientras el 68%
posee nevera; en cambio, apenas el 64% cuenta con closet o armarios y el 62%
con muebles de sala y comedor. [32, p. 11]
Como se atreve a decir el principal gremio de los constructores, CAMACOL,
"Nadie duda que el sector de la construcción en el presente cuatrienio ha
alcanzado los niveles más altos de desempeño y el mejor comportamiento en las
utilidades de las empresas de construcción en toda la historia. Pero al mismo
tiempo, en este mismo período se ha registrado una de las más precarias
inversiones sociales en vivienda que recuerde la nación". Lo anterior muestra que
el actual modelo de desarrollo no puede por sí sólo generar equidad. [31, p. 6B]
3.2.5 - La discusión sobre los efectos en la pobreza de las modificaciones en la
política macroeconómica.
Aunque el objetivo de este documento no es discutir en si los cambios que han
ocurrido en la política macroeconómica en los últimos lustros --que en la práctica
puede haber significado un cambio de modelo en el desarrollo socioeconómico del
país--, vamos a hacer una breve referencia a ellos para analizar su eventual
incidencia en la pobreza y las condiciones de vida de millones de colombianos.
Aceptando de entrada que se han producido modificaciones sustanciales, en
forma resumida puede decirse que durante la década de los 80 se fueron
implementando cambios que transformaron el modelo de desarrollo denominado
por los medios de opinión «cepalino» --aunque no siempre coincidía con las
propuestas de la CEPAL--, con una concepción de «economía cerrada» o de
«crecimiento hacia adentro», en un nuevo modelo de concepción
«aperturista», bautizada por muchos como de inspiración «neoliberal». Tal
«viraje» se afianza a finales del gobierno BARCO y se consolida con la
administración GAVIRIA.
Según el profesor Libardo SARMIENTO ANZOLA, la "receta neoliberal reclama
como fundamento de su ideario: la libertad individual, una política
macroeconómica que estimule la competencia, el saneamiento de las finanzas
públicas, el control de la expansión monetaria, la estabilidad y la orientación de la
economía hacia el exterior, la apertura comercial, la reducción del Estado, la
eliminación de los subsidios sociales y económicos, el fomento del ahorro y la
inversión privada, el fortalecimiento del mercado libre y las leyes laborales
reguladas por las fuerzas de oferta y demanda". [52, p. 4] Diversos analistas han
insistido en señalar que la puesta en práctica de esta «receta» ha tenido un alto
costo social, que han pagado, en primer lugar, los trabajadores con reducción en
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
27
los ingresos reales y pérdida del empleo estable y protegido y, en segundo lugar,
los productores agrícolas e industriales que están más sometidos a la
competencia externa, sin que el gobierno haya podido compensar esta situación
con mayor gasto social y ampliación de la cobertura de los servicios sociales,
como está implícito en el modelo, ni con protección ante la competencia externa
desleal.
El mismo SARMIENTO ANZOLA dice que desde "mediados de los años ochenta
en Colombia se observa una pérdida de participación del gasto social, los índices
de pobreza crítica, de población en situación de riesgo, de débil o nula
incorporación a la economía moderna y, consecuentemente, de presencia del
llamado sector informal vienen incrementándose. Esta tendencia no muestra
variaciones en los años noventa". Y refuerza lo dicho con un análisis de la
Contraloría General de la República, en donde se confirma que "existen enormes
restricciones financieras en el presupuesto nacional que aplazarán el objetivo
fundamental de fortalecer fiscalmente lo social. Esto último en realidad sería
apenas una forma de recuperar los niveles de inversión social perdidos durante la
segunda parte de la década de los ochenta. (...) El rubro de inversión social ha
venido perdiendo importancia con respecto al presupuesto general: en 1.991 era
el 10,4%, en 1.992 es el 9,45% y en 1.993 será el 8,2%. Estas cifras han estado
muy por debajo, para todos los años, de las enunciadas en el Plan de Desarrollo:
11% en 1.991, 19,6% en 1.992 y 22,5% en 1.993". [37, p. 12]
No obstante esta situación --corroborada con cifras que parecen merecer toda la
credibilidad--, voceros del gobierno persisten en mostrar que lo ocurrido ha sido
algo muy distinto. En un artículo de marzo de 1.994 el Director Nacional de
Planeación, Armando MONTENEGRO, no sólo repetía la tesis del mejoramiento
del ingreso ya discutida más atrás, ratificando que "tanto la desigualdad como la
pobreza han disminuido en Colombia en los últimos años", sino insistía en que ello
"puede deducirse de la simple observación de varios hechos económicos
relacionados entre sí: el ingreso percápita se ha elevado sustancialmente, pues la
economía ha crecido a una tasa mucho más alta que la de la población; el empleo
se ha elevado en más de 1,5 millones en los últimos tres años y el salario mínimo
ha recuperado su poder adquisitivo y el industrial ha aumentado en forma
importante. A lo anterior hay que añadir la caída de las tasas de interés que ha
reducido el ingreso de los estratos más altos. Además, se han eliminado los
auxilios y transferencias que otorgaba el Estado, a través de la protección y el
crédito de fomento, a los grupos de mayores ingresos y, a cambio, ha establecido
subsidios a los más pobres, en vivienda, educación y otros servicios sociales".
Y señalaba a continuación que "existen razones para ser optimistas sobre el
futuro", pues ya se está saliendo de la etapa "más crítica y difícil" de la apertura y
"sólo en los próximos años tendrán pleno efecto dos grandes reformas
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
28
emprendidas por este gobierno: la descentralización territorial, con un incremento
real de las transferencias sociales superior al 100% hasta el año 2.002 y la de la
seguridad social, con un ambicioso programa en el campo de pensiones y salud
para los grupos más pobres. En síntesis, el conjunto de las reformas recientes
están conduciendo al país no solo a un mayor crecimiento sino a menor pobreza y
desigualdad". [38, p. 5A]
Pero en respuesta explícita a los planteamientos de MONTENEGRO, el
presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Cesar DE HART
VENGOECHEA, decía que "no tiene sustento concluir que existe una mejor
distribución del ingreso apelando, maliciosamente, al argumento según el cual se
ha elevado el ingreso percápita debido a que la economía ha crecido más que la
población. Ese resultado se fundamenta en un promedio que, precisamente,
desconoce el punto en discusión: la equitativa distribución del ingreso. (...) Por
doloroso que sea, debemos admitir que estamos presenciando un agudo proceso
de concentración de riqueza". De otro lado --continúa el presidente de la SAC--,
"aumentan los cordones de miseria en los centros urbanos, la informalidad y
temporalidad del empleo ascienden a niveles insoportables y el empleo formal
disminuye, contribuyendo todo ello a un deterioro de la calidad del empleo, y
consecuentemente, del de la vida. En estas circunstancias, esgrimir el descenso
estadístico del desempleo --desconociendo, además, la realidad rural-- como un
logro, equivale a confesar que es válido canjear calidad por cantidad".
DE HART fortalece su cuestionamiento a la política macroeconómica
refiriéndose al control de la inflación, una de las mayores obsesiones del equipo
económico del presidente GAVIRIA, ya que no se puede "seguir bajo la ilusión de
un triunfo frente a ella. La inflación nunca estuvo bajo control en sus causas
estructurales, y sólo se produjo el espejismo de ese logro, recurriendo al facilísimo
de pasarle la cuenta al sector productivo en general y, particularmente, al
agropecuario, mediante la sustitución de la producción nacional con la importación
de productos subsidiados más baratos". Por eso --enfatiza-- "la dirigencia
colombiana viene fallando en la identificación de las relaciones de causa y efecto
de los grandes problemas nacionales. El liderazgo no es suficiente. Falta claridad
en la definición del rumbo por seguir". [39, p. 5A]
De otro lado, instituciones como la Asociación Nacional de Industriales --ANDI-señalan que el crecimiento de los últimos años está "cimentado sobre bases
vulnerables, que difícilmente son sustentables a futuro". Para la ANDI "llama la
atención la creciente importancia del sector servicios en la generación de valor"
[los servicios financieros, gubernamentales, personales y comerciales aportaron
durante 1.992 y 1.993 más de la mitad del crecimiento del valor agregado],
"mientras la industria mantiene constante su participación desde mediados de la
década de los setenta, circunstancia que pone en evidencia el bajo dinamismo de
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
29
la actividad productiva, la relativa desindustrialización de la economía y su
consecuente terciarización".
Así mismo, y luego de mostrar que la demanda agregada creció en 5,2% en 1.992
y 11% en 1.993 mientras el PIB lo hizo en apenas 3,5% y 5,2% en estos años,
destaca que tales resultados ponen "en evidencia la creciente brecha entre la
generación de ingresos y el gasto agregado, déficit que se ha compensado con
importaciones del lado de la oferta y con mayor endeudamiento privado del lado
del ingreso. En efecto, las importaciones como componente de la demanda
crecen 42% en 1.993 frente a 29,4% el año anterior", mientras la "cartera bancaria
está creciendo por encima del 50%, el doble de lo observado el año pasado".
Como señala la ANDI, "ninguna economía puede gastar indefinidamente más de
lo que produce. En el mismo sentido, el gasto público no puede ser el principal
motor de crecimiento en el largo plazo, si se pretende modernizar e
internacionalizar la economía. En lo que respecta a la capacidad del sector
financiero para absorber las mayores exigencias de crédito, existen serias dudas
acerca de la misma, sin que se generen indeseables presiones al alza de la tasa
de interés". [40, p. 6B]
Si tenemos en cuenta las observaciones de la SAC y la ANDI, el panorama para
los sectores de bajos ingresos no puede ser de optimismo, pues el efecto
conjunto de los fenómenos señalados sólo puede traer reducción en los ingresos
reales de los trabajadores y pérdida del empleo productivo, con la consecuente
disminución en su capacidad de compra y empeoramiento en las
condiciones de vida. De ocurrir este proceso, Colombia estaría más cerca de lo
que reconocen algunos voceros gubernamentales de la situación evidenciada en
otros países que han abordado cambios similares en la política macroeconómica.
Como lo reconocen instituciones multinacionales como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, muchas
veces en los últimos años los países que abordaron reformas sustanciales para
«acompasarse» a los procesos en marcha de internacionalización de la economía
y modernización del Estado, dejaron de lado --por necesidad o en forma adrede-políticas y programas para mejorar la calidad de vida, en especial de los más
pobres.
Se aplicaron políticas económicas cuyos eventuales efectos
redistributivos negativos se desestimaron, por lo que no se tuvieron en cuenta los
costos sociales de tales procesos y, en muchos de ellos, aumentó la «deuda
social», ampliándose la brecha entre pobres y ricos.
En un boletín del Fondo Monetario Internacional de enero de 1.994 se lee que el
"FMI está haciendo más hincapié en el tema de la pobreza al formular los
programas de ajuste estructural de los países en desarrollo de bajo ingreso, como
resultado de la experiencia y de algunas críticas externas que han vertido en torno
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
30
a los mismos", pues se ha comprobado que en "la década de los setenta y en los
primeros años de la década de los ochenta, a medida que los gobiernos de los
países en desarrollo actuaron con más energía para combatir las perturbaciones
externas y corregir los excesos en materia de endeudamiento y gastos, la carga
del ajuste comenzó a recaer a menudo en los grupos más vulnerables de la
sociedad". Por eso el director gerente del FMI, Michel Camdessus, suele poner
ahora el acento en la necesidad de fomentar un «crecimiento de alta calidad»
que aborde la pobreza y otros problemas sociales. [41, p. 7]
3.2.6 - «Redefinir» el gasto social para reducir la pobreza y «repensar» lo social
para entrar al futuro.
Ya para terminar este capítulo digamos dos palabras sobre el comportamiento
reciente del gasto público social, uno de los principales instrumentos con que
cuenta el gobierno para reducir la pobreza, en especial cuando se mide por la
satisfacción de necesidades básicas, y mejorar las condiciones de vida y trabajo
de los sectores más desprotegidos de la población. En el balance social ya citado
de Cecilia LOPEZ se lee que, con independencia de la definición que se adopte
de gasto social, "en los primeros años del gobierno Gaviria hubo una reducción de
la participación del gasto social en el PIB, con respecto a la dinámica de los años
anteriores. En 1.991 el gasto social llegó a un 7.3% del PIB, cifra similar a la
registrada durante el ajuste de 1.986 y muy inferior a los niveles observados
durante la primera parte de la década de los 80. Sin embargo, para los últimos
dos años, con cifras estimadas, se señala una recuperación que de acuerdo con
las proyecciones hechas por el Ejecutivo, superarían el nivel de 8% en el 93 y del
9% en 1.994. Estas últimas cifras son apropiaciones, es decir intenciones de
gasto". [15, p. 8]
Si bien el presidente GAVIRIA también ha insistido en que la fase final de su
gobierno estará «más marcada» por la ejecución de una política social ambiciosa -ya que en los dos primeros años hubo de dedicarse más a la implementación de
la política económica para garantizar las profundas reformas que se promulgaron
en varios campos--, muchos analistas temen que no se llegue a los niveles
porcentuales ofrecidos, ya que por tradición la ejecución del gasto social siempre
está muy por debajo de los montos presupuestados. Según cálculos de Libardo
SARMIENTO, "en 1.990, de cada cien pesos apropiados para lo social, sólo se
pagaron 25 pesos en el año; en el 91 se duplicó este monto y en 1.992, la relación
fue del 60%". Como dice Cecilia LOPEZ, estos "sí son niveles excesivamente
reducidos, bajo cualquier circunstancia". [15, p. 8] De otro lado, existe la
preocupación de que no todo lo presupuestado como gasto social corresponde en
realidad a inversión nueva en lo social, pues se pueden estar contabilizando como
tal, sumas que no son más que la "absorción por parte del presupuesto nacional
de pasivos laborales que tenían empresas que han sido liquidadas o privatizadas
(...) Por ejemplo --dice Juan Camilo RESTREPO--, en el presupuesto de 1.994
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hay casi $400.000 millones registrados como gasto social, que aunque lo es en
efecto, no puede considerarse como una inversión nueva en el área social". [13, p.
2A]
Ya que estamos en un país que sustituye al Estado nacional por el Estado local
como responsable en la ejecución de la política social, esto es, en la lucha directa
contra la pobreza, recordemos el orden en que más de 200 alcaldes definieron el
que consideran problema primordial de su comunidad: desempleo el 25%, agua
potable y saneamiento 24%, presupuesto el 18%, vías de acceso en mal estado
15%, otros servicios públicos deficientes 12,3%, violencia e inseguridad 11% y
educación y salud con sendos 6,4%. [34, p. 1B] Si creemos en la solución
democrática de los problemas sociales, esta lista es un reto para los próximos
gobiernos y su solución debe convertirse en el compromiso social de que ha de
ser garante el Estado.
Como lo reconocen instituciones multinacionales como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, muchas
veces en los últimos años los países que abordaron reformas sustanciales para
«acompasarse» a los procesos en marcha de internacionalización de la economía
y modernización del Estado, dejaron de lado --por necesidad o en forma adrede-políticas y programas para mejorar la calidad de vida, en especial de los más
pobres.
Se aplicaron políticas económicas cuyos eventuales efectos
redistributivos negativos se desestimaron, por lo que no se tuvieron en cuenta los
costos sociales de tales procesos y, en muchos de ellos, aumentó la «deuda
social», ampliándose la brecha entre pobres y ricos.
En la perspectiva inmediata se impone «reinventar» el gobierno en lo social,
«repensar» la forma de planear y ejecutar la política social, en donde el estado
cumpla sus funciones irrenunciables y el sector privado pueda incorporarse a la
solución de la pobreza. No puede mantenerse la perversa concepción --como
decía en enero de 1.994 el destacado académico y prestigioso comentarista
Abdón ESPINOSA VALDERRAMA-- de que el "fetichismo del mercado sirve para
disculpar toda clase de excesos e inequidades. Si crece el número de pobres en
proporción inquietante; si los salarios reales se deterioran; si el agro languidece y
aumenta a paso rápido la desigualdad social, culpa es de las fuerzas ocultas que
gobiernan las economías". Y como un gran interrogante hacia el futuro, más
adelante propone: "Del mismo modo como se formulan pronósticos sobre la
futura evolución de la economía, convendría intentarlo con sus expresiones
sociales. ¿Hacia dónde marcha realmente el país? ¿Hacia la agudización de
desequilibrios y conflictos o hacia un desarrollo estable, justo y armónico?. La paz
social obliga a contemplar derroteros y soluciones que el sólo funcionamiento del
mercado no garantiza". [35, p 5A]
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LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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Y ese futuro, para principios del siglo entrante, se lo imagina así el presidente
GAVIRIA, según lo «pintara» en la clausura de la Asamblea de la ANDI en
septiembre de 1.993: "tasa de analfabetismo del 3.2%; la esperanza de vida al
nacer superior a 72 años; la mortalidad infantil por debajo del 18 por mil; cada una
de las mujeres tendría 2.2 hijos en promedio; y la tasa de crecimiento de la
población sería del 1.3%. El comercio exterior sería del orden de 80.000 millones
de dólares al año. El recorrido de Bogotá a la Costa Atlántica será inferior a 8
horas y entre la capital y Buenaventura, del orden de 6 horas. Nuestras tasas de
inflación deberán ser de un sólo dígito, el desempleo del 5% y una proyección
conservadora nos lleva a esperar un crecimiento del PIB de 5% anual promedio
en lo que resta de los noventas". [20, p. 4]
Sólo la historia podrá decir si esta previsión se cumple o no, lo que dependerá en
buena parte de que gobierno y ciudadanos seamos capaces de lograr mayor
crecimiento económico con más desarrollo social, para lo que necesitaremos,
sin duda, el Estado que sea necesario y el mercado que sea indispensable. O
diciéndolo en otros términos, una economía de libre competencia pero con
democracia, esto es, abierta a la participación de toda iniciativa y que ofrezca
diversas opciones para la felicidad de las personas, y una democracia competitiva,
o sea, que estimule la competencia entre los ciudadanos para participar con
entusiasmo en los asuntos públicos. A esta perspectiva dedicaremos el cuarto y
último numeral de estas notas.
4. LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO XXI:
COMPETENCIA
DEMOCRÁTICA Y DEMOCRACIA COMPETITIVA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
Al reconocimiento del pluralismo político‚ debe corresponder la aceptación de
una economía mixta, sustentada en varias formas de propiedad, iguales todas
ante la ley, pero que tienen distinto contenido socioeconómico y, por tanto,
diferente papel en la sociedad. Aunque parece imposible que puedan coexistir
diversas formas de propiedad y organización empresarial, lo cierto es que ya
se encuentran en nuestra economía, con muy diferente nivel de desarrollo. No
hay duda que en el desarrollo de la actividad económica han surgido formas de
propiedad y organización empresarial, que van desde las más antiguas, que
corresponden a la organización social de nuestros antepasados precolombinos,
hasta las más modernas, como es la presencia de empresas mundiales, las que
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LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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a su vez pueden ser de propiedad individual y colectiva, o privadas, estatales o
mixtas.
Así, por ejemplo, a las formas de propiedad que conforman la llamada «economía
solidaria» corresponde una manera distinta de organización del proceso de trabajo
y de dirección empresarial a la que encontramos en las entidades estatales y las
empresas capitalistas. Si bien las empresas de economía solidaria implican cierta
modificación de las relaciones internas tradicionales de producción y propiedad,
ello no significa que renuncien a la acumulación y la reproducción ampliada.
Estas formas de propiedad pueden llegar a materializar y desarrollar la
autogestión como forma superior de participación de los trabajadores en la
administración de la economía y en la conducción del Estado y la sociedad.
Sobre esta base, hay que apuntar a la formación de una economía asociativa
con producción a escala, tecnologías de punta, sobre el presupuesto de
construirse como empresas rentables, eficientes y competitivas, interesadas
en la ampliación del mercado interno, la elevación de la calidad de vida de la
población, la defensa de los recursos naturales y la afirmación de la soberanía
nacional y popular, pudiendo incorporar sus excedentes de producción al
comercio exterior.
Dada esta diversidad, es necesario que se fije el ámbito en que se considera
puede lograr un mejor desempeño cada forma de propiedad, o por lo menos aquel
en que de preferencia puede lograrlo, para que cada sector social que participa
en la actividad económica conozca las «reglas del juego» y sepa que se
espera de él y hasta donde puede llegar. Así como en lo político un modelo que
incorpora distintas clases sociales y sectores de clase supone conciliar de alguna
manera sus intereses, en lo económico se necesita también tener claridad sobre
la participación de cada grupo social y la contradicción que puede presentarse
entre los intereses particulares y los generales de la sociedad. Como es obvio,
esta conciliación no es fácil, pero mientras más claras sean las «reglas del juego»
menos conflictos insolubles se presentarán.
En este proceso de definir «reglas del juego» claras, uno de los aspectos que
debe tenerse en cuenta es que las prácticas monopolistas, como
aprovechamiento de la condición dominante un mercado, no pueden suprimirse
por simples normas jurídicas, así sean constitucionales, por cuanto son un
resultado lógico e histórico de la concentración de la producción y de la
centralización del capital. Por tanto, la principal función del Estado para
impedirlas consiste en estimular por todos los medios una verdadera
democratización de la economía, esto es, garantizar a todas las formas de
propiedad y de organización empresarial no sólo la igualdad jurídica sino iguales
condiciones de acceso a los recursos de la sociedad. De otro lado, la revolución
científico-técnica de hoy, con el paso de la mecanización a la automatización y de
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LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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la producción en línea a la producción flexible, con la agricultura y ganadería de
laboratorio, la miniaturización de los productos y el fraccionamiento del proceso de
trabajo, abre nuevos caminos a la pequeña y mediana empresa. La conclusión
a que nos lleva la experiencia de muchos países es que el monopolio --sea
privado o estatal-- no desaparece con la aplicación de normas legales sino con el
«acicate» de la competencia.
Y puestos en este punto, hay que decir que al amparo de la discusión sobre
monopolios, intervención del Estado, empresas estatales, internacionalización de
la economía, perspectivas para el siglo XXI y otra temática similar, algunos
teóricos y analistas de la economía y la política han elaborado una falsa
disyuntiva excluyente entre Estado y libre empresa y entre mercado y
planeación. Como esta discusión toca algunas de las concepciones rectoras de
la nueva Constitución Política de Colombia --cuyo primer renglón define al país
como un Estado social de derecho--, parece conveniente dedicar unos párrafos
a los aspectos más relievantes sobre este particular, teniendo en cuenta su
vinculación con el objeto de estas notas: estudiar la relación entre economía y
democracia en Colombia, ahora y en el futuro, que siempre comienza en el día de
mañana.
Hemos de comenzar por recordar que la nueva Constitución Política plantea la
libertad económica con pluralidad de formas de propiedad. Es evidente que en la
redacción final de los principales artículos que sobre aspectos económicos trae la
nueva Carta Magna se nota la discusión que en el mundo teórico de las
academias y en la vida práctica de los países ocurre entre una posición que
pretende llevar al extremo el libre juego de las fuerzas que se mueven en
cualquier economía y de otro lado quienes les niegan toda importancia. Si bien
parecería que estas dos posiciones son antagónicas e irreconciliables, también la
misma vida ha ido demostrando que expresan procesos que, en su
contradicción, pueden ser complementarios, ya que es imposible que alguno
llegue a su extremo absoluto. Y esto es lo que nos enseña la dialéctica: el
desarrollo de cualquier realidad --ya sea en la naturaleza, la sociedad o el
pensamiento-- no es lineal, unívoco, sino movimiento contradictorio, que pocas
veces desemboca en la destrucción de los contrarios, y si con bastante frecuencia
en la síntesis que recoge «lo mejor de la vida». Por eso, en diversos documentos
hemos dicho que avanzamos hacia un «pragmatismo dialéctico».
Para el propósito de este documento lo fundamental es que la nueva Carta Magna
reconoce la importancia de la libertad económica‚ --que es indispensable en un
país de «precoz monopolización» como Colombia-- pero no olvida que el mismo
«modelo de desarrollo» imperante durante últimas décadas impone la necesidad
de la intervención estatal. Así mismo, proclama los beneficios del mercado
competitivo –y en algunas normas lo erige en una especie de «paradigma
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
35
económico»--, pero de igual manera determina que debe haber una planeación
participativa, para lograr un uso mejor y más concertado de los recursos en la
satisfacción de las necesidades colectivas. Es decir, no es una Constitución a la
que pueda acusársele de exclusiva orientación neoliberal o de un pronunciado
sesgo socializante o de intervencionismo a ultranza.
Desde el punto de vista socioeconómico interesa destacar en la nueva
Constitución dos bloques temáticos, de indiscutible actualidad y contradictoria
interrelación, al tiempo que cada uno de ellos tiene su propia dialéctica interna: a)
libertad económica e intervención estatal en la economía, y b) planeación
participativa y mercado competitivo.
Sin duda, para muchos el más importante artículo de la nueva Constitución es
aquel que determina que la actividad económica y la iniciativa privada son libres,
al tiempo que reconoce que la libre competencia económica en un derecho de
todos, aunque a ambos derechos les impone fronteras para impedir que se
transformen en libertad abusiva y competencia destructiva; al primero, que
debe estar dentro de los límites del bien común, y al segundo, que es un
derecho que supone responsabilidades. Vista la principal formulación que
incluye la nueva Constitución Política sobre libertad económica --en donde el
reconocimiento de la propiedad avanza hacia la pluralidad de formas y la libre
iniciativa empresarial tiene el límite de los derechos de los demás--, se señalan a
continuación los rasgos básicos que tiene su contrapartida necesaria: la
intervención estatal en la economía.
La dicotomía entre libertad económica --entendida en definición extrema como el
juego libérrimo de todas las fuerzas de una economía-- e intervención estatal en
la economía --definida a su vez como estatismo a ultranza--, y que las asimila a
factores excluyentes en el desarrollo, es muy popular y atractiva para el discurso
«efectista» pero falsa y lleva a una polémica agotadora y sin perspectivas. Es
imposible concebir una sociedad contemporánea libre sin la institución Estado,
pero no se puede «reducirlo» a la visión unilateral del Estado-epifenómeno, o el
Estado-instrumento, o el Estado-función, o proclamar el fracaso del Estado porque
son ineficientes y quiebran algunas empresas estatales. En este sentido hay que
distinguir entre el Estado empresario --que puede ser ineficiente en algo que no le
es consubstancial como producir bienes y servicios-- y el Estado regulador y
controlador --que corresponde a una responsabilidad irrenunciable--.
De otro lado, hay que ver como trataron de resolver los constituyentes el aparente
antagonismo que existe entre planeación y mercado. Como en el caso de la
dicotomía entre libertad económica e intervención estatal, la presentación de este
antagonismo es popular pero falsa. Si bien desde las más remotas civilizaciones
el mercado‚ ha sido el mejor escenario‚ para distribuir con eficiencia y
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LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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productividad los frutos del trabajo, no hay duda que la mayor utilización de la
naturaleza, la creciente diversidad de bienes y servicios y la ampliación en el
espacio y en el tiempo del mercado, han impuesto la conveniencia de hacer un
uso más planificado, esto es, más racional y consciente, de los recursos y de su
capacidad para satisfacer necesidades humanas.
Hay que buscar la síntesis entre la planificación estatal que regula el proceso
económico, de un lado, y el espacio que se debe garantizar para las relaciones
mutuas entre los productores de bienes y servicios y entre éstos y los
consumidores, del otro lado. Como pensamos muchos investigadores, la
planificación debe centrarse en el objetivo de lograr un uso racional de los
recursos, en el marco de un crecimiento sostenible, mientras el mercado tiene
como tarea fundamental orientar a los productores en el cambiante mundo del
consumo individual. Hoy se ha comprobado que el desarrollo humano es algo
más que simple crecimiento económico. En esta búsqueda se encontrarán
caminos impensados, que mucho ayudarán en el tránsito hacia una sociedad más
justa y libre.
Sobre esta base podría decirse que si en la vida socio-política la libertad política
es la «sangre» de la democracia, como participación de los ciudadanos en la
discusión y conducción de los asuntos públicos, en la vida socioeconómica es la
libertad económica el «músculo» del mercado, como escenario para la
satisfacción creciente de las necesidades de la población. Así mismo, hay que
tener en cuenta que si bien el mercado se mantiene como un sistema de
regulación de la economía, ya no es el único y a veces ni siquiera el más
determinante. Por consiguiente, sin desconocer la función del mercado en la
orientación del proceso de producción y de prestación de servicios mercantiles y
en el mantenimiento de una competencia adecuada para lograr una mayor
eficiencia, se requiere que el estado oriente el uso planificado de los
recursos esenciales de la sociedad, de manera tal que la libertad de iniciativa
en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios no
impida la justicia social y no produzca un despilfarro contrario a la utilidad
pública y al interés de las generaciones humanas del futuro. La eficiencia
económica no puede concebirse en detrimento de la eficacia social, esto es, del
cumplimiento de la finalidad social insoslayable del Estado.
Por consiguiente, es válido hablar de un nuevo tipo de mercado, así como de
formas más desarrolladas de la democracia, hasta encontrar el camino más
expedito para la participación efectiva de los ciudadanos en la orientación y
gestión de los asuntos públicos. Entre la «mercadocracia» del viejo capitalismo -con la adoración de fuerzas que destruyen al propio hombre-- y la
«mercadofobia» del antiguo socialismo --que estaba sacrificando al individuo en
aras de la sociedad, al ciudadano en aras del Estado y al hombre en aras del
Julio SILVA-COLMENARES
LA SITUACION EN LOS 90 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 21
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colectivo--, hemos de encontrar el mercado que haga efectiva la
democratización en la producción y la distribución de la riqueza y la
democracia‚ que permita la sana emulación de todas las organizaciones
sociales en procura de la dirección política.
De igual manera, entre la aparente «estadofobia» que recorre al capitalismo -pues al mismo tiempo se orienta al Estado en favor de los poderosos y como
apoyo de la gran empresa-- y la evidente «estadolatría» que explica buena parte
del fracaso del socialismo burocrático, hemos de encontrar el Estado fuerte que
sea garante efectivo de las condiciones de vida y de trabajo de toda la
población, en el nivel histórico concreto que corresponde a cada sociedad, y las
formas de propiedad y organización empresarial que sean la alternativa
socioeconómica a los monopolios, para evitar que --ya sean estatales o
privados-- caigan en la ineficiencia y la ineficacia.
Lo anterior no significa que estemos viendo al mercado capitalista, a la «libre
competencia capitalista» como el nuevo demiurgo de la vida económica y social, y
al típico Estado burgués como la forma ideal de la superestructura política. Como
le parece al autor de estas notas, la polémica se centra ahora en dos ideas
fundamentales. De un lado, cómo avanzar hacia un mercado democrático, esto
es, que la menor desproporción entre producción y consumo, y entre valores y
precios, sea resultado de un mayor desarrollo de las fuerzas productivas y de una
mejor correspondencia en las relaciones sociales de producción. De otro lado,
cómo lograr una democracia competitiva, esto es, de mayor participación de los
ciudadanos en la orientación y gestión de los asuntos públicos, para lo cual es
indispensable la sana competencia o emulación en procura de la dirección
política, ya sea bajo la forma de partidos políticos o de otras manifestaciones que
materialicen el derecho a disentir y a presentar diferentes opciones.
En nuestra opinión, la búsqueda de un nuevo mercado pasa por el camino de
reconocer a la ley del valor la función de mecanismo principal de la distribución,
al tiempo que el reconocimiento del valor de la fuerza de trabajo --con las
inevitables oscilaciones que ocurren alrededor de los salarios-- sea el medio para
que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades en un nivel histórico
concreto. No con el falso igualitarismo que niega la ley del valor sino con una
real justicia social que reconoce diferencias en el aporte que cada uno hace a la
riqueza social y, por tanto, en la participación que a cada uno corresponde en la
distribución del excedente social. Pero hay que decir que no estamos pensando
en el mercado como la finalidad de una sociedad más justa, ya que nunca podrá
ser más, junto con la democracia, que medios para realizar el fin de la sociedad:
la realización de los hombres en una escala de valores histórico-concreta.
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Para terminar esta nota, hemos de decir que coincidimos con quienes creen que
para Colombia, pero también para América Latina y el Caribe, en general, se abre
la posibilidad luminosa de ser en el siglo XXI síntesis dialéctica de la eficiencia
capitalista y del «ideal socialista» de justicia y democracia, esto es,
superación en el proceso de desarrollo de la sociedad humana. Por eso
consideramos no sólo oportuno sino indispensable insistir en la formulación de
nuestras propias teorías y estrategias, lo que no significa renunciar al acervo
científico universal. En esta búsqueda teórica --que entrelaza lo nuevo con lo
viejo, lo autóctono con lo foráneo, lo general con lo particular-- hay que trabajar
sobre la idea muy actual del «mundo íntegro», ya que ello implica de alguna
manera la convergencia en la organización económica y política y en la valoración
del hombre, como «medida de todas las cosas». Sin que neguemos la historia
de la humanidad --el tránsito de unas etapas o formaciones socioeconómicas a
otras--, nuestro reto es insertarnos en la historia de la humanización, entendida
como la búsqueda y encuentro de los valores supremos del hombre, esto es, la
satisfacción creciente de sus necesidades materiales, sociales y espirituales en un
mundo de ascendente libertad y respeto por el individuo.
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29. Mil municipios cobran el agua pero no la facturan. El Tiempo, 21 de febrero de
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30. Violencia alcanza cifras alarmantes dice Minsalud. La República, 23 de
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© Propiedad intelectual de Julio SILVA-COLMENARES. Prohibida su reproducción sin permiso.
* Economista, Contador Público, Administrador de Empresas, PhD en Economía y Doctor en Ciencias
Económicas de la Universidad de Rostock (Alemania); miembro de número y secretario general de la
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Academia Colombiana de Ciencias Económicas; profesor emérito de la Universidad Autónoma de Colombia;
profesor visitante de postgrados en varias universidades de Colombia; autor de más de 20 libros y folletos y de
más de 200 ensayos y artículos publicados en el país y en el exterior; en la actualidad, Director de Postgrados
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la FUAC y columnista de la página editorial del diario
económico y empresarial La República.
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