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El marco conceptual
de la responsabilidad social
universitaria
Manuel Larrán Jorge.
Francisco Javier Andrades Peña.
Edita: Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
Universidad de Granada.
Hospital Real
Cuesta del Hospicio, s/n
18010 Granada
Produce: Alianza Grupo Género, S.L.
[email protected]
Granada.
ISBN – 10: 84-616-7099-X
ISBN – 13: 978-84-616-7099-4
Depósito legal: GR 2173-2013
© Autores: Manuel Larrán Jorge, Francisco Javier Andrades Peña
1
1. Introducción
Tradicionalmente, la configuración de la actividad empresarial se ha basado en la
obtención de un excedente, con la particularidad de que, en última instancia, las
organizaciones empresariales están insertas en el conjunto de la Sociedad, y por tanto,
su actividad está subordinada a los fines de la comunidad en la que se desarrolla. Sin
embargo, acontecimientos recientes han puesto en duda la solvencia del que se creía
consolidado modelo de gestión empresarial basado en la maximización del valor para el
accionista,
haciendo
que
se
replanteen
nuevamente
las
competencias
y
responsabilidades de las empresas en el plano social.
Es por lo anterior que en los últimos años es un hecho incuestionable, sin entrar en
consideraciones sobre posibles causas y motivaciones que expliquen este fenómeno, que
la responsabilidad social corporativa (RSC) o la responsabilidad social empresarial
(RSE)1 haya impregnado en buena medida el tejido empresarial, surgiendo así un nuevo
enfoque orientado a la renovación de la concepción de las empresas, otorgando a éstas
una dimensión amplia e integradora que va más allá de la mera cuestión económica, en
la que se incorpora perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social
y medioambiental. Bajo esta nueva perspectiva, la Empresa se configura como un ente
social, además del ya consabido económico, en la medida que su actividad genera
impactos que afectan a los distintos grupos sociales interesados en la buena marcha
empresarial.
No obstante, no ha ocurrido lo mismo en el ámbito universitario, dónde la
reflexión sobre la responsabilidad social está solamente iniciándose. Hasta el momento,
las universidades, al igual que otros organismos públicos, han mostrado un menor nivel
de desarrollo del concepto de responsabilidad social en sus sistemas de gestión e
información que las empresas, a pesar de su clara vocación y orientación social
(Lozano, 2007; Melle, 2007). El origen de lo anterior se encuentra en que las empresas
1
Aunque en muchas ocasiones se utilizan indistintamente los términos de responsabilidad social
corporativa y responsabilidad social empresarial, es oportuno diferenciar ambos conceptos en la medida
que el primero de ellos engloba a todas las organizaciones, ya sean empresariales o no, y el segundo se
centra en el contexto empresarial.
2
tienen como finalidad principal la maximización de beneficios, por lo que para no
perjudicar su imagen y reputación social, deben gestionar e informar que el logro de ese
objetivo principal no genera externalidades negativas a los ciudadanos y demás
personas interesadas en la actividad de la Empresa (stakeholders). Sin embargo,
organizaciones como la Universidad, caracterizadas en su mayoría por su titularidad
pública y por ser de naturaleza sin ánimo de lucro, así como el hecho de que su principal
finalidad es la de proporcionar servicios a la comunidad de una forma eficiente, no han
creído oportuno informar sobre los posibles impactos de sus actividades, no teniendo en
cuenta así la importancia de comunicar dichas externalidades de cara a su reputación y
legitimidad social frente a la comunidad.
El hecho de que las universidades no hayan sido objeto de atención adecuada en
este particular así como la falta de documentos de referencia que recojan los criterios
respecto al concepto, objetivos y elementos de la responsabilidad social en el contexto
universitario justifican el presente trabajo, cuya principal finalidad es la elaboración de
un Marco Conceptual2 que establezca una base teórica consistente en el ámbito de la
responsabilidad social universitaria (RSU) además de ser una herramienta de apoyo para
el establecimiento de puntos comunes de referencia entre todos los agentes implicados
en las universidades y su responsabilidad social.
A continuación detallamos cuáles son las principales metas a conseguir en el
presente trabajo:
•
Enfatizar la idea de que una universidad socialmente responsable es aquella
que además de cumplir estrictamente con las leyes y las normas éticas generales, exige
integrar en el gobierno, estrategia, políticas, procedimientos y gestión de la misma las
diversas preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los
2
Con un enfoque contable, el Marco Conceptual puede definirse como “una interpretación de la teoría
general de la Contabilidad, mediante la que se establecen, a través de un itinerario lógico-deductivo los
fundamentos teóricos en los que se apoya la información financiera” (Túa, 2002: p. 55). Más
recientemente y en el contexto de la RSC, Lizcano y Moneva (2004) señalaban que el Marco Conceptual
constituye una base lógico-deductiva que aporta coherencia a los distintos ámbitos de la RSC en la
medida que desarrolla fundamentos teóricos para proporcionar sustento racional a la implantación de
estrategias y sistemas de dirección, información y control socialmente responsables.
3
derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo efectivo y transparente con las
distintas partes interesadas en la actividad de la Universidad. En definitiva, la RSU no
es una mera acción social, sino un enfoque de dirección universitaria que ayuda a
mejorar la calidad de las universidades.
•
Fomentar la concepción de que las prácticas de RSU ayudan a mejorar la
excelencia y la modernización de las universidades. Soportado en las directrices de la
Estrategia Universidad 2015, el impulso de la RSU se configura como una pieza
fundamental del compromiso de la Universidad con la Sociedad, así como con las
generaciones futuras.
•
Favorecer la comprensión de que la divulgación de información social y
medioambiental genera valor añadido ante la Sociedad y los distintos grupos de interés
en la medida que propicia la adopción de una posición de liderazgo respecto a otras
universidades, así como permite la comparabilidad e identificación de las mejores
prácticas para motivar un cambio permanente y continuo que tiende a la excelencia.
2. Orígenes de la responsabilidad social: De la RSC a RSU
Para conocer los inicios de la responsabilidad social nos tendríamos que remontar a los
años 50, momento en el que se fijan las bases de la etapa moderna de lo que se viene a
conocer como RSC (Gaete, 2012). De hecho, fue Howard Bowen (1953), a raíz de su
libro Social Responsibilities of the Businessman el principal impulsor de esta corriente
de estudio (Garriga y Melé, 2004; Marens, 2008; Barañano, 2009; Sison, 2009). Para
Bowen (1953), la RSC se define como aquellas obligaciones que tienen los empresarios
de impulsar políticas corporativas que les permitan tomar decisiones o seguir líneas de
acción de acuerdo a las expectativas de la Sociedad. De dicha definición se desprende
que la doctrina de la RSC es entendida por los empresarios como una conducta de
naturaleza voluntaria en el largo plazo, la cual puede servir de ayuda para la
erradicación de los problemas económicos así como para mejorar la posibilidad de que
se logren los objetivos pertinentes.
Marens (2008) justifica la idoneidad del nacimiento de la RSC en la medida que
los principales investigadores de la generación de los años 50, encabezada por Bowen,
4
habían crecido en un contexto socioeconómico marcado por el crack de 1929, lo cual
les inspiró a desarrollar unos ideales basados en un mayor compromiso social de las
empresas. El propio Marens (2008) identifica que, además de la generación del 50, hubo
dos generaciones posteriores que contribuyeron positivamente al desarrollo de la RSC:
por una parte, una generación formada por autores de los años 60 y 70, tales como
Davis, Epstein, Frederick, Post y Preston; y la generación de la década de los 80
formada por autores como Donaldson y Freeman, los cuáles introdujeron el concepto de
stakeholders como fundamento teórico de la RSC.
Más recientemente, Lee (2008) ha argumentado que el crecimiento en el
desarrollo de prácticas de RSC durante los años 90 se debía a las demandas de
diferentes agentes sociales con intereses en el devenir de las empresas. En este caso,
hablamos de gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG`s), consumidores,
clientes u organizaciones nacionales o supranacionales tales como Naciones Unidas,
Banco Mundial u Organización Internacional del Trabajo.
Con un enfoque centrado en las universidades, suele entenderse que la creciente
atención prestada a la RSU es el resultado del progresivo interés existente durante los
últimos años en torno a la RSC, aunque sus orígenes se enmarcan en los años 60
(Rodríguez, 2010). A este respecto, las bibliotecas de algunas universidades españoles
conservan actualmente un volumen que, bajo el título de La responsabilidad social de
la Universidad, recopila textos presentados en el XXV Congreso mundial de Pax
Romana, celebrado en Montevideo en 1962 (véase Pax Romana, 1966).
Sin embargo, no es hasta finales del siglo XX y principios del XXI cuando se
empieza a plantear la cuestión relativa a la necesidad que tienen las instituciones de
educación superior de incrementar sus relaciones con la Sociedad para así consolidar su
quehacer, cada vez más trascendente para diferentes agentes sociales (Rodríguez, 2010).
En este caso, ha ido surgiendo un debate en torno a si la Universidad es quién debe
adaptarse a la Sociedad, o si por el contrario, es el tejido social quién debe acomodarse a
las peculiaridades de las instituciones de educación superior (Morín, 2009; De la Cruz,
2010).
En este marco, Gaete (2012) ofrece una visión descriptiva sobre como ha
evolucionado históricamente la relación de la Universidad con la Sociedad. La Figura 1
5
nos muestra como se ha pasado de una Universidad encerrada en sí misma y aislada del
resto de la Sociedad, amparada en un acceso más bien elitista a la educación superior, a
una Universidad que se ha abierto a una parte de la Sociedad, fundamentalmente a los
grupos sociales más poderosos política y económicamente. El último paso ha sido el
desplazamiento de la Universidad hacia un marco basado en la RSU, inserta en una
sociedad del conocimiento, donde todos sus actores tienen pleno acceso a la educación
superior, y donde la Universidad mantiene un compromiso con la transformación social.
De hecho, el modelo socioeconómico actual se ha ido renovando en la medida que
el conocimiento se ha erigido como el pilar fundamental para la creación de riqueza, el
desarrollo sostenible, el fomento de la igualdad de oportunidades y la introducción de
nuevas estructuras de participación ciudadana en la adopción de decisiones. Así, la
Unión Europea, a través del Consejo Europeo de Lisboa (2000) se ha hecho eco de la
importancia de la RSU, ya que se propuso como objetivo conseguir que los países de la
Unión Europea tuvieran una economía basada en el conocimiento, que fuera
competitiva y dinámica, para así crecer de forma sostenible, creara más y mejores
empleos y lograra una mayor cohesión social.
Figura 1. Evolución de la relación de la Universidad con la Sociedad
Acceso elitista a la
Educación Superior
Universidad vista como
Torre de marfil
•Formación profesional
•Investigación básica
Masificación del acceso a
la Educación Superior
Universidad abierta
•Investigación aplicada
•Transferencia del conocimiento
•I+D+I
•Creación de spin-off
Universidad
socialmente
responsable
•Aprendizaje servicio
•Lifelong learning
•Cooperación al
desarrollo
•Voluntariado
•Liderazgo social
•Huella ecológica
Fuente: Gaete (2012).
6
3. Definición del término responsabilidad social corporativa
Difícilmente podríamos tratar de entender y definir la RSU si no hacemos alusión a su
definición en el ámbito empresarial, que es en donde nace y se desarrolla inicialmente.
En particular, el concepto de RSC se encuentra especialmente relacionado con la
legitimidad de la conducta empresarial, no sólo desde la perspectiva de su obligación
legal, sino encaminada hacia la elaboración de sus respuestas organizativas acordes con
los intereses sociales que le plantean sus partes interesadas (Sethi, 1975). En esta misma
línea, Lozano (1999: p. 95) plantea que la RSE se extiende más allá de los aspectos o
ámbitos económicos y legales de las mismas, señalando que se vincula con “la
necesidad de pensar de manera adecuada las relaciones entre Empresa y Sociedad, y la
legitimación social de las empresas”. En este sentido, existe una percepción
generalizada de que la RSC hace referencia a las obligaciones y compromisos, legales y
éticos, tanto nacionales como internacionales, que provienen de los impactos que
producen las organizaciones en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los
derechos humanos (González et al., 2010).
De las diferentes propuestas conceptuales que se han realizado en torno a la RSC,
la comunidad académica reconoce el enfoque de Carroll (1991), que divide en cuatro
componentes la responsabilidad de las empresas, entendida como la implementación de
una estrategia que contempla la mejora de la relación de las mismas con sus
stakeholders (empleados, proveedores, consumidores, accionistas, inversores y sociedad
civil) y la emisión de los resultados del negocio en relación a lo social, lo
medioambiental y lo financiero, siendo dichos componentes los siguientes:
a. Responsabilidad Económica: El objetivo de las empresas es generar el
máximo beneficio derivado de la actividad de proporcionar a los clientes bienes o
servicios que satisfagan sus necesidades a cambio, por supuesto, de un precio justo.
b. Responsabilidad Legal: La Empresa debe obedecer y actuar bajo los
principios, normas y leyes que regulan el funcionamiento del mercado y la Sociedad de
la que forma parte.
c. Responsabilidad Ética: Agrupa las aspiraciones que los grupos de interés
(accionistas, trabajadores, clientes y sociedad en general) tienen respecto a la conducta
7
de las empresas bajo los criterios de justicia y los principios morales que rigen la
Sociedad en la que opera.
d. Responsabilidad Filantrópica: Es un deseo de la Sociedad el que las empresas
actúen como buenos ciudadanos, comprometiendo parte de sus recursos a mejorar el
bienestar de los demás.
Existen múltiples definiciones propuestas por un sinfín de organizaciones
nacionales e internacionales. A nivel internacional, la Comisión Europea, por medio del
Libro Verde de Responsabilidad Corporativa3 (2001: p. 1) y en la Comunicación
2002/347 de la citada Comisión, define la RSC como “la integración voluntaria, por
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”. A estos efectos, la
RSC es esencialmente un concepto por el cual las empresas deciden contribuir
voluntariamente a mejorar la Sociedad y a preservar el medio ambiente. A través de ella
las empresas se conciencian del impacto de su acción sobre todos los grupos de interés y
expresan su compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la vez que a la mejora
de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, de la comunidad local donde
actúan y de la sociedad en su conjunto.
Otra de las definiciones que podemos señalar es la propuesta por la Organización
Internacional del Trabajo (ILO, 2007) que estipula que la RSC es “el reflejo de la
manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus
actividades sobre la Sociedad, y en la que se afirman los principios y valores por los que
se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los
demás actores”. En dicha definición se hace hincapié en que el compromiso de las
organizaciones empresariales con su responsabilidad social debiera ser una respuesta
amparada en la voluntariedad y referida a actividades e iniciativas que sobrepasan el
mero cumplimiento de la legislación.
Desde una perspectiva nacional, la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA), en su Marco Conceptual de la RSC (2004: p.
3
Libro Verde de la Comisión Europea “Promoting a European Framework for Corporate Social
Responsibility” (julio 2001). COM (2002 / 347). Bruselas: Comisión Europea. Dirección General de
Empleo y Asuntos Sociales.
8
21), define este término como “un compromiso voluntario de las empresas con el
desarrollo de la Sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición
social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con
quienes interactúa”. De la definición anterior se desprende que la RSC se configura
como el compromiso de las organizaciones empresariales con un conjunto de personas
que interactúan en la Sociedad, cuyo planteamiento va más allá del objetivo clásico de
la maximización del beneficio en la medida que se debe buscar la mejora desde una
triple dimensión: económica, social y medioambiental.
En el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Comisión de
Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social (2005: p. 3) concluyó que la RSC puede
entenderse como “el conjunto de compromisos de diverso orden económico, social y
medioambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones
públicas y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus
obligaciones legales, contribuyendo a la vez al progreso social y económico en el
marco de un desarrollo sostenible”. Al igual que en las definiciones anteriores, se
enfatiza que la RSC debe entenderse, en cualquier caso, como un plus normativo, esto
es, como un marco de compromisos que va más allá del marco jurídico vigente y que es
complementario de la responsabilidad jurídica en sentido estricto.
Si bien podemos seguir citando multitud de definiciones (Slob y Oonk, 2007), las
cuales enfatizan distintas dimensiones del concepto, la que se considera más completa y
clarificadora es la surgida en el año 2005 en el Foro de Expertos de RSC del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. En dicho Grupo de Trabajo se concluyó que “la RSC de
las empresas implica, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales
vigentes, la integración voluntaria en su gobierno, gestión y estrategia de políticas y
procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de
respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con
sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que
se derivan de sus acciones”.
9
4.
La
responsabilidad
social
universitaria:
Propuestas
conceptuales
y
características
Al igual que el desarrollo de la RSC ha propiciado la superación del enfoque
filantrópico de la acción social como un gasto para pasar a ser entendida bajo un nuevo
paradigma de inversión estratégica, la Universidad también debe tratar de superar el
enfoque de una RSU basada en sus actividades de extensión universitaria para poder
realmente asumir la verdadera exigencia planteada en su responsabilidad social como
universidad. Tradicionalmente la actividad de extensión universitaria se ha considerado
el apéndice a la función central de la Universidad, que no es otra que la formación
estudiantil y la producción de conocimientos a través de la actividad investigadora.
A este respecto, la concepción de RSU debe rechazar cualquier sinónimo de
“generosidad social”, “beneficencia social” o “iniciativa solidaria” que son conocidas
como filantropía. Para ello se hace necesaria una reflexión de toda la institución
académica sobre sí misma en relación a su entorno social, un análisis de su
responsabilidad y también, por qué no, de su parte de culpabilidad en los problemas
crónicos de la Sociedad (Vallaeys, 2006).
Desde un enfoque eminentemente teórico, la RSU ha sido desarrollada en la
literatura a través de dos concepciones distintas aunque, en nuestra opinión,
complementarias e indisociables: Por una parte, sustentándola en valores y principios
expresados en su misión o bien desde una perspectiva más cercana a la responsabilidad
social como es la gestión de impactos (Vallaeys, 2006; Larrán y López, 2009).
Con un enfoque centrado en la perspectiva de valores y principios, la RSU puede
entenderse como el “conjunto de actuaciones que realiza la Universidad como resultado
de la ejecución de su proyecto institucional, donde declara explícitamente a través de su
visión y misión, la orientación y coherencia de sus valores y actividades con la
búsqueda de la felicidad de los seres humanos, y de la consolidación de una sociedad
más justa y equilibrada con objetivos de largo plazo que permitan lograr las condiciones
necesarias y suficientes para que nuestro planeta Tierra sea un hogar confortable para
las futuras generaciones” (Martínez y Picco, 2001).
10
En el marco del proyecto Universidad Construye-País4 se define la RSU como “la
capacidad que tiene la Universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de
principios, valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos claves:
gestión, docencia, investigación y extensión universitaria, respondiendo así ante la
propia comunidad universitaria y ante el país donde está inserta”. Atendiendo a esta
definición, la RSU implica el desarrollo de acciones en las cuatro vertientes definidas
(Figura 2):
•
Gestión interna: Transformación de la Universidad en un modelo de
desarrollo sostenible, de tal forma que permita la práctica cotidiana de principios y
buenos hábitos por parte de la comunidad universitaria, principalmente de los
estudiantes, y así lograr una formación en valores.
•
Docencia: Capacitación a los docentes en términos de RSU mediante
acciones encaminadas al aprendizaje basado en proyectos de carácter social, ampliando
el espacio de aprendizaje al conjunto de la comunidad social como fuente de enseñanza.
Ello fomentará mayor interdisciplinariedad y mayor articulación entre docencia,
investigación y extensión universitaria.
•
Investigación: Promover una investigación orientada a satisfacer las
necesidades de la Sociedad, y no tanto en la mejora de la carrera académica del personal
investigador.
•
Extensión universitaria: Implementación y administración de proyectos de
desarrollo que puedan ser fuente de investigación aplicada para la comunidad
universitaria. En esta línea, se precisa crear un organismo encargado de integrar la
extensión universitaria en el corazón de la institución, lo que originará un mayor grado
de implicación de toda la comunidad universitaria en actividades de desarrollo social.
4
Dicho proyecto es una iniciativa impulsada por la Corporación PARTICIPA en alianza con la
Fundación AVINA. Comenzó en el año 2001 y fue concebida como una estrategia para la expansión de la
RSU en Chile. Reúne a trece universidades chilenas y busca vincular a las citadas universidades con la
sociedad de Chile.
11
Figura 2: Vertientes de la RSU
Fuente: Proyecto “Universidad Construye País” (2001).
Gil (2007a) entiende la RSU como “la identificación de la Universidad con un
conjunto de principios y valores éticos, personales, sociales y medioambientales, los
cuáles asume en su misión institucional e intenta difundir y aplicar en sus procesos
clave (gestión, docencia, investigación, extensión cultural)”.
Nuñez y Alonso (2008) entienden que la Universidad, como institución pública,
será socialmente responsable si contribuye en el desempeño de su misión a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos en un entorno medioambiental más limpio, a través de
la integración en sus planes estratégicos de objetivos sociales, económicos y
medioambientales que se traduzcan para la Sociedad en un retorno satisfactorio de los
recursos destinados a financiarlas.
Más recientemente, Abril (2010a)5 definió la RSU como un “modelo de
universidad amparado en una serie de principios y valores éticos, sociales y
5
Prólogo del libro de Responsabilidad Social Universitaria coordinado por Marta de la Cuesta, Cristina
de la Cruz y José Miguel Rodríguez. Universidad de A Coruña, Netbiblo, año 2010.
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medioambientales, donde se asume el reto de impartirlos y defenderlos entre todos sus
grupos de interés, poniendo en práctica políticas de búsqueda de la calidad y de la
excelencia, gestión eficiente y participativa, mérito y capacidad, igualdad de
oportunidades y no discriminación injusta, atención a las personas con discapacidades y
necesidades educativas especiales, equidad de género, transparencia y rendición de
cuentas que permita la evaluación de resultados, la conciliación de la vida laboral y
familiar, el respeto al medio ambiente, etc.”. De esta definición se desprende que la
adecuada gestión de la RSU requerirá que estos compromisos se traduzcan en diversos
instrumentos formales de responsabilidad social, tales como, memoria anual de RSU,
códigos éticos de conducta, formación transversal en RSU, definición de objetivos de
RSU en planes estratégicos, planes de cooperación y desarrollo, adhesión a iniciativas
colectivas de compromiso y defensa de la RSU. De esta manera, la responsabilidad
social contribuirá a aumentar la legitimación de las universidades y a mejorar su
financiación, al demostrar que no puede existir mejor inversión que la que se realiza en
educación, en cuanto que no sólo mejora el desarrollo económico, sino además la
situación del ser humano en su entorno social, cultural y medioambiental.
Desde la perspectiva de impactos, la RSU ha de entenderse como un estilo de
dirección integral basado en la gestión de los impactos de carácter humano, social y
medioambiental que la actividad de la organización genera, y por los cuales se ven
afectados un conjunto de individuos o instituciones, denominados grupos de interés o
stakeholders (Freeman, 1984). Sobre este particular, las universidades deben realizar un
esfuerzo constante por abarcar y satisfacer a estos grupos de interés, basándose en las
implicaciones que se derivan de sus actuaciones. La gestión de los impactos de la
actividad universitaria debe realizarse de manera ética, buscando la mejora de la calidad
de las universidades y provisión eficiente de los servicios ofertados a la comunidad
universitaria.
A este respecto, Vallaeys (2006) propone que la RSU sea concebida como “una
política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes,
docentes y personal administrativo) a través de la gestión responsable de los impactos
educativos, cognitivos, laborales y medioambientales que las universidades generan, en
un diálogo participativo con la Sociedad para mejorar la academia y promover un
desarrollo humano sostenible”. Siguiendo estas directrices, los impactos derivados de la
13
actividad de las universidades bien podrían agruparse en cuatro bloques, los cuáles
constituirán los ejes de acción que guíen a las universidades hacia una gestión
socialmente responsable:
ƒ
Impactos de funcionamiento organizacional: Éstos pueden dividirse en
impactos de carácter laboral y medioambiental, en la medida que la actividad
desarrollada por las universidades genera una serie de externalidades tanto en la vida de
su personal administrativo, docente y estudiantil (los cuales deben ser gestionados a
través de su política social) como en el medio ambiente que la rodea (desechos,
deforestación, polución atmosférica, etc.).
ƒ
Impactos educativos: La Universidad tiene un impacto directo sobre la
formación de los jóvenes y profesionales, su manera de entender e interpretar el mundo,
comportarse en él y en la construcción de su escala de valores. Influye también sobre la
deontología profesional, orienta la definición de la ética profesional de cada disciplina e
incluso su rol social.
ƒ
Impactos cognoscitivos y epistemológicos: La Universidad orienta la
producción
del
saber
y
las
tecnologías,
incentiva
una
mayor
o
menor
interdisciplinariedad entre ciencias, fomenta en mayor o menor grado el elitismo
científico y promueve la democratización de la ciencia. Asimismo también influye sobre
la definición y selección de los problemas de la agenda científica a través de la
definición de ámbitos prioritarios de investigación.
ƒ
Impactos sociales: La Universidad tiene un impacto sobre la Sociedad y su
desarrollo económico, social y político. Es un referente y un actor social, que puede
promover el progreso, crear capital social, vincular la educación de los estudiantes con
la realidad social exterior, fomentar la empleabilidad, desarrollar el espíritu
emprendedor, etc.
Gil (2007b) define la RSU como el compromiso de la comunidad universitaria
para actuar teniendo en cuenta y gestionando sus impactos educativos, cognitivos,
sociales, organizacionales y medioambientales con el fin de favorecer un desarrollo
humano sostenible en el marco de la satisfacción de las demandas y expectativas de sus
diversos partícipes.
14
Otra de las definiciones comúnmente utilizadas en la literatura es la proporcionada
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que en su memoria de
RSU del año 2008 recoge que responsabilidad social significa “ofertar servicios
educativos y transferencia de conocimientos siguiendo principios de ética, buen
gobierno, respeto al medio ambiente, compromiso social y promoción de valores
ciudadanos, responsabilizarse, por lo tanto, de las consecuencias y los impactos que se
derivan de sus acciones. Supone rendir cuentas a la Sociedad de los avances positivos y
negativos respecto a los compromisos asumidos con sus grupos de interés y, en general,
en materia de derechos humanos, medio ambiente, buen gobierno y compromiso social”
(De la Cuesta et al., 2010: p. 236).
Finalmente, Abril (2010b) señala que la RSU es la integración voluntaria, por
parte de las universidades, de su compromiso de buen gobierno, social y
medioambiental en las tres misiones de enseñanza, investigación y transferencia de
resultados a la Sociedad, teniendo en cuenta las expectativas de los diferentes agentes
sociales interesados en la actividad universitaria.
En relación con las definiciones anteriores, es factible señalar que la RSU es un
concepto que bien podría caracterizarse por los siguientes aspectos:
I.
Voluntariedad: Una de las principales particularidades de la RSU está en la
naturaleza voluntaria de las prácticas relacionadas con el compromiso social, ético o
medioambiental a desarrollar por las universidades, en la medida que tales acciones van
más allá del mero cumplimiento de cualquier legislación vigente en cualquier ámbito de
la gestión universitaria. En particular, las universidades no solamente deben cumplir con
las obligaciones legales, sino que deben enfatizar su compromiso ético en todas las
relaciones con las partes interesadas (Shawyun, 2011).
II.
Reformulación de la estrategia de las universidades: Muñoz et al. (2010)
sugieren que la incorporación de la responsabilidad social en las universidades ejercería
una influencia positiva no sólo a efectos de gestión interna de la organización, sino
también en cuanto a la mejora de sus relaciones con los grupos de interés. Desde esta
perspectiva se puede entender que el desarrollo de prácticas de RSU implica la
reformulación de los métodos tradicionales de gestión de las universidades, donde la
satisfacción de los diferentes agentes sociales pasa a convertirse en una de las
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principales claves para el éxito a largo plazo de la Universidad. En este marco y en
relación con la naturaleza voluntaria de la RSU, la reestructuración de los sistemas de
gestión y dirección de las universidades hacia un enfoque socialmente responsable se
configura como un factor de diferenciación, aportándole a éstas un valor añadido a largo
plazo, así como facilitándole la obtención de ventajas competitivas y sostenibles en el
tiempo.
III.
Delimitación de las dimensiones de la RSU: Las diferentes definiciones de
RSU enfatizan que la actividad de las universidades genera importantes externalidades
de carácter económico, ético, social, medioambiental, cognitivo o educativo. De esta
manera, se pone de manifiesto las principales áreas en las cuales la RSU desarrolla su
actuación (preocupaciones sociales, éticas, laborales, medioambientales y de respeto a
los derechos humanos).
IV.
Satisfacción de las expectativas de los stakeholders: El diálogo transparente
con los diferentes grupos de interés de la Universidad se configura como una pieza
fundamental para el desarrollo de prácticas de RSU, en la medida que es el medio por el
cual se pueden conocer las expectativas que cada uno de ellos tiene puestas en la
Universidad. De hecho, las universidades tendrán que gestionar el impacto actual y
futuro de su actividad sobre la Sociedad de forma proactiva y asegurar que su
comportamiento con los diferentes stakeholders cumplen unos requisitos éticos
(Shawyun, 2011).
V.
Rendición de cuentas: Todas aquellas actividades socialmente responsables
que no sean adecuadamente comunicadas a los distintos grupos de interés carecerán de
valor. En este caso, la divulgación de información social y medioambiental facilita la
adopción de una posición innovadora frente a otras universidades, lo cual es un claro
factor de éxito para la competitividad de tales instituciones, así como fomenta la
comparabilidad e identificación de las mejores prácticas entre universidades.
16
5. Tópicos/sinónimos de la responsabilidad social universitaria
Una de las principales particularidades de la RSU es su naturaleza ambigua,
heterogénea y elástica, en la medida que existen diversos términos que bien podrían
utilizados como sinónimos para definir el compromiso social de las universidades
(Abril, 2010ab; De la Cuesta et al., 2010). En concreto, hablamos de conceptos tales
como ciudadanía corporativa, compromiso cívico, ética, desarrollo sostenible, gobierno
corporativo, derechos humanos, igualdad de oportunidades y/o de género o tercera
misión.
a) Ciudadanía corporativa
Existe una amplia aceptación en la literatura empresarial en cuanto a la delimitación
conceptual de la ciudadanía corporativa. En líneas generales, se entiende como tal al
compromiso de las empresas hacia la consecución del máximo beneficio junto con el
logro de una serie de objetivos sociales y medioambientales (Cortina, 1997; Matten et
al., 2003; Waddock, 2005).
En el ámbito de la educación superior, existe una preocupación emergente por una
mayor y mejor enseñanza en parámetros de ciudadanía corporativa, principalmente a
raíz del atentado terrorista de las “Torres Gemelas” del 11 de Septiembre de 2001
(Naval et al., 2002). Estos autores entienden por educación para la ciudadanía
democrática o corporativa la formación de la gente joven para llegar a ser personas
expertas, activas y comprometidas en cuestiones relacionadas con la democracia. A
modo de resumen, se trata de que los jóvenes adquieran capacidades para una
participación responsable y reflexiva como ciudadanos democráticos en la vida cultural,
económica, política o social.
b) Compromiso cívico
El compromiso cívico es un término multidimensional que refleja el vínculo psicológico
y asociativo de las personas hacia su comunidad (Henderson et al., 2012). En particular,
hace referencia a los aspectos relacionados con la actitud y el comportamiento del buen
17
ciudadano en la medida de un sentido hacia la responsabilidad cívica, una red de
conectividad social, atención a la vida pública, y voluntad de contribuir a la consecución
de los objetivos sociales.
En el marco de la educación superior se han hecho importantes esfuerzos para
promover el comportamiento responsable y cívico de las universidades. A tal efecto hay
que resaltar el papel que juega la Red Talloires, creada en 2005, entendida como una
alianza global de las universidades cuya principal función es mostrar su compromiso
hacia el fortalecimiento de los roles cívicos de la Universidad. En el seno de esta Red se
promulgó la Declaración de Talloires (2005), relativa a las responsabilidades sociales y
las funciones cívicas de la educación superior. Entre sus principales funciones
destacamos la necesidad de incrementar los programas de compromiso cívico y
responsabilidad social con sentido ético a través de la enseñanza, la investigación y el
servicio público; fomentar la responsabilidad pública a través del ejemplo individual y
colectivo, y a través de políticas y programas en nuestras instituciones de educación
superior; o propiciar alianzas entre la Universidad y la comunidad para potenciar
oportunidades económicas e incrementar el entendimiento recíproco que fortalezca la
relevancia de la educación y la investigación universitarias.
c) Desarrollo sostenible
Existe una amplia literatura sobre la concepción del término desarrollo sostenible y/o
sostenibilidad, si bien, la definición más aceptada es la propuesta por la Comisión
Bruntland (1987) donde se define al desarrollo sostenible como el modelo de
crecimiento basado en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro. Siguiendo las directrices marcadas en
el Marco Conceptual de RSC elaborado por AECA (2004) hablamos de desarrollo
sostenible como el modelo de desarrollo que busca compatibilizar la explotación
racional de recursos naturales y su regeneración, eliminando el impacto nocivo de la
acción del ser humano, en general, y de los procesos productivos, en particular, para
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro que las
generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Basándonos en el trabajo de Oñate et
al. (2002), el objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables con la idea
18
de reconciliar los aspectos económico, social y medioambiental de las actividades
humanas, los cuáles representan los tres pilares que deben tenerse en cuenta por parte de
las comunidades.
En el ámbito universitario, existe hoy en día una orientación hacia la educación
para el desarrollo sostenible como mecanismo de reducción de la desconexión entre el
ser humano y el medio ambiente natural (Thomas, 2004). A tal efecto, el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014) pretende integrar
aspectos relacionados con la sostenibilidad en todos los niveles educativos y promover
la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad.
d) Derechos humanos
Podría decirse que los derechos humanos son aquellas libertades, facultades,
instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos6 que incluyen a
toda persona por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida
digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional, o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición7.
En el contexto de la educación superior, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH) de 1948 representa una pieza clave para la formación en derechos
humanos, en la medida que su integración en la enseñanza supone la constitución de una
figura sólida para la formación en valores democráticos y ciudadanos (Naval et al.,
2002).
6
7
Papacchini, Á. (1945). Filosofía y derechos humanos.
http://www.un.org/es/documents/udhr/ Véase artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (1948).
19
e) Igualdad de oportunidades y/o género
La igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos esenciales son
la prohibición de la discriminación por razón de la nacionalidad y la igualdad entre
mujeres y hombres. Sobre este particular, el Tratado de Ámsterdam (Consejo Europeo,
1997), cuya entrada en vigor tuvo lugar en 1999, introdujo una nueva disposición
destinada a reforzar el principio de no discriminación, estrechamente relacionado con la
igualdad de oportunidades. La Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades entiende
como tal a la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una
discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o
compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente
en la vida política, económica, cultural y social.
En materia de género, hablar de igualdad es referirse a un objetivo contra una
realidad de discriminación y segregación social en la medida que una de las maneras
más frecuentes de incumplir los derechos humanos es mediante la violencia de género,
como bien se apunta desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo8. En
este contexto, la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
señala que la igualdad de trato entre hombres y mujeres supone la ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de
la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
f) Cooperación al desarrollo
Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD)9 entienden el
desarrollo como un proceso de cambio social, económico, político, cultural o
tecnológico que, surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización participativa
y el uso democrático del poder de los miembros de una comunidad. El desarrollo, así
entendido, crea condiciones de equidad que abren más y mejores oportunidades de vida
8
Disponible en
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/womenempowerment/about_womens_empowermen
t/. Último acceso: 10/09/2012.
9
Disponible en http://www.congde.org/index.php/vercontenido/4142 (Último acceso 11/09/2012).
20
al ser humano para que despliegue todas sus potencialidades, y preserva para las
generaciones futuras el acceso y buen uso de los recursos, el medio ambiente natural y
el acervo cultural.
En el contexto de la educación superior española, el compromiso de las
universidades hacia la cooperación al desarrollo ha crecido exponencialmente en los
últimos años, principalmente a raíz de la creación en 2005, por parte de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), de la Comisión de Cooperación al
Desarrollo, la cual se encargó en ese mismo año de elaborar el Código de Conducta en
materia de Cooperación al Desarrollo.
g) Acción social y voluntariado
Se entiende por acción social la ayuda voluntaria, expresada en recursos económicos o
de otro tipo, otorgada por las empresas a proyectos externos de carácter filantrópico y
de desarrollo socioeconómico (asistencia social, salud, educación, etc.) La Declaración
Universal sobre Voluntariado de 2001 estipula que el voluntariado es el pilar
fundamental de la sociedad civil. En concreto, da vida a las más nobles aspiraciones de
la humanidad, tales como la búsqueda de la paz, libertad, oportunidad, seguridad y
justicia para todas las personas.
Desde la perspectiva de las universidades, la acción social se entiende como un
servicio de atención, apoyo y asesoramiento a la comunidad universitaria y desde el que
se promueven y organizan actuaciones solidarias y sociales en la Universidad y hacia la
Sociedad10. En el contexto español, son muchas las universidades (Cádiz, UNED,
Pública de Navarra, Zaragoza, etc.) que cuentan con programas de acción social y/o
voluntariado como muestra de su compromiso social y su participación ciudadana.
10
Disponible en http://www1.unavarra.es/unidadaccionsocial/ (Último acceso 10/09/2012)
21
h) Ética
Comprende el conjunto de valores, normas y providencias que vinculan a sus miembros
en forma de ideales compartidos y obligaciones, en torno a lo que es bueno y malo, a lo
que es correcto e incorrecto (AECA, 2004). Autores como Hoffé (1994) han centrado su
atención en la dimensión social de la ética, entendida como el estudio de las normas y
principios morales de la vida colectiva en un ámbito tanto institucional como no
institucional. La ética social constituye el complemento necesario de la ética individual,
que considera la responsabilidad del individuo con respecto a los demás y para consigo
mismo.
Las universidades suelen mostrar su compromiso hacia los valores éticos y
morales desde una doble perspectiva: a través de su incorporación en los planes de
estudios o a través de la implantación de códigos de conducta, entendiéndose como tal a
la expresión formal de valores y buenas prácticas de la organización, enunciado con
carácter orientador y normativo y con el rango de precepto a cumplir por todos los
integrantes de la corporación (AECA, 2004). En este marco, las corporaciones han
venido estableciendo códigos de conducta a lo largo de este siglo, por lo que el concepto
no es nada nuevo (Baumhart, 1968), aunque ello recibió mayor atención a raíz del
informe de la Comisión Treadway (1987) en el que se insistía en que todas las
compañías públicas deben establecer códigos de conducta para promover el
comportamiento honorable en las corporaciones. En este sentido, las universidades
desempeñan un rol importante como institución de formación en valores éticos para que
los estudiantes estén suficientemente preparados para implantar una cultura ética en la
Universidad.
i) Gobierno corporativo
Uno de los principales parámetros para medir la RSU reside en la implantación de
principios de buen gobierno en la gestión de las universidades. El concepto de
responsabilidad social va ligado al buen gobierno de las organizaciones porque no se
puede conseguir uno sin otro. Los principios de buen gobierno, en los que se traduce el
concepto de responsabilidad social, se pueden integrar, en el caso de las universidades,
en la consecución de la excelencia como eje básico de la sostenibilidad del sistema
22
universitario. En el contexto de la educación superior española, por medio de la
Estrategia Universidad 2015, se está acometiendo un proceso de reconstrucción de sus
sistemas de gobernanza con la intención, entre otras cuestiones, de revisar los
equilibrios establecidos entre autonomía y rendición de cuentas, donde el principio de
RSU debe ganar protagonismo en la cultura organizativa de las universidades. Más
recientemente, la actual propuesta de reforma del sistema universitario español por parte
del Ministerio de Educación incide de lleno en los sistemas de gobernanza y rendición
de cuentas de tales organizaciones.
Conceptualmente, el término gobernanza puede resultar equívoco. El Libro Blanco
sobre la Gobernanza Europea la define como “las normas, procesos y comportamientos
de los sistemas social y político debidos a la interacción de los actores involucrados en
estos que influyen en el ejercicio del poder público, especialmente desde el punto de
vista de la apertura, la participación, la responsabilidad y rendición de cuentas, la
eficacia y la coherencia” (Comisión Europea, 2001: p. 8).
A estos efectos, existe una amplia literatura que justifica la relación entre la RSU y
el gobierno corporativo, principalmente por la vinculación existente entre buen gobierno
y transparencia y rendición de cuentas como mecanismo de legitimidad institucional
(Arenilla, 2012). En el informe Cadbury (2000) se define el concepto de gobierno
corporativo como el equilibrio entre la consecución de objetivos sociales y económicos,
así como con los objetivos individuales y colectivos. La norma Australian Standard
AS800, de 2003, define al gobierno corporativo como el proceso por el que una
organización es dirigida, controlada y sostenida de forma responsable. Según la
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2004), el gobierno
corporativo se refiere a los derechos y responsabilidades que tienen los directivos,
accionistas y otros stakeholders de una organización, y requiere la existencia de
coordinación entre sus intereses y los intereses económicos de la organización y de la
Sociedad.
j) Tercera misión/transferencia de conocimientos
La tercera misión, muy relacionada con la RSU, y en adición a la docencia y a la
investigación, y actuando de forma transversal con las dos misiones anteriores, hace
23
referencia a la necesidad de transferir el conocimiento, la ciencia y la cultura a la
Sociedad, contribuyendo al desarrollo regional en sus dimensiones económicas, sociales
y medioambientales11 (Goddard, 1999; Chatterton y Goddard, 2000; Charles y
Benneworth, 2002; OECD, 2007). Más concretamente se entiende la tercera misión
como una aportación efectiva a la innovación y al emprendimiento, añadiendo a esa
tarea la del desarrollo de una estrategia de RSU (Campos, 2012). Sánchez (2011)
enuncia que la transferencia de los resultados de investigación a los sectores productivos
y culturales podría ser un buen ejemplo del compromiso de la Universidad con la
Sociedad, principalmente desde la perspectiva de creación de valor.
En el contexto español, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, como
consecuencia de la necesidad de reestructurar el modelo de gobernanza de las
universidades, se incide en la idea de que las universidades tienen la misión, además de
impartir docencia e investigar, de contribuir al desarrollo socioeconómico de su entorno
mediante la transferencia de tecnología a la Sociedad y al sistema productivo, ya sea
mediante la creación de spin-offs, licencia de patentes, etc.
6. La responsabilidad social en el contexto universitario internacional, europeo y
español: Factores institucionales
En los últimos años se ha producido un incremento de las expectativas de la Sociedad
sobre el papel de las universidades, ya que éstas tienen más que nunca un deber
sociocultural y representan un factor clave para el desarrollo regional, además de ser un
agente insustituible en el sistema ciencia-tecnología a través de la generación de
transferencia y conocimiento (Tobarra, 2004).
A nivel internacional son varias las actuaciones que se están realizando en pos de
un mayor grado de incorporación de la RSU, principalmente desde la perspectiva de la
educación. En este caso debemos señalar las aportaciones realizadas por el Decenio de
11
Paytas, Gradeck y Andrews (2004) ofrecen, y en relación a lo anterior, una revisión de literatura sobre
las actividades que las universidades pueden llevar a cabo para estimular el desarrollo regional, entre las
que destacamos la formación para la ciudadanía responsable, la promoción de la igualdad de
oportunidades y la diversidad, y la transferencia efectiva del conocimiento.
24
Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014) o por el Programa
Principios para una Educación Responsable en Gestión (PRME, 2007) desarrollados
ambos en el marco de Naciones Unidas. Adicionalmente, la Conferencia Mundial sobre
Educación Superior del año 2009 enfatiza la necesidad de que las universidades asuman
su compromiso social en materia educativa. Junto a estas iniciativas podríamos
enumerar la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible (2001) como uno de los
principales pronunciamientos internacionales que aboga por una educación para la
sostenibilidad.
Si analizamos las declaraciones institucionales que han ido asentando las bases
para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), notamos que las
directrices de las mismas se sustentan en la idea de reforzar la función e importancia de
la Universidad como agente de desarrollo importante que contribuye al éxito económico
de la Sociedad. En particular, desde 1988 se empiezan a asentar en Europa las bases
necesarias para afrontar las consecuencias de adaptarse a las demandas y cambios de la
Sociedad a través del conocimiento. La Magna Carta Universitatum firmada en Bolonia
por más de 400 universidades europeas expresaba la necesidad de seguir la evolución
tanto de las necesidades y de las exigencias de la Sociedad como de los conocimientos
científicos.
Diez años después, la Declaración de la Sorbona (1998) insistía en la
responsabilidad de ofrecer a la Sociedad un sistema de educación superior que facilitara
las oportunidades de búsqueda de excelencia, estableciéndose como objetivo la
promoción del empleo y la competitividad de las universidades europeas. En esta misma
línea apuntan sus directrices las Declaraciones de Praga (2001) y Berlín (2003).
El comunicado de Bergen (2005) subraya la importancia de la educación superior
en la mejora y relevancia de la investigación para apoyar a las universidades en el
desarrollo económico y cultural de nuestras sociedades, así como para la cohesión
social, enfatizando además la importancia de la investigación y de la formación en
investigación para el mantenimiento, la mejora de la calidad y el fortalecimiento de la
competitividad y del atractivo del EEES.
Por su parte, el Comunicado de Londres (2007) reconoce el importante papel
ejercido por las instituciones de educación superior en el desarrollo de nuestras
25
sociedades, fundado en sus tradiciones como centros de enseñanza y de investigación,
en su creatividad y en la transferencia de conocimiento, así como su papel esencial en la
definición y transmisión de los valores sobre los que se han construido nuestras
sociedades. El objetivo consistía en garantizar que las universidades dispusieran de los
recursos necesarios para cumplir con las siguientes funciones: la preparación de los
estudiantes como ciudadanos activos en una sociedad democrática; la preparación de los
estudiantes para su futuro profesional y la capacitación para su desarrollo personal; la
creación y conservación de una extensa base de conocimiento avanzado; y el fomento
de la investigación y la innovación. En este documento, en el apartado 2.18, se alude
también a la dimensión social de la Universidad, estableciéndose que “la educación
superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión social, en la
reducción de las desigualdades y en elevar el nivel de conocimiento, destrezas, y
competencias en el seno de la Sociedad. Las políticas de educación superior deberían
enfocarse a maximizar el potencial de las personas en cuanto a su desarrollo personal
y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento”.
Más recientemente, en 2009, el comunicado final de la Conferencia Mundial de la
Educación Superior de la United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), celebrado en París, resaltaba su papel tan fundamental en la
tarea de definición y construcción de la Sociedad: Ante la complejidad de los desafíos
mundiales, presentes y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de
hace avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones
sociales, económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles
frente. La educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación
de conocimientos de alcance mundial para abordar grandes retos mundiales, entre los
que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el
diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública.
Uno de los temas centrales de esta Conferencia Mundial fue precisamente el
compromiso de la Sociedad y la responsabilidad social de las instituciones de educación
superior. El grupo de trabajo creado ad hoc para esta área subrayaba las
responsabilidades que se definen en torno a las universidades como agentes
involucrados en el desarrollo socioeconómico de nuestras sociedades, entendiéndose
como tal al desarrollo social y económico justo, que contribuya con soluciones reales
26
desde el ámbito educativo y desde el ámbito de la generación y transferencia del
conocimiento a reducir y combatir las desigualdades e injusticias estructurales presentes
en las universidades.
Por otra parte, si nos centramos en el entorno español, desde un punto de vista
legal, se ha manifestado en los últimos años una mayor concienciación hacia temas
relacionados con la responsabilidad social a partir de la proliferación de diversas leyes
que abordan temas como la transparencia, la igualdad o la dependencia.
Partiendo de un enfoque legal más centrado en aspectos íntimamente relacionados
con la responsabilidad social o la sostenibilidad, podemos enunciar la existencia de
diferentes normas que regulan asuntos relacionados con la dimensión medioambiental,
como por ejemplo, la Ley de Protección Medioambiental (2006) o la Ley de Economía
Sostenible (2009). Aún así se pueden señalar otras importantes iniciativas acometidas
en el contexto español para el fomento de la responsabilidad social:
•
La publicación de los informes Olivencia en 1998, Aldama en 2003 y Conthe
en 2007, siendo respectivamente un código ético para directivos, un informe para la
mejora de la transparencia y un código unificado de gobierno corporativo;
•
La aprobación de las Directrices de la OCDE para las Empresas
Multinacionales en 2003, las cuales pretendían fomentar el comportamiento responsable
de las empresas;
•
La creación del Foro de Expertos de RSE en 2005, el cual dio paso
posteriormente al Consejo Estatal de RSE, cuya finalidad no es otra que la de ser un
“Foro de encuentro de todas las partes interesadas en RSE, que mantenga un diálogo
multilateral permanente sobre la RSE y proponga al Gobierno acciones de fomento en
este particular”;
•
El desarrollo de la Asociación Española para Estandarización y Certificación
(AENOR) centrada en el desarrollo de estándares ético-sociales para los sistemas de
gestión institucionales;
•
La puesta en marcha del Foro de Empresas y Desarrollo Sostenible llevado a
cabo por la Escuela de Negocios IESE (Navarra) en 1999;
27
•
Puesta en marcha del “Foro de Reputación Corporativa” en el año 2002
(Telefónica, BBVA, Repsol-YPF y Grupo Agbar), cuya finalidad es la de proporcionar
un lugar de encuentro para analizar y dar a conocer las tendencias, herramientas y
modelos de reputación corporativa en la gestión;
•
La creación de varias ONG´s que están contribuyendo a fomentar la aplicación
de la RSC desde diferentes perspectivas, como son los casos de: Fundación Ecología y
Desarrollo (1992), Fundación Entorno (1995), Fundación Empresa y Sociedad (1995),
Fundación Economistas sin Fronteras (1997) o Forética (1999).
Si atendemos más que a compromisos y recomendaciones institucionales a las
prácticas reales, y en concreto, en las universidades españolas, se percibe un menor
nivel de concienciación hacia la RSU, aunque con una progresión importante. Sobre
este particular, una simple visualización de las bases de datos sobre memorias de
sostenibilidad publicadas en el Informe de Progreso del Pacto Global o en las memorias
de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI) nos llevan a refrendar lo
anterior (Ball et al., 2006; Lamprinidi y Kubo, 2008). En concreto, con fecha de 29 de
Noviembre de 2011, el número de universidades españolas que han publicado memorias
de sostenibilidad con base en los indicadores del GRI ha crecido considerablemente,
hasta el punto de que en la actualidad son 5 las universidades que han publicado alguna
memoria de sostenibilidad en el GRI:
1. Universidad de Santiago de Compostela (durante 2004, 2005 y 2006)
2. Universidad Internacional de Andalucía (durante los años 2008 y 2009/2010)
3. Universidad de Cádiz (en concreto, dos memorias de RSU, una
correspondiente al curso 2009/2010 y otra al curso 2010/2011)
4. Universidad de Zaragoza (2008/2009)
5. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, 2009/2010).
Adicionalmente, en la base de datos del GRI se encuentran dos memorias de
sostenibilidad publicadas por escuelas universitarias, en concreto, por la Escuela de
Estudios Empresariales de la Universidad de Zaragoza (2007) y por la Escuela Superior
de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid (2007).
28
Por otra parte, son también varias las universidades españolas que, aún no
habiendo publicado su memoria en la base de datos del GRI, sí han desarrollado y
elaborado informes de RSU. Tales son los casos de la Universidad Miguel Hernández
de Elche (2007/2009), la Universidad de Murcia (2009/2010), la Universidad de Huelva
(2009), la Universidad de Almería (2008/2009 y 2009/2010), la Universidad de Navarra
(2008/2009), la Universidad de Córdoba (2009/2010), la Universidad de Oviedo (2010),
la Universidad de Castilla la Mancha (2010), y la Universidad Europea de Madrid
(2008/2009 y 2009/2010).
Con un enfoque centrado en el Informe de Pacto Global, son cinco el número de
instituciones de educación superior españolas que han firmado tal documento (Málaga,
UNED, IESE, Cantabria y ESIC Business School), de las que las tres primeras firman
como entidades asociadas.
Una visualización a la web institucional del United Nations Global Compact
(realizada también el 29 de noviembre de 2011) nos muestra que son varias las
universidades o facultades españolas adheridas a los principios que promulga esta
institución. Entre ellas se encuentran: Córdoba, Jaén, Salamanca, Santiago, Sevilla,
Barcelona, Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia, Antonio de Nebrija,
Complutense de Madrid, A Coruña, Alcalá, ESIC Business and Marketing School,
Cantabria, Francisco de Vitoria, Rey Juan Carlos e ICADE.
Junto a ello, en el seno de la CRUE se han creado una serie de comisiones
sectoriales donde se enfatiza la RSU desde diferentes perspectivas. En concreto
hablamos de la Comisión Sectorial de Sostenibilidad creada en Julio de 2009,
desarrollando para ello un grupo de trabajo para la Calidad Ambiental, el Desarrollo
Sostenible y la Prevención de Riesgos Laborales (CADEP); la creación de la Comisión
de Internacionalización y Cooperación de las Universidades (CICUE); la Comisión
Académica Sectorial de las Universidades Españolas (CASUE) y la Mesa de Gerentes
(MDG), incidiendo en aspectos socio-laborales y de gestión económica y financiación
de las universidades; la Comisión Sectorial de I+D, haciendo especial hincapié a la
investigación y transferencia del conocimiento; o la Comisión Sectorial de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC), siendo una de sus líneas de interés la
mejora de la eficiencia energética y el ahorro de costes en TIC´s.
29
Todo lo anterior, sumado a algunas evidencias adicionales, apunta a que se está
iniciando en España una sensibilización importante hacia la RSU:
a. La puesta en marcha de proyectos con diferente alcance sobre implantación y
publicación de memorias de RSU (Zaragoza, UNED, Cádiz, Pública de Navarra, etc.).
b. Desarrollo de un proyecto de investigación orientado hacia la RSU en
Andalucía, financiado por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas
Andaluzas. En el seno de dicho proyecto se han publicado diversos trabajos orientados a
evaluar el compromiso social de las universidades andaluzas mediante el análisis de sus
planes estratégicos (Larrán et al., 2012a), a analizar las percepciones de la comunidad
universitaria en materia de RSU (Larrán et al., 2010a), a estudiar la presencia de la
responsabilidad social y ética empresarial en la oferta formativa universitaria (Larrán et
al., 2012b), a evaluar las expectativas de los distintos grupos de interés de las
universidades andaluzas (Larrán et al., 2012c), a analizar la opinión de los directivos
universitarios andaluces sobre los frenos y/o aceleradores para la implantación de
estrategias de responsabilidad social en las universidades andaluzas (Larrán et al.,
2010b), así como a elaborar una propuesta de memoria de RSU (Véase:
www.rsuniversitaria.org).
c. La creciente creación de cátedras, cursos y actividades relacionadas con la
responsabilidad social en diferentes universidades españolas.
d. Interés y participación en diferentes jornadas sobre RSU celebradas en Úbeda,
Castellón, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria, de dónde se ha extraído como
conclusión la necesidad de crear redes, institutos y centros de investigación que
permitan el avance en este particular.
e. Creación por parte del Gobierno español junto a las comunidades autónomas y
las universidades de una iniciativa denominada “Estrategia Universidad 2015”, cuyo
origen se ciñe en torno a la consecución de la adaptación de la Universidad española al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), siendo la misión de la misma la
modernización de las universidades españolas a través de la excelencia, tanto en
formación como en investigación. Dicha iniciativa contempla entre sus líneas de
actuación la RSU.
30
f. Propuesta de reforma en el gobierno y financiación de las universidades
españolas motivado por el desarrollo de la estrategia anterior y por la necesidad de
inculcar que la Universidad es una organización que, además de formar e investigar,
debe contribuir al desarrollo social y cultural, además de promover una serie de valores
cívicos y humanos.
g. Creación de una Comisión Técnica por parte del Ministerio de Educación para
la elaboración de un documento sobre RSU.
7. Concepto y clasificación de los stakeholders de las universidades
Algunos analistas del concepto de stakeholder plantean que su origen se encuentra en
las investigaciones de Merrick Dodd realizadas en 1932, quién analizaba los discursos
de los ejecutivos de la empresa General Electric, en los que se identificaban cuatro
grandes grupos de partes interesadas: accionistas, empleados, clientes y público en
general (Preston y Sapienza, 1990; Clarkson, 1995). Sin embargo, existe mayor
consenso en la literatura especializada que señala que el término stakeholder fue
acuñado por primera vez en 1963 por el Stanford Research Institute para identificar a
aquellos grupos o personas que son de importancia vital para la existencia de una
organización, lo que sin duda permitió abrir el debate acerca de la forma en cómo debía
gestionarse una organización respecto de las diferentes partes o grupos con las que se
relaciona (Freeman, 1984, 2005; Clarkson, 1995; Lozano, 1999; Sison, 2008; Lozano,
2009).
El concepto de stakeholder procede del entorno económico-empresarial y según
Freeman (1984) puede ser definido como cualquier grupo de individuos que pueden
influir o verse influidos por las decisiones y logro de objetivos de una determinada
organización. Otra posible definición del concepto de stakeholder es la que considera a
las partes interesadas como “aquellos grupos sociales e individuos afectados de una
manera u otra por la existencia y acción de las empresas, con un interés legítimo,
directo o indirecto, por la marcha de ésta, que influyen a su vez en la consecución de
los objetivos marcados y su supervivencia” (AECA, 2004: p. 13).
31
La literatura sobre este particular refleja la gran influencia de los diferentes
agentes sociales en las actuaciones de cualquier organización (Thompson, 1997; Jonson
et al., 2006) con resultados estables y a largo plazo (Daake y William, 2000). Aunque el
ámbito universitario sea un marco diferente al convencional de cualquier otro tipo de
organización, este enfoque puede ser de aplicación dado que, de acuerdo con la teoría
institucional, las organizaciones son sistemas sociales donde prima la legitimación y la
aceptación social (Galán, 2006), lo cual no es ajeno en absoluto a lo deseado para el
sistema público universitario, al cual se le presume una función social intrínseca dada su
vocación de servicio público. A este respecto, son varios los trabajos académicos que
señalan como principales stakeholders de las universidades al personal docente e
investigador (PDI), personal de administración y servicios (PAS), estudiantes,
directivos universitarios, empresarios, sindicatos, fundaciones, ONG´s, egresados,
administraciones públicas y sociedad civil (García y Álamo, 1998; Reavill, 1998;
Burrows, 1999; Mundet, 2000; Parra, 2003; Comisión Europea, 2008; Caballero et al.,
2009).
Sobre la base anterior, la literatura clasifica a los stakeholders desde dos enfoques
diferentes: primarios o secundarios e internos o externos. Con base en la primera
clasificación, los stakeholders primarios serán aquellas personas o grupos sin cuya
incesante participación la Universidad no podría continuar su actividad, mientras que
como stakeholders secundarios se identifica a aquellos individuos o grupos que pueden
incidir en la política o programas que desarrolla la Universidad o en las expectativas y
necesidades de los stakeholders primarios, pero que no son esenciales para su
supervivencia. Desde esta perspectiva, se considera como stakeholder primario al PDI,
el PAS, los directivos universitarios, los egresados, los estudiantes, las administraciones
públicas y los empresarios, mientras que los stakeholders secundarios serían la
comunidad local, los sindicatos, los medios de comunicación, los competidores o las
ONG´s entre otros. Por otra parte, si utilizamos como referencia el segundo de los
enfoques, el cual clasifica a los stakeholders según la posición que ocupan respecto a la
Universidad, dentro de los stakeholders internos estaría el personal, los directivos
universitarios y los estudiantes mientras que el grupo de stakeholders externos estaría
compuesto por los sindicatos, los empresarios, los egresados, las administraciones
públicas, la comunidad local, los medios de comunicación, los competidores o las
ONG´s entre otros.
32
En relación con lo anterior, Nuñez y Alonso (2010) argumentan que el modelo de
dirección y gestión de la RSU debe asentarse sobre la consideración de las necesidades
y expectativas de los stakeholders en el proceso de toma de decisiones. A este respecto,
y partiendo del trabajo de Larrán et al. (2012c)12, el Anexo 1 detalla las expectativas y/o
necesidades manifestadas por los stakeholders de las universidades andaluzas
clasificadas en una serie de dimensiones que en mayor o menor medida pueden mostrar
el compromiso social futuro de la estrategia de las universidades: gobierno corporativo,
personal, estudiantes, sociedad, empresa, mejora continua y medio ambiente. Una
simple visualización de los resultados nos lleva a apreciar que las herramientas de
mejora de la comunicación, diálogo con los stakeholders o mecanismos de rendición de
cuentas a la Sociedad se configuran como las principales necesidades a satisfacer de las
partes interesadas. De hecho, se pone de manifiesto, al igual que en las distintas
definiciones de RSU, que la transparencia informativa es una pieza clave en el
comportamiento socialmente responsable de la Universidad. Una de las principales vías
para mejorar la transparencia reside en la elaboración y publicación de una memoria de
sostenibilidad, entendida como un proceso y una herramienta viva, que no comienza ni
acaba con su publicación, sino que requiere un proceso más amplio que permita fijar la
estrategia de la organización.
8. Objetivos de la responsabilidad social universitaria
A pesar de la escasa literatura al respecto, autores como Vázquez (2007) han reflejado
que los objetivos a conseguir por parte de las universidades en materia de RSU se deben
dirigir hacia:
ƒ
Fortalecer las redes existentes para intercambiar experiencias y crear otras
nuevas.
ƒ
Intentar formar parte de las soluciones, en lugar de quedarse sólo en el
diagnóstico que critica la realidad sin proponer nada para tratar de mejorarla.
12
El presente trabajo forma parte del proyecto: “Memoria de Responsabilidad Social de las Universidades
Andaluzas” financiado por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas.
33
ƒ
Hacer de la RSU algo natural, es decir, más allá de hablar de RSU, se trata de
abocarse a los elementos que permiten articular el compromiso social, entre todos.
ƒ
Formar graduados que no logren exclusivamente un nivel de excelencia
académica, sino que además se muestren comprometidos socialmente.
ƒ
La RSU no es obligación social para la Universidad, sino que conlleva una
sensibilidad social, entendida como la capacidad para escuchar aquello que reclaman los
propios estudiantes, docentes o comunidad, adaptándose a los cambios de las
condiciones sociales, para ofrecer respuestas prácticas a corto o medio plazo.
Por su parte, De la Cuesta et al. (2010) entiende que el desarrollo de prácticas de
RSU debe orientarse hacia:
•
La búsqueda del punto de equilibro entre la excelencia especializada y una
formación integral de las personas, con el fin de formar ciudadanos profesionales con
principios éticos y valores sociales y solidarios.
•
Aplicar los parámetros de excelencia, el debate, la investigación y el juicio
crítico al compromiso comunitario con el mismo rigor que se espera en otras esferas de
la actividad universitaria.
•
Valorar las necesidades de la Sociedad en su conjunto y aportar soluciones
para sus problemas, buscando la excelencia siempre desde una dimensión social.
•
Contribuir al bien colectivo, la construcción social y el desarrollo humano.
•
Formar ciudadanos participativos y que se involucren en actividades cívicas.
•
Gestionar sus recursos de forma transparente, eficaz y eficiente.
•
Mantener una relación fluida y abierta con la sociedad civil (empresas,
asociaciones, etc.) para favorecer el desarrollo interterritorial.
•
Garantizar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación superior.
34
9. Principios de la responsabilidad social universitaria
a) Transparencia
Como se ha puesto de manifiesto, uno de los principales pilares de la RSU descansa en
la transparencia y la rendición de cuentas, entendiéndose dichos conceptos como
herramientas que refuerzan la legitimidad institucional de las universidades (Arenilla,
2012). La mayor autonomía de las universidades españolas, principalmente de
titularidad pública, está provocando que las entidades financiadoras, bien las
administraciones públicas regionales o estatales, presionen para que las instituciones de
educación superior velen por el interés general de la Sociedad, exigiéndoles un mayor
diálogo con los stakeholders mediante la utilización de mecanismos que mejoren su
transparencia informativa y rendición de cuentas.
No obstante, hasta el momento, las universidades no han desarrollado sistemas de
gobernanza y rendición de cuentas lo suficientemente claros y transparentes. Larrán et
al. (2010b) señalan que existe un temor generalizado entre los equipos directivos de las
universidades españolas a la publicación de una memoria de RSU auditada y
comparable en el tiempo y con otras universidades, habida cuenta que las memorias e
informes de gestión presentados en los Claustros Universitarios no cumplan tales
requisitos, y mucho menos el principio de equilibrio, confesándose en ocasiones la falta
de transparencia en la gestión universitaria, no sólo a nivel de equipo directivo, sino
también a nivel de diferentes procesos y unidades organizacionales. Por tanto, una
posible obligatoriedad en la publicación de memorias de sostenibilidad es vista por
muchos de los directivos universitarios como un elemento adicional para la crítica al
sistema público universitario con pérdida de autonomía y mayor control, así como un
instrumento de elaboración de nuevos y dudosos rankings universitarios.
b) Materialidad
Las universidades deben desarrollar sus prácticas sociales, éticas o medioambientales
como respuesta a las demandas de los stakeholders, afrontando su responsabilidad
social desde un enfoque multidisciplinar, entendido como un compromiso con los
valores éticos, la interculturalidad, la defensa de los derechos humanos, el respeto a la
35
diversidad o a la igualdad de oportunidades, así como por la preocupación por las
generaciones futuras (Abril, 2010).
c) Verificabilidad
Otro pilar para el desarrollo de prácticas de RSU consiste en la aprobación por parte de
expertos independientes de este tipo de actuaciones como medida de credibilidad. De
hecho, hasta el momento presente, las cuentas anuales de las universidades son
auditadas por expertos independientes. Sin embargo, el hecho de poner en marcha una
memoria que haga referencia no sólo a externalidades económicas, sino también a
aspectos sociales y medioambientales, y que sea susceptible de verificación externa,
representa un nuevo obstáculo a salvar por la falta de cultura organizativa en este
sentido (Larrán et al., 2010b).
d) Visión amplia
Las universidades deben centrar sus prácticas de responsabilidad social en el contexto
más amplio desde un punto de vista basado en la sostenibilidad. En particular, RSU no
es filantropía, ni la asunción de compromisos medioambientales, sino que debe
concebirse como un enfoque de gestión organizativa a medio y largo plazo amparada en
las diferentes dimensiones que la integran, así como debe impregnar de ella a las
diferentes áreas funcionales de la organización, en concreto, a las funciones de
docencia, gestión, investigación y extensión universitaria (Rodríguez, 2010).
e) Mejora continua
La gestión de las universidades, al igual que las empresas, se presume continuada en el
tiempo. Por lo tanto, la incorporación de criterios de responsabilidad social en la
estrategia de las universidades se dirigirá a asegurar la viabilidad del proyecto
universitario en el largo plazo, promoviendo para ello una relación concluyente entre el
entorno social y el medio ambiente.
36
f) Naturaleza social de la organización
La función social de la Universidad es algo intrínsecamente ligado a su definición y al
papel que históricamente ha desempeñado, lo cual aparece ampliamente recogido en la
Ley Orgánica Modificada Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) del año 2007. La
vocación de servicio público y el compromiso social intrínseco de las universidades es
un claro incentivo para el desarrollo de prácticas de RSU, ya que, si bien, en el ámbito
empresarial, las políticas de responsabilidad social pueden desarrollarse como una
cuestión de marketing o diferenciación, y en definitiva, para aumentar su competitividad
y rentabilidad; en el caso de las universidades la necesidad de implantar este tipo de
políticas estará más relacionada con su misión y razón de ser (Larrán et al., 2010b).
10. Elementos de la responsabilidad social universitaria
La aplicación de la responsabilidad social a la dirección y gestión de las universidades
tiene implicaciones en todas las áreas funcionales y en otras facetas relacionadas, tales
como el gobierno corporativo, la transferencia de conocimientos o la divulgación de
información social y/o medioambiental. Dichas implicaciones se traducen en lo que
podríamos denominar elementos de la RSU.
a) Gobernanza universitaria
En la actualidad, el contexto socioeconómico en España y en los países avanzados está
caracterizado por una creciente intensidad competitiva dentro de un entorno altamente
globalizado, así como por la necesidad de una mayor investigación e innovación que
repercuta en la actualización de conocimientos y destrezas en un marco con constantes
cambios tecnológicos. Es por ello que las universidades juegan un papel fundamental
para dar respuesta a las demandas cada vez más exigentes de las economías y
sociedades en las que se hallan inmersas.
La sociedad del conocimiento actual implica que las universidades, además de
investigar e impartir docencia, contribuyan al desarrollo económico y social de su
entorno mediante una transferencia efectiva de tecnología al sistema productivo
37
(colaboración empresarial, creación de spin-offs, etc.), desarrollo del capital humano
(formación en competencias y mejora de la inserción laboral de los estudiantes) y
formación a lo largo de la vida. Para afrontar estos retos, se antoja imprescindible la
modernización de las universidades a través de una mayor flexibilidad que mejore la
capacidad de respuesta a estos cambios (Hernández y Pérez, 2010).
Actualmente, las universidades españolas, por medio de la Estrategia Universidad
2015, están acometiendo un proceso de reconstrucción de sus sistemas de gobernanza
con la intención, entre otras cuestiones, de revisar los equilibrios establecidos entre
autonomía y rendición de cuentas, donde el principio de RSU debe ganar protagonismo
en la cultura organizativa de las universidades. En este marco, el Ministerio de Ciencia e
Innovación, por medio de la Secretaria de Estado de Universidades, elaboró un
documento preliminar en el año 2008 como respuesta al debate sobre la necesidad de
mejorar el modelo de gobernanza de las universidades españolas. El documento
definitivo fue elaborado conjuntamente por la CRUE y por la Fundación Conocimiento
y Desarrollo (CyD) en el año 20101314. Los principales objetivos que plantea la reforma
de la gobernanza de las universidades españolas son los siguientes:
ƒ
Garantizar el papel de las universidades españolas como elemento clave en la
consecución y desarrollo de valores económicos y sociales relevantes mediante el
fomento de la transferencia de los resultados de investigación a la Sociedad.
ƒ
Posibilitar que las universidades españolas compitan con suficientes garantías
en el contexto internacional, respondiendo con firmeza a la existencia de una cada vez
más evidente globalización de la educación superior.
ƒ
Alentar a las universidades españolas a que se conviertan en un elemento
dinamizador de la economía nacional, sirviendo como institución clave en el desarrollo
de proyectos de I+D+I, así como en su transferencia al sector productivo.
13
El título del citado documento es “La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e
innovación”.
14
Habría que poner de manifiesto la influencia que, en un futuro no muy lejano, podría ejercer la
propuesta de reforma del sistema universitario español elaborada por la Comisión de Expertos del
Ministerio de Educación y recientemente comunicada en materia de gobierno corporativo y rendición de
cuentas.
38
ƒ
Asegurar que la educación universitaria sea de calidad, adaptada a las
necesidades sociales, y en concreto, a las diversas y cambiantes exigencias del mercado
de trabajo.
ƒ
Incrementar la agilidad en la toma de decisiones, especialmente en aquéllas
que sean de carácter estratégico y que se centren en responder a la aleatoriedad del
mercado, a cambios en las demandas sociales o a nuevas exigencias derivadas de
reformas metodológicas o tecnológicas.
ƒ
Fomentar la relación Universidad-Sociedad, tanto desde una perspectiva de
que la Sociedad perciba a la Universidad como una institución más cercana a sus
demandas y expectativas, como desde la situación en la que la Universidad perciba a la
Sociedad como un aliado para mejorar su posición estratégica.
ƒ
Posibilitar el diseño y ejecución de una planificación estratégica integral,
estable y coherente, donde la determinación de resultados y medios para conseguirlos
no confronten con mandatos políticos o enfrentamientos sectoriales.
ƒ
Mejorar la transparencia y la responsabilidad en la rendición de cuentas desde
una doble perspectiva; la primera orientada a que los máximos gestores de la
Universidad sean evaluados según la cuantificación y ponderación de los resultados
obtenidos; la segunda centrada en que los propios evaluadores se sometan a un régimen
de responsabilidad para garantizar un elevado nivel de diligencia por su parte, así como
se corresponsabilicen con el gestor de un eventual fracaso en la implantación de estas
prácticas.
b) La tercera misión o transferencia de conocimientos: Rediseño del contrato social
El discurso sobre el papel de la Universidad se ha desplazado hacia una postura cada
vez más orientada al mercado (Slaughter y Leslie, 1997). El contrato social se está
redefiniendo, con énfasis en la responsabilidad de la Universidad hacia una gama más
amplia de grupos de interés que los tradicionales, incluyendo al gobierno, los
estudiantes, y la comunidad académica (Benneworth y Jongbloed, 2010). En particular,
se está produciendo un mayor grado de conexión entre las universidades y las empresas
(Neave 2006; Llopis, 2010).
39
En este contexto, ya en 1973 se debatía sobre los cambios que debieran producirse
en el contrato social entre Universidad y Sociedad (ILO, 1975). Estos cambios
apuntaban a que las universidades, más allá de la transmisión y extensión del
conocimiento, debieran estar llamadas a:
•
Jugar un papel importante en contribuir al objetivo general de igualdad de
oportunidades.
•
Proveer una educación adaptada a una diversidad de cualificaciones,
motivaciones, expectativas y aspiraciones de carrera profesional.
•
Facilitar el proceso de formación a lo largo de la vida.
•
Asumir una función de servicio público, por ejemplo, contribuyendo a la
solución de los problemas de la comunidad local y de la sociedad en general, y
contribuyendo directamente en el proceso de cambio social (OECD-CERI, 1982: p.10).
Es por lo anterior que a finales del siglo XX surge en el ámbito académico una
nueva corriente de opinión crítica y revisora del papel generalmente aceptado por la
Universidad como agente relevante en el sistema de I+D+I, además de ser protagonista
del proceso de transferencia del conocimiento tecno-científico en el mismo (Bueno y
Casani, 2007; Vega, 2010). Este nuevo pensamiento es lo que se conoce como tercera
misión de la Universidad.
A este respecto, Bueno y Casani (2007) ofrecen una triple propuesta conceptual
de la tercera misión. En primer lugar, se entiende la tercera misión como el conjunto de
actividades que las universidades desarrollan con diferentes agentes sociales con los que
se relacionan, orientadas a las necesidades del bienestar social y a cooperar con los
objetivos públicos y privados de aquéllos (Martin y Etzkowitz, 2000). En segundo
lugar, y derivado de la propuesta anterior, se define la tercera misión como la
perspectiva social de su extensión y compromiso comunitario, relacionada con las
necesidades sociales de su entorno, tanto local como regional (Stiles, 2002). El tercer y
último enfoque, que es que el que mayor influencia está teniendo, es el de la universidad
emprendedora, propuesto por Clark (1998), basado en el proceso de la comercialización
tecnológica de los recursos universitarios. Esta comercialización tecnológica y su
consecuente función emprendedora se suele concretar en las nuevas políticas para
40
facilitar y movilizar los procesos de creación de empresas de base tecnológica o spinoffs universitarias y en la adecuada gestión de las patentes, modelos de utilidad y
licencias que se generan en una nueva relación entre la Universidad y la Sociedad.
Tal es la proliferación de la tercera misión universitaria que, con un enfoque legal,
el Gobierno español recoge en la Ley por la que se modifica la Ley Orgánica de
Universidades (LOMLOU, 2007) la necesidad de que las universidades, a través de la
investigación científica, contribuyan al desarrollo social a través de la transferencia de
sus resultados a la Sociedad, en la medida que contribuye al avance del conocimiento y
del desarrollo tecnológico, fomenta la innovación y la competitividad de las empresas,
mejora la calidad de vida de la ciudadanía y promueve un progreso económico y social
basado en un desarrollo responsable, equitativo y sostenible. Adicionalmente, el
Gobierno español, en el marco de la Estrategia Universidad 2015, aboga por la
contribución de las universidades al progreso socioeconómico español. En particular, se
pide que las universidades reviertan los resultados de su investigación a la Sociedad,
además de colaborar con empresas o crear spin-offs. Todo ello desde la perspectiva de
una economía sostenible, en la que se tenga en cuenta la situación económica junto con
el bienestar social y medioambiental.
c) La divulgación de información social y/o medioambiental: Memorias de
sostenibilidad
Desde principios de este siglo en España, y un poco antes en países del entorno, se está
produciendo un crecimiento importante del reporting de RSU dentro de un marco de
autorregulación que parte de estándares aceptados internacionalmente. De hecho, en los
últimos años ha surgido un gran número de instrumentos relacionados con la
responsabilidad social, constituyéndose como herramientas de referencia para aquellas
organizaciones, como es el caso de la Universidad, que deseen llevar a cabo su actividad
y comunicar los resultados derivados de la misma en el marco de su compromiso social.
No obstante, y como bien han demostrado Moneva y Martín (2012), existe un
escaso desarrollo de una cultura de rendición de cuentas que responda a criterios de
sostenibilidad. En efecto, a pesar de la preocupación emergente por aumentar la
divulgación de información social, no son muchas las experiencias de universidades que
41
han elaborado memorias de RSU hasta este momento, lo cual dificulta la utilización de
referentes así como la identificación de las mejores prácticas en este particular. En estos
momentos se necesita un marco común para el reporting que, bien de forma voluntaria
bien exigible por normativa en un futuro, facilite la comparación y verificación de la
información que las organizaciones proporcionan.
El marco más utilizado y aceptado para la elaboración de memorias de
sostenibilidad y el control interno de la RSU son las Directrices del Global Reporting
Initiative (GRI), ya que ayudan a medir, comprender y mejorar el desempeño social,
económico y medioambiental de las organizaciones de forma sistemática. Para ayudar a
determinar qué se debe incluir en la memoria, aspectos como la materialidad, la
participación de los grupos de interés, la comparabilidad, la precisión, la periodicidad, la
fiabilidad, el contexto de sostenibilidad, la exhaustividad o la claridad de la información
deben ser tenidos en cuenta. La aplicación de estos principios y los contenidos básicos
determinan los asuntos y los indicadores sobre los que se ha de informar.
Sobre estas directrices, el GRI propone una estructura general de referencia para
que organizaciones como las universidades elaboren sus memorias de sostenibilidad,
todo ello con la finalidad de resolver los problemas de comparación y normalización de
la información social y medioambiental. En particular, la estructura propuesta bien
podría ser la siguiente:
-
Visión y estrategia respecto a la sostenibilidad
-
Perfil de la organización informante
-
Estructura de gobierno y sistemas de gestión
-
Índice de los indicadores si se encuentran dispersos
-
Indicadores de actuación económica, medioambiental y social
Sin embargo, es preciso aclarar que la propuesta anterior es orientativa en la
medida que los informes de sostenibilidad deben responder a las características
particulares de cada organización. La guía no pretende, ni debe ser un formato cerrado
como sucede con las cuentas anuales de la contabilidad financiera. De hecho, las
universidades andaluzas, en el seno del proyecto de investigación financiado por el Foro
42
de Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas, han utilizado una adaptación de
la estructura propuesta por el GRI para el diseño de sus informes de sostenibilidad.
Desde esta perspectiva, la Tabla 1 presenta los resultados de un análisis cualitativo
de las memorias de sostenibilidad publicadas por las universidades españolas en su
página web a fecha de 29 de noviembre de 2011 (7 universidades; Almería, Cádiz,
Huelva, Zaragoza, UNIA, UNED y Santiago). El objetivo de dicho estudio era
establecer un marco comparativo entre aquellas memorias que han seguido las
directrices del GRI con las memorias que se han basado en una propuesta alternativa a
la estructura del GRI15. En particular, se pretendía evaluar el grado de consenso en la
utilización de indicadores entre las diferentes propuestas de elaboración de memorias de
sostenibilidad, y así obtener una batería de ítems que sean lo suficientemente
significativos para cuantificar el grado de desarrollo de las prácticas de RSU. A la vista
de los resultados se puede comprobar la presencia de un cierto paralelismo en la
utilización de los indicadores para medir el desarrollo de prácticas de RSU, con
independencia de la estructura utilizada. A tal efecto, y con carácter general, la práctica
totalidad de las memorias de sostenibilidad analizadas se han basado en los indicadores
propuestos por el GRI.
En segundo lugar, apreciamos que las memorias de sostenibilidad analizadas se
caracterizan por el escaso tratamiento ofrecido a las dimensiones “sociedad” y
“derechos humanos”, observándose que las universidades incorporan en sus informes
menos del 30% de los indicadores propuestos por el GRI. En tercer lugar, las
dimensiones “medioambiental” y “responsabilidad para los productos”, a pesar de que
las universidades ofrecen mejores niveles de cobertura, las universidades desarrollan en
sus memorias menos del 50% de los indicadores propuestos por el GRI.
En cuarto lugar y respecto a la dimensión “económica”, el 57% de los indicadores
propuestos por el GRI han sido cubiertos por las memorias de sostenibilidad de las
15
Documento de trabajo presentado el 5 de mayo de 2011 en la Universidad de Córdoba con motivo de
la celebración de un taller de trabajo para la definición de indicadores de RSU. Fuente:
http://rsuniversitaria.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=148:d-antonio-lopezhernandez&catid=65
43
universidades analizadas, infiriéndose un cierto grado de compromiso en materia
económica por parte de las universidades objeto de estudio. En quinto lugar, y siendo la
dimensión propuesta por el GRI que mayor índice de representatividad tiene en cuanto
al porcentaje de indicadores cubierto por las universidades objeto de análisis, nos
fijamos en la dimensión “prácticas laborales y ética del trabajo”. En concreto, el 66% de
los indicadores propuestos en el GRI han sido cubiertos por las memorias de
sostenibilidad de las universidades analizadas.
Tabla 1. Análisis cualitativo de las memorias de RSU desglosado por universidades
Dimensión
Universidad económica
Medio
Derechos
Derechos
ambiente
laborales
humanos
Resp.
Sociedad
productos
Almería
56%
53%
64%
11%
13%
11%
Cádiz
22%
20%
43%
11%
13%
22%
Huelva
33%
67%
64%
56%
0%
11%
UNIA
78%
47%
79%
56%
50%
67%
Zaragoza
56%
27%
57%
22%
0%
11%
UNED
67%
23%
64%
11%
25%
22%
Santiago
89%
53%
93%
22%
25%
100%
Media (%)
57%
38%
66%
27%
18%
35%
Fuente: Elaboración propia.
En definitiva, se puede inferir que, con base en las 7 memorias analizadas, el
compromiso de las universidades hacia la responsabilidad social es intermedio en
función del grado de desarrollo de los indicadores propuestos por la guía del GRI,
existiendo un cierto grado de consenso en la utilización de tales indicadores por parte de
las universidades españolas. Aún así el estudio muestra su carácter incipiente ante la
escasez de memorias de sostenibilidad utilizadas, lo cual habría que completarlo con
una muestra más amplia para obtener unos resultados significativos de la situación
general del sistema universitario español.
11. Conclusiones
Ante la falta de documentos que ofrecieran una base conceptual sólida y consistente de
la RSU, se ha estimado oportuno la elaboración del presente documento donde, a partir
del
concepto de responsabilidad social definido en el ámbito empresarial, se ha
44
realizado una propuesta conceptual de la responsabilidad social en el contexto
universitario.
A nuestro modo de entender, la RSU podría definirse como el compromiso
voluntario de las universidades por incorporar en sus diferentes funciones (docencia,
investigación, gestión, transferencia de conocimientos, gobierno corporativo) sus
preocupaciones sociales, laborales, éticas y medioambientales derivadas de las
externalidades que surgen de sus actividades, para lo cual deberán tener en cuenta las
demandas sociales de sus grupos de interés.
Del análisis de esta definición se puede concluir que, en primer lugar, el principal
objetivo de la RSU debe ser la re-conceptualización del conjunto de la Universidad, a la
luz de los valores, objetivos, formas de gestión e iniciativas que implican un mayor
compromiso con la Sociedad y con la contribución a un nuevo modelo de desarrollo
más equilibrado y sostenible. Este enfoque debe aplicarse tanto a su visión y gestión
interna como a su proyección exterior16. Por lo tanto, la RSU debe configurarse como
un modelo de dirección y gestión de las universidades basadas en una serie de
principios sociales, éticos y/o medioambientales, los cuáles deben impregnar cada una
de las principales funciones de la Universidad, todo ello desde una idea centrada en las
externalidades que produce la actividad de las universidades en la Sociedad.
En segundo lugar, los principios más relevantes del concepto de RSU se
relacionan con la voluntariedad y la transparencia. Por una parte, el desarrollo de
prácticas de RSU debe entenderse como una iniciativa voluntaria de las universidades y
no como la respuesta a posibles presiones y/o demandas de la Sociedad traducidas en
pronunciamientos y/o normativas legales e institucionales. Por otra parte, es
fundamental el establecimiento de mecanismos que mejoren el diálogo y la
transparencia informativa con los agentes sociales, los cuáles debieran ser susceptibles
de verificación externa por parte de expertos independientes. A estos efectos, la
solución pasa por la adopción de estrategias claras de rendición de cuentas y de
16
Fuente: “La responsabilidad social universitaria y el desarrollo sostenible”. Documento elaborado por
la Comisión Técnica de la Estrategia Universidad 2015. Año 2011. Disponible en
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descargas.action?f_codigo=14925&codigoOpcion=3 (fecha de
consulta realizada el 15/01/2013).
45
divulgación de información social y medioambiental, entendida como un proceso que
genera valor añadido y refuerza la legitimidad institucional de las universidades, así
como mejora la competitividad y la excelencia de tales organizaciones, y no sólo como
una simple herramienta de comunicación.
En tercer lugar, la adecuada implantación de la responsabilidad social en las
universidades requerirá que las diferentes actividades y/o elementos de las mismas estén
impregnadas de criterios sociales, éticos, y/o medioambientales. Por lo tanto, una
universidad mostrará su compromiso social en la medida que desarrolle una memoria
anual de sostenibilidad, elabore códigos éticos de conducta, asuma principios de buen
gobierno, incorpore contenidos de responsabilidad social en sus planes de estudios,
defina objetivos de responsabilidad social en sus planes estratégicos, etc.
Desde un punto de vista teórico, existen diferentes perspectivas explicativas de la
responsabilidad social en el contexto universitario, tales como la Teoría de la
Legitimidad o la Teoría Institucional (Moneva y Martín, 2012). No obstante, a nuestro
modo de entender, creemos que la Teoría de los Stakeholders podría ser el enfoque
conceptual que mejor ampara la comprensión del significado y el ámbito de aplicación
del concepto de RSU, en la medida que una universidad socialmente responsable será
aquella que asuma los intereses y necesidades de las personas, grupos o instituciones
con los cuáles se relaciona, en la búsqueda de compatibilizar objetivos organizativos y
sociales, gestionando a su vez los impactos cognitivos, educativos, sociales o
ambientales que la actividad de la universidad genera (Gaete, 2012).
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58
ANEXO 1.
DEMANDAS QUE DEBEN FORMAR PARTE DE LAS ESTRATEGIAS Y
COMPROMISO DE LAS UNIVERSIDADES ATENDIENDO A LAS
EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERES
ESTRATEGIAS Y
EXPECTATIVAS MANIFESTADAS POR LOS GRUPOS DE
COMPROMISOS DE LAS QUE
INTERÉS DE LAS UNIVERSIDADES
DEBIERAN ADOPTAR LAS
UNIVESIDADES
RELACIONADAS CON LA RS
GOBIERNO CORPORATIVO
PAS
Transparencia en la gestión de las
X
PDI
ESTUDIANTES
SOCIEDAD
EMPRESA
X
X
X
X
X
X
X
universidades
(Actuaciones, inversiones, liquidación
de presupuestos, costes asociaciones a
la formación…)
Fomentar la implicación de los grupos
X
de interés en la toma de decisión de
las universidades
Implantación de códigos de conducta
X
Mejoras en los canales de
X
X
X
X
X
X
información y comunicación con los
diferentes stakeholders
Cumplimiento de la normativa
PERSONAL
X
X
PAS
PDI
Políticas de igualdad
X
X
Políticas de conciliación vida laboral
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ESTUDIANTES
SOCIEDAD
EMPRESA
y familiar
Formación adaptada a las necesidades
del personal y en RS
Reconocimiento y difusión de las
tareas que realiza hacia el exterior
Políticas promoción y planes de
carrera
Políticas y planes salud laboral y
seguridad en el trabajo
Promoción de la excelencia en la
X
X
docencia y en la investigación
Mejoras en incentivación a la
X
59
investigación
Políticas de promoción de la
X
movilidad del personal
Adecuación de las estructuras
X
X
X
X
X
X
PAS
PDI
ESTUDIANTES
SOCIEDAD
EMPRESA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
organizativas (recursos humanos y
materiales) a las necesidades
Mejora en los procesos de gestión de
los recursos humanos y previsión del
relevo generacional
Mejora del clima laboral
ESTUDIANTES
Formación en competencias, más
práctica y adaptada a las necesidades
sociales
Formación en valores:
Responsabilidad social y ética
Potenciación en el uso de nuevas
X
tecnologías
Mecanismos de tutorización a lo largo
X
X
X
X
de toda la carrera sobre aspectos de
máximo interés como movilidad,
salidas profesionales, prácticas de
empresas
Políticas relacionadas con la inserción
X
X
X
laboral y empleabilidad de los
egresados
Potenciación de las becas para
X
alumnos
Formación en idiomas
X
Sistema de rendición de cuentas de la
X
actividad docente
SOCIEDAD
Políticas enfocadas a aumentar el
PAS
PDI
ESTUDIANTES
SOCIEDAD
EMPRESA
X
X
X
X
X
compromiso de la universidad con la
sociedad y con su entorno
Medidas para introducir criterios de
X
X
sostenibilidad en investigación
Potenciar programas de voluntariado
Medidas de cooperación
X
X
X
X
X
60
Defensa social de la igualdad de
X
género y la discapacidad y atención a
minorías
Formación continua
EMPRESA
Transferencia de la investigación a la
X
X
X
PAS
PDI
ESTUDIANTES
SOCIEDAD
EMPRESA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
sociedad
Políticas de contratación con criterios
X
de responsabilidad social
Medidas tendentes agilización de los
procedimientos de contratación
Reducir la burocratización
MEJORA CONTINUA
X
PAS
PDI
ESTUDIANTES
SOCIEDAD
EMPRESA
Asignación eficiente de los recursos
X
X
X
X
X
Definición de catálogo de servicios
X
Integración de sistemas de gestión y
X
PAS
PDI
ESTUDIANTES
SOCIEDAD
EMPRESA
X
X
X
unificación de procesos
Implantar un sistema unificado de
X
quejas y reclamaciones
MEDIO AMBIENTE
Mejora en la gestión medioambiental
X
en general
Implantar un sistema de selección y
X
X
X
X
reciclaje de residuos y todo tipo de
materiales
Medidas dirigidas a fomentar el
transporte público para acceder a los
campus universitarios
Mejora de las infraestructuras con
X
criterios de sostenibilidad
61